A continuación se refieren una serie de principios que guían la legislación y las prácticas relacionadas con los partidos políticos y los candidatos. Los tres primeros derivan directamente de los derechos políticos y civiles básicos, en tanto que los siete restantes se refieren a los elementos que son necesarios en la práctica para que un sistema político funcione de manera democrática.

Libertad de organización

En este contexto, la libertad de organización se refiere a la libertad para crear o adherirse a partidos políticos u otras organizaciones políticas. También se refiere a los derechos legales de esos partidos y organizaciones para que, por ejemplo, su nombre o denominación y sus símbolos estén protegidos, cuenten con personalidad jurídica y sean tratados de manera igualitaria, independientemente de las ideas políticas, la adscripción étnica y la lengua o religión de sus miembros.

Libertad para postularse como candidato en una elección

Esta libertad se refiere a la posibilidad que tienen los individuos de postularse para un cargo de elección popular y resultar elegidos. Esto puede ocurrir como candidatos independientes o como candidatos de un partido u organización política. Los principios que hay que tomar en consideración cuando se busca limitar la libertad de los individuos para postularse como candidatos para una elección son el de no discriminación, relevancia, fundamento y objetividad. Es clave asegurar que cualquier limitación o restricción a los procesos de postulación esté claramente especificada en la ley.

Libertad de expresión y reunión

La libertad de expresión y reunión se refiere al derecho que tienen los ciudadanos para expresar sus opiniones libremente, de manera individual o colectiva. También se refiere a las posibilidades de los partidos políticos y candidatos para celebrar reuniones y mítines así como conducir campañas electorales. Cuando se imponen restricciones, suele ser para proteger estos derechos y libertades de actos de violencia o prédicas que fomenten el odio.

Para que la contienda electoral sea justa y pacífica, los partidos políticos, los candidatos y otros actores involucrados tienen que ponerse de acuerdo sobre las reglas del juego. Las reglas pueden comprender la prohibición de prácticas violentas o de discursos que inciten al odio, a la violencia o la calumnia. Estos acuerdos se pueden lograr de manera informal, por ejemplo a través de un código de conducta voluntario, o bien, estar sustentados en un instrumento legal que contemple la efectiva aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

Pluralidad

Para que los electores puedan realizar una selección real y significativa el día de las elecciones, es necesario que el sistema político y legal disponga los fundamentos y la sustentabilidad de un sistema multipartidista o brinde la oportunidad de que candidatos independientes se puedan postular a cargos públicos, de forma tal que los electores puedan elegir entre distintas opciones.

Inclusión en el proceso electoral

Al realizar ajustes a las leyes electorales, la administración de las elecciones o los códigos de conducta los países se tiene que decidir el nivel de participación deseada por parte de los partidos políticos, candidatos, electores y otros actores involucrados en todos los aspectos de una elección. La participación puede darse de distintas formas que pueden ir desde el simple hecho de ser informados hasta ser consultados, ser parte de procesos de toma de decisión o tener la libertad de observar la votación, llevar a cabo el escrutinio de votos y recopilar de los resultados.

Campo de juego equitativo

La realidad política, cultural, legal o financiera que impere puede provocar situaciones en las que algunos partidos políticos o candidatos tengan (o se crea que tengan) una ventaja indebida o injusta sobre los demás. Para afrontar estas situaciones, las leyes pueden disponer que todos los partidos políticos y candidatos reciban un trato igualitario por parte de las autoridades. También se pueden aplicar medidas como las cuotas para fortalecer la participación de grupos vulnerables o con baja representación.

Acceso y cobertura de los medios

Los medios de comunicación son un canal privilegiado para que los electores, los partidos políticos, los candidatos y otros grupos involucrados reciban información relacionada con las elecciones. Por ello, es conveniente que los  marcos legales protejan la libertad de los medios para reportar y vigilar el trabajo de los partidos políticos y los candidatos, al mismo tiempo que aseguren que éstos reciban un acceso y cobertura equitativa en los medios de carácter público o estatal.

Financiamiento transparente y sujeto a rendición de cuentas

El dinero es un elemento clave de las campañas políticas que se despliegan hoy en día, por lo que una gran cantidad de marcos legales y prácticas administrativas suelen regular el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Las regulaciones pueden cubrir la garantía de acceso a fondos públicos, restricciones para el uso de recursos públicos por los partidos en el poder o los candidatos que ocupan cargos públicos, la prohibición de ciertas fuentes de financiamiento y disposiciones para que el financiamiento de partidos y candidatos sea transparente.

Democracia interna de los partidos

Si un partido político quiere que los principios democráticos de la política electoral se apliquen en su interior, puede considerar prácticas como los procesos de consulta e información interna, estructuras y reglas (formales e informales) para su organización y procesos de toma de decisión y los principios de transparencia en su funcionamiento a todos los niveles. De igual forma, los miembros de los partidos políticos pueden asumir funciones más formales en los procesos de toma de decisión, como participar en las elecciones internas para elegir a los dirigentes o candidatos a cargos de elección popular. Una gran cantidad de partidos también trabajan activamente para fortalecer el papel de grupos que tradicionalmente cuentan con baja representación en su interior.

La interpretación de estos principios puede diferir. Por ejemplo, la garantía de “acceso equitativo” a los medios de comunicación de carácter público puede ser interpretado por algunos como una distribución igualitaria de tiempos de transmisión entre todos los partidos y candidatos, mientras que otros pueden sostener que es más justo y equitativo darles más tiempo y espacio a los partidos de nueva creación toda que vez que les implica un mayor esfuerzo hacer llegar su mensaje al electorado que a los partidos ya establecidos. Incluso habrá otros que sostendrán que los partidos que obtuvieron un mayor número de votos en la elección precedente tienen derecho a un porcentaje mayor de tiempo o espacios de transmisión ya que han mostrado que representan la opinión de un mayor segmento del electorado.

La aplicación de los distintos principios también puede provocar contradicciones. Por ejemplo, en los países con una historia de marcada violencia intercomunitaria, en las que algunas veces se aprueban leyes para desalentar e incluso prohibir la formación de partidos políticos basados en factores étnicos o religiosos. Puede ser muy difícil trazar una línea que separe claramente la frontera entre el principio de competencia justa y pacífica y la violación a los principios de libertad de organización o de libertad para contender en las elecciones.