Además de recibir fondos públicos, los partidos políticos pueden tener ingresos por concepto de cuotas de sus miembros, donaciones de individuos o corporaciones o ingresos por propiedades, rentas y negocios. Se cuestiona que una excesiva dependencia del financiamiento público reduce el vínculo de los partidos con sus miembros y los convierte más en órganos del Estado que en asociaciones voluntarias.

Por ello, la mayoría de los países en el mundo aceptan, e incluso algunas veces fomentan, que los partidos políticos busquen otras fuentes de financiamiento. Empero, todas las fuentes de financiamiento están asociadas con riesgos específicos que pueden vulnerar el funcionamiento regular de la democracia. Por ello, las contribuciones de dudosa procedencia con frecuencia se prohíben o limitan. El financiamiento por concepto de cuotas y de aportaciones de los militantes son probablemente las únicas dos fuentes de financiamiento que se permiten.

Entre las fuentes que frecuentemente se prohíben están las siguientes:

• Fondos procedentes de gobiernos, personas o corporaciones del extranjero y, en ocasiones, de comunidades en el exilio. Si un partido político depende significativamente del financiamiento de fuentes externas –sobre todo si son de carácter gubernamental-, existe el riesgo de amenazar la soberanía nacional y de que las decisiones políticas puedan tomarse con base en necesidades o intereses foráneos. Varios cuestionan que quienes no tienen derechos políticos en el país tengan la capacidad de influir en la política interna.

• Donaciones de empresas contratistas. Plantean el riesgo de que los representantes elegidos se sientan forzados a retribuir con contratos públicos a las personas o empresas que hicieron contribuciones para su campaña, o que exijan donaciones a cambio de contratos.

• Donaciones de corporaciones nacionales, extranjeras o multinacionales. Por lo general, se prohíben bajo el argumento de que pueden corromper la política al propiciar que los donantes esperen verse favorecidos por los políticos elegidos. El núcleo del problema reside en que las corporaciones tienen la capacidad de hacer donaciones por grandes sumas de dinero.

• Donaciones de entidades estatales (que no forman parte del esquema de financiamiento público que se aplica a todos los partidos o candidatos). Se prohíben con el argumento de que las donaciones de entidades estatales comprometen la neutralidad e imparcialidad de la administración estatal.

• Donaciones de sindicatos. Se prohíben donde se considera que este tipo de organizaciones deben operar al margen de los partidos políticos.

• Fondos de fuentes ilegales, como el crimen organizado, las casas de juego o el tráfico de drogas. Son consideradas inaceptables en todos los países y prohibidas expresamente en la mayoría de ellos, bajo el obvio argumento de que los donantes pueden esperar a cambios favores de los políticos elegidos.

• Grupos religiosos. En algunos casos se prohíbe que los grupos religiosos realicen donaciones, bajo el argumento de que la religión organizada es un sector que debe mantenerse separado de la política.

Las prohibiciones pueden ser difíciles de aplicar de manera efectiva, ya que demandan que las autoridades realicen una vigilancia minuciosa de todos los fondos –incluyendo el efectivo, que resulta evidentemente difícil de rastrear- que llegan a los registros y arcas de los partidos políticos. La aplicación de estas disposiciones es difícil y demanda mucho tiempo y recursos. Sin embargo, muchos argumentan que la protección que esto le brinda a la política democrática es lo suficientemente importante como para invertir los recursos necesarios, en tanto que otros prefieren buscar métodos alternativos de regular y monitorear el ingreso de los partidos.

Si las prohibiciones parecen una línea cuyos límites son difíciles de trazar, la adopción de límites al monto de las donaciones puede ayudar a disminuir potencialmente los efectos distorsionados, pero manteniendo un amplio abanico de fuentes de financiamiento para los partidos políticos.