Las elecciones normalmente se llevan a cabo dentro de un marco legislativo existente. En las sociedades en transición, este marco puede ser muy complejo, con una gran variedad de acuerdos temporales y leyes de una administración anterior, como en algunos países que pertenecían antiguamente a la Unión Soviética y en Yugoslavia, que temporalmente enmiendan o ponen una moratoria sobre las leyes anteriores (o toman ciertas provisiones sobre las mismas). En tales circunstancias, los decretos presidenciales que afectan el proceso electoral tampoco son de extrañar.

Dentro del marco legislativo pueden existir leyes o especificaciones particulares que tendrán un impacto sobre las iniciativas de la educación electoral. Éstas deben ser identificadas y evaluadas respecto de sus implicaciones para la implementación del programa.

Imperativos constitucionales

Usualmente, la constitución define las capacidades y derechos de los ciudadanos, su elegibilidad para votar y contender en las elecciones, y los arreglos electorales generales. Determina las formas de gobierno, y por tanto el resultado de la votación, y establece la manera en que el público va a estar representado y la eficacia probable de esa representación. La constitución se encargará, igualmente, de las medidas de seguridad, las responsabilidades de cada departamento de estado, ya sea hacia su interior o con el público, y las cuestiones de igualdad y equidad.

Dado que las elecciones están tan fundamentalmente ligadas a la sucesión democrática y a la gobernabilidad, gran parte del trabajo que gira a su alrededor estará constitucionalmente protegido. Los educadores deben tener un entendimiento claro de la constitución, las previsiones constitucionales relevantes del país o del estado, y la manera en la que ellas gobiernan el contenido y dirección de su programa de educación electoral.

Cuando rige una constitución, pueden existir una variedad de leyes establecidas en relación con la conducta de la autoridad electoral, su jurisdicción y facultades, así como su alcance fiscal y responsabilidades. (Ver legislación electoral).

Otra legislación a nivel nacional

Más allá de la legislación específica de la elección, una variedad de otras leyes de nivel nacional dentro de un país pueden afectar a los programas de educación electoral. Pueden oscilar entre lo mundano y lo complejo y sencillamente llevar a la frustración. Un ejemplo de lo mundano puede ser asegurarse que las publicaciones se registren, identifiquen y estén disponibles en diferentes librerías o en archivos públicos. Una legislación más compleja puede determinar si los educadores necesitan el permiso del ocupante o dueño de una propiedad privada, por ejemplo una finca, para realizar actividades de educación electoral. Y la frustración puede ocurrir cuando los educadores deben tener autorización con el fin de conducir la educación en una base militar.

Esta sección sensibiliza a los educadores sobre la necesidad de monitorear la legislación que tendrá impacto sobre su programa de educación electoral. En situaciones donde se puedan presentar conflictos, los juicios tendrán que basarse en la precisión del programa para alcanzar todos los requerimientos legales, incluso si estos han sido establecidos con el fin de frustrar la libre afluencia de información o la educación de los ciudadanos. En situaciones donde probablemente no se presentarán este tipo de conflictos, los juicios estarán basados en los costos ya fijados de una legislación específica y por lo tanto en la habilidad para llevar a cabo un tipo particular de programa.

Existen otras áreas de legislación mucho más obvias que los educadores tendrán que considerar. Por ejemplo:

• Medios de comunicación y publicidad
• Seguridad
• Financiamiento y donativos (obras de caridad)
• Libertad de información
• Educación y capacitación

La legislación puede impactar en el formato de los materiales a publicar; por ejemplo, la cobertura que los medios de comunicación dan al proceso electoral, el contenido y tamaño de las propagandas, y la posibilidad de obtener tiempo de emisión sin costo. Una legislación puede haber estimulado o desanimado la diversidad de los medios de comunicación. Consecuentemente, esto puede tener un impacto en el número de medios disponibles proyectados, en su cuota de mercado relativa, la audiencia a la que quieren llegar y de cuánta confianza gozan como fuente de información.

Las comisiones electorales y los partidos deberán considerar las provisiones que regulan el acceso gratuito a los medios de comunicación. Probablemente existirá alguna regulación en relación con el anonimato o la necesidad de identificar a la persona, la fuente y la autoridad de cualquier mensaje o producto relacionado con las elecciones, incluyendo materiales de educación electoral. Puede haber requerimientos para que todo material impreso sea revisado por las autoridades gubernamentales antes de su publicación.

Para obtener más información sobre este tipo de cuestiones, vea el área temática de Elecciones y Medios, en particular, principios jurídicos, marco legal para los medios de comunicación, leyes o reglamentos para los medios de comunicación durante elecciones, e información del elector.

En algunos países, las legislaciones sobre seguridad pueden tener un impacto sobre las reuniones públicas, su organización, tiempo y propaganda. Las actividades al aire libre podrían estar restringidas por los toques de queda. La legislación concerniente a la seguridad puede oscilar entre la más restrictiva (ya sea en una parte o en todo el país) hasta una que dé apoyo constructivo para las elecciones. En dichos casos, quienes planean la educación tendrán que entender los roles que la policía y las unidades armadas pueden jugar para controlar multitudes, como soporte logístico, y en tener su propio equipo para los programas de educación electoral.

Financiar programas educativos requiere ayuda del Estado, fundaciones u otras fuentes solidarias, filantrópicas o individuales. Muchos países poseen legislación en lo que se refiere a la reunión de fondos, reportes financieros, el registro de oficiales financieros o personal que recaba fondos, y la forma como éstos fondos deben estar sujetos o no a impuestos.

Los programadores educativos que operan en países con una legislación de libertad de información tendrán que acatar, a su vez, los lineamientos de esa legislación. Donde exista la legislación de libertad de información, se tendrá la oportunidad de promover la transparencia gubernamental, que es normalmente un componente fundamental de la información pública efectiva y de los programas de educación. Pero donde no exista dicha legislación, o donde sea restringida, es posible que dichas actividades sean sino imposibles, más difíciles de realizar.

Dado que la educación cívica y electoral son actividades primordialmente informales —a no ser que se aplique un plan de estudios específico en el sistema de educación formal— los educadores probablemente no tendrán que enfrentarse a la legislación para educación general. Sin embargo, tendrán que cumplir con la legislación que se refiere a la contratación y empleo de educadores, así como con cualquier estándar de entrenamiento nacional. En resumen, deberán hacer uso de cualquier directriz que se relacione con certificaciones de entrenamiento nacional.

Leyes y ordenamientos locales

Dentro de un país, probablemente, quepa la posibilidad de que exista un conjunto de leyes y/o ordenamientos que afectarán las actividades de educación electoral llevadas a cabo por grupos locales o por organizaciones internacionales. A menudo, los funcionarios locales adoptan ordenamientos que regulan actividades tales como mítines públicos (puede ser necesaria una autorización especial, en forma de un permiso, por ejemplo), dónde pueden ser colgados los materiales de las campañas y de las elecciones, tales como carteles, y quiénes son responsables de su remoción. Puede que también haya reglamentos sobre los niveles de ruido e incluso los disturbios públicos pueden entrar en escena. Si quienes organizan las actividades de educación electoral no se familiarizan ni cumplen con las leyes locales pueden recibir multas y otras sanciones en el plano local.

Este repaso de la legislación no es de ninguna forma exhaustivo y no toma en consideración las leyes básicas de los países, ni su legislación estándar comercial, de los derechos civiles o del trabajo. Ni el elector ni los programas de educación cívica están fuera de la legislación nacional simplemente porque están relacionados con las elecciones o asuntos políticos, sociales y económicos más grandes. Los educadores tendrán que comprender, y ser capaces de cumplir con, la legislación que se aplique en cada país. Esto puede significar que los roles de las organizaciones internacionales que ayudan en la educación electoral serán más complicados. Por esta razón, el desarrollo de convenios con organizaciones domésticas, o bajo patrocinio de la autoridad electoral en sí, es a menudo esencial.