En la mayoría de los países del mundo se ha experimentado un incremento en los costos de las campañas electorales. Esto plantea situaciones en las que un acceso inequitativo a los fondos limita la capacidad de algunos partidos para realizar campañas. Los límites a los gastos de campaña buscan poner un tope a los costos y, al mismo tiempo, establecer condiciones mínimas de equidad entre los diferentes partidos políticos.

Los límites suelen ser impuestos por el Congreso, el organismo electoral o alguna otra autoridad encargada de aplicar las regulaciones sobre el financiamiento de partidos y campañas. En los casos en que los límites están contemplados en la ley, no se determinan en cifras absolutas sino en función de los salarios mínimos, con presiones para ajustarlos de acuerdo con los índices de inflación.