El registro electoral es el proceso que comprende la verificación de los requisitos de los electores potenciales, el registro de su nombre y de otra información sustancial en una lista de electores. Para que el registro sea justo, comprensivo e inclusivo, se recomienda que los electores potenciales estén concientes del proceso de registro y tengan una oportunidad razonable para completarlo. Las campañas de educación electoral fomentan la conciencia necesaria enfatizando la importancia del registro, explican las responsabilidades de los ciudadanos para llegar a ser registrados y presentan la información de cómo completar el proceso de registro.

La inclusión

Se recomienda que el registro sea inclusivo – esto es, accesible a todos los grupos y categorías de ciudadanos elegibles. Es decir, sin tendencias sistemáticas en contra de algún grupo identificable.

Así, es importante reconocer que la situación económica y social hace más difícil el registro para algunas personas, tales como:

• residentes de áreas rurales
• personas con bajos niveles de escolaridad
• personas que están económicamente privadas de su derecho a votar o que no tienen vivienda
• personas que enfrenten tendencias culturales en contra de su participación en la política y los asuntos públicos (por ejemplo las mujeres)

Podrían requerirse medidas especiales para tirar ciertas barreras y hacer que el sistema de registro electoral sea verdaderamente abierto a estos grupos, permitiéndoles con ello ser parte del proceso democrático. La exclusión electoral funciona a través de mecanismos formales e informales, tener en cuenta esto se considera un acto de buena fe por parte de los administradores electorales.

La exclusión administrativa de los electores elegibles

Puede excluirse administrativamente a los electores elegibles cuando el sistema de registro no promueve o facilita el proceso, y particularmente cuando hay barreras administrativas para los ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser parte del registro electoral. Los electores pueden ser administrativamente privados de su derecho a votar en varios sentidos, todo lo cual, pone en peligro la legitimidad electoral. A continuación se exponen algunas causas de exclusión administrativa y sus posibles soluciones.

• Última fecha para registrarse. Cuando la última fecha para registrarse es muy lejana al periodo de elección puede haber un interés de participación muy bajo. La solución es extender la fecha para que más gente pueda registrarse y quizá tomar medidas para que la gente pueda registrarse en las mesas de votación el día de las elecciones.

• Registro costoso. Cuando las personas desean registrarse y deben pagar tarifas se puede inhibir su participación, por ejemplo, cuando se paga por las cédulas de identidad. Una solución recomendable es evitar, en la medida de lo posible, que el costo del registro electoral sea pagado por los ciudadanos. De otra forma, los ciudadanos de bajos recursos económicos son puestos en desventaja y serán selectivamente privadas de su derecho a votar.

• El tiempo que requiere el registro. La inversión de tiempo que los ciudadanos hacen para su registro puede ser demasiada cuando: recorren distancias largas para registrarse, pierden horas de trabajo o cargan con gastos de viaje. La solución podría ser incrementar el número de lugares de registro y tal vez utilizar centros de registro móviles.

Registro voluntario u obligatorio

¿El registro electoral es una obligación y responsabilidad ciudadana o es un derecho a ejercerse a discreción de cada individuo? La respuesta a esta pregunta determina los procedimientos administrativos que deben ponerse en práctica para el registro electoral. Si prevalece el primer punto de vista, en el que votar es una responsabilidad y obligación de los ciudadanos, el registro también se vuelve obligatorio. En este caso, el Estado está obligado a hacer saber a los ciudadanos que necesitan registrarse o actualizar su información en la lista permanente de electores. Si prevalece el segundo punto de vista, en el que votar es más un derecho que una obligación, el registro también es una opción a ejercerse por los electores y a su propia discreción. Por lo tanto, el Estado no necesita realizar el mismo esfuerzo para promover el registro de los electores.

¿Quién es responsable – ciudadanos o Estado?

Diferentes sistemas pueden utilizar diversos métodos de registro y asignar varias responsabilidades a los administradores electorales y ciudadanos. Algunas veces el registro es primeramente una responsabilidad de los ciudadanos, quienes deben iniciar el proceso al contactar a la administración electoral. En otros casos, los oficiales son los responsables de mantener la lista permanente de electores o desarrollar nuevas listas. Estos últimos pueden cumplir con su responsabilidad ya sea visitando a los posibles electores en su domicilio o estableciendo centros de registro locales.

En la práctica, la responsabilidad es frecuentemente compartida. Por ejemplo, en un país con una lista permanente de electores, la autoridad electoral puede trabajar por crear condiciones accesibles al establecer varios centros de registro e incluir unidades móviles. Asimismo, el nivel de registro también depende de que los ciudadanos visiten dichos sitios de registro e inicien formalmente el proceso. Cuando los electores inician el proceso de registro, se observa que otorgar facilidades incrementa significativamente la participación.

Para un análisis final, hay que preguntarse: ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado para permitir que los ciudadanos se registren, pero sin caer en excesos? La respuesta es que el Estado debe asumir una responsabilidad considerable para asegurar que el registro no imponga barreras administrativas, y con ello lograr que los ciudadanos participen en unas elecciones democráticas. Al mismo tiempo, el costo es usualmente un factor de decisión a tomarse en cuenta en la escala de esfuerzos para el registro de los electores.

Criterios de ejecución

Tener criterios claros de ejecución ayuda a evaluar la relación costo-efectividad del sistema de registro electoral. Para las listas periódicas de electores, los criterios más importantes son precisión, exhaustividad o integridad. La exhaustividad se mide por la proporción del número de electores elegibles incluidos en la lista de electores. La precisión se mide por medio de una tasa de error en la captura de la información individual de los electores (nombre, dirección, género, edad, ciudadanía y/u otra). En una lista permanente de electores o en un registro civil, la precisión frecuentemente depende de la extensión de la información –esto es, si la información es actualizada en forma oportuna. La principal preocupación es que el día de la elección, la mayoría de la información recientemente cambiada aparezca en la lista y que ésta refleje las circunstancias actuales de los electores.

Tener objetivos de ejecución específicos para cada criterio promueve un mejor registro electoral. Los oficiales electorales sugieren que una lista permanente debe estar 90% completa, 85% actualizada y 97% precisa. En otras palabras, el sistema debe esperar tener en la lista a 9 de cada 10 electores elegibles, tener actualizada la información de 8.5 de los casos por cada 10 y tener sólo 3 errores de captura por cada 100. Una vez identificados estos objetivos o puntos de referencia, el incremento del costo para alcanzarlos se puede calcular.

En la medida en que la proporción de los electores registrados se incrementa el costo marginal por lograr registros adicionales aumenta también. Los primeros registros son relativamente económicos: los electores se encuentran en casa cuando se les llama, o responden sin retraso a la solicitud por correo sobre actualizar su información. Si no hay cambios, la información sobre ellos en la lista de electores permanece actualizada y certera. En el caso de que electores potenciales no satisfagan estas condiciones, el costo de incrementar y actualizar la información crece. De la misma forma, puede tomar más de un intento contactar a algunos electores que son difíciles de localizar. Entre más completa, precisa y actualizada llegue a ser una lista de electores será más costoso producirla.

Por ejemplo, algunos países mantienen una lista permanente que incluye a los electores que viven en el extranjero. Si el objetivo es tener la lista completa en un 90%, los gastos pueden ser exorbitantes. Una solución conciente de los costos podía desarrollar un sistema de registro separado para los nacionales que viven en el extranjero –una práctica seguida por varios países. En lugar de estar como electores activos en la lista de electores local, los ciudadanos viviendo en el extranjero deben registrarse por propia iniciativa para cada elección.

Sobre la actualidad de información, en cuanto a la dirección de los electores inscritos en el registro se observa que las diferentes áreas que componen un país mantienen diferentes tasas de movilidad de residencia de la población. Las personas se mueven de forma más frecuente en los centros urbanos densamente poblados. Además, las tasas de movilidad temporal pueden ser más altas en electores jóvenes, tal como los estudiantes universitarios. Así, asegurar que la lista de electores logre una actualización al 85%, requeriría esfuerzos más frecuentes en ciertas áreas mientras que en otras no. Por esta razón, se recomienda tomar en cuenta el promedio nacional (o regional) de movilización de la población que las tasas altamente localizadas.

El costo y su relación con los criterios de ejecución

Entre mejor se ejecuten estos tres criterios será más alto el costo del sistema de registro electoral. Obviamente, el costo es menor para registrar a los lectores potenciales más fáciles que a los más difíciles. Las dificultades del registro pueden ser:

• Vivir en áreas remotas
• Cambiar frecuentemente de dirección
• No tener una dirección permanente real
• No regresar las formas de registro a tiempo

En algún punto, el costo de registro de electores con tales dificultades llega a ser exorbitante e imposible de ejercerse. Alcanzar dicho nivel varia para cada jurisdicción.