Reparando discriminaciones del pasado

El clima sobre los derechos humanos, tanto en su situación actual como en su historia reciente, influirá en la libertad y equidad de los procedimientos para la votación, así como en la disposición de la población para participar. En las sociedades en las que ha existido previamente una discriminación o intimidación activa en cualquiera de sus formas (respecto a creencias políticas, nacionalidad, cultura, género, lengua, religión o capacidades físicas) se presentan desafíos especiales para la organización de los preparativos electorales, especialmente con relación a:

El marco legal. Puede ser prudente revisar la legislación para eliminar o suspender aquellas disposiciones que pudieran resultar discriminatorias o que infrinjan la equidad y libertad de los procedimientos de votación.

La administración electoral. Puede requerirse una acción especial para garantizar la representación de grupos previamente excluidos de posiciones o influencia administrativa. Dado el gran número de personas que usualmente se requieren como oficiales de mesa de votación, las políticas de empleo en materia de logística electoral pueden ser utilizadas para ayudar a desterrar prácticas discriminatorias de empleo del pasado, particularmente respecto al empleo de mujeres y minorías culturales.

La información al elector. Será necesario que atienda específicamente a los grupos a los que se les haya negado o limitado la participación electoral.

La integridad de la elección y el profesionalismo e independencia del organismo electoral, sobre todo en aquellos casos en que no se les haya dado prioridad a estos elementos.

Ambientes post-conflicto

En los casos en que las elecciones marcan el tránsito de períodos de conflicto o ruptura del orden legal, es necesario concederle especial atención al marco legal de los procesos electorales. A menudo esas situaciones dan origen a la imposición de estados de emergencia que, si se permite que subsistan, pueden restringir de manera discriminatoria el derecho de los individuos a votar, a ser nominados como candidatos o a hacer campañas electorales. Para permitir la libre participación, se requiere que la ley electoral prevalezca sobre esos poderes de emergencia.

Seguridad

El asunto de la seguridad también es importante para garantizar que los derechos humanos sean protegidos en el ámbito de la logística electoral. Brindar suficiente seguridad para garantizar que los electores puedan votar libremente y sin temor alguno de intimidación presente o futura, es un precepto básico de una elección conducida de manera libre y justa.

Los sitios de votación deben estar salvaguardados contra cualquier tentativa de intimidación hacia los votantes por parte de las fuerzas de seguridad, candidatos, oficiales de votación, altos funcionarios del gobierno o empleados privados. No es aconsejable el empleo de personas con poder o ascendencia sobre comunidades locales como oficiales de votación, como tampoco lo es (salvo en situaciones de emergencia), permitir la presencia de fuerzas de seguridad excesivas o intimidantes en los sitios de votación, porque su presencia puede exacerbar una situación política ya de por sí tensa.

Cuando exista la percepción de que las fuerzas policiales o militares están alineadas con fuerzas políticas específicas, se pueden requerir estrategias adicionales (incluido el uso de fuerzas internacionales) para garantizar la seguridad e integridad del material electoral, de los electores y candidatos y, en general, para que todos los participantes disfruten de igual protección. En culturas donde es usual portar armas públicamente, será necesario tomar medidas para mantener a esas personas alejadas de los sitios de votación y áreas adyacentes para evitar que puedan intimidar a los electores y oficiales electorales.