En virtud de que los procesos electorales se han institucionalizado cada vez más, es decir, su realización conforme con la normativa es común, la educación al votante se vuelve una tarea más importante en las actividades de los organismos electorales.

Siendo que cada elección implica la movilización de vastos recursos humanos, permanentes y no permanentes, sin cuyo concurso sería imposible la realización de los procesos electorales, resulta de vital importancia la concurrencia de los electores en una forma cada vez más activa, para lo cual es indispensable generar fuentes de educación para los mismos, pues informar y educar a los votantes implica alcanzar una mayor participación popular en procesos electorales.

Así, la educación en el marco de una cultura democrática se hace cada vez más indispensable en todos los núcleos de la sociedad, esto es, se requiere generar una cultura política en la que todos los miembros de una comunidad, desde la temprana edad deben asimilar y ser informados respecto de los valores político-ciudadanos que deben seguir y difundir. Por ello, además del rol que puedan jugar en este papel educativo los agentes socializadores ordinarios, como lo son la familia, los centros educativos y los centros de reunión, las autoridades electorales deben de tener establecida legalmente la no sólo la competencia, sino la obligación de contribuir en la referida culturización, de tal manera que se vuelve importante el diseño de un marco legal que propicie esta educación que, eventualmente, se traducirá en participación política.