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Democracia directaPoniendo el poder en manos de los ciudadanosSe utiliza el término democracia directa para describir formas particulares de manifestar una preferencia dentro de cualquier sistema democrático. Generalmente se le emplea para referirse a tres tipos distintos de votación:
Una característica común a estos mecanismos es que ponen el poder de decidir directamente en manos de los ciudadanos, y no en los representantes que han elegido. Por tanto, a menudo se intenta contraponer a la democracia directa con la democracia representativa, en la que los ciudadanos eligen a sus representantes para que ellos tomen las decisiones en su representación. En contraste, bajo la democracia directa, los electores toman sus propias decisiones sobre políticas o temas específicos. Hay líneas de argumentación tanto a favor como en contra de la democracia directa. Sus defensores aducen que puede ayudar a reducir el “déficit democrático”, es decir, la pérdida de confianza e interés de los electores en los modelos tradicionales de democracia representativa. En este sentido, sostienen que al volver a poner el poder en manos de los electores, estos recobran el interés y juegan un papel más importante en los asuntos de gobierno, incrementando así la legitimidad de los sistemas democráticos. En contraposición, sus críticos argumentan que socava y debilita la representatividad del gobierno, y que al colocar el poder en manos de los electores se pueden amenazar los derechos de las minorías. También afirman que muchos electores no tienen el conocimiento suficiente como para tomar una decisión informada sobre los temas puestos a consideración en un referendo, especialmente cuando se trata de temas constitucionales complicados. Por consiguiente, las campañas de información y educación al votante son cruciales en la democracia directa. Este ensayo aborda tres modalidades de la democracia directa, examinando cómo se diseñan y cómo se aplican sus mecanismos, así como identificando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos:
* Están siendo traducidos, entretanto ponemos a su disposición la información en inglés Sitios web selectos sobre democracia directa (en inglés)
Initiative and Referendum Institute: C2D - Research and Documentation Centre on Direct Democracy: Ballot Initiative Strategy Centre: Canadian referendum law and analysis:
Democracy International, organización a favor de un referendo sobre la nueva Constitución de la Unión Europea: Enitiatives - una herramienta en internet que busca facilitar y promover iniciativas en Suiza y Canadá Referendos"Referendo" es el término dado a un voto directo sobre un tema específico, en contraste con los votos emitidos en las elecciones en relación a los partidos o los candidatos, y que, generalmente, reflejan las preferencias de los votantes sobre una serie de cuestiones diferentes. Se pueden celebrar referendos en relación con determinadas circunstancias (por ejemplo, para modificar la Constitución de un país) o en relación con determinadas cuestiones políticas (por ejemplo, la afiliación o no a una organización internacional), pero se celebran, en general, con relación a asuntos políticos de gran importancia. Los términos utilizados para definir los referendos pueden ser diferentes en los distintos países; los siguientes son los tipos más comunes de referendos celebrados en los países de todo el mundo. Tipos de referendoLos referendos se ubican en dos categorías principales: el referendo obligatorio y el facultativo. Referendo obligatorio Un referendo obligatorio es aquel que debe celebrarse en determinadas circunstancias, o en relación con determinadas cuestiones. El resultado de un referendo obligatorio es usualmente vinculante. Los referendos obligatorios pueden ser requeridos en relación con temas predeterminados. Típicamente, estos son asuntos de la mayor importancia nacional, por ejemplo unirse a una organización supranacional (como sucede en Suiza). Además, en muchos países los proyectos de enmienda a la Constitución deben ser ratificados a través de un referendo. Alternativamente, los referendos obligatorios pueden ser requeridos en situaciones predeterminadas. Un ejemplo de ello se da en el sistema presidencial, donde en el caso de un desacuerdo entre el Presidente y la Asamblea Legislativa, puede necesitarse de la celebración de un referendo para resolver el litigio. Los requisitos para un referendo obligatorio por lo general están especificados o en la Constitución de un país o en otra ley. Referendo facultativo La segunda categoría es la del referendo facultativo. Estos son aquellos cuya realización forzosa no está establecida por ley, pero que pueden ser iniciados por el gobierno y, en algunos casos, por otras partes interesadas. Los referendos opcionales pueden o no ser vinculantes. Un gobierno podría decidir dar inicio a un referendo sobre una cuestión política importante, quizás orillado por la presión pública para que lo organice y lo celebre, o bien porque existe una opinión divida sobre una cuestión política específica. Los referendos facultativos iniciados por el gobierno se han celebrado con frecuencia en Europa con relación a la integración de la Unión Europea (aunque en algunos casos los referendos han sido obligatorios, pues se trata de una enmienda a la Constitución del país). Es posible que estos referendos puedan no ser jurídicamente vinculantes, aunque, políticamente, para un gobierno puede resultar complicado hacer caso omiso de los resultados. Además, en algunos países, el Parlamento o una minoría parlamentaria pueden a su vez estar facultados para convocar a un referendo. Otro tipo de referendo es el referendo revocatorio. El referendo revocatorio se celebra cuando los ciudadanos fuerzan una votación sobre una parte de la nueva ley aprobada por la legislatura, por lo general mediante la recolección de un determinado número de firmas en apoyo de una votación, ver iniciativas ciudadanas. En algunos países, los referendos revocatorios también pueden utilizarse en relación con la legislación vigente. Si la ley es derrotada en una votación sobre el tema, se puede solicitar su derogación o modificación. Características de diseñoHay, por tanto, algunas características clave en materia de diseño que contribuyen a definir los distintos tipos de referendos. La primera y tal vez la más importante, es la forma en que el referendo se ajusta dentro de todo el sistema jurídico de un país; ¿Son obligatorios los referendos en virtud de la constitución del país o de otras leyes? ¿Es necesario que un referendo requiera de una solicitud para su realización, ya sea por el gobierno, el poder legislativo, o sus ciudadanos? Una segunda característica clave está relacionada con las cuestiones en las que se pueden celebrar referendos. Si las circunstancias en que los referendos se pueden celebrar están claramente especificadas en el marco jurídico del país, los temas en los que se celebrarán referendos se conocerán. Normalmente, estos se refieren a cuestiones de gran importancia política o constitucional, como la constitución de un país, la soberanía, o las relaciones internacionales. Una gran proporción de los referendos celebrados en Europa, por ejemplo, se han conectado a la cuestión de la integración europea. Sin embargo, donde los referendos son opcionales, la materia por la que se celebran puede variar. Sin restricciones, el referendo revocatorio podría referirse a cualquier asunto relacionado con el tema de la legislación. Algunos países imponen ciertas restricciones a los temas que pueden ser objeto de referendo para limitar su celebración. En Uruguay, por ejemplo, el referendo no puede ser considerado en relación con la política fiscal o las leyes relacionadas con el poder ejecutivo, mientras que en Colombia, el tema de la amnistía no puede ser considerado para estos propósitos. CuestionesUna serie de cuestiones se plantean en cuanto a la política, la administración y la logística de la celebración o realización de un referendo. Combinación de elecciones Cuando se celebra un referendo, se debe decidir si debe o no combinarse con otra elección (por ejemplo, una simple elección general), o si el referendo se va a celebrar por separado. En ocasiones se sostiene que la combinación de varias elecciones puede aumentar el riesgo de que los votantes confundan cuestiones separadas (por ejemplo, el desempeño del titular del gobierno puede confundirse con el asunto sobre el que el referendo se celebra). Sin embargo, desde un punto de vista administrativo, puede ser más fructífero celebrar un referendo al mismo tiempo que una elección. La pregunta del referendo Una segunda cuestión importante se refiere a la redacción de la pregunta del referendo. Los estudios sugieren que la forma en que se redacta la pregunta puede tener un efecto importante sobre su resultado, por lo tanto, es importante definir quién determina exactamente la pregunta que aparece en la papeleta electoral. ¿Es el gobierno responsable de la elaboración de la pregunta, incluso en los casos en que él mismo pone en marcha el referendo y, por tanto, tiene un interés en el diseño de la pregunta para incrementar las posibilidades de lograr el resultado deseado? ¿El organismo electoral tiene bajo su cargo la supervisión de la pregunta? Quien sea que elabore la pregunta, es importante que la pregunta formulada a los votantes sea clara y sencilla. Para información sobre el enfoque o acercamiento de la Comisión Electoral del Reino Unido a las preguntas de los referendos, haga clic aquí. Regulaciones de campañaEn relación a la campaña del referendo, se pueden poner en marcha reglamentos de campaña para intentar garantizar que exista una situación de igualdad entre las organizaciones que se manifiestan a favor y aquellas que lo hacen en contra del referendo. Estos podrían incluir límites a los gastos de campaña, aunque en algunos países, ello podría considerarse inconstitucional (véase Estados Unidos); y/o controles sobre la aceptación de contribuciones para la campaña. Por otra parte, los fondos públicos pueden ser asignados a grupos de campaña para garantizar un nivel mínimo de los gastos de campaña en cada resultado. El papel del gobierno y el suministro de información El papel del gobierno en una campaña de referendo también puede ser importante. ¿El gobierno está autorizado para realizar una campaña a favor de los resultados que apoya? (en Irlanda, el gobierno no está autorizado a realizar campaña); ¿puede distribuir su propio material de promoción o realizar propaganda electoral esbozando sus opiniones? Del mismo modo, ¿existe una fuente de información neutral, independiente de la del gobierno y de los defensores del referendo, y/o existen requisitos que prevén la difusión de la información no partidista sobre el asunto a los votantes? ¿El organismo electoral tiene la función de brindar información sobre el tema a los votantes? Si la información es proporcionada a través de un canal neutral, ¿se puede poner la información en este canal? Los votantes pueden estar más inclinados a confiar en la información procedente de fuentes distintas de los defensores del referendo, y será importante para muchos votantes contar con una fuente de información neutral. Para revisar un folleto de información de Irlanda, por favor, haga clic en el siguiente vínculo: El referendo sobre la ciudadanía irlandesa Requisitos de participación/mayoríaPor último, una cuestión fundamental es cuando se califica un referendo para ser aprobado. En algunos países, un referendo será aprobado si una mayoría simple de los votantes emite un "sí". En otros, la votación de un referendo sólo es inapelable si alcanza un determinado umbral de participación o asistencia: un reciente referendo en Taiwán fue rechazado porque la participación no alcanzó el umbral mínimo requerido. Por último, en algunos países se exige una doble mayoría o sobremayoría para ser aprobado (por ejemplo, cuando un referendo debe alcanzar una mayoría absoluta y una mayoría en una serie de localidades para ser aprobado, o cuando el voto afirmativo debe alcanzar un determinado porcentaje de la votación general), o una gran mayoría de los electores inscritos (en lugar de votantes que realmente participaron en la votación). Es evidente, que los requisitos para el éxito de un referendo tienen un impacto en la probabilidad de que sea o no aprobado. Para obtener información sobre los requisitos para la aprobación de los referendos en el caso de Australia y los detalles de los referendos exitosos de Australia, haga clic en el siguiente vínculo: 1999 Referendo Informes y estadísticas Argumentos a favor y en contra de los referendosVarios son los argumentos en apoyo y en contra de los referendos. Los partidarios de la utilización de los referendos sostienen que, en el contexto de la creciente apatía de los votantes y el desencanto con las formas tradicionales de la democracia, la democracia directa puede ayudar a que los electores vuelvan a comprometerse con la política y la democracia. Otro argumento a favor de los referendos es que pueden ser utilizados para resolver problemas políticos, en particular para gobiernos titulares; cuando un partido gobernante se encuentra dividido sobre una cuestión en particular, la celebración de un referendo puede ayudar a alcanzar una solución sobre dicha cuestión sin dividir al partido político (un ejemplo de esto es el referendo de 1975 en el Reino Unido sobre si este país debía seguir formando parte de la Comunidad Europea, sobre el que el gobierno del Partido del Trabajo estaba profundamente dividido). También hay una serie de argumentos en contra del uso de los referendos. Una de ellos es el que indica que se debilita el gobierno representativo al socavar el papel y la importancia de los representantes elegidos. Otra es que los votantes no siempre tienen la capacidad o la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre la cuestión en juego, y en su lugar puede tomar decisiones basadas en un conocimiento parcial o de acuerdo a factores no relacionados al tema, como la economía o el apoyo al gobierno. Esta tendencia puede agravarse en el caso de los referendos sobre cuestiones complejas, como reformas constitucionales o acerca de tratados internacionales, con las que los votantes puedan estar poco familiarizados. Los adversarios de los referendos también sostienen que, si el ejecutivo tiene la facultad de determinar cuándo se celebran referendos, pueden ser utilizados como una herramienta política para satisfacer las necesidades del partido en el gobierno y no en aras de la democracia. También afirman que, dado que en muchos países la participación en el referendo es más baja que en las elecciones nacionales, el argumento de que ellos aumentan la legitimidad de las decisiones políticas no se sostiene. Sin embargo, expertos en Suiza (donde un número de referendos tienen lugar cada año) creen que, si bien la participación en un referendo es de alrededor de 45%, más del 45% de los electores participan en la democracia directa, ya que diferentes votantes participan en las diferentes votaciones de su interés. Iniciativas ciudadanasLas iniciativas ciudadanas determinan la inclusión de propuestas constitucionales o legales en la papeleta electoral cuando se reúne el número suficiente de firmas en apoyo a las mismas. El número de firmas necesario para presentar una iniciativa es variable, aunque generalmente está en proporción al número de electores que votaron en la última elección, o es un número fijo de votantes registrados. Dependiendo del diseño del proceso de iniciativa, si la medida incluida en la papeleta electoral es aprobada por los votantes, es susceptible de formar parte de la legislación del país o del estado. El proceso de iniciativa, por lo tanto, ofrece a los ciudadanos la oportunidad de estructurar directamente las leyes y/o la constitución en el contexto socio-político en el que viven. El uso de este proceso de iniciativa varía sustancialmente entre los distintos países y susdiferentes regiones. Los siguientes representan los ejemplos más comunes de iniciativa ciudadana y de las características de diseño que las distinguen. Tipos de iniciativa ciudadanaConstitucional Las iniciativas constitucionales se pueden utilizar para proponer enmiendas a la constitución de un país o de un estado. El número de firmas necesarias para colocar una medida constitucional en la papeleta electoral usualmente es mayor que el requerido para colocar otros tipos de medidas de menor importancia. Estatutaria Mediante el uso de una iniciativa estatutaria, los ciudadanos pueden proponer medidas de carácter legal. Generalmente se establece un umbral más reducido de firmas necesarias para este tipo de iniciativas. Directa Si una iniciativa es directa, entonces la medida que se distribuye como petición, o que es colocada en la boleta electoral, se convierte automáticamente en ley en caso de ser aprobada por los votantes, sin ningún tipo de participación por parte de la legislatura. Indirecta En contraste, las iniciativas indirectas permiten la participación de la legislatura en la elaboración de las leyes que surgen del proceso de la iniciativa. Esta participación podría adoptar diferentes formas. En algunos países o estados, cuando una petición ha cumplido con el umbral de firmas requerido, el poder legislativo está facultado para formular su propia propuesta, que ofrecerá a los votantes la alternativa entre la iniciativa de los ciudadanos y la contrapropuesta de la legislatura. Otra posibilidad es que la legislatura tenga que actuar en consecuencia a la aprobación de una medida, por ejemplo, que al ser aprobada por los electores, el poder legislativo pueda tener cierto margen para modificarla. Referendo revocatorio/revocatoria de mandato Hay otros dos tipos de mecanismos de democracia directa que comúnmente son calificados como iniciativas, ya que se invocan cuando los ciudadanos recolectan el número suficiente de firmas en apoyo de una medida. Estos son las de referendo abrogativo y el de revocatoria de mandato. Los detalles acerca de estos mecanismos se pueden encontrar en las secciones sobre los referendos y revocatorias. ConsideracionesCon el fin de poner en marcha una iniciativa, quienes hacen una propuesta tienen la obligación de recolectar las firmas de un número pequeño o determinado de personas y de presentarla en la correspondiente oficina del gobierno (en algunos países y estados, el requisito es mínimo y sólo se necesitan 25 firmas). Una vez que la iniciativa ha sido presentada, los proponentes deben iniciar con el proceso de recolección de firmas para que la medida sea incluida en la boleta electoral. Siempre que se haya reunido el número de firmas requerido, la iniciativa se incluirá en la boleta electoral de las próximas elecciones, en la jurisdicción correspondiente. Con relación al proceso de elaboración, circulación y aprobación de una iniciativa ciudadana, se presentan una serie de consideraciones importantes. La importancia de cada una de éstas varía, sin embargo, en función de los contextos constitucionales y políticos correspondiente. Título de la papeleta Una vez que se presenta una propuesta, la primera cuestión fundamental es la redacción del título de la papeleta que se distribuirá como petición y que aparecerá en la boleta electoral. Normalmente, el título de la boleta electoral será un breve resumen de la medida propuesta. La propuesta es, por lo general, elaborada por la propia persona o grupo que la propone, o por un equipo jurídico contratado por ellos, mientras que el título de la papeleta normalmente será redactado por la oficina encargada de la supervisión de la administración del proceso de la iniciativa. Ponerse de acuerdo en el título de la papeleta electoral puede ser un proceso largo, ya que mientras los administradores se trazan como objetivo garantizar que el título refleje con claridad y exactitud la medida propuesta, los proponentes buscan uno que maximice las posibilidades de que sea aprobado. En una campaña bien estructurada se pueden presentar diferentes versiones de una misma propuesta, y posteriormente, realizar encuestas de opinión para evaluar la popularidad relativa de cada una, a fin de garantizar que la propuesta que se va a impulsar tenga la más alta posibilidad de éxito. Recolección y verificación de firmas Después de que una iniciativa ha sido presentada y se ha llegado a un acuerdo en cuanto a su título, se solicita a los proponentes reunir un determinado número de firmas válidas, dentro de un determinado periodo de tiempo contado a partir de la fecha en que fue presentada. El número de firmas requerido varía; queda claro que entre menor sea el umbral de firmas solicitado o entre más largo sea el plazo de recolección de firmas, es más probable que la iniciativa cumpla con los requisitos para estar en la papeleta electoral. Normalmente, las firmas deben ser obtenidas de los votantes inscritos y, por lo general, una parte de ellas será considerada como no válida, por lo que los proponentes deben reunir un número de firmas superior al umbral real. La verificación de firmas está a cargo del departamento responsable de la administración de los mecanismos de democracia directa, y normalmente será realizado sobre la base de un muestreo aleatorio. La recolección de firmas y el proceso de verificación no siempre funcionan sin contratiempos (ver la sección de revocatoria de mandato). Una muestra de los formularios de petición de los EE.UU. en el estado de Oregon se puede encontrar en los siguientes enlaces: http://www.sos.state.or.us/elections/forms/sel301.pdf http://www.sos.state.or.us/elections/forms/sel310.pdf http://www.sos.state.or.us/elections/forms/sel312.pdf
Campañas y suministro de información Durante la fase de petición de circulación y, en particular, una vez que una iniciativa ha sido aprobada para ser incluida en la papeleta electoral, los proponentes y los opositores de las iniciativas llevarán a cabo campañas a favor y en contra de la medida, respectivamente. Al igual que sucede con una campaña, con motivo de un referendo, en algunos lugares, la campaña está regulada y las contribuciones o los gastos pueden estar limitados. En otros, sin embargo, debido a disposiciones constitucionales, pueden existir dificultades en la aplicación de los controles de campaña; en muchos estados de EE.UU., por ejemplo, los tribunales han dictaminado que los límites de gasto son inconstitucionales, debido a que se les han equiparado con la libertad de expresión, la cual no puede ser restringida. Esta situación ha generado polémica debido a la preocupación que existe en los EE.UU. sobre el papel del dinero y la industria de la iniciativa (ver más abajo). Además de las campañas desarrolladas a favor o en contra de las iniciativas, el órgano administrativo responsable de de la supervisión del proceso de iniciativa publicará con cierta frecuencia un folleto informativo ofreciendo información a los votantes acerca de la propuesta. Normalmente, esto puede incluir una declaración a favor o en contra de la campaña, así como un análisis imparcial de la medida elaborado por el gobierno. También podría incluir declaraciones de otras personas y organizaciones que apoyan o se oponen a la medida. En los siguientes vínculos podrá consultar algunos detalles sobre la forma como algunos proponentes hicieron ciertos arreglos que permitían incluir una declaración en un folleto informativo en el estado de Oregon, así como un ejemplo de una guía de información a votantes de California: http://www.sos.state.or.us/elections/forms/sel405.pdf http://voterguide.ss.ca.gov/propositions/prop_summary.html
Número de iniciativas en la papeleta electoral Debido a que no hay ningún límite en el número de propuestas que se pueden incluir en una votación, puede darse el caso de que existan múltiples iniciativas. Su número depende, simplemente, del número de ellas que hayan calificado en el periodo inmediato anterior a la elección (algunos proponentes solicitarán deliberadamente su circulación con el fin de garantizar que la iniciativa aparezca en una papeleta electoral específica). En los EE.UU, en el estado de Oregon, había 26 distintas iniciativas en la papeleta electoral para las elecciones presidenciales de 2000. El siguiente vínculo contempla un registro actualizado de las iniciativas que han calificado para el estado de California en la votación para la elección Presidencial de 2004 en los Estados Unidos: http://www.ss.ca.gov/elections/elections_j.htm # 2004General
La industria de la iniciativa Es particular la preocupación expresada en varios de los estados que integran a los Estados Unidos respecto de la utilización de iniciativas ciudadanas de manera cada vez más profesionalizada, y que sea "la industria de la iniciativa" en lugar de los ciudadanos mismos, quien determine las medidas que se someten a votación. Compañías profesionales pueden ayudar con casi todos los aspectos del proceso de la iniciativa, entre ellos: el diseño inicial de la iniciativa; las encuestas de opinión y los grupos de investigación; la negociación sobre el título que se dará a la papeleta electoral; la garantía de apoyos para ser utilizados en las campañas; la circulación de la petición; la presentación de contra-propuestas a las iniciativas; y campañas a favor de la iniciativa una vez que haya calificado. Un motivo de preocupación para algunos observadores ha sido el pago a los recolectores de firmas para promover la iniciativa en el intento por que se le incluya en la papeleta electoral. Esto quizá se deba a que el uso de compañías que cobran por recolectar firmas parece ir en contra del concepto de iniciativas ciudadanas promovidas por voluntarios que creen en ellas. Es casi aceptado en algunos países que, sin el apoyo de recolectores profesionales de firmas, será prácticamente imposible someter al escrutinio público una iniciativa a través de una papeleta electoral, lo que significa que sólo las campañas bien financiadas son capaces de incorporar iniciativas en la papeleta electoral. En EE.UU., algunas legislaturas estatales han intentado legislar en contra de esto mediante la prohibición del uso de recolectores de firmas pagados, o solicitando a empresas profesionales que paguen a sus empleados por hora y no por firma. No obstante, esto ha sido declarado inconstitucional en algunos estados. Contrapropuestas En algunos lugares donde se proponen iniciativas ciudadanas con frecuencia, existe la tendencia de que los opositores hagan una contrapropuesta como una forma de contrarrestar la iniciativa original. Esta táctica puede tener éxito en el sentido de que la existencia de dos iniciativas relacionadas aunque opuestas, aumenta la incertidumbre y confusión de los electores sobre un tema, incrementando la probabilidad de que los votantes simplemente se opongan a ambas medidas. El uso de esta táctica puede resultar efectivo para los opositores de iniciativas concretas, aunque también aumenta el número de iniciativas en circulación y su potencial aparición en la papeleta electoral. El papel de la legislatura, los funcionarios de gobierno y los tribunales El papel que juegan el poder legislativo, los funcionarios del gobierno y los tribunales con relación a las iniciativas ciudadanas tiende a estar estrictamente definido y bastante acotado. Como se ha indicado anteriormente, el poder legislativo puede jugar cierto rol en relación con las iniciativas indirectas, en el que puede estar en posibilidad de modificar las medidas o incluso proponer las propias. Sin embargo, en los casos en que el diseño del proceso de iniciativa no prevé la participación de la legislatura, los únicos comentarios que son permitidos por el Estado en relación con la iniciativa propuesta es si cumplen, o no, con las exigencias administrativas impuestas, por ejemplo: si hay suficientes proponentes, o si se ha reunido el número suficiente de firmas válidas. Otra tarea administrativa se refiere al diseño y la búsqueda de un punto de acuerdo acerca del título oficial que se dará a la papeleta. En algunos lugares, donde hay un estricto control sobre el número de materias a que una iniciativa puede hacer referencia, los administradores también podrían ser responsables de verificar que la iniciativa propuesta sólo se refiera a una cuestión. En los sistemas en que las iniciativas deben traducirse en más de un idioma, los administradores también podrían ser responsables de confirmar si la traducción de la iniciativa propuesta refleja el mismo significado en todos los idiomas. Sin embargo, además de estas tareas administrativas que están legalmente definidas, para los funcionarios de los tribunales a menudo no existe ninguna función en lo que respecta a la revisión de la constitucionalidad de las propuestas de iniciativa, por ejemplo, la compatibilidad de la propuesta con las medidas existentes en materia de derechos humanos. En algunos casos al interior de EE.UU., esto ha llevado a una situación en la que una parte importante de las iniciativas son rechazadas en los tribunales estatales después de que han sido aprobadas por los electores. Ventajas y desventajasAdemás de las ventajas y desventajas globales de los mecanismos de democracia directa, (por ejemplo, la reducción del déficit democrático contra la debilitación del gobierno representativo, ver referendos) hay una serie de ventajas y desventajas específicas a las iniciativas ciudadanas. Ventajas Se argumenta que la simple existencia del mecanismo de iniciativa ciudadana sirve como medio de supervisión de las actividades de la legislatura. Esto se debe a que los legisladores son más propensos a introducir algunas reformas y medidas cuando prevén que de no hacerlo, pudiera ponerse en marcha una iniciativa sobre dicha cuestión. Un caso concreto de lo anterior es el presentado por investigadores en EE.UU., en que demuestran que los estados que hacen uso de este mecanismo, a diferencia de los que no lo han hecho, tienen más probabilidades de introducir políticas de reformas gubernamentales (por ejemplo, los límites de tiempo de ocupación de un cargo público, el control del financiamiento de campañas). Otro indicativo de lo anterior es el número de iniciativas que son presentadas e inmediatamente retiradas en Suiza, ya que la propia introducción obliga a la legislatura a abordar la cuestión. Esta es la razón por la que se argumenta que el proceso de iniciativa hace más sensibles a las legislaturas. Desventajas Una de las desventajas a las que a menudo se hace mayor referencia en las iniciativas ciudadanas es que se traducen en una ley mal diseñada, ya que (salvo en el caso de las iniciativas indirectas) el contenido de la medida, tal y como se había propuesto inicialmente, termina siendo un estatuto, en el supuesto de ser aprobada. Se dice que al no beneficiarse de los conocimientos técnicos aportados por los legisladores y funcionarios de gobierno, que están familiarizados con el proceso de elaboración de anteproyectos, conduce a leyes sin sentido, poco eficaces, o que tienen que ser escritas nuevamente, porque las personas o abogados que las elaboraron no cuentan con la experiencia necesaria en la redacción de textos legislativos. Además, en algunos casos, el estatuto creado por el proceso de iniciativa termina por ser considerado inconstitucional. Una desventaja adicional es el gran número y complejidad de las materias sobre las que se espera que los electores voten. Se arguye que es imposible para los electores tomar decisiones informadas cuando hay un número importante de iniciativas en la boleta electoral, y que cuanto mayor sea el número de iniciativas dispuestas en la papeleta electoral, aumenta la probabilidad de que haya mayor cantidad de electores que simplemente voten “no”. Otro argumento es que no se puede esperar que los ciudadanos tomen decisiones sobre cuestiones complejas sobre las que, a diferencia de los representantes elegidos, no tienen el tiempo para aprender. Una crítica frecuente hecha a las iniciativas ciudadanas es que en realidad sólo son accesibles a organizaciones e intereses bien estructurados y que el proceso, por lo tanto, es monopolizado por grupos que promueven sus propios intereses especiales. La evidencia empírica sobre el éxito de los grupos de interés bien financiados es mixta: algunos estudios han sugerido que el dinero en realidad no tiene un efecto importante sobre el resultado de iniciativas ciudadanas mientras que otros estudios han puesto de relieve el papel del dinero, en particular en las iniciativas rechazadas. Sin embargo, no cabe duda que las empresas profesionales son importantes en la fase inicial del proceso de iniciativa, en particular en términos de la recolección de firmas. Una crítica común de las iniciativas ciudadanas (y otras modalidades de mecanismos de democracia directa) es que dan lugar a lo que entendemos como la "tiranía de la mayoría". Este término se refiere al poder electoral que tienen los grupos mayoritarios en la sociedad, y que se utilizan para obstaculizar y restringir los derechos de los grupos minoritarios poco populares. Los críticos argumentan que sin la influencia moderadora de la legislatura, podrían aprobarse leyes que se ocupen activamente de los derechos de grupos dentro de una sociedad que son impopulares. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los EE.UU. han dado lugar a diferentes conclusiones acerca de si las iniciativas restringen o no los derechos de las minorías. Posibles reformasEn los lugares donde existe, la iniciativa ciudadana es en general una característica aceptada del sistema político. Sin embargo, muchas personas familiarizadas con el proceso de iniciativa han esbozado posibles reformas para perfeccionarlo. La mayoría de éstas se centran en la reducción de la importancia del dinero en el proceso y/o en garantizar que los votantes estén mejor preparados para tomar decisiones informadas. Reducción de la importancia del dinero Se podrían promulgar distintas reformas para limitar el papel del dinero en el proceso de iniciativa. En relación con la recolección de firmas, la prohibición del empleo de recolectores de firmas pagados, o que el pago no se haga de acuerdo al número de firmas recolectadas, o solicitar que se informe si los recolectores de firmas están siendo pagados o si son voluntarios, podría reducir la importancia de las empresas profesionales en el proceso. Otra alternativa es la de exigir una proporción fija de firmas para ser reunidas por los voluntarios, situación difícil de regular. En cuanto a la campaña, la imposición de límites de gasto o de contribuciones reduce la importancia de su financiamiento aunque constitucionalmente hablando, en algunos lugares estos límites pueden ser difíciles de introducir. Las subvenciones para una menor financiación de campañas podrían ser una forma de garantizar que las campañas bien financiadas no excedan las campañas de la oposición. Minimizar la complejidad de las iniciativas Para asegurar que los votantes sean capaces de tomar decisiones mejor informadas acerca de las iniciativas, se ha propuesto que su número sea limitado, con el argumento de que es imposible para los votantes el tomar decisiones informadas sobre cuestiones complejas cuando tienen que hacer frente a varias iniciativas en la misma votación. Otras propuestas incluyen el establecimiento de un vocabulario comprensible al momento de elaborar el título de la papelera, así como limitar el número de palabras en la misma para garantizar que las iniciativas se presentan en los términos más claros y directos posibles. Garantizar la participación de los poderes legislativo y judicial Se ha dicho que las disposiciones legales derivadas de las iniciativas se podrían mejorar con la participación de los poderes legislativo y/o judicial en el proceso de las mismas. Por un lado, esto podría significar simplemente su apoyo en la elaboración de iniciativas, lo que podría resultar en una mejor redacción. Otra mejora en el proceso sería la de permitir a los tribunales proteger las iniciativas contra del juicio de si son o no constitucionales. Esto podría impedir que iniciativas fueran calificadas por los tribunales como inconstitucionales una vez que hayan sido aprobadas por los votantes. Alternativamente, también sería posible dar a la legislatura un papel más importante en el proceso de iniciativa, convirtiéndolo, efectivamente, en un proceso indirecto. Como se indicó anteriormente, tales reformas podrían incluir el permitir al poder legislativo el diseño de sus propias propuestas, en respuesta a las iniciativas ciudadanas, así como el efectuar pequeñas modificaciones a los estatutos de la misma. Revocatorias de mandatoIntroducciónLa revocatoria de mandato o revocatoria es el nombre dado a un mecanismo por medio del cual los votantes pueden poner fin al cargo de un funcionario electo antes de que se lleve a cabo la próxima elección. Combinando elementos de un proceso de iniciativa y de un proceso normal de elección de un candidato, la iniciativa de revocatoria comienza cuando una moción de revocatoria es presentada ante la correspondiente administración. A continuación se solicita a los proponentes reunir un determinado número de firmas de apoyo a la medida de revocatoria. Normalmente, el número de firmas necesarias será una proporción de los votos emitidos en la última elección ordinaria para ese cargo para el funcionario que es objeto de la revocatoria. Si, y sólo si, la petición de revocatoria adquiere el número suficiente de firmas válidas, el cuestionamiento se pone a consideración de los electores para determinar en primer término, si el funcionario en cuestión debe ser revocado y, en segundo lugar, quién debería sustituir al mismo si la medida es aprobada. El mecanismo de revocatoria es el menos común de los tres mecanismos de democracia directa. Aunque muchos estados de EE.UU. incluyen disposiciones sobre este mecanismo en sus constituciones, a nivel nacional no es muy utilizado. Las provisiones para la aplicación de este mecanismo fuera de EE.UU. y a nivel nacional es muy poco común, incluso en países donde la democracia directa es ampliamente utilizada (por ejemplo, Suiza). Cuestiones de diseño
Restricciones a la aplicación de este mecanismo Cuando la constitución de un país o un estado prevé la utilización de un mecanismo de revocatoria, se deberán especificar importantes disposiciones legales que puedan ser aplicados a los funcionarios electos. Sólo en Venezuela el mecanismo de revocatoria se aplica al jefe de estado electo. Sin embargo, en la mayoría de estados de EE.UU., el mecanismo de revocatoria se puede utilizar para revocar el cargo de todos los funcionarios electos del estado, desde funcionarios de condado y locales hasta el cargo de Gobernador. Los jueces también pueden ser objeto de campañas de revocatoria. En algunos estados, algunos de los cargos de funcionarios electos , como en el casode los oficiales administrativos, también se puede revocar. Restricciones a la aplicación de los mecanismos de revocatoria En algunos lugares que han adoptado el mecanismo de revocatoria, los funcionarios sólo pueden ser revocados si se puede demostrar que han actuado de forma inadecuada (por ejemplo, el estado de Minnesota, cuando los aspectos que sustentan una revocatoria del cargo de un funcionario electo son objetos de graves ilíc itos u omisionesdurante el periodo de ocupación del cargo). En otros, no son requeridos los funcionarios que han actuado de manera impropia o incompetente, por lo que el hecho de contar con el número suficiente de firmas es suficiente para forzar una votación de revocatoria. Número de firmas necesarias para forzar una votación El número de firmas necesarias para celebrar una revocatoria tiene un efecto claramente significativo en la probabilidad de llevarse a cabo; entre menor sea el número requerido de firmas, mayor posibilidad de que se lleve a cabo una votación para saber si un funcionario deba ser revocado de su cargo. En la revocatoria del 2003 en California, los proponentes de la misma debieron reunir en un período de 160 días las firmas del 12% de la votación obtenida para Gobernador en la última elección Muchos otros estados de EE.UU. exigen el 25% de los votantes para apoyar la revocatoria; El umbral del 12% de California es el más bajo de los Estados Unidos. Verificación de firmas Al igual que con el mecanismo de las iniciativas ciudadanas, la obligación para reunir reunión un determinado número de firmas con el fin de celebrar una votación crea la necesidad de recolectar y verificar las mismas. Las firmas sólo son válidas si son obtenidas de las personas que están registradas para votar en la jurisdicción del funcionario que es objeto de la revocación. La verificación de firmas es llevada a cabo por la oficina que administra la iniciativa de revocatoria. La importancia del proceso de recolección y verificación de firmas quedó demostrada por el alto perfil de la iniciativa de revocatoria de Chávez en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral dictaminó inicialmente que un gran número de firmas recogidas por los proponentes de la revocatoria fueron inelegibles. Para noticias en inglés acerca del caso de Chávez, por favor haga clic en los siguientes enlaces: Referéndum revocatorio de Venezuela (inglés) http://www.eluniversal.com/2004/05/06/06A457503.shtml Combinando los votos sobre una revocatoria y un sucesor Una de las características del mecanismo de revocatoria, que varía en función del lugar en que se instrumenta, distintos lugares es que una vez que la petición de revocatoria ha recogido el número suficiente de firmas válidas, la papeleta se combina o no con el voto a favor para el reemplazo del funcionario sujeto a revocatoria, si la revocatoria es exitosa. En algunos lugares, los votos se combinan, lo que significa que los electores tienen que votar sobre dos cuestiones: en primer lugar, sobre un funcionario en cuestión (si se revoca o no) y, en segundo lugar, quién debería sustituir al funcionario si la revocatoria tiene éxito. En tales casos, si el voto a favor de la revocatoria es derrotado, la votación sobre el sucesor es irrelevante y es ignorada. Sin embargo, si la votación para revocar es aprobada, el candidato que logre el apoyo de la mayoría en la segunda votación es elegido como sucesor del funcionario revocado. Alternativamente, se lleva a cabo una primera votación sobre la revocatoria o no del funcionario, y sólo si la votación a favor de la revocatoria es aprobada, se pasa a una segunda votación de un sucesor. Hay argumentos a favor y en contra de cada una de estas alternativas. Uno de los argumentos en contra es que la combinación podría confundir a los votantes sobre el proceso, impidiendo que los votantes se centren únicamente en la revocatoria misma. Podría decirse que, cuando los votantes toman una decisión acerca de apoyar o no a la revocatoria, deben estar en condiciones de centrarse en la cuestión de que se trata y del desempeño de su titular, sin la distracción del tema de los posibles sucesores. Por otra parte, la combinación de los dos votos origina ahorros de costos y aumentos de la eficiencia administrativa. Un elemento adicional de atención es que la combinación de la votación para la revocatoria y el sucesor podría significar que la votación (por ejemplo, para permanecer en el cargo) para un titular que es revocado con éxito sea, de hecho, más alta que la pluralidad que votó a favor del sucesor, lo que podría originar un problema de legitimidad. Este escenario podría ser evitado mediante el uso de los sistemas de votación, como e l del voto alternativo o el votosuplementario. Sin embargo, esto significaría que un voto combinado de votación podría complicar más aún el proceso para los votantes. La revocatoria en un sistema electoral multipartidista Generalmente, hay un problema de compatibilidad de la revocatoria con el sistema electoral. Si el sistema electoral está basado en los candidatos, no hay problema. No obstante, si está basado en los partidos, los votantes tendrían el derecho a revocar a un representante nombrado por un partido? ¿Habría una diferencia entre los representantes elegidos por los votantes bajo el sistema de listas abiertas de representación proporcional? En general, en los sistemas de lista, ¿las vacantes producidas por un proceso revocatorio exitoso son llenados por el partido o por los electores? Ventajas y desventajas del mecanismo de revocatoriaQuienes proponen un mecanismo de revocatoria argumentan que éstos tienen un efecto disciplinario sobre funcionarios electos, en el que los representantes elegidos tomarán menos decisiones impopulares si esto puede provocar que sean más susceptibles de ser objeto de una campaña de revocatoria. Sin embargo, el mismo argumento se utiliza también en contra de la revocatoria: los opositores sostienen que la revocatoria socava por completo el gobierno representativo ya que provoca en los funcionarios electos miedo a tomar decisiones impopulares pero necesarias. Otro argumento a favor de la democracia directa es que proporciona a los votantes una continua oportunidad de tomar una decisión democrática sobre quien los gobierna, ya que no sólo tienen una oportunidad de elegir cada tres a cinco años a las personas que las representan, sino también de mantener un grado de control sobre la decisión de su duración en el cargo. Sin embargo, sus opositores sostienen que el mecanismo de revocatoria podría ser utilizado irresponsablemente, y que éste podría ser utilizado por los partidos políticos como un arma política contra el rival de los titulares. La afirmación de que el mecanismo de revocatoria se está utilizando como instrumento político se hizo por muchos demócratas contra activistas de partidos republicanos en relación con la Revocatoria llevada a cabo en California, durante el 2003. Total Recall - the election of Schwarzenegger in CaliforniaA recent high-profile recall case involving a prominent figure has increased public exposure to the recall mechanism. In California, the actor Arnold Schwarzenegger was elected Governor after a successful recall campaign to oust Governor Gray Davis. Gray Davis was re-elected Governor of California in November 2002. However, within less than a year he had been ousted from his post and replaced by a man previously more famous for his acting and his muscles. So how did it come to be hasta la vista for Governor Davis in such a short space of time? The recall mechanism in CaliforniaHistory Like many other US states, Californian democracy provides for the use of the recall mechanism. Adopted into the Californian constitution in 1911, the recall mechanism is a process by which the electorate can seek the removal of elected public officials before the end of their terms of office. Prior to 2003, the recall mechanism had been used in California on numerous occasions. Several local government officials have been recalled, and four state legislators have been recalled, in 1913, 1914 and 1995 (twice). However, whilst previous state Governors have faced some level of recall attempt in the last 30 years, Governor Davis was the first Governor to face a recall election. Launching a recall initiative To launch a recall initiative, proponents are required to file a notice of intention with the California Secretary of State's Office. The notice must include a statement explaining in no more than 200 words why the proponents are seeking a recall, and must give the names, signatures and addresses of either a minimum of 10 people or the number of people required to have signed the nomination of the officer who is subject to the recall, whichever is the greatest. Proponents of the recall must be registered voters within the electoral jurisdiction of the officer they seek to recall. Within a week of the notice being filed, the officer in question is given the opportunity to make a 200 word statement in response to the initiative. Circulating the petition Once the notice has been certified by the Secretary of State, proponents are required to collect a number of signatures equivalent to 12% of the votes cast for the officer the last time the office was on the ballot. Signatures must be collected within 160 days, and the petition must be circulated in at least five Californian counties. In the 2003 recall, the recall petition was certified for circulation on 25 March 2003, giving proponents until 2 September 2003 to collect 897,158 signatures. Signatures are only deemed to be valid if they are from voters registered in the electoral jurisdiction of the officer who is the subject of the recall; similarly, only such registered voters are qualified to circulate the recall petition. Reporting and verifying petition signatures Proponents of the recall are required to file the petition with the election official in each county in which the petition is circulated. Whilst the petition is being circulated, county election officials are required to report to the Secretary of State on the progress of the petition; the first report must be submitted within 30 days of the recall being initiated, and every 30 days thereafter. The report must advise on the number of signatures collected in the most recent 30 day period, the total cumulative number of signatures collected, and the total number of valid signatures collected. County election officials are not required to begin verifying signatures for validity until 10% of the total number of signatures required have been collected. Once the verification process begins, a random sample of signatures must be checked. Where more than 500 signatures are reported at any one time, either 3% of signatures submitted or 500 signatures must be checked, whichever is the smallest. The recall election Once the Secretary of State certifies that the petition has qualified, the Lieutenant Governor is required by the California Constitution to set the date of the recall election. The election must be held in the period between 60-80 days after the date on which the Secretary of State certified that the petition qualified, unless there is a state-wide election within 180 days of that date (in which case the Lieutenant Governor has the option to hold the recall election on the same day). In California, the recall and the vote for a successor to replace the officer should the recall succeed are included on the same ballot. The officer facing recall is not entitled to stand as a candidate for re-election. Therefore, if in the first vote the incumbent officer receives the support of more than 50% of the electorate, the recall is defeated and the second vote is irrelevant. However, if a majority vote to recall the officer, the candidate who receives most votes is elected. At the 2003 recall election, there were also two state wide initiatives on the ballot. This differs from other US states and other countries, where once a petition has qualified, a separate yes/no vote on whether or not to recall the officer will be held before a vote on a successor is held. Critics of the Californian process argue that this causes confusion for voters. In addition, it also raises the possibility that if an officer is recalled, his successor could be elected with a less legitimate democratic mandate: for example, if an officer is narrowly recalled on a vote of 51% in favour, 49% against, but the winning candidate on the second vote receives the support of 37% of voters, the new Governor arguably has the support of 12% fewer voters. The 2003 recall campaignThe case against Gray The campaign against Gray Davis was initially launched by an organisation called the People's Advocate, an anti-tax organisation headed by Ted Costa, the official proponent of the recall effort. The main charge against Gray was that he had mismanaged the Californian economy, creating a budget deficit of over USD 30 billion and the need for large tax increases. The efforts of the People's Advocate were supported by a number of Republican Party activists and by other California political parties such as the Libertarian Party and the American Independent Party. In May, the recall campaign was boosted when Republican Congressman Darrel Issa launched his own recall effort, Rescue California, backed by significant funding and the expertise of political strategists. Rescue California was instrumental in collecting signatures for the recall petition, organising its efforts on a professional basis and claiming to have collected around 70% of the valid signatures submitted. Opponents of the recall included labour leaders and public sector employees, and were led by an organisation called Taxpayers Against the Recall. They argued that using the initiative would set an expensive precedent, and that recall should only be used in the case of abuse of office or corruption. The announcement of the election The recall petition was certified for petition on 25 March 2003. By the middle of July, recall proponents claimed to have gathered 1.6 million signatures, well in excess of the 897,158 needed to secure the recall ballot. On July 23, Secretary of State Kevin Shelley verified that 1,356,408 of the signatures were valid. The following day, Lieutenant Governor Cruz Bustamante announced that the recall ballot would be held on October 7. Candidates for the election One notable feature of the 2003 recall election was the large number of candidates who stood for election. Nomination procedures for a recall election are required by the constitution to be virtually the same as for a normal election to the office of Governor (except that papers have to be filed no less than 59 days before the date of the recall election). Candidates at the 2003 recall were therefore required to collect 65 nomination signatures and pay a USD 3,500 fee (or submit USD 10,000 in lieu of the fee). The low threshold for nominations meant that 135 individuals stood as replacement candidates, thus ensuring an extremely long ballot for voters to consider. The Republican and Democrat parties The most prominent of the candidates was undoubtedly Arnold Schwarzenegger, film actor and husband of a member of America's most famous political dynasty, Maria Shriver, niece of assassinated President John F Kennedy and Bobby Kennedy. Following considerable speculation about whether he would join the race to succeed Gray Davis, Schwarzenegger, a Republican, used an appearance on the Tonight Show on 6 August to announce his candidacy. His entry into the race prompted other high-profile Republican candidates to drop out of the race to be Gray's successor. The Democrats faced a more difficult position in choosing whether or not to stand a replacement candidate. On the one hand, their main aim was to win the recall ballot and defeat the recall proposition. It was argued that achieving this result would be helped by the presentation of a united front, with no Democratic candidates for successor. However, an alternative argument was formulated along the lines that, should the recall succeed, it was necessary to have a Democratic candidate on the ballot as a potential successor. The debate was settled when, on August 7, Cruz Bustamante entered the race to offer a prominent Democratic candidacy. The campaign controls Different controls applied to the recall element of the campaign, and the campaign to promote replacement candidates. The issue of recall is treated by campaign finance law in California as equivalent to a ballot measure, whilst the question of a successor is treated in accordance with controls on normal candidate elections. In practice, this meant that whilst Governor Davis was not subject to any contribution limits on the amount of money he could accept in trying to defeat the recall measure, replacement candidates were subject to contribution limits of USD 21,200 and an expenditure limit of USD 10,624,000. The outcome of the recall process At the election on October 7, the measure to recall the Governor was passed by a vote of 55.4% against a no vote of 44.6%. Of the replacement candidates, Arnold Schwarzenegger achieved 48.6% of the vote (more than had supported Davis), his nearest rival Crus Bustamante achieving 31.5%. Governor Gray Davis was duly recalled, and Governor-elect Schwarzenegger sworn in on 17 November. The total cost of running the recall election, including providing voters with a state voter information guide, was estimated to be just under USD 70 million. Useful linksState information and voter guide
Campaign sites Independent websites
Back to Focus On Direct Democracy Swiss Direct DemocracyWhen it comes to direct democracy, Switzerland is usually cited as the country that is the closest to having a directly democratic system of government. Although Switzerland retains features of a representative democracy (e.g. it has an elected Parliament), various forms of direct democracy are used frequently at national, cantonal and local (commune) level. This case study focuses on the mechanisms and use of Switzerland's direct democracy. History and backgroundDirect democracy has a long standing tradition in some of the Swiss cantons, going back as far as the fourteenth century. When Switzerland became a federal state in 1848, direct democracy instruments were introduced at the national level as well. The federal constitution introduced the principle of holding a mandatory referendum in order to change the constitution, as well as the popular initiative for a total revision of the constitution. Further rights of referendums were introduced in 1874, and the popular initiative for a partial revision of the constitution in 1891. Between 1848 and February 2004, 517 referendums were held, whilst between 1892 and May 2004, 244 initiatives were proposed. Forms of direct democracy - federal levelNumerous different direct democracy mechanisms can be used at federal level in Switzerland. The mechanisms fall into two broad categories: referendums and initiatives - there is no provision for use of the recall in Switzerland. Each mechanism can be used to achieve different results, and has different design features. Referendums Unlike in other countries, in Switzerland it is not the government that decides if a referendum is held on an issue; the circumstances under which referendums are used are clearly prescribed within the country's constitution. The first type of direct democracy mechanism is the mandatory referendum, i.e., a referendum that the government must call in relation to certain important political issues. These are:
The first three kinds of mandatory referendums require a double majority to pass; that is, they must achieve a popular majority (a majority of the votes cast at the referendum) whilst at the same time achieving a majority vote in a majority of the cantons. The latter three, which take place as part of the initiative process, only need a popular majority. Optional referendums can be held in relation to new or amended federal acts and/or international treaties. The optional legislative referendum is held in relation to all federal laws and urgent federal laws which are due to be valid for more than a year. The optional referendum on international treaties is held in relation to international treaties that are of unlimited duration and may not be terminated, and international treaties that provide for membership of international organisations or contain legislative provisions that have to be implemented by enacting federal laws Optional referendums are called if 50,000 signatures are collected in support of a referendum within 100 days, or if eight cantons request a referendum, and pass with a popular majority. Until 2004, an optional referendum has never been successfully requested by a group of cantons; the first referendum initiated by the cantons was held on 16 May 2004. Initiatives Initiatives can be used to propose changes to the federal constitution. In addition, in 2003 Switzerland adopted a new form of initiative, to be used in relation to more general statutory provisions. Once an initiative is filed, a specified number of valid signatures (i.e. signatures of registered voters) are required in order to force the Federal Council and Parliament to consider the initiative and to hold a referendum on the initiative proposal. Amendments to the constitution can be proposed using two different initiative mechanisms. The popular initiative for a partial revision of the constitution provides voters with the opportunity to propose a draft revision to part of the federal constitution. 100,000 voters must sign an initiative in order for a referendum to be held on the proposal. The popular initiative for a total revision of the constitution also requires the support of 100,000 voters in an initiative. In both cases, the signatures must be collected within 18 months of the initiative being filed. From late 2006, the general popular initiative will be available to Swiss voters. This mechanism can be used to force a referendum on the adoption of a general proposal that will be incorporated on a constitutional and/or legislative level, providing that 100,000 signatures are collected in support of the initiative. Until 2006, initiatives in Switzerland can be submitted as a general proposition or in the text that would be adopted if the initiative measure is successful. However, after the implementation of the general popular initiative, the popular initiative for a partial revision of the constitution will only be accepted in the form of a written text proposition (general propositions in relation to the constitution should be made using the general popular initiative). In response to initiatives which meet the required signature threshold, the Swiss Parliament advises the people on whether to adopt or reject the proposal. In addition, the government is also able to formulate a counter-proposal that is included on the ballot. The "double-yes" vote allows voters to approve both the original initiative and the government's response to it, and indicate which of the two measures they prefer. The measure which receives the most support is passed. Forms of direct democracy - cantonal levelUse of direct democracy is even more extensive in Switzerland's 26 cantons (i.e., state authorities). However, use of direct democracy varies between the cantons; between 1970-2003 Zurich held 457, whilst Ticino held just 53 (the canton of Jura held just 45 referendums, but was only formally established (by referendum) in 1979). In addition to the referendum and initiative mechanisms used at federal level, the following mechanisms are also used in some or all of the Swiss cantons. Unlike at federal level, the legislative initiative has for some time provided voters in all cantons with the opportunity to propose additions to laws. In some cantons, the administrative initiative can be used to demand that certain work is undertaken in public administration (e.g., building a new school or a new road). In addition, some cantons provide for the initiative to launch a canton initiative, an initiative to force the canton to table a motion to the Federal Assembly. All the Swiss cantons provide for legislative referendums on legislation passed by the cantonal parliament; however, in different cantons, these may be mandatory or optional. Administrative referendums may be held on major public projects that will incur high levels of public expenditure (and may lead to increases in taxes); these are sometime called fiscal referendums. Lastly, administrative referendums may be held on the non-fiscal issues of public administration listed above. Characteristics of the use of direct democracy in SwitzerlandTurnout Swiss voters are given the opportunity to vote in federal referendums on average four times a year. Typically, voters will also vote on a number of cantonal and local issues on the day of a federal ballot. Over the second part of the twentieth century, turnout at federal referendums fell from around 50-70% to an average of around 40%; this mirrored a similar decline in turnout at federal elections from 80% to around 45%. One suggestion is that this comparatively low turnout is due to the sheer number of votes that the Swiss are able to vote in; however, it is argued by many that a far higher proportion of the population is politically active than appears so from the figure of 40%, since it is not always the same 40-45% of voters who vote at each opportunity. Issues Given the numerous opportunities for using direct democracy in Switzerland, it is perhaps not surprising that the variety of issues on which referendums are held is extremely wide. Since 1990, referendums have been held on such diverse issues as:
Impact of direct democracy Undoubtedly, direct democracy has played a key role in shaping the modern Swiss political system. Yet it is important to question the actual impact of direct democracy on the legislative issues that, in other countries, are the responsibility of elected representatives. On one reading, it could be argued that the impact has been limited: in the first century of using the initiative (1891-2004), just 14 initiatives were passed in Switzerland. Yet to consider this statistic alone ignores the considerable, indirect impact of direct democracy. Although the majority of initiatives fail, the fact that there has been an initiative, and therefore a campaign, increases publicity surrounding the issue in question and public knowledge of it. This may well increase pressure on the government to introduce measures dealing with the issue, even if it is not required to by virtue of a successful referendum. An initiative might therefore be successful in achieving some of its proponents' aims, even if it is not successful in the sense of having passed. This trend explains why many initiatives are filed but subsequently withdrawn; because sometimes a government chooses to act before an initiative reaches the referendum stage. A further impact of the direct democracy mechanisms within Switzerland is that the government is forced to seek a wider consensus about the statutory (and constitutional) measures that it seeks to introduce than is the case in a purely representative system. In a representative system, the party of government may, in the absence of a large majority, have to develop cross-party consensus on an issue in order to ensure that the measure is approved. In the Swiss system, the possibility of an optional referendum forces the government to ensure consensus with groups outside of Parliament so as to prevent the possibility of such groups seeking to overturn the new legislation. Conversely, the significance of direct democracy in the Swiss system is often cited as the reason for the weakness of Swiss political parties and the relatively low significance attached to normal elections. This is because, given the prominence of direct democracy, political parties are not solely responsible for controlling the federal agenda. In addition, direct democracy often raises cross-cutting issues on which members of political parties might not be in agreement. Useful links and sourcesSwiss federal chancellery and information DVD Back to Focus On Direct Democracy Contributors to Focus on Direct DemocracyFocus on direct democracy was produced by Ellie Greenwood, whilst on secondment to International IDEA from the UK Electoral Commission. The work was undertaken as part of IDEA's project on the global use of direct democracy. The project is considering how the use of direct democracy can enhance democratic systems, and aims to produce a series of tools outlining options for the design of direct democracy institutions. Referendums and PlebiscitesCitizen InitiativeLegislative Recall |
