Elecciones y Medios de Comunicación

Índice de Elecciones y Medios

Los medios de comunicación son esenciales para conducir elecciones democráticas. Una elección libre y justa no solamente se trata de la emísión de un voto en condiciones adecuadas, sino que también de contar con la información más relevante de los partidos, políticas, candidatos y del propio proceso electoral a efecto de que los electores estén en condiciones de hacer una selección informada. Una elección democrática sin libertad de los medios de comunicación encierra una contradicción.

No obstante la paradoja está en que, a efecto de asegurar esta libertad, es necesario cierto grado de regulación. Los medios gubernamentales, instrumentados sobre la base de recursos públicos, serán necesarios para brindar una justa cobertura y un acceso equitativo a los partidos de oposición, por mencionar algo. Los medio con frecuencia no pueden elaborar sus informes - sobre encuestas de opinión o resultados preliminares - previo a la emisión de cada uno de los votos.

Por consiguiente, existe una compleja red de temas que rodean la formulación de regulaciones y de un órgano regulador que, con un ligero contacto, asegurará un contexto de libertad de los medios, que beneficie al elector en su necesidad de conseguir información precisa.

Para una mayor información, ir a Panorama General.

Esta área hace un recorrido por los siguientes temas:

• Principios Legales
• Ambiente de los Medios
• Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones
• Administración de las Relaciones de los Medios de Comunicación

Panorama General

Resulta una obviedad decir que los medios de comunicación cumplen una función esencial para el debido funcionamiento de la democracia. Las discusiones sobre las funciones de los medios usualmente se enfocan en su papel de "vigías": por su indiscutible escrutinio y examen sobre los éxitos o fracasos de un gobierno, los medios pueden informar al público sobre que tan efectivamente se han desempeñado sus representantes y ayudar a que rindan cuentas de sus actos. Pero los medios también pueden cumplir una función más específica, la de posibilitar una plena participación pública en las elecciones, no sólo informando sobre el desempeño del gobierno, sino de muchas otras formas:

• Orientando a los electores sobre como ejercer sus derechos democráticos.
• Informando sobre el desarrollo de las campañas.
• Ofreciendo una plataforma para que los partidos políticos difundan su mensaje entre el electorado.
• Permitiendo que los partidos debatan entre sí.
• Supervisando el escrutinio de los votos y anunciando los resultados.

Los medios no constituyen la única fuente de información de los electores, pero en un mundo dominado por las comunicaciones masivas, son ellos los que determinan la agenda política, incluso en los rincones tecnológicamente menos desarrollados del orbe. Así, por ejemplo, los grupos de observación electoral hablan hoy en día rutinariamente sobre el acceso a los medios y su cobertura de las elecciones como un criterio básico para juzgar si son o no equitativas. Al mismo tiempo, el monitoreo de los medios durante los períodos electorales se han convertido en una práctica cada vez más común, empleando una combinación de análisis estadísticos y de discurso así como técnicas de estudio de los medios para medir si la cobertura ha sido equitativa o no.

En este sentido, entran en juego tres series de derechos interrelacionados:

• El derecho de los electores a realizar una elección plenamente informada.
• El derecho de los candidatos a divulgar sus políticas.
• El derecho de los medios informar y expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público.

Desde luego, estos derechos, que en esencia constituyen componentes del derecho a la libertad de expresión garantizado por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, están vigentes en todo momento, no sólo cuando esta en curso una elección. Pero ha sido la gran formalidad de los procesos electorales - el hecho de que son conducidos de acuerdo con procedimientos claramente establecidos en la ley- lo que ha estimulado el interés de todos los involucrados en asuntos sobre la libertad de los medios.

El que tanto se respeten la libertad y el pluralismo de los medios durante un período electoral puede ser un indicador muy sensible del respeto a la libertad de expresión en general -una precondición esencial en sí misma para el funcionamiento de la democracia. De igual forma, una elección puede representar una oportunidad ideal para sensibilizar a las autoridades sobre su obligación de respetar y fomentar la libertad de los medios de comunicación y a estos sobre su responsabilidad de respaldar los procesos democráticos.

Esta área temática está concentrada fundamentalmente en la responsabilidad de los administradores electorales en desarrollar un marco normativo de las actividades de los medios de comunicación durante los períodos electorales y fomentar su libertad. Sin embargo, mucho de esto también puede ser de gran valor para otros actores, como los partidos políticos y los periodistas o comunicadores mismos.

Inicia revisando los principios básicos: el papel de los medios en la democracia y el desarrollo de jurisprudencia internacional y comparada sobre medios de comunicación y elecciones. También examina como los distintos niveles de desarrollo económico y pluralismo en los medios y diferentes estándares profesionales afectan la naturaleza y calidad de la cobertura electoral por los medios.

La parte central de este tema es el examen de las distintas alternativas de marco normativo o regulador para los medios durante las elecciones, abarcando desde una comisión electoral independiente hasta una agencia reguladora especializada, como lo puede ser una comisión de telecomunicaciones, un consejo voluntario o una instancia para quejas y denuncias. Se repasan las distintas obligaciones de los medios impresos y de los medios electrónicos, así como las de los medios privados y las de los públicos.

Posteriormente se examinan distintas cuestiones relacionadas con la cobertura de los medios a lo largo de las etapas sucesivas del proceso electoral, desde la etapa inicial de educación o información al elector, hasta la campaña electoral misma, la jornada electoral, el escrutinio y la difusión de resultados. Se exploran los distintos tipos de cobertura de los medios - tales como la educación o información al elector, el acceso directo de los partidos políticos, las noticias de actualidad y otros tipos de cobertura especial. También se examinan diferentes temas especializados como los estándares profesionales para manejar encuestas de opinión, como distinguir entre los reportes relacionados con las funciones de gobierno y los relativos a las actividades de funcionarios o legisladores que buscan su reelección, y las obligaciones éticas y legales de los medios cuando reporten declaraciones provocadoras o sensacionalistas de figuras políticas.

Principios Guía

El principio guía que mejor ilustra el papel de los medios de comunicación en las elecciones es aquel que postula que sin libertad y pluralismo en los medios la democracia no es posible. Este principio ha sido subrayado en las decisiones de diferentes tribunales internacionales. En el pasado reciente también ha sido afirmado categóricamente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, quien llevó el tema al punto de formular una serie de medidas que los gobiernos deben poner en práctica para garantizar la libertad de los medios de comunicación durante las elecciones (ver La Obligación de Pluralismo).

Existen diferentes dimensiones de la libertad de los medios que son relevantes en las elecciones:

• Libertad frente a la censura.
• Libertad frente a ataques o interferencias arbitrarias.
• Libertad de acceso a la información necesaria.
• Una pluralidad de voces en los medios.

La última de ellas es especialmente importante. Con frecuencia se interpreta su significado en el sentido de que los medios deben ser propiedad de una diversidad de intereses distintos, que resulte en un "mercado de ideas". Esto es importante, pero sólo es un aspecto. Para los países que van dejando atrás un gobierno autoritario, caracterizado por un férreo control estatal sobre los medios, garantizar el pluralismo dentro de los medios subvencionados públicamente puede ser igualmente importante. Esto se debe a que con frecuencia es sólo una cadena nacional de telecomunicaciones controlada por el gobierno la que tiene la capacidad de llegar a todos los segmentos del electorado.

A fin de garantizar que los medios públicos o estatales no están, en la práctica, controlados por el gobierno, puede ser necesaria una clara disposición reglamentaria. Esto constituye la paradoja central de la administración de los medios durante las elecciones - la frecuente necesidad de establecer un complejo sistema regulador a fin de permitir que los medios operen libremente y sin interferencias.

En términos generales, hay tres grandes áreas de cobertura electoral para los medios. Cada una opera de acuerdo con principios diferentes y requiere una función distinta por parte del órgano electoral de supervisión.

Cobertura editorial

Se refiere, en general, a la cobertura de todos los contenidos noticiosos, temas de actualidad y opiniones que se encuentran bajo el control editorial de los propios medios. Al margen de algunas áreas limitadas, como el reporte de resultados o las restricciones para difundir encuestas de opinión antes del inicio de la votación, la función del órgano de supervisión reside exclusivamente en facilitar la libre operación de los medios.

Cobertura del acceso directo

Existe una enorme variedad de posibles esquemas para regular la propaganda política o la cobertura de acceso directo gratuito. Esto se refiere a la porción de la cobertura electoral que se encuentra bajo control de los partidos o candidatos mismos. Puede existir la obligación de que algunas secciones de los medios divulguen ese tipo de material, pero siempre habrá una serie de condiciones que tendrán que acatar cuando así ocurra.

Los debates entre candidatos y las entrevistas en mesa redonda, que se vuelven cada vez más comunes en la cobertura de los medios, se ubican en algún lugar intermedio entre estas dos categorías y en algunos casos pueden estar sujetos a ciertas regulaciones que no son aplicables al material editorial ordinario.

Educación electoral

Esta área temática no trata en detalle los asuntos relativos a la educación electoral, a la que se le dedica toda una sección por separado (ver Educación Electoral). Sin embargo, los medios masivos pueden ser una herramienta vital no sólo para informar a los electores sobre temas y candidatos electorales, sino además para diseminar información básica sobre cómo votar y para qué sirve el voto, sobre todo en las nuevas democracias. Al igual que el acceso directo, la educación electoral estará sujeta a estrictas normas para garantizar su imparcialidad.

Consideraciones Administrativas

Existen dos conjuntos de tareas administrativas asociadas con la administración de los medios durante las elecciones. En principio, no parecen interrelacionadas, pero en la práctica suelen estar bajo la responsabilidad de la misma instancia de supervisión del órgano electoral.

• En primer término, está la función de regulación de la cobertura electoral de los medios, enfocada básicamente en asuntos como la asignación de acceso directo en la programación, pero también con los mecanismos para una atención inmediata de las quejas o denuncias.
• En segundo lugar, la provisión de material del organismo electoral a los medios, no necesariamente sobre asuntos relacionados con las regulaciones sobre ellos.

Para atender esto último, es necesario que el organismo de supervisión electoral cuente con una oficina de prensa bajo la dirección de un funcionario de relaciones públicas, preferentemente con experiencia como periodista. Dependiendo del tamaño y complejidad del país, pueden ser necesarias oficinas de prensa a nivel regional o local. La función de estas oficinas consiste en la oportuna distribución de información.

Los medios son vitales para que la administración electoral distribuya información entre la opinión pública. Esto ocurre mejor si se aplica un principio de máxima transparencia y se construye un vínculo de confianza entre los medios y las autoridades electorales. Si se realiza un esfuerzo para distribuir toda la información que es posible, los periodistas tendrán un mayor y mejor conocimiento sobre aquellas áreas donde debe prevalecer el principio de confidencialidad para garantizar la integridad del proceso electoral.

El tipo de información que debe estar disponible libremente para los medios comprende aspectos como los detalles del proceso electoral, de los partidos y candidatos, de las circunscripciones o jurisdicciones electorales, por ejemplo. No incluye información sobre las plataformas o programas de partidos y candidatos, puesto que son ellos quienes sin duda deben ponerla a disposición de los medios.

En términos administrativos, la complejidad de esas operaciones dependerá del grado de interés de los medios en las elecciones, si llega gente de medios de distintas partes del mundo, instalar una oficina de prensa puede ser una iniciativa prioritaria. Pero, independientemente de la magnitud y complejidad de la operación, es mucho lo que se gana con la preparación y una distribución pro-activa de la información. La oportuna preparación de paquetes o carpetas informativas y el suministro regular de comunicados o conferencias de prensa constituirá una carga de trabajo que le será más fácil administrar a la oficina de prensa y le permitirá manejar más fácilmente las solicitudes de los medios.

La primera función, la regulación de la cobertura de los medios, es más compleja y distinta a la que usualmente cumple una oficina de prensa. Algunos organismos electorales cuentan con una "unidad de medios" que cumple ambas funciones, pero es muy importante mantener su diferenciación conceptual.

La magnitud de la carga administrativa dependerá en parte de los instrumentos normativos que ya existan: por ejemplo, ¿ya se han incluido en la ley los criterios y mecanismos para distribuir el tiempo de transmisión entre los partidos políticos? O ¿tendrá la autoridad electoral que fijar esas regulaciones?

Pueden estar implicados diferentes cuerpos administrativos. No se da por descontado que esté involucrado el órgano de supervisión. Esas atribuciones pueden quedar bajo la égida de la dependencia encargada de regular las telecomunicaciones o un comité auto-regulador de los propios medios, por ejemplo. Incluso puede establecerse un órgano regulador totalmente independiente. Cada modelo tiene algo que sugerir. No obstante, es importante que exista una unidad especializada dedicada a atender estos complejos asuntos, sea de manera independiente o como parte de otro órgano regulador.

Consideraciones Presupuestales

Permitir que los medios cumplan su vital función de información pública en las elecciones no es un asunto en el que se deban escatimar costos. Pero, por fortuna, tampoco es una materia particularmente costosa para la administración electoral. La función básica del organismo electoral de supervisión - o de cualquier autoridad responsable de regular a los medios- consiste en crear un ambiente en el cual los medios puedan actuar libremente.

Ciertos aspectos de ello pueden ser técnicamente muy complejos -tales como acordar fórmulas para distribuir tiempos de transmisión gratuita entre los partidos. Pero se trata del tipo de complejidades que pueden ser resueltas por un pequeño comité. En otros términos, las implicaciones presupuestales pueden resultar insignificantes dentro del contexto general de las elecciones.

Es probable que el aspecto más costoso de este proceso resida en los resultados del monitoreo de los medios durante el período de campaña y el proceso de votación. La magnitud de esta operación dependerá, inevitablemente, de cuantos medios tengan que ser monitoreados - pero también de qué tan probable sea que infrinjan las regulaciones electorales. La Comisión de Expertos en Medios durante las elecciones bosnias de 1998 contó con un gran equipo de respaldo distribuido a lo largo de todo el país, incluyendo una unidad especializada de monitoreo de medios. La mayoría de los órganos de supervisión no suelen contar con nada que remotamente se asemeje a ello. El monitoreo mismo de los medios suele ser a menudo confiado a organizaciones no gubernamentales, quienes se han estado involucrando activamente en esta área. Seguirá siendo tarea del órgano de supervisión analizar los resultados, formular conclusiones y vigilar los procedimientos de queja o denuncia.

Sin embargo, una fuente de potencial controversia tiene que ver con quien se hace cargo del costo del tiempo de transmisión gratuito que se le asigna a los partidos políticos ( ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos.) Si opera algún sistema de ese tipo, los tiempos de transmisión directa sólo son "gratuitos" en el sentido de que los partidos no pagan por ellos. No obstante, la cuestión de sí ese tiempo es en realidad subvencionado por los propios medios, las autoridades electorales o algún otra autoridad pública es un asunto de potencial conflicto en que toda decisión requiere ser tomada con suficiente antelación a la elección.

Un sistema de regulación de los medios bien administrado puede efectivamente representar ahorros considerables en el presupuesto de la autoridad electoral. Si los medios son capaces de operar libremente y tienen una relación de cooperación y confianza con los organismos electorales, cumplirán una función invaluable en la provisión de información vital para el electorado sin costo alguno para la administración electoral.

Contexto Social y Político

Probablemente ningún otro aspecto de la administración de elecciones esté más determinado por el contexto social y político que el funcionamiento de los medios de comunicación. Básicamente, ésto se puede apreciar en dos dimensiones interrelacionadas:

• El nivel de desarrollo económico y social del país, con sus implicaciones para las estructuras, la propiedad y audiencia de los medios.
• La experiencia con que cuenten los medios en reportar elecciones democráticas - y con qué tanta libertad han contado en el pasado.

Se ha convertido en un lugar común hablar de la globalización de la información. De igual forma, muchos deploran la "americanización" de las campañas electorales, refiriéndose al uso de lustrosas imágenes televisivas con escaso contenido sustantivo. Pero aunque estas opiniones aparentemente proceden de distintas perspectivas, se basan en el mismo presupuesto: que son ciertos tipos de medios y ciertos tipos de lenguajes de campaña los que prevalecen en todo el mundo. Eso dista mucho de ser cierto.

Debido a la pobreza, grandes contingentes de electores no tienen acceso a la televisión. Muchos otros están imposibilitados de leer los diarios por una mezcla de pobreza y falta de educación (si bien de manera sorprendente, la lectura de diarios es mayor que el acceso a la televisión en muchos países del sub-Sahara en África). Por lo que si bien no hay duda que el orden informativo esta más globalizado que en el pasado, más que cuando Marshall McLuhan acuñó el término de "aldea global" en los 60´s, las particularidades nacionales todavía son muy importantes, Y en ningún momento lo son más que durante las elecciones, que son casi por definición eventos típicamente nacionales.¹

Los países con historias recientes de gobierno autoritario ha menudo tienen en común que los medios de comunicación subvencionados públicamente operan bajo estricto control gubernamental. En otros lugares, en la mayoría de los países de Europa occidental, por ejemplo, hay un fuerte historial de que las telecomunicaciones públicas son independientes del gobierno y fomentan el pluralismo. Empero, en los países con una débil cultura de pluralismo político, los periodistas estatales no suelen ser independientes y osados. Esto puede exigir un mayor grado de intervención del órgano regulador para asegurar que cumplan debidamente con sus funciones de servicio público.

Otra circunstancia análoga, en que puede ser necesario que la autoridad reguladora intervenga de manera más sistemática se produce cuando existe una historia "mensajes de odio" e incitación a la violencia por parte de medios partidistas que representan a diferentes partidos políticos o grupos étnicos. En estas circunstancias, la función de la autoridad consiste en garantizar una pluralidad de voces en los medios, no en silenciar a alguien. Puede ser más difícil atender algunas cuestiones prácticas en las democracias emergentes que en las consolidadas.

Por ejemplo, ¿cómo decidir qué tiempo de transmisión gratuita asignarle a cada partido cuando no ha existido ninguna elección democrática previa que permita medir su nivel de respaldo popular? Pero ni siquiera este tipo de dificultades - o diferencias- deben ser sobreestimadas. Muchas democracias desarrolladas -Holanda, Dinamarca o Noruega, por ejemplo- no suelen tomar mucho en cuenta el desempeño electoral previo al momento de distribuir los tiempos de transmisión. Lo hacen sobre la base de igualdad entre los partidos. Por lo que para los administradores de las nuevas democracias enfrentados al reto de diseñar un marco normativo, existen muchos ejemplos de donde escoger.

Revisión Histórica

Desde que existen los medios de comunicación han reportado sucesos políticos, pero en la mayoría de las regiones del mundo su papel central en las elecciones constituye un desarrollo muy reciente.

En muchos países, las elecciones libres son en sí mismas un fenómeno novedoso. En vastas porciones de África y Asia que alguna vez estuvieron bajo poder colonial, las elecciones libres y soberanas constituyen un desarrollo que data de la segunda mitad del siglo XX, mientras que para algunos países del antiguo bloque soviético constituyen incluso experiencias más recientes. Incluso los países de Europa Occidental y América Latina solo se democratizaron plenamente pocos años antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando extendieron a las mujeres el derecho al voto.

Estados Unidos sólo terminó de remover todas las limitaciones al derecho al voto en los 60´s. La tradición democrática de América Latina fue opacada por una historia de dictaduras militares, particularmente entre las décadas de 1960 y 1980, un desarrollo que fue replicado en muchos países de África y Asia. Algunos países, particularmente en Europa y Norte América, tuvieron una vigorosa libertad de prensa incluso cuando el sufragio estaba limitado. Otros desarrollaron medios independientes solo a medida que lucharon por establecer un sistema de gobierno popularmente elegido.

Europa, América del Norte y América Latina desarrollaron una teoría de los medios como un "cuarto poder", en tanto fiscalizadores de las actividades de los gobiernos. Este enfoque se ha ido incorporando de manera creciente a la legislación internacional, aunque la práctica ha estado lejos de cumplir ese ideal. Generalmente, una prensa independiente evoluciona a la par del desarrollo más amplio de las libertades políticas.

Hasta un pasado relativamente reciente, la prensa escrita era el único medio masivo. Tenía un alcance limitado, por la simple razón de que el alfabetismo funcional solo se extendía a una minoría. Por tanto, el desarrollo de las telecomunicaciones provocó una revolución en la comunicación de las ideas políticas a una audiencia masiva. Todavía en muchos casos el alto potencial de la radio y la televisión resultaba intimidante para muchos administradores de telecomunicaciones.

La Corporación Británica de Telecomunicaciones (BBC) aplicó una "regla de 14 días" que prohibía la cobertura de cualquier asunto que fuera a ser debatido en el Parlamento durante las dos semanas previas. No fue sino hasta 1951 que se transmitieron las primeras imágenes de elecciones partidistas. Los bloqueos obligatorios en la cobertura de las elecciones durante los días previos a la votación que subsisten en países como Francia, constituyen una reliquia de aquellos tiempos, cuando los medios parecen salir de su curso para no influir en los resultados de la elección.

Los tiempos han cambiado. El conocimiento heredado es que las elecciones contemporáneas son dominadas por la televisión, un desarrollo que tiene sus orígenes alrededor de 1960, fecha del primer debate histórico por televisión entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Pero esta percepción sólo es parcialmente precisa. La mayoría de la población mundial no mira televisión, porque carece de electricidad o porque no cuenta con un aparato receptor. No se trata de un fenómeno característico de las dictaduras, después de todo la mayor democracia en el mundo es la India. En esos países la radio sigue siendo el medio de comunicación más importante.

Pero incluso en aquellos países en que la televisión domina el debate político, éste ha sido un fenómeno muy reciente. En muchas naciones de Europa Occidental, las telecomunicaciones comerciales solo fueron legalizadas en la década de 1980 y la cobertura televisiva de las elecciones sigue estando altamente regulada, como un legado de los largos años de control estatal sobre las telecomunicaciones.

Para todos los discursos sobre la "globalización" y ..., mucho de lo que pasa por los medios durante épocas electorales será fácilmente reconocible para una generación previa de electores, acostumbrados a un estilo de campañas políticas a través de reuniones y asambleas públicas. La tradición estadounidense de propaganda pagada en televisión, derivada de las técnicas más sofisticadas de la Avenida Madison, es muy importante, pero no es dominante a escala mundial. La tradición europea de telecomunicaciones más reguladas todavía goza de muy amplia aceptación, sobre todo en épocas electorales. Esto tiende a favorecer a los mensajes y debates políticos más prolongados frente a los destellos de sonido más apresurados.

De acuerdo con un afamado teórico "el medio es el mensaje". Pero no hay duda que durante las elecciones una variedad de mensajes diferenciados son comunicados por el mismo medio. Los debates más célebres en la historia electoral estadounidense fueron los sostenidos por Kennedy y Nixon en 1960 y entre Lincoln y Douglas un siglo antes. Aquel fue el precursor de la era de elecciones televisadas. Pero lo más sorprendente es que las similitudes entre ambos debates fueron mayores que sus diferencias.

Fuentes Informativas Adicionales

Todas las fuentes citadas a continuación son accesibles a través de internet. El listado con libros, artículos y reportes sobre medios de comunicación y elecciones se encuentra en Bibliografía.

Leyes y normas

Los siguientes sitios de la red mundial brindan información acerca de las leyes, normas y prácticas de los medios durante períodos electorales que son ampliamente aceptadas a nivel internacional:

• Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión: http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mfro.htm. La fuente esencial para normas globales sobre asuntos de medios de comunicación, incluyendo elecciones y democracias en transición.
• ARTÍCULO 19, Campaña Global a favor de la Libertad de Expresión: http://www.article19.org/. Organización no-gubernamental que ha sido pionera en la fijación de normas sobre medios en elecciones transicionales. Incluye reportes sobre leyes de medios, metodologías de monitoreo y cuestiones relativas a la libertad de expresión.
• Communications Law in Transition Newsletter: http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/transition/. An online journal of media and communications law in transitional democracies.
• Freedom Forum's Media Studies Journal: http://www.mediastudies.org/contents.html. Several issues have dealt with media and elections issues.
• Electoral Institute of Southern Africa: http://www.eisa.org.za/. Regional organization that has promoted standards for media in elections.
• Organization for Security and Cooperation in Europe: http://www.osce.org/odihr/. Standards, election observer reports etc.
• European Institute of the Media: http://www.eim.org/. Regional organization with strong Media and Democracy programme and many media monitoring reports.
• National Council on Opinion Polls (United States): http://www.ncpp.org/. Guidance on opinion poll reporting.

Media Regulatory Bodies

This is just a small sample of the many media regulatory bodies. Their responsibilities in election periods vary greatly by country:

• Independent Broadcasting Authority (South Africa): http://www.iba.org.za/. A pioneer in developing media regulations for a transitional democracy.
• Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission: http://www.crtc.gc.ca/.
• Australian Broadcasting Authority: http://www.aba.gov.au/.
• Federal Communications Commission (United States): http://www.fcc.gov/.
• Broadcasting Standards Commission (United Kingdom): http://www.bsc.org.uk/. The statutory broadcasting complaints authority.

Media Monitoring

The following sites offer samples of media monitoring reports from elections and, in some cases, also guidance on how to monitor:

• ARTICLE 19: http://www.article19.org. As above.
• European Institute of the Media: http://www.eim.org. As above.
• Organization for Security and Cooperation in Europe: http://www.osce.org/odihr/elecrep.htm. As above.
• Memo 98 (Slovakia): http://www.memo98.sk
• Media Monitoring Project (South Africa): http://www.sn.apc.org/mmp/.
• Media Monitoring Project Zimbabwe: http://mmpz.icon.co.zw/.
• Media Monitoring Project Tanzania: http://www.jeas-tanzania.org/.
• Fairness and Accuracy in Reporting (United States): http://www.fair.org/.

Media Freedom and Protection of Journalists

The following are organizations that may not specifically work on media and elections but have a strong focus on defence of media freedom:

• International Freedom of Expression Exchange (IFEX): http://www.ifex.org/. A network of all the main media freedom organizations, international, regionally and nationally. An important source of links.
• International Federation of Journalists: http://www.ifj.org/. Also a source for standards, training materials etc.
• Freedom Forum: http://www.freedomforum.org/. Standards, training resources, discussion.
• Committee to Protect Journalists: http://www.cpj.org/. Campaigns for journalists who are imprisoned or under threat.
• Reporters sans Frontieres: http://www.rsf.fr/. International media freedom campaign.
• Media Institute of Southern Africa: http://www.misanet.org/. Media freedom in Southern Africa, but also training, standards etc.
• Commonwealth Broadcasting Association: http://www.oneworld.org/cba/. Grouping of mainly public broadcasters on broadcasting freedom, standards, training etc.
• World Association of Community Radio Broadcasters: http://www.amarc.org. Campaigning, training, standards.

Principios Legales

El papel de los medios de comunicación en las elecciones se rige por un cuerpo de leyes cada vez más vasto, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante comprender que la jurisprudencia está abrumadoramente dirigida a regular el comportamiento de los gobiernos en relación a los medios, más que en regulador a los medios mismos.

Los principios fundamentales consagrados en la legislación internacional comprenden dos aspectos:

• Los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información.
• El derecho a participar en el gobierno del país, mediante elecciones.

En su forma original, estos principios están consagrados en los Artículos 19 y 21 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Se reproducen en múltiples tratados de la propia ONU y regionales sobre derechos humanos que se han adoptado desde entonces. Las decisiones de diversas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte europea sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, han ido depurando estos principios convirtiéndolos en una invaluable guía de aplicación legal.

Otros tipos de instituciones internacionales, como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, que en 1999 fijó diversos principios importantes sobre el papel de los medios en las elecciones y la obligación del gobierno de garantizar el pluralismo de los medios (ver La Obligación de Pluralismo), constituyen otra fuente en esta materia.

El enfoque de otros organismos internacionales - tales como las administraciones de las Naciones Unidas en elecciones supervisadas internacionalmente- también constituyen una fuente de "leyes blandas". Es decir, no tienen poder vinculante sobre los estados miembros de la ONU, pero constituyen un importante indicador sobre las normas imperantes a nivel internacional.

Como complemento de las normas internacionales, muchas leyes y resoluciones de tribunales nacionales ofrecen una fuente de legislación comparada. En muchos países, especialmente aquellos con un sistema de leyes consuetudinarias, las decisiones de los tribunales de otros países pueden ser invocadas como precedente y guía de referencia. Tampoco estas tiene poder vinculante, pero dependiendo de la jerarquía del tribunal cuyas resoluciones se citan, los jueces pueden tomar debida nota de sus razonamientos y hallazgos y resultados.

Legislación Internacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948 es la afirmación fundamental de principios sobre derechos humanos. Contiene dos Artículos, el 19 y el 21, que son cruciales respecto a las obligaciones de los gobiernos sobre el papel de los medios en las elecciones. El primero de ellos garantiza el derecho a la libertad de expresión. El segundo garantiza el derecho a tomar parte en elecciones secretas periódicas.

La Declaración Universal impone obligaciones a todos los miembros de la comunidad internacional. Pero, en tanto declaración, lo solo son en lo que concierne a las leyes internacionales consuetudinarias. Con la adopción del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en 1966, esas mismas disposiciones fueron ampliadas y se les confirió fuerza vinculante legal sobre todos los estados que lo ratificaron. El Artículo 19 del Convenio Internacional afirma que:

Todos los individuos deben tener el derecho a la libertad de expresión; este derecho debe incluir la libertad de buscar, recibir y comunicar información e ideas de toda clase, independientemente de fronteras, ya sea de manera oral, escrita o impresa, en forma artística o a través de cualquier otro medio de su elección.

A su vez, el Artículo 25 establece que:

Todos los ciudadanos deben tener el derecho y la oportunidad, sin ninguna de las excepciones mencionadas en el Artículo 2 ( excepciones de ninguna clase como raza, color, sexo, lengua, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento) y sin ninguna restricción no razonable a:

(b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas genuinas que deben ser por sufragio universal e igual y deben ser realizadas por sufragio secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores.

Tomadas en su conjunto, se ha entendido que estas dos disposiciones le imponen la obligación a los gobiernos de asegurar la diversidad y pluralidad de los medios durante los períodos electorales (ver La Obligación de Pluralismo).

Los principales tratados regionales sobre derechos humanos - la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos- contienen una combinación similar de garantías a los derechos de libertad de expresión e información, así como al de participación política sin discriminación.

Los documentos adoptados por la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea (CSCE) van un paso más allá. En el Documento de Copenhague de1990, los estados participantes de la Conferencia se comprometieron a garantizar que:

Ningún obstáculo legal o administrativo se impusiera en el camino de un acceso irrestricto a los medios sobre una base no discriminatoria para todos los grupos políticos e individuos que desearan participar en el proceso electoral.

Los documentos de la CSCE no son tratados y, por tanto, no tienen la misma fuerza vinculante. Pero han sido aceptados como parte de la ley internacional consuetudinaria y, en consecuencia, imponen obligaciones a los estados participantes.

Las decisiones de los tribunales internacionales y nacionales le han conferido una mayor sustancia y han detallado mucho más estos principios generales sobre medios y elecciones. Se pueden sintetizar de la siguiente forma:

• Los medios juegan un papel crucial de vigía para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos y el funcionamiento efectivo de la democracia (ver Medios y Democracia).
• Los gobiernos están obligados a asegurar una democracia que garantice el pluralismo de los medios, especialmente en las elecciones (ver La Obligación de Pluralismo).
• La libertad de debate político es un derecho fundamental (ver Libertad de Debate Político).
• Los partidos políticos y los individuos tienen derecho a acceder a los medios gubernamentales durante las campañas electorales (ver El Derecho de Acceso a los Medios Públicos).
• Los medios gubernamentales están obligados a publicar las opiniones opositoras (ver Publicar las Opiniones Opositoras).
• Existe el derecho de réplica, corrección o retracción en respuesta a declaraciones infundadas en los medios gubernamentales (ver Derecho de Réplica).
• Puede haber límites a la responsabilidad legal de los medios si reproducen declaraciones ilegales (ver Límites a la Responsabilidad Legal).
• La expresión política sólo se puede restringir por razones extraordinarias (ver Restricciones a la Expresión Política).
• Hay una protección garantizada a las críticas de los políticos y gobiernos (ver Críticas a los Políticos y Gobierno).
• Hay una protección garantizada a las opiniones políticas (ver Protección de las Opiniones Políticas).
• Existe el derecho a una reparación efectiva para aquellos cuyos derechos han sido violados (ver Derecho a una Reparación Efectiva).
• Los gobiernos están obligados a resguardar la seguridad del personal e instalaciones de los medios (ver Protección de la Seguridad de los Medios).

Para referencias más amplias sobre estos tratados internacionales, ver International Treaties on media and elections.

Medios y Democracia

Son los medios de comunicación los que hacen que el ejercicio de la libertad de expresión se convierta en una realidad.⁴

Las palabras de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos afirman de manera sucinta un principio que hoy es universalmente reconocido en la legislación internacional. El ejercicio de la libertad de expresión en una democracia tiene poco sentido si solo puede ser ejercida a nivel individual. La libertad de expresión no solo tiene que ver con lo que alguien le puede decir a su vecino, o escuchar de él. En lo esencial tiene que ver con la expresión de hechos y opiniones y la recepción de información a través de los medios de comunicación.

El tribunal internacional que ha ido más lejos en el desarrollo de este enfoque es la Corte Europea de Derechos Humanos. Ha resuelto que la libertad de los medios es vital para mantener informados a los ciudadanos:

La libertad de expresión pone al alcance del público uno de los mejores medios para descubrir y formarse una opinión sobre las ideas y actitudes de sus líderes políticos. En particular, les brinda a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las preocupaciones de la opinión pública; por consiguiente, le permite a todos participar en un debate político libre, que constituye el núcleo central del concepto de sociedad democrática.⁴

Los medios informan al público sobre temas de interés general y actúan como vigilantes del gobierno:

Le corresponde (a la prensa) comunicar información e ideas sobre temas de interés público. No sólo tienen la tarea de comunicar esa información e ideas; el público también tiene derecho de recibirlas. De otra forma, la prensa sería incapaz de desempeñar su función vital de "vigía público".⁴

Por tanto, de acuerdo con la Corte Europea, hay dos aspectos de esta función democrática de los medios: informar al público y actuar como fiscalizadores del gobierno. Ésta función no le impone responsabilidades particulares a ninguna estación o periódico. Más bien, le impone al gobierno el deber de asegurar que los medios son capaces de cumplir estas funciones. Este principio tiene claras implicaciones prácticas en el contexto electoral.

Los gobiernos pueden regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones, de acuerdo con la Corte Europea. Las frecuencias deben ser distribuidas de manera justa y no discriminatoria. Los medios están sujetos a las leyes vigentes -en cuestiones como la difamación o la sedición- pero, como regla general, los gobiernos no pueden restringir los contenidos de sus transmisiones.

La Obligación de Pluralismo

Los medios juegan un papel clave en las elecciones, no sólo como medios para fiscalizar las acciones del gobierno, sino además para garantizar que el electorado cuente con toda la información necesaria para efectuar una elección democrática e informada. Los gobiernos tienen la importante obligación negativa de no impedir que los medios cumplan con estas funciones. Además, y no menos importante, los gobiernos tienen la obligación positiva de facilitar el pluralismo de los medios para ofrecer al público las más variadas fuentes de información. Por cierto, la obligación contenida en el Artículo 19 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (CIDCP), que garantiza la libertad de expresión y la libertad de opinión, se aplica solo a los gobiernos y no a los medios en lo individual.

Como el Comité de Derechos Humanos afirma en su único comentario general al referido Artículo 19 del CIDCP:

[D]ebido al desarrollo de los modernos medios de comunicación, son necesarias medidas efectivas para prevenir que ese control sobre los medios interfiera con el derecho de todos y cada uno a la libertad de expresión... ⁵

En un tono similar, la Suprema Corte de Zimbabwe concluyó que el monopolio de que disfrutaba la empresa paraestatal Corporación de Correos y Telecomunicaciones era inconstitucional con fundamento en la libertad de expresión. La Corte determinó que la protección de la libertad de expresión aplica no solo al contenido de la información, sino también a los medios para su transmisión y recepción. Toda restricción que se impone a los medios de transmisión o recepción necesariamente interfiere con el derecho a recibir y distribuir información. Cualquier monopolio que tenga el efecto de trastocar el derecho a recibir y distribuir ideas e información, cualquiera que sea su propósito, viola la protección de ese derecho.⁶

La jurisprudencia de países tan diversos como Ghana, Sri Lanka, Belice, la India, Trinidad y Tobago y Zambia subraya los puntos gemelos de que los monopolios en los medios constituyen una interferencia inaceptable a la libertad de expresión y que los medios estatales o públicos tienen la obligación de difundir puntos de vista distintos a los del gobierno en turno. Algunos de estos argumentos (Zambia, Belice y Trinidad y Tobago), se refieren al derecho de los oponentes políticos del gobierno a dar a conocer sus opiniones en los medios públicos. Este derecho también se extiende a otros tipos de minorías. La siguiente recomendación corresponde a un reporte de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías:

Los miembros de distintos grupos deben disfrutar del derecho a participar, sobre la base de su propia cultura y lengua, en la vida cultural de la comunidad, a producir y disfrutar de las artes y las ciencias, a proteger su legado cultural y tradiciones, a poseer sus propios medios de comunicación y a tener acceso sobre bases de igualdad a los medios estatales o públicos.⁷

Es importante subrayar que el papel de los medios no es sólo el de ser un vehículo de expresión en un sentido restringido. Los medios también son importantes, por cierto y en primer término, como medios que permitan a la opinión pública ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los medios cumplen un papel de vigías sobre las actividades del gobierno y de otras instituciones poderosas. Evidentemente no pueden cumplir estas funciones si le deben lealtad al gobierno o partido dominante en turno. Las directrices más precisas que ha producido la ONU reflejando las prácticas internacionales más recomendables sobre pluralismo y acceso a los medios son aquellas emitidas por su Autoridad Transicional en Camboya (ver Cambodia: Guidelines of UN Transitional Authority on Media and Elections). Hoy se afirma que:

Unos medios de comunicación libres e independientes deben estar en manos de diferentes propietarios y deben promover y salvaguardar la democracia, así como abrir oportunidades y vías para el desarrollo económico, social y cultural.⁸

En la declaración más categórica de una autoridad de la ONU, el Relator Especial sobre las Libertades de Opinión y Expresión, Abid Hussein, se concluía en el reporte anual de 1999:

Hay algunos principios fundamentales que, si son promovidos y respetados, fortalecerán el derecho a buscar, recibir y divulgar información. Estos principios son: se debe evitar el monopolio o concentración excesiva de la propiedad de los medios en unas pocas manos en aras de desarrollar una pluralidad de voces y puntos de vista; los medios de propiedad estatal tienen la responsabilidad de informar sobre todos los aspectos de la vida nacional y de brindar acceso a los diferentes puntos de vista; los medios de propiedad estatal no deben ser utilizados como un órgano de comunicación o propaganda de un solo partido o como defensores del gobierno excluyendo a todos los demás partidos o grupos.⁹

El Relator Especial enlistó una serie de obligaciones del estado para asegurar que a "los medios se les ha concedido la mayor amplitud posible" a fin de lograr "que el electorado esté lo más informado posible":

• No debe haber sesgos o discriminaciones en la cobertura de los medios;
• No se debe permitir la censura de los programas electorales;
• Los medios deben de quedar exentos de responsabilidad legal por afirmaciones provocadoras y se debe brindar el derecho de réplica;
• Debe existir una clara distinción entre la cobertura de noticias de las funciones como oficiales de gobierno y las funciones como candidato partidista;
• La asignación de tiempos para programas de acceso directo se debe garantizar sobre bases de equidad y no discriminación;
• Los programas deben brindar la oportunidad de que los candidatos debatan entre sí y que los periodistas los interroguen;
• Los medios se deben involucrar en la educación electoral;
• Los programas deben atender a grupos tradicionalmente desfavorecidos, que pueden incluir a mujeres y a minorías étnicas y religiosas.

El texto completo de las recomendaciones del Relator General se puede consultar en UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.

Libertad de Debate Político

La libertad de debate político ha sido reconocida por tribunales internacionales, otros órganos internacionales y tribunales nacionales como un derecho fundamental. La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió en 1978 que " la libertad de debate político se ubica en el núcleo mismo del concepto de una sociedad democrática".¹⁰

Una parte de ello reside en informar al electorado de forma tal que pueda llevar a cabo su elección política. El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum de Malawi de 1993, que tenia que ver con la elección entre un sistema unipartidista y otro multipartidista, afirmo que "si los electores van a toma una decisión informada en las urnas, entonces resulta esencial un ejercicio de libertad [de expresión]".¹¹ La Suprema Corte Enugu de Nigeria hizo un pronunciamiento similar:

La libertad de expresión es, sin duda, el fundamento de toda sociedad democrática, por que sin libre discusión, particularmente sobre asuntos políticos, ninguna educación o ilustración pública, tan esencial para el debido funcionamiento y ejecución de los procesos de un gobierno responsable, es posible.¹²

A su vez, la Suprema Corte de Israel declaró:

La democracia genuina y la libertad de expresión son lo mismo. La libertad de expresión permite que cada individuo concrete su opinión independiente en el proceso de toma de decisiones tan crucial en un estado democrático. La esencia de las elecciones democráticas esta basada en la premisa en la capacidad de lograr opiniones informadas, evaluarlas y someterlas a un debate abierto....¹³

El Derecho de Acceso a los Medios Públicos

Las decisiones de los tribunales nacionales sobre el derecho de los partidos opositores de acceder a los medios públicos o estatales han adquirido un peso cada vez mayor. Hay una clara tendencia a reconocer la obligación de los gobiernos a garantizar ese acceso. Este fue el enfoque adoptado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Libertades de Opinión y Expresión en su reporte de 1999 (ver La Obligación de Pluralismo).

En el 2000, la Suprema Corte de Zimbabwe emitió dos resoluciones en este sentido. En enero, instruyó a la Corporación de Telecomunicaciones de ese país para que transmitiera publicidad y materiales de campaña preparados para la campaña por el "No" en el referéndum nacional que proponía una nueva Constitución. La campaña por el "Si", apoyada por el gobierno, había logrado que sus materiales se transmitieran durante un tiempo considerable.¹⁴

El 13 de junio, pocos días antes de las elecciones parlamentarias, la Suprema Corte, al resolver sobre una solicitud del opositor Movimiento por el cambio Democrático, le ordenó a la Corporación de Telecomunicaciones que detuviera una transmisión sesgada políticamente y que cumpliera sus funciones de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones de transmitir los servicios de radio y televisión de manera imparcial, sin discriminación alguna basada en opiniones políticas y sin trastocar el derecho de las personas a difundir y recibir ideas e información.¹⁵

Pocos años antes, la Suprema Corte del país vecino del norte de Zimbabwe, Zambia, había tenido que resolver sobre un asunto similar. La materia de controversia era un mandato emitido por el Presidente Kenneth Kaunda pocas semanas antes de las primeras elecciones multipartidistas de 1991. El mandato ordenaba a los tres periódicos controlados por el gobierno no reportar las declaraciones de los líderes de los principales partidos opositores y no aceptar su publicidad. La Corte resolvió que el mandato violaba la garantía constitucional a la libertad de expresión.

[T]oda vez que a los solicitantes no se les permitió publicar sus opiniones sobre asuntos políticos a través de los periódicos gubernamentales, y por las implicaciones de ello en la radio y la televisión, se les negó el disfrute de su libertad de expresión.¹⁶

La Corte también formuló un comentario más general acerca de la función apropiada de los medios públicos:

[E]n el caso de los periódicos, se supone que deben ser operados sobre la base de los principios y ética del periodismo relacionados con la libertad de cualquier interferencia. Estos principios dictan la cobertura de todos los eventos relevantes independiente de la fuente de información. Cualquier cosa menor a eso, y es muy fácil para la opinión pública evaluar si un periódico está funcionando de acuerdo con los principios y ética básicas del periodismo, no resulta aceptable para un medio de propiedad pública, impreso o de otro tipo.¹⁷

La suprema Corte de Trinidad y Tobago había emitido poco antes una resolución semejante en relación a la televisión. La estación de propiedad estatal se había rehusado a transmitir un discurso pre-grabado de un líder opositor del Parlamento. La Corte dictaminó que esa acción violaba el derecho a la libertad de expresión:

[S]iendo la televisión el medio de comunicación más poderoso en el mundo moderno, en nuestra opinión resulta absurdo sostener que la libertad de expresar las opiniones políticas significa que la Constitución se refiere a ello sin el agregado correlativo de expresar esas opiniones en la televisión. Los días de oratoria demagógica se han acabado, como también del panfletarismo político.¹⁸

Las misiones de observación y los grupos de supervisión y asesoría internacionales han adoptado un enfoque análogo en los últimos años. Por ejemplo, la misión de observación de la ONU en las elecciones nicaragüenses de 1989 sostuvo que era necesario que "todos los partidos políticos [tuvieran] un acceso equitativo a las estaciones estatales de radio y televisión en términos tanto de la oportunidad como de la duración de las transmisiones"¹⁹ El equipo técnico de la ONU para el referéndum de Malawi de 1993 hizo una recomendación semejante:

En el caso de los medios gubernamentales, es costumbre que la igualdad de acceso, tanto en términos de oportunidad como de duración de las transmisiones, se les otorgue a los contendientes para que difundan sus argumentos.²⁰"

(Nótese que en este caso la recomendación fue en favor de un acceso "igualitario" en lugar de uno "equitativo", ya que se trataba de un referéndum donde la elección tenía que ver con dos propuestas y no con distintos partidos políticos. Ver Acceso Directo en Referendos)

De igual forma, en las elecciones camboyanas de 1993, la Autoridad Transicional de la ONU (UNTAC) estaba preocupada por asegurar un acceso equitativo a los medios, como lo estableció en sus lineamientos para las elecciones (ver Cambodia: Guidelines of UN Transitional Authority on Media and Elections):

En el ejercicio de sus responsabilidades conforme al Acuerdo, las UNTAC aseguraran "acceso equitativo a los medios incluyendo prensa, radio y televisión, para todos los partidos contendientes en la elección".²¹

Ver Disposiciones que Afectan a los Medios de Comunicación Públicos.

Publicar las Opiniones Opositoras

La obligación de los medios públicos o controlados por el estado de publicar o transmitir las opiniones de la oposición deriva de la prohibición de hacer discriminaciones en el disfrute de derechos. Esto está afirmado categóricamente en el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados sobre derechos humanos. Significa que si el partido gobernante tiene la oportunidad de ejercer su derecho de libertad de expresión en los medios gubernamentales, a la oposición se le debe conceder el mismo derecho.

La Comisión Europea sobre Derechos Humanos rechazó la solicitud de una asociación a quien la Corporación Británica de Telecomunicaciones (BBC) le había negado tiempos de transmisión. La Comisión afirmó que si bien, en su opinión, no existía un derecho general de acceso a los medios de comunicación a los partidos políticos se les debía otorgar ese acceso en condiciones de equidad:

Es evidente que la libertad de "comunicar información e ideas" incluido en el derecho a la libertad de expresión bajo el Artículo 10 de la Convención, no puede entenderse como un derecho general e incuestionable de cualquier ciudadano particular u organización a tener acceso a tiempos de transmisión en radio o televisión a fin de promover sus opiniones. Por otra parte, la Comisión considera que la negación de tiempo de transmisión a uno o más grupos o personas específicas puede, en circunstancias particulares, suscitar una controversia de acuerdo al Artículo 10 o en conjunto con lo dispuesto por el Artículo 14 de la Convención [que prohíbe la discriminación]. Una controversia de ese tipo podría, en principio, surgir por ejemplo sí un partido político fuera excluido de facilidades de transmisión durante un período electoral mientras a otros partidos se les concede tiempo de transmisión.²²

Derecho de Réplica

La idea de crear un derecho de réplica o corrección legalmente aplicable nunca ha encontrado mucho eco entre los defensores de la libertad de expresión, que temen que pueda asfixiar a una expresión libre y robusta, algo que es claramente necesario en el contexto de elecciones. Sin embargo, tanto algunos órganos consultivos internacionales como tribunales nacionales han favorecido ese mecanismo, especialmente cuando la réplica tiene que ver con medios controlados por el gobierno, a los que la oposición no tiene facilidad de acceso.

Esta es, por ejemplo, la directriz desarrollada por la Autoridad Transicional de la ONU en Camboya (ver también Cambodia: Guidelines of UN Transitional Authority on Media and Elections):

Los medios deben concederle a los partidos, grupos o individuos cuyas opiniones hayan sido tergiversadas o calumniadas por una publicación o transmisión, el "derecho de responder" en el mismo medio.²³

La Suprema Corte de la India reconoció un derecho de réplica específico para las publicaciones gubernamentales, aduciendo que "la equidad demanda que ambos puntos de vista sean planteados ante los electores, independientemente de lo limitado que sea su número, para permitirles extraer sus propias conclusiones".²⁴

La Suprema Corte y el Tribunal de Apelaciones de Belice fallaron en favor del derecho de réplica en un caso especialmente relevante para las elecciones. La Autoridad de Telecomunicaciones de Belice (ATB) le negó a un funcionario opositor de alto nivel y al director de un canal de televisión el permiso para que transmitieran una serie de programas que refutaban las declaraciones del gobierno sobre la marcha de la economía. La Suprema Corte dictaminó que la ATB había actuado arbitrariamente, sosteniendo que:

[H]oy en día la televisión es el medio más poderoso para comunicar ideas y diseminar información. Por consiguiente, el disfrute de la libertad de expresión incluye la libertad de usar ese medio.²⁵

El Tribunal de Apelaciones respaldó el dictamen de la Suprema Corte y sostuvo que la negativa de la ATB a transmitir esos programas violaba los derechos constitucionales de los demandantes tanto a la libertad de expresión como a la protección contra la discriminación. A los partidos políticos se les debía de dar la oportunidad de replicar en televisión las declaraciones del gobierno que "brindaran información o explicaciones sobre eventos de primera importancia nacional o internacional o que (...) buscarán la cooperación del público en relación con esos eventos" Sólo cuando exista un "consenso general de opinión" la oposición no tendría derecho de réplica. ²⁶

Ver Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables.

Límites a la Responsabilidad Legal

En su reporte de 1999, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Libertades de Opinión y Expresión se manifestó resueltamente en favor de eximir a los medios de la responsabilidad legal por publicar declaraciones ilegales de políticos en el contexto de las elecciones. El tipo de declaraciones consideradas podría incluir las que fueran difamatorias o incitaran al odio. Esto no significa que no deba haber responsabilidad legal por ese tipo de declaraciones -la persona que las hizo tendría responsabilidad legal-, sino que los medios tendrían libertad de reproducirlas sin tener, por ejemplo, que revisar cada transmisión o publicación electoral de un partido antes de transmitirla. Ver UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.

El Relator Especial estaba ofreciendo una directriz clara en una materia que hasta entonces era poco clara y controversial. Así, por ejemplo, las Autoridades Transicionales de la ONU en Camboya adoptaron, en sus directrices, una opinión totalmente contraria, al asumir que los medios deberían ser legalmente responsables por declaraciones que "incitaran la discriminación, hostilidad o violencia por medio de rencores nacionales, religiosos, raciales o étnicos".²⁷

El Relator Especial reflejaba una tendencia creciente en las cortes y legislaturas nacionales. El parlamento danés aprobó una ley eximiendo a los medios de responsabilidad legal por publicar declaraciones que incitaran al odio racial o nacional, esgrimiendo que los medios mismos no pretenden promover el odio. Esto derivó de la sentencia de un periodista que había sido arrestado y multado por transmitir una entrevista televisiva con los miembros de un grupo racista. El periodista apeló a la Comisión Europea de Derechos Humanos, que determinó que su solicitud era procedente.²⁸

De igual forma, la Corte Constitucional de España determinó que un periódico no podía tener responsabilidad legal por publicar la declaración de una organización terrorista:

[T]anto el derecho del periodista a informar como el de los lectores a recibir información completa y precisa constituyen, en última instancia, una garantía institucional objetiva que efectivamente previene la imputación de cualquier voluntad criminal de parte de aquellos que solo transmiten información.²⁹

Este razonamiento es importante porque enfatiza que el argumento contra la aplicación de la responsabilidad legal a los medios en esos casos tiene que ver básicamente con la protección del derecho del público a recibir información.

Ver Responsabilidad de los Medios de Comunicación sobre Declaraciones Ilegales.

Restricciones a la Expresión Política

La libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede ser limitado bajo ciertas circunstancias. Pero esas limitaciones deben ajustarse a normas claramente definidas.

El Artículo 19 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (CIDCP) ofrece, en su párrafo tercero, varias razones por las que ese derecho se puede restringir. (Ver International Treaties on media and elections.)

El ejercicio de los derechos establecidos en el párrafo 2 de este artículo conlleva deberes y responsabilidades especiales. Pueden, por tanto, estar sujetos a ciertas restricciones, pero estas solo deben ser aquellas que disponga la ley y sean necesarias: (a) por respeto a los derechos y reputación de otros; (b) para la protección de la seguridad nacional o el orden público, o de la salud o moral pública.

La jurisprudencia ha establecido que la libertad de expresión bajo la legislación internacional sólo puede ser limitada por la aplicación de una prueba de tres partes a fin de establecer que la limitación:

• Está consagrada en la ley, es decir, que debe pre-existir en leyes nacionales o internacionales vinculantes;
• Servir a un propósito legítimo, es decir, uno de los propósitos consagrados en el Artículo 19 (3) del CIDCP;
• Necesario en una sociedad democrática. Esto significa, entre otras cosas, que las restricciones deben resultar proporcionales a su propósito y que no se deben alejar de la esencia del derecho mismo.

El Artículo 20 del CIDCP también puede ser relevante en otras ocasiones. Prohíbe la propaganda en favor de la guerra y la defensa de un odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum en Malawi aplicó estos principios a la legislación nacional sobre campañas electorales. Afirmaba que una restricción a la libertad de expresión:

No debe ser definida de manera tan vaga o genérica como para dejar un amplio margen de discreción a las autoridades responsables de aplicar la ley, ya que la incertidumbre acerca de los límites legales tiene un efecto nocivo en el ejercicio de este derecho [libertad de expresión] y puede fomentar la discriminación en .... la aplicación de las [restricciones].³⁰

Ver Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación .

Críticas a los Políticos y Gobierno

Los tribunales internacionales -y cada vez más los nacionales también- tienen claro que los políticos y los gobiernos pueden ser sujetos de un mayor grado de críticas e insultos que los individuos ordinarios y que, consecuentemente, la ley les ofrecerá menores protecciones. Esto es, por supuesto, lo opuesto a la situación que con frecuencia ha prevalecido, donde los oficiales de gobierno a menudo invocan cargos como el de difamación criminal contra sus críticos.

Sin embargo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto unánimemente que debido a que "la libertad de debate político constituye el núcleo del concepto de una sociedad democrática (...) los límites aceptables para la crítica son consecuentemente más amplios en lo que concierne tanto a los políticos como tales como a los individuos particulares". Además, "los límites de crítica permisible son más amplios en relación al gobierno que en relación a un ciudadano privado, o incluso que a un político". En esos casos, las sanciones por difamación sólo se aplicarán cuando las acusaciones "carezcan de fundamento o sean formuladas de mala fe". La Corte también sentenció que:

Si bien la libertad de expresión es importante para todos, lo es especialmente para un representante elegido por el pueblo. Él representa a su electorado, llama la atención sobre sus preocupaciones y defiende sus intereses. Consecuentemente, las interferencias con la libertad de opinión de un miembro opositor del Parlamento (...) demandan el escrutinio más cercano por parte de la Corte.³¹

La legislación civil sobre difamación puede ser legítimamente utilizada para proteger la reputación contra alegatos mal intencionados y maliciosos. Pero las cortes nacionales han resuelto cada vez con mayor frecuencia que el ámbito de la ley sobre difamación debe ser tal que no impida a los medios llevar a cabo sus funciones propias - o sofocar un vigoroso debate político.

El histórico juicio de la Suprema Corte de Justicia los Estados Unidos en el caso del diario New York Times contra Sullivan (1964), estableció el principio de que debía de haber mayor laxitud para critica a un oficial público, aún al punto de declaraciones inexactas o equivocadas, siempre y cuando no fueran hechas maliciosamente. La Corte destacó que las figuras públicas tenían un acceso mucho más expedito a los medios de comunicación para rebatir declaraciones falsas. ³² En años recientes este enfoque ha sido adoptado, de diferentes formas, en muchos otros lugares, incluyendo el Reino Unido, Australia, Pakistán, India y Zambia.³³

Protección de las Opiniones Políticas

La legislación internacional distingue entre los argumentos fácticos y las opiniones. Las opiniones políticas solo pueden ser restringidas en las circunstancias más extremas. No se les puede restringir aduciendo que "no son verdaderas" toda vez que, como observó la Corte Europea de Derechos Humanos, exigir que alguien acusado de difamación pruebe la verdad de una opinión "infringe la libertad de opinión misma".³⁴

Derecho a una Reparación Efectiva

La legislación internacional dispone que cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados debe tener el derecho de una reparación efectiva en un tribunal nacional. Cuando el órgano que resuelve sobre la queja es de naturaleza administrativo [no judicial], debe ser uno distinto al demandado. Esto aplicaría, por ejemplo, en el caso de quejas contra una televisora.

El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum de Malawi recomendó que "debía existir un mecanismo de revisión para aquellos casos en que las restricciones a este derecho [el de libertad de expresión] hayan sido aplicadas" "³⁵

Ver Procedimientos de Impugnación.

Protección de la Seguridad de los Medios

El periodismo es una profesión riesgosa. Las estadísticas recabadas por organizaciones dedicadas a la libertad de los medios muestran que cada año son asesinados o heridos decenas de profesionistas de los medios en el desarrollo de sus actividades. Las elecciones no son la parte más riesgosa de sus actividades -pero una campaña tensa o violenta implica un peligro para quienes tratan de reportar de manera honesta y precisa.

La responsabilidad de resguardar la seguridad física de todos aquellos dentro de su territorio recae en el gobierno, quien tiene una obligación especial con los medios. Fue en reconocimiento a este hecho que la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 resolvió:

La Conferencia Mundial alienta una participación creciente de los medios, cuya libertad y protección debe ser garantizada dentro del marco jurídico nacional.³⁶

Ver Medidas para la Protección de los Periodistas.

Ambiente de los Medios

En una era de corporaciones transnacionales de medios de comunicación, uno es constantemente persuadido a creer que vivimos en una "aldea global"- en una sociedad de información indiferenciada. Indudablemente, los flujos de información a través de los medios son mayores y más rápidos que, digamos en los 60´s, cuando el término "aldea global" fue acuñado- y mucho más aún si se toman como referencia las épocas previas a los medios electrónicos. No obstante, el acceso a la información por el grueso de la gente, y de la masa de electores en particular, difiere enormemente de un contexto nacional a otro. A no dudarlo, la globalización de la información afecta por igual a las zonas rurales de África, Asia, América Latina y Europa del Este. Pero eso no implica que todos tengan las mismas fuentes de información que Europa Occidental y América del Norte, o incluso que sus propios compatriotas de zonas urbanas.

El contexto de los medios determinará en gran medida el papel que cumplan en una elección. El contexto a su vez, estará condicionado por una diversidad de factores. El primero de ellos es el nivel de desarrollo económico. En condiciones de extrema pobreza, la mayoría de la gente estará imposibilitada de comprar periódicos, y probablemente también de leerlos. En ocasiones, el costo de los televisores será prohibitivo y la posibilidad de adquirirlos será casi exclusivamente urbana. Algunos de los países más pobres, como Malawi o Tanzania, han introducido cadenas de televisión sólo muy recientemente. Bajo estas circunstancias, es usual que la radio sea el medio de comunicación nacional más importante. Pero aún así, es probable que su alcance se vea constreñido por limitaciones en ingresos por publicidad pagada. Es posible que un mayor nivel de desarrollo económico signifique un mayor número de medios. De manera creciente, este hecho incluso supera los constreñimientos que pueda imponer un control político de los medios.

A su vez, el desarrollo económico puede influir sobre la estructura de propiedad de los medios. Como patrón general, los países más pobres, incluidos la mayoría de los de África, tenderán a contar con un sector mayor de medios gubernamentales, debido a limitaciones de publicidad. Es factible que los medios independientes en estos países sean propiedad de pequeñas corporaciones privadas. En las economías más grandes de regiones como América Latina, el sudeste asiático y Europa Central y del Este, es más probable que los medios estén bajo control de grandes corporaciones nacionales (que también es probable que tengan intereses políticos). Cada vez más, los medios de estos países y de los países industrializados caen bajo el control de consorcios transnacionales, que también es probable que tengan sus propios intereses políticos.

Pero la riqueza no es el único factor que determina la estructura de propiedad de los medios. Las tradiciones políticas y culturales juegan un papel importante. La mayoría de los países europeos, por ejemplo, tienen una larga tradición de propiedad estatal o pública de los medios. Ver Medios Públicos o Estatales. Francia solo legalizó las telecomunicaciones privadas en la década de 1980. En contraste, los Estados Unidos casi no tienen historia de propiedad pública de los medios. No es de sorprender que los países con historia de gobiernos militares o unipartidistas hayan desarrollado su propia tradición en materia de control estatal de los medios de comunicación. Es claro que en la medida en que los gobiernos o las autoridades públicas estén involucradas en la propiedad o control de los medios, esto tenga un impacto directo en su papel en las elecciones.

Otra dimensión clave es la fuerza de las tradiciones de libertad política y respeto a la libertad de expresión. Los medios con una larga historia de pluralismo, libertad e independencia habrán desarrollado una mayor capacidad para abordar los asuntos políticos de una manera más franca y abierta. También es probable que hayan desarrollado estándares profesionales más elevados (si bien la poca ética de algunos medios en las democracias avanzadas muestran que esta correlación no es exacta). Más importante aún, es probable que una historia reciente de censura o intimidación a los medios se proyecte como una amenaza constante sobre los periodistas y editores en su cobertura de las elecciones. Ver ¿Existe una Historia de Respeto por la Libertad de los Medios?.

El clima de los medios también tiene que ver con el marco legal. Es preferible que operen bajo la protección de fuertes garantías constitucionales y legales de libertad de expresión y acceso a la información. Ver Capacitación Periodística. En este sentido, las tradiciones jurídicas difieren sensiblemente. Los países de derecho consuetudinario tienden a un enfoque caracterizado por la ausencia de leyes explícitas para regular a los medios. La premisa es que los medios pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley.

En contraste, la tradición de leyes civiles usualmente entrañan una regulación legal de las actividades de los medios. Hay fortalezas y debilidades en ambos enfoques, aunque en la práctica tienden a converger. Las telecomunicaciones son un área donde las distintas tradiciones jurídicas tratan de encontrar soluciones comunes. Casi todos los países demandan alguna forma de regulación legal de los medios, incluso en los tradicionalmente no regulados Estados Unidos, como una forma de garantizar el pluralismo en las ondas aéreas. En la medida en que la distribución de frecuencias para transmisión sea un proceso justo y transparente, es probable que tenga un impacto significativo en como los medios ejerzan sus responsabilidades en períodos electorales. Ver Marcos Reguladores Existentes de los Medios de Comunicación.

¿En dónde se Informa la Gente?

La importancia que se le confiere al papel de los medios en una democracia sugiere que actúan como la principal fuente de información de la mayoría de los votantes. Pero esta premisa no es automáticamente cierta. Incluso en una democracia avanzada y saturada de medios, como Gran Bretaña, se estima que entre un cuarto y un tercio de los telespectadores cambian de canal cuando aparecen transmisiones electorales de los partidos.

En el pasado hubo un acuerdo para que todos los canales transmitieran estos programas simultáneamente para que la audiencia no tuviera escape, a no ser que optaran por retirarse a tomar una taza de té. Quizá como resultado de ello, una encuesta de 1969 reportaba que las transmisiones partidistas durante las elecciones eran la principal fuente de información de los electores indecisos. Sin embargo, desde 1987 se abandonó esa práctica y la audiencia ha declinado. Una encuesta de 1990 encontró que las transmisiones de los partidos constituían la fuente menos confiable de información política, después del diario Sun.³⁷

Antes del ascenso de los medios electrónicos modernos, la información política era difundida a través de dos vías: los medios impresos y el contacto personal directo. En aquellos tiempos, los lectores de periódicos eran muchos más que hoy, pero aún entonces esto excluía a porciones muy grandes de la población ya sea porque eran muy pobres para comprar un diario o simplemente no sabían leer. De ahí que la comunicación directa asumiera gran importancia. Esto comprendía mítines políticos, en donde los distintos candidatos podían debatir y ser cuestionados. También incluía visitas domiciliarias de los candidatos o de activistas políticos, así como la distribución de panfletos y carteles producidos por los partidos o candidatos.

En los países industrializados con grandes medios de comunicación electrónicos, la importancia de estos métodos ha declinado dramáticamente. Sin embargo, en otras regiones los mítines políticos y el contacto personal con los candidatos siguen siendo importantes. En el África rural, por ejemplo, la radio suele ser el único medio de penetración masiva. Las estaciones que transmiten en las zonas rurales son usualmente controladas por el gobierno y es muy poca la difusión que le dan a los partidos opositores, en caso de que lleguen a hacerlo. Algunas veces los obstáculos para la comunicación de la información son más elementales. Los aparatos de radio requieren baterías. Estas son costosas y es poco probable que sean una prioridad en comunidades con pobreza extrema. Por lo que el contacto personal sigue siendo importante.

Incluso en condiciones de pobreza extrema, los medios tienen una función que cumplir en la comunicación de información política. Aún en las comunidades rurales que no tienen acceso a medios independientes, la información generada por, digamos, la prensa privada tendrá circulación general y en algún momento puede llegar a los electores rurales. Por lo que aunque comunicación personal puede ser la fuente de información política directa, los medios contribuirán de manera significativa a la circulación de la masa informativa.

En el África rural, generalmente considerada al igual que otras partes del mundo como de "pobreza informativa", los medios para circular información de manera oral son muy sofisticados y fueron a menudo forjados en las difíciles condiciones del colonialismo o de dictaduras militares o de un solo partido. Las audiencias se volvieron muy hábiles para interpretar los mensajes altamente controlados que emitían los medios oficiales y para apoyarse en interpretaciones alternativas. Para lograr esto, recurrían a convencionalismos culturales que les permitían transmitir información u opiniones sensibles de manera disfrazada.

Por ejemplo, los Ngoni de África Central tienen un lenguaje convencional denominado kukulawika - cantos estridentes de las mujeres que son capaces de transmitir mensajes sexuales explícitos, pero sin recurrir a obscenidades. Los Tonga tienen dispositivos similares. Bajo el imperio británico, el personal africano de la Corporación de Telecomunicaciones de África Central en Lusaka trasmitían una especie de kukulawika, político que les permitía difundir mensajes nacionalistas de manera oculta. Estos medios de comunicación encubiertos fueron especialmente útiles durante los subsecuentes regímenes unipartidistas de carácter restrictivo.³⁸

La comunicación informal de noticias políticas a menudo es descrita, de manera despectiva y no del todo precisa, como rumor. Los administradores coloniales acostumbraban llamarle "telégrafo de matorral", mientras que los africanos franco parlantes han inventado un mejor término: radio trottoir o "radio pavimento". Independientemente del nombre que se prefiera, no hay duda de que millones de personas en todo el mundo se forman sus opiniones políticas con base en su propia experiencia o de lo que aprenden personalmente de aquellas personas en las que confían. Buena parte de esa información puede originarse en los medios, pero es difícil determinar en que medida. El que tanto influyen los medios sobre los electores sigue siendo una gran interrogante.

Por ejemplo, en las elecciones y el referéndum de Zimbabwe en el año 2000, la mayoría de los electores rechazaron los consejos ofrecidos por los medios más importantes. El estado disfrutaba de un virtual monopolio de todas las telecomunicaciones, que se encontraban bajo estricto control gubernamental. En el referéndum sobre una reforma constitucional, y posteriormente en las elecciones parlamentarias, la oposición tuvo un acceso mínimo a la radio y la televisión y la línea editorial de ambos fue abiertamente favorable al partido gobernante.

En ambas ocasiones, el grueso del electorado favoreció a la oposición. Quizá influyó la información crítica que circuló en la prensa privada. Pero, en última instancia, parece que la elección de muchas personas fue determinada por otros factores. Un grupo de monitoreo independiente sugirió incluso que la propaganda de último minuto a favor del gobierno pudo haber influido para que algunos electores marginales votaran por la oposición en el referéndum. Desafortunadamente, la calidad de la investigación no es lo suficientemente buena como para permitir una respuesta clara. ³⁹

Algunos estudios de grupo de enfoque en Ucrania sugieren un escepticismo popular análogo hacia los medios, a los que se les consideró como "no libres" y, por tanto, no merecedores de confianza. Los estudios sostienen que los medios "carecen, en primer lugar, de artículos analíticos" y que desempeñan un papel "insuficiente" para dilucidar los temas centrales de la campaña y preparar al público para las elecciones. Los grupos de enfoque dijeron que "los intentos de los medios masivos por arrojar luz sobre los acontecimientos políticos y económicos de manera oportuna y con calidad no fueron exitosos". Ver ¿En Dónde Consigue la Gente la Información Electoral? - Ukrania.⁴⁰

Incluso en democracias industriales donde los medios ocupan un lugar muy importante como fuentes de información política, la respuesta la cuestión de su influencia no es clara. En Gran Bretaña, el periódico de mayor circulación, el Sun, apoyó por muchos años al Partido Conservador, pero la mayoría de sus lectores, ubicados sobre todo entre los estratos trabajadores, apoyaban al Partido Laborista. Desde luego, el periódico pudo haber influido para que un segmento marginal, pero potencialmente significativo de electores cambiara el sentido de su voto. En 1997, el Sun cambió sus preferencias a favor del Laborismo y demandó ese crédito cuando ese partido ganó, si bien las encuestas de opinión y la magnitud de la mayoría Laborista mostraron que fueron muchos los factores que habían entrado en juego. De hecho, es probable que ese diario tenga una mayor influencia en el nuevo gobierno que entre el electorado. Los líderes del Partido Laborista estaban ansiosos de congratularse con el dueño del Sun, Rupert Murdoch, un indicador del nuevo orden globalizado en donde los medios son también poderosas corporaciones transnacionales.

ás en general, Gran Bretaña ofrece un caso interesante de estudio sobre la influencia política de los medios. Una gran parte de los medios impresos apoyan al Partido Conservador. Si su influencia sobre el electorado fuese decisiva nunca habría gobiernos Laboristas. Es claro que las cosas no funcionan de manera tan simple. De ahí que la influencia indirecta de los medios sea mucho más difícil de evaluar. Como es lógico, esos medios influyen en la agenda política al destacar asuntos que son prioritarios para el ala conservadora, como la ley, el orden y la restricción de la inmigración. De ahí que un gobierno laborista pueda adoptar política más conservadora porque cree que los medios influyen sobre el electorado en esa dirección.

¿Existe una Historia de Respeto por la Libertad de los Medios?

El que tanto cuente el gobierno de un país con un historial de respeto a la libertad de los medios tiene una gran importancia en la capacidad de estos para informar sobre las elecciones. A menudo, un país con poco historial también tendrá poca experiencia en elecciones, o al menos en elecciones libres y democráticas.

El significado de ese historial es tal que, incluso cuando se han levantado restricciones -por ejemplo, en la transición de un gobierno autocrático a uno democrático-, los medios pueden estar todavía influenciados por el recuerdo de la represión previa y tener reservas para informar de manera independiente y categórica. O puede que ocurra justo lo contrario: que los medios se solacen en nuevo clima de libertad, pero se conduzcan de una manera poco profesional e irresponsable. El legado de restricciones a la libertad de los medios puede pervivir en una estación de propiedad estatal o controlada por el gobierno que, aún en el contexto de un nuevo sistema democrático, se muestre renuente a actuar con independencia del gobierno. Con frecuencia lo que entra en juego es una combinación de los anteriores elementos. En un contexto así, las autoridades encargadas de regular la operación de los medios cumplen una función crucial en la creación de un ambiente más propicio para que los medios lleven a cabo las funciones poco familiares de información electoral de manera libre y profesional.

Existen diversas acciones a través de las cuales los gobiernos pueden infringir la libertad de los medios. Entre las más comunes se pueden citar:

• Ataques físicos a los medios y periodistas. Los más serios ataques usualmente tienen como propósito silenciar a algunos críticos e intimidar a otros. Los periodistas son golpeados, asesinados o "desaparecidos". Las locaciones de los medios son atacadas, allanadas ilegalmente o incendiadas. El blanco pueden ser los vendedores de periódicos, a quienes se les pueden golpear o confiscar ilegalmente los periódicos.
• El uso de recursos legales extremos contra los medios. El más amenazante de todos ellos es la censura previa, es decir, que la emisión de cualquier publicación esté sujeta a autorización oficial previa. El requisito de obtener licencia para las publicaciones o para ejercer la labor periodística, les confiere a las autoridades un fuerte control sobre los medios. Todo un arsenal de disposiciones legales puede ser utilizado para restringir la libertad de los medios, a menudo apelando a la seguridad nacional. Esas disposiciones pueden ser usadas como base para levantar cargos criminales contra los periodistas o propietarios de los medios, que pueden culminar en encarcelamientos prolongados. A veces se utilizan cargos de difamación o sedición, aún y cuando sea poco probable que los casos terminen en litigio judicial, con el propósito de intimidar a los periodistas o a sus fuentes de información. La imposición de medidas legales contra impresores y distribuidores es una forma muy efectiva de dañar la operación y la orientación independientes de los medios.
• Fuertes regulaciones sobre los medios. Un virtual o total monopolio estatal sobre los medios es una forma sumamente efectiva de evitar que se escuchen voces críticas. Aunque la máxima del periodismo es la de morirse en la raya por obtener un titular de ocho columnas, no hay duda que el control gubernamental de los medios ha sido - y sigue siendo-, el medio más común para restringir lo que el público aprende.
• Aún cuando existen medios independientes y se encuentran exentos de constreñimientos legales, el control gubernamental de recursos vitales como la electricidad, los talleres gráficos, los transmisores o los equipos de computo puede ser utilizados para intimidar o silenciar a voces independientes.

Es en las nuevas democracias o en fase de transición donde el legado de este tipo de restricciones tiene más incidencia. A veces siguen vigentes algunas leyes restrictivas, aún y cuando no son utilizadas tan a menudo como antes. Su simple existencia puede ejercer lo que convencionalmente se denomina un "efecto amenazador" en la libertad de los medios. Algunas veces, durante un período de transición, la violencia contra los medios puede efectivamente incrementarse, a medida que gobiernos represivos ya no pueden recurrir al mismo tipo de medidas de control legal de los medios y recurren a medidas secretas e informales de represión.

Con mayor frecuencia, es probable que un tercer tipo de restricciones siga vigente, las relativas al control gubernamental de una gran parte de los medios. Los gobiernos también pueden ejercer un control estricto sobre el sistema de autorización de licencias o permisos para operar medios de comunicación, con el resultado de que incluso los medios "independientes" son de hecho controlados por sus aliados políticos.

Pero no son solo las dictaduras las que restringen a los medios. Aún en democracias muy bien establecidas existen tensiones entre el gobierno y los medios. Esto es inevitable y no del todo indeseable ya que, después de todo, se trata de que los medios actúen como vigías de los gobiernos (ver Medios y Democracia). Sin embargo, estas tensiones no son absolutamente saludables. En las democracias desarrolladas es menos probable que los periodistas enfrenten amenazas al cumplir con sus deberes, pero pueden tener que hacer frente a demandas legales, por ejemplo, para forzarlos a revelar fuentes de información confidencial. Muchos de los juicios de la Corte Europea de derechos Humanos que han fijado normas sobre las obligaciones del gobierno respecto a la libertad de los medios han surgido de casos donde se han infringido derechos de los periodistas.

Ver Medidas para la Protección de los Periodistas y Seguridad de los Periodistas.

Importancia Relativa de los Distintos Medios

Es una gran variedad de factores económicos, políticos y culturales la que determina que medios son más importantes en cada país. Se ha vuelto muy común afirmar que los medios -y en especial su papel en las campañas electorales-, se ha "americanizado". Entre otras cosas, con esto se quiere dar a entender que la televisión cumple un papel dominante como medio de información. Si bien esto es cada vez más acertado, no lo es de manera universal. Además, lo que puede ser cierto para un segmento determinado de la sociedad no lo es para todos. Por ejemplo, es menos probable que quienes son más pobres o viven en áreas más remotas tengan mayor acceso a la televisión que los de mayores ingresos o áreas urbanas.

Estructura de la Propiedad de los Medios

El quien sea propietario de los medios evidentemente tiene una enorme importancia en la forma en que se cubran las elecciones - o cualquier otro tema político. Los medios de propiedad estatal se encuentran a menudo bajo control directo del gobierno y, por tanto, tienden a favorecer al partido en el poder. Los medios de propiedad privada también pueden servir a los intereses políticos de sus propietarios, mientras que en algunos países los propios partidos pueden poseer medios de comunicación importantes.

También es probable que la estructura de propiedad de los medios gravite sobre cuestiones tales como el tipo de publicidad política que se permite durante las elecciones. Es bien sabido que en los estados Unidos, donde los medios están casi exclusivamente en manos privadas, el acceso directo de los partidos a los medios se organiza a través de la publicidad pagada. Pero este no constituye un ejemplo aislado. En Finlandia, por ejemplo, las telecomunicaciones comerciales se desarrollaron mucho antes que en la mayoría de los países europeos, impera un enfoque mucho más liberal acerca de la publicidad pagada que en el resto de la región. Países como Dinamarca y Gran Bretaña, con una tradición más fuerte de propiedad estatal de los medios, no se permite ningún tipo de publicidad pagada, pero a cambio se tiene un sistema de acceso directo gratuito.

A veces se contempla a la propiedad de los medios como un simple reflejo de las condiciones políticas: los regímenes dictatoriales o autoritarios controlan directamente los medios, mientras que las democracias se caracterizan por la pluralidad. Hay un resabio de verdad en esto, pero lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las democracias de Europa Occidental, por ejemplo, contaron con un virtual monopolio estatal de las telecomunicaciones hasta fechas muy recientes. Gran Bretaña legalizó las telecomunicaciones comerciales privadas en los 50´s, pero Francia, Alemania y Dinamarca, no lo hicieron hasta los 80´s. Gran Bretaña y Francia son ejemplos especialmente relevantes debido a su amplio legado colonial - un legado que influyó sobre la organización de las telecomunicaciones y de muchas otras cosas.

En gran Bretaña y Francia ha existido, históricamente, una fuerte distinción entre las telecomunicaciones, con un fuerte componente público, y los medios impresos de propiedad privada. El fundamento para la participación del estado en las telecomunicaciones - o por lo menos en la asignación de permisos para operarlas-, ha sido que el espectro de frecuencias constituye un recurso limitado. Por tanto, el acceso debe ser distribuido imparcialmente. Sin embargo, en algunas democracias consolidadas, como las escandinavas, existe una tradición de financiamiento público para los medios impresos, como un medio para asegurar el pluralismo.

A su turno, los medios privados de América Latina estuvieron a menudo claramente identificados con las dictaduras militares de los 60´s y 70´s. Lejos de promover el pluralismo, estos medios abogaron por su supresión. Por cierto, muchos podrían argumentar que las grandes corporaciones que dominan los medios en Estados Unidos no cumplen con la función de expresar opiniones políticas alternativas. Independientemente de cual sea la certeza de esos alegatos, es claro que no existe una correlación directa entre la propiedad privada y el pluralismo de los medios.

La economía también desempeña un papel importante a la hora de determinar la estructura de propiedad de los medios. El tamaño del "pastel" que representa la publicidad varía de acuerdo con las condiciones económicas, pero generalmente no es mucho lo que cada medio en lo individual puede hacer al respecto. Todos los medios privados - y algunos públicos-, dependen de la publicidad para lograr que su negocio sea rentable. Una de las razones del gran peso de los medios del sector público en los países pobres es el tamaño tan pequeño de ese pastel - y en particular el hecho de que la publicidad del gobierno represente la tajada más grande de él.

En los países africanos, por ejemplo, así como en algunas partes de América Latina y Asia, esto explica porque las cadenas nacionales de radio y las telecomunicaciones en frecuencias de onda media y larga sean casi por completo de propiedad pública. Los publicistas privados están básicamente interesados en llegar a una audiencia urbana con ingresos medios - el tipo de audiencia atendida por estaciones de FM (la mayoría de las cuales transmite sobre todo música). Incluso cuando las regulaciones aplicables a las telecomunicaciones lo permiten, aunque no siempre es así, ni las corporaciones ni los publicistas privados tienen mucho interés en contar con alcance nacional. En estas condiciones, el pluralismo en las transmisiones solo puede asegurarse desarrollando un claro mandato de servicio público para los medios estatales.

La emergencia de medios satelitales o de televisión por cable complica este panorama, pero contrario a lo que se sostienen sus principales defensores, no lo altera sustancialmente. Obviamente, aquellos que pueden contratar un servicio de paga no están entre los más pobres - de cualquier forma, los propietarios de la televisión rara vez reparan en esa categoría. Los proveedores de cable y de transmisiones satelitales a nivel local están sujetos a los mismos constreñimientos políticos y económicos que los de las telecomunicaciones convencionales. Las cadenas internacionales como la CNN o la BBC pueden ayudar de manera significativa a romper monopolios comunicacionales. Es por ello que muchos países, especialmente en el Medio Oriente, han prohibido la propiedad de antenas parabólicas (prohibición que fue eludida en un muy memorable caso norafricano con su sustitución masiva por sartenes). El Medio Oriente es un terreno fértil para la transmisión satelital porque comparte un lenguaje común, el árabe. Muy pocas regiones en el mundo comparten un lenguaje común, lo que significa que las transmisiones en inglés generadas en Londres o Atlanta solo tienen un impacto limitado.

Con el ánimo de simplificar al máximo las distintas formas de propiedad de los medios, tendríamos las siguientes:

• Medios de propiedad estatal o pública, básicamente en el área de las telecomunicaciones (ver Medios Públicos o Estatales.
• Empresas de telecomunicación privadas (ver Empresas de Telecomunicación Privadas).
• Medios impresos predominantemente privados (ver Medios Impresos).
• Medios comunitarios (ver Medios Comunitarios).
• Medios de propiedad directa de los partidos políticos (ver Medios de los Partidos Políticos).

Medios Públicos o Estatales

Un porcentaje muy grande de los medios en todo el mundo -especialmente la radio y la televisión-, son propiedad pública o del estado. Se utilizan tres términos distintos que, al menos en principio, tienen un significado diferente:

• Medios públicos que utilizan fondos públicos para realizar transmisiones de interés para todo el público.
• Medios propiedad del estado (si bien el estado se financia con fondos públicos) y directamente operados por él.
• Medios que son propiedad y son controlados por el gobierno en funciones (pero que también utilizan fondos públicos).

Son dos los modelos de telecomunicaciones públicas o estatales que se desarrollaron en paralelo. En Europa Occidental, la mayoría de las telecomunicaciones fueron originalmente de propiedad pública, pero operando normalmente bajo estrictas garantías legales de independencia respecto al gobierno en funciones. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética (y después en muchos países bajo su liderazgo), operó un modelo de telecomunicaciones bajo control gubernamental y orientado al logro de determinados objetivos estatales.

El modelo de servicio público europeo generalmente funcionó bien en sus países de origen pero no se difundió debidamente. Los medios coloniales basados en el modelo británico o en el francés disfrutaron de muy poca de la independencia de sus precursores metropolitanos, basándose más en prácticas convencionales que en fuertes garantías legales. Después de la independencia, los gobiernos poscoloniales continuaron con la tradición de las comunicaciones como propaganda gubernamental. De ahí que la clara distinción de origen entre el gobierno y los medios públicos se haya perdido por mucho en la práctica.

Pero la distinción sigue siendo importante. Las transmisoras de servicio público se fundaron en una convicción que sigue siendo válida en gran parte del mundo: el sector privado por sí mismo no puede ser garantía de pluralismo. El problema es que los medios gubernamentales también han fallado mucho en hacerlo. En muchos países, el advenimiento de las telecomunicaciones privadas terminó propiciando que el gobierno reforzara su control editorial sobre los medios públicos.

En algunos casos ha habido serios intentos por reavivar y modernizar el ideal de servicio público: en Sudáfrica, por ejemplo, donde desde 1993 las telecomunicaciones públicas gozan de independencia reconocida legalmente e incluso, en algún momento, sus juntas directivas fueron nombradas después de realizar audiencias públicas.

Los medios públicos o estatales suelen ser financiados de una de tres fuentes fundamentales:

• Una cuota para concederles licencia que es pagada por los televidentes.
• El presupuesto gubernamental
• Publicidad comercial.

En algunos casos este puede ser complementado por otros ingresos, como la venta de programas. Estas distintas fuentes de ingreso tienen implicaciones potenciales para la independencia cotidiana de los transmisores. Una tarifa de operación o la publicidad comercial puede hacer más fácil que el medio guarde distancia respecto al gobierno, aunque seguirá dependiendo de mecanismos gubernamentales (con frecuencia del servicio postal) para juntar la cuota.

Gran parte del debate acerca de la "regulación" de los medios durante las elecciones -un término que crea nerviosismo entre algunos defensores de la libertad de expresión-, en realidad tiene más que ver con el hecho de que medios financiados públicamente operen con la debida independencia del gobierno en funciones, que con tratar de restringir las operaciones de los medios que ya disfrutan de plena independencia editorial.

Los medios de propiedad pública o estatal se ubican usualmente en el campo de las telecomunicaciones. Pero todavía existen muchos diarios o medios impresos de propiedad gubernamental. No gozan de la misma racionalidad económica que los medios de telecomunicación públicos y a menudo funcionan apenas como algo más que propagandistas del gobierno. Sin embargo, hay excepciones, el periódico del gobierno de Uganda, por ejemplo, es reconocido como una fuente informativa confiable e independiente. Pero con frecuencia, incluso, enfoques innovadores para la propiedad de los medios impresos desembocan en el mismo viejo patrón. Inmediatamente después de su independencia, Zimbabwe creó una Junta Directiva de Medios Masivos para ejercer control sobre su principal cadena de diarios. En la práctica, esta rápidamente degeneró en un control editorial directo por parte del Ministerio de Información.⁴¹

Empresas de Telecomunicación Privadas

Existe una amplia variedad de empresas de telecomunicación privadas -que van desde gigantescas corporaciones transnacionales, operadas por algunos de los hombres más ricos y políticamente poderosos en el mundo, hasta pequeñas estaciones locales de radio. La categoría es artificial, puesto que lo que las une es tan grande como lo que las separa.

Sin embargo, lo que tienen en común es que son propiedad de intereses privados -usualmente una compañía que busca generar ganancias, aunque hay algunas que no persiguen fines de lucro sino generar confianza. En la mayoría de los casos, su operación se regirá por los términos de una licencia garantizada periódicamente por una autoridad pública. Desde luego, hay variaciones en que tan restrictivos o normativos sean los términos de la licencia o permiso oficial. Algunas veces puede prohibir expresamente la transmisión de noticias. Este es el caso de la licencia otorgada a la transnacional sudafricana M-Net, por ejemplo. M-Net se dedica exclusivamente a ofrecer canales de entretenimiento, por lo que las elecciones, con el revuelo y controversia que generan, son totalmente ignoradas.⁴²

A menudo, la licencia de operación fijará ciertos términos bajo los cuales pueden transmitirse noticias o asuntos de actualidad. En un extremo se ubica Estados Unidos, donde las telecomunicaciones públicas desempeñan un papel marginal, por lo que los electores obtienen gran parte de la información electoral de medios privados. Paradójicamente, un país como Tanzania, donde la televisión fue introducida en fechas muy recientes, la televisión privada tiene mucho mayor peso que la pública. (Esto contrasta con la mayoría de los países africanos donde predomina la televisión estatal -e incluso con Zanzíbar, la región de Tanzania donde la televisión existe desde hace mucho tiempo).⁴³

La televisión privada es el medio que experimenta un mayor crecimiento en muchas partes del mundo -no sólo en Europa Occidental, donde tuvo comparativamente registro un inicio tardío, sino también en África, América Latina, Asia y Europa Oriental. En muchos casos, los propietarios de los medios tienen ambiciones políticas y electorales explícitas. El ejemplo más evidente es el de Silvio Berlusconi en Italia, cuyas estaciones promovieron exitosamente sus ambiciones para convertirse en Primer Ministro de su país. Un fenómeno similar se observa en algunos países de América Latina y en Rusia.

Medios Impresos

Los medios impresos muestran la mayor diversidad de todos, en términos de propiedad y contenidos. Comprenden desde diarios hasta revistas semanales, desde periódicos noticiosos hasta publicaciones para intereses especiales y de lo más disímbolos. Para los efectos de esta publicación, el interés se centra en los diarios, si bien muchas de las normas y observaciones también son aplicables a otro tipo de medios impresos.

Aún en situaciones en donde el gobierno controla una buena parte de los medios de telecomunicación, los medios impresos usualmente se ubican en manos privadas. Es posible que las principales excepciones sean los sistemas autoritarios o dictatoriales donde es poco probable que la celebración de elecciones libres figure en la agenda. Pero también hay países, como algunos del norte de Europa, donde se brinda un subsidio público a los periódicos para procurar la diversidad política de la prensa. En países que van saliendo de regímenes dictatoriales, los donantes de ayuda a menudo subsidian diarios privados con un propósito similar. Sin embargo, los periódicos obtienen, por mucho, sus principales ingresos de publicidad y ventas (siendo usualmente los de publicidad mucho más significativos).

El ideal de un "cuarto estado" o "cuarto poder" - los medios como fiscalizadores del gobierno-, es quizá más efectivo en los medios impresos que en las telecomunicaciones. Es probable que al menos algunos periódicos de cualquier país conduzcan una investigación seria de la información o comenten de una forma relativamente profunda o sofisticada los acontecimientos políticos. Esto no siempre es cierto en el caso de la radio y la televisión.

Aún así, los periódicos suelen tener su propia agenda política, que no siempre es democrática. Un ejemplo notable fue el del diario chileno El Mercurio, que realizó una abierta campaña en contra del gobierno elegido en 1973 y a favor de un golpe militar -un caso evidente en que la prensa lamentablemente no promovió el pluralismo político. Sin embargo, el argumento usual es que la existencia de distintos diarios que reflejen las distintas opiniones asegurará un público mejor informado y un libre intercambio de las ideas políticas.

Medios Comunitarios

Los medios de comunicación comunitarios son un fenómeno de rápida expansión en distintas partes del mundo. Mucho se discute quienes están exactamente facultados para denominarse medios comunitarios. Convencionalmente, la denominación incluye algo que es producido por y para la comunidad. En otras palabras, no solo se trata de que esté enfocado a una pequeña área local, sino que debe ser producido con el concurso de la comunidad.

Pero entonces ¿qué es una comunidad?. Usualmente se asume que el término se refiere a una comunidad geográfica. Pero en Sudáfrica, por ejemplo, que cuenta con una de las cadenas comunitarias más grandes en el mundo, el término también se refiere a una comunidad de intereses, especialmente entre sectores desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, puede haber una "comunidad de mujeres", una "comunidad de homosexuales", o una comunidad de "personas con discapacidades". También podría haber medios dirigidos a gente con cierto credo religioso.⁴⁴

Los medios mismos también difieren. Los periódicos comunitarios cuentan con un largo historial, pero en los últimos 20 años se ha registrado la emergencia de tecnologías de menor costo para las telecomunicaciones, acompañada de un liberalización en el régimen de permisos o autorizaciones de operación. En algunos países, esto ha facilitado el surgimiento de un robusto sector en la radio comunitaria (y, en menor medida, en la televisión).

El significado de esto para las elecciones es de inmediato evidente. Los medios comunitarios, casi por definición, tienen una audiencia pequeña pero muy leal. Para efectos de educación electoral, los medios comunitarios serían muy importantes, sobre todo en la medida que pueden atender a segmentos de la sociedad que son obviados por medios más tradicionales. Ver Medios de Impacto Comunitario.

Con frecuencia, los términos de los permisos para la operación de telecomunicaciones comunitarias prohíben expresamente la realización de campañas políticas. Sería especialmente importante para la autoridad encargada de su regulación monitorear el cumplimiento de los términos de su permiso durante los períodos electorales.

Medios de los Partidos Políticos

Es una paradoja, pero es posible que aquellos medios que son propiedad y están controlados directamente por partidos políticos sean los más interesados en el resultado de una elección -y al mismo tiempo se ubiquen por completo al margen de la mayoría de los sistemas de regulación. Si un diario es simplemente una hoja de campaña del partido que lo posee, no está efectivamente vinculado por ninguna de las normas profesionales o legales que rigen la operación de los medios en su conjunto.

En muchos países no se permite que los partidos posean estaciones de radio o televisión, ya que ello se considera una distribución injusta de un recurso nacional - el campo de frecuencias-, a favor de un interés político específico.

En esencia, los medios partidistas se ubican en tres grandes categoría. Corresponde a la autoridad decidir entre:

• Páginas de propaganda que no caen dentro de los medios regulados, pero pueden ser monitoreadas si, por ejemplo, representan gastos de campaña, que pueden estar limitados por la ley.
• Medios privados convencionales que únicamente son propiedad de un partido. En este caso, tienen que avenirse a las normas o regulaciones aplicables a los medios privados.
• Medios gubernamentales, en una situación en la que el gobierno y el partido en el poder estén interrelacionados. En ese caso, los medios que utilicen recursos públicos deben observar las mismas normas que cualquier otro medio público -lo que en la práctica probablemente signifique que no pueden realizar campaña partidista alguna.

Un "Nuevo" Medio: Internet

Internet ha sido aclamado como la próxima revolución en las comunicaciones electorales, en la misma manera que se afirma que ha revolucionado los flujos globales de información. Ya se llevan a cabo sondeos de opinión a través de internet (aunque uno espera que sus resultados se traten con extremo cuidado) y ya se ha vaticinado que la elección presidencial estadounidense del 2004 será la primera "elección por internet".⁴⁵ Manejar ese tipo de afirmaciones con una cuota de escepticismo no significa descalificarlas de antemano -simplemente se trata de tomar un enfoque prudente sobre el lugar que ocupa internet en la estructura general de los medios.

El primer punto es que internet depende de las telecomunicaciones -todavía en gran medida líneas terrestres más que telefonía celular. Otros dos factores de inmediato resaltan el significado de esto. Primero, hay más teléfonos en Manhattan que en todo África. Segundo, en Sudáfrica, que ocupa la décima octava posición mundial en términos de conectividad a internet, más de la mitad de la población jamás ha realizado una llamada celular.⁴⁶ Dicho en términos simples, internet es un medio de comunicación para la población relativamente adinerada, no para la gran masa de electores en el mundo. En ello se distingue del radio, incluso de la televisión, y es probable que se mantenga así en el futuro previsible.

Sin embargo, internet se ha convertido rápidamente en un medio de comunicación política muy importante -como lo constatan los esfuerzos de países como China a fin de limitar el acceso a sitios de internet "subversivos". En circunstancias en que los medios convencionales operan con muchas censuras, internet puede ser un medio importante para que un pequeño grupo de personas reciban información políticamente sensible que luego puede ser diseminada más ampliamente. En otras palabras, para la mayor parte del orbe, el significado es más que, internet permitirá poner en circulación un mayor número de ideas distintas, que el de servir como un medio de comunicación masiva para partidos, candidatos o autoridades electorales.

También es posible que la "convergencia" entre la tecnología de la radio y la televisión así como de las telecomunicaciones más modernas conlleve a una vinculación más estrecha entre los medios tradicionales e internet. Por supuesto, los principales proveedores en uno de esos campos puede fácilmente desplazarse a otro. La telefonía ha pasado al uso de satélites, mientras que la radio o tele emisiones se han movido al uso de la fibra óptica. Una probable consecuencia económica y social reside en el crecimiento de los monopolios privados en la radio, la televisión e internet.

Incluso en los Estados Unidos, donde el uso de internet está más extendido, es sorprendente que los partidos políticos hayan hecho un uso tan limitado y poco sofisticado de internet. Quizá esto se explique por las reservas de los políticos modernos para involucrarse en interrelaciones espontáneas con el electorado. Los sitios o páginas en internet de los políticos tienden a presentar o reproducir los mismos materiales que están disponibles en medios o formatos más tradicionales.

En el terreno electoral donde internet se ha desarrollado más rápido es el relacionado con la colocación de materiales por parte de organizaciones no gubernamentales. En Estados Unidos esto ha incluido bases de datos con búsqueda en línea que le permitan a todo el público acceder a información sobre las contribuciones de campaña de diferentes candidatos -una aplicación que solo puede contribuir a fortalecer la democracia.

Sin embargo, una aplicación más problemática consiste en el uso de internet para violentar estándares convencionales que han sido ampliamente aceptados por todos los medios "tradicionales" - por ejemplo, informar sobre los resultados de sondeos de opinión o encuestas a boca de urna antes de que concluya la votación (ver Reporting Exit Poll Findings - United States).

Junto con los medios convencionales, el uso de internet va a adquirir una importancia cada vez mayor. Después de todo, muchos periodistas utilizan hoy en día internet como una fuente usual para sus reportajes. Las autoridades electorales utilizan la red con una frecuencia cada vez mayor para divulgar información. Esta información después puede ser recuperada por los medios convencionales y difundirla de manera más amplia. Esto es particularmente importante para cuestiones como la difusión de resultados, por citar un ejemplo. Si un sitio de internet puede ser ligado al sistema automatizado que contiene la base de datos de la autoridad es posible que los resultados sean transmitidos públicamente de manera inmediata.

Internet también puede ser un medio importante para distribuir materiales tales como paquetes para emisiones radiales. Este es un medio particularmente efectivo para hacer llegar este tipo de programaciones a estaciones de radio locales o regionales en países de gran tamaño - Indonesia, por ejemplo, ha ensayado este método. Esto reviste una utilidad potencial para distribuir materiales de educación electoral u ofrecer acceso directo a él.

Ver también Información sobre la Votación, Encuestas de Salida, Reporting Exit Poll Findings - United States and An Internet Election - Romania.

Nivel de Profesionalismo

Un elemento importante en el ambiente de los medios de comunicación es el grado de profesionalismo y experiencia de los reporteros y de otros profesionales del ramo. Es común que los periodistas en un país que recientemente ha emergido de un sistema político altamente restringido carezcan de las habilidades y estándares profesionales en comparación con los que se desenvuelven en un país que cuenta con una larga tradición en términos de libertad de prensa.

En ocasiones, los medios de comunicación emergen de una situación en la que los periodistas no se desempeñan en un marco de libertad. En estos casos bien puede haber una tendencia a abusar de estas nuevas libertades, a través de historias mal investigadas o faltas de precisión. De igual forma, los periodistas que están en esta situación simplemente no pueden aportar el grado de profesionalismo que de ellos se espera,: no cuentan con órganos profesionales o sindicatos con códigos de conducta. Carecen de las habilidades básicas para investigar, revisar y escribir historias para su publicación. Específicamente es probable que periodistas que están cubriendo su primera elección libre, ésta les resulte poco familiar, aún en los más elementales aspectos del proceso. En muchas ocasiones no habrá facilidades para capacitar a los periodistas o al menos ninguna que les brinde las habilidades necesarias para jugar su papel de "guardián" de los medios de comunicación en una democracia (ver Capacitación Periodística).

Sin embargo, la experiencia de una régimen autoritario no será enteramente negativa. En muchos casos los periodistas independientes han jugado importantes roles al poner de rodillas a algunos dictadores, metafóricamente hablando. Los periodistas realizan una buena investigación, publicando sensibles historias en un contexto donde los medios profesionales de comunicación habrán dado uso a sus habilidades profesionales que de algún modo son inigualables para sus colegas en circunstancias amistosas. En el contexto de un proceso electoral, el reto profesional será el de llevar estas habilidades a enfrentar un nuevo y poco familiar conjunto de historias a publicar.

Capacitación Periodística

Los estándares para periodismo serán determinados en parte, por la existencia de instituciones de capacitación. Esto a su tiempo será influenciado principalmente por dos factores: el contexto político y el contexto económico.

En situaciones en donde el contexto periodístico es altamente restringido, hay pocas probabilidades de que haya instituciones o centros académicos de capacitación para los periodistas que les proporcione las habilidades necesarias. Es poco probable asimismo que los órganos profesionales tengan la voluntad, o estén facultados para proporcionar tal capacitación. En países de escasos recursos, la capacitación de periodistas pocas veces es vista como una prioridad. Esto a menudo tiene que ver con el bajo estatus social que priva en el medio.

En cualquier circunstancia, esta actividad puede ayudar a desarrollar programas de capacitación sobre una base regional e inclusive internacional. Las organizaciones internacionales de periodistas, como la "Federación Internacional de Periodistas", cuentan con una significativa experiencia (inclusive en el área de reportes electorales) y están en condiciones de brindar capacitación, especialmente en las nuevas democracias o en las que se encuentran en transición. (ver International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook). Las instituciones regionales de capacitación pueden proporcionar cierto tipo de capacitación que engrana muy bien con la experiencia de los periodistas locales, sin las limitaciones políticas y económicas.

Ver también Capacitación de los Periodistas.

Marco Legal para los Medios de Comunicación

Un factor importante para la determinación del pluralismo, independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual realizan sus actividades. Los periodistas a menudo tienen la visión de que todo irá mejor, entre menos tengan que lidiar con la legislación. Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en que se desenvuelvan los periodistas esté enfocado a crear un ambiente en donde prevalezca el periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos que intervienen en su desempeño.

El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación derivan en primera instancia de la legislación internacional. Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las demás leyes. En su Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR):

Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o impresas, a través del arte, o de cualquier otro medio de su preferencia.

Este es un tratado, el cual es cubierto por cualquier Estado hasta que es ratificado.

Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de medios. Ver Legislación Internacional y International Treaties on media and elections.

A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por leyes a distintos niveles:

• La Constitución - ley suprema o básica del territorio (ver Protección Constitucional para la Libertad de los Medios de Comunicación).
• estatutos, aprobados por la legislatura (ver Estatutos que Afectan a los Medios de Comunicación).
• Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria (ver Otros Instrumentos Estatutarios que Afectan a los Medios de Comunicación).

Por supuesto que en principio, todas estas áreas de la ley estarán ligadas a otras de distinta manera. Si un país ha ratificado el ICCPR o algún tratado regional de derechos humanos, en consecuencia su contenido se verá reflejado en la Constitución, la que a su tiempo determinará el contenido de la ley subsidiaria. No obstante, la vida rara vez es así de simple.

En un grán número de sistemas legales, la ratificación de tratados no encuentra automáticamente su camino dentro del cumplimiento de la legislación nacional. Las constituciones quizá tuvieron que ser diseñadas con mucho tiempo de anticipación, previo a su ratificación. O bien, las Constituciones pueden reflejar los progresivos desarrollos en la ley de libertad de expresión, no obstante que otros estatutos no hayan sido reformados. En un principio, la ratificación de los tratados puede sentar precedencia sobre la Constitución y proporcionar los medios para interpretarla. O pueden considerar ser del mismo estatus. O pueden esperar formar parte de la legislación local, pero en un nivel inferior a la Constitución. De la misma forma, la Constitución usualmente será soberana en relación a los estatutos, los cuales serán considerados inefectivos si entre ambos entran en conflicto.

Todo lo anterior, a su turno, está en función del grado en que los gobiernos respetan el estado de derecho en la práctica. Aún en democracias estables, esto no es algo que pueda ser darse por hecho. Un gobierno, fácilmente se puede sentir ofendido por lo que a su juicio es una prensa curiosa y entrometida y toma medidas ilegales para frenar sus investigaciones -confiscar ilícitamente las notas de los periodistas para organizar escuadrones de la muerte. En esta área, como en muchas otras, es de suma importancia que la vigilancia del sistema judicial esté preparado para confrontar al gobierno.

Protección Constitucional para la Libertad de los Medios de Comunicación

La tendencia en años recientes ha estado dirigida a fortalecer el papel y supremacía de la Constitución en la Ley y el Gobierno. Cada vez en mayor medida, nociones como la de "Soberanía del Parlamento" están siendo reemplazadas por la idea de que debe haber una única ley suprema que gobierne a todos por igual. Aún la Gran Bretaña, cuna del concepto de "Soberanía del Parlamento", con su supuesta "Constitución no escrita o de palabra", ha incorporado a la Convención Europea de Derechos Humanos dentro de su ley local como una forma de factura de derechos. Los Estados Unidos, por el contrario, cuenta con una larga tradición en reglas constitucionales. La primera enmienda a la Constitución de este país establecía que "el Congreso no debería elaborar ninguna ley que resumiera la libertad de expresión, o de prensa" en otras palabras la ley suprema está sobre la legislatura.

Más generalmente, las constituciones antiguas que brindan una protección general a la libertad de expresión ahora son entendidas para englobar la libertad de los medios y el derecho a la libertad de información: dos de los aspectos más relevantes donde los medios y las elecciones representan una mayor preocupación. La Constitución de Sudáfrica (1996) representa algunos de los pensamientos constitucionales modernos más progresivos sobre la libertad de los medios, en su sección 16 sobre la libertad de expresión:

(1) Cualquier persona goza del derecho de libertad de expresión, la cual incluye - (a) libertad de prensa y de otros medios; (b) libertad para recibir o compartir información e ideas; (c) libertad de creación artística, y (d) libertad académica y libertad de investigación científica; y (2) el derecho en la subsección (1) no es extendible a- (a) propaganda con fines bélicos; (b) incitación a la violencia; o (c) defensa del odio que esté basado en la raza, etnicidad, género o religión, y que constituya una incitación a causar daño.

La excepción en la sección 16(2) tiene su eco en el Art. 20 del Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Cuando se introduce una protección constitucional a la libertad de expresión, el gobierno puede conducir y auditar las leyes existentes para determinar su conformidad con la Constitución. Cualquiera que no deba ser rechazada o corregida para que esté hecha de conformidad a la Constitución

No obstante en muchas instancias, como en el caso de las auditorías, no se lleva a cabo. La constitucionalidad de las leyes existentes sólo será puesta a prueba por litigio cuando el gobierno intente aplicar una ley que no esté actualizada. Es en estas circunstancias que la existencia de un órgano judicial independiente que está preparado para hacer respetar la protección constitucional de los derechos cobra especial importancia. Bajo la mayoría de las Constituciones el derecho a la libertad de expresión puede ser suspendido o "derogado" en ciertas circunstancias excepcionales. De conformidad a los estándares internacionales, esto únicamente puede pasar cuando se declara un estado de emergencia. La suspensión de los derechos únicamente se presenta durante el tiempo que dure una amenaza real de emergencia en la nación.

Estatutos que Afectan a los Medios de Comunicación

Distintas tradiciones legales tienen a su vez varios enfoques sobre el papel de la ley estatutaria con relación a los medios de comunicación (u otros aspectos de la vida nacional). Los países que cuentan con una legislación civil o tradiciones legales socialistas tienden a tener un estatuto que regula el desempeño de los medios de comunicación. Los países con una ley ordinaria no tienden a hacerlo, en su lugar asumen que los medios son sujetos a la legislación general del país, a excepción de áreas muy específicas. (ver En caso que la Legislación Impacte a los Medios de Comunicación).

La amplia variedad de sistemas hace muy difícil generalizar acerca de si las leyes cumplen con las disposiciones establecidas para los medios de comunicación. La siguiente, sin embargo, es una lista de principios derivados de distintos estándares internacionales que nos dan alguna indicación sobre las leyes que en apariencia permiten cierto margen de movimiento a los medios:

• Cualquier persona es libre de poner en funcionamiento un medio de comunicación, siempre y cuando acate lo establecido en la legislación básica administrativa del país. No habrá procedimientos para legislar a los medios impresos. Los medios de radiodifusión pueden ser legislados a través de un órgano regulador de la publicidad responsable, de conformidad a los estándares disponibles en la materia. (Ver Marcos Reguladores Existentes de los Medios de Comunicación)
• Cualquier persona es libre para desempeñarse como periodista. No habrá calificación legalmente prescrita o proceso de registro. La ley sobre difamación proporcionará un recurso civil en caso de daño intencionado -que no sea considerado como delito. La ley de difamación ofrecerá menos protección a políticos y otras figuras públicas que a personas y entidades privadas (ver Críticas a los Políticos y Gobierno).
• Las leyes sobre sedición no castigarán a periodistas y otras personas sobre la base de la información de hechos o por la expresión de opiniones. Las disposiciones sobre "seguridad nacional' serán seguidas con estricto apego y únicamente aplicarán en el caso de considerarse una seria amenaza a la vida de la nación -no para proteger a organismos políticos o agencias gubernamentales del escrutinio legítimo.
• Habrá la presunción de que la información oficial pertenece al público. Únicamente se protegerá para salvaguardar los intereses legítimos de seguridad nacional o por una serie de razones claramente definidas. De otra manera, deberá haber mecanismos para asegurar el acceso público a la información oficial.
• Los periodistas no podrán ser obligados a revelar las fuentes confidenciales de información, excepto en ciertas circunstancias en la práctica, únicamente cuando se interfiere una investigación por delitos y cuando la información no se puede conseguir de otras fuentes.

Otros Instrumentos Estatutarios que Afectan a los Medios de Comunicación

A efecto de darles una mayor fuerza a un significativo número de los estatutos aprobados por la legislatura éstos necesitarán de la promulgación más detallada de sus regulaciones. Por decir algo, la legislatura puede aprobar un estatuto para radiodifusión, sin embargo las regulaciones serán preparadas para hacer a un lado el procedimiento exacto de legislación. Tales regulaciones normalmente serán determinadas por el Ministro responsable. Esta clasificación de instrumentos estatutarios es, en sí una ley, sin embargo es inferior a un estatuto aprobado por la legislatura. En caso de presentarse un conflicto entre ambos, prevalecerá el estatuto.

Existe otra modalidad de instrumento estatutario que presenta una mayor complejidad. Los gobiernos autoritarios a menudo regularán por decreto, que también es una ley. Aunque la mayoría de los sistemas legales podrían ser considerados como inferiores a una legislación aprobada por el Parlamento, algunas veces un decreto puede autodeclararse como superior a otra ley, incluso más que la propia Constitución. (la dictadura militar en Nigeria, por ejemplo, promulgó muchos decretos de esta naturaleza). En tan difíciles circunstancias, será responsabilidad del poder judicial confirmar la superioridad de las leyes establecidas sobre los pronunciamientos dictatoriales.

En caso que la Legislación Impacte a los Medios de Comunicación

La importancia de los casos anteriores al interpretar la ley, difiere en función de los diversos sistemas legales. Generalmente, los sistemas de legislación ordinarios trabajan en buena parte sobre un caso legal, en el entendido de que la "legislación ordinaria" no está escrita para nadie y que no depende de juicios particulares. Un juicio en cualquier caso se basará en gran medida sobre previos juicios de casos similares. Aunque naturalmente se sientan precedentes en casos de juicios sobre el propio país (y más de los tribunales superiores), este enfoque permite considerar y sentar precedentes legales de otros países que tienen un sistema legal parecido.

Históricamente, países con legislación civil no comparten este enfoque. No obstante, el desarrollo de la legislación internacional en muchos casos nos ha proporcionado nuevos estándares de interpretación. De este modo, por ejemplo, la legislación española necesita considerar la consulta de la Convención Europea de los Derechos Humanos para interpretar su propia Constitución. La jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, tales como el interamericano y el europeo, trasciende las distinciones que señalan las jurisdicciones del derecho civil y el consuetudinario. Se le puede invocar bajo cualquiera de estos sistemas.

En la práctica, los sistemas legales ordinarios cuentan con un creciente cuerpo de leyes estatutarias, mientras que los sistemas con legislación civil han ubicado este enfoque en casos anteriores -incluidos en ambos sistemas con relación a los medios y las elecciones. Los dos sistemas indudablemente están creciendo estrechamente.juntos.

Marcos Reguladores Existentes de los Medios de Comunicación

Una parte fundamental en el contexto de los medios -y uno de particular relevancia durante una elección- es el sistema regulatorio vigente. Este se presenta en todas las formas y magnitudes sin embargo, por conveniencia, puede ser dividido en tres tipos principales:

• Regulador de las radiodifusiones: Existen en donde hay transmisiones. Su función básica es asignar frecuencias a los transmisores. Hasta cierto punto esto conllevará tomar la decisión sobre quien consigue un permiso para transmitir y quien no. Asimismo, puede involucrar la determinación de los términos de la licencia para prescribir los tipos de contenido que el titular del permiso puede o no puede transmitir, y también puede incluir un mecanismo de impugnación. Ver Regulador de las Radiotransmisiones.
• Consejo Voluntario de Medios: esta es una forma de autorregulación que es muy común entre los medios impresos en particular. Los consejos de medios pueden elaborar códigos de conducta, considerar mecanismos para la presentación de quejas y conducir programas de capacitación para periodistas. Esto no es, sin embargo, un mecanismo para legislar a los periodistas o para determinar quien puede practicar esta actividad. Ver Consejo Voluntario de los Medios .
• Otro regulador estatutario: una gran variedad de instituciones caen en este apartado. Estos van desde organismos constitucionales diseñados para asegurar la independencia de los medios, hasta autoridades legisladoras que controlan a todo aquel que pueda publicar un diario o ejercer como periodista. Ver Regulaciones Estatutarias o Constitucionales.

El sistema regulador tendrá en muchos de los casos una considerable influencia sobre la independencia y profesionalismo de los medios. Un sistema ceñido al control gubernamental posiblemente no es capaz de promover el pluralismo y la diversidad entre los medios. Un sistema voluntario, o uno, con fuertes garantías de independencia constitucional, puede salvaguardar el pluralismo en los medios de la interferencia gubernamental y puede ayudar a desarrollar habilidades y estándares profesionales.

Un órgano regulador independiente y confiable puede ser muy importante en una elección, en tanto puede tomar parte en ciertas o todas las funciones especializadas involucradas en la regulación de los medios durante una campaña electoral. Ver Instrumentación de Mecanismos para los Medios y las Regulaciones Electorales.

Regulador de las Radiotransmisiones

La palabra 'regulación' es una de las que ponen nerviosos a los periodistas y a los radiotransmisores, aunque en la realidad en casi cada país del mundo una persona decide quién puede transmitir y sobre qué frecuencia. El principal argumento a favor de contar con un órgano de esta naturaleza es que tanto la radio como la t.v. son recursos limitados. Es materia de política nacional la forma en que están distribuidos -distintos a la publicación de diarios, por ejemplo, los cuales en gran medida pueden determinarse sobre la base de qué es lo que los electores quieren leer. Si no hubo una adjudicación estatutaria de frecuencias, entonces cualquier persona con un potente transmisor, puede establecer una transmisora con una débil señal desde una frecuencia adyacente. De ahí que la regulación, cuando es instrumentada adecuadamente, no es un medio de censura, sino que sirve para asegurar que se escuchen una gran variedad de opiniones.

Existe un creciente argumento de que en la era de las transmisiones vía satélite y la tecnología digital, así como de la convergencia entre las transmisiones y telecomunicaciones, los viejos razonamientos para la regulación de estos medios se hayan vuelto redundante. Ahora, se dice, que hay suficientes canales para que la gente exprese su opinión. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte del auditorio para transmisiones, aún utiliza las viejas tecnologías -a menudo desde una pila eléctrica, un radio de transistores con mecanismo de reloj, o hasta un equipo de ordinario de t.v. Actualmente, puede haber una mayor y más amplia disponibilidad de tecnología satelital que antes, pero las transmisoras privadas comunitarias o muy limitadas (sin mencionar a las transmisoras públicas nacionales) aún dependen de las viejas prácticas.

Las frecuencias disponibles dentro de un país serán adjudicadas, después de un proceso de negociación, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La forma en que están distribuidas a las transmisoras dentro del país, variará enormemente. Un ejemplo del pensamiento moderno sobre este problema se refiere al de Sudáfrica, donde la Constitución contempla la existencia de un órgano regulador independiente. La Autoridad Reguladora de Comunicaciones en Sudáfrica (formalmente la Autoridad Independiente sobre Transmisiones) tiene responsabilidad para regular a las transmisoras en tres sectores: público, privado y comunitario. Es inusual que un órgano regulador tenga autoridad sobre las transmisiones públicas, sin embargo tiene la ventaja de que debería permitir el desarrollo de una política nacional de transmisiones coherente. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos también cuenta con la responsabilidad global de la adjudicación de frecuencias, pero en una situación donde hay una transmisión pública limitada. En Canadá, la Corporación de Transmisiones Canadiense es responsable ante el Parlamento, mientras que un organismo independiente, la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense, es responsable de regular las transmisiones privadas.

Actualmente está generalmente reconocido que las licencias de transmisión deben ser adjudicadas por una organismo público responsable e independiente, de acuerdo a un criterio predeterminado. Un órgano regulador regularmente incorporará un procedimiento para quejas, el cual dará lugar a la imposición de multas a transmisoras por atentar con los términos de la licencia. En casos extremos, la sanción podría ser la negativa a renovar las licencias después de haber expirado, e inclusive revocarla previo al plazo originalmente pactado para su vencimiento.

Todo lo anterior es muy importante en un contexto electoral, ya que la regulación de las transmisiones conlleva algunas de las funciones asumidas por el órgano de supervisión electoral con relación a los medios. Será más práctico, por tanto, que el regulador de las transmisiones juegue ese papel.

Consejo Voluntario de los Medios

Muchos países cuentan con un concejo voluntario para medios o prensa, conformado por los medios de comunicación profesionales. Este es un órgano regulador únicamente en el sentido de que pueden actuar como un mecanismo para solucionar quejas presentadas por el público que tenga motivos acerca de la forma en que los periódicos y las transmisoras han cubierto algunos temas específicos. Se entiende claramente que un órgano voluntario de esta naturaleza no puede cumplir funciones tales como la concesión de licencias de transmisión.

El valor de estas entidades es que pueden percibirse como una alternativa para lidiar con problemas -como las quejas públicas- sin recurrir a un litigio. Una solución informal, la publicación de una disculpa o retracción, reemplaza un largo y costoso proceso legal. Los medios con frecuencia adoptan mecanismos de esta naturaleza como una forma para pre-desahogar las regulaciones estatutarias que pueden interferir con su propia independencia.

El papel de un consejo voluntario de los medios puede ser de mayor alcance. Por ejemplo, puede instrumentar programas de capacitación para periodistas o formular códigos de conducta. Estas, también son actividades que pueden ser de mucha utilidad al cubrir una elección. La capacitación de un organismo profesional de medios ofrece varias ventajas, mientras que un código de conducta voluntario puede ser de mucha utilidad, para introducir los estándares de profesionalismo necesarios a los periodistas con poca experiencia en la cobertura de elecciones.

Regulaciones Estatutarias o Constitucionales

Algunos países tienen órganos estatutarios o constitucionales que están encargados de la regulación de los medios de comunicación, o de alguna o algunas acciones relacionadas con esa tarea. Es un tipo de estructura que es más típica de la legislación civil que de los sistemas legales ordinarios. Normalmente, implica cierto sistema de registro de publicaciones, así como de transmisoras, y en ocasiones de periodistas. Este tipo de enfoque generalmente es rechazado por los medios de comunicación profesionales, quienes tienen la visión de que únicamente la propia profesión puede determinar quien es competente para practicarla. Este es un pequeño paso para legislar el registro de publicaciones y de practicantes -con todas las implicaciones negativas que puede conllevar la independencia de los medios y el derecho a la libertad de expresión.

No obstante, a los organismos constitucionales a veces se les puede otorgar la responsabilidad de proteger la independencia de los medios, incluidos los de propiedad pública, del gobierno correspondiente. Este, por ejemplo, es el papel que juega la Comisión Nacional de Medios de Comunicación en Ghana. Cuando un organismo regulador genuinamente juega este papel, podrá ayudar a supervisar a los medios de comunicación en un contexto electoral.

Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones

En muchos países la legislación no contempla ninguna previsión que gobierne el comportamiento de los medios de comunicación durante elecciones y no observa ninguna razón por la cual deberían hacerlo. Otros observan algunas medidas de regulación especial a los medios durante una elección para ser parte del proceso de "nivelación del campo de juego". Aún otros se ubican en el medio, con un sistema de auto-regulación voluntaria, por medio de los cuales los medios acuerdan la adopción de series de regulaciones auto-limitantes originadas por las demandas especiales de un periodo electoral.

Aún en las democracias ya establecidas existen perspectivas divergentes sobre a que grado los medios deben ser sujeto de la regulación legal en periodos electorales. La tradición de los Estados Unidos es una que requiere de mínima regulación, mientras que la Europea es de las que tienden hacia el establecimiento de reglas naturales. Una de las razones de esta diferencia está en que Europa, a diferencia de los Estados Unidos, tiene un historial donde el Estado tiene injerencia en las transmisiones locales. Esto implica que los preciados recursos de transmisión y del espectro de frecuencias deben ser utilizados con justicia para que refleje los puntos de vista de los distintos candidatos y no inapropiadamente a favor del partido gobernante. En su sentido más amplio, con relación a los problemas inherentes a la libertad de los medios, la visión de los Estados Unidos es que el 'mercado de ideas' es más fácil de obtener recurriendo al mercado económico. De este modo el pluralismo de un gran número de medios de carácter público es asumido como tal para asegurar el espectro completo de puntos de vista político.

Sin embargo, cualquiera que sea la discrepancia con la cultura política en relación a la regulación de los medios, éstos juegan un papel importante en la transmisión de información al electorado. Esto hace más sorprendente el hecho de que algunas leyes electorales interactúen en gran medida con los medios. La ausencia de regulaciones o estatutos formales puede darnos la idea de que los medios se desenvuelven en un ambiente desarrollado, en donde se permite el libre intercambio de ideas políticas en la prensa y en los medios electrónicos y en donde cada partido tiene libre acceso a los medios para dar a conocer sus ideas. O quizás no.

La ley electoral de Zimbabwe, por ejemplo, no hace mención alguna de los medios. Históricamente en cada elección, el Estado ha tenido el monopolio en las transmisiones (el cual está bajo estricto control del gobierno) y para la mayoría de las veces, también de los periódicos de circulación diaria. La ausencia de una regulación específica de los medios en periodos electorales ha permitido al gobierno "ajustar los objetivos a sus necesidades". Por ejemplo, la renuencia de la Corporación de Transmisiones de Zimbabwe para publicar propaganda durante un referendo en Febrero de 2000, orilló a la oposición a buscar una orden judicial en contra de esta transmisora, quien finalmente accedió a la publicación, pero argumentando que no era necesario llegar a esas instancias.

En las elecciones parlamentarias siguientes la ZBC decidió no publicar propaganda política alguna -hasta el día de la elección cuando transmitió propaganda política del partido gobernante, demasiado tarde para que respondieran los otros partidos. Bajo la legislación electoral (aunque posiblemente no bajo la Ley de Transmisiones de Zimbabwe) la ZBC fue habilitada para llevar a cabo esto.⁴⁷

Cuando grandes secciones de los medios son, o de propiedad pública o están bajo el control de un grupo de interés específico (en la práctica, puede ser lo mismo), probablemente le otorgue cierto sentido a la ley para determinar algunas reglas básicas en la cobertura de elecciones. Ocasionalmente, éstas difieren en sus contenidos con relación a los medios públicos y privados. Las áreas que la ley (o regulaciones subsidiarias) puede cubrir son las siguientes:

• ¿Qué cantidad de tiempo o espacio se asignará a los candidatos y a los partidos políticos? (ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos)
• ¿En qué situaciones se permite la propaganda política? (ver Pago por Propaganda Política)
• ¿Qué actividades deben realizar los medios para elaborar materiales de educación electoral?(ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?)
• ¿Cuándo debe haber derecho de respuesta a una malinterpretación de hechos en los medios? (ver "mee08")

Adicionalmente, las regulaciones pueden enfrentar otras situaciones en temas más específicos como por ejemplo:

• Bloqueo informativo o "periodos de reflexión" (ver Bloqueos Informativos)
• Restricciones en el informe de encuestas de opinión (ver Encuestas de Opinión)
• Políticas sobre incitación a la violencia y difamación (ver Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación )

Las leyes o regulaciones probablemente den lugar a un órgano estatutario con responsabilidad para supervisar a los medios durante las elecciones, o adjudicarán esa responsabilidad a algún organismo en funciones como la comisión electoral o regulador de transmisiones. Incluidos en la ley parece haber algunos mecanismos para acelerar el procedimiento relacionado con la presentación de quejas con relación a la cobertura de los medios de comunicación (ver Mecanismos de Instrumentación: Organismo Regulador de los Medios Existentes).

¿Quién Debe Estar Involucrado en el Proceso de Preparación?

Las leyes son elaboradas por la legislatura, por lo que en principio la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. En la práctica no lo es tanto. Cualquier ley que "regula" a los medios de comunicación es profundamente sensible, aún cuando el propósito de esta regulación es asegurar el pluralismo en los medios y el derecho a voz de distintas perspectivas políticas.

En cualquier evento, la buena práctica legislativa involucra un proceso de consulta y las siguientes son los principales aspectos a consultar en el diseño de leyes o regulaciones sobre los medios y las elecciones:

• Los propios medios - directamente, y a través de organismos profesionales y sindicatos.
• Los partidos políticos - ya que una parte de los propósitos de regulación están orientados a asegurar que tengan acceso justo a los medios.
• Cualquier órgano regulador existente, ya sea un organismo regulador de transmisiones involucrado en la distribución de frecuencias o un consejo de medios responsable del desarrollo y cumplimiento de los estándares profesionales.
• Administradores electorales - muchos aspectos del trabajo de los medios durante elecciones dependen de una cercana relación laboral con los responsables de la supervisión y administración de la elección.
• El electorado - desde que es su información la que a final de cuentas está en juego. Consultar al "electorado" en conjunto es claramente problemático, pero sería posible identificar organizaciones representativas, por ejemplo aquellas que pueden tener requerimientos especiales de información. Estas pueden incluir minorías nacionales o étnicas, mujeres, personas analfabetas o con discapacidades.

¿Un periodo Específico de Campaña?

Si tiene que haber cierta regulación sobre lo que los medios pueden y no hacer durante una elección, entonces por lógica es probable que sólo aplique a un periodo de campaña específico. Habrá un periodo dado de campaña oficial durante la cual las regulaciones surtirán efecto, mientras que por otro lado prevalecerá la práctica normal. Lógica, quizás, pero no totalmente libre de problemas.

Un problema es la educación al votante. La información sobre temas tales como el registro de electores, será necesario comunicar al electorado previo al desarrollo de la campaña oficial. Las regulaciones estarán orientadas a asegurar que esta información esté siendo distribuida de forma precisa e imparcial.

Asimismo, no hay duda alguna de que los electores están muy influenciados sobre lo que deben aprender de los medios en un periodo previo. Los equipos de monitoreo, por ejemplo, siempre podrían comenzar su trabajo con anterioridad al inicio oficial del periodo de campaña.

El saber político (y la experiencia previa a las elecciones del 2000) en los Estados Unidos, indica que el candidato que lleva la delantera el Día del Trabajo (en septiembre) ganará la elección presidencial (en noviembre). Por lo que nada de lo que suceda al final de los dos meses de campaña (en la mayoría de los periodos oficiales de campaña) tiene gran influencia. El enfoque americano es contar con un periodo de campaña no determinado - en efecto, aproximadamente dos años de cada periodo presidencial son solicitados como periodo de campaña. Sin embargo, esto no aplica a la mayoría de los países.

El extremo opuesto es representado por Israel, en donde las disposiciones contenidas en la ley electoral con relación a la cobertura de los medios, cubre hasta 150 días previos a la elección - esto significa cerca de 5 meses. Durante los 30 días previos a la elección no se permite ningún tipo de campaña en cines o en televisión, aunque no existen tales limitaciones para la radio.⁴⁸

Pocos países tienen periodos electorales lo suficientemente definidos como en Estonia, donde la legislación relacionada a las obligaciones de radiotransmisoras en las elecciones, crean una clara separación entre el periodo pre-electoral y el electoral, con una división de éste en cuatro periodos más, cada uno de ellos con su propio reglamento de información: el periodo de aplicación, la campaña electoral, el periodo de votación y el periodo para determinar y publicar los resultados electorales (ver Bloqueos Informativos). Ver "mex09".

Sin embargo, la aplicación de esta regulación tan estricta presupone que debe haber una fecha determinada para la elección. En muchos países, particularmente en aquellos con un sistema electoral basado en el modelo inglés, eligen que la elección coincida con la del jefe de gobierno correspondiente. Alternativamente, en la mayoría de los sistemas una elección puede adelantarse por varias motivos, como por ejemplo el Voto del Parlamento por falta de confianza. En tales casos, será imposible aplicar las regulaciones a los medios en donde su extensión sobrepase un limitado y justo periodo de campaña.

La mejor opción quizás, es la de sistemas de regulación electoral que mejor combinan con el sistema general de regulación de los medios -asegurarse que los medios sean plurales, profesionales y libres de censura en todo tiempo, no únicamente durante periodos de campaña.

Distintas Obligaciones de los Medios Públicos y los Privados

Los órganos reguladores de los medios en periodos electorales normalmente hacen alguna distinción entre las obligaciones de aquellos medios que están completa o parcialmente fundados con dinero público y aquellos que son de propiedad privada. Entre los medios privados, con frecuencia se hace una distinción entre los impresos y los electrónicos, ya que a éstos últimos usualmente un organismo público les ha estado otorgando su licencia para transmitir

Lo que queremos indicar, es que los medios de comunicación públicos cubren una amplia variedad de fenómenos distintos: desde aquellos medios cuyo contenido editorial está bajo estricto control gubernamental, hasta los que están financiados con dinero obtenido por impuestos o prestación de licencias con una garantía estatutaria de su total independencia del gobierno actual. Sin embargo, comparten el hecho de que la legislación electoral, con relación a los medios de comunicación, los trata de igual manera - y de muy distinta a los medios privados, los que tienen a su vez distintas obligaciones.

Los medios públicos, en virtud de su fuente de financiamiento, son un recurso para el electorado. Generalmente se acepta que no deben manifestar ningún tipo de inclinación partidista en su cobertura editorial. Este fue el punto de vista exteriorizado por el Vocero Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en su informe para el año de 1999, cuando habló de la obligación de los medios propiedad del Estado para dar salida a una gran variedad de opiniones y no servir a un solo partido político en particular. Asimismo, tienen obligaciones particulares para brindar educación cívica, así como proporcionar una plataforma a los distintos partidos políticos. Ver UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.

Este punto es fundamental. El uso de una fuente pública para las campañas políticas partidistas trae consigo una serie de implicaciones legales y éticas en función de si, el recurso es un fondo, un vehículo, un edificio o una estación de radio. A esto se debe que a menudo existan leyes o regulaciones que protegen a los medios públicos en contra de la interferencia gubernamental.

Las obligaciones de los medios privados son un poco más limitadas. La esencia de un contexto de libre accionar para los medios es que a las transmisoras y los periodistas no se les puede decir lo que pueden o no pueden decir o escribir. La mejor garantía de que el amplio espectro de ideas políticas son comunicadas libremente y con precisión es en gran parte entendido por los medios como una libertad para que se les permita hacerlo sin restricción a su trabajo. Sin embargo, esto no significa que los medios privados no tengan obligación alguna. Los estándares periodísticos profesionales demandarán un informe preciso y equilibrado, así como una clara división del hecho y de los comentarios.

Las estaciones de transmisión generalmente cuentan con una licencia otorgada por un organismo público. A menudo, acompañada de términos sobre si se les está permitido o no, apoyar a un partido político específico, que, si hay alguno, la cobertura noticiosa que les está permitido transmitir, así como otras condiciones tales como si cuentan con la responsabilidad, por ejemplo, para transmitir anuncios de servicio público (espacios informativos de educación al votante).

De la misma manera, las leyes o regulaciones generales relacionadas con la publicación de los medios, probablemente aplicará tanto a los medios públicos como a los privados: por ejemplo, disposiciones relacionadas con los periodos de "bloqueo informativo" antes de la votación o la cobertura de las encuestas de opinión. De igual forma, las disposiciones legales como la Ley sobre Difamación -aunque de alguna forma puede modificarse su efecto durante el periodo de campaña - aplicarán de cualquier modo de manera igualitaria tanto a los medios públicos como a los privados.

Disposiciones que Afectan Tanto a los Medios Privados Como a los Públicos

Aunque el sistema de regulación probablemente hará algunas distinciones entre los medios de comunicación públicos y privados, ciertos aspectos de la legislación y regulaciones que rigen a los medios en las elecciones impactarán en ambos sectores. Estos pueden incluir:

• Un procedimiento expedito para escuchar las quejas del público o de los partidos políticos en contra de los medios. Ver Procedimientos de Impugnación
• Cualquier regulación relacionada a la presentación de informes sobre encuestas de opinión. Ver Encuestas de Opinión
• Políticas relacionadas con declaraciones ofensivas, difamación, responsabilidad de los medios con respecto a declaraciones vertidas por políticos y otros temas relacionados. Ver Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación .
• Cualquier política sobre bloqueos informativos antes o durante la elección. Ver Bloqueos Informativos
• Derecho de los periodistas para acceder a los eventos electorales. Ver El Derecho de los Periodistas a Obtener Acceso a los Eventos Electorales.
• Acreditación de periodistas.Ver Acreditación.
• Disposiciones para garantizar la seguridad de los periodistas. Ver Medidas para la Protección de los Periodistas.

La instancia reguladora puede establecer distintas obligaciones sobre los medios públicos y privados en materias tales como la viabilidad para elaborar materiales sobre educación electoral o de acceso directo. Sin embargo, la práctica habitual es que donde los medios llevan a cabo sus actividades de cobertura informativa -aún cuando no estén obligados - deben apegarse a los mismos estándares de equidad e imparcialidad determinados para los medios públicos.

Instrumentación de Mecanismos para los Medios y las Regulaciones Electorales

Uno de los aspectos prácticos más importantes de las leyes o regulaciones sobre los medios en periodos electorales se refiere a quien es responsable de su instrumentación. A menudo habrá un constante contacto entre editores y la autoridad reguladora responsable de los medios, por ejemplo el regulador de transmisiones, durante elecciones del que normalmente existe.

La relación parece ser (o al menos debería) de estrecha colaboración. Hay varios enfoques que se pueden tomar en consideración:

• A un órgano regulador vigente se le puede dar la responsabilidad para algunos aspectos específicos que se presentan en periodos electorales. (ver Mecanismos de Instrumentación: Organismo Regulador de los Medios Existentes.)
• Los medios pueden establecer su propio órgano regulador, posiblemente en colaboración con los propios partidos políticos (Ver Mecanismos de Instrumentación: Autorregulación de los Medios:)
• El órgano electoral de supervisión existente, una comisión electoral, por decir algo, puede adoptar esta responsabilidad, en ocasiones a través de subcomités especializados (ver Mecanismos de Instrumentación: Comisión Electoral.)
• Un órgano especializado puede autodenominarse para regular a los medios durante periodos electorales -una solución poco común que fue adoptada, por ejemplo, en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994. (Ver Mecanismos de Instrumentación: Organismo Especializado.)
• La responsabilidad puede adjudicarse al poder judicial (ver Mecanismos de Instrumentación: Poder Judicial.)

Inevitablemente, esta presentación es poco esquemática. Es bastante común en distintos aspectos de la cobertura electoral estar regulado por distintas instancias. En Polonia, por ejemplo, la regulación de las estaciones de transmisión de libres espacios informativos de acceso directo es responsabilidad de la Comisión Electoral Estatal, mientras que la responsabilidad de la cobertura en campaña descansa en el regulador de radiodifusiones acostumbrado, el Consejo Nacional de Radiodifusión.⁴⁹

La ventaja de este enfoque es que se separan las áreas en donde el órgano regulador tiene que establecer y hacer cumplir una serie de reglas, de aquellas materias sobre prácticas profesionales en donde es conveniente dejar que sean los propios medios quienes las determinen. La desventaja es que dos órganos reguladores operan en dos áreas estrechamente relacionadas, con el peligro de que cada una de ellas pueda invadir los espacios de la otra.

Cualquiera que sea el sistema adoptado, los medios (y cualquier otro afectado, como en el caso de reclamantes individuales) tendrán el derecho de apelar ante un órgano independiente de mayor jerarquía, normalmente un Tribunal Legal (ver Procedimientos de Impugnación).

Mecanismos de Instrumentación: Organismo Regulador de los Medios Existentes

Con frecuencia se dará el caso de que un organismo regulador existente se atribuya la función de supervisar los aspectos relacionados con la cobertura de las elecciones, ya sea a nombre propio o en conjunto con el administrador de la elección.

Este fue el enfoque tomado, por ejemplo, en las elecciones de 1999 en Sudáfrica -aunque en las elecciones de 1994 hubo una institución separada completamente, la Comisión Independiente de Medios de Comunicación, dedicada exclusivamente a los medios y las elecciones. En 1999, la Autoridad Independiente de Radiotransmisiones (IBA), órgano constitucionalmente instrumentado para regular las transmisiones públicas, privadas y de la población, emitió las siguientes regulaciones que rigen una serie de aspectos, entre los que destacan:

• Propaganda y transmisiones electorales
• Itinerario de las transmisiones electorales
• Una fórmula para asignar tiempo transmisiones electorales a distintos partidos
• Observaciones generales sobre la calidad esperada de la cobertura

Este último incluye esta observación en lo general:

Cada radiodifusora que transmita noticias sobre asuntos de actualidad con relación a las elecciones debe hacerlo de manera imparcial y objetiva y de tal forma que trate a todos los partidos de forma justa e igualitaria.

En un anexo a las regulaciones, la autoridad continuó trabajando sobre cuáles eran las responsabilidades de las radiodifusoras (y el papel de la IBA):

La autoridad no interviene en las noticias y en la programación de las operaciones de las radiodifusoras. El papel de éstas, en periodo electoral, no difiere del rol periodístico ordinario durante periodos no electorales, las consideraciones éticas normales se continúan aplicando. Una característica distintiva del periodo electoral es la obligación para conseguir una cobertura equitativa de los partidos políticos sin renunciar a los juicios de valor de las noticias.

Ver South Africa: IBA Guidelines on election coverage y South Africa: IBA Formula for allocating party broadcasting

Italia es otro país en donde las instancias de regulación de los medios existentes tienen la responsabilidad fundamental para supervisar la cobertura de los medios en elecciones. En este caso, hay dos órganos claramente definidos: una comisión parlamentaria con responsabilidad para con los radiodifusoras públicas y un garante para radio, televisión y prensa, quien es responsable para los medios privados. Ambas instituciones elaboran regulaciones que rigen la cobertura de los respectivos medios en periodos electorales (ver La Existencia de un Cuerpo Regulador - Italia).

Mecanismos de Instrumentación: Autorregulación de los Medios:

Una buena parte de las personas relacionadas con los medios de comunicación podrían ver como una solución ideal un sistema de autorregulación en elecciones. Esto observa claramente un mejor desempeño cuando hay medios de comunicación independientes, bien afianzados y con una larga tradición en elecciones democráticas, por lo que las soluciones adoptadas sobre problemas de cobertura en elecciones están consagradas por una práctica largamente establecida.

Es probable que el ejemplo más conocido de este enfoque sea el de Gran Bretaña, en donde las transmisiones electorales partidistas de acceso directo, son adjudicadas por un comité conjunto de radiodifusoras y representantes de partidos políticos. Esta es una solución híbrida muy extraña, ya que el requisito para las transmisiones electorales está establecido en la ley. Las radiodifusoras hacen uso de esta división de acceso directo como una guía para medir su propia asignación de tiempo a los distintos partidos en el curso de los nuevos programas. Ver Autorregulación - Reino Unido.)

Dinamarca asimismo, cuenta con un sistema de autorregulación. La ley prohíbe el pago por propaganda política no obstante, no dice nada en que otras modalidades de transmisiones de acceso directo deben adjudicarse. En la práctica, la radio en Dinamarca ha adjudicado espacios de acceso directo igualitario entre todos los partidos que contienden para el Parlamento. Este enfoque ha sido reforzado por decisiones del Ombudsman de la Suprema Corte, pero es fundamentalmente voluntario. La radio en este país tradicionalmente transmite un debate involucrando a todos los partidos políticos. Asimismo, el día previo a la elección, la televisión se mantiene libre de transmisiones electorales. Sin embargo, el advenimiento de la televisión privada independiente ha dado lugar a algunos cambios en esta tradición: la nueva TV2 también lleva a cabo un debate pre-electoral, pero excluyendo a algunos de los partidos más pequeños, mientras que también lleva a cabo cobertura electoral un día antes de la votación.⁵⁰

Sin embargo, no solamente las democracias ya establecidas son quienes han adoptado un mecanismo de autorregulación. Previo a las elecciones independientes de Namibia en 1989, La Corporación Radiodifusora del Sudeste de África bajo el control del estado (como entonces era conocida) invitó a los partidos políticos a unirse en un comité para consultar la cobertura de las elecciones. Este comité llegó a un acuerdo sobre un programa de espacios de acceso directo, aunque no estaba habilitado para enfrentar un problema sobre una tendenciosa cobertura noticiosa.⁵¹

La radiodifusora estatal en otro país del sur de África, Zimbabwe, también intentó adoptar este enfoque de autorregulación orientado a los espacios de acceso directo. Esto dio origen a una serie de anuncios altamente controversiales por parte del partido gobernante en la elección de 1990, que muchos consideraron de mal gusto. La Corporación de Radiodifusión de Zimbabwe estableció un comité especial antes de las elecciones de 1995 en un intento para evitar la recurrencia del problema. Sin embargo, como en Namibia, no estuvo preparada para brindar una seria solución al problema de la cobertura de noticias tendenciosas.

En 1990, Hungría también adoptó el sistema de autorregulación. La televisión nacional y las agencias noticiosas, en colaboración con representantes de 12 partidos políticos y el Foro Independiente de Abogados, elaboraron una Código Electoral de Ética. Todos los partidos políticos principales adoptaron el código, así como también las principales organizaciones noticiosas.⁵²

La radio y televisión, propiedad del Estado Polaco, han adoptado un sistema que es similar al de la BBC. La adjudicación de las transmisiones de acceso directo es responsabilidad de la Comisión Electoral Estatal, sin embargo para efectos de su cobertura sobre campañas electorales la radio y la televisión son responsables sólo ante el Consejo Nacional de Radiodifusión, el órgano general de regulación. La administración de la Radio y Televisión polaca han emitido lineamientos detallados al personal, que incluyen lo siguiente:

[La radio y televisión polacas deben] proveer coberturas exhaustivas de las campañas e información acerca de los candidatos. Las noticias y los programas con asuntos de actualidad deben proveer de información extensa acerca de los partidos, sus plataformas electorales y los candidatos, sin ningún sesgo a favor o en contra de un partido político y sin promover un conjunto de puntos de vista político. El principio fundamental debe ser el de la igualdad de acceso por parte de los controladores de los canales, departamentos de programación y estaciones regionales, con la obligación de mantener un registro del monto de tiempo aire dedicado a partidos o candidatos específicos y garantizar el principio de igualdad. (Ver Poland: laws and regulations on election broadcasting)

Mecanismos de Instrumentación: Comisión Electoral

En muchos ejemplos, la responsabilidad para instrumentar cualquier regulación sobre los medios durante periodos de campaña descansa en el propio órgano de supervisión electoral. Con frecuencia esto es visto como una solución adecuada si el órgano de supervisión electoral cuenta con las garantías de independencia suficientes -No obstante, la habilidad en la conducción de trabajos especializados de la regulación de los medios.

En Francia por muchos años la Comisión Nacional de Control de la Campaña Presidencial (CNCCP) fue responsable de regular las transmisiones en la campaña electoral presidencial. Sin embargo, esta responsabilidad se modificó con el advenimiento de las estaciones privadas de televisión. Se estableció una nueva Comisión Nacional para las Comunicaciones y las Libertades para asegurar un contenido continuo en el servicio público de las transmisiones privadas y fue para este organismo que la regulación para transmisiones fue aprobada. No obstante, la CNCCP mantuvo la responsabilidad de regular las campañas electorales en los medios impresos.⁵³

Malawi ofrece un ejemplo extremadamente positivo de una comisión electoral en una nueva democracia que, a través de una efectiva demostración de independencia, fue capaz de asegurar que los distintos partidos y candidatos recibieran un reparto equitativo de cobertura de la radiodifusora controlada por el gobierno. Pero fue capaz de hacerlo, no solo a través de un despliegue de voluntad política, sino que también había establecido un sub-comité especializado que contaba con la experiencia y habilidad para tratar con las radiodifusoras (ver La Comisión Electoral como Regulador de los Medios-Malawi).

El uso del órgano de supervisión electoral es una mejor opción en un país pequeño donde un abundante número de instituciones traslapadas no resulta atractivo como opción de rentabilidad. En barbados, por ejemplo, la Comisión Electoral y Límites, instancia con responsabilidad general para la elección, también es responsable de regular la cobertura de los medios de comunicación. Ver Barbados: law on election broadcasting.

La Constitución de Nicaragua de 1987 estableció un Consejo Supremo Electoral como una agencia independiente del Gobierno -separada de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su responsabilidad incluía la aplicación de la legislación sobre medios masivos durante elecciones y la administración de un procedimiento de quejas e impugnaciones. Estableció un departamento especializado sobre medios masivos para tratar asuntos relacionados con las radiodifusoras, en particular llevando a la mesa de negociaciones los cambios en la práctica que son sujetos de impugnación.⁵⁴

Mecanismos de Instrumentación: Organismo Especializado

Muchos países han optado por crear un organismo especializado cuya responsabilidad sea la de regular la participación de los medios de comunicación durante periodos electorales, lo que significa que ningún organismo encargado de la administración electoral es necesariamente un organismo regulador de la participación de los medios de comunicación. Esta opción ha sido vista muy a menudo en procesos electorales de transición en donde regularmente, por alguna razón, se espera que el papel de los medios sea particularmente problemático.

De esta forma, en 1994 se establece en Sudáfrica una Comisión Independiente de Medios de Comunicación (IMC, por sus siglas en inglés) , adicionalmente a la Comisión Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés). La ley estableció que el surgimiento del IMC vino a asegurar la independencia y competencia de la Comisión a través de su membresía. El Director tenía que ser juez o abogado, con al menos dos comisionados adicionales (hasta un máximo de siete) con experiencia en el ramo de los medios de comunicación - uno en impresión y otro en radiodifusión. Los comisionados tenían que ser personas de alta jerarquía quienes vistos en conjunto "representan una amplia sección de la población de la República)". Distintos estratos sociales de la población fueron descalificados para ser comisionados, incluidos empleados estatales, profesionistas pertenecientes a algún partido político y aquellos que tenían un interés de carácter financiero en el ámbito de los medios de comunicación⁵⁵ Sin embargo, fue una solución que únicamente fuera adoptada y aplicada en una sola elección. En las elecciones subsecuentes en Sudáfrica, las responsabilidades descansaron en una combinación de la Comisión Electoral Independiente y de la autoridad independiente de radiodifusión.

La Comisión de Expertos de Medios de Comunicación (MEC por sus siglas en inglés) en Bosnia-Herzegovina es asimismo, un órgano especializado para regular a los medios en las elecciones. Al igual que en Sudáfrica, únicamente se encuentra en funciones por un corto periodo de transición. Su creación obedeció a la aparición de los muchos materiales en los medios de comunicación de la exYugoslavia que jugaron un importante papel para incitar la violencia, lo que dio como resultado la guerra civil y el rompimiento de la República Federal. En tanto la MEC es de carácter único, es entendida asimismo como un organismo internacional, el cual opera bajo la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), y no responde a ninguna modalidad de estructura en Bosnia. La MEC estuvo en funciones durante dos años, de 1996 a 1998. Ver Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia.

La Federación Rusa cuenta con un "Tribunal de Información" especializado - la Cámara Judicial para Información sobre Impugnaciones. Esto no se refiere estrictamente a un organismo confinado para tratar con los medios y temas electorales, en tanto que sus funciones son, asimismo, realizadas fuera de periodos electorales. No obstante, fue establecida en 1993 básicamente debido a la necesidad de un órgano que resolviera las disputas presentadas en el marco de las campañas electorales. Ver Procedimiento de Impugnaciones - Rusia.

Mecanismos de Instrumentación: Poder Judicial

En algunos países la responsabilidad de administrar las elecciones puede recaer en una cámara especializada del Poder Judicial. Uruguay, por ejemplo, cuenta con un Tribunal Electoral que administra el proceso de votación, y puede regular disputas entre partidos y puede investigar impugnaciones sobre los resultados de la elección. Puede asimismo, considerar las quejas relacionadas con campañas electorales en los medios de comunicación, incluyendo los intentos de presión para la cobertura tendenciosa de una campaña electoral"mec03a05#1"

En muchas instancias, cualquiera que sea el mecanismo que tenga responsabilidad para regular a los medios en un proceso electoral, existirá el derecho de apelar ante un organismo judicial en contra de las decisiones tomadas. La apelación puede provenir de los propios medios de comunicación, de los partidos políticos o ser parte de una impugnación personal. Como cualquier otro procedimiento durante periodos electorales, esto debe convertirse en un proceso expedito. Una considerada decisión judicial no será de mucha utilidad si es dada a conocer después de terminado el proceso electoral.

Procedimientos de Impugnación

Un elemento fundamental en la mayoría de los organismos reguladores de los medios de comunicación, durante y fuera de periodos electorales, son los procedimientos de impugnación, Esto es la razón por la cual el público, los partidos políticos y los medios de comunicación por sí mismos, pueden buscar la adjudicación de presuntas violaciones a la ley sobre la cobertura de la elección. Partiendo del hecho de que el periodo electoral es reducido, los mecanismos de impugnación son orientados hacia una pronta resolución. Si, por ejemplo, se refiere a una imprecisión bien sustentada que puede afectar el propósito de la elección, obtenemos poca utilidad al corregir el error una vez terminado el proceso electoral.

Las impugnaciones siempre tienen el derecho de tomar cualquier procedimiento legal incluido en las legislaciones - un juicio civil por difamación, por ejemplo. Y siempre debe haber un proceso de apelación que permita atemperar el deseo de los impugnantes o a los propios medios de comunicación a buscar el fallo más elevado de un tribunal independiente. Sin embargo, parece ser que el mayor énfasis está en buscar la resolución del conflicto más rápida, menos costosa y que contemple un menor grado de confrontación. Esto puede ser particularmente importante en una situación en donde exista una franca indisposición entre partidos y comunidades. Por ejemplo, el instrumento para resolver controversias en Bosnia-Herzegovina, la Subcomisión Electoral de Apelaciones (EASC por sus siglas en inglés), estuvo facultada para tratar con una completa serie de impugnaciones referidas por la Comisión de Expertos en Medios de Comunicación (MEC) para la elección presidencial de 1998. Esto sirvió de gran ayuda para reducir la creciente tensión entre las distintas comunidades, al no permitir las confrontaciones entre los distintos partidos y medios de comunicación. Esto fue especialmente importante para sacar a la luz el importante papel jugado por los medios para instigar a la violencia en la ex - Yugoslavia.

La amplia variedad de los procesos de impugnación es tan grande como el número de modalidades de organismos reguladores. Probablemente no exista un procedimiento único y uniforme. La Gran Bretaña, por ejemplo, cuenta con una autoridad estatutaria sobre controversias, para tratar estrictamente temas relacionados con los medios electrónicos y con un consejo de carácter voluntario sobre impugnaciones relacionadas con prensa escrita, cuya responsabilidad son precisamente los medios impresos. En su mandato, ninguno de estos instrumentos está confinado específicamente a periodos electorales. La ventaja de contar con un organismo electoral especializado en controversias electorales radica en que está orientado a resolver lo más pronto posible cualquier tipo de controversia o disputa. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, por ejemplo, recibe las quejas y, por medio de su departamento de medios de comunicación, hace entrega de resoluciones privadas a los medios en contra de quienes se hicieron las impugnaciones correspondientes. Únicamente se publican las resoluciones en caso de que el organismo de comunicación no cumpla las resoluciones tomadas.⁵⁶ En Montenegro, por el contrario, los medios están obligados a publicar cualquier conclusión de la autoridad competente "acerca de cualquier situación que infrinja los principios de igualdad y objetividad relacionados con la información a los ciudadanos de las campañas y los candidatos..." ver Montenegro: law on state election broadcasting.

Pocos sistemas para la resolución de controversias son tan elaborados como el ruso -la Cámara Judicial para la Información de Disputas no es en rigor un órgano electoral especializado en la resolución de controversias, aunque fue erigida como resultado de la necesidad de contar con un organismo que diera respuesta a las disputas presentadas durante las elecciones parlamentarias de 1993 y el referéndum constitucional. Su predecesor fue el Tribunal de Arbitraje en Materia de Información que fue instalada específicamente para enfrentar las disputas electorales.⁵⁷ ver Procedimiento de Impugnaciones - Rusia.

Bloqueos Informativos

En todas las noticias electorales o durante la votación algunos países tienden a observar esta práctica. Generalmente es un arreglo voluntario. Esto siempre es preferible, ya que la alternativa posible sería que el órgano de regulación interviniera para prohibir la cobertura informativa si se atenta con la ley - menos que un resultado satisfactorio. No obstante, en estos casos -el más famoso es el caso de Francia - en donde se decreta un "periodo de reflexión", el órgano regulador parece tener una mayor responsabilidad para hacerla cumplir. En Israel, por ejemplo, que cuenta con la más grande prohibición sobre noticias de campañas electorales, la Autoridad Independiente de Radiodifusión es necesaria para supervisar su observancia. La instrumentación de esta prohibición nos ilustra sobre los peligros inherentes a tales restricciones: la IBA tiende a interpretar la aplicación de la ley de una manera particularmente estricta, para evitar ser responsable de su violación.⁵⁸

La ley en Estonia divide sus campañas electorales en cuatro periodos, con bloqueos de campañas electorales para tres de ellos. El periodo de solicitud (o nominación), el periodo de votación y el periodo de escrutino y publicación de resultados son los periodos cuando se prohíben las campañas electorales. En Barbados, la ley necesita que éstos no sean transmisiones de acceso directo la víspera o el mismo día de la elección. Ver Barbados: law on election broadcasting.

La Comisión de Expertos en Medios de Comunicación en Bosnia-Herzegovina (ver Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia) fue un ejemplo de un órgano regulador que en forma vigorosa hizo cumplir un bloqueo de 24 horas previo a la apertura de la votación en las elecciones presidenciales de 1998 y hasta el cierre de la votación. Esto lo hizo a través de la emisión de declaraciones anticipadas sobre el periodo de bloqueo y después confiando en las conclusiones de su propia unidad de monitoreo de los medios. Concluyó que la mayoría de las violaciones a los bloqueos fueron una consecuencia de la incertidumbre en la aplicación de las reglas. Un canal de televisión, por ejemplo, cuando transmitió una película de los candidatos en los sitios de votación mencionó los nombres de sus partidos -lo cual no le estaba permitido hacer. Un caso relacionado con la MEC es más serio, una estación transmitió entrevistas con dos líderes políticos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea turnó el caso a la Sub-comisión de Apelaciones Electorales (EASC), la instancia de reclamaciones, quien suprimió a nueve candidatos de sus listas partidistas. La MEC comentó que una gran parte de los países, en la mayoría de las condiciones, pueden considerar draconianca esta perspectiva, innecesaria y que interfiere con la libertad de los medios.⁵⁹

Para mayor información sobre la práctica de los bloqueos informativos, ver Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión'.

Encuestas de Opinión

La publicación de las conclusiones derivadas de las encuestas de opinión es motivo de fuertes controversias. La postura de las democracias establecidas es completamente contraria, con Francia, por ejemplo, que prohíbe la publicación en el periodo inmediato a la elección, mientras que en los Estados Unidos la cobertura de los medios respecto a éstas, es considerada como una parte integral de la libertad de prensa en elecciones. El problema está en que los resultados de las encuestas de opinión- como cualquier otra forma de expresión- no son solamente el reflejo del punto de vista de la población, sino que también pueden conformar otros puntos de vista. Esto significa que la gente puede verse influenciada sobre la forma en que deben votar considerando las enseñanzas de las encuestas de opinión... o lo que creen haber aprendido.

Por esta razón, las leyes y regulaciones sobre la cobertura de las elecciones que hacen los medios de comunicación, intentan controlar la forma en que se dan a conocer los resultados de estas encuestas. En Montenegro, por ejemplo, a los medios públicos se les prohíbe difundir estas encuestas o cualquier otra proyección de los resultados de la elección. El día de la jornada electoral, incluso está prohibido publicar el resultado de elecciones previas. Ver Media Monitoring - Bosnia.

No obstante, sea o no deseable, es poco práctico instrumentar una total prohibición sobre el informe de los resultados arrojados por las encuestas de opinión. Francia cuenta con una larga tradición al prohibir la publicación de las encuestas de opinión durante elecciones (aunque no todas las veces). En las elecciones legislativas de 1997, algunos diarios quebrantaron esta regulación. Le Parisien, La Republique des Pyrennees y Liberation fueron algunos de los periódicos que haciendo caso omiso de esta prohibición, publicaron las conclusiones derivadas de una encuesta de opinión en sus sitios en internet, el cual está vinculado a Tribune de Geneve en Suiza. France Soir siguió esta tendencia al publicar una encuesta previa a la celebración de la segunda ronda electoral.⁶⁰

Esto parece representar un caso muy claro de cómo la ley se vuelve inefectiva una vez que ha caído en el descrédito - a pesar del hecho de haber sido respetada por muchos años. En el Reino Unido, en donde existe la práctica voluntaria de no publicar encuestas de opinión el día de la elección, está restricción es ampliamente respetada.

En el caso de las encuestas de opinión, más que en muchos otros aspectos, hay muchas reservadas sobre el grado de profesionalismo con que son reportadas. La postura Montenegrina para imponer una total prohibición sobre los informes de los medios públicos con relación a las encuestas de opinión, puede presentar ciertas ventajas en una situación donde la información distorsionada podría afectar materialmente los resultados de la elección. Generalmente, sin embargo, este es un problema que es mejor enfrentado al aplicar un ligero toque y animar a los medios para que mejoren sus propios estándares al informar. La Corporación Británica de Radiodifusión, por ejemplo, cuenta con claros lineamientos internos para la elaboración de informes sobre encuestas de opinión que han sido efectivamente aplicadas desde hace muchos años. (Ver Voluntary Guidelines on Reporting Opinion Polls - United Kingdom y United Kingdom: BBC guidelines on election coverage.)

Para mayor información, ver Cobertura de las Encuestas de Opinión.

Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación

Ningún tema es más problemático para las personas que guardan relación con la libertad de los medios de comunicación que el tema de los "discursos ofensivos". El término es utilizado generalmente para referirse a la defensa de aspectos de tipo racial, religioso, incluyendo el de la nacionalidad. El tema, en esencia, es que tan apropiado o aceptable es limitar el derecho de la libertad de expresión, cuando los puntos de vista vertidos apoyan o limitan el acto de infringir los derechos de los demás.

Uno de los problemas radica en que si esto podría ser materia de un punto de vista. El discurso agresivo de una persona será el punto de vista legítimo de otra. De ahí la renuencia generalizada de imponer restricciones sobre lo que puede o no decirse.

El dilema lleva a ser aún más agudo en el marco de la celebración de un proceso electoral. Esto se debe a dos motivos:

• Una elección es precisamente cuando se deben expresar una amplia variedad de puntos de vista. Limitar la expresión de algunos de estos puntos de vista limita no solamente los derechos del libre discurso, sino también el derecho de una participación democrática.
• Por otra parte, la altamente cargada atmósfera de una campaña electoral puede ser el momento preciso cuando las declaraciones exaltadas pueden incitar a la población a la violencia - infringiendo, de este modo, el derecho democrático y de libre discurso de otros.

Estos problemas llevan a ser más agudos en un país con antecedentes históricos de violencia comunal o étnica, donde los medios de comunicación son reconocidos por haber jugado un importante papel en las hostilidades. Esta es la razón, por ejemplo, de porque a los asuntos relacionados con los "discursos agresivos" recibieron mucha atención en las elecciones de Bosnia en 1998 -los medios de comunicación en todas partes han jugado un considerable papel al incitar a las guerras que dieron lugar al rompimiento de Yugoslavia.

El tema de la difamación es un problema similar en un sentido: es un área donde la libertad de expresión puede legítimamente ser limitada por la protección de los derechos de otros. Aún no tiene las mismas implicaciones en el contexto de una campaña electoral. Vigorosamente -y algunas veces insultante, el debate forma parte de la substancia de las campañas democráticas. La jurisprudencia internacional y comparativa ha establecido claramente que los políticos -especialmente los del gobierno- deben tener la piel muy gruesa. Deberían tener menos protección que los demás ciudadanos, no más (ver Críticas a los Políticos y Gobierno). Desde el punto donde se encuentran los medios de comunicación en una campaña electoral, la clara similitud entre la difamación y los discursos agresivos falla en el sentido para conocer quien será responsable de cualquier declaración injusta vertida: los medios de comunicación o la persona cuyas palabras están reportando.

Legislación internacional y comparativa

Ni la legislación internacional ni la experiencia de los distintos tribunales nacionales ofrecen una respuesta definitiva sobre la forma de equilibrar la libertad de expresión y la protección de otros derechos. Precisamente porque es un equilibrio, la respuesta será determinada por circunstancias de carácter nacional y local, así como también por el contexto en particular.

Los tratados internacionales brindan un claro sustento para iniciar un proceso legal en contra de acciones de odio o discriminación. En circunstancias muy extremas, tal y como sucedió en el caso de Radio Televisión libre des mille collines en Ruanda, donde una estación de radio incitó al genocidio, los periodistas habían sido previamente declarados culpables por un tribunal internacional para crímenes en contra de la humanidad (ver Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda).

No obstante, la tendencia general en la interpretación de este acto de balance ha sido impulsada por mucha gente en búsqueda de una solución con objeto de contrarrestar el efecto de este tipo de discursos, más que prohibir las voces que se expresan con discursos reprobables o con puntos de vista poco populares. La experiencia ha mostrado que la legislación que prohíbe este tipo de discursos, a menudo es utilizada con un mayor alcance, que correspondiendo al propósito originalmente pretendido. El país con el más grande número de leyes que prohíben la defensa de la hostilidad racial fue el Apartheid en Sudáfrica. Invariablemente las víctimas de esta legislación fueron de raza negra.

La práctica más común en la mayoría de las jurisdicciones donde este problema ha sido considerado, tiende a prohibir los discursos ofensivos únicamente cuando constituyan una incitación directa a la actividad violenta. Quizá este concepto en sí mismo no sea fácil de definir. Sin embargo, conlleva la idea de que en una campaña electoral nadie será castigado por la expresión de sus opiniones -únicamente si interfiere con los derechos de los demás. Ver Legislación Internacional y Comparativa sobre los Discursos de Odio y Discriminación.

Responsabilidad de los medios de comunicación.

La discusión presentada entre los discursos y los medios de comunicación en una elección se refiere básicamente a dos temas claramente separados:

• La defensa de los informes de discursos con contenidos de odio en el contexto de las campañas políticas;
• La propia defensa de los medios de comunicación sobre estos discursos.

En el tema anterior, el consenso general recae firmemente en el sentido de absolver a los medios de comunicación de su responsabilidad para informar sobre los comentarios de los políticos, dentro del espectro limitado de tiempo que representa una campaña electoral (ver Límites a la Responsabilidad Legal.) Esto significa que un periodista o casa editorial no podrá estar abierta a ninguna demanda de juicio de carácter civil o criminal por comentarios efectuados por un político que manifiesten una postura en defensa de discursos de odio o discriminación. Sin embargo, esto no absuelve al periodista de una responsabilidad profesional para equilibrar las declaraciones con hechos u opiniones compensatorias.

Intentos de regulación.

Cuando los medios por si mismos directamente se pronuncian a favor de estos discursos -especialmente en circunstancias que pueden constituirse como una incitación- no pueden esperar ser absueltos de su responsabilidad. En estas circunstancias la instancia reguladora podría vigilar de cerca los medios de comunicación. Pero esta situación por si misma, genera problemas de carácter práctico y ético. Por ejemplo, ¿cómo es posible distinguir entre los informes irresponsables o limitados sobre declaraciones violentas y la activa aprobación de los mismos? ver "mec03d03c".

Más aún, la distinción entre el contenido editorial importante, y el que no lo es. Este último -acceso primario directo a materiales de diversas clasificaciones - está más allá de los propios medios, generados como tal por los partidos políticos. La instancia reguladora tendrá que determinar que tan lejos, es elegido para examinar el contenido de los elementos de acceso directo. ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?.

Derecho de Réplica

Conceder un Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables a los que han incurrido en equivocaciones o envío de falsos informes no es una opción muy popular entre los periodistas o los defensores de la libertad de expresión. Sus argumentos se orientan en el sentido de que en un libre entorno de participación de los medios de comunicación, estos elementos les brindarán un equilibrio suplementario. Desafortunadamente dentro de los confines de una campaña electoral, quizá no haya tiempo para que este proceso natural de equilibrio tenga lugar. De ahí que la mayoría de los sistemas reguladores cuenten con ciertas provisiones para el equilibrio o corrección, aún sobre una base voluntaria.

El proceso para equilibrar los puntos de vista de conflicto, junto con la oportunidad para responder o corregir errores y distorsión de hechos, a menudo pueden brindar la forma más efectiva para neutralizar los efectos de los discursos ofensivos sin tener que recurrir a su prohibición.

Legislación Internacional y Comparativa sobre los Discursos de Odio y Discriminación

Los parámetros internacionales sobre el tema de los discursos que denotan odio o discriminación está determinado por el equilibrio existente en los Artículos 19 y 20 de la Cláusula Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. El primero garantiza:

El derecho a la libertad de expresión; este derecho debe incluir la libertad de búsqueda, recepción y distribución de la información e ideas de cualquier naturaleza, sin importar fronteras....

El Artículo 19 por tanto define las posibles restricciones a este derecho, incluyendo "el respeto o reputación de los demás".

El Artículo 20 establece que:

1.- deberá prohibirse por ley cualquier tipo de propaganda a favor de la guerra.

2.- deberá prohibirse por ley cualquier acto que denote actos de discriminación por nacionalidad, raza o religión que constituya una incitación a la violencia.

La Convención Americana de los Derechos Humanos solicita a los estados se declaren en contra de cualquier intento de discriminación por nacionalidad, raza, religión o delito. La Convención Europea de los Derechos Humanos y el Estatuto Africano sobre Derechos Humanos no precisan de estos discursos para su prohibición, pero si podrían permitir su existencia.

La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) cuenta con una prohibición de mayor alcance. En su Artículo 4 solicita a todos los estados que forman parte del tratado para declarar como delito "toda diseminación de ideas basadas en la superioridad racial y odio, incitan a la discriminación racial....la provisión de cualquier tipo de apoyo para actividades raciales" y la participación en "organizaciones y todo tipo de actividad propagandística, que promueva e incite a la discriminación racial". ver International Treaties on media and elections.

En los casos relacionados con la participación en las elecciones (sin considerar a los medios de comunicación), la Comisión Europea declaró inadmisible una solicitud del líder político alemán de derecha, quien fue hecho prisionero durante dos semanas y vio eliminado su nombre del padrón electoral por propugnarse a favor de la repatriación de los trabajadores migrantes de raza distinta a la blanca.⁶¹ No obstante, en los casos en que estuvo relacionado con el papel de los medios de comunicación, la Comisión admitió la solicitud de un periodista danés quien fue prisionero por televisar una entrevista con miembros de raza blanca de una banda juvenil que pregonaba su supremacía. La legislación danesa ha cambiado como consecuencia de la exclusión de la responsabilidad de los periodistas a no ser que, a través de la publicación de ideas racistas, tiendan a "amenazar, insultar o degradar.⁶²

Esta distinción es muy importante: la actitud de la ley (y de las autoridades reguladoras) serán diferentes dependiendo de, si la actividad de los medios de comunicación se orienta activamente a defender los discursos con alto contenido de violencia o si simplemente están informando los hechos efectuados por políticos u otros actores que defienden esta postura. Este punto es fundamental, aunque no evita la presentación del problema en otros contextos (ver Discursos con Contenidos de Odio o Discriminación -Operaciones del Organismo Regulador).

Las Decisiones de tribunales nacionales

El Tribunal Supremo de Israel ha llegado a la conclusión de que la libertad de expresión puede ser infringida únicamente cuando exista la inminente probabilidad de que las declaraciones vertidas causen un daño al orden público. Estableció, como una consecuencia, que la radiodifusora había violado el derecho del líder de un partido político extremista anti-árabe, por haber revisado su declaración antes de haberla publicado. ver ⁶³

En Suecia, el Acta de la Libertad de Prensa prohíbe la expresión de amenazas o actos de desprecio en contra de grupos raciales, étnicos o religiosos. Esta provisión es raramente utilizada, sin embargo en 1991 un editor de un diario fue procesado por publicar una carta de un lector donde expresaba opiniones racistas. El argumento del editor fue que estas opiniones debían permitirse, a efecto de ser discutidas. Finalmente, el editor fue absuelto por el jurado.⁶⁴

El Tribunal Constitucional Húngaro legisló inconstitucionalmente una provisión de la ley sobre la incitación al odio. Esta provisión consideraba como delito:

Insultar o humillar a la nación húngara, o a un grupo de la población basado en la religión, raza o características similares.

El Tribunal determinó:

La libertad para expresar ideas y opiniones, incluyendo la de expresar ideas poco convencionales e impopulares, es la condición fundamental para la existencia de una sociedad confiable, con la capacidad para auto-desarrollarse.

La libertad de expresión protege la declaración de opiniones, más allá del valor implícito de la verdad.⁶⁵.

Responsabilidad de los Medios de Comunicación sobre Declaraciones Ilegales

El Informe Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión ha establecido enfáticamente que los medios de comunicación no deben ser legalmente responsables por declaraciones ilegales que publican en el curso de las campañas electorales (ver La Obligación de Pluralismo). Este tema ha sido muy controversial en el pasado, con otras autoridades internacionales, tales como la Autoridad Transicional de las Naciones Unidas en Camboya, quienes tienen un punto de vista totalmente divergente. Asumir que los medios de comunicación no puedan ser procesados civil o criminalmente por verter información de actores políticos, refuerza una tendencia que fue rechazada, entre otros, por el Tribunal Constitucional Español. (ver Límites a la Responsabilidad Legal). Esta aproximación tensiona al máximo el derecho del público a ser informado acerca de lo que dicen los actores políticos -aunque sea ilegal y que potencialmente incite a la violencia. Puede ser agotante ya que esto es completamente diferente a una situación en donde los medios de comunicación deliberadamente incitan a la violencia. Ver, por ejemplo Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda.

Esta remoción de responsabilidad ha tenido implicaciones tanto para la cobertura de noticias como en el acceso directo de los programas. Significa, por ejemplo, que los diarios o radiodifusores no pueden rehusarse a transmitir acceso directo o material propagandístico de un partido sobre la base de que pueden exponer al medio de difusión a un proceso legal. El Tribunal Constitucional en Alemania, por ejemplo, decidió que esta era una materia de los Tribunales para decidir, no los medios (Ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?). Sin embargo, esto únicamente es razonable para colocar a los medios de comunicación en una situación donde sean percibidos de forma definitiva como irresponsables. Si un radiodifusor es susceptible de ser procesado por el contenido de sus programas, debe tener el derecho de rehusarse a transmitirlo. UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999.

Discursos con Contenidos de Odio o Discriminación -Operaciones del Organismo Regulador

Existen varias modalidades con las cuales la instancia reguladora puede direccionar el problema de este tipo de discursos.

Previa aprobación de materiales de difusión directa.

El órgano regulador puede requerir que todos los materiales de difusión sean remitidos con anticipación para asegurar que cumple con ciertos parámetros de carácter legal o voluntario de los discursos políticos. Ya sea que se lleve a cabo por una aproximación, esto dependerá del país que tenga un antecedente histórico sobre discursos difamatorios o un serio problema político.

La desventaja en principio se refiere a que tal aproximación puede ser vista como una interferencia en el discurso político y punto central de la censura previa. La dificultad en la práctica es que impone una carga administrativa adicional en el órgano regulador (Ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?.

Códigos de Conducta

No obstante ninguna posibilidad se presenta a si misma en relación a la cobertura de noticias: la legislación internacional rechaza totalmente la "restricción anticipada" o la censura en la pre-publicación. El problema de los discursos difamatorios tendrán por tanto que ser dirigidos primeramente a la fuente -esto es, con los propios partidos políticos y candidatos. Esto se podría conseguir de mejor forma con un código de conducta acordado entre los partidos con anticipación al desarrollo de la campaña electoral. Algunas ocasiones, como en Sudáfrica y en Camboya, este código de conducta hará las veces de ley. (ver Código de Conducta en Sudáfrica y Código de Conducta en Camboya)

Quejas

El problema de los informes poco profesionales o tendenciosos sobre las declaraciones de los actores políticos tendrán que orientarse primeramente a través de los mecanismos establecidos para la recepción de quejas por la instancia reguladora -ya sea por un regulador de los actos de los medios de comunicación o por una autoridad electoral. El remedio más efectivo será el de permitir la corrección de los materiales difamatorios a través del derecho de réplica (ver Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables). Existen algunos ejemplos de este tema en Bosnia y el Reino Unido. (ver The Operations of the Regulator on Hate Speech - Bosnia y The Operations of the Regulator on Hate Speech - United Kingdom).

Promoción de los Parámetros Profesionales

La medida más significativa que la instancia reguladora puede llevar a cabo para promover un equilibrio en los informes con declaraciones difamatorias es asegurar la adhesión a un estándar de profesionalización entre los medios de comunicación. Para llevar a cabo esto, será de vital importancia la profesionalización y los acuerdos entre las instancias de comunicación. Para un ejemplo, (ver Tanzania: Media Code of Conduct). el órgano regulador podrá optar por comprometerse en la capacitación de periodistas para la elaboración de informes en el contexto de las campañas políticas.

Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables

El derecho de réplica no tiene mucha aceptación entre los medios de comunicación, pero ha encontrado un crecimiento favorable con los tribunales y otros organismos internacionales (ver Derecho de Réplica). Los periodistas tendrán que aceptar la opción menos mala. La alternativa para reducir el espacio entre ambas posturas puede ser hacer responsable de su total acuerdo con las opiniones de uno u otro candidato.

La mejor forma de evitar un derecho forzado de réplica es el de asegurar el equilibrio en la cobertura. Aún cuando los medios de comunicación en los Estados Unidos (generalmente no cuentan con algún tipo de regulación) han sido obligados a cumplir con una Doctrina de Justicia en el contexto de los informes en elecciones, que aseguren que la totalidad de los principales partidos consigan un lugar en los espacios noticiosos y en los programas actuales. Las estaciones de radiodifusión son obligadas a ofrecer una "razonable oportunidad para la discusión de puntos de vista contrastantes".⁶⁶ La redacción es importante: "racional" más que igualitaria. La cobertura no es medida en términos de tiempo. Queda claro que lo importante es que todas las partes involucradas puedan ser escuchadas.

En algunas ocasiones esta aproximación a la justicia no es la más adecuada. El personal acomete esta regla en el contexto del Acta de Comunicaciones de los Estados Unidos que especifica que si se lleva a cabo un ataque sobre la calidad del personal o a un individuo, esta persona deberá ser informada y brindarle una oportunidad para responder.⁶⁷

En las elecciones de 1994 en Sudáfrica se contempló una provisión, ligeramente de mayor extensión que la considerada en los Estados Unidos para las personas que infringen una regla, pero basada en el mismo principio. Esta es una regla común en las legislaciones y regulaciones electorales y brindan una sensible oportunidad para alcanzar el equilibrio en el debate. Establece que si una crítica fue presentada contra un partido político sin brindarle la oportunidad para responder en el tiempo determinado, o sin que su punto de vista haya sido considerado, entonces la radiodifusora era obligada a brindarle una oportunidad razonable a este partido para responder a las críticas.

Si dentro de las 48 horas después del inicio de la votación la radiodifusora tiende a difundir un programa en donde un determinado partido político sea criticado, el titular de la estación deberá darle una oportunidad al partido para responder dentro del programa, o tan pronto como sea posible en el corto plazo. Estas provisiones únicamente aplican para coberturas durante el control editorial de la estación y no para una transmisión de un determinado partido o para efectos de propaganda política.⁶⁸

Brasil cuenta con una provisión para el derecho de réplica que aplica específicamente a sabiendas de que se hacen declaraciones falsas en el curso de las transmisiones directas. En este caso la parte ofendida puede apelar a un juicio. Si la solicitud es aceptada el reclamante gana un monto de tiempo libre para rebatir las declaraciones falsas el cual es después reducido del tiempo libre otorgado al partido ofensor. Ver Brazil: law on election broadcasting.

El Derecho de los Periodistas a Obtener Acceso a los Eventos Electorales

Los medios de comunicación no pueden cubrir adecuadamente un proceso electoral si no se les faculta el acceso a los eventos y lugares más importantes. Esto es suficientemente obvio, pero desafortunadamente muchos países que se encuentran inmersos en la organización de elecciones democráticas por primera vez, pueden tener la mínima experiencia en el manejo de la cultura de la libertad de acción de los medios. El propósito de las leyes y las regulaciones de los medios en el contexto de una elección -y las funciones del órgano regulador- es crear un ambiente en donde los medios puedan llevar a cabo sus actividades libremente. Las campañas electorales no se perciben como un secreto de estado que tenga que ser sacado a la luz por periodistas investigadores; en su lugar, deben ser conducidas a los ojos de la opinión pública.

Es, por tanto, un argumento que parte del principio de que a los periodistas se les deben brindar todas las facilidades de acceso a los eventos que conforman un proceso electoral. Sin embargo, para el organismo encargado de la organización significa una consideración pragmática. Si los medios de comunicación están presentes en la totalidad de los eventos más relevantes, entonces será mucho más fácil para el administrador dar a conocer sus mensajes y asuntos más relevantes al público en general.

A efecto de asegurar el acceso a los distintos aspectos que envuelven una elección -por ejemplo, el escrutinio - será necesario para el órgano de administración operar algún proceso de Acreditación. Sin embargo, en principio no será necesario para todos los eventos, partiendo del hecho de que la responsabilidad para determinar si es o no periodista, debe recaer en los órganos destinados para ello, no para el estado.

Es muy importante que el acceso sea anti-discriminatorio. Sería inaceptable, por ejemplo, que los periodistas provenientes de ciertos organismos de comunicación fueran excluidos de algunas reuniones por un determinado partido político. El libre acceso de los medios de comunicación a la totalidad de los eventos públicos, será un elemento explícito del código de conducta de los partidos políticos (ver Medidas para la Protección de los Periodistas). Será mucho peor, sin embargo, que las autoridades electorales ejercieran cualquier tipo de medidas discriminatorias a los medios de comunicación en ocasiones en que se les hubieran entregado materiales informativos o hayan sido invitados a una conferencia de prensa.

El derecho de acceso de los periodistas fluye de manera directa de los principios de libertad de información que subyacen del papel que juegan los medios en una democracia (ver Medios y Democracia). Los procedimientos de acreditación no pueden ser utilizados para limitar este acceso, mucho menos cuando están siendo aplicados de una manera discriminatoria o cuando forman parte de una requisito universal para asistir a todos las actividades derivadas de la organización de una elección. A excepción de algunas circunstancias bien delimitadas cuando la seguridad del proceso electoral está en riesgo, el proceso de acreditación es una herramienta administrativa, y no un principio que signifique la determinación de quien está, o no facultado para informar sobre las actividades del proceso electoral.

La libertad de expresión significa, entre otras cosas, que los medios de comunicación están facultados para investigar e informar de manera crítica sobre la eficiencia y probidad de la organización de la elección. Esta situación no siempre es bienvenida por los administradores, sin embargo esencialmente no tienen otra opción sobre esta materia. Este escrutinio no representa una interferencia con la organización de la elección pero asegura y facilita su eficiencia. Esto resulta verdadero en tanto es una materia de un principio mucho más amplio, pero también es una materia del practicidad. Si los medios de comunicación cuentan con un adecuado acceso a los organismos encargados de la elección, pueden llevar sus asuntos en forma mucho más expedita al público. Estas funciones son entendidas como un método de capacitación electoral mucho más efectivo y de bajo costo.

Acreditación

La pregunta acerca de quien es o no un periodista practicante queda bajo la responsabilidad de sus propias organizaciones -aunque muchos gobiernos, a través del Ministerio de Información o instancia similar, cuentan con un sistema de acreditación de periodistas.

Cualquiera que sean las bondades de los distintos sistemas, no obstante, es necesaria la instrumentación algunos sistemas de acreditación en cualquier proceso electoral. Esto se debe a que los medios serán facultados para asistir a los distintos eventos -tales como la propia votación o el escrutinio de los votos- que en primera instancia no estarán abiertos al público ordinario.

El sistema más adecuado en la acreditación de periodistas en el marco de una elección es el conducido por un órgano de supervisión electoral o un órgano regulador de medios de comunicación (en caso de ser distintos) de manera conjunta. El proceso de acreditación debe estar disponible para los representantes de organizaciones de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales (ver Medios de comunicación extranjeros). La autoridad encargada de la acreditación no podrá rehusar la entrega de credenciales a ningún representante de estas organizaciones.

La naturaleza del proceso de entrega de las credenciales de identificación deberá ser acordada entre la policía o cualquier otro organismo responsable de la seguridad en la elección, así como con el personal del organismo electoral. Estas credenciales deberán ser con fotografía, donde se identifique claramente al portador como un representante de algún medio de comunicación. Estos preparativos deben hacerse del conocimiento de los partidos políticos, quienes estarán en espera de hacer del conocimiento de sus miembros y personal de apoyo (y no impedir) el acceso a cualquier persona que porte estas credenciales (ver también El Derecho de los Periodistas a Obtener Acceso a los Eventos Electorales y Medidas para la Protección de los Periodistas).

Cuando se conoce con anticipación la fecha en que se va a llevar a cabo una elección, la acreditación de la mayoría de los periodistas se puede organizar con el debido tiempo de antelación, a efecto de evitar retrasos de última hora. No debe haber límites sobre el número de personal de medios de comunicación para la entrega de acreditaciones. Las organizaciones de reciente creación no están obligadas a limitar el número de periodistas a acreditar, aunque resultará mucho más razonable para los organizadores de un evento, limitar el número de solicitantes de una organización periodística particular, en caso de ser necesario para asegurar el acceso de un espectro más amplio de instituciones de comunicación.

Aunque una credencial con fotografía -evidencia visible de acreditación- es sin duda alguna de mucha utilidad para el público ligado a la organización de la elección, únicamente deberá ser solicitada como precondición de asistencia en dos circunstancias:

• Cuando la seguridad del proceso está en juego -tanto en la votación como en el escrutinio.
• Cuando la logística de la organización determina que únicamente un número limitado de periodistas pueda tener acceso.

En este último caso, será preciso que los periodistas operen su propio sistema en donde puedan seleccionar por si mismos a sus representantes para asistir a los distintos eventos, con el propósito de compartir la información conseguida.

En otras palabras, el proceso de acreditación es entendido en gran medida como una herramienta administrativa que en pocas ocasiones tiene una dimensión de seguridad. Generalmente, lo más importante es el principio de que nadie puede tener acceso al proceso electoral, escribir sobre él y difundirlo.

Medios de comunicación extranjeros

Todo lo que se ha dicho acerca de El Derecho de los Periodistas a Obtener Acceso a los Eventos Electorales y del proceso de Acreditación aplica de igual forma a cualquier medio de comunicación extranjero que esté presente. Es importante enfatizar que esto es una cuestión de principios. Las fuentes fundamentales del derecho de libertad de expresión -La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos- explícitamente definen esta prerrogativa como el derecho a la comunicación y la recepción de información "sin considerar fronteras".

En la mayoría de las veces, habrá corresponsales extranjeros que residan en el país - o al menos, acreditados - por periodos prolongados. Si partimos de la base de que estos periodistas invariablemente contarán con una forma de acreditación como condición para residir en ese país, la acreditación para cubrir una elección presentará pocos problemas en principio. Es más probable que se presenten problemas si la elección está sujeta a intereses internacionales (tal y como las elecciones tienden a ser), con la posibilidad implícita de que un gran número de representantes de medios extranjeros, esperando cubrir las elecciones, arriben al país de última hora.

Será necesario que el organismo que normalmente es responsable de la acreditación de los medios extranjeros coordine sus actividades con las de esos medios y con los organizadores de la elección. Por motivos migratorios todos los periodistas extranjeros necesitarán estar acreditados, sin embargo tanto el personal de los medios locales como el gobierno, e inclusive el administrador electoral cuentan con facultades para decidir quien puede y quien no formar parte del proceso informativo sobre una elección. La acreditación es una medida administrativa, no una forma de hacer a un lado a la gente.

El sentido común sugiere que es necesaria como medida de planeación prioritaria, la valoración sobre el número de representantes de medios extranjeros que desean cubrir las elecciones. No solamente se puede planear anticipadamente el proceso de acreditación, sino que también otras facilidades tales como las relativas al establecimiento de una sala de prensa.

Se requiere un medida de paciencia y entendimiento mutuo.Las elecciones están organizadas para beneficiar al electorado, no a los medios internacionales (un hecho que finalmente y en algunas ocasiones tenemos que recordar). Los medios internacionales no benefician directamente al electorado al supervisar el proceso y a los contendientes políticos (aunque el crecimiento de las estaciones radiodifusoras y las noticias por internet están cambiando esta percepción). No obstante la responsabilidad internacional es parte del proceso para organizar elecciones libres y justas, y hasta este punto, los medios internacionales juegan un papel parecido al de los observadores electorales internacionales. Está, por consiguiente, en el interés de la democracia y del propio proceso electoral, que se les permita realizar su trabajo.

Medidas para la Protección de los Periodistas

Cuando las campañas electorales se tornan violentas, los periodistas parecen estar en el lugar más reñido de la misma. Desafortunadamente, el peligro a menudo forma parte del trabajo de los reporteros, sin embargo es responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones electorales asegurar que ese peligro se mantenga en su nivel más bajo.

Cualquier ataque que atente contra la integridad física de los corresponsales o interfiera con su trabajo, está calificado como delito bajo la ley ordinaria del país. Sin embargo, en virtud de la particular importancia de los medios de comunicación en las elecciones, algunos países han definido algunas ofensas relacionadas con ataques sobre periodistas en una elección. Por ejemplo, La sección 8 del Acta Electoral de Sudáfrica castiga las faltas contra periodistas con una multa de R200,000, prisión o descalificación de su participación en las demás actividades de la elección.

El corolario para esta situación es que la ley restringe la libertad de los medios y el salvoconducto del periodismo debe ser rechazado con anticipación al desarrollo de la elección. Parte de la seguridad del periodista estriba en que su comportamiento no llegue a convertirse en un riesgo susceptible de arresto para la suspensión de las actividades profesionales ordinarias. Esto podría incluir, por ejemplo, que la policía o el poder judicial obligaran al periodista a divulgar fuentes de información confidenciales.

Asimismo, es tan importante como la propia ley, el contenido del mensaje que claramente se difunde entre todas las personas involucradas en la elección. Los organismos involucrados, como la Federación Internacional de Periodistas, generalmente recomiendan que los gobiernos (y las autoridades electorales) hagan una clara declaración al inicio de la campaña electoral informando a todos los partidos políticos y las agencias gubernamentales que los medios de comunicación representan una parte esencial del proceso democrático - y cualquiera que los prevenga de ir en contra de los lineamientos establecidos en su trabajo tendrá que enfrentarlos utilizando la fuerza de la ley en su totalidad. Por supuesto que el peligro de los periodistas no viene únicamente de los activistas partidistas -a menudo están bajo riesgo de las fuerzas de la ley entrenadas en un contexto de dictadura. De ahí la importancia de las instrucciones claras al público -con el consiguiente sobre-entendimiento de que cualquier ataque será investigado y sus perpetradores presentados ante la justicia.

Los códigos de conducta que rigen el accionar de los partidos a menudo son un dispositivo utilizado en situaciones presumiblemente violentas. En ellos se debe incluir declaraciones donde claramente se determine la importancia de los medios de comunicación en un proceso electoral y la necesidad de abstenerse de atacarlos.

La protección física de los periodistas puede implicar más dificultades debido a que la presencia policiaca puede interferir con la libertad de los medios para conseguir información. No obstante, las fuerzas policiales deben estar instruidas sobre la responsabilidad para proteger a los periodistas en contra de cualquier ataque, físicamente si es necesario.

La Federación Internacional de Periodistas cuenta con una serie de consejos prácticos sobre este tema (ver International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook).

Disposiciones que Afectan a los Medios de Comunicación Públicos

En la mayoría de los sistemas electorales aplicarán distintas regulaciones para los medios de comunicación públicos y privados. Además de los compromisos éticos que atañen a los periodistas y comunicadores, los medios públicos de comunicación se deben al electorado, quien finalmente los financia y de alguna forma es su propietario. De ahí que generalmente se asuma -basados en la legislación internacional - que los medios de comunicación públicos deben ser políticamente imparciales.

Existen otras obligaciones imputables a los medios de comunicación. En la mayoría de los sistemas no existe algún requisito legal para que los medios privados instrumenten estrategias de transmisión directa y propaganda de los partidos políticos durante una campaña electoral. Sin embargo, para los medios de comunicación de carácter público generalmente es un requisito. Una buena parte de esta sección está dedicada a los temas derivados de los siguientes cuestionamientos:

• El acceso directo debe ser a través del pago de propaganda política o una libre elección del partido para su transmisión
• Cómo se determinarán los montos de tiempo entre partidos y candidatos? Ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos.
• En qué horario del día serán transmitidos los spots publicitarios Ver Programación y Extensión de los Espacios de Acceso Directo.

En esta sección también se considera lo apropiado que resulta para el órgano regulador de los medios de comunicaciones en elecciones verificar si el contenido editorial de los medios de carácter público -esto significa que las secciones de salida de los medios de comunicación regularmente, cuenta con su propio control editorial.

Un aspecto adicional sobre la responsabilidad de los medios de comunicación públicos viene de la responsabilidad del gobierno para informar y capacitar al electorado sobre la forma más adecuada para ejercer sus derechos en una elección -educación electoral.

La obligación de los medios de comunicación de carácter público han sido resumidas en una serie de lineamientos establecidos por el grupo de libertad de expresión en su artículo 19. Elaborado por vez primera en 1994 para direccionar el problema relacionado con la justa cobertura de transmisiones estatales, los medios que no contaban con antecedentes de comportamiento imparcial, estos lineamientos han sido ampliamente distribuidos y adoptados desde entonces. Ver ARTICLE19 Election Reporting Guidelines.

Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos

Casi invariablemente los medios de comunicación públicos están pensados con la premisa de publicar o difundir las declaraciones que en materia electoral hagan los partidos políticos involucrados en la competencia. Generalmente se acepta que los medios de origen público tengan la obligación de permitir a los partidos y candidatos comunicarse directamente con el electorado.

Más allá de esto, sin embargo, hay ciertos factores a determinar.

¿Pago por concepto de propaganda, libre transmisión o una mezcla de ambas?

Esto tendrá que ser determinado ya sea por la libre transmisión de los programas de los partidos políticos, el pago por su transmisión o como usualmente sucede, por una mezcla de ambas modalidades. A menudo se adoptan distintas reglamentaciones en el caso de los medios impresos y electrónicos. En algunas ocasiones a todos los partidos se les concede la libre transmisión, sin embargo tienen que marcar un límite superior a través del pago por concepto de anuncios y propaganda. Ver Pago por Propaganda Política.

¿Cómo se dividen los tiempos y espacios?

En un sistema de pago por publicidad esto no representa un problema -simplemente se asigna el tiempo a aquellos que pueden pagar. (mucha gente argumenta que este pago por concepto de publicidad es una opción injusta). Sin embargo, si el tiempo de transmisión directa tiene que ser asignado por un organismo regulador, ¿quien lo hará?; ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para dividir el tiempo disponible?; ¿se debe hacer sobre una base de igualdad -a efecto de que a cada partido le sea asignado el mismo tiempo- o de equidad (justicia), donde a cada partido se le asigne tiempo de conformidad al grado de popularidad de que gozan?. De ser este el caso, ¿cómo se determina? ¿Se debe asignar el tiempo sobre la base del apoyo electoral precedente (el número de escaños actualmente asignados), con base a encuestas de opinión, al número de candidatos presentados para la elección - o algún otro criterio de asignación que incluya una combinación de todas las anteriores? En muchos países se han adoptado una gran variedad de estos sistemas. Ver Cobertura de Acceso Directo Igualitaria o Equitativa, A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa y Criterios para la Asignación de Tiempo de Acceso Directo.

Programación de espacios

¿Existirá alguna modalidad de regulación con relación a la transmisión de espacios? Si cada una de las partes involucradas consigue la oportunidad para transmitir sus espacios en horarios de máxima audiencia, ¿cuál será el criterio para su asignación? ¿En qué orden se les permitirá a los partidos transmitir sus espacios? Ver Programación y Extensión de los Espacios de Acceso Directo.

Quien paga -y quién elabora el programa?

El partido será responsable de la elaboración de sus propias transmisiones o la difusora brindará facilidades para tal efecto?; y quién correrá con los gastos? Ver ¿Quién Cubre los Costos de las Transmisiones de Acceso Directo? y ¿Quién está a Cargo de la Producción de las Transmisiones de Acceso Directo?.

¿Quien tiene decisión sobre lo que se transmite?

¿El organismo regulador cuenta con algún pronunciamiento sobre los contenidos de la transmisión directa o la propaganda política? ¿Los partidos tienen injerencia sobre el resultado deseado?; cuáles son los límites? Ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?.

Cobertura de Acceso Directo Igualitaria o Equitativa

Una de las decisiones fundamentales que deben tomar los partidos políticos en la organización de las transmisiones de acceso directo se refiere a si los espacios de transmisión se deben adjudicar sobre una base de igualdad o de equidad. Igualdad, claramente significa que cada partido o candidato consigue el mismo acceso. Equidad, significa que cada una de las partes consigue un acceso justo - un partido con un mayor apoyo debe contar con mayor tiempo aire, en contraste con otro partido que no lo tiene.

El argumento para que sea igualitario

Cualquier agrupación tiene la oportunidad de exponer su punto de vista al electorado. Será éste quien elija, y no el radiodifusor o el regulador electoral. Este es un sistema sencillo y todos lo pueden entender. Es particularmente atractivo en una primera elección democrática, cuando no hay una forma segura de saber el grado de apoyo con que cuentan los partidos.

El argumento para que no sea igualitario

La equidad proporciona una ventaja adicional al partido correspondiente, quien tiene otras oportunidades para transmitir sus políticas a través de los medios. Lo que hace una base igualitaria es promover a los partidos de oposición con pocas probabilidades a expensas de aquellos que cuentan con genuinas probabilidades para desbancar al partido gobernante. Igualdad también significa que simplemente hay un exceso de material para el consumo del electorado. Llegará a ser aburrido y el proceso de acceso directo puede convertirse en una pérdida de tiempo. Nuevamente esto parece favorecer a unos cuantos actores.

Otro argumento en contra del acceso igualitario automático es que alienta a los candidatos interesados únicamente en la libre publicidad.

El argumento para que sea equitivativo

Si el acceso directo es adjudicado sobre una base justa (o equitativa), se asegura que a todos los partidos se les brinda la oportunidad de comunicarse con el electorado, generalmente en proporción a su apoyo popular. Esto significa que el electorado llega a escuchar los argumentos vertidos por los principales contendientes a un cargo, aunque también los emitidos por los partidos con menor apoyo (pero en menor proporción).

El argumento para que no sea equitivativo

Este sistema es un obstáculo a la aparición de nuevos partidos, ya que siempre está basado en el apoyo conseguido en la última elección. ¿y qué sucede si no hubo ocasión anterior? ¿cómo se determina el apoyo popular en una primera elección democrática? El sistema, de este modo podría quedar abierto al abuso.

¿Y la respuesta?

No hay una respuesta correcta o errónea a este problema, en tanto puede ser visto a través de una variedad de soluciones tanto en las democracias establecidas como en las emergentes. No obstante los distintos enfoques pueden aplicar a distintos sistemas políticos. A continuación algunas consideraciones adicionales:

• La igualdad puede aplicarse de mejor forma cuando hay pocos partidos o candidatos. Cuando hay muchos, por consiguiente el 'pastel' tiene que ser cortado en porciones muy reducidas, o ser tan grandes, que haya muchas transmisiones electorales.
• La Igualdad puede aplicarse de mejor manera en una nueva o democracia en 'transición'. Esto quizá contradiga lo anteriormente expuesto, ya que en las nuevas democracias a menudo hay muchos partidos (y los partidos gobernantes en las nuevas democracias pueden alentar este hecho). Sin embargo, el punto es que si no ha habido una previa elección democrática, no habrá medidas comúnmente acordadas sobre el grado de apoyo popular que cada partido tiene.
• Por el contrario, la equidad tiene una mejor aplicación en una democracia establecida en donde existen medidas claras sobre el apoyo electoral recibido anteriormente. ¿O los defensores de la igualdad están correctos, y esto únicamente obstruye el nacimiento de nuevas alternativas políticas?

Sin embargo, estas consideraciones son sólo indicadores. Muchas democracias establecidas -Francia, Italia, Dinamarca - asignan transmisiones de acceso directo en los medios públicos sobre una base igualitaria (por lo menos en algunas elecciones) - ver ¿Acceso Igualitario a Todos los Partidos?. Y muchas democracias emergentes - han asignado tiempo sobre bases de equidad y proporcionalidad - ver ¿Acceso Equitativo (o justo) a Todos los Partidos Políticos?.

Cualquiera que sea el enfoque adoptado, su éxito dependerá en gran medida de la credibilidad e imparcialidad del órgano de regulación que adjudica los espacios de transmisión. Este es un poderoso argumento para involucrar a los partidos políticos en el diseño y elaboración de las regulaciones que rigen a los medios de comunicación en procesos electorales (ver ¿Quién Debe Estar Involucrado en el Proceso de Preparación?). Los partidos políticos están más comprometidos con un proceso en donde han sido consultados y donde han contribuido al diseño del sistema.

Todos estos argumentos aplican clara y primeramente a Criterios para la Asignación de Tiempo de Acceso Directo, esto significa, que las transmisiones de acceso directo están a la libre disposición de los partidos. El pago por propaganda política, cuando ésta es permitida, normalmente se hará sobre la base de que los partidos políticos pueden conseguir tanto tiempo de acceso directo (como les sea permitido dentro del Propaganda Política y Límites a los Gastos de Campaña). No obstante, no siempre es el caso. Y si se establecen límites para el pago por concepto de propaganda, las consideraciones de igualdad y equidad pueden aplicar.

¿Acceso Igualitario a Todos los Partidos?

Muchos países han determinado el tiempo de transmisión directa sobre una base de igualdad entre los distintos partidos políticos y candidatos. Aún así, existen ciertas diferencias sobre la forma en que se aplican estos sistemas. Algunas veces, por ejemplo, puede haber un criterio de calificación que debe conocerse previo a la aplicación de este sistema.

Francia

La fórmula para determinar los tiempos de transmisión directa en las elecciones presidenciales francesas es de igualdad para todos los candidatos, quienes generalmente son 14. Si ningún ganador emerge de forma clara, se presenta una segunda ronda entre los dos candidatos que figuren al frente de la competencia, asignándose el tiempo aire de forma igualitaria entre ambos contendientes.⁶⁹

Dinamarca

Dinamarca adjudica tiempos iguales a todos los partidos políticos en elecciones parlamentarias, tanto como satisfaga ciertos criterios básicos; deben haberse registrado ante el Ministerio del Interior, quien les solicita haber recolectados la firma de 1 por cada 175 de los votos emitidos en la última elección. ⁷⁰

Noruega

En Noruega, el tiempo es asignado en forma igualitaria, sin embargo de nueva cuenta se debe cumplir con algunos requisitos. Los partidos políticos deben haber estado representados en uno de los dos últimos parlamentos, contar con una organización a nivel nacional y presentar candidatos en la mayoría de los distritos electorales. Los partidos menos representativos no están obligados a enfrentar este umbral no obstante que cuenten con un programa reducido. ⁷¹

Italia

La difusora estatal, RAI proporciona tiempos iguales a todos los partidos contendientes en una elección. Sin embargo, las difusoras comerciales no tienen esta obligación. ⁷²

Checoslovaquia

Para la primera elección democrática en Checoslovaquia, a todos los partidos se les adjudicó el mismo tiempo de transmisión - un total de cuatro horas sobre el periodo de campaña estimado en 40 días. Los espacios de tiempos fueron entonces divididos en distintos periodos. El horario exacto fue determinado por espacios. ⁷³

Armenia

En este país se proporciona acceso igualitario a todos los partidos, sin embargo el monto tiene un límite de cinco minutos para cada candidato o partido. Esto evitó el problema de Polonia, pero quizás dio origen a un problema alterno. ¿Realmente hubo suficiente información para el elector?

Japón

Japón cuenta con un sistema de acceso igualitario pero con un umbral de calificación mínimo. A efecto de recibir igual tiempo de transmisión un partido debe presentar al menos 12 candidatos. En la Cámara Alta, sin embargo, todos los candidatos reciben cinco minutos y medio de tiempo gratuito de transmisión. Ver Fórmulas para la Distribución de Tiempos.

Holanda

Holanda, al igual que Japón, cuenta con un sistema que es una suerte de igualdad modificada. En principio todos los partidos cuentan con tiempos iguales de transmisión, Sin embargo, el órgano regulador, El Comisariado de Medios de Comunicación, puede asignar tiempo extra a los partidos y candidatos contendientes en todos los distritos electorales.⁷⁴

¿Acceso Equitativo (o justo) a Todos los Partidos Políticos?

Si se hace un lado el principio de igualdad, existe un amplio rango de alternativas que pueden adoptarse a efecto de alcanzar una justa y equitativa distribución de los tiempos de transmisión entre los partidos o candidatos. Se pueden tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• La fortaleza de un partido político en la elección precedente.
• El número de candidatos contendientes

Normalmente hay un mínimo de adjudicación de tiempo para todos los partidos, o al menos hacia aquellos que presentan un cierto número de candidatos en un intento por direccionar las críticas en el sentido de que un enfoque "equitativo" no es lo suficientemente justo para los nuevos partidos.

En una elección presidencial estos cálculos son más difíciles de realizar, cuando un candidato se presenta por primera vez. En Brasil, este efecto se minimiza al adjudicar tiempo de transmisión en la elección presidencial sobre la base de la fortaleza y representación del partido en el Parlamento. Para la segunda vuelta, el tiempo se adjudica igualitariamente.

Estos problemas son examinados con mayor detalle en A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa. Esta sección contiene una revisión de algunos de los distintos enfoques adoptados.

Sudáfrica

El tiempo de transmisión es adjudicado sobre la base de una combinación de criterios: un mínimo de tiempo a todos los partidos, una parte sobre la base del número de candidatos presentados y una más sobre la base del apoyo recibido en elecciones previas. Este último generalmente es medido sobre la base del número de asientos obtenidos en la previa legislatura a nivel nacional o provincial.Ver A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa, para una revisión más exhaustiva sobre la fórmula utilizada y "mex21" para acceder al texto íntegro de la fórmula.

Grecia

A los tres partidos más representativos en el Parlamento anterior se les tenía permitidos al menos treinta y ocho minutos a la semana de programas televisados. A los partidos más pequeños que tenían miembros en parlamentos anteriores se les permitían hasta ocho minutos a la semana. A los partidos sin representación en el parlamento, pero que tenían una lista de candidatos en el 75% de los distritos electorales, se les permitían cinco minutos a la semana. Adicionalmente, a cada uno de los tres partidos con mayor representación se les permitía una transmisión de 45 minutos Ver Fórmulas para la Distribución de Tiempos.

España

Los partidos políticos que no obtuvieron ningún escaño en la elección precedente se les asigna un periodo de tiempo de 10 minutos de transmisión. Los partidos que ganaron menos del 5% de la votación tienen hasta 15 minutos. Los partidos que obtuvieron hasta el 20% se les proporciona hasta 30 minutos de transmisión y, finalmente, aquellos que obtuvieron más del 20% se les dan 45 minutos de tiempo de transmisión. Ver Fórmulas para la Distribución de Tiempos.

Reino Unido

La fórmula para la asignación de tiempos de transmisión es revisada por un Comité de Radiodifusores y partidos políticos en cada elección. Aproximadamente se entiende de la siguiente forma: todos los partidos que presentan 50 o más candidatos se les asigna tiempo libre transmisión. Los dos principales partidos reciben el mismo tiempo de transmisión -usualmente cinco transmisiones de 10 minutos cada una. El tercer partido en la lista recibe un poco menos -usualmente cuatro espacios de transmisión de 10 minutos cada una ⁷⁵.

Israel

A todos los partidos contendientes en una elección se les asignan 10 minutos de tiempo de transmisión. Los partidos que estuvieron representados en el Knesset (parlamento) anterior reciben tres minutos adicionales por cada uno de los escaños obtenidos. ⁷⁶

Turquía

Los partidos involucrados en la contienda electoral cuentan con 10 minutos de tiempo de transmisión. Los partidos con representación parlamentaria pueden recibir un periodo adicional de 10 minutos. Además, al partido gobernante se le permite un tiempo de 20 minutos, y al principal partido de oposición se le otorgan 10 minutos adicionales. ⁷⁷

Criterios para la Asignación de Tiempo de Acceso Directo

La aplicación de criterios para la asignación de tiempos de transmisión de acceso directo es en primera instancia un problema cuando se aplican consideraciones de equidad, en lugar de la simple asignación de espacios sobre una base de igualdad. Sin embargo, en los sistemas con "igualdad modificada", como en el caso de Holanda, el organismo regulador toma algunas providencias para asignar tiempo adicional a los partidos con mayor representatividad.

En cualquier sistema, el primer criterio a establecer se refiere a si existe un umbral de calificación. Aún ciertos sistemas basados en la igualdad (como el caso de Dinamarca, Noruega y Japón) requieren de cierta forma de calificación -como el número de escaños obtenidos o un mínimo de firmas públicas.

Los sistemas equitativos también tienen que decidir sobre la pertinencia de un umbral de calificación. En las democracias emergentes es más probable que se establezca un umbral bajo, debido a la dificultad de conocer el nivel de apoyo popular de que disfruta cada uno de los partidos políticos. De este modo, en Sudáfrica por ejemplo, todos los partidos reciben un mínimo de asignación. En las democracias ya establecidas el umbral a menudo es muy alto. Generalmente, el umbral debe determinarse por el número de escaños que está en juego, más que por el número de ellos previamente obtenidos, debido a que éste último puede ser un gran obstáculo para la emergencia de nuevos partidos. De ahí que en el Reino Unido, por decir algo, el umbral se establece con 50 de la totalidad de los escaños que están en juego -aproximadamente un 7% del total.

Una vez establecidos los umbrales, los dos criterios que se deben tomar en consideración en la asignación de tiempo de transmisión de acceso directo son:

• ¿Por cuántos escaños contienden los partidos (o cuántos candidatos están presentando)?
• ¿Cuál fue el apoyo popular de que gozaron los partidos en el pasado?

Para contestar el primer cuestionamiento, de inmediato queda claro que esto será determinado en gran medida por la naturaleza de la elección y del sistema electoral. Una elección Presidencial, por ejemplo, parece estar más lejos de la igualdad en la asignación de tiempos de transmisión porque generalmente está basada en una competencia individual que en una simple diferencia de partidos. De ahí que Francia asigne el tiempo de transmisión en su elección presidencial sobre una base de igualdad, aunque Brasil lo ha llevado a cabo sobre la base del nivel del apoyo parlamentario a los partidos a que pertenecen los candidatos.

En elecciones parlamentarias, la naturaleza del sistema de votación determina claramente la forma en que los partidos con menos representación tienen probabilidades de obtener un buen resultado, lo que a su turno determinará la asignación de tiempo que pueden recibir. En un sistema de mayoría relativa, un partido que obtiene el 10% de la votación a nivel nacional es probable que sea completamente marginal (y posiblemente sin representación en el parlamento), mientras que el mismo partido en la gran mayoría de los sistemas de representación proporcional puede representar un importante contendiente. De este modo, la asignación de tiempo de transmisión bajo este último sistema parece encaminarse a una igualdad más declarada, o por lo menos a un umbral de calificación más bajo.

No obstante el modelo clásico de mayoría relativa, el del Reino Unido, extrañamente realiza un esfuerzo concienzudo para compensar las injusticias del sistema electoral en materia de adjudicación de tiempo. De este modo, el tercer partido a nivel nacional, el Liberal Demócrata, quien consistentemente recibe una representación parlamentaria mucho más baja que el que le corresponde por voto popular, de todas formas recibe una asignación de tiempo que actualmente es más alta no solamente que su número de escaños en el parlamento, sino también de su voto.

Una reciente alternativa muy interesante es la desarrollada en Sudáfrica, una democracia de reciente emergencia donde el órgano regulador de los medios de comunicación ha concebido una fórmula que:

• Brinda cierto acceso a todos los partidos
• Adjudica tiempo de transmisión sobre la base de los escaños en juego y el presumible apoyo popular.
• Toma en cuenta el hecho de que las elecciones nacionales y provinciales se llevan a cabo simultáneamente.

Ver A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa.

Programación y Extensión de los Espacios de Acceso Directo

La programación de los espacios de acceso directo es de vital importancia. La transmisión de un programa cuando todo mundo está dormido o en el trabajo será de muy poca utilidad para cualquiera. Al igual que la propaganda comercial, todos apuntarán hacia los horarios de mayor audiencia.

Todo lo anterior resulta obvio, todavía más sorprendente que tan a menudo es pasado por alto. En la campaña para el referéndum llevado a cabo en Zimbabwe el año anterior, la campaña para la promoción del voto "SI" (apoyada por el gobierno) casi invariablemente recibió espacios que rondaron el tiempo asignado a los principales programas de noticias matutinas. La campaña "no" tuvo que ir a los tribunales para conseguir su propio tiempo de transmisión -la reglamentación no especificó cuando debían ser transmitidas, por lo que recibieron horarios de transmisión menos ventajosos.⁷⁸

Este problema no considera únicamente el horario de transmisión de un espacio, sino que también tiene que tomar en cuenta lo que aparece en otros canales. En la elección presidencial del año 2000 en Serbia, la televisión intentó reducir los niveles de audiencia de la transmisión de los espacios del candidato de la oposición Vojislav Kostunica al programar simultáneamente la transmisión de una telenovela.

Aún así el problema puede exagerarse. En el plebiscito llevado a cabo en Chile en 1988, las transmisiones fueron programadas en un horario ordinario a efecto de desalentar el entusiasmo político. Sin embargo la población negada a verificar un debate político activo por un espacio de tiempo de 15 años no pudo ser disuadida y observó el hecho con mucho entusiasmo. ⁷⁹

El punto fundamental es la igualdad de acceso a los mejores espacios, cualquiera que estos sean. Una alternativa popular para alcanzar un marco de total igualdad es el diseño de espacios -una alternativa muy común cuando se cuenta con un marco de igualdad en el monto de tiempo asignado.

Un mecanismo favorable encontrado en el pasado fue la transmisión simultánea de programas partidistas en todos los canales. (en el Reino Unido, se dice que esta situación creó una gran tensión sobre la red del poder nacional, debido a que todos tomaron la oportunidad que les brindaba la transmisión simultánea de programas con contenidos políticos para prender la tetera y hacer té). Este enfoque conlleva algo que lo recomienda, sin embargo ha sido generalmente abandonado a favor de una filosofía en donde la opción del espectador es lo más importante. En la práctica la proliferación de los canales de televisión en muchos países hacen que esto sea muy difícil de cumplir.

Un segundo elemento a considerar es la duración de las transmisiones. Existen dos tendencias. Tradicionalmente el propósito de la ley y las regulaciones ha sido el de asegurar que los espacios sean lo suficientemente amplios para que los partidos puedan dar a conocer sus mensajes.

No obstante en la época de la propaganda fácil y abundante se está incrementando la percepción de que 10 minutos de tiempo de transmisiones de programas con contenidos electorales o partidistas es cosa del pasado. En el Reino Unido, por ejemplo, los principales partidos han asignado cinco espacios de 10 minutos cada uno - pero únicamente transmiten cinco minutos de cada uno de ellos. Si la reglamentación lo permite no debería haber duda para tomar los espacios de 10 minutos, pero no lo hacen. Por el contrario los partidos prefieren privarse de la mitad del tiempo asignado a efecto de no ahuyentar a los electores al optar por un programa de mucha duración.

En los Estados Unidos se hacen algunos movimientos para asegurar un mínimo de duración de la propaganda política a efecto de forzar a los políticos a apelar a la razón de los electores más que a sus emociones.

Para su regulación hay dos enfoques alternativos. Uno es especificar precisamente el espacio de tiempo disponible -digamos una transmisión de 5 minutos- y después se le turna al partido para su utilización. Si el partido decide no utilizarlo en su totalidad, pierde el tiempo no utilizado. El segundo se refiere a brindar una asignación global del tiempo que el partido pueda utilizar a su elección. El problema con este enfoque es que hace casi imposible la planeación de una parte de la transmisión pública.

Un tercer enfoque puede representar un compromiso entre las anteriores. A los partidos se les podría proporcionar una asignación total de tiempo de transmisión de conformidad a un sistema previamente acordado. Esta asignación de tiempo no se puede dividir en espacios distintos de duración, permitiendo a los partidos una combinación de duración y argumentos razonados por un lado, y por el otro ágiles mensajes propagandísticos.

¿Quién Cubre los Costos de las Transmisiones de Acceso Directo?

La transmisión de programas de partidos políticos, a diferencia de la propaganda política, usualmente es descrita como "libre". Sin embargo, todo esto significa que los partidos no pagan por el tiempo que les es asignado. Esto deja sin respuesta dos cuestionamientos:

• ¿Quién cubre el costo derivado de los tiempos de transmisión? y
• ¿Quién paga por hacer el programa en sí?

En la práctica, hay dos posibles respuestas a la primera pregunta; ya sea que la estación de radiodifusión sea requerida para proporcionar el tiempo libremente, o que el gobierno o la autoridad electoral pueda comprar el tiempo de una compañía de radiodifusión. Para las transmisiones de carácter público, la respuesta casi siempre será la primera. El contrato o regulaciones que rigen a las transmisiones públicas les solicitará que proporcionen este servicio. En algunos casos la obligación de un servicio público similar puede existir para efectos de licencias de transmisión privadas. Sin embargo, en este último es más común que un órgano de supervisión compre el tiempo a nombre de los partidos. Esto es lo que sucede en México, por ejemplo, donde el Instituto Federal Electoral adquiere y adjudica 15 minutos de tiempo al mes en televisión y radio para cada partido.

La segunda pregunta -quién paga por la elaboración del programa - es mucho más complejo. Normalmente, la respuesta es el partido, aunque esto en sí puede estar constreñido por límites legales en gastos de campaña. Los costos pueden mantenerse en un nivel bajo mediante la utilización de personal simpatizante al partido -algunos de los más famosos directores de cine en Hollywood entre los que destacan John Schlesinger, Hugh Hudson and Mike Newell, han realizado transmisiones de programas con contenidos electorales de los principales partidos en la Gran Bretaña (aunque en cada caso la tarifa del director fue probablemente más significativo que los altos costos de producción).

Si el partido político hace su propia elección para efectos de transmisión, esto favorece claramente a los partidos más ricos. Esto llevó a la Autoridad Independiente de Radiodifusión de Sudáfrica, a prohibir los espacios destinados a estos efectos en 1999 sobre la base de que los partidos más pequeños no estaban en condiciones de hacerlo. Ver South Africa: IBA Guidelines for broadcast licensees.

La solución alternativa, por supuesto, es que las radiodifusoras pongan a disposición de los partidos políticos una serie de facilidades. A últimas fechas esta fue la tendencia para la transmisión de programas de partidos políticos donde se establecieron límites resultando en una extensión del direccionamiento ministerial utilizado en épocas anteriores. Ha sido respuesta en las democracias en transición donde los partidos de nueva creación no cuentan ya sea con los fondos o con la experiencia necesarios para producir sus propios programas. Ver ¿Quién está a Cargo de la Producción de las Transmisiones de Acceso Directo?.

¿Quién está a Cargo de la Producción de las Transmisiones de Acceso Directo?

En 1994 en Mozambique, cierto número de partidos no contaba con las facilidades para realizar sus propios programas y no parecieron estar conscientes de los procedimientos para el envío de videocassetes a la radiodifusora. El resultado fue que sus espacios de transmisión aparecieron simplemente en pantalla blanca, o cuando mucho un texto o leyenda exhortando a votar por su partido a los televidentes.⁸⁰

En las elecciones en Polonia de 1999, por el contrario, la televisora polaca propiedad del estado dio facilidades a los partidos para producir sus programas de acuerdo a un criterio estrictamente definido. Puso a disposición de los partidos un estudio de grabación, o un equipo de videograbación conformado por tres técnicos y un periodista. (Los partidos podían decidir no contar con el periodista si presumían que este podría comprometer el propio control editorial de la estación). El papel del equipo era puramente de carácter técnico.

Cualquier apoyo técnico prestado por el personal de la televisora polaca que conllevara un eventual retraso sobre los contenidos sustantivos de la transmisión podía tener lugar únicamente bajo la presencia de un miembro del personal del candidato. Se debía hacer una nota en el registro de la producción.

Al personal del candidato se le permitía estar presente a cualquier hora durante la grabación, edición o proceso de post-producción en la preparación del programa.⁸¹.

Acceso Directo en Referendos

En un referendo o plebiscito, muchas de las complejas cuestiones relacionadas con la adjudicación de tiempos de transmisión están en declive. La opción es un si o no directo. Ya que la cuestión no ha sido respondida con anterioridad, no puede haber pregunta a considerar, previa opinión del elector en la materia. Igualdad y equidad conciden: todas las partes involucradas deberían contar con tiempo igualitario para dar a conocer sus argumentos

A esta conclusión llegó un Equipo Técnico de las Naciones Unidas durante un referéndum celebrado en Malawi en 1993:

En el caso de los medios de comunicación estatales es tradicional que deba proporcionarse acceso igualitario, tanto en términos de programación como en la duración de las transmisiones a las partes contendientes.⁸²

Tal fue la práctica en, por ejemplo, el plebiscito en Chile en 1988 con la restauración de la democracia.

Sin embargo, las cosas pueden resultar ligeramente más complejas, Comúnmente, más de un partido se puede alinear a un lado del debate -Incluso, dentro de la misma facción, algunos partidos pueden estar divididos entre sí. ¿Quien, por tanto, tiene el derecho de hablar?

En 1979 un tribunal escocés tuvo que solucionar un problema en un referéndum sobre la devolución del poder político. Los principales partidos políticos del Reino Unido estaban divididos, con miembros haciendo campaña para ambos lados del debate. Hablando en líneas generales, los tres principales partidos en Escocia estaban a favor de la devolución, y uno estaba en contra. El tribunal concluyó, sin embargo, que ambos bandos deberían tener igual tiempo - el apoyo partidista fue irrelevante.⁸³

Aún problemas más complejos se pueden presentar si distintos grupos apoyan la misma propuesta en un referendo, aunque desde una perspectiva distinta y organizados en distintas campañas. En este caso, ciertos criterios de adjudicación utilizados en las elecciones tendrán que ser considerados para determinar el monto de tiempo de transmisión que será otorgado. No obstante, el principio global de igualdad entre ambas partes no se verá afectado.

Pago por Propaganda Política

Ya sea que un país permita o no el pago de propaganda política en transmisiones es probable que dependa en gran medida de las tradiciones y del estilo de los propietarios de radiodifusoras y consecuentemente de la modalidad del sistema regulador correspondiente.

Algunos pueden considerarlo tan curioso como que el problema del pago por concepto de propaganda política de partidos políticos y candidatos en periódicos es apenas controversial. La práctica más conocida a nivel mundial es universalmente la misma: se permite la propaganda, sujeta únicamente a otras limitaciones como los techos de gastos de campaña y algunas restricciones en su contenido.

No obstante, el hecho de que muchos países hayan seguido un curso distinto relacionado con la propaganda política en radio y televisión puede deberse a dos factores:

• Primero, el costo por propaganda en radio o, especialmente, en televisión generalmente es mucho más alto comparado con el de los medios impresos.
• Segundo, las radiodifusoras o son dueños de la publicidad, o reciben la parte que les corresponde del espectro de frecuencia de un organismo público.

Por supuesto que ninguno de estos dos factores en sí automáticamente derivan en una prohibición de propaganda política en radio. Sin embargo, quizá sea necesario que se haga una aclaración sobre el porqué de la diferencia en el enfoque seleccionado.

Abundando, los países que tienen una larga tradición de radiodifusoras propiedad del estado, tales como Francia, Gran Bretaña y Dinamarca, tienden a mostrarse renuentes a pagar propaganda política. Los países que cuentan con una fuerte tradición relacionada con la propaganda comercial -Los Estados Unidos representan el extremo- tienden a considerar como natural la propaganda política (ver Países que Permiten el Pago por Concepto de Propaganda Política). Cabe destacar que el país europeo donde las transmisiones comerciales son más dominantes (Finlandia) debería ser el único a quien se le debe permitir una propaganda política sin límite.

Esta es la tendencia más problemática, pero también existen muchas excepciones. En Canadá, por ejemplo, quien cuenta con una conocida tradición de transmisiones públicas parecida a la prevaleciente en el Reino Unido, tiene un enfoque mucho más cercano al de su vecino del sur. Tampoco es necesario que se tenga que hacer algo con la aceptación o no de la estación de radiodifusión para propaganda comercial. La Corporación de Radiodifusión del Reino Unido, siempre ha mantenido una prohibición estricta con relación a la propaganda comercial, sin embargo la transmisora pública francesa la ha permitido desde 1960. Cada uno de ellos mantiene una estricta prohibición sobre propaganda política.

Un patrón común, por supuesto, es para las transmisiones públicas dar libre acceso directo a espacios de transmisión de acuerdo a un criterio predeterminado, mientras que las transmisoras privadas venden espacios de publicidad a partidos y candidatos, a menudo de acuerdo a un criterio distinto. Este es el caso, por ejemplo, en Alemania, y lo fue también en Italia inmediatamente después de la legalización de la propaganda comercial privada.

El Argumento de la propaganda política

El argumento a favor del pago por concepto de propaganda política recae en el ámbito de la libertad de expresión y encuentra su apogeo en los Estados Unidos. Generalmente se asume que la primera enmienda a la Constitución protege el pago por concepto de propaganda política. En efecto, los límites para las contribuciones de campaña a menudo son criticados por ser una violación a esta primera enmienda.⁸⁴

Bajo este argumento se asume que se permite el gasto de dinero en propaganda equilibrando el debate entre los contendientes. Esto no toma en cuenta el problema que cuando se poseen abundantes recursos financieros no necesariamente es igual que tener ideas políticas de real valor. Un partido político representa las aspiraciones de los pobres y los no privilegiados que pueden estar en desventaja bajo tal sistema. Es por mucho el primer argumento mundial, que no está dispuesto a transferir a países donde la riqueza es generada primeramente por una oficina gubernamental o por patrocinio político. En muchos países, el partido en el poder es el más rico y puede sufragar gastos de publicidad en mayor cantidad.

El argumento en contra de la propaganda política

El argumento en contra de la propaganda política está basado en la igualdad: todos los partidos o candidatos deben tener igual o acceso libre a programación directa sin la intervención del estado sobre sus campañas financieras. Los países que se pronuncian a favor de un sistema igualitario de acceso directo ("mec04a01a") casi siempre tiene una prohibición relacionada con la propaganda política. Pero hay mucho otros, como el del Reino Unido, que operan bajo sistemas de "equidad".

Uno más de los argumentos en contra de esta modalidad de propaganda es que incrementa el "dumbing down" del debate político. Queda claro que el pago publicitario generalmente es más corto en duración que los espacios de acceso directo y normalmente tienden a "vender" la idea o imagen de un candidato o partido (o denigrar al oponente) más que desarrollar un argumento. La diferencia en duración es sorprendente: un promedio de transmisión de espacios de propaganda en Finlandia es de 10 a 25 segundos y en los Estados Unidos es de 30 a 60 segundos. En Francia, el Reino Unido y Dinamarca la duración de los espacios libres fluctúa entre los 5 y los 10 minutos. ⁸⁵

Los que es aún más sorprendente, es el número de países que hacen una combinación de las transmisiones de acceso directo pagadas y no pagadas. Generalmente, el enfoque tendrá que designar a los partidos un reparto de tiempo libre de acceso directo, el cual deberá ser limitado con el pago de propaganda si el partido elige hacerlo y puede sufragar el costo. (Ver Un Sistema Mixto de Publicidad y Libre Acceso).

Países que Permiten el Pago por Concepto de Propaganda Política

Las características generales de los sistemas en donde se permite la propaganda política es que ésta es ilimitada -los partidos pueden adquirir tanto como les sea posible pagar- mientras que las transmisiones libres de acceso directo son limitadas a una distribución predeterminada.

Pero este no siempre es el caso, y un número de países que operan bajo un sistema mixto de pago por concepto de propaganda política y libre acceso directo limitan la distribución en proporción a ésta última (ver Un Sistema Mixto de Publicidad y Libre Acceso). Canadá cuenta con un sistema en donde el techo está determinado por el monto de tiempo publicitario que cada partido puede adquirir, sobre la base de su cercanía con los sistemas en otros lugares para la distribución de tiempo libre de acceso directo. (ver Paid Political Advertising - Canada.)

Es de hecho, relativamente poco usual, encontrar un sistema que se caracterice por sí sólo por el pago de publicidad política sin libre acceso directo. Por muchos años Finlandia fue un casi solitario ejemplo en Europa, con muchos otros ejemplos que se pueden encontrar en el Continente Americano.

Venezuela, por ejemplo, no permite la propaganda política en los canales gubernamentales, pero si lo hace sin límite alguno en los canales comerciales privados. Los partidos políticos generalmente parecen estar preparados para cubrir las cuotas establecidas para otros publicistas. Hay un subsidio estatal para el pago de propaganda. La legislación electoral autoriza al Consejo Supremo Electoral la contribución a las campañas propagandísticas de los partidos. La forma en que esto se lleva a cabo es que después de la elección el Consejo Supremo Electoral brinda una garantía a los partidos que obtengan al menos el 10% de la votación total emitida en las elecciones congresionales. En la práctica únicamente los dos partidos más importantes califican.

Una característica extraordinaria del sistema venezolano es que a la administración en turno también se le permite la adquisición de propaganda. Esta publicidad tiene prohibido promover al partido gobernante -sin embargo la publicidad del gobierno y del partido en el poder pueden transmitir una antes de que la otra cree un fuerte argumento a favor de la administración. En 1978, el gobierno invirtió casi la misma cantidad en publicidad por televisión que la hecha por los principales partidos políticos. Venezuela cuenta con nivel extremadamente elevado de gastos con motivos de propaganda política- de acuerdo a algunas estimaciones el ingreso per cápita más elevado en el mundo. ⁸⁶

Los Estados Unidos es el país conocido como el mejor ejemplo en el ámbito internacional de un sistema de pago por propaganda política. No obstante y contrariamente a una primera impresión, el sistema estadounidense está lejos de no estar regulado. La legislación sobre financiamiento de campañas (ver Propaganda Política y Límites a los Gastos de Campaña) tiene un particular impacto sobre la publicidad en televisión, la cual es el rubro más representativo en el presupuesto de campaña.

Pero esto no representa el contenido completo de la regulación. El Acta Federal de Comunicaciones de 1934 en tanto enmienda requiere de estaciones de radiodifusión para ofrecer en venta el mismo tiempo de transmisión a todos los candidatos para una oficina federal. Este debe estar disponible al costo más bajo para un publicista no político. La misma oportunidad significa que las estaciones que venden tiempo a un candidato deben brindar la misma oportunidad a otros.⁸⁷

Estos son principios muy importantes, que aseguran que la propaganda política no llegue a convertirse en su totalidad, el amparo de aquellos que tienen los más altos niveles de dinero y fondos de campaña. Asimismo, los principios que han sido emulados en materia de regulación sobre propaganda política a nivel mundial son:

• Que la propaganda se ofrezca al más bajo costo.
• Si el espacio de propaganda es ofrecido a un candidato se debe ofrecer a todos por igual.

Un Sistema Mixto de Publicidad y Libre Acceso

Cierto número de países proporcionan programas mixtos de libre acceso directo y pago por propaganda. Éste puede ser un efectivo compromiso entre el argumento de la "libertad de expresión" que no permite prohibición de propaganda y el argumento de "igualdad de oportunidades" que dice que todos los partidos y candidatos deben tener voz.

Barbados, por ejemplo, cuenta con un sistema mixto de esta naturaleza. A los candidatos partidistas y no partidistas se les permite comprar propaganda en radio y televisión hasta un máximo permitido delimitado por su propia distribución de libre transmisión. Sin embargo, únicamente pueden comparar espacios de tiempo hasta un número predeterminado, calculado sobre la base del número de candidatos que su partido presenta en la contienda. El sistema para determinar estos límites es de hecho distinto del utilizado para determinar las transmisiones libres, pero tienen el mismo efecto. También hay un tiempo límite para cada espacio de publicidad (30 segundos en radio y 60 segundos en televisión).

En montenegro las regulaciones para los medios de comunicación estatales en las elecciones estipulan una combinación de publicidad por pago y libre. Cada listado electoral está facultado de cinco minutos de tiempo de acceso directo en total, de los cuales dos minutos son libres y el horario de transmisión especificado en las regulaciones. Los tres minutos restantes son comprados sobre tasas establecidas en el mercado y su itinerario de transmisión es una materia de arreglo entre la instancia electoral y la estación de radiodifusión. Presumiblemente esto significa que las tasas de variación se pueden aplicar (en tanto publicidad comercial) en función de cuándo será transmitida la propaganda política (ver Montenegro: law on state election broadcasting)

El sistema canadiense es también, en efecto, una combinación. Entre periodos electorales existe una asignación de tiempos libres de transmisión: 60% para los partidos de oposición y el 40% para el partido en el poder. La asignación exacta de estas transmisiones generalmente es elaborada por los propios partidos (aunque la Corporación Canadiense de Radiodifusión tendrá a su cargo la asignación si los partidos no llegan a ningún acuerdo). Adicionalmente a estos "tiempos libres de transmisión" existen transmisiones ministeriales ocasionales. También existe un derecho de respuesta opuesto a esto último, pero al primero. En periodos electorales, sin embargo, este sistema está recubierto por una modalidad de pago por concepto de propaganda política. No obstante, existe un monto dado de tiempo de publicidad disponible, el cual es asignado a los partidos de acuerdo a una fórmula acordada entre ellos mismos. No tienen permitido adquirir tiempo de publicidad más arriba del previamente asignado. Ver Paid Political Advertising - Canada.⁸⁸

Propaganda Política y Límites a los Gastos de Campaña

En muchos países una forma indirecta de regulación de los pagos por propaganda política es el límite a los gastos de campaña. Estos límites aplican en un espectro muy amplio y, debido a que la publicidad por televisión será generalmente el elemento más importante en un presupuesto de campaña, es aquí donde se dejará sentir su impacto con mayor fuerza. En Canadá, por ejemplo, entre los límites a los gastos de campaña se encuentra el hecho de que los partidos nunca pueden utilizar más de los tiempos compartidos destinados a propaganda. En ocasiones, estos límites están implícitos en la legislación. En las elecciones de 1994 en Sudáfrica, por ejemplo, quedó establecido que la propaganda política fuera sujeta a cualquier limitación de carácter legal sobre gastos de campaña.

En Venezuela, en donde algunas estimaciones muestran que cuenta con el más alto gasto en propaganda política per cápita, no es de sorprender que no haya límites a los gastos. Los Estados Unidos, generalmente identificado como el país más representativo en cuestión de propaganda política, cuenta con un complejo, pero justo sistema para regular el financiamiento de campañas, especialmente en elecciones presidenciales El Acta Federal de Campañas Electorales (modificada en 1974 y en 1976) estableció un financiamiento federal igualitario en las elecciones presidenciales, y un financiamiento federal para las primarias. Asimismo, determinó el límite máximo que los candidatos podrían gastar en propaganda por televisión, aunque éstas fueron eliminadas como resultado de las reformas practicadas. En un caso muy importante ocurrido en 1976 - Buckley v Valeo - El Tribunal Supremo mantuvo el principio de financiamiento público, pero tuvo su efecto en los límites sobre gastos por "comités de acción política", si eran independientes de las campañas presidenciales. El Tribunal asimismo, decidió que no habría límites a los gastos efectuados por particulares.⁸⁹

El propósito de esto es crear rutas por las cuales los equipos de campañas presidenciales puedan evitar estas limitaciones. De preferencia los donantes pueden aportar dinero a los partidos o los comités de acción política más que a los candidatos - una función de una práctica poco usual en los Estados Unidos por la cual los candidatos se erigen independientemente del partido que representan. También significa que un individuo en particular que cuenta con recursos monetarios, como el caso del independiente Ross Perot en 1992, se puede presentar sin tope de gastos alguno.

Toda propaganda política en los Estados Unidos debe llevar anexa una declaración indicando quien es responsable de su pago.⁹⁰

Japón es otro país que hace una distinción entre los partidos y los candidatos en su control de gastos de campaña. A los candidatos por si mismos no les está permitido comprar tiempo de transmisión. Por otra parte, los partidos pueden comprar tiempo para publicidad, siempre y cuando sea para llevar apoyo al partido, y no candidatos específicos. Ver Fórmulas para la Distribución de Tiempos.

Los controles sobre financiamiento de campañas pueden ser utilizados como medios para brindar oportunidades a partidos con recursos limitados en el contexto de pago por publicidad. En las primeras elecciones parlamentarias de Mongolia, por ejemplo, cada partido asignó el mismo monto para tiempo gratis y para tiempo pagado. No obstante lo anterior, el gobierno subsidia el pago de tiempo de los partidos pequeños.

A veces se propone que la opción de "techo superior"sea utilizada para igualar los gastos de campaña -como una forma de reforzar los límites a los gastos, pero no de una forma torpe. La idea podría ser que estos límites sean agrupados. Si un partido los excede, entonces otros podrían recibir un límite más elevado, fuera de los fondos públicos.

¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?

Los cuestionamientos que se presentan con relación a que el órgano regulador deba o no intentar de cualquier forma controlar el formato de los contenidos de los programas de acceso directo, debe ser libre transmisor de los programas de partidos o pagar por propaganda política. Existe una fuerte presunción en contra de tales regulaciones, dado el contexto general de hostilidad de la legislación internacional para priorizar la censura de cualquier naturaleza. Los argumentos a favor de alguna clasificación de regulación recae en dos categorías:

• Regulación del formato -normalmente a efecto de asegurar la transmisión formal de un mensaje.
• Regulación de contenidos -para prevenir la transmisión de material ilegal o impropio.

Este último argumento claramente se relaciona con la pregunta acerca de si la política adoptada en temas como los "discursos ofensivos" (ver Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación ). También se refiere a la cuestión sobre qué tanto se apegan a ley los medios de comunicación con relación a los mensajes políticos que transmiten (ver Responsabilidad de los Medios de Comunicación sobre Declaraciones Ilegales). A menudo son los propios medios los que muestran mayor vocación a favor de las restricciones sobre los contenidos de las transmisiones políticas si que en consecuencia en algún momento teman ser sujetos de acciones legales. Favorecen a un sistema, tal como el instrumentado en Israel, por medio del cual las transmisiones de los partidos tienen que ser aprobadas por la Comisión Electoral previo a su salida al aire.

En 1994, la Comisión Independiente de Medios de Comunicación de África, dirigió este tema de forma ligeramente distinta. La ley establece que la transmisión de un partido no debe contener material del que razonablemente se pueda esperar que exponga la licencia de transmisión a responsabilidad legal. En otras palabras, el peso recae en los partidos para asegurar que su material cumpla con lo establecido en la ley, incluso cuando la radiodifusora pueda ser responsable si se transmite material ilegal.⁹¹

La legislación en Barbados (que es muy común en cierto número de países) determina un número de prohibiciones específicas:

• Cualquier materia que contravenga la ley de Barbados
• Cualquier comentario insultante sobre cualquier raza, credo o religión
• Cualquier tema obsceno, indecente o irreverente
• Cualquier tema escandaloso, malicioso o difamatorio

(ver mex04)

Esta última abre un área particularmente peligrosa. Intentar regular en terrenos del "buen gusto" es notoriamente difícil y, por supuesto, altamente específico desde un punto de vista cultural. Pocos países, por ejemplo podrían compartir el enfoque final a las transmisiones de acceso directo, cuando están estrictamente prohibidos los mensajes de campaña negativos -aunque los representantes de partidos aparezcan desnudos en la pantalla, dentro de las tradiciones del sauna finlandés.⁹²

Claramente la distinción entre la regulación de la forma y contenidos es ligeramente artificial. Algunos países proponen una duración mínima de las transmisiones políticas a efecto de asegurar que exista un serio argumento en la transmisión y no únicamente un mensaje propagandístico. Sin embargo, otros prescriben un límite máximo. Barbados, por ejemplo, limita la duración de estos mensajes a un máximo de 60 segundos.

Venezuela cuenta, en muchos aspectos, con un sistema extremadamente no regulado con relación a la propaganda política. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene las facultades para ordenar el retiro de un mensaje que no sea "de buen gusto" o que subrepresente significativamente la posición de un oponente. El CSE prohíbe asimismo, el uso de propaganda subliminal y otras formas de "persuasión psicológica oculta" en propaganda política transmitida por televisión (este tema se trata a su turno con una prohibición general sobre la propaganda subliminal en Venezuela.)⁹³

Francia, quien cuenta con un nivel más elevado de regulación en esta materia que el que tienen las democracias más desarrolladas, contempla diversas restricciones legales que están orientadas a afectar la calidad del mensaje transmitido. En las elecciones presidenciales de 1988, por ejemplo, únicamente una de las transmisiones asignadas a cada candidato puede filmarse en el exterior del estudio de televisión y solamente el 40% de cada transmisión puede contener secuencias de archivo fílmico. El objetivo de estas restricciones fue el de asegurar que existiera una presentación ante las cámaras con un elevado contenido de las políticas del candidato. Esta regulación también contempla que las transmisiones del candidato no puedan utilizar secuencias de archivo sin el consentimiento de las personas que en él aparecen - evidentemente como una forma para prevenir ataques personales a los oponentes.⁹⁴

Algunos países siguen el ejemplo finlandés y tienen una prohibición explícita sobre ataques personales. (Finlandia también prohíbe la publicidad de productos comerciales en transmisiones de naturaleza política.)⁹⁵ En Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar el retiro del aire de una publicidad política negativa si ésta comprende un ataque personal o no verificable. En un caso de esta naturaleza presentado en 1990, un mensaje sugería que el cargo legal de un candidato había sido conseguido de manera ilegal. El Tribunal suspendió la transmisión de este mensaje después de su aparición.

El pueblo francés también cuenta con regulaciones que están más orientadas a reducir la ventaja de un candidato en particular. Por mencionar un caso, en 1988 a los candidatos presidenciales no se les permitió utilizar la bandera o el himno nacional, o mostrar los lugares en donde ejecutaban sus obligaciones oficiales -en otras palabras, el Presidente tenía que transmitir desde un estudio al igual que sus oponentes y no desde el Palacio de Gobierno.⁹⁶

Posiblemente ningún país se ha sentido más angustiado sobre estas materias que la Alemania misma, con un historial de "discursos agresivos" y políticas extremistas y sus ceñidas restricciones sobre ciertos tipos de defensa política. Aún en términos de publicidad política se acepta la comunicación de cierto tipo de declaraciones falsas. La Corte Constitucional Federal ha determinado que éstas no se pueden tomar como base para rechazar la propaganda política.⁹⁷

Ha habido estaciones de radiodifusión que han intentado rechazar materiales de algunos partidos, especialmente neo-nazis. La Corte Constitucional Federal apoya parcialmente esta iniciativa:

No está dentro de las facultades de la estación radiodifusora el negar un espacio electoral con el argumento de que su contenido aparentemente es anticonstitucional, ya que la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de un partido y sus anuncios recae únicamente en la Corte Constitucional Federal. No obstante, la estación tiene el derecho de esperar que el partido utilice legalmente el tiempo de aire asignado para su campaña política, y particularmente que no exista una infracción relevante o muy evidente a la legislación. La estación, por lo tanto, está facultada para controlar el contenido del espacio y -en el caso de que exista una infracción a la ley- rechazar la transmisión.⁹⁸

Responsabilidad del Gobierno para Informar - Educación al Votante

La legislación y parámetros internacionales cada vez con más frecuencia reconocen la obligación de los gobiernos y los medios de comunicación publicitarios para capacitar e informar a los electores acerca de los aspectos fundamentales del proceso electoral

Típicamente, se puede incluir dentro de estos:

• Cómo y dónde registrarse como elector.
• Cómo y dónde verificar la lista de electores.
• Cómo y dónde presentar una queja sobre la lista de electores.
• Cuál es el objeto de la elección -quién va a ser sujeto de elección.
• Cuál es la situación de la geografía electoral -límites de distritos.
• Dónde puede votar.
• Cómo puede emitir su voto.
• La secrecía del voto.

Es fundamental que todos los electores cuenten con la información mínima básica necesaria para ejercer sus derechos democráticos. La responsabilidad de los gobiernos para asegurar la participación en elecciones democráticas "sin discriminación" significa que están obligados a llevar a cabo un esfuerzo adicional para informar a aquellos quienes están en una situación desventajosa para ejercer sus derechos democráticos. Dentro de estos grupos se pueden incluir:

• Mujeres
• Minorías raciales, nacionales o étnicas
• Estratos pobres de la población, especialmente analfabetas
• Discapacitados

Uno de los argumentos mejor sustentados a favor de la propiedad pública de secciones en los medios de comunicación es que éstas brindan a las autoridades públicas los medios para conducir los programas de información y capacitación. La información y la capacitación al votante así como la educación cívica están entre los ejemplos más representativos del papel que juegan los servicios públicos.

Las estaciones radiodifusoras nacionales, accesibles a población analfabeta y a los que relativamente se encuentran en desventaja, juegan una parte especialmente importante en este sentido.

No obstante, es también donde la obligación de los medios de comunicación, dueños de la publicidad para tener un comportamiento imparcial, llega a ser especialmente importante. Es un principio fundamental de la educación al elector que la información proporcionada pueda ser imparcial y no favorecer a ninguno de los participantes en la elección.

Para una discusión más detallada sobre la educación al votante, por favor consulte Educación Electoral. Para obtener información más detallada sobre el papel de los medios de comunicación en la educación al votante, ver Información al Elector.

Cobertura Equilibrada de los Espacios Noticiosos

La legislación internacional establece como obligación general a los medios de comunicación públicos informar libremente sobre el proceso electoral (ver El Derecho de Acceso a los Medios Públicos y Publicar las Opiniones Opositoras). En muchos países esta obligación será determinada en una legislación específica tal como la ley sobre transmisiones o la legislación electoral en sí. En otros lugares podrá haber una responsabilidad general de equilibrio e imparcialidad establecida en la legislación sobre financiamiento de los medios de comunicación públicos, sin embargo la forma en que esto funciona en la práctica se deja a la auto-regulación voluntaria.

La Corporación de Radiodifusión de la Gran Bretaña con su "norma cronómetro" es un ejemplo de este último enfoque. La corporación mantiene un registro del tiempo asignado en los boletines noticiosos a los distintos partidos políticos, con el objetivo de mantener un equilibrio conforme a la asignación proporcional de tiempo para las transmisiones de programas partidistas. El principio para el mantenimiento de un registro es uno de los más importantes. La estación de radiodifusión pública (o cualquier otra, para esta materia) debe conocer exactamente lo que está transmitiendo a efecto de ser capaz de responder a cualquier queja subsecuente.

Dos democracias en transición son ejemplos de países que han tomado un enfoque mucho más regulado hacia las transmisiones públicas. La razón es que la radiodifusora estatal en una democracia emergente tendrá poca experiencia para operar independientemente del gobierno y de reglas mucho mejor definidas para ser capaz de informar de forma equilibrada.

Malawi

En 1994 en Malawi la Comisión Electoral determinó lineamientos bien detallados para enfrentar entre otras materias la relativa a la cobertura hecha de los medios de comunicación públicos por la Comisión Radiodifusora de Malawi -(MBC por sus siglas en inglés (y controlados por el gobierno). La MBC fue

requerida a efecto de brindar un informe justo y equilibrado de las campañas, políticas, reuniones, mítines y conferencias de prensa de todos los partidos políticos registrados durante el periodo de campaña y posteriormente para proporcionar información sobre el proceso electoral después del cierre de la votación.

Los lineamientos pasaron a extender los requisitos de balance a otras programaciones electorales especiales tales como los debates y los programas de radio con participación telefónica del auditorio (ver "mee06b"). Especificaron provisiones extremadamente detalladas para el formato y organización de estas programaciones especiales.

Los lineamientos fueron impuestos como obligatorios en la MBC para asegurar que los partidos no utilizaran otros programas para efecto de campañas. (De hecho, esto sucedió ocasionalmente - por ejemplo, cuando los partidos de futbol fueron utilizados como una ocasión para canciones de alabanza del Presidente en turno).

Los lineamientos contenían un estricto mandato legal al personal de la radiodifusora:

El personal de la MBC, como transmisora de servicio público, no podía transmitir sus propias opiniones políticas. Cualquier comentario o declaración debe estar claramente identificada como tal y cuidadosamente balanceada para evitar una conducta parcial.

Ver Malawi: Election Reporting Guidelines - Election Commission 1994 .

Montenegro

De la misma forma la Asamblea montenegrina en 1988 acordó una resolución sobre el papel de los medios de comunicación estatales en campañas electorales que estableció una obligación de carácter general sobre el personal de los medios de comunicación públicos:

Cada editor o locutor de los programas de noticias con contenidos políticos y programas y columnas especiales en los medios financiados por la República de Montenegro está obligado a presentar independiente y objetivamente a todos los presentadores y sus candidatos a través de la campaña electoral y asegurar imparcialidad relacionada con todas las agendas políticas, sociales, étnicas/culturales presentadas allí.

Sin embargo, la resolución va más allá de una obligación general para prescribir en ciertos detalles la forma en que se alcanza este objetivo. Así como determina los estándares para un programa de debate e informes sobre encuestas de opinión, la resolución remueve ciertos programas de discusión y de llamadas de un itinerario regular y obliga a los medios de comunicación públicos a

observar los principios de profesionalismo y ética periodística así como abstenerse de invitar a sus programas a líderes o personajes importantes de partidos políticos.

La resolución establece con mucho detalle el número de reportes por televisión, radio y prensa escrita estatal que se deben elaborar. Por ejemplo:

Las redes de televisión y radio en Montenegro están obligadas a proporcionar 5 secuencias o registros de sonido respectivamente con pasajes tomados de discursos de participantes en mítines electorales o inspectores de la lista electoral, debiéndose incrementar en una secuencia o registro de sonido por cada cuatro mítines electorales celebrados.

Y Más aún

Ver Montenegro: law on state election broadcasting Para obtener el texto completo de esta resolución.

Esta modalidad de regulación tan altamente detallada en su contenido presenta un dilema verdadero. La necesidad de que estas prescripciones surjan debido a la historia tendenciosa y las actividades informativas poco profesionales del estado y de los medios de comunicación controlados por el gobierno. Por otra parte, el impulso hacia la regulación microscópica de los contenidos forma parte, por sí misma, de la legalidad de la dictadura política. Hasta qué punto las autoridades reguladoras pueden prescribir sobre la forma en que deben informar los medios de comunicación públicos -y hasta que punto los medios de comunicación aprenderán de sus propios errores- es un cuestionamiento del cual cada nueva democracia deberá encontrar su propia respuesta.

Disposiciones para los Medios Privados de Comunicación

Un buen número de países hace una clara distinción entre los medios de comunicación públicos y privados y de sus sistemas regulatorios, y de forma muy particular en las obligaciones de que son sujetos en periodos electorales.

Se presenta un número significativo de opciones distintas, así como una variedad de temas a dirigir.

Sistemas diferentes para los medios de comunicación privados

Un enfoque se refiere a que los medios privados operan bajo reglas completamente diferentes durante periodos electorales. Por ejemplo, cuando en Italia se introdujeron por primera vez las transmisiones privadas, la difusora estatal, RAI, continúo con el sistema existente de transmisiones de acceso directo, mientras que las transmisiones privadas fueron permitidas mediante el pago de publicidad. Estos medios también operaban bajo un esquema de regulación distinto al de los medios públicos.

De manera similar, Venezuela opera un sistema en donde los medios de comunicación públicos no hacen ninguna erogación por concepto de propaganda, a diferencia de los medios privados que si lo deben hacer. De la misma forma, pero en sentido contrario, en los sistemas de transmisión escandinavos los medios privados operan bajo distintas reglas de acceso directo.

Responsabilidad del servicio público en determinadas áreas

Un enfoque más común se refiere a la imposición de ciertas responsabilidades de servicio público sobre los medios de transmisión privados como una de las condiciones para otorgar la licencia de transmisión. Este sistema es el que opera en el Reino Unido, por ejemplo. Por consiguiente, el sistema de programación de acceso directo originado como una transmisión de servicio público es aplicado, sin modificación, a las transmisiones privadas. En este país estas responsabilidades aplican a la televisión antigua, a los canales comerciales terrestres, pero no a la televisión por cable o satelital.

Selección de quien asumirá las responsabilidades del servicio público

Asimismo, un enfoque más popular es el que no impone responsabilidad alguna sobre el servicio público en los medios privados. No obstante, si la instancia privada elige los espacios de transmisión de acceso directo, el pago de propaganda política o espacios de educación electoral, deberán hacerlo bajo los mismos términos que los establecidos para los medios de comunicación públicos.

El papel de la instancia reguladora

Cualquiera que sea la opción tomada, hay un papel para el órgano regulador relacionado con cualquier material no editorial elegido por los medios privados: la propaganda, los espacios de acceso directo y los programas de capacitación electoral. El órgano regulador será responsable tanto de supervisar la adhesión a cualquier regla especial que afecte a los medios privados -si eligen la primera opción - como a cualquier lineamiento que regule a los medios (la segunda o tercera opción). No existirán las mismas bases para regular el contenido de los medios privados como los de los medios públicos (ver ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?). De ahí que la instancia reguladora no interferirá con los medios privados para asegurar Cobertura Equilibrada de los Espacios Noticiosos. Sin embargo, los medios privados están obligados a adherirse a las mismas Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación , así como también son sujetos a Procedimientos de Impugnación.

En principio, el pluralismo de ideas y de perspectivas políticas se controla de mejor manera al contar con medios de comunicación privados que no tienen restricción alguna y son capaces de ir a hacer su trabajo sin interferencias de ningún tipo (ver UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999). La primera responsabilidad del órgano regulados es la de facilitar esta situación, únicamente si los medios privados se comportan injustamente, si obstruyen el flujo informativo hacia el electorado que se faculta a la instancia reguladora para intervenir. Esto siempre se aplica cuando el contenido del programa no pasa por un proceso de edición.

Administración de las Relaciones de los Medios de Comunicación

Si nos encontramos con una legislación o regulación exhaustiva que regula aspectos específicos de la cobertura de los medios en elecciones, entonces las operaciones prácticas de la administración electoral se verán enormemente facilitadas como los enfoques de periodos de campaña.

El trabajo de las autoridades electorales caen básicamente en dos áreas:

• Asegurar la efectiva instrumentación de las leyes y regulaciones. Ver El Papel del Órgano Regulador.
• Informar a los medios acerca del progreso de los arreglos electorales. Ver Mantener Informados a los Medios.

Estas funciones se dividen dentro de cuatro periodos distintos de tiempo:

• Previo al inicio formal de la campaña.Ver Temas Relativos a la Pre-campaña.
• Durante la campaña en sí. Ver Temas de Campaña.
• Mientras está en proceso la votación. Ver Emisión de Informes Sobre la Jornada Electoral. y
• Después de finalizada la votación. Ver Información Post Electoral.

Temas Relativos a la Pre-campaña

La noción de los temas de precampaña por supuesto presuponen que existe un periodo de campaña específico. Algunos países, como por ejemplos Los Estados Unidos, efectivamente no imponen algún límite sobre el tiempo de duración de la campaña (Ver ¿Un periodo Específico de Campaña?.) Por supuesto, en muchos sistemas puede haber pequeños espacios entre las diferentes elecciones: presidenciales, legislativas, locales o provinciales -aún internacional, como en el caso de la Unión Europea.

Sin embargo, bajo cualquier sistema electoral hay algunos problemas que relacionados con las elecciones y los medios de comunicación, ocurren, esencialmente, fuera de periodos electorales. Estos son en primera instancia los relacionados con:

• Educación al votante
• Discusión sobre el sistema electoral

En términos de cobertura de los medios de comunicación los dos están claramente definidos. El informe sobre el debate acerca del funcionamiento del sistema electoral puede tener lugar únicamente en el contexto de la educación pública sobre la forma en que funciona el sistema.

El contenido de la educación al votante no es el enfoque de esta área subjetiva (ver Educación Electoral). Sin embargo, es probable enfocar la educación electoral en precampaña sobre diversos temas, dependiendo del sistema electoral y del contexto político:

• ¿Quién es elegible para votar?
• ¿Por qué es importante estar incluido en la lista de electores?
• ¿Cómo registrarse para votar?
• ¿Dónde registrarse para votar?
• ¿Cómo están divididos los distritos electorales?

Para una discusión más detallada sobre la forma en que los medios de comunicación pueden hacer uso de los programas de educación al votante, ver Información al Elector.

Otra pregunta importante se refiere a qué sistemas existen para asegurar la justa cobertura y acceso de los partidos políticos fuera de periodos electorales de campaña. Un buen número de países cuenta con sistemas que permiten regulares oportunidades a los partidos políticos para posicionar sus puntos de vista ante los ojos del electorado a través de programas de acceso directo, Muchas de estas consideraciones aplican al concebirse estos sistemas para asignar espacios de acceso directo durante las elecciones (ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos). Por supuesto que estos temas serán de mayor trato para legisladores y reguladores de transmisiones que para los administradores electorales. Sin embargo tendrán una importante relación con la pregunta sobre cómo estará el nivel del campo de juego cuando se presente la elección.

Aún existe otro tema fundamental -aunque nuevamente mayor involucrado con los legisladores y con los reguladores de las transmisiones-, relacionado con la cuestión sobre qué tan independientes están los medios de comunicación públicos del gobierno y del partido gobernante. La oportunidad para el acceso directo durante una campaña electoral es de mucha ayuda hasta cierto punto, pero si el tenor general de las transmisiones fuera de los periodos de campaña es significativamente tendencioso, resulta muy difícil considerar el campo de juego como nivel.

Temas de Campaña

Para los medios de comunicación el inicio de campaña es cuando la cobertura de la elección se lleva a cabo. En contraste la fluida operación del proceso de regulación dependerá en gran medida del sistema instrumentado previo a la elección. En esta etapa se tendrá que haber resuelto el cuestionamiento fundamental, con el claro entendimiento del papel y responsabilidad que juegan los medios de comunicación y los partidos políticos:

• ¿Qué leyes y regulaciones disponen la cobertura de los medios de comunicación sobre las campañas electorales? (ver Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones)
• ¿Quién es el responsable de su instrumentación? (ver Instrumentación de Mecanismos para los Medios y las Regulaciones Electorales)
• ¿Cuáles son las regulaciones que gobiernan las transmisiones de acceso directo? (ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos)
• ¿Cuáles son las regulaciones que gobiernan el pago por concepto de propaganda política (ver Pago por Propaganda Política)
• ¿Cuáles son las Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación , y otras provisiones generales relacionadas con temas tales como Bloqueos Informativos o Encuestas de Opinión?
• ¿Cuál es el mecanismo que se sigue si algún ciudadano, partido político o los propios medios de comunicación, presenta una queja o impugnación? (ver Procedimientos de Impugnación)

En este punto el Acreditación de periodistas debe haber iniciado.

No puede pedirse con demasiado rigor que estos temas sean determinados, previo al inicio del periodo de campaña. La determinación de estos cuestionamientos políticos sobre bases ad hoc reducirá la autoridad del órgano de supervisión con relación a los medios de comunicación y creará la impresión de que algunos de éstos no está recibiendo un trato igualitario.

Si el proceso de preparación ha sido efectivamente completado, la operación del órgano regulador y de supervisión hacia los medios de comunicación durante el periodo de campaña se duplicará:

• Para supervisar la total adhesión a los acuerdos legales, regulaciones y procedimientos, y llevar a cabo cualquier acción necesaria para asegurarse (ver El Papel del Órgano Regulador).
• Para proporcionar a los medios de comunicación con toda la información que sea necesaria para que éstos, a su vez, informen con efectividad y exactitud sobre el proceso electoral y las actividades inherentes al periodo de campaña (ver Mantener Informados a los Medios).

El Papel del Órgano Regulador

La función central del órgano de regulación y supervisión, una vez iniciado el proceso de campaña, es el de asegurar el cumplimiento de las regulaciones o acuerdos instrumentados en el corto plazo: que el tiempo de acceso directo se distribuya de acuerdo a las reglas establecidas; que los programas de educación al votante sean imparciales y cumplan con los requisitos básicos; así como que los partidos y los medios de comunicación se adhieran a la práctica acordada con relación a los discursos ofensivos y difamatorios.

Es de vital importancia que el órgano regulador también esté sobre aviso con relación a cualquier interferencia del estado o de cualquier partido político, con la libertad de los medios para cubrir libremente la campaña. Será necesario transmitir información acerca de tales interferencias a las autoridades gubernamentales competentes, así como la propia emisión pública de una condena hacia el hecho cometido. Esta es una de las formas más concretas en que el órgano regulador actúa como facilitador y guardián de la libertad de prensa en el proceso electoral.

También durante el proceso electoral es que los Procedimientos de Impugnación entran en juego. Es fundamental que el mecanismo instrumentado permita recibir, investigar, escuchar y resolver rápidamente los procedimientos de impugnación dentro del periodo electoral -las soluciones brindadas después del proceso electoral, no satisfacerán a nadie.

No obstante, a efecto de solucionar adecuadamente las impugnaciones -así como las demás funciones- el órgano regulador necesitará contar con la capacidad para supervisar la cobertura que los medios hacen sobre la elección. Esto a su vez la facultará no solamente para resolver rápidamente las quejas presentadas con relación a su propia observación sobre esta cobertura, sino que dará lugar al inicio de sus propias acciones, en caso de que los partidos o los propios medios de comunicación quebranten las leyes o regulaciones establecidas.

En muchos casos, el órgano regulador no lleva a cabo esta función de supervisión, que lo coloca en una gran desventaja cuando se trata de evaluar impugnaciones -sin embargo, al mismo tiempo la faculta para iniciar acciones si, por ejemplo, los espacios de acceso directo no están siendo transmitidos como previamente se había establecido. Una unidad de supervisión indudablemente cuesta dinero -principalmente en salarios, debido a que es una labor muy intensa. El presupuesto para un proyecto de supervisión equitativamente sustancial y no gubernamental en los últimos tres meses en un país africano en el año 2000, ascendió a 250 mil dólares.

Una alternativa común en las democracias bien establecidas se refiere a que se les solicita a los medios de comunicación enviar una copia de los materiales más importantes al órgano regulador. Al asumir este hecho como un acuerdo que se tiene que cumplir, se enfrenta la necesidad de contar con material en mano para evaluar las impugnaciones, pero no permite al órgano de regulación dar inicio con sus propias acciones, a menos que cuente con personal disponible para evaluar todo el material enviado.

Una tercera alternativa, que se está volviendo más común, es que el órgano de regulación tiene que trabajar conjuntamente con los supervisores de medios no gubernamentales (ver Monitoreo de los Medios de Comunicación). Esta colaboración puede ser abierta e informal o ser sujeto de un contrato detallado. En Sudáfrica en 1999, por ejemplo, el proyecto no gubernamental de supervisión de los medios de comunicación fue contratado formalmente para trabajar con la Autoridad Independiente de Transmisiones. Muy frecuentemente, los supervisores no gubernamentales deben enviar sus conclusiones al órgano regulador quien entonces decidirá la acción o acciones a seguir.

El Papel de los Organismos no Gubernamentales

Con mayor frecuencia los órganos de supervisión electoral trabajan en colaboración con los organismos no gubernamentales de distinta clasificación. Esta cooperación es una realización práctica derivada de la propuesta general de que una sociedad civil activa es necesaria para salvaguardar a la democracia. Con relación a la cobertura que hacen los medios de comunicación de un proceso electoral, existen tres áreas principales donde es probable que tenga lugar esta colaboración.

Capacitación de corresponsales

A menudo el órgano regulador no cuenta con la capacidad para organizar los programas de capacitación de corresponsales a efecto de mejorar el desarrollo de sus habilidades para la emisión de informes electorales. Existe mucho interés por parte del órgano regulador para que se impartan estos programas, por lo que apunta sus objetivos a trabajar en colaboración con instituciones especializadas en la capacitación de periodistas -y con sus propias casas editoriales, cuando cuenten con esquemas de capacitación. La Comisión Nacional de Elecciones de Tanzania, en el año 2000 fue más allá y contrató a la Corporación de Transmisiones Británica a efecto de que ésta les brindará capacitación a sus periodistas.

Supervisión de los medios de comunicación

Los organismos no gubernamentales internacionales como el caso de ARTICULO 19 y el Instituto Europeo de los Medios de Comunicación, han alcanzado una considerable experiencia en el monitoreo de los medios. En un determinado número de elecciones nacionales, los organismos no gubernamentales locales han trabajado en sociedad con grupos internacionales y por si mismos han mejorado las habilidades que les permiten llevar a cabo de mejor manera sus actividades de supervisión. De ahí que en 1994 la Comisión Electoral de Malawi confiara en buena medida en el trabajo de sus medios de comunicación sobre las conclusiones del proyecto de monitoreo no-gubernamental lanzado por activistas pro-libertad de expresión en colaboración con ARTICULO 19. En 1994, la Autoridad Independiente de Transmisiones de Sudáfrica contrató los servicios del proyecto de monitoreo de los medios no gubernamental para trabajar conjuntamente. Ver Monitoreo de los Medios de Comunicación.

Monitoreo de la libertad de los medios

Los grupos no gubernamentales de derechos humanos, así como los organismos profesionales de medios de comunicación y las uniones comerciales de periodistas, supervisan como materia de curso el respeto a la libertad de expresión de los medios. El órgano regulador, a través del desarrollo de relaciones de trabajo e intercambio de información con tales grupos, dirige su autoridad a la condena de violaciones a la libertad de los medios. Asimismo también puede utilizar sus facultades sobre el gobierno y los partidos políticos para prevenir tales incidentes o para sostener la responsabilidad del autor. Ver Seguridad de los Periodistas.

Monitoreo de los Medios de Comunicación

En años recientes ha habido un incremento en el número de grupos cívicos que llevan a cabo actividades de monitoreo de los medios de comunicación -una práctica que era virtualmente desconocida antes de la década de los 80's. El objetivo es monitorear la forma en que los medios de comunicación -especialmente los públicos- se apegan a los lineamientos acordados por el órgano de supervisión correspondiente, con relación a los estándares de justicia, o algún otro conjunto de criterios desarrollados por los propios grupos cívicos. La práctica del monitoreo de los medios ha sido vista particularmente en elecciones transicionales de Europa del Este y África.

Si se realiza correctamente, el monitoreo de los medios puede convertirse en una forma práctica para que los grupos no gubernamentales contribuyan a la limpieza y éxito de la elección. Como mínimo las publicaciones editadas sobre el monitoreo pueden influenciar la calidad de la cobertura que brinden los medios. Algunas veces, como en Mozambique en 1994, el diálogo entre los encargados del monitoreo y periodistas puede ir un paso más allá.

El salón de noticias de Radio Mozambique solía mantener un programa semanal para discutir las observaciones de monitoreo, decidían si estaban o no de acuerdo con éstas o hacer planes para mejorarlas. Las mejoras en el equilibrio de la cobertura por radio -alejada de una seria tendencia al partido gobernante- se midieron sobre el periodo de campaña. En otros casos, como en Malawi en 1994, el órgano de supervisión electoral (la Comisión Electoral en este caso) puede tomar nota de las conclusiones del monitoreo y hacer uso de sus facultades para hacer más justa la cobertura de los medios de comunicación. Y en otros casos, como en Sudáfrica en 1999, el órgano de supervisión puede contratar los servicios de un grupo de monitoreo no gubernamental para que actúe como sus ojos y oídos.

Los orígenes intelectuales del monitoreo de los medios de comunicación tienen que buscarse en el desarrollo de los estudios académicos de los mismos, como en el caso del trabajo del Grupo de Medios en Glasgow. El análisis académico de los medios, que en primera instancia está orientado a los sofisticados medios de las sociedades industriales desarrolladas, tiende a enfocar en gran medida los mensajes transmitidos por el lenguaje seleccionado -o el lenguaje visual de la televisión y el sutil o subliminal impacto que estos pueden tener en el entendimiento del espectador o en la interpretación de un sujeto. El análisis del discurso ciertamente es un elemento del monitoreo de los medios en una elección. Sin embargo, usualmente el énfasis estará en otros dos estándares que son de fácil comprensión y, por tanto, de evaluar. Usualmente estos dos parámetros son descritos como "análisis cuantitativo" y "análisis cualitativo" El primero es el más sencillo, la controversia más pequeña, a menudo tiene el impacto más grande. Simplemente implica el conteo y evaluar la cobertura que hacen los medios de la elección -número y longitud de artículos dedicados a los distintos partidos, longitud de las columnas en pulgadas, programación y número de programas de acceso directo y demás. El monto de cobertura que recibe cada partido o candidato usualmente se convierte en el primer criterio que puede ser objeto de observación a efecto de evaluar acusaciones tendenciosas.

El "análisis cualitativo" es, como su nombre lo sugiere, un enfoque que evalúa la calidad de la cobertura que reciben los partidos y los candidatos. En primer plano esto aplica a la cobertura de noticias aunque también debería aplicarse a la educación electoral. Una evaluación cualitativa se centrará en el lenguaje utilizado en la transmisión del mensaje -no en los mensajes ocultos del análisis del discurso - y hace uso de él para "calificar" la evaluación cuantitativa. No será de mucha utilidad mencionar que el partido "x" ha recibido cierto porcentaje de cobertura de noticias, si una gran parte de esta cobertura es tendenciosa en su contenido. Inevitablemente la evaluación de las tendencias es más subjetiva que un simple conteo de minutos, segundos o ancho de columnas acordadas para cada candidato. Sin embargo, hay formas para minimizar la potencial parcialidad sobre la parte correspondiente al monitoreo. Una de éstas es considerar y hacer mención de las fuentes de una historia.

Algunos proyectos de monitoreo de medios tienen su origen en iniciativas propuestas por ONG's internacionales como en el caso del Instituto Europeo de los Medios en Europa Central y del Este y ARTÍCULO 19, principalmente en África. En ocasiones estas iniciativas internacionales son llevadas a cabo en sociedad con grupos locales. Por supuesto, siempre se hará necesario el personal local, motivado por el entendimiento del idioma y contexto político local, entendidos ambos factores como una cualidad esencial para el adecuado monitoreo de los medios.

Los proyectos de monitoreo que involucran a grupos locales son susceptibles de tener un enfoque más activista, al intentar mejorar la calidad de la cobertura de los medios conforme avance la campaña electoral. Esto normalmente dará como resultado que las conclusiones del proyecto se den a conocer al público sobre una base regular antes de las elecciones. Es posible que otros proyectos no publiquen sus conclusiones hasta el término de la elección. Su objetivo será el de contribuir a una evaluación general sobre si la elección se desarrolló en términos de libertad y de justicia.

Resulta un tanto complicado evaluar la efectividad de los proyectos de monitoreo debido a la diversidad de sus propósitos. Algunos de los factores que determinan la efectividad de estas actividades pueden escapar de su control. En 1994 en Malawi, por ejemplo, el proyecto de monitoreo contribuyó a un significativo mejoramiento del equilibrio en la difusora estatal en el curso de la campaña. En 1999 -después de cinco años de gobierno democrático - un proyecto parecido tuvo un impacto limitado. La diferencia estuvo en que en 1994 había una sólida Comisión Electoral Independiente que estuvo preparada para actuar con relación a las conclusiones del proyecto, mientras que cinco años más tarde la Comisión no gozaba del mismo reconocimiento. Sin embargo, esto no significa que los proyectos de monitoreo sean una pérdida de tiempo. El reporte final del proyecto contenía una valiosa evidencia de la manipulación de los medios por parte del gobierno, misma que fue utilizada por la oposición en una controversia legal interpuesta con relación a los resultados de la elección. Ver Media Monitoring - Malawi.

Para información sobre metodologías de monitoreo ver ARTICLE 19: Media Monitoring Manual.

Metodología para el Monitoreo de los Medios

La forma en que los organismos no gubernamentales enfrentan sus proyectos de monitoreo de los medios de comunicación, tanto en métodos de organización como en la publicación de sus conclusiones, varían sustancialmente. En muchos casos estos proyectos han sido instrumentados en democracias en transición, a efecto de determinar la forma en que los medios públicos enfrentan sus obligaciones para informar imparcialmente y proporcionar equitativamente programación de acceso directo. En tal caso, los estándares contra los cuales el personal de monitoreo juzga a los medios se derivan directamente de la legislación electoral o de los lineamientos internacionales. No obstante, con mayor frecuencia los monitoreos de los medios se enfocan tanto en los medios públicos como en los privados. Las responsabilidades de los medios privados pueden derivar en parte, de la ley, sin embargo inicialmente están basados en el código ético de los periodistas.

Para ser creíble, el monitoreo de los medios debe ser cuidadoso y exhaustivo. En la práctica esto significa que todas las noticias, los asuntos de actualidad y los programas electorales deben ser cubiertos, de igual manera que el material equivalente en los medios impresos, si son objeto de los proyectos de monitoreo. El equipo que realiza estas actividades tendrá que familiarizarse con las distintas modalidades de lenguaje transmitido, así como con el entendimiento del entorno político del país -incluyendo los matices políticos en la cobertura, que la mayoría de la gente no puede percibir. Esto significa, en la práctica, que los encargados del monitoreo deben ser ciudadanos del país. Pero al mismo tiempo deben ser imparciales -y ser vistos como imparciales. Esto se vuelve especialmente difícil en una democracia en transición. Los equipos formados por jóvenes con un alto grado de motivación -y tienen que ser así, en virtud de lo largo y tedioso del proceso- son susceptibles de tener fuertes simpatías políticas. (En un proyecto de monitoreo en una democracia en transición, los jóvenes podrán encender sus grabadoras y después apurarse para tomar parte en mítines y presentaciones). Sin embargo, esta modalidad de activismo político debe hacerse a un lado por la propia duración del proyecto.

El monitoreo de los medios impresos relativamente es más sencillo debido a que los diarios pueden ser leídos en el tiempo libre. El monitoreo de transmisiones representa un problema logístico más serio debido a que debe ser capturado al momento en que sucede. Generalmente se tendrá que hacer en vivo, aunque el equipo de monitoreo siempre grabará todos los elementos y mantendrá activas las cintas durante la duración del proyecto. Esto les permite verificar sus conclusiones con posterioridad, no obstante es una forma a veces poco recomendable para monitorear las transmisiones tanto en el día como en la noche.

Cada elemento sujeto de monitoreo -un boletín noticioso o artículo de un periódico- será grabado en un formato. Con mayor frecuencia la información grabada será almacenada en una base de datos computarizada. (ver "mey32" ---- para ejemplos de formatos de entrada). Esto acelera el proceso de generación de gráficas y tablas estadísticas. También hace posible la búsqueda para encontrar, por ejemplo, el distinto énfasis que los medios brindan a los distintos partidos o temas. O puede ser utilizado para encontrar cuáles (y cuántas) fuentes distintas utilizan los medios.

Los equipos de monitoreo se enfocan en tres áreas fundamentales:

Análisis cuantitativo: esto representa la simple evaluación del número de temas dedicados a cada partido o candidato, así como su duración (ya sea en tiempo o en columnas). Puede involucrar el conteo y la identificación de las fuentes. Esto es muy importante como una medida objetiva del equilibrio. El equipo de monitoreo también cuenta el número de elementos sobre diferentes temas: la economía, reforma constitucional, crimen, violencia política -cualquiera que sean los temas relevantes del día. En el caso de la programación de acceso directo, no solamente se estará monitoreando que los partidos reciban la correcta asignación de tiempo, sino que también el horario del día en que es transmitido. La programación de temas noticiosos también es importante -¿los líderes opositores de mayor representatividad han sido relegados a un espacio muerto en el horario más reducido de la mañana?

Análisis cualitativo: el conteo por sí mismo no explica adecuadamente las fortalezas y las debilidades de la cobertura de los medios. No es suficiente la emisión de una queja sobre la eventual recepción de una mayor cobertura en los medios del partido gobernante que de otro partido de la oposición -habrá buenas razones para esto, por ejemplo, en términos del apoyo recibido de la población. Sin embargo, de igual forma, el simple conteo del número de temas puede ocultar el hecho de que la "cuota" de cobertura de algunos partidos pueda incluir temas que muestren su lado oscuro. Por ejemplo, en Sudáfrica antes de las elecciones la difusora estatal instrumentó su propio registro estadístico sobre la cobertura de los partidos, el cual mostró que el Congreso Nacional Africano, en ese entonces de la oposición, recibió una extensa cobertura, como lo muestra el informe sobre el Juicio de Winnie Mandela por secuestro. De ahí que las estadísticas abiertas no sean tan representativas.

Las estadísticas pueden decirnos algo acerca del equilibrio, pero no directamente sobre su tendencia. Un artículo basado en una fuente única no es equilibrado, pero no necesariamente está sesgado. Si el gobernante del banco central anuncia una alza en las tasas de interés, no se requiere de otra voz porque es un tema directo. (La buena práctica periodística sugiere que el comentario de un partido político o de un experto independiente puede ser de mucha utilidad, Por otra parte, es posible que a la cobertura de hechos que involucren violencia política de un solo partido se les pueda dar un sesgo equivocado.

Los supervisores también analizarán el contenido de los materiales de educación al votante para asegurar que no conlleve ningún mensaje partidista. A menudo compararán el trato dado a algunas historias en diferentes servicios de lenguaje. Especialmente en África, regularmente hay un contenido a transmitir totalmente distinto en el lenguaje colonial -Inglés, francés o portugués - y en lenguas indígenas. Las anteriores serán, hasta cierto punto, para consumo externo. Las radiodifusoras y los políticos en muchas ocasiones asumen que ningún monitoreo independiente pone atención a lo que está diciendo en su propio idioma. De ahí uno de los beneficios derivados del monitoreo de los medios de comunicación.

Hasta cierto grado todos los análisis de parcialidad son subjetivos. No obstante, se pueden aplicar distintos métodos para obtener una valoración tan objetiva como sea posible. El monitoreo de los medios medirá el sesgo de una información a través de la comparación de los informes hechos por medios de comunicación desde su perspectiva sobre ciertos hechos derivados de una gran variedad de fuentes. Una forma de llevar a cabo esta tarea es a través del "monitoreo de las fuentes": El supervisor de los medios en sí, asiste a un evento de interés periodístico, como lo son los mítines o las conferencias de prensa, a efecto de observar la forma en que los demás medios perciben un evento desde su propia perspectiva. Internet ha hecho esta tarea de comparación mucho más fácil para los supervisores, pues les permite comparar sus informes con los preparados en otros países. Ambos a menudo guardan estrecha relación.

Análisis del discurso: En la cobertura de los medios de comunicación, la evaluación de los mensajes implícitos es al mismo tiempo una labor importante, difícil y altamente contenciosa. Bajo este encabezado se presenta todo tipo de sutiliza en el lenguaje y expresión visual que conlleva un mensaje para ser entendido por el auditorio, sin embargo en algunas veces, no de una manera conciente. Esto se puede ver más claramente en el uso de las palabras, ya sean impresas o transmitidas. Por ejemplo, los medios pro-gubernamentales pueden decir que el Presidente "plantea" algo, mientras que los oponentes pueden decir que "afirma". Los informes no deben ser poco precisos para tener una influencia inadecuada ante la percepción de los escuchas. En Sudáfrica antes de las elecciones de 1994, por ejemplo, los supervisores reportaron que los informes sobre presentaciones de la ANC siempre hicieron mención de la cantidad de basura abandonada por los participantes. El mensaje implícito era que la ANC era disruptiva e irresponsable. Las noticias externas pueden ser utilizadas para enfatizar una interpretación personal sobre noticias locales. En Malawi en 1994, la cobertura de los partidos de oposición sobre las transmisoras estatales ubicaron a lo largo de los espacios informativos noticias sobre el genocidio en Ruanda. El mensaje subliminal fue que el final de la estabilidad de un solo partido, nos puede conducir al derramamiento de sangre.

La televisión tiene un complejo vocabulario visual. Las figuras de peso -los políticos- pueden ser retratadas en un ángulo ascendente, mientras que otras son tomadas a nivel o desde arriba. La figura de una autoridad a menudo se dirigirá a la cámara directamente, mientras que otros se apoyarán en un entrevistador que se sitúa junto a la cámara, de tal forma que no se dirigen directamente al espectador. Los entrevistados ordinarios - miembros de la oposición, sindicalistas, el público - regularmente serán entrevistados en espacios abiertos, Los miembros del gobierno serán observados en su propia oficina, a menudo manejando papeles, en apariencia involucrados en una actividad urgente e importante. El contexto de una oficina tiende a enfatizar la experiencia y autoridad de un entrevistado.

Aún los gráficos y logos que acompañan a una transmisora pueden llevar un mensaje. El gráfico utilizado por la televisión en Sudáfrica para la historia de las negociaciones en 1993 mostró a dos hombres blancos y a un hombre de color. Más tarde, esto se modificó a un hombre blanco, a una mujer color hueso y a un hombre de color. Ninguna de éstas reflejó la actual composición de las negociaciones. Más ostensiblemente, en las elecciones del año 2000 en Zimbabwe, un programa especial de asuntos ordinarios vigente a lo largo del periodo de campaña tenía como logotipo la torre de las grandes ruinas de Zimbabwe, exactamente igual al utilizado por el partido gobernante.⁹⁹

Una parte esencial de la metodología del monitoreo de los medios es la manera en que se informan las conclusiones. La práctica cambia de proyecto a proyecto. Un modelo común es informar después de que terminó la elección, en la forma en que lo hacen los proyectos ordinarios de supervisión electoral. El principal inconveniente de este acercamiento es que, aunque nos da argumentos para posteriores disputas acerca de si la elección fue o no justa, no tendrá influencia sobre la cobertura actual. Los proyectos de supervisión que informan mientras la campaña está en progreso, esperan tener un impacto positivo en la calidad del periodismo. Los intervalos precisos entre reportes variarán. Uno semanal es una práctica común, sin embargo un proyecto de supervisión en Kenia en 1997, primero fue mensual y posteriormente semanal hasta que la campaña llegó a su punto más alto. En Zimbabwe en 2000, los informes iniciaron siendo semanales y después por día en las últimas dos semanas de la campaña. En todos los casos, sin embargo, los proyectos de supervisión producirán informes finales al término del proceso electoral, así como una serie de conclusiones finales.

Ver ARTICLE 19: Media Monitoring Manual para mayores detalles sobre la metodología para el monitoreo de los medios. Ver. Media Monitoring - Malawi y Media Monitoring - Bosnia ilustra diferentes enfoques sobre el monitoreo de los medios en la práctica. Russia: EIM Report 2000, Tanzania: Media Monitoring Report, 2000 y Zimbabwe: Media Monitoring Report, 2000 son recientes ejemplos sobre reportes de monitoreo de los medios.

Asociaciones Profesionales y Sindicatos

La cobertura profesional e imparcial no es algo que pueda ser impuesto por la autoridad reguladora, cualesquiera que sean las facultades de que esté investida. En efecto, ninguna autoridad puede intentar interferir con el contenido editorial de los medios sin debilitar las bases del papel de éstos en tanto guardián de carácter público. Aunque queda claro un interés manifiesto por fomentar la cobertura que enfrenta los más altos estándares profesionales.

La clave para esto es el papel que juegan los organismos profesionales del quehacer periodístico en sí. De preferencia los representantes de estos organismos deberán haber estado involucrados en el diseño de las regulaciones que rigen la cobertura de los medios en un primer plano (ver ¿Quién Debe Estar Involucrado en el Proceso de Preparación?).

Los organismos profesionales se presentan de diferentes formas:

• Periodistas o asociaciones de locutores.
• Periodistas o sindicatos de locutores.
• Concejos voluntarios de medios.
• Instituciones de capacitación.

En cierta forma, los grupos voluntarios de medios de comunicación libres pueden caer en una categoría similar.

Estos órganos profesionales pueden llevar un papel en la acreditación de los periodistas; ciertamente tendrán un papel en las actividades de promoción de sus intereses y de los estándares profesionales.

Como ejemplo un buen número de organismos profesionales han desarrollado códigos de conducta específicos para temas electorales. Una vez adoptado el código, brindará una base de acción que será utilizada en el caso de que se instrumente un mecanismo de impugnación o disciplinario existente en el propio organismo profesional.

El Consejo de Medios de Comunicación en Tanzania, por decir algo, una asociación voluntaria de organismos relacionados con los medios de comunicación, celebró una conferencia con la Comisión Nacional Electoral previa a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2000. En el marco de esta reunión se diseñó un código de conducta (Ver Tanzania: Media Code of Conduct), el cual no solamente proporcionó una guía de conducta para los periodistas en un país con limitada experiencia en elecciones democráticas, sino que también les brindó una línea base de comparación de sus monitoreos - e incluso el Consejo de Medios, junto con otras dos organizaciones no gubernamentales dieron inicio a un proyecto de monitoreo de los medios de comunicación.

En Zimbabwe en las elecciones parlamentarias del 2000, el procedimiento para diseñar un código de conducta fue ligeramente diferente. La Red de Apoyo para las Elecciones en Zimbabwe era una agrupación de organizaciones no gubernamentales que apoyaban de diversas formas el proceso electoral -educación electoral, monitoreo, etc. - que sin embargo, también incluía a la Comisión de Supervisión Electoral. Un comité especial de organizaciones con especial interés en el comportamiento de los medios diseñó un manual para el monitoreo de elecciones (Ver Zimbabwe: Code of Conduct and Reporting Handbook), en el cual se incluyó una propuesta de lineamientos sobre la cobertura de la elección a través de la estación de radiodifusión pública, y un código de conducta. Entre las organizaciones que aprobaron este proyecto se incluía a la Unión de Periodistas de Zimbabwe. Ver Code of Conduct - Zimbabwe.

Mantener Informados a los Medios

En una elección bien administrada, la autoridad electoral tiene el mayor interés en proveer el mayor cúmulo de información a los medios. Hay dos razones fundamentales para ello:

• Primera, porque informar a los medios es informar al público -y un flujo constante de información le permite al electorado ejercer sus derechos democráticos así como preservar su confianza en todo el proceso electoral.
• Segunda, porque los medios hablarán sobre las elecciones, le guste a la autoridad electoral o no. Será de beneficio para todos, que los datos que aparezcan en los medios sean lo más precisos posibles.

En consecuencia, la autoridad electoral tendrá que destinar algunos recursos a la administración de la información, por encima y más allá del papel que cumpla en la regulación de los medios de comunicación.

Algunos de los principios fundamentales en el manejo de la relación con los medios durante un proceso electoral son:

• La autoridad electoral pondrá a su disposición toda la información posible, bloqueando solo aquella información cuya revelación sea susceptible de comprometer la integridad del proceso electoral.
• Toda la información que difunda la autoridad electoral debe ser lo más confiable y precisa posible.
• La información será difundida sobre una base no discriminatoria a todos los medios, independientemente de quienes sean sus propietarios o sus lealtades políticas.

La relevancia de estos principios reside en que, si son violados, los objetivos de informar al electorado y conservar su confianza en el proceso pueden resultar afectados, algunas veces de manera irreparable. En las nuevas democracias, con un historial de censura o control gubernamental sobre los flujos de información, estos principios pueden representar una ruptura de los viejos hábitos. La tentación de retener información o de ofrecerla de manera preferencial a ciertos periodistas, es algo que los oficiales electorales deben resistir.

Un problema práctico, tanto en una democracia consolidada como en una emergente, reside en asegurar la consistencia de la información generada por la autoridad electoral. La designación de un jefe de prensa o la creación de un área de comunicación, son una forma de asegurar que la autoridad habla con una sola voz y que los medios saben a donde recurrir para hallar la información que necesitan.

Las principales técnicas que se pueden emplear para mantener informados a los medios son:

• Capacitación de los Periodistas
• Comunicados de Prensa
• Conferencias de Prensa o Reuniones con los Medios
• Carpetas Informativas
• Centro de Prensa
• Internet

Capacitación de los Periodistas

Especialmente en las nuevas democracias, donde los periodistas pueden tener poca experiencia en la cobertura de elecciones, bien puede valer la pena que la autoridad electoral o la entidad responsable de regular a los medios (si es que son diferentes), inviertan algo de tiempo y esfuerzo en capacitar a los periodistas. Esto puede realizarse de manera conjunta con alguna institución nacional o regional especializada en esta materia, o bien con algún organismo sindical.

Idealmente, la capacitación debe ser dirigida por el organismo profesional apropiado, con la colaboración de la autoridad electoral, ya sea en forma de expositores o de materiales documentales. Sin embargo, es posible que en un contexto de transición el propio organismo electoral quiera tomar la iniciativa para asegurarse de que la capacitación se lleve a cabo.

La ventaja de que la autoridad electoral o el organismo encargado de regular a los medios lleve a cabo la capacitación es que agilizará el ulterior flujo de información hacia los medios, sin necesidad de que se repitan los aspectos básicos. También será una buena oportunidad para informar a los periodistas acerca de los arreglos o facilidades que tendrán a su disposición durante las elecciones. Será una buena oportunidad de recordarles o aclararles que es lo pueden hacer y lo que no durante el desarrollo del proceso electoral, tanto por mandato legal como por normas de profesionalismo.

Se esperaría que el resultado de todo esto sea una mejora en la calidad de la cobertura, pero también una clara comprensión de parte de todos los involucrados de las diferencias entre aquellos aspectos de la cobertura electoral que quedan bajo el control editorial de los medios -noticias, hechos de actualidad, debates, etc.-, de aquellos que no lo son, como la publicidad, los tiempos de acceso directo y buena parte de las actividades de educación electoral.

Comunicados de Prensa

Los comunicados de prensa son la vieja tecnología por excelencia, pero difícilmente pueden ser superados, aún en los tiempos de internet. Por cierto, con frecuencia internet (sea vía una página en la red o un servidor de correos electrónicos) no es otra cosa que un medio sofisticado para distribuir los viejos comunicados de prensa.

Desde el punto de vista de la autoridad electoral, el valor del comunicado de prensa reside en que tiene el control de lo que se está distribuyendo entre los medios y, por tanto, puede determinar su exactitud. Para los medios, desde luego, representa la misma ventaja -además de que no tienen pretexto para una información tardía y deficiente.

Obviamente, los comunicados de prensa son especialmente útiles para distribuir información de tipo estadístico, declaraciones textuales o listas de candidatos -información que sería muy tedioso transmitir de alguna otra forma y donde existe el riesgo de que se puedan cometer errores al momento de transmitirla oralmente.

Los comunicados de prensa pueden ser distribuidos de distintas formas: entrega personal, fax, vía postal o la fijación de un cartel o aviso en un centro de prensa. A menudo pueden darse a la par de una conferencia de prensa como un medio de asegurar que una información detallada ha sido registrada con precisión.

El que tan a menudo distribuir comunicados de prensa es cosa de un delicado equilibrio. El riesgo de hacerlo muy frecuentemente es que los medios pierdan interés. El riesgo de hacerlo muy esporádicamente es que el oficial de prensa tendrá que atender requerimientos constantemente. El equilibrio preciso dependerá del buen juicio del responsable de prensa.

Redactar un comunicado de prensa

Esto es para lo que se requiere un encargado de prensa - y por lo que él o ella deben ser un periodista experimentado. La técnica de los comunicados de prensa es esencialmente la misma que se requiere para redactar las noticias en un diario. En la mayoría de los países, los periodistas son preparados para escribir historias de acuerdo al estilo de "pirámide invertida", empezando con un párrafo que sintetice la esencia y el hecho crucial de la historia, los cuales son desarrollados en detalle en los párrafos subsecuentes.

Además de lograr que al lector le quede claro desde un inicio de que trata la historia (o el comunicado de prensa), este estilo también permite que el asunto sea reconstruido desde su origen o basamento, sin perder su esencia. Así es como debe ocurrir también con los comunicados de prensa.

Como una buena noticia, un comunicado de prensa debe ser presentado en lenguaje simple, sin tecnicismos. El periodista promedio no necesariamente dispone de un lapso de concentración mayor al del lector promedio de un diario, por lo que no es seguro asumir que lo tendrán para leer todo lo que contenga el comunicado de prensa.

Pero la principal razón para redactar un comunicado de prensa como una historia noticiosa es la de contar con un registro escrito. También hay la esperanza de que sea utilizado o reproducido directamente por el periódico. Por ello, es conveniente que el comunicado sea corto (e impreso a doble espacio para que el editor tenga facilidad para hacer anotaciones). En los países de menor desarrollo, donde los editores ha menudo batallan para completar sus textos todos los días, pueden quedar muy agradecidos si lo que reciben está bien escrito y está listo para utilizarse.

Conferencias de Prensa o Reuniones con los Medios

Una conferencia es el medio para transmitir más información de la que se puede hacer mediante un simple comunicado de prensa. También es una forma de presentar ocasionalmente a los más altos funcionarios electorales ante la opinión pública (a través de los medios) para explicar aspectos relevantes del proceso electoral.

Desde luego, a los medios les gustan las conferencias de prensa porque un boletín o comunicado de prensa solo les ofrece una "copia en blanco" -es decir, una historia sin imágenes ni sonido. En una conferencia de prensa, los medios tienen oportunidad de grabar imágenes y mensajes. Si se cuenta con un "mee02e" será mucho más fácil atender los requerimientos de los medios. De otra forma, los organizadores de la conferencia de prensa tendrán que lidiar con las necesidades de los equipos de radio y televisión, periodistas y fotógrafos.

En el formato habitual de una conferencia de prensa, un representante de la autoridad electoral hace una presentación o exposición que inmediatamente da paso a las preguntas de los periodistas. La conferencia de prensa debe ser presidida por alguien diferente al funcionario encargado de la exposición. Es útil fijar una duración determinada para la conferencia de prensa (e iniciarla oportunamente, ya que los periodistas tienen tiempos límite).

Quien la preside debe asegurarse que los periodistas de distintos medios, con diferentes opiniones políticas, tienen oportunidad de formular preguntas. Los periodistas o reporteros de los medios electrónicos insistirán en tener la oportunidad de plantear sus preguntas (porque querrán transmitirlas). Eso parece razonable, pero no es recomendable permitirle a nadie que se exceda o pretenda monopolizar las preguntas. Un manejo sensible y equilibrado de parte de quien presida o modere la conferencia genera la confianza necesaria entre los medios y la autoridad que hace la presentación.

Una reunión con los medios es, usualmente, algo distinto. Normalmente no es grabada y algunas veces es completamente "extra-oficial" ("off the record"). De tratarse de esto último, entonces aplica estrictamente su regla de oro: la persona que atiende la reunión u ofrece la información no debe ser identificada. Los políticos hacen este tipo de reuniones "extra-oficiales" todo el tiempo.

Es difícil imaginar alguna circunstancia en la que resulte apropiado o debido que un funcionario electoral realice una reunión de este tipo. Para las reuniones más minuciosas o detalladas, como con cualquier otra información destinada a los medios, se deben turnar invitaciones a todos ellos, independientemente de quienes sean sus propietarios y de cuales sean sus simpatías políticas.

Carpetas Informativas

Preparar una carpeta o dossier con información básica para los medios puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, al mismo tiempo que contribuye a asegurar que sus reportes sean más precisos. Los periodistas necesitan contar con un gran volumen de información de referencia: el número de electores registrados (por distrito electoral, de ser el caso), los nombres de los candidatos, los cargos en disputa, los resultados previos, el número y horarios de las transmisiones partidistas de campaña, etc.

Los periodistas extranjeros pueden requerir incluso información política, institucional y demográfica aún más elemental. Además, todos los periodistas quieren saber que facilidades tendrán a su disposición: un centro de prensa, reuniones informativas periódicas, facilidades para el conteo o suministro de resultados.

Gran parte de esta información puede ser recabada antes de que se inicien las campañas. Todo ello es fácilmente asequible para una autoridad electoral más o menos bien organizada y puede ser integrada por un oficial o un equipo de prensa competente sin un gran esfuerzo o inversión. Parte del material puede ser complementado con información que se ha generado para otras audiencias, los observadores electorales por ejemplo.

Para algunas muestras de los contenidos de carpetas o paquetes informativos ver Indonesia: sample press materials from election authority y "mex30".

Centro de Prensa

La conveniencia de contar con un centro de prensa (o de atención a los medios) y las facilidades con las que cuente, dependerá totalmente de la disponibilidad de recursos por parte de la autoridad electoral. No hay duda de que si se dispone de los fondos necesarios para instalar un centro de ese tipo, se logrará mejor la calidad de la cobertura de los medios. Reunir a todos los medios en una sola sede facilita muchas de las funciones de manejo y relación con los medios -conferencias y comunicados de prensa, reuniones informativas. Aunque es posible que para algunas autoridades electorales un centro de prensa esté simplemente más allá de sus posibilidades.

Un centro de prensa podría incluir:

• Líneas telefónicas, para fax e internet.
• Computadoras para uso de los medios, pero también otras enlazadas a los programas de resultados.
• Pantallas de televisión
• Estudios de radio y televisión.

Internet

Internet le permite a las autoridades electorales hacer muchas de las cosas que tradicionalmente realizan con los medios de comunicación de una manera mucho más rápida, eficiente y económica. El potencial de internet es constantemente sobrevalorado, pero para efectos del manejo de las relaciones con los medios durante las elecciones es muy claro y directo.

A través del correo electrónico, las autoridades electorales pueden distribuir comunicados de prensa, declaraciones y muchos otros materiales a muy bajo costo. Si se cuenta con un sitio o página en la red, la autoridad puede crear con facilidad Carpetas Informativas. Más aún, las carpetas se podrían actualizar constantemente y a medida de que se disponga de nuevos materiales. También sería posible operar un servicio de resultados electorales a través del sitio en la red.

Cuando la autoridad electoral produce su propio material para transmisiones por radio o televisión -por ejemplo, promocionales sobre educación u orientación al votante-, se pueden poner a disposición a través de la red en formato digital. Sin embargo, todo aquel material que se encuentre disponible en formato digital, también debe estarlo en medios impresos.

Información al Elector

Una de las funciones importantes de los medios durante los períodos de campaña electoral es la de un proceso constante de información al electorado. Esto incluye material formal de educación electoral, pero va mucho más allá hasta comprender prácticamente todo lo que los medios hacen durante una elección.

La educación electoral se aborda con todo detalle en toda un área temática de esta publicación (ver Educación Electoral). La educación electoral a través de los medios puede ser muy costosa y, consecuentemente, puede asumir una baja prioridad cuando se dispone de recursos limitados. Sin embargo, en ocasiones los medios mismos pueden tomar la iniciativa para producir sus propios materiales de educación electoral o de ofrecer sus servicios a un precio módico a las autoridades electorales. El alcance de estos materiales puede ir mucho más allá de los métodos tradicionales -impresos que orienten a la gente sobre como votar- para incluir nuevas modalidades educativas que resulten interactivas y entretenidas.

Es conveniente que la educación electoral se concentre en aquellos sectores que han sido tradicionalmente desfavorecidos y, por tanto, es menos probable que se registren para votar y tomar parte en las elecciones. Entre ellos podrían figurar las mujeres, las minorías étnicas, raciales o nacionales o los discapacitados. Con una programación especial, como por ejemplo en idiomas minoritarios, los medios (especialmente la radio y la televisión) pueden jugar un papel crucial en este terreno.

Sin embargo, la información al elector se extiende más ampliamente que la educación electoral. Esta es la razón por la cual es conveniente que la administración electoral invierta el tiempo y recursos necesarios para mantenerla bien informada sobre todos los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de la elección (ver "mee02"). No obstante, los medios también tienen que cumplir con su propia función de vigilancia de los preparativos electorales y denunciar cualquier insuficiencia. Este es un aspecto esencial de la transparencia y rendición de cuentas del proceso electoral.

Seguridad de los Periodistas

La seguridad de los periodistas es una consideración prioritaria. Si los medios no cuentan con garantías para realizar su trabajo libremente, no estarán en posibilidades de recoger las noticias y de mantener informado al electorado. La violencia en una contienda política, por ejemplo, afecta no solo el derecho de los partidos y los candidatos a expresar sus opiniones de manera pacífica, sino también el derecho del público a conocerlos a través de los medios.

La cobertura electoral no suena como una ocupación especialmente riesgosa. Para los periodistas de muchos países es algo seguro y rutinario. Empero, las elecciones pueden convertirse en centro de intensas hostilidades políticas. En las elecciones de Zimbabwe del 2000, más de 30 simpatizantes de la oposición murieron en una campaña de violencia política selectiva orquestada por militantes del partido gobernante. El principal diario independiente fue victima de un bombazo, mientras que ocasionalmente algunos periodistas fueron agredidos por simpatizantes partidistas. Los ataques a los medios fueron alentados por frecuentes descalificaciones hacia su función por parte de altos funcionarios.¹⁰⁰

Las agrupaciones de periodistas suelen adoptar sus propias medidas para proteger la seguridad de sus miembros. La Federación Internacional de Periodistas ha desarrollado un conjunto de guías detalladas para ayudar a que los periodistas cubran las elecciones de manera segura (ver International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook). Los periodistas de Zimbabwe, por ejemplo, las adaptaron a sus propias condiciones y necesidades (ver Zimbabwe: Code of Conduct and Reporting Handbook).

Pero esto no es esencialmente asunto de los propios medios. No sólo está en juego el derecho de los periodistas de cumplir con su trabajo sin amenazas o violencia, sino también el del público a estar bien informado. Por tanto, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas recae esencialmente en las autoridades gubernamentales y electorales (ver Protección de la Seguridad de los Medios. Estas son algunas de las medidas fundamentales que pueden ser adoptadas:

• Rechazar leyes que limiten la libertad de los medios. Esto no solo reduce la posibilidad de que los periodistas sean víctimas de violencia alentada por el estado. Al suprimir disposiciones como las que obligan a los periodistas a revelar sus fuentes de información confidencial, también se logra que sea menos probable que los medios sean blanco de ataques de simpatizantes partidistas.
• Convenir códigos de conducta con los partidos políticos que prohíban expresamente tanto la violencia entre ellos, como hacia los medios.
• Hacer declaraciones públicas claras e inequívocas acerca de la importancia de los medios para el proceso electoral.
• Tomar acciones legales inmediatas contra cualquier responsable de acciones violentas contra los periodistas.

Promoción de una Cobertura Profesional

La principal responsabilidad de promover una cobertura profesional de las elecciones reside en los propios medios. El papel de la autoridad electoral es, fundamentalmente, el de crear un entorno favorable para que eso ocurra.

Sin embargo, hay diversos aspectos de la cobertura editorial donde pueden existir disposiciones expresas sobre lo que los medios pueden decir o no y que, consecuentemente, involucran a la autoridad encargada de su regulación. Esas disposiciones pueden comprender las siguientes áreas:

Cobertura de las Encuestas de Opinión

Muchos países cuentan con regulaciones expresas de como informar sobre las encuestas de opinión por cierto, en algunos casos, como Francia por ejemplo, está prohibido difundir los resultados de las encuestas. Sin embargo, como Francia misma lo está descubriendo, la prohibición total de informar sobre encuestas de opinión ya no constituye una disposición práctica. El argumento a favor de algún tipo de regulación reside en que, en especial en las democracias emergentes, el público puede no tener plena conciencia de las limitaciones de las encuestas y puede ser indebidamente influenciado por sus resultados. Por otra parte, es probable que se logre desarrollar una cobertura más profesional en esta área mediante la publicación de lineamientos sobre como informar acerca de las encuestas de opinión (ver Preguntas que Hacer sobre las Encuestas de Opinión), que prohibiendo su manejo.

Programación de Información Especial

El área de cobertura donde suele considerarse necesario algún tipo de regulación es el de la "programación especial"-, que normalmente comprende los debates entre candidatos y las entrevistas en mesa redonda. Algunos países con gran tradición en este campo han desarrollado formatos estandarizados para esta clase de programas sin regulación externa alguna. Otros, especialmente las democracias emergentes, han desarrollado reglas detalladas para asegurar que todos los participantes en el debate tengan un acceso equitativo.

Actividades y Campañas Gubernamentales

Una forma en la que normalmente se abusa de la cobertura electoral consiste en la manipulación de las funciones de gobierno para propósitos de campaña. De ahí que muchos funcionarios o representantes que buscan su reelección se esfuercen por acaparar la atención del electorado por medio de sus actividades oficiales. Esto sucede en todas las democracias del mundo y, en buena medida, puede dejarse al buen criterio profesional de los medios mismos. Sin embargo, especialmente en aquellos casos en que los medios están habituados a cubrir cualquier actividad de los altos funcionarios del gobierno, puede ser necesario fijar algunos lineamientos para prevenir abusos.

Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión'

Muchos países imponen un período de suspensión noticiosa en algún momento del proceso electoral. En la mayoría de los casos esto ocurre una vez que se inicia la votación, a fin de evitar campañas tendenciosas o abusivas de último minuto. Algunas veces la veda puede imponerse desde algunos días antes de las elecciones para que los electores cuenten con un "período de reflexión" para analizar toda la información que han recibido en el transcurso de las campañas.

Cobertura de las Encuestas de Opinión

Sí se utilizan de manera apropiada, las encuestas o sondeos de opinión pueden ser un método útil para determinar lo que los electores piensan acerca de temas electorales específicos, los partidos y los candidatos. Los diarios y las cadenas de radio y televisión suelen realizar sus propias encuestas para obtener información sobre las preferencias de los electores. Una encuesta también puede ser útil para averiguar lo que los electores piensan sobre cuestiones específicas, o sobre qué asuntos consideran que son los importantes. Puede ser que estos asuntos no sean los mismos que les parecen importantes a los políticos. En alguna medida, las encuestas contribuyen a que se tomen decisiones mejor informadas. Por ejemplo, en un sistema electoral de mayoría relativa pueden ayudar a quienes desean votar tácticamente para asegurar que determinado candidato no resulte triunfador.

El peligro con las encuestas de opinión es que pueden ser manipuladas de distintas formas: al seleccionar las preguntas, la muestra, el momento de aplicarlas, etcétera. Esto con independencia del margen de error natural que comporta toda encuesta, que en una elección muy reñida puede ser mayor que la diferencia que separa a dos partidos. Una encuesta bien diseñada y aplicada suele ser muy confiable. Se estima que una muestra de mil personas puede reflejar con cierta precisión las opiniones de más de 200 millones de adultos de los Estados Unidos. Pero sus limitaciones también deben ser claramente advertidas. Es por ello que la información de los medios sobre los resultados de los sondeos exige las más altas normas profesionales. También es por ello por lo que, de manera razonable, los reportes sobre encuestas de opinión deben ser regulados por el organismo electoral para garantizar que no están comunicando falsedades de manera deliberada.

En el Reino Unido, la BBC cuenta con lineamientos internos en los que le recuerda a su personal sobre la importancia de ubicar en su justa dimensión el significado de los resultados de las encuestas y enfatizar que sólo representan una muestra fotográfica de la opinión en un momento determinado (ver "mey24".) Se logra una mayor precisión si los medios informan sobre el resultado de todos los sondeos, sobre todo si después sacan un promedio de los resultados, minimizando así el impacto de encuestas "falseadas", que pueden ocurrir aún con las técnicas más profesionales de sondeo.

Una cobertura profesional de las encuestas de opinión implica plantear un conjunto de preguntas clave acerca de ellas, y ofrecerle al público las respuestas:

• ¿Quién la conduce?¿Es una empresa reconocida e independiente?
• ¿Cuál fue el tamaño la muestra (cuántas personas fueron entrevistadas)?
• ¿Cómo fueron seleccionadas?
• ¿Los resultados publicados se basan en las respuestas de todas las personas entrevistadas?
• ¿Cuándo se aplico la encuesta?
• ¿Cuál es el margen de error?
• ¿Qué preguntas se hicieron, y como fueron formuladas?¿En qué orden fueron presentadas?
• ¿Cómo se comparan los resultados de esta muestra con los de otras?

Ver Preguntas que Hacer sobre las Encuestas de Opinión y "mey29".

Preguntas que Hacer sobre las Encuestas de Opinión

¿Quién conduce la encuesta? ¿Es alguien reconocido e independiente?

Si la organización que conduce la encuesta no es independiente de los partidos políticos, entonces es posible que sus resultados sean sesgados. Es importante saber quien ordenó la encuesta - si se trata de un partido político, de un medio de comunicación o de alguna otra instancia.

¿Cuántas personas fueron interrogadas?

Evidentemente, el tamaño de la muestra es importante. Si es muy pequeña, es probable que el resultado sea poco preciso. Empero, si es bien seleccionada, un tamaño relativamente reducido puede proveer resultados significativos.

¿Cómo fueron seleccionadas?

Un encuestador respetable publica su método de muestreo. Claramente, el perfil de la muestra va a determinar los resultados. Si la encuesta se realiza por teléfono, solo va a reflejar las opiniones de sus usuarios. En algunos países puede tratarse del grueso de la población, mientras que en otros puede tratarse de un segmento minoritario. Una muestra adecuada es aquella que refleja la diversidad geográfica y de sectores de la población de todo el país.

¿Los resultados publicados se basan en las respuestas de todos los entrevistados?

Una forma simple de manipular los resultados consiste en dejar fuera las respuestas que no se han juzgado apropiadas. Eso no es nada profesional, ni de parte del encuestador ni del periodista.

¿Cuándo se realizó la encuesta?

La opinión de la gente suele modificarse, especialmente durante una campaña electoral. Una encuesta que se haya aplicado un mes atrás puede no ser ilustrativa de cómo votará la gente a la mañana siguiente.

¿Cuál es el margen de error?

Esto significa, simplemente, ¿qué tan precisos van a ser los resultados? Ninguna encuesta puede vaticinar los resultados con absoluta precisión, pero una profesional debe moverse dentro de un bajo margen de error porcentual.

¿Qué preguntas fueron hechas, como se les fraseó y en que orden se presentaron?

Un reporte profesional de los medios reflejará exactamente las preguntas realizadas, a fin de evitar el riesgo de "interpretar" los resultados en la forma más conveniente desde un punto de vista político. Es importante saber cuales fueron todas las preguntas formuladas, porque las respuestas pudieron haber sido muy contradictorias. Por ejemplo, los encuestados pueden haber dicho que sentían que el candidato X había estado haciendo un buen trabajo -pero luego expresar una opinión que estaba en desacuerdo con los ejes centrales de su programa de campaña. Más importante aún, el público debe saber que las preguntas fueron planteadas de una manera balanceada y no buscando llevar al encuestado a dar una respuesta predeterminada.

¿Cómo se comparan los resultados de esta encuesta con los de otras?

Si son varias las encuestas aplicadas por organizaciones reconocidas, el promedio de sus resultados puede ayudar a reducir el margen de error global. En su caso, si los resultados de una encuesta difieren significativamente de los del resto, sería interesante averiguar por que. ¿Se trata tan solo de una encuesta mal aplicada? ¿O refleja acaso un cambio importante en la opinión pública?

Programación de Información Especial

La forma más común de "programación de información especial" durante campañas electorales es el debate entre candidatos. Una variante de esto es el panel de discusión.

Estos formatos especiales son poco utilizados ya que caen dentro de la programación editorial ordinaria y los espacios de acceso directo. Incluso, en algunos países la única forma de acceso directo disponible se presenta como una entrevista o debate.

Esta naturaleza inusual y combinada de "programación especial" significa que en muchos lugares donde se presentan han aparecido grupos de regulaciones especiales. Algunas veces, establecidas por ley, otras por auto-regulación y unas más por costumbre y práctica. Ver Formatos del Debate.

Los ejemplos más connotados de esta modalidad de programación han sido los debates presidenciales en los Estados Unidos, que datan del año de 1960 cuando una victoria de John F. Kennedy en un debate siempre fue vista como una estrategia para asegurar un posible triunfo sobre su contrincante, Richard Nixon, en una elección celebrada poco después (una de las peculiaridades de estos eventos es que los participantes están ansiosos por proclamar su victoria en los debates, mientras que los entendidos lo califican más como una contienda boxística. Para la audiencia no especializada no siempre queda claro quien obtuvo el triunfo.) Percibido con madurez, ahora tenemos que Nixon, con su apariencia cansada, lució derrotado y falto de confianza -un juicio que por lo menos contaba con el apoyo de la historia ulterior. Sin embargo, los que escucharon el debate por la radio pensaron que Nixon había ganado - su apariencia fue decisiva. Eso causado por lo menos en parte por el hecho de que estaba adolorido por una lesión en la rodilla.

En los Estados Unidos las reglas que rigen estos debates han evolucionado convencionalmente. No obstante, las radiodifusoras aún deben acatar la regla de iguales oportunidades hecha en el marco del Acta Federal de Comunicación. Esta estipula (entre otras cosas) que una radiodifusora puede elegir al candidato que tomará parte en el debate, pero que a los candidatos seleccionados se les deben brindar las mismas oportunidades. Efectivamente esto permite a las radiodifusoras excluir a los candidatos minoritarios en los debates, los cuales normalmente se confinan a los dos candidatos presidenciales principales: el Demócrata y el Republicano. Esto originó que en el 2000, otros dos candidatos anunciaran sus planes para tomar acción legal después de haber sido excluidos de los debates televisados.

No todos están de acuerdo en que estos debates sean una buena opción. Los principales argumentos en su contra son:

• Los debates pueden crear discordias artificiales - probablemente una consideración significativa en países que han emergido recientemente de conflictos políticos.
• Los discursos políticos llegan a ser demasiado personalizados -los debates personales subrayan la naturaleza "carrera de caballos" de las campañas políticas, mucho estilo y nada de sustancia.
• Los candidatos no estarán de acuerdo en la necesidad de un debate -pues los retadores siempre saldrán más favorecidos.

Ninguno de estos argumentos son aplastantes. No es admisible abstenerse de una vigorosa discusión solo porque el pasado terminó en violencia. Los espacios de propaganda de 20 segundos degradan la calidad del discurso político más que un largo debate en vivo.

Sin embargo, muchos países se manejan felizmente sin ellos. El debate aplica particularmente a las campañas electorales. Las campañas globales en elecciones legislativas no se ajustan a este tipo de formato, aunque a menudo ofrecerán distintas modalidades de programación especial en los cuales los candidatos principales serán cuestionados acerca de sus políticas.

A menudo los candidatos son entrevistados, algunas veces en un servicio especial formalizado. Algunas más, como en las elecciones del 2000 en Zimbabwe, las entrevistas especiales son casi la única oportunidad que tienen los partidos para hablar directamente al electorado acerca de sus políticas. En estas circunstancias es recomendable contar con una fórmula acordada, aunque normalmente esto no quedará establecido en las leyes y regulaciones. El propósito podría ser el de contar con un equilibrio de filiaciones políticas entre los periodistas que conducen la entrevista, así como un equilibrio entre los temas a tratar que no reflejen la agenda de ninguno de los demás partidos.

Con frecuencia las radiodifusoras mantendrán una línea telefónica abierta en donde el electorado puede dirigir directamente sus cuestionamientos a los políticos. Tales programas pueden presentar deficiencias -llamadas confusas, malintencionadas, malinformadas. Sin embargo también pueden ofrecer una alternativa para examinar con efectividad las políticas de los candidatos.

Ningún Primer Ministro, por ejemplo, se ha atrevido a someterse a esta modalidad de cuestionamientos desde 1983, año en que Margaret Thatcher fue interrogada con habilidad forense sobre el hundimiento británico de un barco de guerra argentino en el Atlántico Sur. La persona que llamó, Mrs. Gould de Bristol, no solamente enfureció a la Primer Ministro al exponer las inconsistencias de su explicación. También avergonzó a los periodistas profesionales cuyo trabajo era el de ser portavoz de lo dicho por el gobierno.

Formatos del Debate

El formato de los debates casi siempre es sujeto de alguna forma de regulación, ya sea voluntario o por reglas externas.

Dinamarca cuenta con una fuerte historia en la celebración de debates, regulados esencialmente por tradición. La estación pública de radiodifusión transmite espacios de acceso directo de 10 minutos para cada partido, seguida de una entrevista de 30 minutos por un panel de periodistas al líder del partido. Poco antes del día de la votación hay una transmisión de un debate con una duración de tres horas. La radiodifusora pública tradicionalmente incorpora a todos los partidos, aunque las radiodifusoras comerciales lo han confinado a los partidos principales.

Las nuevas democracias a menudo han sentido la necesidad de administrar el formato y contenidos de los debates más estrechamente. Esto puede ser necesario en situaciones cuando existen antecedentes de control del gobierno sobre los medios y en consecuencia el temor de que la oposición esté en desventaja en el debate.

Estonia

En Estonia el administrador de programas electorales especiales está estrechamente controlado por la ley. Las regulaciones sobre la cobertura de las elecciones en la radio y televisión estatales determina 7 áreas que los debates deberían cubrir, así como el número de representantes que cada partido puede tener en los debates en función del número de candidatos que están presentando en la elección (ver "mex09")

Malawi

En Malawi en 1994, la Comisión Electoral no específicó los tópicos del debate - sin embargo, contemplaba reglas para casi todos los demás aspectos. Hubo seis debates, tres por cada una de las ciudades principales. Los ocho partidos políticos podrían estar igualmente representados en un debate en cada ciudad - en otras palabras, cuatro partidos tomaron parte en cada debate y cada uno de ellos tomó parte en los tres debates.

Hubo debates públicos y los lineamientos de la Comisión Electoral determinaron los procedimientos para la asignación de boletos. Cada debate fue transmitido por partida doble. Las preguntas fueron hechas por un panel compuesto por seis periodistas. Los itinerarios del debate fueron extremadamente precisos: un minuto para cada pregunta: y minuto y medio para cada respuesta, dos minutos para recapitular. Hubo cinco preguntas en cada debate. (ver Malawi: Election Reporting Guidelines - Election Commission 1994)

Actividades y Campañas Gubernamentales

Los candidatos a un cargo electivo normalmente intentarán hacer uso de su posición en su propio beneficio. Un presidente en busca de la re-elección programará la celebración de una cumbre internacional para enfatizar su importancia como hombre de estado internacional. Esto representa un aspecto inevitable, si no es que desagradable, de las campañas electorales democráticas.

No obstante, se debe establecer una línea. Si un ministro de gobierno utiliza su teléfono o automóvil oficial para realizar actividades de campaña que pueden ser denunciadas (y quizás procesadas) como abuso de fondos públicos. En ocasiones los medios, con o sin intención, pueden instigar a un ministro u otro oficial, para que haga uso de sus funciones oficiales como un medio en favor de su campaña electoral.

Ocasionalmente la acción correctiva debería estar dirigida en contra del oficial más que a los propios medios. Los periodistas deben ser mejor capacitados para hacer juicios acerca de cuál es el valor real de la noticia sobre un determinado ministro que inaugura una granja de puercos - o lo que sea. En el caso de los medios de comunicación estatales basados en el dinero público - es posible el uso de una mano firme. Esto es perfectamente adecuado. No hay censura o interferencia con la libertad editorial, sin embargo, se asegura el adecuado uso de los fondos públicos.

En Montenegro, por ejemplo, se han diseñado reglas específicas relacionadas con la cobertura de funciones oficiales durante una campaña electoral:

Programas especiales protagonizados por oficiales del estado que utilicen sus encargos oficiales para propósitos de campañas electorales no deberán producirse antes de la finalización de la elección.

Los informes sobre las actividades de oficiales estatales ejecutando actividades derivadas de sus cargos oficiales no deberán ser utilizadas como un acto de campaña partidistas (verMedia Monitoring - Bosnia.)

En las elecciones de 1999 en Malawi, el Tribunal Superior hizo un juicio importante relacionado con la cobertura las funciones presidenciales. Encontró que era perfectamente normal y apropiado el papel de la radiodifusora pública, pero que si los mensajes de campaña estaban incluidos en tales transmisiones, entonces la difusora estaba obligada a brindar iguales oportunidades a la oposición para que ésta diera a conocer sus puntos de vista. Ver Government Activities and Campaign Reporting - Malawi.

Tales regulaciones pueden aplicar a los materiales de acceso directo. Francia, por ejemplo, normalmente aplica algunas reglas que prohíben a los candidatos presidenciales mostrar "su lugar habitual de trabajo" en las transmisiones electorales. Esto está orientado a detener a los presidentes que se muestran a si mismos en el Palacio de los Elíseos o una reunión durante una visita a dignatarios.¹⁰¹

Es posible sentir que tales prescripciones vayan un poco más lejos. No obstante pocos, ya sea en los medios o en la administración electoral, querrían ir en Dirección a Venezuela. Ahí, existe una disposición específica para la propaganda electoral emitida por el gobierno. Esto no está permitido específicamente para votar en favor de un solo partido, sino que en la práctica está programada a todo lo largo de los espacios propagandísticos del partido gobernante.¹⁰²

Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión'

Muchos países, por ley o por costumbre, tienen un espacio de tiempo en donde no pueden utilizar los medios para informar a la población sobre eventos electorales. Es muy común que se aplique cuando la votación ha dado inicio. Esto es parecido a lo relativo a las prohibiciones normales en los periodos de campaña en los lugares cercanos a los sitios de votación. En el Reino Unido, por ejemplo, existe una abstención por costumbre y voluntaria a informar sobre las campañas electorales el día de la votación y en muchos países de la comunidad británica, se observa una práctica parecida.

Quizás el ejemplo más conocido es el del periodo obligatorio de reflexión en Francia, el cual tiene una duración de 7 días. Italia y Suecia son otros países en donde este bloqueo informativo está prescrito en la legislación, en ambos casos para un día previo a la votación. Dinamarca también restringe la publicación de noticias electorales el día anterior a la votación, sin embargo en este caso es voluntario ya que no está legalmente prohibido.¹⁰³

Sin duda alguna, el país que aplica en un mayor periodo el bloqueo informativo es Israel, ya que a la televisión (aunque no la radio) le está prohibido presentar programas sobre campañas electorales dentro de los 30 días previos a la elección. La Autoridad de Radiodifusión Independiente ha interpretado esta disposición como muy rigurosa, ya que cancela la transmisión de programas sobre asuntos políticos y sociales de actualidad aproximadamente con 10 semanas de antelación al día de la jornada electoral. Los periodistas profesionales deben cubrir los periodos de campañas electorales omitiendo la presentación de los políticos en televisión.

Uno de los casos más extraordinarios tuvo lugar en 1981, cuando el Primer Ministro Menachem Begin sostuvo una histórica reunión con el Presidente Egipcio Anwar Sadat, que finalmente no se pudo transmitir por televisión -aunque no hubo una restricción alguna de su partido incluyendo la grabación de algunas secuencias de la reunión en su propia transmisión de acceso directo.

En otro ejemplo más, el Partido del Trabajo eligió a Ephraim Latzir, ex-Presidente y eminente científico, para cerrar la lista de candidatos de su partido -un gesto simbólico ya que estaba claro que no iba a ser elegido. Cuando tomó parte en una convención científica con amplia difusión internacional durante el periodo de campaña, su participación no pudo ser transmitida al público.¹⁰⁴

Emisión de Informes Sobre la Jornada Electoral

Una vez iniciada la votación, el papel de los medios sufre un cambio con relación al presentado en el periodo de campaña - se pueden concebir reglas específicas que regulen este cambio. En la práctica, el cambio puede tener lugar con anticipación (ver Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión') mediante la imposición de una prohibición de los reportes sobre campañas electorales, encuestas de opinión, transmisiones de acceso directo y propaganda - o todos en conjunto.

Los temas planteados en una prohibición sobre la emisión de informes durante la votación se vuelven proporcionalmente más complejos en función de la duración de la jornada electoral, así como la extensión geográfica del país. En este último caso, si el electorado vota en distintas zonas horarias, le imprime un tanto más de complejidad ya que se puede disponer de los resultados en una zona antes de que estén listos en alguna otra.

En esencia hay dos elementos a considerar:

• La preservación de la integridad del proceso electoral y la seguridad del voto
• Asegurar que la emisión extemporánea de información no influya de ninguna manera en la emisión del voto

La primera de ellas es mucho más directa que la segunda. Normalmente no resulta complicado conseguir un equilibrio entre permitir a los medios cierta difusión de la información sobre el proceso electoral, pero asegurando que no se atente contra la secrecía y seguridad de los electores. Ver Acceso de los Medios a los Sitios de Votación.

No obstante, asegurar la máxima transparencia y flujo de la información sin interferir con el proceso es muy difícil, por lo que se pueden adoptar una gran variedad de enfoques. Ver Información sobre la Votación.

Acceso de los Medios a los Sitios de Votación

El asunto del acceso de los medios a los sitios de votación puede en ocasiones ser causa de alguna tensión -con frecuencia innecesaria.

En buena medida, lo que los medios requieren son ciertas garantías o facilidades de acceso general -filmar o fotografiar las filas de votantes, de electores que estén colocando sus papeletas en las urnas o situaciones de ese tipo. A menudo se les confiere a los periodistas un nivel de acceso que no se extiende al público en general. Algunas veces los no votantes son retirados de los sitios de votación -en un intento por evitar actos de intimidación de último momento-, pero a los periodistas que cuentan con Acreditación no se les aplica esta medida.

Sin embargo, siempre resulta aconsejable advertir claramente a los medios que, a pesar de ese tipo de privilegios, están sujetos a las mismas disposiciones legales que se aplican a todo el mundo. Por tanto, nada de lo que hagan dentro de un sitio de votación (o en cualquier otro sitio que tenga que ver con ello), puede constituir un acto de intimidación o influencia sobre el proceso electoral. También se debe dejar perfectamente en claro que el acceso de los periodistas a los sitios de votación debe ser estrictamente controlado y debe contar con la aprobación del funcionario competente.

Es de vital importancia asegurar que la política precisa acerca del acceso de los medios a los sitios de votación sea comunicada con anticipación a los presidentes o encargados de los recintos o mesas de votación, así como a los propios medios.

El Instituto Electoral de Sudáfrica (IESA) (http://www.eisa.org.za) elaboró una lista muy útil sobre "lo que pueden hacer y lo que no" los medios durante las elecciones de 1999. Los representantes de los medios podían:

• Mostrar su acreditación o identificación de prensa al encargado de las mesas de votación o escrutinio.
• Tomar fotografías y realizar entrevistas con el acuerdo del oficial electoral encargado.
• Formar parte de un "pool" en aquellos casos en que hubiera un gran número de periodistas presentes en un sitio y quisieran tomar fotografías o realizar una entrevista a una personalidad, de tal forma que se seleccionara a un pequeño grupo de ellos para efectuar estas actividades.

El documento también destacaba la existencia de zonas sensibles en donde algunos electores podrían rehusarse a que se les tomaran fotos o se les hicieran entrevistas.

A los representantes de los medios no se les permitía:

• Vulnerar la secrecía del voto o el orden de la elección.
• Publicar información falsa con la intención de violentar o impedir la elección.
• Publicar información que causara hostilidad o miedo para influir en el resultado de la elección.
• Publicar información que pudiera influir en la conducta o resultado de la elección.
• Publicar los resultados de encuestas de salida durante el horario de votación (ver Encuestas de Salida).

La guía del IESA también resaltaba la existencia de una serie de prohibiciones generales que también aplicaban a los representantes de los medios, quienes no podrían:

• Interferir con la independencia e imparcialidad de la Comisión Electoral Independiente.
• Forzar o persuadir a cualquier persona de que se registre o no para votar.
• Forzar a cualquier persona a votar o no votar por un determinado partido o candidato.
• Participar en una actividad política ilegal.
• Pretender ostentarse como representante de algún partido o candidato.
• Pretender ser colaborador de la Comisión Electoral Independiente.
• Ofrecer información sobre la votación o el escrutinio, romper los sellos o abrir las urnas en donde existan materiales electorales.¹⁰⁵

Información sobre la Votación

Aparte de los asuntos relacionados con Acceso de los Medios a los Sitios de Votación, se plantea la cuestión de cómo informar o reportar el desarrollo de la votación. Normalmente es aconsejable evitar cualquier programa directo -publicidad o transmisiones de los partidos-, antes de que se inicie la votación. De otra forma, se corre el riesgo de que se maneje cierta propaganda o publicidad de acuerdo con una evaluación previa sobre el desarrollo de la votación. Esto no seria justo y no ofrecería posibilidad de réplica.

Algunas leyes o regulaciones electorales imponen restricciones sobre el reporte de noticias sobre la base de que una cobertura tardía de asuntos relativos a las campañas puede ejercer una influencia indebida. Con frecuencia existen prohibiciones, obligatorias o voluntarias, sobre el reporte de los resultados de sondeos de opinión o encuestas de salida.

Las regulaciones relativas a la información electoral en la República de Montenegro prohíben a los medios subvencionados con recursos públicos publicar, ya sea resultados sobre elecciones previas o "cualquier otra predicción sobre el resultado de la elección antes del cierre de la votación" (ver Montenegro: law on state election broadcasting)

Por supuesto, existen distintos factores que pueden influir sobre la votación mientras se desarrolla. El nivel de participación es un asunto importante, ya que usualmente se suele asociar una alta o una baja afluencia a favor de uno u otro partido. Esto puede ser en ocasiones objeto de algún tipo de restricción.

En la práctica, estas cuestiones pueden ser resueltas sin mayor problema por un ejercicio profesional y una auto-regulación sensibles. La BBC de Londres ofrece las siguientes pautas a sus productores sobre la cobertura de la jornada electoral:

El reporte de información sobre la votación en cualquier elección debe evitar cualquier referencia a cuestiones electorales y, hasta el cierre de las urnas, debemos restringirnos a noticias fácticas sobre la elección. Pueden incluirse sondeos de opinión pública y un repaso de las noticias de los periódicos del día. También se pueden incluir declaraciones noticiosas de importancia de los partidos, pero debemos asegurarnos de que las réplicas o contra-argumentos de los partidos opositores también sean transmitidos.

(Ver United Kingdom: BBC guidelines on election coverage.)

Promover una Cobertura Profesional de los Resultados

En principio, el reporte de los resultados parece como la parte menos complicada de todo el proceso de cobertura informativa de las elecciones. Pues bien, lo sorprendente es que con frecuencia sea una actividad ejecutada de manera muy deficiente. En el referéndum de Zimbabwe del año 2000, ¡ni un solo medio impreso o electrónico pudo reportar de manera correcta los resultados que fue emitiendo la Oficina del Registro General!¹⁰⁶

Una buena parte del problema reside en los propios medios -si no son capaces de copiar correctamente una columna de resultados, es muy poco lo que la autoridad electoral puede hacer al respecto. Pero es mucho lo que se puede hacer para promover un reporte de resultados profesional y preciso.

El establecimiento de un Centro de Prensa para los medios puede facilitarles enormemente su acceso a los resultados. Los mecanismos de escrutinio varían significativamente entre un sistema centralizado y uno descentralizado. Para efectos del reporte de los medios, el meollo reside es sí los resultados son emitidos a nivel central o local. Si se hace a nivel local, entonces también es probable que el reporte de los medios sea descentralizado.

Cuando prevalece el sistema de escrutinio local, como en el Reino Unido, los medios han creado un impresionante centro móvil para ir haciendo la proyección de los resultados finales a partir de las cifras que se van recibiendo e integrando. Ya que ningún resultado real o proyectado puede difundirse antes del cierre de la votación, este ejercicio constituye más bien una diversión inofensiva (aunque arropada con una gran seriedad estadística). Lo peor que se puede decir de ese ejercicio es que fomenta el tratamiento de la elección más como una carrera de caballos que como un proceso democrático de selección.

Sin embargo, lo que es especialmente relevante cuando los resultados van surgiendo gradualmente -especialmente en los sistemas de pluralidad o mayoría relativa-, es que todas las cifras vayan reportándose de manera oportuna y precisa. Esto significa una suerte de escrutinio público del proceso de conteo y disminuye la posibilidad de que se manipule. Por tanto, se trata de una función crucial de los medios.

La proyección de los resultados derivados de Encuestas de Salida y Conteos Rápidos implica aspectos diferentes de la cobertura informativa de los medios.

Encuestas de Salida

Las encuestas de salida, también denominadas a "boca de urna", se han desarrollado básicamente como un instrumento de los medios de comunicación, que consisten en un sondeo de opinión basado en entrevistas con los electores a medida que "salen" de los sitios de votación. Ya que casi por definición son poco confiables, al no constituir un registro real de las preferencias del electorado, es importante distinguirlas de los "mef03b".

Las encuestas de salida son una variante de los sondeos de opinión y bien harían todos los medios en tomar las mismas precauciones que con estos (ver "mee05a"). Un problema adicional con las encuestas de salida es que parecen ofrecer una indicación de cómo ha votado la gente, en contraposición a cual sería la intención de su voto, por lo que es claro que cualquier restricción que se aplique a los reportes sobre los sondeos de opinión que se efectúen mientras se desarrolla la votación se harían extensibles con mayor rigor aún a las encuestas de salida.

Una práctica usual consiste en utilizar las encuestas de salida como un anticipo de los programas de resultados, antes de que se disponga de datos reales. Los periódicos matutinos, cuyos titulares se fijan con frecuencia antes de que se cuente con resultados reales significativos, también suelen hacer uso de estas encuestas. El asunto se torna todavía más complejo en países que cuentan con diferentes husos horarios, donde los resultados iniciales de las primeras encuestas de salida pueden afectar los patrones de votación posteriores. En los Estados Unidos, la mayoría de los medios se abstienen voluntariamente de reportar los resultados iniciales o los de encuestas de salida de la Costa Este.

Desde luego, parte del problema con las encuestas de salida es si la gente informa honestamente sobre el sentido de su voto. Es probable que esta situación se presente en particular en las democracias emergentes o en situaciones donde ha existido o prevalece una intimidación muy extendida. La educación electoral debe haber enfatizado que el voto de toda persona es secreto.

En las elecciones de Zimbabwe del año 2000, una organización sudafricana, la Fundación Helen Suzman, diseñó un formato para las encuestas de salida mucho más complejo para tomar en cuenta los riesgos de que la gente no manifestara con sinceridad por quien había votado. Pero uno de los efectos de esta complejidad fue que no se contó con resultados hasta mucho después. Al final, su principal objetivo consistía en ofrecer alguna evidencia de cómo la intimidación pudo haber afectado el resultado. Desafortunadamente, ya que no se contó con los resultados de la encuesta hasta después de que se conocieron los resultados reales, no recibió la atención que merecía por parte de los medios. En los medios, la rapidez lo es todo.

Conteos Rápidos

Los conteos rápidos no oficiales son un mecanismo de conteo paralelo que es necesario diferenciar de las encuestas de salida. Un conteo rápido es un conteo parcial de resultados reales (en tanto que las encuestas de salida son una simple variante de los sondeos de opinión).

Un conteo rápido puede ser utilizado con frecuencia para prevenir una potencial manipulación de los resultados. Para los medios, desde luego, el interés es similar al de una encuesta de salida en el sentido de que les permite anunciar resultados de manera anticipada.

Lo que tienen en común con las encuestas de salida es la necesidad de que los medios reporten con precisión lo que el conteo está realmente midiendo -en otros términos, en qué tamaño de muestra se basa y qué grado de confiabilidad se puede esperar.

Para un examen más detallado, ver Recuentos no Oficiales.

Información Post Electoral

El interés de los medios en una elección no cesa con el anuncio de los resultados. Se trata de una historia continua, que se traslada a la toma de posesión de quienes resultaron electos, la formación de un nuevo gobierno y así sucesivamente.

Sin embargo, para la autoridad electoral cualquier regulación formal de los medios culmina con el anuncio de los resultados. Empero, está es un área donde la participación formal de los medios puede seguir adelante. Si los resultados son impugnados, se abrirá una nueva historia que sin duda cubrirán los medios. Deben hacerlo de acuerdo con las normas profesionales que normalmente rigen la cobertura informativa de los procesos judiciales.

Sin embargo, se puede producir un giro importante si el comportamiento de los medios forma parte de la impugnación de los resultados. Este ha sido el caso en algunas elecciones recientes, como las de Kenia en 1997. Los resultados de los monitoreos de los medios pueden ser utilizados como evidencia y los métodos de regulación de la autoridad electoral pueden ser sometidos a escrutinio.

Índice de Materiales Muestra

ARTICLE19 Election Reporting Guidelines (PDF file)

ARTICLE 19: Media Monitoring Manual (PDF file)

Australia - Broadcasting Services Act 1992 (PDF file)

Barbados: law on election broadcasting (PDF file)

Bosnia: media monitoring methodology (PDF file)

Bosnia: summary of complaints investigated (PDF file)

Brazil: law on election broadcasting (PDF file)

Cambodia: Guidelines of UN Transitional Authority on Media and Elections (PDF file)

Handbook on Electoral Coverage in Ghana (PDF file)

Indonesia: sample press materials from election authority (PDF file)

International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook (PDF file)

Malawi: Election Reporting Guidelines - Election Commission 1994 (PDF file)

Montenegro: law on state election broadcasting (PDF file)

Poland: laws and regulations on election broadcasting (PDF file)

South Africa: Independent Broadcasting Authority monitoring report on 1999 elections (PDF file)

South Africa: IBA Guidelines on election coverage (PDF file)

South Africa: IBA Guidelines for broadcast licensees (PDF file)

South Africa: IBA Formula for allocating party broadcasting (PDF file)

Tanzania: Media Code of Conduct (PDF file)

Tanzania: Media Monitoring Report, 2000 (PDF file)

United Kingdom: BBC guidelines on election coverage (PDF file)

United Kingdom: Decision of Broadcasting Standards Commission (1) (PDF file)

United Kingdom: Decision of Broadcasting Standards Commission (2) (PDF file)

UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999 (PDF file)

International Treaties on media and elections (PDF file)

United States: guidelines on opinion poll reporting (PDF file)

Zimbabwe: Media Monitoring Report, 2000 (PDF file)

Zimbabwe: Code of Conduct and Reporting Handbook (PDF file)

ARTICLE19 Election Reporting Guidelines

ARTICLE19 Election Reporting Guidelines (PDF)

ARTICLE 19: Media Monitoring Manual

Australia - Broadcasting Services Act 1992

Barbados: law on election broadcasting

Bosnia: media monitoring methodology

Bosnia: summary of complaints investigated

Brazil: law on election broadcasting

Cambodia: Guidelines of UN Transitional Authority on Media and Elections

Indonesia: sample press materials from election authority

International Federation of Journalists: Election Reporting Handbook

Malawi: Election Reporting Guidelines - Election Commission 1994

Montenegro: law on state election broadcasting

Poland: laws and regulations on election broadcasting

South Africa: Independent Broadcasting Authority monitoring report on 1999 elections

South Africa: IBA Guidelines on election coverage

South Africa: IBA Guidelines for broadcast licensees

South Africa: IBA Formula for allocating party broadcasting

Tanzania: Media Code of Conduct

Tanzania: Media Monitoring Report, 2000

United Kingdom: BBC guidelines on election coverage

United Kingdom: Decision of Broadcasting Standards Commission (1)

United Kingdom: Decision of Broadcasting Standards Commission (2)

UN Rapporteur on Freedom of Expression: Report 1999

International Treaties on media and elections

United States: guidelines on opinion poll reporting

Zimbabwe: Media Monitoring Report, 2000

Zimbabwe media monitoring form

Zimbabwe: Code of Conduct and Reporting Handbook

Indice de Estudios de Caso

¿En Dónde Consigue la Gente la Información Electoral? - Ukrania

La Existencia de un Cuerpo Regulador - Italia

Autorregulación - Reino Unido

La Comisión Electoral como Regulador de los Medios-Malawi

Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia

Procedimiento de Impugnaciones - Rusia

Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Bosnia

The Operations of the Regulator on Hate Speech - United Kingdom

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Zimbabwe

A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa

Paid Political Advertising - Canada

Media Monitoring - Malawi

Media Monitoring - Bosnia

Government Activities and Campaign Reporting - Malawi

Voluntary Guidelines on Reporting Opinion Polls - United Kingdom

Code of Conduct - Zimbabwe

Reporting Exit Poll Findings - United States

An Internet Election - Romania

¿En Dónde Consigue la Gente la Información Electoral? - Ukrania

A finales de 1998 se llevaron a cabo en Ukrania una serie de foros de grupos de discusión, orientados principalmente a los medios de comunicación -a través de los cuales la población recibió información política.¹⁰⁷ A esto siguieron las elecciones legislativas en 1998 y con miras a las elecciones presidenciales de 1999.

Algunos participantes consideraron que había una carencia cuantitativa de información, particularmente de la población rural, debido al gasto de periódicos y a los frecuentes cortes de corriente eléctrica, que hicieron que el acceso a la información televisada fuera más restringido. En sus recomendaciones, muchos de los participantes consideraron que las publicaciones necesitaban ser más económicas y que cierta información debería estar a libre disposición.

Los participantes en estos grupos fueron también muy críticos sobre el hecho de que durante las campañas electorales fueron bombardeados con información, pero que sin embargo, en otras ocasiones se carece de información precisa.

No obstante, de gran preocupación en particular para los participantes citadinos fue la carencia de una información de "buena calidad". Los medios de comunicación locales fueron vistos como una entidad, financiera y políticamente, dependientes. Muchos consideraron que los medios masivos de comunicación debían estar controlados por intereses extranjeros, tales como el capital ruso y americano. Los medios, asimismo, no fueron capaces de brindar una cobertura de calidad debido a la censura. Los que más estuvieron preocupados por obtener información confiable acudieron a múltiples fuentes de información, particularmente de prensa y radio del exterior, que eran percibidos como una fuente equilibrada en la emisión de sus reportes. Asimismo, voltearon hacia Rusia para conseguir información más precisa, incluida la BBC y Radio Libertad.

Los participantes consideraron que la información no fue presentada de forma tal que fuera entendida por la población común. Fueron particularmente críticos a la televisión que, a pesar de ser el medio más común para obtener información, que a manera de atención, en el análisis profundo, podía ser encontrada en la prensa y en la radio.

Se buscaron opciones en programas específicos de televisión al momento de la elección. Hubo una tibia, aunque generalmente favorable, respuesta al programa informativo sobre el proceso electoral puesto en marcha por el gobierno (Elecciones de 1998). Las personas que habían emitido su voto estuvieron favorablemente inclinados hacia el programa que lo que no lo hicieron, sin embargo era de esperarse ya que habían aceptado el mensaje de la importancia de votar mientras que las personas incluidas en el grupo que no votaron lo habían rechazado.

Todos los participantes se mostraron a favor de las series de anuncios de servicio público presentados por Alla Mazzur, un presentador de televisión ampliamente reconocido. Quedaron impresionados por el alto nivel de profesionalidad de la presentación, con música y secuencias de video, contrariamente a la forma de presentación del Director del Comité Central Electoral elegida por el programa gubernamental. Les agradó el hecho de que el presentador era alguien que no estaba identificado ni con el estado ni con cualquier partido político, y también que Alla Mazzur fuera considerado como un simple informador, dejando la decisión de votar o no en sus manos. Así la votación sonaba sencilla. Esto contrastó con el programa gubernamental, que fue visto como una exhortación a votar y que tuvo un efecto exclusivo en mucha gente.

La misma actitud vino a través de la visión de los participantes sobre los comerciales de televisión puestos por los partidos políticos sobre los cuales fueron entrevistados. La propaganda política en Ukrania es de reciente utilización. En las elecciones de 1994 virtualmente no hubo. El comercial del Partido Verde fue visto favorablemente, debido en especial, a la imparcialidad demostrada en el comercial, aunque en el fondo existían intereses partidistas.

En el mismo contexto, mucha gente fue excluida por el énfasis sobre los líderes, en franca oposición a las políticas, en un anuncio dispuesto por el Partido Social Demócrata. Asimismo, identificaron favorablemente el objetivo de los anuncios de Hromeda (estaba dirigido a personas cuyos salarios o pensiones estaban atrasados).

Los participantes sugirieron que el propósito de esta propaganda política fuera mucho más elemental que la informada en los medios. Los comerciales simplemente recordaban a la población sobre la existencia de ciertos partidos. En efecto, algunos mencionaron que había una propaganda que les hizo darse cuenta de que los Verdes existían.

La conclusión general fue que la propaganda política ayuda a los electores a tomar una decisión y, si se hace correctamente (al hacerlo llegar a una mayor audiencia), puede movilizar la actividad electoral. Esto, a pesar del hecho de que la propaganda política fue vista como un elemento tan molesto al consumidor como otras formas de publicidad. Asimismo, por el hecho de que los gastos de campaña generalmente fueron vistos tan poco democráticos y sospechosos con relación a la imparcialidad del proceso electoral.

Los grupos fueron conminados a hacer algunas recomendaciones al gobierno sobre la forma en que debe informarse al público sobre los problemas que está enfrentando el país, la importancia del voto y el proceso de votación. Muchos de los participantes en estos grupos manifestaban una postura negativa y fatalista sobre qué debería hacerse para mejorar estos aspectos. Los que hicieron algunas sugerencias positivas, enfatizaron entre otras cosas:

• La crucial importancia de la libertad de prensa y el fin de la censura
• La necesidad de diarios a menor costo y brindarles literatura política esencial sin costo alguno.
• La necesidad de dirigir la insuficiencia de información en áreas rurales.
• La necesidad de expandir la red de periódicos en los distritos
• La necesidad de programas de televisión orientados a la juventud (debido a la preocupación sobre las limitaciones mostradas al involucrar a la gente joven en el proceso político).
• Que los programas de radio necesitan ser más interesantes y animados.

La Existencia de un Cuerpo Regulador - Italia

El Parlamento italiano en 1993 aprobó una ley (No. 515) concerniente a la "Disciplina en las campañas electorales para la elección de la Cámara de Diputados y el Senado de la República". Regula el acceso de los candidatos a los medios, mediante la creación de diferentes procedimientos para los medios, tanto públicos como privados.

Radiodifusión pública

La radiodifusora pública, RAI, rinde cuentas a la Comisión de Vigilancia del Parlamento, la cual está compuesta por 20 miembros de cada una de sus Cámaras. En 1994 la Comisión definió los lineamientos de la RAI orientados a garantizar "igualdad de oportunidades a todos los partidos y movimientos participantes en la campaña electoral para aparecer en los medios". Estableció un centro de supervisión que permitía monitorear toda la producción de la RAI durante el periodo de campaña. La Comisión también formuló reglas para supervisar las transmisiones electorales de acceso directo de los partidos a través de esta estación.

Medios privados

Un cuerpo regulatorio conocido como el Garante para la Radio, Televisión y la Prensa fue creado por la Ley de Prensa Italiana. Su mandato fue extendido a la radio y a la televisión en 1990. El Garante es designado (no-ejecutivo) por el Presidente de la República sobre la base de las recomendaciones parlamentarias formuladas. La Ley No. 515 otorgó al Garante poderes adicionales con relación a las elecciones. En resumen se refieren a:

• Asegurar la igualdad de acceso de los partidos políticos a la prensa y medios de radiodifusión.
• Determinar las tarifas máximas y mínimas para la propaganda política.

Hay la obligación de asegurar que exista una legislación que regule la cobertura electoral.

El Garante está apoyado por el Comité Regional para la Radio y Televisión. Nuevamente estos son cuerpos reguladores pre-existentes. Juegan un rol esencial en el monitoreo, al proporcionar información al Garante sobre las ocasiones en que lo dispuesto en las regulaciones y la Ley No. 515 se están cumpliendo.¹⁰⁸

Autorregulación - Reino Unido

Los medios de radiodifusión británica cuentan desde hace mucho tiempo con un sistema de autorregulación para la difusión programas con contenidos electorales. La ley contempla algunas disposiciones para la transmisión de estos programas libre de costo (y prohíbe el pago por concepto de propaganda política en la radio y la televisión) pero no dice nada acerca de la asignación de tiempo. Esta actividad fue llevada a cabo por el Comité de Radiodifusión de los Partidos Políticos, compuesto por los medios de radiodifusión y los partidos políticos más importantes. Los canales de radiodifusión tienden a considerar la asignación de tiempo como algo obligatorio.

El sistema ha sido objeto de muchas críticas ya que favorece en mayor medida a los partidos grandes sobre los de menor representación o los de reciente formación (los cuales podría decirse que reflejan la representación política en el Comité). Una más de las críticas hace referencia que con la proliferación de diferentes medios de transmisión -por cable y vía satélite- el sistema dejará de funcionar.

La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC por sus siglas en inglés) utiliza la asignación de tiempos de acuerdo con el Comité de Radiodifusión de los Partidos Políticos, como base para su propia asignación de tiempo a los partidos políticos en la cobertura de sus noticiarios. En sus lineamientos internos para editores y personal, La BBC aplica los siguientes puntos generales:

Sobre el periodo de campaña, la cobertura que se hace de cada uno de los partidos en los noticiarios y programas actuales, refleja ampliamente la asignación de tiempos de transmisión electoral a los partidos más importantes. De acuerdo con este principio la BBC se compromete a mantener un equilibrio, sobre el periodo de una campaña, un registro de los discursos políticos, y en cinta, videotape, un estudio de las contribuciones hechas por los propios políticos.

Los editores también deben estar advertidos de que las voces de los partidos nacionalistas que contienden en Escocia y Gales deberán estar representadas en la cobertura del Reino Unido

Los noticieros valoran la posibilidad de continuar cubriendo los eventos electorales ya sea a nivel nacional o local.

Ver United Kingdom: BBC guidelines on election coverage para mayor información.

El método de la BBC para poder hacer respetar este equilibrio es lo más parecido al método "cronómetro". Todas los notas sobre partidos en boletines noticiosos están programadas y son cubiertas de acuerdo a lo planeado para asegurar que al final de las campañas, los tiempos correspondan a la adjudicación de tiempo de acceso directo acordado.

Desde los 50's hasta 1992, los noticieros de la Televisión Independiente, el cual es el proveedor habitual de noticias para los canales comerciales de televisión, también aplicó el método "cronómetro". En la elección de 1992 lo hizo a un lado a favor de "valores noticiosos" no regulados.

La Comisión Electoral como Regulador de los Medios-Malawi

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1994 en Malawi, la Comisión Electoral, por consentimiento general, realizó un excelente trabajo. Estas fueron las primeras elecciones multipartidistas del país en 30 años, ninguno de los malawianos involucrados en su organización tenían experiencia previa. Más aún, uno de los principales éxitos de la comisión fue la organización de la cobertura de los medios de comunicación.

El ambiente en que se desenvolvían los medios en Malawi en ese momento no era fácil. Por un lado, estaba la única radiodifusora: la Corporación de Radiodifusión de Malawi (MBC, por sus siglas en inglés), controlada por el gobierno, acostumbrada por 30 años a informar las funciones presidenciales sin un verdadero sentido crítico. Y por el otro, la nueva y floreciente prensa privada, conceptualizada como una entidad independiente, pero inexperta y poco profesional.

La Comisión Electoral no intimidó ni castigó a los medios. Actuó como un recurso, un capacitador y un facilitador. Cuando necesitó criticar la cobertura de los medios - en particular el parcialismo de la MBC hacia el partido dominante -generalmente fue escuchada . La Comisión describió sus actividades principales como sigue:

• Facilitar programas de capacitación para periodistas.
• Emitir comunicados de prensa sobre varios asuntos electorales.
• Organizar conferencias de prensa.
• Preparar un manual de información sobre las elecciones.
• Identificar programas de radio adecuados para la difusión de mensajes de campaña.
• Monitorear y administrar programas de campaña para asegurar el trato igualitario para todos los partidos de acuerdo con el código de conducta electoral.
• Identificar los programas de radio adecuados para llevar a cabo mensajes de educación electoral.
• Establecer y administrar oficinas de prensa para difundir información al público.
• Administrar la transmisión de los resultados de la votación.

Ver también: Malawi: Election Reporting Guidelines - Election Commission 1994.

Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia

La Comisión de Expertos en Medios de Comunicación (MEC por sus siglas en inglés) de Bosnia-Herzegovina fue creada en 1996 por la Comisión Electoral Provisional (PEC por sus siglas en inglés). A su vez, La PEC había sido creada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El Acuerdo de Paz de Dayton exigió que la OSCE creara esa Comisión como parte de su mandato para organizar las elecciones. El mandato de la PEC's era "supervisar todos los aspectos del proceso electoral" y crear las estructuras para garantizar "elecciones libres y justas". La MEC era, esencialmente, un órgano encargado de llevar a cabo estas funciones en relación a los medios de comunicación. La PEC también creó la Subcomisión de Apelaciones Electorales (EASC por sus siglas en inglés), la cual atendía las impugnaciones, incluyendo casos referentes a la MEC.

Los mandatos de la MEC eran dos:

• Asegurar que los medios cumplieran con las regulaciones electorales de la PEC.
• Hacer campaña a favor de la libertad de expresión de los periodistas.

Las regulaciones de la PEC requerían, entre otras cosas:

• Igualdad de acceso a los medios de comunicación para todos los partidos.
• Prohibición de un lenguaje radical o violento.
• La oportuna corrección de imprecisiones.
• La obligación de los medios de comunicación de presentar una información balanceada y exacta.

La MEC también generó sus propios lineamientos específicos para los medios de comunicación. Estos disponían que cada medio en lo particular ofreciera cobertura justa y acceso equitativo a todos los partidos políticos. También se requería que las estaciones de radio y televisión ofrecieran tiempos gratuitos de transmisión a los partidos políticos.

La MEC inicialmente estaba compuesta por 12 miembros: dos de la OSCE, tres de la República Sprska, tres de la Federación de Bosnia-Herzegovina, dos del gobierno de Bosnia-Herzegovina, uno de la Oficina del Alto Comisionado y el Presidente, quien fue designado internacionalmente. Por tanto, la composición era de 8 representantes de varias estructuras gubernamentales bosnias y 4 representantes internacionales. Posteriormente el número se incrementó a 17, al agregar otros dos miembros internacionales y tres de medios locales.

La estructura inicial de la MEC fue complementada con tres sub-estructuras:

• Subcomisiones de Expertos en Medios (MESCs por sus siglas en inglés) que le permitían a la MEC tener presencia local y regional.
• El Centro de Monitoreo de Medios (MMC) que reunía información cuantitativa y cualitativa básica sobre la información difundida por los medios.
• Equipos de Soporte para el Acceso a Medios (MAST) que facilitaban el contacto regular entre las asociaciones de medios y los partidos políticos.

En las elecciones de 1998, la MEC tenía un personal central compuesto por 7 personas. Además el MMC tenía 41 encargados de monitoreo en campo y 25 adscritos a la oficina central de la OSCE. Las MECSs tenían seis oficiales de prensa regionales y personal de apoyo, mientras que el personal de la MAST estaba compuesto por 17 personas.¹⁰⁹

Procedimiento de Impugnaciones - Rusia

La Cámara Judicial Rusa para Información de Impugnaciones nació de una institución, originalmente llamada la Corte de Arbitraje sobre Asuntos Informativos, un cuerpo ad hoc creado expresamente para las elecciones parlamentarias de 1993. Ese organismo temporal fue razonablemente exitoso como instancia imparcial de resolución de impugnaciones durante un periodo controversial. Por lo que se decidió reemplazarlo con un órgano de impugnaciones permanente.

La Cámara Judicial Rusa para Información de Impugnaciones es un órgano estatal independiente "bajo el Presidente de la Federación Rusa" Sus funciones deben ser llevadas a cabo sin interferencia de ningún otro órgano. Algunas de estas funciones están relacionadas con el papel de los medios en las elecciones, incluyendo:

• Contribuir a asegurar una cobertura no partidista y genuina de los medios sobre asuntos de interés público;
• Garantizar el principio de paridad en los medios masivos;
• Ayudar a aplicar el principio de pluralismo político en las noticias de radio y televisión y en los "talk shows" sobre política;
• Emitir lineamientos para corregir errores en la cobertura de los medios sobre asuntos de interés público.

La cláusula 8 de las regulaciones que crean a la Cámara disponen que debe resolver "las impugnaciones y otros casos que involucre a los medios masivos". La base legal para resolver estos conflictos, aparte de la ley rusa, son "los principios y reglas universalmente aceptados de la legislación internacional y las disposiciones de los tratados Internacionales suscritos por la Federación Rusa", así como los estándares de la ética periodista.

Aunque el organismo es descrito como una "Cámara Judicial", su jurisdicción está explícitamente separada de la de las Cortes convencionales. Puede examinar cualquier asunto bajo su competencia "excepto los asuntos formalmente referidos a la jurisdicción de las Cortes de la Federación Rusa". En la práctica, esto significa que una decisión de la Cámara puede ser apelada ante una Corte o Tribunal. Pero también significa que una queja o impugnación puede ser sometida a una Corte en lugar de a la Cámara -un derecho garantizado por la Constitución-, o dar origen a un juicio distinto una vez que la Cámara ha resuelto sobre ella.¹¹⁰

Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda

En mayo de 2000, un periodista belga, Georges Ruggiu, que colaboraba con Radio Television Libre de las Mil Colinas (RTLM por sus siglas en francés) en Ruanda, fue declarado culpable por incitar asesinatos durante el genocidio de 1994. Al momento de escribir esta colaboración, otros tres periodistas en Ruanda también enfrentaban cargos de genocidio en el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda.¹¹¹ Este es un caso de prédica a favor del odio o la violencia en su máxima expresión.

El papel del RTLM en el genocidio de Ruanda ha sido muy discutido. Pero, qué tan relevante es para los administradores electorales tratar de enfrentar el problema de las prédicas a favor del odio o la violencia en una campaña electoral?.

El primer punto a notar es que el RTLM no era una estación de radio ordinaria que cubría las posiciones extremas de otros. Era un instrumento de los extremistas Hutu que planearon e instigaron el asesinato masivo de Tutsis. De ahí que no sea un asunto directamente relevante para efectos de la cobertura de campañas, donde se pueden hacer afirmaciones extremas y luego difundirlas a través de los medios noticiosos.

En segundo lugar, el RTLM jugó dos funciones totalmente distintas en distintos momentos de su existencia. En sus primeros meses, hasta el inicio del genocidio de abril de 1994, difundió de manera divertida y sutil propaganda anti-Tutsi. (la evidencia de que era divertida es que la guerrillas Tutsi del Frente Patriótico de Ruanda preferían escuchar al RTLM en vez de su propia estación de radio).

Pero una vez que se inició el genocidio, cambió el carácter de las transmisiones de la RTLM. Empezó a dar detalles de aquellos que debían ser acosados y asesinados - al punto de ofrecer descripciones individuales y número de placas de automóviles. ¹¹² Esto no era tanto prédica a favor del odio o la violencia como un involucramiento directo en los asesinatos. No está totalmente claro porque se alegaba la culpabilidad de Ruggiu ante el Tribunal Internacional, pero es probable que se trate más de su involucramiento directo que de un caso de prédica a favor del odio o la violencia.

En tercer lugar, el genocidio de Ruanda fue, por supuesto, único en su género y es muy poco probable que sus circunstancias se repitan en algún otro lugar. Sin embargo, la participación de la estación de radio en el genocidio reporta una lección importante. En 1989, el gobierno de Ruanda se embarcó con reticencias en un proceso de democratización por presiones internacionales. Una de las muchas reformas institucionales que no llevó a cabo fue la referida al sistema de radio y televisión. De ahí que no hubiera estaciones subvencionadas públicamente que reflejaran las opiniones de las distintas comunidades -a cambio operó la virulenta estación pro-Hutu Radio Ruanda.

No existió un proceso independiente y transparente para otorgar autorizaciones a las estaciones privadas. La única estación privada fue RTLM, con su propaganda a favor del genocidio. Por supuesto, la reforma del sistema de radio y televisión no hubiera detenido el genocidio. Pero la existencia de distintos puntos de vista al aire hubiera ayudado a neutralizar el efecto de RTLM y radio Ruanda. Esta es la lección más útil de Ruanda para los administradores de elecciones y los propietarios de medios electrónicos en cualquier otro lado.¹¹³

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Bosnia

The rules and regulations of the Provisional Election Commission for the 1998 election required, without any ambiguity:

Media and journalists shall not use inflammatory language, hate language, or language which could incite hate or violence.¹¹⁴

The Media Experts Commission (MEC) was empowered to impose "appropriate" penalties for repeated violations of this provision. It was also empowered to refer violations to the media regulatory body, the Independent Media Commission.

The MEC and its local Media Experts Sub-Commissions dealt with a large number of complaints during the election campaign, many of them relating to the use of inflammatory language. The remedy provided in most cases was a requirement that a reply, retraction or correction be broadcast or published. The MEC's report of its activities suggests that these recommendations were largely complied with.

However, to the extent that the MEC was successful in minimizing the incidence of hate speech in the 1998 elections, it was probably through general standard-setting in advance of the elections. The fact that the MEC was also seen as a defender of journalists' freedom of expression helped its credibility. The MEC's own evaluation was as follows:

More was expected of journalists and more was provided to journalists. Consistently, journalists showed improved accuracy in reporting and greater restraint, particularly with regard to libellous, slanderous and defamatory reporting. Reporting in all media during the election period showed heightened professionalism. Equally noteworthy, journalists credited the MEC with raising the bar on professional standards for journalists. The MEC also made substantial progress in documenting violations of journalists' rights and in establishing this as a significant priority for future action in BiH.¹¹⁵

The Operations of the Regulator on Hate Speech - United Kingdom

In 1997 the Broadcasting Standards Commission in the United Kingdom - the body that considers complaints against broadcasters, including on election matters - received 76 complaints about party election broadcasts by the British National Party (BNP), an extreme far right group.

The complaints described the broadcasts as being racist and "likely to encourage racial hatred or violence, in part because of the nature of the illustrative material used in the television version, and the use of sensational newspaper headlines".

The responses from the broadcasters are an interesting illustration of the difficulties facing the media when they transmit extreme statements. The broadcasters sought prior legal advice on whether the broadcasts constituted incitement to violence and were assured that they did not. The voluntary guidelines for broadcasters on party election broadcasts (PEBs) indicated that the content of the broadcast was a matter for the party, which was not expected to be impartial. The British Broadcasting Corporation stated that the broadcasts promoted a party whose views were "considered offensive by many, but it was not the function of the broadcaster to substitute its judgment for that of the electorate".

The independent London Weekend Television said that it had been placed in an invidious position:

It was inappropriate and unreasonable to expect or anticipate that broadcasters should take what are essentially public policy decisions as to the propriety of those with racist views being accorded PEBs. Moreover the currently legitimate use of PEB by single issue pressure groups with minute support, propagating views found offensive by many and lowers the esteem with which viewers regard ITV [Independent Television]. However, refusing to transmit the BNP broadcast was not a valid option if society allows the BNP to function as a political party.

Another independent television channel, Channel 5, had required the BNP to make sure that no image was shown of any person who had not consented to being included in the broadcast.

The Commission praised the broadcasters for acting responsibly and did not uphold the complaints. It concluded:

The requirements of democracy, and the rights of free speech, especially in an election period, mean that PEBs are not programmes in the conventional sense. It is an inevitable part of an election campaign that things will be said which cause offence, as well as disagreement. The Commission fully understands the concern of those who were outraged or made fearful by the broadcast, but it considers that in an election period the balance of rights is tipped in favour of freedom of speech. Ultimately, the electorate makes its judgment on a party's policy at the ballot box.

See United Kingdom: Decision of Broadcasting Standards Commission (1) for the full text of the decision.

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Zimbabwe

The 2000 election campaign in Zimbabwe was marked by serious violence. According to independent violence monitors there were more than 3,000 incidents, with the ruling party responsible in more than 90 per cent of these.¹¹⁶ Yet the government- controlled daily newspaper, the Herald, reported just 36 incidents - of which 33 were blamed on the opposition and only three on the ruling party. The pattern on monopoly state-owned radio and television was similar. At this stage it becomes legitimate to ask whether misreporting in fact becomes calculated to cause violence.

For example, the Zimbabwe Broadcasting Corporation television reported the following story on 17 May of an incident in a Harare suburb:

One person was killed and property worth tens of thousands of dollars was destroyed by alleged MDC supporters as war veterans uncovered firearms they suspect belong to MDC.

The ZBC story quoted three war veterans (supporters of the ruling party) and one police officer. The opposition Movement for Democratic Change (MDC) was not quoted. One war veteran said:

A group of 700 MDC members came here and started attacking all the people that you see here. We are here for a purpose. We must be found protecting this place. There are people who have been injured from time to time by MDC members. So our presence here is to protect those who are injured including this area here.¹¹⁷

Three relevant facts were not included in the ZBC report:

• The person who was killed was an opposition supporter.
• The firearms were held legally for hunting purposes (according to police quoted in an independent newspaper).
• The premises where the clash took place had been used by war veterans to imprison and torture opposition supporters - a number of them faced criminal charges as a consequence.¹¹⁸

Thus the television report managed to convey precisely the opposite of what actually took place, even though the true facts of the incident were a clear matter of public record. Is this unprofessional or is it incitement to further violence against the opposition?

This was clearly a matter for the regulatory body - unfortunately there was none. There is no independent broadcasting regulator, while the Electoral Supervisory Commission had been marginalized through a series of late pre-election legal amendments. Thus there was no means of setting the record straight. Regulatory bodies, complaints procedures, rights of reply - all these are onerous and irritating for the media. But the example of Zimbabwe shows that the alternative may be worse.

A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa

The formula developed for allocating broadcast time in the 1999 South African election is simple in its conception, though complex in its detail, since it takes account of the fact that there are both national and provincial lists for the National Assembly elections - and that elections for the provincial assembly take place simultaneously. In addition, many radio stations only broadcast on a provincial basis, not a national one.

Direct access time was available only on radio, not television, on the basis that television broadcasting would favour richer parties that had the money to make well-produced and sophisticated campaign advertisements.

The underlying principles behind the formula are:

A minimum for all parties

All parties receive some allocation of time because of "The need for all parties to be heard by voters who could vote for them".

Weighting in favour of parties fielding more candidates

"In keeping with the general principle of equitability and in recognition of the fact that the interests of the South African public are paramount, the Authority has adopted the international convention that the public is entitled to hear more from and about political parties more likely to influence policy decisions affecting the electorate, nationally and provincially."

Weighting in favour of parties with a stronger past electoral performance

This is an adaptation of the formula used in 1994, when most parties in South Africa had no electoral history. The weighting is based upon national and provincial parliamentary seats held. However, the Independent Broadcasting Authority has retained the discretion to use opinion poll findings to determine this element of the formula. This is presumably in case of the emergence of a significant new party that has not previously contested elections.

The Formula...

Points are allocated in relation to a number of factors. For national radio stations it is as follows:

• Minimum allocation for all parties - 20
• Current National Assembly seats - maximum 35
• Candidates standing on the national list - maximum 15
• Candidates standing on the regional list for the National Assembly - maximum 15
• Candidates standing for the provincial assemblies - maximum 15

(A similar formula operates for the regional stations - see "mey21") The points allocated are simply a way of ranking the parties and determining the share of the available broadcast time each may be allocated.

Some observations: the minimum points score for all parties is 20 per cent of the total possible score (which could be gained only by a party holding all seats in the National Assembly). In practice, it accounts for at least a quarter of the maximum possible score. In other words although the system gives more time to the larger parties, smaller parties get a disproportionately high share - the system is weighted towards them. Second, the system gives greater weight to candidacy than incumbency. In other words only a theoretical maximum of 35 per cent of points are awarded for the number of seats held, where 45 per cent are awarded for seats contested.

See "mex21" for full details.

Paid Political Advertising - Canada

The Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission has devised the following rules for allocating time for paid political advertising:

• There is a limited total amount of time to be purchased - set at six and a half hours in 1990.
• Only parties properly registered with the election authorities are eligible to purchase time.
• The CRTC then calls a meeting of the representatives of all eligible parties to divide the time among them. If the party representatives are unable to reach agreement the CRTC makes its own allocation. In the 1979 and 1980 general elections the formula agreed by the party representatives was composed of the proportion of the vote each party received in the previous general election; the number of seats held in the national House of Commons before dissolution and the number of candidates nominated in the previous elections, with the first two factors double-weighted. This method allows flexibility between elections so that, for example, a different formula could be utilised in the event of a new party fielding candidates at any particular election.

• Once the total time has been allocated, each party is free to purchase as much of its allotted time as it wishes and to use that time as it wishes. However, the overall spending limits set on election spending mean that usually none of the parties is able to purchase its full allocation.¹¹⁹

Media Monitoring - Malawi

Non-governmental media monitoring projects were active in both Malawi's multi-party elections of the 1990s. Interest in monitoring the media systematically was stimulated by the strong bias shown by the Malawi Broadcasting Corporation in the referendum of June 1993, which was to determine whether the country would move from a single-party to a multi-party political system. Although the vote was in favour of change, there were fears that heavy bias in the public media would have an impact on the outcome of the multi-party elections scheduled for the following year. At the time the MBC was the only broadcaster in the country. However, the observation of bias was entirely anecdotal. Nobody had done the serious business of measuring - and thereby demonstrating - the alleged unfairness of the MBC's coverage. In particular, none of the United Nations team who were supervising the elections had any idea what messages were being conveyed in MBC's broadcasts in Chichewa, the national language.

ARTICLE 19, the International Centre Against Censorship, based in London, had been campaigning for freedom of expression in Malawi for many years. (See http://www.article19.org) The country had a particularly elaborate legal framework for censorship, most of which remained in place as the 1994 elections approached. The highly restrictive nature of Malawi's one-party regime meant that there had been no opportunity for civic activism, so there were no non-governmental or community organizations working on freedom of expression or human rights issues. ARTICLE 19 decided to set up a media monitoring project, recruiting a prominent Malawian human rights activist and former political prisoner, Edge Kanyongolo, in a senior position. He was one of the founders of a new human rights group, the Civil Liberties Committee, and the hope was that the expertise he acquired in the course of the project would be passed on to that body.

Kanyongolo taught law at the University of Malawi in Zomba and the monitors who were recruited were all students there. It was reckoned that they were among the very few Malawians with the experience of carrying out structured research activities. The fact that they were all in one educational institution made issues of organization and discipline easy to resolve. Monitoring was conducted in a language laboratory on campus. Most students lived on campus or within easy reach, so very few monitoring shifts were missed. ARTICLE 19 invited staff from the Media Monitoring Project in South Africa to train the monitors initially. (See http://www.sn.apc.org/mmp/) In time, however, it would become clear that media monitoring in South Africa and Malawi was a rather different matter. Whereas large swathes of the South African media were privately owned, often by multinational companies and their biases were complex and subtle, the Malawian media consisted in effect of just two sectors: a government-controlled broadcaster and daily newspaper and a profusion of new, privately owned newspapers. Most private papers were scrappily produced and appeared irregularly. They tended to emerge and then disappear with bewildering speed. The professional and journalistic standards of the Malawian media were almost uniformly low and the biases displayed were not, for the most part, very subtle or difficult to identify.

From the outset the media monitoring project produced weekly reports that were circulated to all relevant stakeholders: government, electoral commission, UN supervisory team, political parties, foreign diplomats and the media themselves. The latter reported on the project's findings, placing them in the public arena. Since the publicly funded media were so heavily biased in favour of the government, criticism from the monitoring project drew the inevitable response that the monitors were supporting the opposition. It was an allegation that could only be refuted by painstaking documentation of the monitors' findings.

Media monitoring in Malawi succeeded to some extent in achieving an improvement in the quality of coverage at the MBC. There were two main reasons for this. First, many broadcasters themselves were sympathetic to the new wave of popular democratic sentiment in the country, even though they had worked for many years as one-party propagandists. They wanted to change the way that they practised journalism and were happy to take the media monitoring reports as guidance. The second and decisive reason for the improvement was the independence and vigour of the electoral commission, which studied the monitoring findings closely and obliged the MBC to take note.

Five years later Malawi held its second multi-party elections. In the interim the first private radio stations had been licensed and a Communications Act passed that ostensibly guaranteed the independence of the MBC from the government of the day. NGOs in Malawi were hardly any stronger than in 1994 and ARTICLE 19 returned, after consultations with local partners, to revive the media monitoring project. The monitors' findings were disappointingly similar to the early days of the 1994 election campaign. The difference, however, was that there was no discernible improvement in fairness as the campaign progressed, as there had been in 1994. The new democratic government kept MBC broadcasters on just as tight a leash as the old one-party rulers had done. But there was no new democratic spirit abroad in 1999. And crucially, the government had dismissed the electoral commission only months before the 1999 polls, replacing it with members who were generally regarded to be more sympathetic to those in power. Certainly the new commission failed to act on the media monitors' findings as its predecessor had done in 1994.

This did not mean, however, that the media monitors had wasted their time in 1999. If the work of the project in 1994 played an important part in subsequent legal reforms allowing greater pluralism, the final report of the 1999 project may yet help to give substance to those reforms in practice. The 1999 report was able to document government use of public resources to spread disinformation about the opposition parties and was used by the opposition in a legal challenge to the election results. The findings caused considerable public disquiet that may be reflected in pressure on the government to liberalize the publicly funded media.¹²⁰

Media Monitoring - Bosnia

The Media Monitoring Centre was already engaged in monitoring before the 1998 election period, at that time providing news summaries that gave an overview of the political situation and monitored for inflammatory language and/or hate speech. Leading up to the election period, in addition to this, they began to provide daily data of a quantitative nature: the amount of time dedicated to political parties or personalities and the number of mentions.

During the election period itself both qualitative and quantitative monitoring was extended to measure the Provisional Electoral Commission's requirements that the media give "fair coverage" and "equitable access" to all political units participating in the elections. All the monitoring was undertaken to a standard format directed at these requirements and extended to seven day coverage to ensure a comprehensive picture was obtained.

Seven radio and television stations were monitored from 5.00 pm until midnight seven days a week for the three weeks leading up to the election blackout period one day before voting began.

The monitoring covered the following:

• time share per political unit in news periods
• time share per political unit in non-news periods
• total number of political commercials in non-news periods
• total number of mentions of political personalities only
• total number of negative mentions of political parties and personalities.

The first three units of measurement were designed to address the requirement of equitable access by considering the amount of time given to political units and representatives. The fourth and fifth units of measurement were included to show which candidates were of topical concern. The latter two measures do not have the same statistical value as the first three but were included to give an overview of the prominence given to a politician or the severity of attacks. As the remit of the project was also to monitor inflammatory or hate language, the statistical information on the number of negative mentions was complemented by a transcript of those mentions, thus providing a check on the nature and level of inflammatory language used. Detailed guidelines were laid out to ensure uniformity in the monitoring process. For example, measuring the time share of any political units in a news period may appear straightforward and allowing little discretion. Examples of the guidelines highlight the possible areas of difficulty:

• for mixed stories, all parties mentioned receive the whole time of the story (this was dictated by the difficulty of dividing reports covering groups of parties)
• reports or clips of officials of parties count as time for parties
• elected politicians carrying out their official duties inside BiH were not counted as campaign related
• reports of sister parties in other countries were not counted as campaign related if BiH was not mentioned
• reports on non-attendance of politicians or parties was not counted as time given to political units.

These elections presented particular problems for the monitors simply in terms of defining a "political unit". The elections were taking place at various levels simultaneously including Presidential, Parliamentary of BiH Federation, Presidential of Republika Srpska, Cantonal and Municipal. On top of this several parties had formed coalitions that varied in composition according to the level of the election!

The monitoring centres taped the core stations over the relevant periods. The monitors then watched in detail any programmes with political content. They then had to determine if the content had to do with campaigning for the elections, excluding reports of official duties of office holders. Having narrowed down the relevant material to be reviewed the monitored then completed tick sheets, timing the items and recording ticks for the number of mentions (positive, negative and neutral) of candidates or parties and noting the type of programme covering a political unity - for example, political advertising spots or debates. Data from the tick sheets was then inputted on to spreadsheets and depicted in daily and then weekly graphs.

Each monitor was able to monitor two or three stations per evening, with some tick sheet work being done as the programme was broadcast. The detailed analysis which required several reviews of the tapes. A statistics team then collated the data and produced the graphs.

The data were presented over seven-day periods to exclude distortion caused by the appearance undue prominence given to one party or personality as a result of newsworthiness on any particular day. The graphs were produced during the election period with the aim, successful in one instance, of modifying the bias towards one party or group of parties shown by individual stations.

The Media Experts Commission acknowledged that this model did not provide detailed qualitative analysis in any depth: that would have been impossible with the human resources available. Nevertheless the analysis provided served its purpose: it showed that all but one of the stations monitored had a significant bias in favour of one or another party and enabled the MEC to challenge those stations for their violations of the PEC Rules.

See Bosnia: media monitoring methodology for a fuller explanation of the media monitoring methodology in Bosnia.

Government Activities and Campaign Reporting - Malawi

In the Malawi elections of 1999, three opposition party supporters sued the Electoral Commission and the publicly-funded Malawi Broadcasting Corporation (MBC) over its practice of broadcasting live presidential election rallies - but not rallies by opposition candidates. The court dismissed the suit against the Electoral Commission (saying that it had done all that it could within its power) but found against the MBC.

The court accepted that there was an "age-old" tradition of live presidential coverage in Malawi, but found that it was not acceptable in an election campaign to give a certain type of coverage to one candidate - the incumbent - and not others. This was in breach of those provisions of the Communications Act and the electoral law that provided that all political parties and election candidates be given equitable or equal treatment during the campaign period.

"To give live coverage to one party and its candidates is not only in breach of the above Sections but it is also discriminatory," the court observed. This was in breach of the anti-discrimination provisions in the Constitution. The court concluded:

If campaign messages are broadcast live at a presidential function, then equal treatment means that campaign rallies of other political parties or... other presidential candidates be broadcast live. That would give [them] an opportunity to reply to some of the matters raised. That is what equitable treatment of political parties and elections candidates would entail....[E]qual treatment of all competitors is a component of free and fair elections.¹²¹

Voluntary Guidelines on Reporting Opinion Polls - United Kingdom

The British Broadcasting Corporation, as part of its own internal guidelines on election coverage, sets out clear rules to its editors on reporting opinion polls. The BBC notes the dilemma of a serious news organization in reporting such polls: if they are reported this may add to their credibility as an exact science, which clearly they are not. But if they are ignored, then an important news story may be missed and the audience denied relevant information in making their electoral choice.

The BBC resolves this dilemma by reporting the findings of reputable opinion polls, with a number of qualifications about the reliability of the information. These are the BBC's rules:

• do not lead a programme or bulletin simply with the results of a voting intention poll
• do not headline the result of a voting intention poll (unless reaction to it is so significant as genuinely to merit a headline and reference to the result is necessary o make sense of the reaction. This is likely to be a rare occurrence)
• never rely on the interpretation given to a poll's result by the publication or organization which commissioned it: look at the questions, the data and the trend
• never use language which gives greater credibility to the polls than they merit - results never "prove" or even "show", they simply "suggest"
• always report the expected margin of error, and where the gap between the two leading contenders is within the combined margin of error say so ("There's a three point margin of error on each figure so the apparent (Labour) lead of five points is within that margin")
• always report the dates when the fieldwork was carried out, and be prepared to recall significant events which may have had an effect on opinion at the time or since
• always say who commissioned and carried out the poll
• always say if it was a telephone poll
• reflect the seriously-conducted polls equally... never be tempted to single out one as more "newsworthy"
• except in the briefest of news summaries we should always report the trend... it is far more likely to be informative than the snapshot picture
• on occasion it will be appropriate to remind viewers and listeners of the events of 1992 and for journalists to reflect in their questioning and their scripting due scepticism of the polls' reliability

The final guideline refers to the fact that in 1992 opinion polls almost uniformly predicted a victory by the Labour opposition - only for the incumbent Conservatives to win the only poll that counted. The media, including the BBC, were somewhat bruised by the experience, which helped to inculcate some healthy scepticism.

However, the BBC guidelines do reflect a genuine dilemma among media reporting opinion polls: however poorly conducted the poll might be, its impact on the campaign may be a news story in itself. But this area is so complex that it perhaps underlines the good sense in leaving these matters to the judgement of media professionals rather than legislators or regulators.

For further information on professional reporting of opinion polls, see Cobertura de las Encuestas de Opinión and Preguntas que Hacer sobre las Encuestas de Opinión.

Code of Conduct - Zimbabwe

The ethical standards drawn up by the Zimbabwe Election Support Network for the 2000 parliamentary elections were a result, in part, of the experience of the referendum earlier in the year, with the extremely poor standards of coverage in the government-controlled media. Since legal control over the editorial content of newspapers and broadcasting stations was neither possible nor desirable, a code of conduct provided a useful alternative. It could have provided the basis for complaints against journalists to their professional bodies. It also provided a standard against which the Media Monitoring Project Zimbabwe - one the drafters of the code - could measure the media's performance. (See http://mmpz.icon.co.zw/)

A number of elements in the code are common to such documents the world over: the obligation to report accurately, not to suppress essential information, to protect confidential sources etc. But it also had a number of provisions specific to elections:

• A journalist shall report in a balanced manner. If a candidate makes an allegation against another candidate, the journalist should seek comment from both sides wherever possible.
• As far as possible, a journalist shall report the views of candidates and political parties directly and in their own words, rather than as they are described by others.
• A journalist shall avoid using language or expressing sentiments that may further discrimination or violence on any grounds, including race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social origins.
• When reporting the opinions of those who do advocate discrimination or violence, a journalist shall do the utmost to put such views in a clear context and to report the opinions of those against whom such sentiments are directed.
• A journalist shall not accept any inducement from a politician or candidate.
• A journalist shall not make any promise to a politician about the content of a news report.
• A journalist shall take care in reporting the findings of opinion polls. Any report should wherever possible include the following information:
• • who commissioned and carried out the poll and when
  • how many people were interviewed, where and how were they interviewed and what is the margin of error
  • what was the exact wording of the questions
• In all media, there shall be a clear separation between fact and comment. News reporting should reflect the facts as honestly perceived by journalists. Comment may reflect the editorial line of the publication.

See Zimbabwe: Code of Conduct and Reporting Handbook for the full code.

Reporting Exit Poll Findings - United States

There was controversy during the primary elections for the 2000 presidential campaign in the United States when World Wide Web sites published exit poll findings while the polls were still open. The debate the ensued generally pitched the "old" and "new" media against each other.

Internet journalists argued that the exit poll data circulated widely among journalists and political insiders. All they were doing was making it available to the public.

Traditional media representatives argued, on the contrary, that journalists often held material that was embargoed on the understanding that they did not use it. The danger in publishing exit poll data while voting was still continuing was that it might influence some voters not to cast their ballot, either because it was unnecessary, with their candidate already winning, or futile, with their candidate not standing a chance.

Some Internet journalists described the traditional approach as paternalistic. Another was quoted as saying:

We're reporting on things that people tell us -- that's what journalists do. I think it's ridiculous that these goo-goo good government types don't trust the public with certain information. If knowing who's ahead deters some people from voting, I'm not sure they should be voting in the first place.¹²²

The traditional view on not reporting exit poll findings (or actual results) is on the basis that widely disseminated information of this sort could actually affect election results - aside from being inconsiderate to voters who have no yet cast their ballot. On the other hand, the Internet is different from traditional media in that a potential voter would probably have to seek out such information actively rather than accidentally seeing it on the television or hearing it on the radio.

In the US case, the offending Internet journalists backed down under the threat of a law suit but felt that they had made their point. But perhaps the only safe conclusion from this episode is that clearer guidelines are needed.

An Internet Election - Romania

The 2000 Romanian presidential elections gave a taste of the role that the Internet might play in an election - even when its use is not very widely developed. About 600,000 of the country's 23 million inhabitants are estimated to be Internet users, about half of them regularly. But this small number was reckoned to be significant, given low voter turnout combined with the fact that the mainly young, professional Internet users were among the most likely voters. So the Internet audience was seen as strategically significant.

Most online information on the election came not from the Web editions of the Romanian newspapers - these had very little Internet-specific information on their sites - but from Internet Service Providers, portals and dedicated sites launched by Romanian entrepreneurs. One such site was http://www.politics.ro, launched by Romania Online. This provided information on the seven main parties and their candidates - including a resume for each presidential candidate and his or her programme. The site also contained updated political news, opinion poll findings and online polls. On election day it provided data on voter turnout and exit poll results. (See Encuestas de Salida.)

Another source of online information was the political parties' own Web sites. Here, the election got particularly dirty, with hackers from the rival parties sabotaging their opponents' sites. At one stage, surfers who tried to log into the site of one candidate were redirected to a pornographic site and later to the FBI's "most wanted" list. Then they were redirected to a hostile political biography of the candidate. Similar dirty tricks are hardly unknown in the "real" world, but a virtual election campaign seems to lend itself to such tactics.¹²³

Notas Finales de Elecciones y Medios de Comunicación

Contexto Social y Político

1. See James Curran and Myung-Jin Park (eds), De-Westernizing Media Studies, Routledge, London and New York, 2000.

Medios y Democracia

2. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Inter-American Court of Human Rights, Adv. Opn. OC-5/83 of 13 Nov. 1985, Series A no. 5, reprinted in 7 Human Rights Law Journal (1986), 74 and in 8 EHRR 165.

3. Castells v. Spain, Judgment of 23 April 1992, Series A no. 236, para. 43.

4. Thorgeirson v. Iceland, Judgment of 25 June 1992, Series A no. 239, para. 63.

La Obligación de Pluralismo

5. Adopted by the Human Rights Committee at its 461st meeting on 27 July 1983, UN Doc. A/38/40, 109.

6. Retrofit (Pty) Ltd vs Posts and Telecommunications Corporation, Supreme Court, 1995(9) BCLR 1262 (2).

7. Positive ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities (Report by Special Rapporteur Asbjorn Eide), Addendum 4, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4, part II, paras 11 and 12.

8. UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Media Guidelines for Cambodia (1992).

9. Report of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, UN Doc. E/CN.4/1999/64 29 January 1999.

Libertad de Debate Político

10. Lingens v. Austria, Judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, at para. 42.

11. Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 26.

12. The State v. The Ivory Trumpet Publishing Co. [1984] 5 NCLR 736, High Court, Enugu, 31 Jan 1983.

13. Zeveli v. Central Committee for the Elections to the 13th Knesset, and Association for Civil Rights in Israel v. the Israeli Broadcasting Authority, HC 869/92 and 931/92; 46(2) Piskei Din, 692.

El Derecho de Acceso a los Medios Públicos

14. Media Monitoring Project Zimbabwe, A Question of Balance: The Zimbabwean media and the constitutional referendum, Harare, 2000.

15. Media Monitoring Project Zimbabwe, Election 2000: The Media War, Harare, 2000, p.11.

16. Arthur Wina & Others v. the Attorney-General (1990) HP/1878 (High Court: Lusaka).

17. Ibid.

18. Rambachan v. Trinidad and Tobago Television Co. Ltd and Attorney-General of Trinidad and Tobago, decision of 17 July 1985 (unreported).

19. Establishment and Terms of Reference of the UN Observer Mission to Verify the Electoral Process in Nicaragua (ONUVEN), The Situation in Central America, UN GAOR, 44th Sess., "Threats to International Peace and Security and Peace Initiatives," UN Doc. A/44/375 (1989), Annexe 1, at 3.

20. Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 27.

21. UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Media Guidelines for Cambodia (1992), pream. para. 4.

Publicar las Opiniones Opositoras

22. X and the Association of Z v. the United Kingdom, European Commission on Human Rights, Admissibility Decision of 12 July 1971, App. No. 4515/70, 38 Collected Decisions 86 (1971).

Derecho de Réplica

23. UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Media Guidelines for Cambodia (1992)

24. Manubhai Shah v. Life Insurance Corp. of India [1992] 3 SCC 637.

25. Belize Broadcasting Authority v. Courtenay and Hoare, Court of Appeal, 20 June 1986; (1988) LRC (Const.) 276; 13 Common L Bull (1987), 1238

26. Ibid., citing Halsbury's Laws of England (4th edn, Vol. 8, para. 1134).

Límites a la Responsabilidad Legal

27. UN Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Media Guidelines for Cambodia (1992).

28. Jersild v. Denmark, App. No. 15890/89, decision on admissibility issued 8 Sept. 1992.

29. Egin case, STC 159/86, Boletin de Jurisprudencia Constitucional 68, at 1447 para. 8

Restricciones a la Expresión Política

30. Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 29.

Críticas a los Políticos y Gobierno

31. Castells v. Spain, Judgment of 23 April 1992, Series A no. 236.

32. New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964).

33. Joanna Stevens, "Sullivan's Travels", Southern African Media Law Briefing, Vol.2 No. 1, April 1997.

Protección de las Opiniones Políticas

34. Lingens v. Austria, Judgment of 8 July 1986, Series A no. 103.

Derecho a una Reparación Efectiva

35. Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 29.

Protección de la Seguridad de los Medios

36. World Conference on Human Rights, Vienna Declaration, para. 26.

¿En dónde se Informa la Gente?

37. Margaret Scammell and Holli A. Semetko, "Political Advertising on Television: The British Experience", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

38. David Kerr, "Ideology, resistance and the transformation of performance traditions in post-colonial Malawi", University of Botswana, Gaborone, 1993.

39. Media Monitoring Project Zimbabwe, A question of balance: The Zimbabwean media and the constitutional referendum Harare, March 2000.

40. Gary A. Ferguson, Ukrainian Political Issues and Media Focus Groups: Summary of Findings, International Foundation for Elections Systems, Washington DC, 1999.

Medios Públicos o Estatales

41. Richard Saunders, Dancing out of Tune, Edwina Spicer Productions, Harare, 1999.

Empresas de Telecomunicación Privadas

42. Richard Carver, South Africa, in Richard Carver and Ann Naughton (eds) Who Rules the Airwaves? Broadcasting in Africa, ARTICLE 19 and Index on Censorship, London 1995, p. 91.

43. Richard Carver, "Trends and Themes in African Broadcasting" in Richard Carver and Ann Naughton (eds) Who Rules the Airwaves? Broadcasting in Africa, ARTICLE 19 and Index on Censorship, London 1995, p. 5.

Medios Comunitarios

44. Richard Carver, South Africa, in Richard Carver and Ann Naughton (eds) Who Rules the Airwaves? Broadcasting in Africa, ARTICLE 19 and Index on Censorship, London 1995, p. 93. See also http://www.amarc.org (World Association of Community Radio Broadcasters).

Un "Nuevo" Medio: Internet

45. Elizabeth Weise, "Not Yet for the Net", Media Studies Journal</> Winter 2000, http://www.mediastudies.org/nq6.html.

46. Sally Burnheim, The Right to Communicate: The Internet in Africa, ARTICLE 19, London, 1999. http://www.article19.org.

Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones

47. Media Monitoring Project Zimbabawe. Election 2000: The Media War, Harare, 2000, p. 11.

¿Un periodo Específico de Campaña?

48. Akiba A. Cohen and Gadi Wolfsfeld, "Overcoming Adversity and Diversity: The Utility of Television Political Advertising in Israel", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

Instrumentación de Mecanismos para los Medios y las Regulaciones Electorales

49. Karol Jakubowicz, "Poland and the 1993 Election Campaign: Following the Line of Least Resistance", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

Mecanismos de Instrumentación: Autorregulación de los Medios:

50. Ibid., pp. 38-39.

51. Karen Siune, "Political Advertising in Denmark", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

52. ARTICLE 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, London, 1994, p. 38.

Mecanismos de Instrumentación: Comisión Electoral

53. Anne Johnston and Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts n Promoting French Television Candidates", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

54. ARTICLE 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, London, 1994, p. 38.

Mecanismos de Instrumentación: Organismo Especializado

55. Articles 4-6, Independent Media Commission Act.

Procedimientos de Impugnación

56. ARTICLE 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, 1994, p. 38.

57. Viktor Monakhov, "Information Disputes Relating to Election Campaigning Via the Mass Media: The Experience of the Judicial Chamber in the 1999 Election Campaign, in IFES, The Media and the Presidential Elections in Russia 2000, Human Rights Publishers, Moscow, 2000.

Bloqueos Informativos

58. Akiba A. Cohen and Gadi Wolfsfeld, "Overcoming Adversity and Diversity: The Utility of Television Political Advertising in Israel", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

59. Media Experts Commission, Final Report: Media in Elections 1998, 1998, pp. 33-34.

Encuestas de Opinión

60. Helen Darbishire, "Media and the Electoral Process" in Media and democracy, Council of Europe, Strasbourg, 1998, p. 96.

Legislación Internacional y Comparativa sobre los Discursos de Odio y Discriminación

61. Glimmerveen and Others v. The Netherlands, App. Nos. D 8348/78 and 8406/78, 4 EHRR 260 (1982).

62. Jersild v. Denmark, App. No. 15890?89, Decision of 8 September 1992.

63. Meir Kahane and Others v. Board of Directors of the Broadcasting Authority, Israeli Supreme Court, 41(3) PD 255 (1987).

64. H-G Axberger, "Freedom of the Press in Sweden", in ARTICLE 19, Press Law and Practice, 1993.

65. Constitutional Court, AB Hatarozat, No. 30/1992 (26 May).

Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables

66. Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995. .

67. Ibid.

68. Article 21, Independent Media Commission Act, 1994.

¿Acceso Igualitario a Todos los Partidos?

69. Anne Johnston and Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts n Promoting French Television Candidates", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

70. Karen Siune, "Political Advertising in Denmark", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

71. Ibid.

72. Gianpiero Gamaleri "Italy and the 1994 Elections: Media, Politics and the Concentration of Power", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

73. Library of Congress, Law Library, Report for Congress: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries, Washington, DC: July 1995, LL95-4, 95-1354: 58.

74. Kees Brants, "The Blank Spot: Political Advertising in the Netherlands", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

¿Acceso Equitativo (o justo) a Todos los Partidos Políticos?

75. Brian Wenham "The United Kingdom: Impartial broadcasters and a Partisan Press", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995. .

76. Library of Congress, Law Library, Report for Congress: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries. Washington, DC: July 1995, LL95-4, 95-1354: 58.

77. Library of Congress, Law Library, Report for Congress: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries. Washington, DC: July 1995, LL95-4, 95-1354: 194.

Programación y Extensión de los Espacios de Acceso Directo

78. Media Monitoring Project Zimbabwe, A question of balance: The Zimbabwean media and the constitutional referendum Harare, March 2000.

79. ARTICLE 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, London, 1994, p. 16.

¿Quién está a Cargo de la Producción de las Transmisiones de Acceso Directo?

80. Diana Cammack, Election reporting: a practical guide to media monitoring, ARTICLE 19, London 1998, p. 4.

81. Karol Jakubowicz, "Poland and the 1993 Election Campaign: Following the Line of Least Resistance" in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

Acceso Directo en Referendos

82. Wilson v. Independent Broadcasting Authority, 1979 SLT 279.

83. Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 27.

Pago por Propaganda Política

84. See, for example, Nadine Strossen, "Freedom of Speech: Issues for a new election and a new century", Media Studies Journal, Winter 2000, http://www.mediastudies.org/nq5.html.

85. Christina Holtz-Bacha and Lynda Lee Kaid, "A Comparative Perspective on Political Advertising: Media and Political System Characteristics", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

Países que Permiten el Pago por Concepto de Propaganda Política

86. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

87. Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995

Un Sistema Mixto de Publicidad y Libre Acceso

88. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

Propaganda Política y Límites a los Gastos de Campaña

89. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

90. Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?

91. Article 29, Independent Media Commission Act, 1994.

92. Tom Moring, "The North European Exception: Political Advertising on TV in Finland", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

93. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

94. Anne Johnston and Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts n Promoting French Television Candidates", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995

95. Tom Moring, "The North European Exception: Political Advertising on TV in Finland", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

96. Anne Johnston and Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts n Promoting French Television Candidates", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995

97. Helmut Druck "Germany: Equality within the Constitution", in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

98. Cited in Ibid..

Metodología para el Monitoreo de los Medios

99. Media Monitoring Project Zimbabawe. Election 2000: The Media War, Harare, 2000.

Seguridad de los Periodistas

100. Media Monitoring Project Zimbabawe. Election 2000: The Media War, Harare, 2000.

Actividades y Campañas Gubernamentales

101. Anne Johnston and Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts n Promoting French Television Candidates", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

102. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión'

103. Karen Siune, "Political Advertising in Denmark", in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

104. Akiba A. Cohen and Gadi Wolfsfeld, "Overcoming Adversity and Diversity: The Utility of Television Political Advertising in Israel", in Ibid.

Acceso de los Medios a los Sitios de Votación

105. Raymond Louw, A Handbook on the Media and Electoral Law, Electoral Institute of Southern Africa, Johannesburg, 1999.

Promover una Cobertura Profesional de los Resultados

106. Media Monitoring Project Zimbabwe, A question of balance: The Zimbabwean media and the constitutional referendum Harare, March 2000.

¿En Dónde Consigue la Gente la Información Electoral? - Ukrania

107. Gary A. Ferguson, Ukrainian Political Issues and Media Focus Groups: Summary of Findings, International Foundation for Elections Systems, Washington DC, 1999.

La Existencia de un Cuerpo Regulador - Italia

108. Gianpiero Gamaleri "Italy and the 1994 Elections: Media, Politics and the Concentration of Power" in Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia

109. Media Experts Commission, Final Report: Media in Elections 1998, 1998.

Procedimiento de Impugnaciones - Rusia

110. Viktor Monakhov, "Information Disputes Relating to Election Campaigning Via the Mass Media: The Experience of the Judicial Chamber in the 1999 Election Campaign, in IFES, The Media and the Presidential Elections in Russia 2000, Human Rights Publishers, Moscow, 2000.

Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda

111. Richard Carver, "Broadcasting and Political Transition: Rwanda and Beyond", in Richard Fardon and Graham Furniss (eds), African Broadcast Cultures: Radio in Transition, James Currey, Oxford, 2000, pp. 188-197.

112. International Criminal Tribunal on Rwanda, The Prosecutor vs. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-I, Judgement and Sentence, 1 June 2000; "Blow for Rwandan journalists", BBC News Online, 19 September 2000.

113. ARTICLE 19, Broadcasting Genocide: Censorship, Propaganda and State-Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994, London 1996, pp. 120ff.

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Bosnia

114. Provisional Electoral Commission, Rules and Regulations, Article 9.35.a, in Media Experts Commission, Final Report: Media in Elections 1998, 1998.

115. Ibid., p. 14.

The Operations of the Regulator on Hate Speech - Zimbabwe

116. Amani Trust, Summary of Political Violence in Zimbabwe, Bulawayo, May-June 2000.

117. As recorded by Media Monitoring Project Zimbabwe.

118. Media Monitoring Project Zimbabawe. Election 2000: The Media War, Harare, 2000, p. 45

Paid Political Advertising - Canada

119. Howard R. Penniman and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

Media Monitoring - Malawi

120. ARTICLE 19, Malawi at the Crossroads: Final Report of the Malawi Election Media Monitoring Project, London/Lilongwe, March 2000, and at http://www.article19.org.

Government Activities and Campaign Reporting - Malawi

121. "Malawi court orders fair election coverage", Southern African Media Law Briefing, Vol. 4 No. 3, August 1999. (http://fxi.org.za/Medialaw/fairelect.htm)

Reporting Exit Poll Findings - United States

122. http://ojr.usc.edu/content/story.cfm?id=341

An Internet Election - Romania

123. http://ojr.usc.edu/content/story.cfm/request/488/

Bibliografía

La siguiente es una lista de libros, panfletos e informes relacionados con los medios de comunicación y las elecciones. Para recursos en línea, tambíen ver Fuentes Informativas Adicionales.

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ARTICLE 19, International Centre Against Censorship, Election Reporting: A Practical Guide to Media Monitoring, London, 1998.

ARTICLE 19, International Centre Against Censorship, Broadcasting Genocide: Censorship, Propaganda and State-Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994, London 1996.

Barendt, Eric, Broadcasting law: A Study of Regulation in Europe and the United States, Oxford University Press, 1993.

Bennett, W. Lance, The governing crisis: media, money and marketing in American elections, New York, St. Martin's Press, 1992.

Bonnah Koomson, Anthony K., A Handbook on electoral coverage for media practitioners, Accra: Friedrich Ebert Stiftung, Ghana Office, 1995.

Carver, Richard, "Broadcasting and Political Transition: Rwanda and Beyond", in Richard Fardon and Graham Furniss (eds), African Broadcast Cultures: Radio in Transition, James Currey, Oxford, 2000, pp. 188-197.

Carver, Richard, and Naughton, Ann, (eds) Who Rules the Airwaves? Broadcasting in Africa, ARTICLE 19 and Index on Censorship, London 1995.

Cavanaugh, John W., Media effects on voters: a panel study of the 1992 presidential election, Lanham, MD: University Press of America, 1995.

Coliver, Sandra, The ARTICLE 19 Freedom of Expression Manual: International and Comparative Law, Standards and Procedures, ARTICLE 19, International Centre Against Censorship, London, 1993.

Coliver, Sandra, Merloe, Patrick and Naughton, Ann, (eds.), Press Law and Practice, London, ARTICLE 19, International Centre Against Censorship, 1993.

Darbishire, Helen, "Media and the Electoral Process" in Media and democracy, Council of Europe, Strasbourg, 1998.

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European Institute for the Media, The Political Context of Broadcasting, Manchester, 1991.

Gary A. Ferguson, Ukrainian Political Issues and Media Focus Groups: Summary of Findings, International Foundation for Elections Systems, Washington DC, 1999.

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Fox G.H., "The Right to Political Participation in International Law," 17 Yale Journal of International Law 539 (1992).

Iyengar, Shanto, Reeves Richard (eds.), Do the media govern? Politicians, voters and reporters in America, Thousand Oaks, Calif., Sage, 1997.

Johnston, Carla B., Election coverage: blueprint for broadcasters, Focal Press, Stoneham, 1991.

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Kaid, Lynda Lee, and Holtz-Bacha, Christina (eds.), Political Advertising in Western Democracies, Sage Publications, London/Thousands Oaks, 1995.

Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook, European Institute for the Media, Dusseldorf, 1995.

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Raymond Louw, A Handbook on the Media and Electoral Law, Electoral Institute of Southern Africa, Johannesburg, 1999.

Mancini, Paolo, and Swanson, L. (eds.), Politics, Media and Modern Democracy, Westport, CT: Praeger Publishers, 1996.

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Mickiewicz, Ellen, and Firestone, Charles, Television and elections, Queenstowne, MD, The Aspen Institute, 1992.

OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, The Media Experts Commission, 1998 (Final Report).

Howard R. Penniman, Howard R. and Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies", Committee for the Study of the American Electorate, n.d.

IFES, The Media and the Presidential Elections in Russia 2000, Human Rights Publishers, Moscow, 2000.

Poynter Institute for Media Studies, Poynter election handbook: new ways to cover campaigns, St. Petersburg, Florida, 1996.

Pragnell, Anthony, Freedom and control: the elements of democratic broadcasting services, Dusseldorf, European Institute for the Media, 1990.

United Nations, Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (15-21 Nov. 1992)

United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Media Guidelines for Cambodia (1992)

United Nations, Positive ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities (Report by Special Rapporteur Asbjorn Eide), Addendum 4, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4

United Nations, Report of the Special Rapporteur on the protection and promotion of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, UN Doc. E/CN.4/1999/64 29 January 1999.

Valentino, Hank, "Guidelines for Media, Political Parties and Contesting Groups During Official Campaign Period for Municipal and Local Government Elections", Elections Today, December 1994, 12-13.

Valentino, Hank, "Establishing and Maintaining Balanced Media Support for Free and Fair Elections", Elections Today, December 1994, 5, 10-11.

Índice de Elecciones y Medios

• me Elecciones y Medios de Comunicación
• me10 Panorama General
• me20 Principios Guía
• me30 Consideraciones Administrativas
• me40 Consideraciones Presupuestales
• me50 Contexto Social y Político
• me60 Revisión Histórica
• me90 Fuentes Informativas Adicionales
• mea Principios Legales
• mea01 Legislación Internacional
• mea01a Medios y Democracia
• mea01b La Obligación de Pluralismo
• mea01c Libertad de Debate Político
• mea01d El Derecho de Acceso a los Medios Públicos
• mea01e Publicar las Opiniones Opositoras
• mea01f Derecho de Réplica
• mea01g Límites a la Responsabilidad Legal
• mea01h Restricciones a la Expresión Política
• mea01i Críticas a los Políticos y Gobierno
• mea01j Protección de las Opiniones Políticas
• mea01k Derecho a una Reparación Efectiva
• mea01l Protección de la Seguridad de los Medios
• meb Ambiente de los Medios
• meb01 ¿En dónde se Informa la Gente?
• meb02 ¿Existe una Historia de Respeto por la Libertad de los Medios?
• meb03 Importancia Relativa de los Distintos Medios
• meb03a Estructura de la Propiedad de los Medios
• meb03a01 Medios Públicos o Estatales
• meb03a02 Empresas de Telecomunicación Privadas
• meb03a03 Medios Impresos
• meb03a04 Medios Comunitarios
• meb03a05 Medios de los Partidos Políticos
• meb03b Un "Nuevo" Medio: Internet
• meb04 Nivel de Profesionalismo
• meb04a Capacitación Periodística
• meb05 Marco Legal para los Medios de Comunicación
• meb05a Protección Constitucional para la Libertad de los Medios de Comunicación
• meb05b Estatutos que Afectan a los Medios de Comunicación
• meb05c Otros Instrumentos Estatutarios que Afectan a los Medios de Comunicación
• meb05d En caso que la Legislación Impacte a los Medios de Comunicación
• meb06 Marcos Reguladores Existentes de los Medios de Comunicación
• meb06a Regulador de las Radiotransmisiones
• meb06b Consejo Voluntario de los Medios
• meb06c Regulaciones Estatutarias o Constitucionales
• mec Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones
• mec01 ¿Quién Debe Estar Involucrado en el Proceso de Preparación?
• mec02 ¿Un periodo Específico de Campaña?
• mec03 Distintas Obligaciones de los Medios Públicos y los Privados
• mec03a Disposiciones que Afectan Tanto a los Medios Privados Como a los Públicos
• mec03a01 Instrumentación de Mecanismos para los Medios y las Regulaciones Electorales
• mec03a02 Mecanismos de Instrumentación: Organismo Regulador de los Medios Existentes
• mec03a03 Mecanismos de Instrumentación: Autorregulación de los Medios:
• mec03a04 Mecanismos de Instrumentación: Comisión Electoral
• mec03a05 Mecanismos de Instrumentación: Organismo Especializado
• mec03a06 Mecanismos de Instrumentación: Poder Judicial
• mec03a07 Procedimientos de Impugnación
• mec03b Bloqueos Informativos
• mec03c Encuestas de Opinión
• mec03d Políticas sobre Discursos que Denoten Calumnias y Difamación
• mec03d01 Legislación Internacional y Comparativa sobre los Discursos de Odio y Discriminación
• mec03d02 Responsabilidad de los Medios de Comunicación sobre Declaraciones Ilegales
• mec03d03 Discursos con Contenidos de Odio o Discriminación -Operaciones del Organismo Regulador
• mec03d04 Derecho de Réplica a las Críticas o Declaraciones Desfavorables
• mec03e El Derecho de los Periodistas a Obtener Acceso a los Eventos Electorales
• mec03f Acreditación
• mec03f01 Medios de comunicación extranjeros
• mec03g Medidas para la Protección de los Periodistas
• mec04 Disposiciones que Afectan a los Medios de Comunicación Públicos
• mec04a Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos
• mec04a01 Cobertura de Acceso Directo Igualitaria o Equitativa
• mec04a02 ¿Acceso Igualitario a Todos los Partidos?
• mec04a03 ¿Acceso Equitativo (o justo) a Todos los Partidos Políticos?
• mec04a04 Criterios para la Asignación de Tiempo de Acceso Directo
• mec04a05 Programación y Extensión de los Espacios de Acceso Directo
• mec04a06 ¿Quién Cubre los Costos de las Transmisiones de Acceso Directo?
• mec04a07 ¿Quién está a Cargo de la Producción de las Transmisiones de Acceso Directo?
• mec04a08 Acceso Directo en Referendos
• mec04b Pago por Propaganda Política
• mec04b01 Países que Permiten el Pago por Concepto de Propaganda Política
• mec04b02 Un Sistema Mixto de Publicidad y Libre Acceso
• mec04b03 Propaganda Política y Límites a los Gastos de Campaña
• mec04c ¿Regulación Sobre los Contenidos de los Materiales de Acceso Directo?
• mec04d Responsabilidad del Gobierno para Informar - Educación al Votante
• mec04e Cobertura Equilibrada de los Espacios Noticiosos
• mec05 Disposiciones para los Medios Privados de Comunicación
• med Administración de las Relaciones de los Medios de Comunicación
• med01 Temas Relativos a la Pre-campaña
• med02 Temas de Campaña
• med02a El Papel del Órgano Regulador
• med02b El Papel de los Organismos no Gubernamentales
• med02c Monitoreo de los Medios de Comunicación
• med02c01 Metodología para el Monitoreo de los Medios
• med02d Asociaciones Profesionales y Sindicatos
• med03 Mantener Informados a los Medios
• med03a Capacitación de los Periodistas
• med03b Comunicados de Prensa
• med03c Conferencias de Prensa o Reuniones con los Medios
• med03d Carpetas Informativas
• med03e Centro de Prensa
• med03f Internet
• med04 Información al Elector
• med05 Seguridad de los Periodistas
• med06 Promoción de una Cobertura Profesional
• med06a Cobertura de las Encuestas de Opinión
• med06a01 Preguntas que Hacer sobre las Encuestas de Opinión
• med06b Programación de Información Especial
• med06b01 Formatos del Debate
• med06c Actividades y Campañas Gubernamentales
• med06d Bloqueos Informativos/'Periodo de Reflexión'
• med07 Emisión de Informes Sobre la Jornada Electoral
• med07a Acceso de los Medios a los Sitios de Votación
• med07b Información sobre la Votación
• med07c Promover una Cobertura Profesional de los Resultados
• med07c01 Encuestas de Salida
• med07c02 Conteos Rápidos
• med08 Información Post Electoral
• mey Indice de Estudios de Caso
• mey01 ¿En Dónde Consigue la Gente la Información Electoral? - Ukrania
• mey02 La Existencia de un Cuerpo Regulador - Italia
• mey03 Autorregulación - Reino Unido
• mey04 La Comisión Electoral como Regulador de los Medios-Malawi
• mey05 Medios de Comunicación Especializados y Regulación de Elecciones - Bosnia
• mey06 Procedimiento de Impugnaciones - Rusia
• mey07 Discurso de Incitación al Odio o la Violencia - Ruanda
• mey08 The Operations of the Regulator on Hate Speech - Bosnia
• mey09 The Operations of the Regulator on Hate Speech - United Kingdom
• mey10 The Operations of the Regulator on Hate Speech - Zimbabwe
• mey11 A Formula for Allocating Direct Access Slots - South Africa
• mey12 Paid Political Advertising - Canada
• mey13 Media Monitoring - Malawi
• mey14 Media Monitoring - Bosnia
• mey15 Government Activities and Campaign Reporting - Malawi
• mey16 Voluntary Guidelines on Reporting Opinion Polls - United Kingdom
• mey17 Code of Conduct - Zimbabwe
• mey18 Reporting Exit Poll Findings - United States
• mey19 An Internet Election - Romania
• mez_001 Notas Finales de Elecciones y Medios de Comunicación
• mez_002 Bibliografía

Elecciones y Medios de Comunicación

Índice de Elecciones y Medios

Los medios de comunicación son esenciales para conducir elecciones democráticas. Una elección libre y justa no solamente se trata de la emísión de un voto en condiciones adecuadas, sino que también de contar con la información más relevante de los partidos, políticas, candidatos y del propio proceso electoral a efecto de que los electores estén en condiciones de hacer una selección informada. Una elección democrática sin libertad de los medios de comunicación encierra una contradicción.

No obstante la paradoja está en que, a efecto de asegurar esta libertad, es necesario cierto grado de regulación. Los medios gubernamentales, instrumentados sobre la base de recursos públicos, serán necesarios para brindar una justa cobertura y un acceso equitativo a los partidos de oposición, por mencionar algo. Los medio con frecuencia no pueden elaborar sus informes - sobre encuestas de opinión o resultados preliminares - previo a la emisión de cada uno de los votos.

Por consiguiente, existe una compleja red de temas que rodean la formulación de regulaciones y de un órgano regulador que, con un ligero contacto, asegurará un contexto de libertad de los medios, que beneficie al elector en su necesidad de conseguir información precisa.

Para una mayor información, ir a Panorama General.

Esta área hace un recorrido por los siguientes temas:

• Principios Legales
• Ambiente de los Medios
• Legislación o Regulaciones Sobre los Medios Durante Elecciones
• Administración de las Relaciones de los Medios de Comunicación