Para abordar el tema de la delimitación de las circunscripciones electorales, desde el punto de vista del marco legal, es necesario definirlas. Así, se dice que la circunscripción es aquella unidad territorial en la cual los votos emitidos por los electores constituyen el fundamento para la asignación o reparto de escaños a los candidatos o partidos.

Atendiendo al tipo de sistema electoral que se adopte, la delimitación de las circunscripciones electorales cobra una importancia fundamental, pues es uno de los elementos normativos sustanciales para su diseño, en el entendido de que, atendiendo a los diversos tipos de delimitación de circunscripciones adoptados, los resultados de la conversión de votos en escaños pueden variar, en razón de las diversas fuerzas políticas existentes en una determinada entidad. Por ello, no es casual que la distribución o delimitación de las circunscripciones electorales represente una de las cuestiones políticas más discutidas cuando se trata de elaborar o evaluar un sistema electoral.

Es conveniente que el marco legal para las elecciones busque asegurar que los límites de las demarcaciones o distritos electorales sean trazados de tal forma que cumplan en el mayor grado posible con el objetivo de conferir igual peso a cada voto, para garantizar una efectiva representación.

Es necesario que el marco legal se haga cargo del asunto de cómo han de ser definidos y trazados los distritos electorales que le otorgan soporte a la representación y, en su caso, cómo han de irse modificando para adecuarse a la realidad social y política prevaleciente. La extrema importancia de esta materia propicia que con frecuencia forme parte de las disposiciones constitucionales de un país. De ahí que sea recomendable que el marco legal que rige la delimitación de distritos electorales determine, por lo menos, la frecuencia con que se ha de llevar a cabo el ajuste de las demarcaciones electorales (redistritación); los criterios para llevarlo a cabo; los sujetos y el nivel de participación en el proceso; el papel específico de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo o, en su caso, del órgano electoral autónomo, en el mismo, y a quién corresponde la decisión final en el proceso de delimitación de los distritos electorales.

Hay distintas formas para delimitar los distritos electorales. Toda vez que este ejercicio es muy sensible desde un punto de vista político, en muchos países no está involucrado el organismo electoral cuando no es un órgano independiente del resto de los poderes. Con frecuencia, el proceso está a cargo de una comisión especial y el organismo electoral se limita a brindarle el apoyo técnico requerido. La comisión puede integrarse de distintas formas, teniendo, según el caso, como involucrados a los representantes de los partidos políticos; individuos independientes sin vínculos partidistas, como los jueces; expertos –demógrafos, geógrafos, cartógrafos o especialistas en estadística–, o una combinación de las categorías anteriores.

Con independencia del sistema electoral que se adopte, el objetivo general del mismo será presumiblemente transformar la voluntad general del electorado en un gobierno representativo. En este sentido, la delimitación de distritos en cada uno de los diferentes tipos de sistema electoral produce un resultado diferente, pero cada uno debe asegurar que se cumplan ciertos principios básicos en su aplicación. La norma internacional ideal para llevar a cabo este ejercicio reside en la igualdad del poder de cada voto para conformar una representación efectiva.

Si bien las prácticas de delimitación de los distritos electorales –o de redistritación como también se les denomina– varían considerablemente de un país a otro, hay tres principios universales que las guían: representatividad, igualdad en la fuerza del voto, reciprocidad y no discriminación.

En efecto, los límites de los distritos electorales deben trazarse de tal forma que los grupos de electores que los integran sientan que los candidatos que tengan la oportunidad de elegir los representan genuinamente. Esto normalmente significa que los distritos electorales deben coincidir tanto como sea posible con las comunidades de interés – que pueden ser divisiones administrativas, conglomerados étnicos o raciales o entidades geográficas naturales (como islas) delimitadas por fronteras físicas-.

Desde el punto de vista de su estructura, el aspecto esencial que debe ser analizado al hablar de las delimitaciones electorales es el de los efectos que la opción por una u otra de las formas posibles de dividir el territorio nacional tiene en el cumplimiento del principio constitucional universal que exige un valor igual de los sufragios: el principio un hombre, un voto. Este principio obliga a que el voto de cada ciudadano tenga una incidencia similar en la configuración de la representación, con independencia de la circunscripción en la que ejerza su derecho de sufragio. Como consecuencia, debe asignarse a cada circunscripción un número de escaños en proporción a su población, si se trata de un sistema plurinominal; o han de diseñarse las circunscripciones de manera que cuenten con el mismo número de electores, si el sistema es uninominal. Es conveniente que el procedimiento para delimitar los distritos electorales esté claramente especificado en el marco legal de forma tal que las reglas que rijan el proceso sean siempre las mismas, independientemente de quién tenga la responsabilidad de fijarlas. La opción que se adopte a la hora de establecer la circunscripción electoral como uno de los elementos esenciales del sistema electoral va a provocar también importantes consecuencias administrativas para los organismos que se encarguen de la organización y el control de las elecciones, pues han de adaptar su propia estructura a las circunscripciones electorales.

También es importante destacar que, cuando se adoptan circunscripciones electorales específicas, éstas no pueden definirse de una sola vez y para siempre, pues la dinámica poblacional, como los procesos migratorios, así como la variación demográfica per se, exigen el ajuste permanente de las circunscripciones para adecuarlas a esa nueva realidad.