Las normas comunes para evaluar las elecciones plantean importantes dificultades. Si bien las normas internacionales están claramente articuladas y son vinculantes a través de instrumentos legales internacionales, son abstractas y requieren de interpretación y criterio antes de aplicarse a ciertas circunstancias. Además, es difícil llegar a una conclusión general sobre una elección tomando como base sólo las normas existentes: no existe una fórmula establecida sobre cómo los casos de violaciones o irregularidades se relacionan con una evaluación de calidad más amplia de una elección o de sus resultados.

La experiencia muestra que estas preocupaciones se justifican y que no siempre es fácil alcanzar un consenso. Los informes de observación internacional pueden estar en desacuerdo, porque los distintos grupos de observadores utilizan un criterio diferente. El problema es que las inconsistencias pueden generar confusión en el país en cual se están observado elecciones. 

Es más, los informes contradictorios socavan la credibilidad y el propósito de la observación. Por ejemplo, durante las elecciones de 1998 en Camboya, la declaración de los observadores electorales sembró confusión y resentimiento. Muchos grupos parecieron dar cierto grado de aprobación a la elección, con base en su observación de la votación y el conteo; mientras otros objetaron enfáticamente, señalando el intenso entorno político que había antes de la elección.[1]

De manera similar, durante las elecciones legislativas del 2000 y las presidenciales de 2002 en Zimbabue, varios grupos de observadores nacionales e internacionales emitieron evaluaciones contradictorias.[2] Una vez más, los actores nacionales recibieron los informes con cierta amargura.

Es por ello que la adopción de normas de observación común se está volviendo esencial para garantizar la credibilidad y legitimidad de las misiones. Los criterios son los siguientes:[3]

1) La observación debe cubrir una amplia gama de asuntos:

• La administración y funcionamiento del proceso electoral;
• El marco legal e institucional del proceso;
• La circunstancias políticas y el clima en donde la elección se realiza (extensión de los derechos políticos).

2) La observación debe cubrir todo el proceso, desde el inicio hasta el final, incluyendo:

• El periodo pre electoral de las campañas oficiales y no oficiales;
• El día de la elección y el inicio del conteo de votos;
• El periodo posterior a la elección, que incluye el anuncio de los resultados oficiales, resolución de quejas y la formación del nuevo gobierno.

3) La cobertura debe ser lo más amplia posible:

• Suficientes observadores desplegados por todo el país;
• Candidatos, observadores nacionales y agentes públicos.