Desde las primeras grandes misiones electorales encabezadas por la ONU a finales de la década de los ochenta, la asistencia electoral ha jugado un papel significativo, a veces hasta fundamental, en los procesos de democratización de muchos países sometidos a transiciones políticas. No obstante, el periodo de cambio de regímenes que siguió a la disolución de la Unión Soviética estuvo caracterizado por un apoyo entusiasta, y con frecuencia incondicional, a los procesos electorales en Europa del Este y en muchos países de África subsahariana, América Latina y Asia. Este entusiasmo por las elecciones se extendió a pesar de que la asistencia internacional estuvo en muchas ocasiones sin coordinación, que se promovieron sistemas electorales y modelos de procedimientos inapropiados o insostenibles, y que en algunas ocasiones en realidad sirvieron para reciclar a antiguos caudillos en líderes legítimamente electos.

Las agencias de cooperación para el desarrollo frecuentemente otorgaron contribuciones financieras notables para eventos electorales particulares (generalmente a petición del país interesado). El apoyo para procesos electorales apresurados y costosos, mediante instituciones temporales y con un despliegue masivo de expertos electorales estuvo basado en la creencia de que las elecciones rápidas podrían ser la panacea para los problemas económicos y estructurales de los países en transición, y en cierto modo pondrían en marcha el círculo virtuoso de la democracia en dicho. La realidad, en cambio, fue que frecuentemente se hizo más difícil que esos países alcanzaran sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Al promover este tipo de actividades, la comunidad internacional forzó a los países en transición a un “proceso de desarrollo democrático” artificial y difícil de sostener. Si bien estos apoyos se realizaron bajo estándares técnicos y financiamiento altos, también impidieron que los países receptores de ayuda se beneficiaran de las técnicas y conocimientos que les fueron presentados, y que son un componente esencial de los proyectos de asistencia técnica.

En la conducción de las llamadas elecciones de “segunda generación”, realizadas tras un régimen de transición, se presentaron dos patrones. Por un lado, algunos países fueron abandonados por la comunidad internacional en un momento crucial de su transición democrática, pues fueron identificados de manera prematura como nación con un camino democrático firme, o bien de baja prioridad política. Del lado opuesto, las agencias de cooperación para el desarrollo y las instancias que prestaban asistencia se mantuvieron atentas al rumbo tomado por ciertos países, pero empezaban desde cero en cada proceso electoral que les era solicitada la asistencia electoral. En ese tenor, eran las propias agencias de cooperación para el desarrollo las que se definían las necesidades que debían ser consideradas, aunque no en todos los casos coincidían con las prioridades que tenían los países receptores.

En ambas situaciones, las agencias de cooperación para el desarrollo se vieron forzadas a repensar los métodos para acercarse a los receptores de apoyo. En todo caso, la casi completa ausencia de una coordinación correcta entre las diferentes instancias de ayuda bilateral y/ó multilateral impactó sistemáticamente en la escasa efectividad y sustentabilidad de los esfuerzos de asistencia electoral. Incluso si la autoridad electoral del país que recibía la ayuda había definido claramente sus necesidades, el interés manifestado por diferentes agencias de cooperación para el desarrollo para “destacar” su apoyo a un evento atractivo y de alta visibilidad, generalmente conllevó a traslapes y huecos al momento de abordar las necesidades reales. Tradicionalmente, la capacitación de funcionarios de las mesas receptoras del voto de corto plazo, material electoral y educación al votante para caso, fueron las herramientas preferidas por las agencias de cooperación para el desarrollo, a pesar de que en la mayoría de los casos estos no eran sostenibles y tampoco producían efectos duraderos que contribuyeran al proceso de desarrollo y construcción general de la democracia en los países receptores de ayuda.

Con el fin de la década de los noventa, la ola inicial de entusiasmo por apoyar procesos electorales dio paso a un acercamiento más razonado y realista. En muchos casos, la asistencia electoral internacional fue crucial para prevenir que hubiera una manipulación masiva de los resultados por parte de fuerzas antidemocráticas, así como para fortalecer la legitimidad de partidos y grupos democráticos emergentes y para persuadir a ex-combatientes de aceptar las reglas del juego democrático. Sin embargo, también se registraron serias decepciones respecto de las expectativas de desarrollo de la democracia en países en donde había sido posible llevar a cabo elecciones debido al apoyo financiero y de expertos internacionales. Esto llevó a los principales proveedores de asistencia electoral a reconocer que la evaluación positiva de elecciones debía estar basada en una amplia escala de parámetros, en la que la conducción pacífica de la votación y una organización de la elección con logística sólida eran factores visibles, pero ciertamente no los fundamentales. Esas duras lecciones convencieron a las organizaciones que brindaban asistencia de que “un proceso electoral exitoso es construido sobre la legitimidad de las redes institucionales”[1] y que esas redes están conformadas por un número de componentes cruciales e interrelacionados. Persuadir a los tomadores de decisión de las agencias de cooperación para el desarrollo resultó ser una tarea más difícil.

Siguiente: La llamada de atención del nuevo milenio