Il convient de préciser les conditions et les modalités d’une annulation des résultats ou d’un nouveau décompte des bulletins de vote par les autorités administratives responsables.

Il est nécessaire de doter la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) de véritables moyens d’action afin de renforcer son rôle de gardien de l’application des règles et de la déontologie, mais aussi de lui permettre de prendre des initiatives pour développer la production et favoriser la libre concurrence et le pluralisme de l’information.

Il est important de mettre en oeuvre la réglementation existante sur le financement des campagnes électorales et d’instaurer des mécanismes de contrôle efficace dans ce domaine afin de corriger les inégalités importantes constatées dans les moyens utilisés par les candidats.

Un travail de longue durée doit être entrepris pour structurer, organiser et développer les capacités de la société civile dans le domaine de la démocratisation. L’observation nationale devrait être renforcée dans le respect du pluralisme des initiatives. Plus de rigueur dans la méthodologie utilisée et dans la formation dispensée pourraient accroître l’utilité et la crédibilité d’une telle observation.

La legislación electoral también debería enmendarse para acortar la duración de la campaña electoral al igual que el periodo de tiempo entre el anuncio de los resultados oficiales y la toma de posesión del nuevo Presidente.

Si se mantiene el sistema actual para la nominación y nombramiento de los Consejeros Electorales del Consejo General, se debería enmendar la legislación para asegurar que se realice de una forma más plural e inclusiva, con una representación adecuada de todas las fuerzas políticas. Alternativamente, la legislación podría enmendarse para asegurar que los Consejeros Electorales sean elegidos por méritos según estrictos criterios, previa designación por los partidos políticos.

Se podría considerar la introducción de una segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales, y plantear la posible reelección de miembros de las Cámaras.

Se recomienda que en futuras reformas electorales, se extienda la responsabilidad del IFE para la organización de todos los procesos electorales en el país, y no únicamente de las elecciones federales

El Consejo Nacional de Vigilancia podría racionalizar su funcionamiento de tal forma que se consiguiera una mejor compresión de los partidos políticos sobre los fundamentos y procedimientos para la presentación de quejas.

Se recomienda que la efectividad del Consejo Nacional de Vigilancia, respecto del mecanismo de quejas, sea revisado, teniendo en cuenta el elevado número de quejas presentadas por partidos políticos que carecían de fundamento, a pesar de que estos mismos partidos tenían representantes en el Consejo.

Se aconseja dar mayor atención a mejorar la relación entre las instituciones directamente involucradas en la gestión de las elecciones y otras instituciones, como el Registro Civil y el Instituto Nacional de Migración, cuyas funciones tienen un impacto relevante en el registro efectivo de votantes.

La ley debería clarificar la noción de “transitoriamente” de manera tal que no hubiera confusión entre la administración electoral y los partidos políticos en cuanto a su definición.

El voto para ciudadanos habilitados en su derecho a votar y que residan en el exterior no tendría que suponer un costo para los votantes. Sería aconsejable introducir mecanismos para que se les reembolse a los votantes los gastos de correo, cuando fuera necesario.

Podrían realizarse esfuerzos para que los requisitos administrativos del voto en el exterior sean menos costosos.

Deberían fortalecerse los programas de educación cívica y formación de electores, sobre todo para las personas que vivan en zonas rurales.

Es recomendable considerar la revisión de los requisitos mínimos para el mantenimiento del registro de un partido político, mediante la adopción de medidas alternativas.

La disposición legal que impide que candidatos independientes se presenten a las elecciones debería ser enmendada ya que han suscrito el pacto. La disposición actual no es compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comentario General sobre el Artículo 25 de dicho Pacto establece que, “El derecho de las personas para acceder a elecciones no debe limitarse irrazonablemente pidiendo a los candidatos ser miembros de partidos, o de partidos específicos”.

Se recomienda que el IFE publique con anterioridad a las elecciones los informes anuales sobre el cumplimiento de las leyes de financiamiento de partidos. Si esto no fuera posible, entonces el IFE podría emitir un informe detallando el cumplimiento, por parte de los partidos políticos, de las leyes de financiamiento hasta la fecha más cercana posible a las elecciones.

La ley electoral debería ser enmendada para asegurar que el gasto de los partidos políticos en el periodo de las elecciones internas esté adecuadamente regulado.

Correspondería tomar mayores recaudos para evitar el abuso de recursos públicos durante el periodo electoral. Esto concerniría al desarrollo y a la implementación de medidas más efectivas para monitorear y tratar dichos abusos, considerando la posibilidad de anulación de las elecciones en caso de violaciones de la legislación vigente. Mayores esfuerzos son necesarios para asegurar que las personas que perpetran estas violaciones tengan que asumir la responsabilidad por sus actos.

Convendría tomar medidas para hacer frente a la práctica de los partidos políticos de presentar spots de televisión extremadamente parecidos a spots cuya retirada fue exigida por el IFE, lo que socava los esfuerzos del IFE para promocionar campañas libres y positivas en los medios de comunicación.

Se podría considerar enmendar la Ley Electoral para exigir que los medios de comunicación garanticen una línea editorial independiente, objetiva, neutral e informativa en sus noticiarios. Las informaciones tendrían que presentarse de forma equilibrada y neutral, con una cobertura de las actividades de las autoridades durante el periodo electoral.

Es recomendable que el proceso para solicitar reparación se fortalezca y se enmiende para otorgar al ente supervisor de un instrumento efectivo, predecible, y de ejecución rápida, ante violaciones de los requisitos contemplados en la Ley Electoral, relativo a los medios de comunicación.

Sería conveniente analizar la posibilidad de desarrollar un criterio para determinar qué grupos de la sociedad civil pueden acreditarse como observadores electorales no partidistas. Esto serviría para aumentar la transparencia del proceso.

Tendrían que adoptarse más y mejores medidas para fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral. Los partidos políticos deberían aumentar sus esfuerzos para fomentar que un mayor número de personas de pueblos indígenas se presenten como candidatos. Los medios de comunicación, por su parte, también podrían prestar mayor atención a la participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral.