El mandato de educación cívica, aunque sea tomado de la declaración de una legislación nacional o de la misión pública, es también probable que provenga o esté influenciado por prácticas internacionales comparables y por los instrumentos y principios establecidos por países en foros y tratados internacionales.

Una discusión detallada sobre estos principios y su relación con las elecciones la podemos encontrar en una publicación del Centro para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.¹ En una encuesta de diecinueve instrumentos universales y regionales, la publicación señala que "países y personas alrededor del globo han reconocido que las elecciones libres y justas son un punto crucial para la continuidad de la democratización y un medio imperativo para darle voz a la voluntad de las personas."²

Para alcanzar esto, la publicación pone atención a lo que considera como elementos comunes de la ley y el procedimiento electoral, que aseguran que las elecciones estén siendo llevadas a cabo de forma justa y libre y bajo el mandato de la ley. En relación a la información pública y a la educación al votante el documento detalla:

124. El financiamiento y la administración deben proporcionarse para la realización de campañas objetivas, informativas y de educación electoral apartidista. Dicha educación cívica es especialmente crítica para poblaciones con poca o nula experiencia con elecciones democráticas. El público debe estar bien informado sobre dónde, cuándo y cómo votar, así como sobre la importancia de votar en las elecciones. La gente debe poder confiar en la integridad del proceso y en su derecho a participar en éste.

125. La literatura debe estar enteramente disponible y debe ser publicada en las varias lenguas nacionales que pudieran existir para ayudar a asegurar la participación significativa de todos los posibles electores. Los métodos multimedia podrían ser empleados para dar una efectiva educación cívica a la gente dependiendo de los varios niveles de alfabetización. Las campañas de educación del elector deberían extenderse por todo el territorio del país incluyendo las zonas rurales y periféricas.³

El Secretariado de la Commonwealth ha estado involucrado en gran número de programas para apoyar las elecciones a través de la Comunidad Económica. Entre 1993 y 1997, se organizaron reuniones alrededor de la comunidad, a las que asistieron Altos Oficiales Electorales, durante las cuales se sostuvieron discusiones sobre cómo se podrían mejorar las prácticas electorales y se produjo un documento sobre práctica electoral titulado, Good Commonwealth Electoral Practice⁴ (buenas prácticas electorales de la Commonwealth), basado en los materiales de borrador y en las discusiones. Más allá de la importancia del documento, las discusiones fueron una importante base para el intercambio de información y experiencias.

Los principios señalados en el documento están diseñados para ser aplicados no sólo a elecciones gubernamentales nacionales y locales, sino que también buscan asistir a las personas en el fortalecimiento de sus propios sistemas electorales. Por tanto, son presentados como herramientas en vez de como recetas globales. Como muestra, considere los párrafos que versan sobre la educación pública:

42. Los programas educativos apartidistas, apropiados y efectivos, aun cuando no son siempre responsabilidad de un cuerpo electoral, son un aspecto esencial tanto en países donde se está desarrollando una "cultura" electoral, como en las democracias establecidas. Como tales, deben estar adecuadamente financiados y profesionalmente organizados, enfocados a grupos particulares (por ejemplo: mujeres, grupos minoritarios, los desfavorecidos y niños de colegio). Donde es viable incorporar prácticas para fomentar las elecciones nacionales a nivel del colegio, se podrían establecer centros que enseñen procedimientos electorales y educación al votante.

43. El fomento, en particular, de la participación femenina en todas las facetas del proceso democrático merece especial atención.

44. El costo de los programas de educación pública debe minimizarse mediante el uso de los medios de comunicación de servicio público ya sea a una tarifa mínima o sin cobro alguno.⁵

El documento de la Commonwealth va más allá de la declaración de las Naciones Unidas al identificar la importancia de la educación electoral/educación del elector en las "democracias establecidas". Entre 1994 y 1997, la creciente sensibilidad frente al desempeño democrático y la participación —especialmente frente a los resultados electorales y el entusiasmo— entre las democracias establecidas y las emergentes dejó claro que la democracia no puede tomarse a la ligera bajo ninguna circunstancia.

Como resultado, existe un consenso internacional general sobre la importancia de la educación electoral y la necesidad de establecer programas profesionales y de gran efectividad a costos razonables como soporte de las elecciones y, por extensión, como soporte de una agenda democratizadora más amplia.

Los grupos de observadores internacionales inevitablemente comentan sobre la conveniencia de los programas de educación y preparación de los electores. Estas afirmaciones amplían nuestro conocimiento con respecto a aquello que es necesario para poder asegurar que no sólo existan elecciones libres y justas, sino que también exista un financiamiento adecuado para lograr que la toma de decisiones y la gobernabilidad en escenarios complejos sean de corte democrático.

Notas:

¹ Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Los Derechos Humanos y las Elecciones - Manual sobre los aspectos de carácter jurídico, técnico y de derechos Humanos de las elecciones, Serie de Capacitación Profesional N º 2 (Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 1994), 1.

² Ibíd.

³ Ibíd., pág. 17.

⁴ Commonwealth Secretariat, Good Commonwealth Electoral Practice, A working document, (London: Commonwealth Secretariat, 1997)

⁵ Ibíd., párrafos 42 - 44.