Después de que se realizaron recuentos administrativos y de que la autoridad electoral declaró oficialmente los resultados de la elección, puede existir la posibilidad de impugnar los resultados mediante una apelación ante un tribunal ordinario o un tribunal especial en materia electoral.

Algunos países establecen tribunales electorales especiales durante los períodos electorales, o incluso de manera permanente.

Normalmente, la impugnación ante un tribunal se tiene que realizar a través de una petición legal formal. Las impugnaciones pueden ser realizadas por candidatos, partidos, por el electorado o por el organismo electoral. Quienes impugnan formalmente el resultado de una elección tienen que fundamentar su solicitud.

Generalmente existe un límite de tiempo para impugnar los resultados de la elección ante un tribunal. El límite es por lo regular más largo que el que se da para solicitar un recuento administrativo, porque la naturaleza legal de los procedimientos que maneja un tribunal requieren mayor preparación. Adicionalmente, es usual que el tribunal disponga de un plazo límite para resolver sobre la impugnación.

En esta etapa, se puede cuestionar cualquier aspecto de la elección, incluyendo:

• La exactitud de la lista de electores,

• Si los electores fueron intimidados, sobornados, o se les impidió votar,

• Si los oficiales electorales actuaron de manera parcial o partidista,

• Si los partidos o candidatos actuaron de manera inapropiada,

• Si los candidatos reúnen los requisitos para ser elegidos,

• Si los votos fueron emitidos fraudulentamente, o

• Si hubo errores o irregularidades en el proceso de escrutinio.

Algunos países limitan la posibilidad de presentar apelaciones ante el organismo judicial solo a aquellas que afecten los resultados. Por eso se requiere que quién presente la apelación compruebe que tiene un efecto sobre los resultados de la elección.

Los tribunales encargados de resolver las disputas electorales suelen tener la facultad para reexaminar las papeletas y otros documentos de la elección, o para ordenar un recuento. Normalmente tienen atribuciones para confirmar o modificar los resultados originales de la elección. También pueden tener el poder para ordenar que se realice otra elección.

Los fallos de los tribunales suelen estar condicionados por resoluciones precedentes (jurisprudencia). Para mantener la integridad del proceso electoral, es importante que se interpreten las leyes electorales de forma consistente. En particular, cada sistema electoral debe disponer de un conjunto de reglas que definan con la mayor claridad cuáles son las marcas aceptadas para llenar la papeleta y otras cuestiones cruciales del proceso electoral.

En algunos casos es posible apelar contra la decisión de un tribunal ante una autoridad de mayor jerarquía. En otros casos, la ley prescribe que no se puede apelar en contra de la decisión que tome un tribunal. Esto ayuda a prevenir que se retrasen los resultados de la elección y la conformación de los parlamentos o los gobiernos debido a un proceso legal.