En una democracia, todos los ciudadanos adultos deben ser elegibles para participar en las elecciones. Esto significa que los requisitos deben ser lo suficientemente amplios para que todos o virtualmente todos los adultos residentes que cuenten con la ciudadanía se puedan registrar para votar. No debe haber ningún tipo de exclusión sistemática de algún grupo –ya sea de mujeres, miembros de alguna minoría étnica o lingüística, personas de escasos recursos económicos o sin domicilio, o residentes de áreas remotas.

Las reglas de la elegibilidad se centran en la edad, la ciudadanía y la residencia. Los requisitos exactos varían de una democracia a otra.

Por ejemplo, todas las democracias representativas limitan el voto a la población adulta. Pero difieren en la definición de la edad en la cual una persona alcanza la adultez, aunque el rango generalmente es muy pequeño pues casi siempre se establece entre los 18 y 21 años. En la mayoría de las democracias,  los adultos jóvenes (entre los 18 y 30 años) tienden a participar menos en cuestiones electorales que sus mayores. En las dos últimas décadas, varias de las democracias industrialmente avanzadas han tenido una declinación aguda en la participación electoral de los jóvenes. Estos países han respondido con iniciativas de registro y educación electoral dirigidas hacia los ciudadanos jóvenes.

Históricamente el requisito de ciudadanía ha permitido qie sólo voten aquellos adultos que pueden demostrar que son ciudadanos residentes  en el país en el que se lleva a cabo la elección. Algunos países han llegado a ser más flexibles en este requisito, al permitir a nacionales extranjeros votar en las elecciones locales si estos cumplen con ciertas condiciones básicas de residencia. Algunos países restringen el voto a las personas que tienen su domicilio en el distrito electoral y han permanecido allí durante un mínimo de tiempo; otros permiten que voten y se registren sus nacionales viviendo en el extranjero por un tiempo limitado.

En circunstancias posteriores a un conflicto, es cada vez más usual que se extienda  el derecho de registrarse y votar a nacionales viviendo en el extranjero. Esta práctica puede requerir de la participación de autoridades electorales en el extranjero: quienes pueden ayudar en el registro y la votación de dichos electores, o monitorear los acuerdos necesarios para asegurar que las elecciones sean justas y efectivas.

Por lo general, son las legislaciones o la constitución de los países las que fijan  requisitos de elegibilidad para los electores,  no los  funcionarios electorales. La tarea de los funcionarios es aplicar las reglas o políticas que se han fijado.