Las personas poseen derechos civiles y políticos que deben ser respetados durante las investigaciones. Estos derechos están consagrados en la Constitución, la carta de derechos o el marco legal de cada país. Aunque pueden variar en función de los distintos sistemas jurídicos y políticos, la mayoría de los derechos básicos de las personas en una investigación oficial comprenden los siguientes:

• el derecho a guardar silencio;
• el derecho a representación legal inmediata;
• el derecho a protección contra una búsqueda y captura sin razón;
• el derecho a protección contra la producción obligatoria de documentación auto incriminatoria sin autorización previa;
• el derecho a disponer de un tiempo razonable antes de decidir si renuncia a algunos derechos;
• el derecho a conocer la naturaleza de los procedimientos aplicables; y
• el derecho a ser informado sobre el alcance o los límites de las atribuciones de la autoridad a cargo del proceso.

Ya que los países democráticos valoran los derechos y libertades de los individuos, cualquier violación a los derechos procedimentales básicos puede provocar que cualquier evidencia obtenida de esa forma resulte inadmisible ante los tribunales o que el caso sea sobreseído.