The development of an active, structured and independent journalist’s organisation should be foreseen, particularly with the aim to draft a code of conduct for journalists, in force not only during the electoral period.

The existence of the figure of the Media Arbitrator during the election campaign was positive. The media monitoring capacity of this body should be developed for future elections.

The election administration should ensure that women are well-represented among election officials at all levels throughout the country.

Consideration should be given to allowing public debates in languages other than Dzongkha, particularly in areas where minority languages are widely spoken.

Relevant legislation should be amended to allow civil society organizations to carry out election-related activities, including domestic non-partisan observation of elections.

Official election results should be based on the tabulation of figures from paper results sheets, rather than orally transmitted results. Results reported by phone or radio may be reported as preliminary results.

Results at the polling station level should be posted outside polling stations in order to increase transparency in the process.

El nombramiento de los directores generales y de los jefes de Unidad de las instituciones electorales (a nivel nacional y provincial) debería efectuarse mediante un proceso abierto y competitivo, basado en méritos y en la experiencia, y no por lealtades partidistas.

El CNE debería garantizar que todos los miembros designados de las Juntas Receptoras del Voto reciban una capacitación apropiada y con la debida antelación. La capacitación debería brindar especial atención a los procedimientos de escrutinio y a las instrucciones para rellenar las actas electorales. Para este propósito, debería establecerse un grupo permanente de capacitadores electorales cualificados.

El número de Juntas Receptoras del Voto debería reducirse, con excepción a aquellas que sirvan a poblaciones aisladas y remotas, lo que implicaría un menor número de miembros de junta. Unos procedimientos simplificados de votación harían posible que estas juntas pudieren procesar una mayor cantidad de electores. A este respecto, el número máximo de electores por Junta Receptora del Voto debería aumentar a 500 de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El espacio previsto para la Junta Receptora del Voto debería ser mayor y contar con un perímetro claramente delimitado, a fin de evitar confusiones y aglomeraciones durante la jornada electoral, y para asegurar el carácter secreto del voto.

Se debería prestar más atención a la mejora de la relación entre el Registro Civil y los nuevos organismos electorales. En particular, de conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Elecciones, el Registro Civil debería regularmente entregar a la administración electoral un listado de los ciudadanos registrados. El nuevo marco jurídico de elecciones debería incluir disposiciones y mecanismos similares para fortalecer los vínculos entre ambas instituciones.

Debería existir un amplio periodo de verificación del padrón electoral con suficiente anticipación a la jornada electoral. Este periodo no sólo debería utilizarse para informar de la inclusión en el padrón o de la ubicación de la junta, sino también, para hacer cambios y corregir posibles errores. Los centros de información electoral o las oficinas cantonales y parroquiales deberían servir para este propósito.

En los grandes recintos electorales, deberían existir centros de información para el votante, con el fin de informar a los electores de la ubicación de su Junta Receptora del Voto.

El CNE debería considerar nuevos mecanismos para incrementar el número de electores en el extranjero. A este respecto, la administración electoral debería impulsar la participación de estos electores a través de campañas de información y educación al voto, y concienciar a los ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero de que registrarse en los consulados ecuatorianos no tiene ningún impacto sobre su estatus en el país de residencia. Deberían explorarse otras opciones de voto, tales como el voto por correo.

El CNE debería asegurarse de que el número necesario de miembros de las Juntas Receptoras del Voto, debidamente capacitados, estén presentes en las juntas durante toda la jornada electoral. Los miembros suplentes de las Juntas Receptoras del Voto no deberían ser eximidos de sus funciones aunque no fuese necesaria su presencia al momento de la apertura. Al contrario, dichos miembros suplentes podrían ser útiles durante el escrutinio, en especial en procesos electorales complejos.

La capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto debería hacer hincapié en la forma adecuada de completar las actas electorales y en la determinación de la validez de las papeletas.

Debería imponerse la publicación de las actas de resultados en cada recinto electoral. Tan pronto termine las actividades de los miembros de la Junta Receptora del Voto, los resultados deberían ser expuestos fuera y no dentro de los recintos.

El CNE debería desarrollar medios más eficientes para pagar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, concretamente haciendo efectivo el pago en la jornada electoral.

Las sanciones deberían ser producto de un procedimiento claramente definido, que contenga garantías de procedimiento, incluyendo plazos y apelaciones.

Se deberían realizar esfuerzos para asegurarse que el sistema de quejas y apelaciones sea transparente y públicamente verificable. Se debería desarrollar y mantener un registro centralizado de todas las quejas y apelaciones, que es fundamental para la resolución de estas quejas y apelaciones. Este registro debería hacerse público regularmente.

Para toda clase de contenciosos electorales, las decisiones del TCE deberían ser impugnables ante la máxima instancia judicial, cuyas decisiones deberían ser definitivas.

El CNE debería promover la adopción de un código de conducta para todos los partidos y candidatos, que incluya además a autoridades y funcionarios gubernamentales. Este código de conducta debería concentrarse en un acuerdo formal para obedecer las reglas y resoluciones establecidas para el período de campaña y la jornada electoral.

Aunque tanto la Constitución de 2008 (artículo 115) y el Régimen de Transición (artículo 14) prohíben a las instituciones del sector público realizar publicidad para la campaña electoral, sería recomendable que la nueva ley electoral defina exactamente qué se considera campaña durante un período electoral. La regulación sobre la campaña, especialmente aquella que prohíba el abuso de cargos públicos, debería ser ejecutada estrictamente y las autoridades pertinentes deberían aplicar sanciones adecuadas a quien la incumpla.

Los organismos electorales deberían incluir mujeres así como más miembros de las comunidades indígena y afroecuatoriana.