Los programas de educación tienen que adaptarse a los recursos disponibles. Lo cual no tiene que ser una limitación, siempre que los educadores están conscientes de los recursos de los que disponen antes de establecer los objetivos y estrategias de los programas educativos.

Además de los evidentes recursos en personal y dinero, los educadores deben considerar qué otra cosa tiene para ofrecer el país en términos de infraestructura y el capital social.

En muchas sociedades en transición, en particular a causa de la guerra, los conflictos civiles, o el estancamiento económico, la calidad de la infraestructura puede plantear uno de los mayores desafíos a la puesta en marcha de un programa de educación de los votantes, sobre todo con respecto a la distribución.

También puede haber desacuerdo acerca de quién es el responsable de cubrir los costos de ciertas actividades o productos básicos. En algunos casos, por ejemplo, la ley electoral puede requerir el uso de medios de comunicación propiedad del Estado para transmitir los mensajes de educación electoral. A menos que se estipule claramente y sin ambigüedades el uso gratuito del tiempo, entre el medio de comunicación y la autoridad electoral podrían surgir diferentes interpretaciones respecto a cuál de sus presupuestos cubrirá los gastos de la radiodifusión.

Una vez evaluados los recursos disponibles, se podría encontrar que éstos son suficientes para desarrollar los programas necesarios.

Sin embargo, se podrían presentar serias limitaciones. Si así sucediera, la autoridad electoral puede actuar como catalizador para el desarrollo de los recursos con que se cuenta. No tiene porqué permanecer pasiva ante desventajas o escasez, aun cuando necesite elaborar estrategias, especialmente educativas, que tomen en consideración la reducción de sendos recursos. Puede haber la posibilidad de obtener recursos del sector privado (ver Sector privado y Apoyo internacional) o de potenciar recursos formando asociaciones estratégicas con la sociedad civil (ver Mecanismos de colaboración para la educación electoral y la sección Organizaciones sociales existentes). Al final, los parámetros de la educación electoral tienen que reflejar una contabilización honesta de los recursos. El presupuesto de la educación electoral no debe poner en peligro otros preparativos para las elecciones, y la administración electoral, en general, no debe utilizar recursos que son necesarios para otros propósitos.