El 14 de marzo de 2018, Marielle Franco, activista y política brasileña de raza negra, fue asesinada en Río de Janeiro. La concejala de la ciudad fue una abierta feminista y defensora de los derechos humanos que denunció la violencia policial y armada que afectaba a los barrios empobrecidos. En su camino a casa, tras un evento que organizó y que llevó por título Jóvenes negras Cambiando Estructuras Sociales (Young Black Women Shifting Social Structures), ella y su conductor fueron baleados y asesinados en su automóvil. Tras su muerte, miles de manifestantes tomaron las calles, muchos de ellos con carteles que insinuaban que había sido asesinada a causa de su activismo.   

Franco no es la primera mujer dedicada a la política en ser asesinada por sus posturas. En los últimos años, las mujeres dentro del ámbito político en todo el mundo han sido víctimas de ataques virtuales, así como de actos de alto perfil de violencia física. Diane Abbott, una prominente parlamentaria de color en el Reino Unido, recibió más de 8,000 tweets agresivos durante las seis semanas previas a las elecciones parlamentarias de 2017. Este es un método frecuente de hostigamiento que enfrentan las mujeres en la política, y que, en algunos casos, ha escalado hasta convertirse en violencia física. Jo Cox, parlamentaria por el Partido Laborista Británico, fue asesinada en 2016; el responsable atribuyó sus acciones a la defensa de Cox respecto de la Unión Europea y las comunidades de inmigrantes. En 2012, la consejera boliviana Juana Quispe, quien había estado ayudando a otras mujeres en la presentación de denuncias de acoso, fue encontrada estrangulada. Angiza Shinwari, una consejera provincial en el este de Afganistán y defensora de los derechos de las mujeres, fue asesinada usando una bomba en 2015.

Si bien algunos podrían sugerir que esta clase de violencia es simplemente el resultado de una mayor representación de la mujer en la política, la investigación sugiere que las mujeres inmersas en el entorno político experimentan violencia por el sólo hecho de ser mujeres, y que tiene características particulares de género: puede ser física (incluso sexual), psicológica o económica; sucede en espacios públicos y privados (incluyendo la violencia doméstica y en Internet); y, es cometida tanto por adversarios políticos como por personas conocidas por las víctimas, ya sea sus parejas íntimas o miembros de sus propios partidos políticos  (Bardall/IFES, 2011). Cabe desatacar que un estudio realizado en 2016 por la Unión Interparlamentaria (UIP) encuestó a 55 mujeres parlamentarias en 39 países, centrándose en sus experiencias dentro de la política y la violencia que pudieron haber vivido. La mayoría de las encuestadas sufrió violencia psicológica: el 65% mencionó haber sido objeto de comentarios humillantes y sexistas; y el 44% informó haber recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro. El estudio también evidenció que estos tipos de violencia contra las parlamentarias tuvieron la intención y el impacto de disuadirlas o inhibir su participación y la de sus colegas mujeres en la política.   

Entre las organizaciones que ya han logrado importantes avances en la comprensión de este campo, y trabajan para mitigar estas tendencias de violencia y acoso, se encuentran a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –ambos miembros de ACE–, y ONU Mujeres. En específico, IFES creó el programa Educación sobre Violencia Electoral y su Resolución (EVER por sus siglas en inglés), con el que recopila datos públicamente verificables de la violencia relacionada con las elecciones. Para seis de las trece elecciones en que se ha instrumentado desde 2003, existen datos desglosados por sexo. Asimismo, con el fin de identificar y abordar los desafíos específicos relacionados con la violencia de género en las elecciones, IFES desarrolló un marco de evaluación, monitoreo y respuesta. Por su parte, ONU Mujeres publicó, en colaboración con PNUD, Prevenir la violencia contra las mujeres durante las elecciones: Una guía de programación[JGAA1] , que proporciona ayuda a los proveedores de asistencia técnica en la identificación y documentación de la violencia contra las mujeres durante las elecciones. Además, el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) lanzó en 2016 un conjunto de herramientas titulado Votos Sin Violencia[JGAA2] , que sirve para ayudar a los grupos de observadores ciudadanos en la recopilación de información sobre la violencia contra las mujeres en cada fase del proceso electoral.

Aunque la investigación sobre la violencia contra las mujeres en la política es, sin duda, prolífica, es necesario recopilar mayor información que permita comprender la naturaleza del problema, particularmente desde una perspectiva comparada. Esta necesidad inspiró la celebración de un taller sobre Violencia Contra las Mujeres en las Elecciones, a cargo del Programa de la Democracia del Centro Carter y el Instituto para las Naciones en Desarrollo de la Universidad Emory, que fue antecedido por una reunión preliminar realizada en 2017 en Uppsala, Suecia. Algunos de los principales académicos en este campo a nivel mundial asistieron al taller, incluyendo a Gabrielle Bardall, Mona Lena Krook, Elin Bjarnegard y Jennifer Piscopo, así como representantes de organizaciones que trabajan en temas de violencia contra la mujer en la política y en asuntos electorales más amplios.

Uno de los objetivos del taller fue el de fomentar la colaboración entre diferentes actores para dimensionar la escala y el alcance de la violencia contra las mujeres en las elecciones, y reflexionar sobre los desafíos para la recopilación y análisis de datos. Por ejemplo, gran parte de la violencia psicológica contra las mujeres ocurre en espacios virtuales, lo que dificulta su estudio debido al gran volumen de amenazas, y al anonimato y privacidad de los responsables. 

Además, la violencia contra las mujeres en la política suele darse en la esfera privada, lo que plantea barreras para la observación. Los participantes también discutieron los roles de los diferentes actores, tanto en la arena electoral como en la de derechos humanos, para enfrentar estos desafíos y proporcionar una comprensión más completa de las experiencias que han vivido las mujeres como candidatas, funcionarias electas, funcionarias electorales, votantes u otro papel electoral. Por ejemplo, las misiones de observación electoral pueden afrontar los desafíos en la recopilación de datos a través de la capacitación de sus integrantes para que formulen preguntas específicas relacionadas con la ausencia de mujeres en los procesos electorales y sus experiencias en cuanto a la violencia política. En este sentido, los observadores y las autoridades electorales pueden desglosar por sexo la información que de por sí recopilan sobre violencia física. Asimismo, las misiones de observación electoral también pueden ser más enfáticos al garantizar que los asuntos de género sean incluidos entre las recomendaciones y los informes de evaluación.

El Centro Carter compartió estas reflexiones y sugerencias en una reunión posterior del Grupo de Expertos sobre Violencia contra las Mujeres en la Política. Dicha reunión fue organizada por ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en colaboración con la UIP y el Instituto Nacional Demócrata –NDI–, y convocada por Dubravka Šimonović, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Las lecciones y recomendaciones compartidas durante esta reunión del Grupo de Expertos son la base del informe temático de la Relatora Especial ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de 2018. La reunión sólo es una pequeña parte del trabajo continuo que ONU Mujeres desarrolla para crear conciencia y moldear las políticas relacionadas con la violencia contra las mujeres en la política.

El impacto de la violencia en las elecciones se reconoce como tema de estudio académico y es atendido con programas específicos, de modo que es fundamental que las formas de violencia que afectan a las mujeres y que tienen un impacto negativo en su participación política, reciban la misma atención por parte de los profesionales y responsables electorales, y por los grupos de observadores. Las instituciones asociadas al Proyecto ACE están entre quienes plantean nuevas rutas a seguir.