La legislación nacional impacta las funciones de las autoridades electorales

Las elecciones se desarrollan dentro de un contexto legislativo que puede apoyar o inhibir las metas de la educación electoral. Las autoridades electorales deberían considerar, por lo tanto, no sólo su propia jurisdicción legislativa sino otra legislación que pudiera tener algún impacto sobre su habilidad para informar y educar a los votantes y alcanzar la participación popular en procesos electorales. A este respecto, es importante tener claro que la autoridad electoral normalmente dependerá del gobierno electo (o en el caso de sociedades en transición, de la autoridad estatutaria) para que prepare y apruebe la legislación conducente.

A diferencia de muchas otras directrices legales, la legislación relativa a la conducción de elecciones, sistemas electorales, libertad de información y asociación, reunión de fondos políticos y desarrollo de la actividad política, pueden manipularse para beneficiar al partido político o régimen en turno. Esto no sólo puede tener serias implicaciones para la administración general de las elecciones, sino que además puede jugar un rol muy importante en la determinación de la efectividad de las campañas que buscan motivar a la gente a votar y lograr una participación ciudadana activa.

Por lo tanto, en la primera oportunidad posible, las autoridades electorales deberán desarrollar mecanismos para reducir el impacto de circunstancias políticas particulares en toda legislación que tenga consecuencias electorales. Dichos mecanismos pueden incluir la inserción de ciertos procedimientos electorales dentro de la Constitución, estableciendo la necesidad de mayorías especiales, o un comité particular y procedimientos de participación pública anteriores a la enmienda.

Una buena legislación electoral facilita la educación al votante

Más allá de lo anterior, existen otras consideraciones importantes que  se deben tener en cuenta en una legislación electoral específica.

1) Las tareas de educación e información electoral serán menos complicadas si la legislación y las regulaciones reducen la complejidad y estimulan la participación general.

En particular, las definiciones legales y las prácticas relacionadas al voto nulo o inválido pueden ser restrictivas, y como tales castigadas, o abiertas. Las provisiones relacionadas con el diseño de la papeleta pueden ser complicadas, haciéndolas confusas, o sencillas. El proceso de votación puede ser facilitado, tanto psicológica como físicamente, por el número, accesibilidad, y ubicación de las mesas de votación, la calidad e instrucción de los funcionarios, los horarios de votación, el que se provean servicios especiales de votación, y la facilidad de inscripción en el registro electoral.

Si bien existe la presunción general que quienes elaboran los anteproyectos de legislación electoral favorecen un amplio acceso a las urnas, la historia indica que este no siempre ha sido el caso. La legislación debería ser intrínsecamente democrática. Si no lo es, sería necesario que los grupos de activistas se involucrasen en la información, educación y movilización del elector con el fin de cambiar el sistema.

La coherencia entre legislaciones también es sumamente importante. ¿Son compatibles todas las leyes y disposiciones que rigen las elecciones, por ejemplo, las relativas al derecho al voto, a las elecciones locales y nacionales, sobre referendos, financiamiento de campañas, información pública y de actividades de campaña, y las de sanciones administrativas y penalizaciones criminales? No es raro que las leyes para elecciones nacionales y locales tengan disposiciones contradictorias o incompatibles. Esto puede presentar problemas reales si las elecciones nacionales y locales se celebran simultáneamente. Si existen plazos distintos para el registro de los electores, o diferentes métodos para marcar las papeletas de votación, o procedimientos divergentes para presentar una impugnación, es probable que haya una gran confusión y que la tarea de educar a los electores sea considerablemente más complicada. Para evitar estos problemas, algunos países han adoptado códigos electorales universales.

1)      La educación no es necesariamente una actividad neutral

Dar carta blanca a toda clase de grupos de la sociedad para hacer labor de campo y proveer educación, puede generar cierto temor, frente a la posibilidad de que se desarrolle propaganda en contra del gobierno, promoción sesgada proveniente de partidos particulares o, simplemente, información incorrecta. La legislación, por ende, puede ser restrictiva al determinar quiénes pueden educar e informar al elector. Aunque mucha de la legislación electoral actual presta muy poca atención al tema de la educación al elector. Esto podría significar que la autoridad electoral tiene libertad de involucrar organizaciones sin un mandato legal específico, e incluso individuos, pero pudiese ser complicado en sociedades donde la demanda por información y educación es grande en comparación con los limitados recursos y en que la consciencia de la existencia, aceptación y confianza en educadores alternativos es incipiente.

Existen vías para maximizar estos recursos, siempre y cuando la legislación defina la educación electoral de manera amplia o por lo menos dé a la autoridad electoral el poder para sumar a otras organizaciones o individuos nacionales o internacionales.