El costo de la integridad de una elección depende de los sistemas utilizados y del grado de salvaguardas requerido. La conveniencia de adoptar ciertas salvaguardas de integridad se debe ponderar contra los riesgos potenciales a la integridad en cada etapa del proceso electoral. Unas elecciones poco íntegras no se considerarán creíbles, ni sus resultados se percibirán como legítimos. En ocasiones, candidatos y electores tienen miedo de participar por amenazas a la seguridad. A veces, las aparentes irregularidades hacen dudar del proceso electoral o de si el resultado representa en realidad la voluntad de la mayoría de los votantes. La organización de una segunda celebración de elecciones debido a problemas de integridad puede resultar mucho más costosa que la adopción de salvaguardas.

El organismo electoral y los legisladores deben determinar si se amerita el costo de la adopción de los mecanismos para salvaguardar la integridad que estén considerando. Deben plantearse una pregunta: ¿Cómo se verá afectada la integridad del proceso electoral si no se toma esta medida? [1]

La valoración diferirá de acuerdo con el contexto político y social del país en cuestión. En sistemas electorales caracterizados por altos niveles de desconfianza, generalmente se adoptan amplias salvaguardas para asegurar la integridad del proceso y reafirmar la confianza de los participantes. Estas salvaguardas pueden significar altos costos, pero el gasto extra se justifica si el resultado es una elección creíble y aceptada por el país en general. Por otra parte, en sistemas electorales bien establecidos, en donde los procesos electorales son rutinarios y sus resultados no son cuestionados, los beneficios de adoptar salvaguardas extraordinarias pueden no justificar el costo adicional.

Algunos mecanismos de integridad no requerirán de mayores desembolsos. Por ejemplo, para la planeación eficaz y el desarrollo de buenos sistemas, sólo se necesita hacer un uso adecuado del tiempo y las capacidades de los profesionales en elecciones. Lo mismo es cierto para los mecanismos de control interno que forman parte de cualquier sistema de administración electoral.

Asegurar la transparencia y exigir que el organismo y los funcionarios electorales rindan cuentas de sus actos son salvaguardas de integridad que no implican ningún costo. La protección de las instituciones basada en un sistema de pesos y contrapesos es crucial en el mantenimiento de la integridad y no implica costos adicionales.

Sin embargo, muchas salvaguardas de la integridad sí implican gastos y requieren de un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente se presente el problema y afecte la integridad de la elección? ¿Qué tan eficiente es la salvaguarda? ¿Incrementará la confianza en la integridad del proceso? ¿Incrementará la credibilidad en el proceso? ¿Podemos afrontar los gastos de su adopción y mantenimiento en el transcurso del tiempo? ¿Hay formas menos costosas de lograr el mismo resultado?  Los siguientes mecanismos son bastante costosos:

Personal adecuado. Los costos de personal representan el mayor gasto en la administración de una elección. Los riesgos contra la integridad se elevan si el personal es muy poco o si carece de la debida capacitación.

El empleo de salvaguardas en el material electoral puede incrementar los costos de una elección. Por ejemplo, es más costoso imprimir números seriados en los talonarios de las papeletas electorales, aunque es una manera sencilla y eficaz de darles seguimiento. Hay otros mecanismos más sofisticados, pero también más costosos. Cuesta más emplear papel de seguridad con marcas de agua para las papeletas, que papel ordinario. Podría haber menos proveedores de este tipo de papel y de otros materiales especiales, por lo que se requeriría de un mayor plazo de entrega.

El uso de nuevas tecnologías puede fortalecer la integridad. Ejemplos de ello son los inventarios computarizados y listas del padrón electoral a los mecanismos de verificación y control. Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías en ocasiones puede originar riesgos a la integridad, como sería el caso de la emisión del voto a través de Internet. La tecnología moderna puede ser costosa, pero el costo se distribuirá en un periodo más largo si los equipos y el software se utilizan en elecciones subsiguientes. El costo del uso de tecnología adecuada a las condiciones locales, casi siempre se analiza contra su efectividad.

Algunos equipos se pueden rentar en lugar de comprar, con lo cual se reduce el riesgo de obsolescencia. Puede emplearse equipo de otras organizaciones. En las elecciones de 1999 en Indonesia, se utilizó la red bancaria computarizada para el conteo de votos. En casos como éste, deben tomarse en cuenta los riesgos a la integridad que implica el uso de un sistema y personal externos.[2]

La adopción de tecnología moderna para mejorar la integridad puede resultar costosa a corto plazo debido a la inversión de capital y a los costos de capacitación. Sin embargo, si su uso es eficiente, a largo plazo la tecnología moderna puede representar un ahorro de recursos.

La vigilancia de las elecciones y de la aplicación de la ley son factores clave para el mantenimiento de la integridad que pueden resultar costosos. No obstante, el monitoreo significará ahorro de recursos a la larga si asegura que todas las partes aceptarán los resultados de la elección. Vigilar la aplicación de la ley, la investigación y el procesamiento de infractores puede ser costoso, pero estas son medidas eficaces para combatir la corrupción, asegurar la integridad del proceso y ayudar a prevenir problemas futuros.

La educación para electores es otro mecanismo importante para la integridad; pero cuando los recursos son escasos, la educación del público es uno de los primeros programas en sacrificarse. Los organismos electorales deben buscar opciones de bajo costo para difundir información, tales como negociar tiempos de transmisión gratuita en radio o televisión, llevar a cabo conferencias de prensa con regularidad y buscar la colaboración de organizaciones no gubernamentales para ayudar a transmitir mensajes de importancia crítica para los electores.

NOTAS

[1] Harris, Paul, Comisión Electoral de Nueva Zelanda, comunicación con Sue Nelson.

[2] Ibid.