En la delimitación de un mandato para la educación al votante, las autoridades electorales pueden acudir a la legislación electoral, si existe, para determinar quién está encargado de esas actividades. Aun si la ley es explícita en cuanto a las funciones de la información pública y educativa —muy pocos actos legislativos son explícitos— puede seguir siendo necesario interpretar la ley con el fin de instrumentarla.

Una vez que se ha determinado cuáles son las entidades que tienen la obligación jurídica o el derecho legal para implementar la educación electoral, el proceso del desarrollo de metas, objetivos, y parámetros de los programas crea oportunidades para establecer coaliciones, o alianzas estratégicas, dentro de la sociedad civil y entre la sociedad civil y organismos de gobierno responsables, como la autoridad nacional electoral. Mediante la creación de mecanismos de cooperación, autoridades electorales y grupos de la sociedad civil pueden reducir el costo total de un programa de educación electoral mientras que aumentan su alcance.

Un acuerdo sobre los propósitos, metas y parámetros de los programas de educación cívica y electoral puede ser alcanzado de dos maneras:

Por un lado, la autoridad electoral puede determinarlos por ella misma y después tratar de convencer a aquellos con quienes desee colaborar. Este acercamiento presenta numerosas desventajas en términos del tiempo que se requiere para ofrecer el programa, así como la falta de sentimiento de pertenencia entre los grupos de la sociedad civil, y la dificultad en llegar a un acuerdo y mantenerlo a lo largo de lo que dure el programa. En última instancia, estas desventajas pueden conducir a resistencia o resentimiento de parte de grupos de la sociedad civil, que a su vez puede afectar la percepción que se tenga de la autoridad electoral y perjudicar intentos futuros de asociación estratégica.

De otra suerte, la autoridad electoral puede desarrollar una serie de mecanismos para adueñarse de los propósitos, metas e ideales. Estos pueden incluir:

• Conferencias para educadores
• Reuniones consultivas
• Entrevistas con líderes de la sociedad civil
• Distribución amplia y transparente de la legislación electoral
• suministro oportuno de otros documentos que puedan ser de interés para los educadores, tales como comunicados de prensa, materiales de capacitación de trabajadores electorales, y materiales de información pública, por ejemplo,
• Preguntas más frecuentes (Frequently Asked Questions —FAQs—)

Algunas autoridades temen que estas actividades retrasen el proceso y lo hagan confuso. Aunque que pueden existir diferencias de opinión o inclusive controversia pública, estas medidas usualmente culminan en mejores leyes y programas adecuados que al final ahorrarán tiempo, puesto que no habrá necesidad de convencer a la gente de la causa o adaptarla a los estándares establecidos por el programa. El tiempo y el esfuerzo invertidos en este proceso generalmente es recompensado con éxito a largo plazo.

Para más información o para conocer sobre los arreglos de organización para la realización de programas de educación electoral, refiérase a la sección sobre Organización específica de elecciones.