Presupuestos electorales y fuentes de ingresos para el financiamiento de la administración electoral

El proyecto sobre Costos del Registro y las Elecciones evalúa los presupuestos de un Organismo Electoral (OE) a efecto de identificar las prácticas y técnicas presupuestales que ejercen su influencia en el control y transparencia de los costos e identifica las fuentes de recursos para el financiamiento de la administración del proceso electoral.

Para mayor información sobre los temas que cubre esta sección vea:

• Financiamiento de la elección: marco legal y prácticas, procesos y ciclos de presupuestación electoral
• Arreglos para compartir recursos  con otras agencias públicas
• ¿Cuánto cuestan las elecciones?
• Historias sobre presupuestaciones electorales en los 90’s
• Financiamiento público a los partidos políticos
• Asistencia electoral de la comunidad internacional

Financiamiento de las elecciones: marco y prácticas legales; procesos y ciclos de presupuestación

Como regla general, los presupuestos electorales tienden a formar parte de un presupuesto consolidado de una nación en un ciclo anual. En un año no electoral, el presupuesto de la autoridad electoral —cualquiera que sea su forma— generalmente es un rubro más del presupuesto nacional o está incluido dentro del presupuesto de una instancia gubernamental de mayor alcance o de la cual la administración electoral forma parte (por ejemplo, el Ministerio del Interior). En un año electoral, el presupuesto correspondiente se toma del presupuesto nacional siguiendo procedimientos ordinarios y extraordinarios, dependiendo de si las elecciones pueden ser anticipadas o se convoca a ellas inesperadamente. Es particularmente necesario ser muy flexible en los sistemas parlamentarios, en donde los gobiernos pueden colapsarse repentinamente o que se dé el caso en donde el Primer Ministro convoca a elecciones en cualquier momento, dentro del periodo establecido para la ocupación de un cargo público.¹

Casi invariablemente, los presupuestos electorales son elaborados por la autoridad electoral y procesados a través del Ministerio de Finanzas para su aprobación por parte de la legislatura. La mayoría de estas instancias no cuentan con la autoridad, al menos no formalmente, para manipular o modificar el presupuesto electoral preparado por la autoridad electoral. No obstante, se puede presentar cierto intercambio o periodo de negociación entre el Ministerio y los oficiales electorales. En Australia, por ejemplo, la Comisión Electoral Australiana (AEC) recibe la mayor parte de su financiamiento a través de asignaciones del gobierno, que son actos del Parlamento que autorizan gastos y asignación de dinero del Fondo Consolidado de Ingresos para otorgar los recursos presupuestales a las instituciones gubernamentales. Los montos de estos recursos son acordados para el año presupuestal y los tres años subsecuentes, conforme a las etapas del ciclo electoral. Los ajustes a este financiamiento orientados a cubrir cambios en los requerimientos operativos y legislativos se llevan a cabo a través de un proceso formal de Propuestas de Nuevas Políticas que involucran a algunos ministerios y al Comité Revisor de Gastos formado por ministros del Gabinete. Las asignaciones se realizan sobre la base de los resultados obtenidos, por lo que la institución tiene que presentar un reporte anual conforme a lo dispuesto en el marco de resultados, que incluye una serie de indicadores y objetivos de desempeño contra los cuales se puede contrastar el trabajo verificado por la institución. Las asignaciones presupuestales y toda la serie de reportes se dan sobre una base acumulada, por lo que los gastos que no representan efectivo (como la depreciación) forman parte del financiamiento anual.

En los últimos cinco años, las plataformas mejoradas de la tecnología de la información (IT) han apoyado a limitar el incremento en los costos del registro y las elecciones en Australia —el costo operativo en un año no electoral se ha incrementado aproximadamente en un 0.8%, y en un año electoral ha alcanzado el 1.3%. El gobierno y el Parlamento ponen mucha presión en la AEC (y en otras agencias que gozan de financiamiento público) para revisar continuamente su desempeño operativo y limitar los costos. La AEC actualizará sus capacidades tecnológicas en los siguientes tres años para beneficiarse de las tecnologías de escaneo y reconocimiento de características ópticas que pueden llevar aún más lejos sus sistemas de administración y su manejo y control de la elección.

Esta práctica presupuestal está mejor establecida en países donde la administración estatal ha alcanzado cierto grado de madurez organizativa y donde el sistema legal es estable. Es prácticamente generalizado que todos los niveles de gobierno (después de recibir la influencia de parte de agencias internacionales financieras y monetarias como requisito para la prestación de ayuda y firma de acuerdos comerciales) sigan con total formalidad los estándares para las prácticas de presupuestación. De otra forma, el presupuesto para una elección después de un conflicto civil, o para su celebración en medio de un contexto de inestabilidad, se realiza ajustándose a las condiciones en ese país, con la participación de agencias internacionales (como en Haití y Afganistán). Una suerte de situación transitoria puede ser la de Camboya, en donde las elecciones son financiadas a través de una cuenta especial en el Tesoro Nacional llamado Fondo Fiduciario para las Elecciones. Prácticamente todas las contribuciones para las elecciones —privadas y públicas, nacionales e internacionales— son depositadas en este Fondo. Guatemala ofrece un caso interesante, en donde un porcentaje fijo del presupuesto nacional (0.5%) es asignado por ley para el funcionamiento ordinario de la Comisión Electoral. En un año electoral, la Comisión se ajusta a un estándar de procedimientos presupuestales para la definición y solicitud de los fondos necesarios para la elección.

Afganistán representa un ejemplo reciente de cómo las elecciones son organizadas en un escenario de post-conflicto. La elección presidencial de octubre de 2004 tuvo muchas similitudes a otros procesos electorales en donde la comunidad internacional había estado fuertemente involucrada tanto con el proceso político como con los aspectos prácticos de organizar el proceso electoral. Esos procesos tienden a elegir soluciones de alta tecnología en lugar de alternativas de tecnología ordinaria, con una burocracia administrativa electoral centralizada, con un componente internacional inconfundible —los que en conjunto contribuyen a elevar sorprendentemente el costo del proceso electoral.  Una característica única de las elecciones en Afganistán fue la rapidez con la que el gobierno asumió la responsabilidad relativa a la planeación y la instrumentación de la elección, al menos en el papel. Esto significó la primera ocasión en que una autoridad electoral a nivel nacional sin experiencia previa en la organización electoral fue encargada de instrumentar su primera elección —aún cuando las Naciones Unidas tenían un personal de 100 empleados en campo encargados de trabajar en el proceso electoral y tenían el mandato explícito de conducir las tareas relacionadas con el registro de los electores previo al proceso electoral. La repentina y temprana transferencia de responsabilidad para organizar las elecciones de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) al gobierno nacional llegó a conocerse como la “Afganización” del proceso electoral.

Notas:

¹ Una notable excepción es Suiza, en donde el presupuesto electoral se otorga sobre una base igualitaria en año electoral y en año no electoral. Esto debido al hecho de que casi siempre se celebran de tres a cuatro referendos a nivel nacional en un año no electoral y dos o tres en un año electoral.

Acuerdos para compartir recursos con otras oficinas públicas

Una situación particularmente común en las democracias establecidas, que cuentan con sofisticados aparatos estatales a nivel nacional y subnacional, es aquella en donde cierto número de costos electorales son compartidos entre la administración electoral y otras oficinas públicas. Este es el caso con la elaboración y actualización de la lista de electores y la delimitación de distritos electorales, información al votante, la conducción de los programas de voto en el exterior y el voto por poder, el programa de transmisión de resultados electorales preliminares, la resolución de disputas electorales, y la seguridad de la logística de la votación. En ciertos casos, estos costos son fácilmente identificables dentro del presupuesto del organismo electoral o de otra oficina pública.

Con frecuencia, sin embargo, existen costos indirectos dentro de las administraciones estatales o locales que no pueden ser considerados como costos electorales en virtud de que forman parte de los costos catalogados como ordinarios dentro del funcionamiento del aparato estatal (por ejemplo, gobiernos locales, policía) o de organizaciones privadas (por ejemplo, escuelas privadas que funcionan como centros de votación que no representa costo alguno). Estos costos no pueden valorarse adecuadamente a menos que la institución encargada de su instrumentación ponga en marcha programas orientados al análisis de costos, lo que no es el caso en la mayoría de las oficinas gubernamentales relacionadas con una gran variedad de actividades (por ejemplo, gobiernos locales, autoridades encargadas del registro civil o del censo y estadística poblacional).

Un presupuesto típico normalmente se estructura separando los servicios personales de los no personales (materiales y adquisiciones), sin embargo,  es generalmente difícil determinar el monto de ese presupuesto que está asignado a una determinada actividad relacionada con las elecciones (por ejemplo, seguridad, arreglos de los sitios de votación, suministro de información para la lista de electores) como parte de los costos de operación más representativos de la organización.

Por ejemplo, en España y en Suecia, las listas de electores se compilan en una oficina nacional de estadística. Aunque las autoridades electorales pagan una cuota por estas listas, ésta no cubre el costo total de la operación simplemente porque existen costos ocultos que únicamente pueden ser determinados por programas específicamente orientados al análisis de costos. También existen otros costos ocultos en ambos países, como en muchos otros, relacionados con la conducción de las operaciones de votación llevadas a cabo por administraciones locales, provinciales y municipales, el servicio postal, la policía y las embajadas en el exterior.

Es menos probable que este amplio rango de costos ocultos se presente en países con infraestructuras estatales reducidas, en donde casi cualquier costo electoral en que se incurre a cualquier nivel del gobierno puede ser fácilmente determinado y atribuido al presupuesto general de la elección para su disposición o reembolso por cualquier autoridad que tenga a su cargo la instrumentación de actividades en materia electoral. Por ejemplo, en Camboya y Guatemala, un empleado local a nivel municipal está a cargo exclusivamente de prestar su ayuda en el registro civil y en la conformación de la lista de electores. Aunque la municipalidad provee de cierto apoyo a la oficina, tanto los gastos derivados de la puesta en marcha de la oficina principal y los costos relativos al salario, están cubiertos en el presupuesto electoral a nivel nacional. Distintas plantillas de presupuestos electorales están incluidas como ejemplos ilustrativos de estructuras presupuestales en distintos contextos democráticos.

¿Cuánto cuestan las elecciones?

Uno de los principales hallazgos relacionados con los costos globales de la elección es la importancia que tiene el contexto democrático (es decir, estable, transitorio o post-conflicto) en la determinación tanto del tipo como del monto de los gastos electorales. Las conclusiones de investigaciones previas, han sido validadas en el estudio actual y son descritas conforme a las siguientes dos categorías:

Experiencia previa con elecciones multipartidistas

Un factor verdaderamente importante al explicar las variaciones de costos es la duración de la experiencia previa con elecciones multipartidistas. Existen diferencias significativas de costo entre las elecciones rutinarias en democracias establecidas, las celebradas en democracias en transición, y las llevadas a cabo durante operaciones especiales para el mantenimiento de la paz. En países con experiencia democrática multipartidista, las elecciones son consistentemente menos costosas que aquellas de países en donde estas elecciones constituyen una nueva empresa. Esta tendencia trasciende regiones, niveles de desarrollo económico, y  aún las interrupciones de las prácticas electorales causadas por razones militares. Bajos costos electorales, aproximadamente 1 a 3 dólares por elector, tienden a manifestarse en países con una larga experiencia electoral: los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental; Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8) y Brasil ($2.3) en América Latina; Benin ($1.6), Botswana ($2.7), Ghana ($0.7), y Senegal ($1.2) en África; India ($1) y Pakistán ($0.5) en Asia; y Australia ($3.2).

En países con menos experiencia en este renglón, los costos tienden a ser más elevados, aún tomando en consideración las elecciones que han tenido lugar como parte de operaciones para el mantenimiento de la paz, en donde el costo por elector es el más elevado: México ($5.9), El Salvador ($4.1) y Paraguay ($3.7) se pueden mencionar en América Latina; Lesotho ($6.9), Liberia ($6.1) y Uganda ($3.7) en África; y Rusia ($7.5) en Europa del Este. En consecuencia, la duración de la práctica es en sí misma un mecanismo de reducción de costos, quizás el más importante durante la etapa de consolidación democrática. En virtud de que, por definición, resulta complicado valorar los costos electorales en las nuevas democracias desde una perspectiva de largo plazo, el informe anterior ofrece un fuerte soporte al reclamo de que los esfuerzos para construir capacidades en la administración electoral probablemente son beneficiosos a la larga. Estos datos también apoyan la idea de que el establecimiento y consolidación de una administración electoral permanente como depositaria del desarrollo de capacidades administrativas relacionadas con las elecciones —dentro de los sistemas políticos y administrativos— es una buena práctica.

Como era de esperarse, las elecciones que se celebran como parte de un largo y amplio proceso orientado al mantenimiento de la paz, son las más costosas de todas. Nicaragua en 1990 ($11.8 por elector), Angola en 1992 ($22 por elector), Camboya en 1993 ($45.5 por elector), Mozambique en 1994 ($10.2 por elector), Territorios Palestinos en 1996 ($9 por elector), y Bosnia y Herzegovina bajo los acuerdos Dayton ($8 por elector) son casos muy representativos de lo anterior.

Esto no significa que un enfoque de costo-beneficio no pueda o no deba ser utilizado para operaciones especiales, sin embargo, esto puede funcionar de manera mucho más limitada que en una simple transición político-electoral o, en efecto, en elecciones periódicas de rutina. Para el caso de Camboya, en donde los donantes subsidiaron ambas elecciones, es muy difícil demostrar que el alto costo de las elecciones en 1993 ($45 por elector) implicó que hubo mejor organización o que se produjeron resultados políticos más positivos que los tenidos en 1998, cuando la elección se celebró a costos más cercanos a los estándares de las políticas de democratización ($5). Algo menos dramático sucedió en Nicaragua y El Salvador, donde se demostró que las segundas elecciones después de operaciones de mantenimiento de paz pueden llevarse a cabo a costos significativamente inferiores: los costos pasaron de $11.8 en 1990 a $7.5 en 1996 en Nicaragua; y de $4.1 en 1994 a $3.1 en 1997 en El Salvador. Consecuentemente, sería recomendable que las elecciones sean consideradas en forma separada de los procesos especiales de paz o de procesos orientados a su mantenimiento, tanto para propósitos analíticos como de política estratégica (López-Pintor, 2000, 76-77).

Conforme a los resultados de la investigación conducida por el Proyecto CORE, las elecciones cuestan más de $20 por elector en Afganistán (2004), $5 en Guatemala (2004), $2 en Camboya (2003), $4 en España (2004), y $2 en Suecia (2004). El costo proyectado por elector para el año de 2005 en Haití es de $11 por elector. Los costos en Guatemala y Camboya son similares, respectivamente, a aquellos en España y Suecia, pero estas similitudes deben tomarse en consideración a la luz del hecho de que los dos primeros están entre los países más pobres del mundo en términos de ingreso per cápita, mientras que los dos últimos están entre los más ricos. Por lo tanto, queda muy claro que las elecciones en Camboya y Guatemala son mucho más costosas.

Como corolario a estas consideraciones se puede decir que los costos de integridad de la elección se reducen en función de los esfuerzos e inversiones para mejorar los márgenes de paz, la seguridad y la reconstrucción nacional, como es el caso del desarme, la desmovilización, la integración a la vida civil, la reconciliación inter-étnica y el desarrollo de la infraestructura. Hay otros costos electorales que permanecen constantes o que incluso pueden incrementarse (por ejemplo, en cuanto al personal, o al uso de alta tecnología), pero los costos de integridad ciertamente disminuirán con el progreso democrático. En el terreno de los costos principales, el progreso en la construcción del aparato estatal podría implicar que ciertos costos se puedan reducir o compartir dentro del presupuesto ordinario de otras agencias públicas distintas al organismo electoral (por ejemplo registros civiles, servicio postal y policía).

Así como la seguridad nacional, el transporte y la infraestructura para telecomunicaciones son de vital importancia para la determinación de los costos de integridad, también lo es que el estado se fortalezca para los costos electorales fundamentales.

Consolidación democrática

Los costos centrales en conjunto —especialmente en las áreas de personal y tecnología avanzada— tienden a incrementarse en lugar de disminuir, independientemente del grado de consolidación democrática. Una de las principales causas en democracias emergentes se debe a la mera institucionalización de una administración electoral profesional y permanente, la que en muchos países se materializa en una organización burocrática representada por una comisión electoral independiente de la rama ejecutiva.

Un segundo grupo de causas se derivan de la complejidad de los sistemas políticos y de los partidos políticos en países que tienen electorados a nivel federal, estatal y regionalizados, los cuales pueden organizar y celebrar diferentes modalidades de elecciones, bajo calendarios separados; cuando prevalece una alta demanda de información al votante (por ejemplo, el uso de distintos lenguajes); y cuando las elecciones requieren de la prestación de apoyos especiales a los electores (por ejemplo, voto en el exterior, voto por poder). Como una tercera causa, tenemos el incremento del uso de nuevas tecnologías, en donde se puede incluir la automatización del trabajo en la oficina, el establecimiento y actualización de listas de electores permanentes y computarizadas, la rápida transmisión electrónica de los resultados de la elección el mismo día de la jornada electoral, y la introducción del voto electrónico. Todas estas actividades se traducen en un elevado costo.

En el escenario específico de las democracias emergentes, una vez alcanzada la paz y una vez que los procesos de reconciliación avanzan por buen camino, se puede esperar un dramático descenso en los costos —aunque no en todos los casos y circunstancias (por ejemplo, Ecuador, Kosovo y Nicaragua). El caso de Camboya ilustra claramente la tendencia a la disminución de costos y el hecho de que a partir de cierto punto, no se puede esperar un decremento mayor. La reducción sustantiva de costos alcanzada por el Comité Nacional de Elecciones (NEC) de 1998 a 2003 puede explicarse por una serie de factores en donde no todos son de naturaleza técnica. A nivel político y más como un elemento de orgullo nacionalista, el gobierno de Camboya no quiere depender fuertemente de la ayuda internacional para futuras elecciones. Eventualmente, la mayor parte de los costos de la elección serán sufragados por las arcas gubernamentales. Esto, por sí mismo, representa un fuerte incentivo para reducir los costos. La asistencia electoral decayó sustancialmente de 19 millones en 1998 a 10 en 2002 y a 6 en 2003.

La reforma del marco legal de 2002 en Camboya se llevó a cabo con el doble propósito de mejorar y reducir los costos de la maquinaria electoral. Por ejemplo, se introdujo un registro electoral permanente, y el registro de los electores fue delegado a las administraciones locales. Adicionalmente, se dejaron de lado los procedimientos más costosos o en su defecto, fueron reemplazados por alternativas mucho más accesibles. Por citar otro ejemplo, el proceso para dotar a la población con credenciales de elector (con fotografía) para cada elección fue reemplazada por el uso de otros documentos de identificación, como la nueva credencial  de identificación nacional. La NEC fue forzada a racionalizar sus prácticas internas y reducir el número de departamentos. El director de la NEC ha comentado que cree que los costos electorales en Camboya no variarán significativamente en las elecciones futuras;  si hay algún cambio, dijo, el costo de ciertos factores apremiantes dentro de un amplio presupuesto electoral puede incluir la inversión de capital para reemplazar el parque vehicular obsoleto, así como el equipo de cómputo y otros insumos electorales, considerando cubrir las necesidades de una siempre creciente población de electores.

En Guatemala, una valoración del presupuesto otorgado a las elecciones, el financiamiento y la administración de costos llevada a cabo en los últimos años  encontró que los costos de la elección se han incrementado consistentemente en forma global y, en cada una de las áreas que la componen, en lo particular. En primer término, el presupuesto para la elección de 2003 representó más del doble que el recibido en la elección previa después de incluir el apoyo recibido del exterior, aunque aún estaba dentro del promedio para los países de América Latina. Un patrón de comportamiento parecido al experimentado en Guatemala fue observado anteriormente en las elecciones de Nicaragua en 2001 y en Ecuador en 2002. En los tres casos, sendas elecciones fueron de tercera generación, celebradas después de agudos conflictos sociales y cada elección resultó mucho más cara y mucho más pobremente organizada que la elección nacional previa. En virtud de que una parte sustantiva del presupuesto electoral de Guatemala se sustentó en la ayuda internacional, este resultado debe ser tomado como una advertencia a la comunidad internacional para monitorear exhaustivamente el gasto electoral.

Segundo, el elemento que mayor gasto representó en Guatemala fue el relativo a los salarios y viáticos dados al personal temporal contratado y a los oficiales electorales de los centros de votación, aunque este costo ha permanecido relativamente constante a través de los últimos cinco años, a razón de 125 quetzales (15 dólares) para los oficiales electorales —monto que muchos oficiales no consideraron equitativo. Este gasto fue seguido de cerca por el costo derivado de las actualizaciones al padrón electoral, aunque debe hacerse notar que la actualización de la lista de electores y los correspondientes ajustes en los sitios de votación fueron cubiertos básicamente por la ayuda internacional. El incremento de los costos en el presupuesto electoral a nivel nacional esencialmente involucró grandes gastos en materia de educación electoral y en el aumento en el número de sitios de votación, que llegó a 8,885. Al paso de cinco años, los programas de información y educación al votante tuvieron el más grande incremento en términos de costos, muchos de los cuales se derivaron de un esfuerzo por hacerlos llegar a localidades rurales y poblaciones indígenas en sus propios idiomas (la mitad de la población guatemalteca es de ascendencia Maya y no habla español). No hay un solo aspecto en el que se tenga registro de una disminución de costos.

Historias sobre presupuesto electoral en la década de los 90s

Una vez vencidos los conflictos y las severas agitaciones políticas, los costos electorales no tienden a disminuir en forma global, aunque algunos de sus rubros en particular pueden probar ser más sensibles que otros a las medidas de recorte. En otras palabras, la estabilidad es mucho menos costosa que un conflicto civil, pero esto no debe pensarse que habrá una disminución automática de costos una vez que la democracia se haya estabilizado y la administración estatal continúe su desarrollo. No existen argumentos que nos hagan esperar que procesos masivos como el del registro de electores y la votación en sí, no sean sujetos de los mismos retos y expectativas que otras empresas emprendidas por la administración estatal moderna (por ejemplo, la recolección de impuestos, servicios educativos, los servicios postales y las telecomunicaciones).

Hay muchos más países donde los costos de la elección se han incrementado durante el último lustro, que aquellos en donde los costos han disminuido. En cerca de la mitad de los países, el presupuesto estuvo sujeto a cambios provocados por la inflación misma y no cambiaron en esencia. El caso de Suiza, con un presupuesto electoral constante en los últimos cinco años, ilustra esta situación. En el lado opuesto están Canadá, España y Suecia, que experimentaron un elevado incremento de sus presupuestos, en gran medida debido a la expansión del voto por correo, y al desarrollo de intensas campañas de información a los electores.

Aunque las elecciones de segunda y tercera generación tienden a ser menos costosas que las primeras elecciones celebradas después de un conflicto civil, tenemos algunos casos que nos muestran una tendencia contraria. En tres países latinoamericanos (Nicaragua, 2001; Ecuador, 2002; Guatemala, 2003) las elecciones subsecuentes fueron más costosas que las anteriores.

Los gastos electorales que muestran un mayor crecimiento tienden a ser los relativos al personal y a los servicios profesionales. Algunas veces esto sucede siguiendo el establecimiento de una administración electoral cada vez más consolidada, como en Camboya y Guatemala; en otras, deviene de fuentes externas con experiencia profesional en los campos de la computación y las telecomunicaciones, como en Australia, España y Suecia. Los programas de información al votante y el voto postal son otros gastos que han experimentado un crecimiento, especialmente en las democracias establecidas en donde los sofisticados esfuerzos y programas de información al votante ofrecen notificaciones individualizadas sobre la fecha y lugar de la votación. Por ejemplo, en Suiza, el programa de información electoral representa tanto como el 50% del presupuesto electoral total. De acuerdo a los resultados de una encuesta respondida por la Comisión Electoral Australiana, las áreas de operación que experimentaron los incrementos más significativos en términos de costos, se relacionaron con la actualización del sitio en Internet de la AEC (desarrollo de una sala virtual), en las actividades relativas a la administración de un aumento del 40 por ciento en el volumen del voto postal, y también en el control del creciente volumen de votos provenientes del exterior junto con los problemas de seguridad inherentes al caso.

El voto postal dentro y fuera del país se está convirtiendo en una herramienta popular, aún cuando es un tanto costosa. En España, por ejemplo, el costo por votante registrado creció de $2.1 en 1996 a $4.1 en 2004. Mientras que factores como el de información y contabilidad pueden explicar en buena medida este crecimiento, aún hay suficiente espacio para el incremento real de los costos, que pueden ser explicados por cambios significativos en la administración del proceso electoral. En cualquier de los casos, el incremento en los costos ha sido mucho más grande que el 10% en el número de electores elegibles que pasó de 31.4 millones en 1996 a 34.5 millones en 2004. Algunas de las discrepancias están relacionadas con el cambio de moneda corriente en España, que pasó del uso de la peseta al euro, así como por la caída del valor del dólar contra el euro en los últimos años. Estos factores externos son responsables de una estimación en la que al menos el 25% del costo por votante registrado debe considerarse como “inflado” debido a factores meramente contables; tomando esto en consideración, el costo para el año de 2004 fue de $3 por votante registrado.

Existen otros factores que también son responsables de los elevados costos de 2004 comparados con 1996. Los cambios más significativos en la administración electoral de España en los últimos ocho años son los siguientes:

• Un dramático incremento en el número de electores registrados fuera del país, a quienes se les hizo llegar materiales electorales vía correo postal (1.1 millones de personas), más otros servicios de correo a electores ordinarios. Más aún, se mejoraron los medios de información a electores dentro y fuera del país (por ejemplo, brindándoles información en línea). Esto explica el porqué el rubro más grande en la más reciente elección fue el de los gastos por servicio postal y de telecomunicaciones, que representó el 21% del presupuesto total.
• El creciente volumen de servicios de impresión y correo de la Oficina del Registro de Electores, que representó aproximadamente el 13% del presupuesto electoral, el rubro de más grande crecimiento en el presupuesto. Este incremento se dio como resultado de los elevados niveles de voto en el exterior; y
• La transmisión rápida de los resultados preliminares la noche de la elección. Esta actividad ha sido mejorada tecnológicamente y ahora recibe casi el 10% del total del presupuesto.

En Suecia, el costo de la tecnología y las comunicaciones en la red es bastante elevado debido a la gran inversión que han hecho. Adicionalmente, la mayor parte de este trabajo lo han hecho consultores en lugar de un personal permanente —otra razón más para el alto costo. Los esfuerzos para informar a los electores están enfocados principalmente en la producción de una revista en 14 idiomas, además del Sueco; la colocación de información en la página web; la producción de folletos; y la publicidad en televisión y radio. También se elaboran folletos y películas en lenguaje de señas y en sistema Braille. El costo derivado de los programas de información al votante ronda los 18 millones de coronas (2.3 millones de dólares) para cada elección general; este número se incremento en un 60% entre 1998 y 2002.

Antes de la elección del Parlamento Europeo en junio de 2004, el organismo electoral central  participó en la Campaña Democrática instrumentada por el gobierno a través de la organización de seminarios informativos para los representantes de municipalidades, organizaciones, agencias gubernamentales y escuelas. La autoridad enfocada en las escuelas incluyó folletos informativos en su plan de difusión general. El organismo electoral central estaba preparado para desarrollar sus propias actividades informativas mucho mejor antes de la elección general de 2006; entre las sugerencias adicionales está la preparación de paquetes especiales de información para escuelas e inmigrantes.

En años recientes, en Suecia se han hecho inversiones especiales en nuevas tecnologías y comunicaciones basadas en la comunicación por Internet. Para financiarlas, cada año se autoriza un presupuesto anual relativamente alto al organismo electoral. El costo asociado al soporte de IT (acrónimo de Information Technology) y a la tecnología en 2002, de más de 20 millones de coronas, fue casi el doble de su costo normal. Las nuevas tecnologías son principalmente utilizadas para producir el registro de electores, apoyar en hacer más exacta la delimitación de los distritos electorales y en el manejo de los resultados de la elección. Adicionalmente, los resultados de la elección son publicados electrónicamente inmediatamente después del cierre de los sitios de votación el día de la elección.

Algunos países muestran una dramática reducción en sus presupuestos electorales. El caso de Camboya es espectacular debido a que su primera elección se llevó a cabo como parte de una operación de paz en 1993 y tuvo un costo excepcionalmente elevado —cercano a los $46 por elector registrado. Posteriormente, el costo se redujo a $5 en 1998 y a $2 en 2003. Algunas de las líneas presupuestales que han tenido grandes reducciones en años recientes incluyen ahorros en personal (Canadá), educación al votante (Australia) y el registro de electores después de establecer uno de carácter permanente (Camboya).

En otros países como España, sin embargo, no se ha notado una reducción significativa de una elección a otra —aunque a lo largo del tiempo, se han señalado un buen número de medidas para reducir los costos. Las autoridades electorales de España han adquirido experiencia en los últimos 20 años con un número de medidas rentables:

• Se han conseguido considerables ahorros con la descentralización de los trabajos de impresión de las papeletas desde finales de la década de los '80 (las listas de partidos son distintas en cada una de las 52 provincias), y la ampliación de la licitación a un mayor número de empresas. Se han reportado ahorros de más del 50%, pasando el costo de 1.6 pesetas a 0.60 por papeleta, ahorrando alrededor de 2 millones por elección;
• El costo de las campañas de información al votante se redujeron significativamente en la década de los 90 al limitar la verificación de campañas a los medios de comunicación estatales en donde el tiempo aire es libre. Los gastos se redujeron de aproximadamente 13 millones a 1 millón.
• Como se mencionó anteriormente, la descentralización de los procesos para la preparación y aplicación del presupuesto, junto con el hecho de hacer formalmente responsable a cada una de las agencias de su propio presupuesto y control, parecen haber sido rentables; y
• Las autoridades electorales elaboraron un estudio de factibilidad para sustituir las urnas desechables anteriores con las que actualmente se utilizan que son de plástico rígido. Se espera tener ahorros en costos por almacenamiento, así como en el área de producción; actualmente cerca del 30% del total de las urnas son irrecuperables después de una elección. Medidas de rentabilidad de este tipo han sido introducidas en otros países como en Australia.

Los gastos que permanecen constantes varían significativamente entre uno y otro país. Algunos ejemplos incluyen salarios para los oficiales electorales y de registro en Canadá y Guatemala; capacitación en Australia; campañas de información al votante por parte del OE (España); educación al votante (Camboya); y cada uno de los rubros que integran el presupuesto (Suiza).

Financiamiento público a los partidos políticos

Las fuentes de financiamiento para los partidos políticos varían en todo el mundo en función de los precedentes culturales y los estándares legales. En la mayoría de los países de la Europa Continental, los partidos políticos están, al menos, parcialmente financiados por el presupuesto nacional a través de distintas modalidades de prestaciones, incluyendo aquellas que están enfocadas a la operación ordinaria de los partidos, el funcionamiento de los grupos parlamentarios de los representantes partidistas, y para los gastos de campaña en un año electoral¹. En el Reino Unido y los Estados Unidos, el financiamiento privado de los partidos representa la parte más significativa de los gastos de campaña.

En las democracias emergentes, existen algunos ejemplos de los diferentes modelos legales, así como de su acatamiento en la práctica. Generalmente, se establece un modelo mixto con financiamiento público y privado, en donde los partidos tienen la obligación de revelar sus fuentes de financiamiento y con una autoridad electoral reguladora. Con más frecuencia que la imaginada, existe un vacío legal relacionado con el incumplimiento de las sanciones o con algún otro mecanismo de aplicación de que dispongan las autoridades ejecutoras.

En Australia, los partidos políticos y los candidatos independientes reciben financiamiento público para el desarrollo de sus campañas electorales, conforme a lo establecido en el Acta Electoral 1918 de la Mancomunidad (El Acta). Bajo ésta, los candidatos o grupos al senado son elegibles para el financiamiento electoral si reciben al menos un 4% de la primera preferencia de voto formal en la división (Cámara de Representantes) o del estado o territorio (Senado) en los que se postulan a la elección. El monto se calcula al multiplicar el número de votos elegibles por una tasa actualizada del financiamiento electoral, la cual se indexa para que coincida con el aumento en el índice de precios al consumidor cada seis meses y que se estableció en $1.97² por voto para la elección de 2004. El monto total de esa elección ascendió a $42 millones. Al término de la elección, se le solicita a los principales participantes en el proceso electoral informar a la Comisión Electoral Australiana (AEC) sobre ciertas transacciones efectuadas durante determinada campaña. Estas transacciones incluyen las donaciones recibidas y los gastos electorales realizados por los propios candidatos y grupos al senado: detalles sobre gastos electorales, donaciones recibidas, las donaciones de terceros hechas a candidatos y otros; propaganda electoral por radiodifusoras; y propaganda electoral en medios escritos.

Con relación al financiamiento de partidos políticos, las disposiciones contenidas en el Acta en materia de divulgación, están pensadas para mejorar la integridad del proceso electoral al permitir al electorado estar bien informado acerca de los donadores principales de los partidos políticos, los grupos y los candidatos, así como de algunos de los montos relativos a cierto tipo de gastos del proceso electoral. La AEC recibe y procesa las distintas declaraciones solicitadas por ley conforme a lo dispuesto en el Acta, las publica para su revisión (en la página web de la AEC) y conduce un programa de revisión del cumplimiento de presentación de informes de partidos políticos y entidades asociadas. Aún cuando la carga de trabajo administrativo de la AEC continúa creciendo, frecuentemente es objeto de críticas por parte de los partidos y miembros del Parlamento, quienes a menudo están interesados en exponer los ajustes financieros de sus oponentes políticos mientras buscan limitar la transparencia de sus propios ajustes.

Durante el periodo de 2003 y 2004, se procesaron 184 declaraciones anuales; se procesaron 1,190 declaraciones de donantes; y se condujeron 102 revisiones de acatamiento. De acuerdo a la Declaración del Presupuesto de la AEC, el costo asociado con el financiamiento y revelación de actividades durante 2004-2005 se estimó en $2.8 millones.

En España, se aplica un modelo mixto, con financiamiento público otorgado a los partidos políticos para sus operaciones cotidianas y electorales. El financiamiento público para campañas electorales no forma parte directamente del presupuesto electoral, y los partidos políticos pueden recibir financiamiento proveniente de fuentes privadas. Los subsidios para campañas son calculados en proporción al número de votos y escaños obtenidos. Los partidos políticos también reciben recursos de sus militantes, donadores privados, como resultado de sus inversiones y operaciones bancarias. El acceso a la radio y televisión estatal no tiene costo y es controlado por una Comisión especial supervisada por los comités electorales.

Suecia, tiene un modelo mixto un tanto peculiar basado en gran medida en acuerdos informales entre los partidos políticos. Por ejemplo, cualquier partido político, candidato u organización puede conducir una campaña electoral. Organizaciones distintas a los partidos políticos estuvieron involucrados en campañas antes del referéndum de 2003 sobre el reemplazo de la moneda sueca, la corona, por el euro. Cualquier negocio (firma, giro) podía financiar organizaciones de campaña antes de la votación, y muchos lo hicieron³. Con relación al financiamiento de los partidos políticos, no existe ningún sistema de regulación, aunque hay una ley que contiene reglas y lineamientos morales para los partidos políticos. No existen disposiciones que obliguen a los partidos políticos a revelar el origen de sus contribuciones; no obstante, los partidos políticos representados en el Parlamento alcanzaron un acuerdo común en la década de los 60s para compartir entre ellos información acerca de las fuentes de contribución, pero no con el público en general. Igualmente, se obligan a elaborar un informe anual, aunque tampoco es para su consulta pública.

Existen cuatro fuentes principales de financiamiento en Suecia para los partidos políticos: financiamiento público directo, financiamiento público indirecto, aportaciones de su militancia, y recursos obtenidos a través de la celebración de concursos (lotería) conducidos por los partidos y las asociaciones afiliadas.

De estas cuatro, la fuente principal es el financiamiento público directo dado a los partidos políticos durante periodos electorales y no electorales, con un monto basado en el desempeño del partido en la elección previa y su actual representación en la legislatura. El financiamiento indirecto generalmente es otorgado por la prensa afiliada a un partido, que está subsidiada. Aunque la militancia de los partidos políticos ha decaído, los ingresos por este rubro continúan siendo importantes, representando entre el 5 y 10% del total del presupuesto de los dos principales partidos a finales de los 90s. Algunos partidos políticos o sus organizaciones afiliadas reciben ingresos por concepto de sorteos o loterías; el ala Social-Demócrata ha tenido particular éxito en este sentido. Aunque ninguna ley prohíbe a los partidos políticos recibir recursos de negocios privados, los dirigentes de los partidos políticos acordaron en los 70s el rechazo a tales contribuciones.

En Guatemala el financiamiento a los partidos políticos se establece por ley. Los partidos están habilitados para recibir servicio gratuito postal y de telecomunicaciones desde la convocatoria a una elección hasta pasado un mes de su conclusión. Por otra parte, los partidos políticos reciben financiamiento público en proporción al número de votos obtenidos en la primera ronda de una elección presidencial, a razón de 2 quetzales por voto, aunque sólo en el caso que dicho partido reciba al menos 4 por ciento del total de los votos válidos. Los desembolsos solamente se hacen bajo el control del organismo electoral nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cuatro entregas anuales entre elecciones.

Los partidos políticos pueden utilizar estos fondos públicos para cualquier operación ordinaria o como gastos de campaña. El TSE tiene la responsabilidad de auditar y controlar los recursos y gastos de los partidos políticos. Antes de que se haga la entrega anual de recursos, los partidos deben remitir un informe detallado de sus gastos. En caso de que un partido político no acate lo dispuesto en términos de su contabilidad y del informe de sus obligaciones, el TSE puede llevar el caso a los tribunales en un esfuerzo por forzar su cumplimiento. El financiamiento privado no se contempla ni tampoco se prohíbe, y no se establecen en la ley límites a los gastos de campaña. Se considera que sería extremadamente difícil estimar los gastos de campaña a excepción del componente de subsidios públicos, aún si todos los partidos cumplen con la obligación de publicación después de las elecciones.

En Camboya, la Ley sobre Partidos Políticos establece que los partidos deben financiarse a través de las contribuciones de sus miembros, de ingresos generados por actividades empresariales legales, de donaciones de empresas o personas privadas, y de activos y bienes propiedad del partido político. Las contribuciones de firmas extranjeras, instituciones públicas y de gobierno, y de ONGs están prohibidas. Sin tomar en cuenta su participación en el proceso electoral, a todos los partidos políticos se les solicita la entrega de un informe anual al Ministerio del Interior sobre sus ingresos y gastos, hojas de balance, declaraciones sobre sus cuentas bancarias y sus bienes. Estos documentos no están a la disposición del público. Con relación a las campañas electorales, la misma ley establece que el Estado deberproveer de financiamiento para efectos de campañas a los partidos políticos sobre una base igualitaria; a la fecha, sin embargo, esta disposición nunca ha sido aplicada. Las leyes vigentes exigen a los partidos informar sobre sus gastos de campaña y mantener un registro contable especial que dé cuenta de sus fuentes de ingresos y los gastos incurridos. Este registro debe permanecer disponible ante la Comisión de Elecciones para su revisión, si éste se solicita. La única contribución del gobierno a las campañas de los partidos políticos viene bajo una disposición sobre tiempo aire gratis en la radio y la televisión estatales. Las autoridades electorales realizan ajustes para el libre e igualitario acceso al tiempo aire de los partidos políticos para mensajes de campaña durante los 30 días que dura este periodo. Esto, sin embargo, no aplica para las elecciones locales comunales.

En Haití, pocas regulaciones o políticas se habían determinado con relación a las actividades de campaña de los partidos políticos al momento en que el presupuesto electoral se había elaborado y la asistencia internacional se había entregado para las elecciones de 2005. Este descuido ilustra la incertidumbre y los retos que son típicos de contextos post-conflicto.

En Afganistán, la situación es también desalentadora aunque las leyes con respecto a las contribuciones de los partidos políticos hayan sido aprobadas. Las entidades políticas registradas para tomar parte en una elección deben tener una cuenta bancaria específicamente dedicada para recibir el depósito de todas las contribuciones hechas a su campaña, tal y como se especifica en la Regulación sobre las Finanzas de las Campañas Políticas del Organismo Electoral Conjunto (JEMB). Cada ciudadano u organización afgana puede contribuir con hasta 2 millones de afganis ($47,000 dólares) a un candidato por periodo de campaña.

Cualquier contribución mayor a los 1,000 afganis debe registrarse e informarse a la JEMB. El único género de contribución de campaña proveniente de una fuente pública que puede aceptarse son los servicios de seguridad. Por tanto, bajo las circunstancias actuales ningún dinero público está disponible para los partidos políticos, sus candidatos o candidatos independientes que contienden por un cargo público. Aún cuando a las entidades políticas no se les permite recibir financiamiento del exterior, las ONGs internacionales han estado ofreciendo cursos y consejos sobre cómo organizar un partido político, cómo desarrollar un programa político y sobre la mejor forma de instrumentar una campaña electoral en un contexto democrático.

Notas:

¹ El financiamiento privado en la mayoría de estos países está permitido, pero tiende a ser secundario.

² Todas las referencias a los costos electorales en Australia están dólares australianos.

³ La gran mayoría de las compañías de negocios apoyaron el reemplazo de la corona con el euro, inclinando la balanza a favor del “sí”. Algunos analistas atribuyen el rechazo de los electores hacia el euro, al menos en parte, a una reacción en contra del elevado monto de dinero gastado por quienes apoyaban al euro.

Asistencia electoral por parte de la comunidad internacional

En las democracias emergentes, el financiamiento total o parcial de un presupuesto electoral por parte de la comunidad internacional es un importante componente de la ayuda democrática. El monto varía de una situación a otra si, por ejemplo, se financia una elección en su totalidad en un escenario de post-conflicto, o si el apoyo se limita a financiar una fase específica de un proceso electoral, como el registro de electores, los programas de educación cívica, y la provisión de algunos materiales como papeletas y tinta indeleble. Los siguientes son casos muy ilustrativos.

En Afganistán, como en Kosovo desde 2000, las elecciones de 2004 fueron financiadas en su totalidad por donantes foráneos, con un costo global por voto registrado de más de $20. Un distintivo adicional fue la administración financiera de la elección. Aún cuando el JEMB fue responsable de la elección, no tuvo el control total sobre sus finanzas; esta responsabilidad descansó en el PNUD y en su Proyecto para el Registro de Electores y las Elecciones. Conforme a un estimado conservador efectuado por la unidad responsable del presupuesto electoral, más de $190 millones se gastaron para la recepción de 8’128,940 votos, dando un costo por voto de $23. Este cálculo excluye los costos relativos a las operaciones de seguridad conducidas por 18,000 efectivos del ejército de los Estados Unidos y 8,000 soldados más de las Fuerzas Internacionales de Apoyo a la Seguridad, ISAF. Otros costos que no están incluidos fueron los relacionados con las actividades de educación y logística electoral proporcionadas por ONGs internacionales, pero pagadas individualmente por otros países; el monto total de esta asistencia puede ser calculada en más de $30 millones. Más de 2,000 supervisores electorales locales fueron financiados separadamente por USAID. Los equipos especiales de apoyo a la elección de la Unión Europea ($2 millones) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) de igual forma fueron financiados por sus respectivas organizaciones.

El costo total estimado para la operación directa de la votación dentro del país fue de $55 millones. Adicionalmente, UNAMA gastó casi $21 millones, y el apoyo en materia de seguridad al Ministerio del Interior representó poco más de $10 millones. Estos últimos se invirtieron en primera instancia en salarios, nuevos vehículos dotados con el equipo de comunicación, y demás suministros (a excepción de armas y municiones) necesarios para el efectivo desarrollo de las tareas de la policía nacional. No se incluyen en estos montos totales los $23 millones por concepto de contratación de Estrategias Globales de Riesgos (Global Risk Strategies, GRS) para seleccionar 96 personas de otros países que se encargaran de conducir el programa de coordinación de seguridad y la planeación logística del OE en campo. De hecho, en muy buena medida, el GRS se convirtió en la estructura de campo del JEMB.

Hubo además el tema del financiamiento del proceso de votación en el exterior para los ciudadanos afganos que residen fuera del país, particularmente los refugiados en los países vecinos de Irán y Pakistán. Se hicieron necesarios recursos para planear y poner en marcha, en menos de 80 días, los programas de registro de electores y la votación en sí, para estos dos países en donde se calculaba en conjunto más de un millón de potenciales electores. En Pakistán se efectuó un ejercicio de registro en persona conducido los días previos al día de la votación (esto no fue posible en Irán). El día de la elección, tanto Pakistán como Irán ofrecieron la realización del voto personal en un limitado número de centros de votación, ubicados fundamentalmente cerca de los centros de refugiados afganos. El costo, sin contemplar los recursos invertidos por los países anfitriones de estos programas (en particular, por medidas de seguridad), sumaron cerca de los $30 millones. Este ejercicio dio como resultado la emisión de 818,189 votos en el exterior.

No es de sorprender que las elecciones de 2004 en Afganistán hayan sido complicadas y muy costosas. La autoridad electoral que cargó con la responsabilidad de organizar la elección presidencial de 2004 se enfrentó con un electorado sin experiencia alguna en la celebración de elecciones democráticas en cuatro décadas. En lugar de esto, más de 25 años de violencia habían dominado el escenario político dándole un matiz especial al clima político del país. Por lo tanto, se necesitó de un monto significativo de recursos para recrear la infraestructura de las autoridades electorales, así como para los programas de educación cívica y electoral que facilitaran a los electores el entendimiento de un proceso electoral democrático. La administración electoral contó con un considerable grupo de personas de otras nacionalidades que enseñaron a los afganos la forma de llevar a cabo unas elecciones con programas de capacitación “sobre la marcha”, lo que afectó el costo de la elección. Las preocupaciones sobre la seguridad jugaron un papel importante. La preparación y la organización de elecciones es mucho más costosa en sociedades post-conflicto, dado que la infraestructura física del país ha sido destruida y que grandes segmentos de la población se han movido internamente o forman parte de una diáspora. La tardía decisión para permitir a los ciudadanos afganos refugiados en Pakistán e Irán tomar parte en la votación aumentó considerablemente los costos.

En Haití, es muy probable que el evento electoral de tres etapas de noviembre de 2005 sea financiado en su totalidad por la comunidad internacional. Al igual que en Afganistán e Iraq, el presupuesto electoral en Haití es ilustrativo de la excepcional forma en que se llevan a cabo elecciones en sociedades post-conflicto. Primero, hay un costo global aproximado a los $10.5 por elector registrado, que no incluye el financiamiento a partidos políticos y las misiones locales de observación electoral. Las operaciones para el registro de los electores en sí costarán cerca de los $2.10 por elector registrado. Característico de las situaciones post-conflicto, los costos de infraestructura y equipo técnico (por ejemplo, transporte, renta de espacios de oficina, comunicaciones y equipo de cómputo) requerirán aproximadamente de $2.30 por elector registrado. Se deberá tomar nota que el costo electoral por voto registrado en 2005 será mucho más elevado de lo que se tuvo 10 años atrás en 1995, el cual alcanzó los $4 (López-Pintor 2000, p.74).

Los recursos totales requeridos para el periodo octubre de 2004 a diciembre de 2005 alcanzan la cifra de $48'893,180, cantidad estimada para cubrir los costos derivados de la contratación de personal y gasto operativo de las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. El gobierno haitiano sufragará los costos de 82 oficinas centrales de oficiales electorales y también contribuirá con $2.9 millones al presupuesto electoral extraordinario, en el cual se cuenta con el apoyo de tres importantes donantes internacionales (Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos) quienes se comrometieron a cooperar con $41 millones. Los recursos financieros internacionales para aspectos operativos han sido vinculados a objetivos de resultados cuantitativos a través de un marco basado en resultados creado por la comisión electoral.

De los $41 millones entregados por estos donantes, administrados por el PNUD, $9 millones han sido adjudicados al programa de registro de electores que será conducido por la Organización de Estados Americanos (OEA). La comunidad internacional ha prometido financiamiento adicional para servicios de seguridad, programas de educación cívica y programas de observación electoral, incluidas las actividades de los partidos políticos. Los siguientes países y organizaciones regionales han comprometido o están considerando ofrecer oportunidades de asistencia técnica antes de las elecciones de 2005 en Haití: Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Japón, México, Venezuela, la comunidad de El Caribe (CARICOM), y la Organización de Países de Habla Francesa (OIF). La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) también se está preparando para establecer un Fondo Fiduciario orientado a la movilización de recursos adicionales para las elecciones en caso de ser requerido. La contribución sustancial de la comunidad internacional es la única esperanza para sustentar toda la operación del proceso electoral, ya que la contribución nacional al presupuesto total de la elección representa menos del 10%

El apoyo financiero internacional en Camboya ha disminuido consistentemente en cada elección desde 1993. En 1998, el apoyo internacional consistió en casi el 80% del costo total de la elección, sin embargo este porcentaje disminuyó a alrededor del 60% para el año de 2002 en las elecciones comunitarias y menos del 50% para las elecciones nacionales de 2003. El costo estimado para cada voto registrado fue de $45.50 en 1993, disminuyendo drásticamente a $4.40 en 1998, y continuando su línea descendente a $2.30 en 2002 y $1.70 en 2003.

Para las elecciones nacionales de 2003, el presupuesto fue de 24,334'723,000 riels ($5.68 millones de dólares) del Fondo Fiduciario para las Elecciones en el Tesoro Nacional y 24,931'681,000 riels provenientes de la comunidad internacional. Siete mil millones de riels fueron aportados al Comité Nacional de Elecciones (NEC) por el PNUD; seis mil millones de riels fueron abonados por un país donante a la NEC a través del Ministerio de Finanzas; y únicamente 536 millones de riels provinieron de donantes directamente a la NEC. El dinero de los aportantes cubrió, en su mayor parte, los costos distintos a salarios (costos ordinarios costos diferentes a los originados por una contingencia). El PNUD firmó acuerdos financieros de financiamiento con 12 países donantes y coordinó la entrega de los montos de financiamiento especificamente destinados para cubrir las distintas fases del proceso según lo pactado con cada uno de los países.

El dinero del gobierno camboyano fue utilizado exclusivamente para salarios. El NEC acreditó cerca de 1,000 observadores internacionales, destacando dos grandes misiones que fueron conducidas por la Fundación Asia (305 observadores) y la Unión Europea (cerca de 120 observadores). El costo aproximado fue de $1.5 millones para la misión de observación de la Unión Europea y de $240,000 para los trabajos de observación de la Fundación Asia. Estos costos ofrecen una prueba de que el financiamiento de las actividades de la sociedad civil en el monitoreo y vigilancia de elecciones algunas veces viene en montos relativamente masivos. Por ejemplo, en el año de 2003, en la elección general camboyana, el financiamiento internacional representó tanto como el presupuesto total de la NEC.

En Guatemala, el presupuesto electoral fue generosamente financiado por la comunidad internacional hasta alcanzar los $9 millones (sin incluir las misiones de observación electoral), con apoyo brindado principalmente por Canadá, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y los Estados Unidos. De estos $9 millones, $3.5 fluyeron a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) con propósitos específicos de asistencia técnica en el rubro de la lista de electores, y los $5.5 millones restantes fueron brindados directamente a la agencia electoral nacional. La distribución de esta ayuda por renglón fue aproximadamente como sigue: registro de electores, $2.5 millones; educación al votante, $2.5 millones; adquisición de equipo, $2 millones; y capacitación a oficiales electorales, $2 millones. En menor medida, se proporcionó ayuda externa a organizaciones de la sociedad civil en tareas de monitoreo de la elección. En conjunto, el total de gastos de la elección ascendió a cerca de $23 millones, el equivalente a $4.6 por elector registrado. Hubo también otras misiones internacionales de observación electoral, en la que destacan las misiones particularmente numerosas de la Organización de Estados Americanos y la de la Unión Europea, con un costo promedio de cerca de $1 millón cada una.