Hay varias razones para regular el financiamiento político y para determinar el enfoque de las regulaciones. Se pueden identificar al menos cuatro motivos distintos: prevenir abusos; procurar una competencia política justa y equitativa; brindarle capacidad de decisión a los electores y; fortalecer a los partidos como actores democráticos efectivos.

La prevención de abusos es la motivación principal de regulaciones como los límites a los montos de las contribuciones o la prohibición de ciertas fuentes de financiamiento. Los riesgos de corrupción política o de distorsión que el dinero puede provocar en la política pueden tratar de limitarse a través de este tipo de medidas.

El fomento de una competencia política justa y las garantías de igualdad en la competencia se pueden promover a través de la provisión de financiamiento público a los partidos políticos, la práctica de acciones encaminadas a promover la participación de grupos subrepresentados o la imposición de límites a los gastos de campaña.

La legislación también puede fortalecer la capacidad de decisión de los electores. La exigencia de rebelar públicamente los ingresos y gastos de los partidos le brinda a los electores la oportunidad de saber quienes están apoyando a los partidos y candidatos y así decidir que fuentes de financiamiento consideran aceptables y de ser el caso, emitir su voto de manera consecuente.

Fortalecer a los partidos políticos es, con frecuencia, el objetivo más difícil de alcanzar. Los países pueden fomentar partidos políticos fuertes y democráticos con vínculos sólidos hacia sus miembros mediante el otorgamiento de fondos compensatorios a las donaciones privadas, brindándoles financiamiento adicional para tareas de capacitación y desarrollo y, en general, ofreciéndoles un marco regulatorio que resulte coherente y funcional.

Las regulaciones sobre el financiamiento de partidos políticos y candidatos son un tema en el que la previsión de medidas para asegurar su cumplimiento resultan críticas para la credibilidad de los esfuerzos emprendidos para controlar la corrupción política. Como regla general no se debe aprobar ninguna legislación que no se pueda hacer cumplir. Es una práctica recomendable formular leyes teniendo en mente su aplicación efectiva, así como considerar las capacidades y recursos disponibles por parte del organismo encargado de vigilar y hacer cumplir las leyes.