Costos del registro de electores

Los aspectos principales relacionados con los costos del registro de electores tienen que ver con el tipo de sistema utilizado para el registro (permanente vs específico — ad-hoc —, automático vs presencial); la institución destinada para estas tareas (el propio OE o una agencia independiente); el grado de flexibilidad en la valoración de los costos (fácilmente identificables contra los costos diferidos). Las siguientes consideraciones conceptuales, que probablemente sean importantes para la adecuada valoración de los costos del registro de electores, provienen de la misión de valoración efectuada por el PNUD en Camboya en agosto de 2004.

Para obtener información sobre los temas cubiertos en esta sección, ver:

• Consideraciones generales sobre el propósito de la lista de electores en comparación con otros registros de población
• Los sistemas de registro de electores desde una perspectiva mundial
• Estándares de calidad de la lista de electores
  
• Administración del costo del registro civil/de electores: experiencias de algunos países

Consideraciones generales sobre el propósito de la lista de electores en comparación con otros registros de población

Las listas de electores son elaboradas con el exclusivo propósito de dejar constancia de la elegibilidad de los electores para votar y facilitar el proceso de votación (a una edad determinada y bajo ciertas condiciones legales), ejerciendo con ello su derecho al sufragio a espacios de tiempo regulares. Las listas de electores son una prueba tangible de certificación, y su calidad y validez se juzgan conforme a su capacidad para servir a ese propósito específico.

Existen otras modalidades registros de población con distintos propósitos: registros civiles, listas de residentes, y distintos documentos de identificación personal (credenciales, pasaportes y licencias de conducir). El número de registros y las ubicaciones institucionales de cada registro varían de país en país, dependiendo de sus tradiciones históricas y legales.

Los registros civiles, que generalmente tienen su base a niveles de gobierno local, tienen el propósito de registrar y certificar los nacimientos, muertes y el estado civil. La certificación por parte del registro civil es la prueba principal de ciudadanía, que en su momento se basa generalmente en la nacionalidad. Los registros civiles ofrecen pruebas de edad —y ambos, la ciudadanía y la edad, son los requerimientos fundamentales para gozar del derecho al voto. De igual manera se compilan otras listas. Las listas de electores no deben considerarse per se como un registro de ciudadanos o de residentes, y por otra parte no están enfocadas ni a ayudar con la identificación de ciudadanos, ni (menos aún) a servir como un recurso para la cuantificación de la población en un determinado país. Esencialmente estos listados son elaborados con el propósito de permitir a los electores, en forma individual, votar únicamente en un determinado distrito electoral y en un centro de votación específico.

En la producción y mantenimiento de la lista de electores, el tipo de vínculo que se espera entre la lista de electores y otros tipos de registros, depende básicamente de dos factores. El primero, la tradición administrativa en la rama legal de un determinado país. Y la segunda, se refiere a las circunstancias especiales bajo las cuales se organiza el registro de electores, la mayoría de las veces en el caso de las democracias emergentes y en situaciones de post-conflicto. En el último caso, los problemas que devienen de un déficit en la existencia de estadísticas poblacionales, registros civiles e identificación de ciudadanos, así como de numerosas poblaciones desplazadas, pueden influir significativamente en los procedimientos por medio de los cuales se lleva a cabo el registro.

En términos generales, el principal vínculo entre la lista de electores y los registros civiles es el requisito de un certificado de nacimiento como prueba de ciudadanía (misma que normalmente es definida por la nacionalidad) y, al menos en primera instancia, un comprobante de domicilio o residencia (el cual regularmente puede ser requerido para la ubicación de los electores en sus respectivos distritos, sitios y centros de votación). Las listas de electores y los documentos personales de identificación son vinculados debido a la necesidad del elector de ser identificado en la urna. Finalmente, el vínculo entre la lista de electores con el censo de población puede encontrarse en el papel facilitador que juega la información censal para la organización inicial del registro electoral, y la desagregación de la lista electoral dentro de cada distrito.

Asimismo, la estadística poblacional puede ser contrastada contra la lista de electores para valorar la magnitud o segmentos por edad de la población que serán elegibles para ejercer su derecho al voto en el presente o en el futuro. Así como para dotar a los ciudadanos o residentes en un país de ciertos documentos personales, tales como las credenciales de identidad nacional, pasaportes o licencias de conducir. Estas actividades con frecuencia son llevadas a cabo por alguna rama administrativa en materia de seguridad, generalmente la policía nacional, por lo que estos documentos se elaboran con propósitos de identificación personal individual.

Una tercera modalidad de registro es el listado de residentes, que puede ser compilado, mantenido y actualizado por autoridades locales en los distritos de las grandes ciudades, distritos, comunas o villas. Estas listas pueden servir para distintos propósitos regularmente relacionados con la prestación de servicios públicos a nivel local, y para proporcionar información a niveles más altos del gobierno para su respectiva acción (por ejemplo, la corrección o actualización de otras listas de ciudadanos sobre las que se requiere información sobre su residencia, como la lista de electores). Finalmente, otro tipo de registro de documentación es la población censal, la cual generalmente es compilada cada 10 años para la elaboración de estadísticas agregadas de la población a diferentes niveles de un país. La información agregada del censo (aunque no información sobre personas en lo particular) tiene muchas y distintas aplicaciones, incluida la definición de los distritos electorales —los cuales se pueden basar en la población—, y la adjudicación de escaños parlamentarios o de consejos locales a distritos, tomando como criterio la población.

Los sistemas de registro de electores desde una perspectiva mundial

El registro de los electores puede ser conducido sobre una base específica (ad-hoc) para una elección en particular u organizado sobre una base permanente con actualizaciones periódicas o como parte de un proceso de actualización continuo. El registro específico se presenta con menos frecuencia, a excepción de las elecciones en contextos post-conflicto. Sin embargo, existen casos excepcionales aún en las democracias establecidas en donde el registro permanente de electores fue instituido recientemente (por ejemplo, Canadá en 1997).

Además, el registro de electores puede ser obligatorio o voluntario para los ciudadanos. Una encuesta global en 124 países llevada a cabo por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) encontró que el registro de electores obligatorio es más común en Europa Occidental, al igual que en Europa Central y del Este. En las naciones de esas regiones, está organizado sobre una base continua, en donde el elector es registrado automáticamente al cumplir los 18 años de edad, sin que medie requisito o solicitud ante autoridad pública alguna. Este sistema está basado en la ciudadanía individual y en la información sobre la edad proporcionada por el registro civil o por los padrones de residentes compilados a niveles de gobiernos locales.

El registro obligatorio no es de amplia difusión en África o Norteamérica. En Sudamérica, las dos prácticas están uniformemente distribuidas. Una vez más, mucho depende de la forma en que están organizados los registros civiles y los registros de residencia.

Los registros de electores permanentes se actualizan constantemente o a intervalos de tiempo específicos, normalmente durante el periodo precedente inmediato a una elección. El registro continuo requiere de una infraestructura adecuada para mantenerlo, ya sea en la administración electoral o en el registro civil. Esto implica la adición de nombres y otra información relevante de las personas que satisfacen los requisitos de elegibilidad (tener la ciudadanía, satisfacer los requisitos de ciudadanía, y contar con la edad necesaria para votar) y la eliminación de los nombres de aquellas personas que por alguna razón no cumplen con tales requisitos (generalmente, originados por deceso o por cambio de residencia).

Los registros continuos son utilizados con mayor frecuencia que los registros periódicos en todas las regiones del mundo, a pesar de la compleja maquinaria y los altos costos en que se incurre. Es importante destacar, no obstante, que el registro de electores llevado a cabo en periodos de registro determinados es en última instancia una operación mucho más onerosa que mantener un registro sobre una base permanente (IDEA, 2002, p. 30).

Estándares de calidad de la lista de electores

Democracia significa gobernado por el pueblo, y el propósito de una lista de electores es registrar a la población elegible para ejercer su derecho al voto. Los siguientes estándares de calidad democrática son de particular importancia:

• Inclusión de los electores aptos. Se debe evitar cualquier acto de discriminación hacia personas que se presumen como oponentes políticos, y se debe ser muy sensible con ciertos sectores de la población que tienden a ser muy  vulnerables al despojo de su derecho a ejercer el voto (mujeres, residentes rurales, personas con bajo nivel de alfabetización, y minorías étnicas).
• Se debe considerar la elaboración de registros electorales exhaustivos y precisos como prerrequisito para el desarrollo de unas elecciones libres y justas (IDEA 2002, p. 33).
• Facilitación de las operaciones de votación. En la estructuración de los registros de electores, los principios rectores fundamentales son la simplicidad de los procedimientos y la comodidad de los ciudadanos. Debido a que el ejercicio de este derecho fundamental está en juego, las autoridades gubernamentales y administrativas no deben entorpecer el ejercicio de este derecho u obstruir el trabajo de las autoridades electorales. Se deben poner en marcha procedimientos administrativos simples y convertir el proceso de registro de los electores en una tarea lo más cómoda posible, por ejemplo al reducir la necesidad de viajar largas distancias y eliminar el pago de fuertes tarifas en estampillas o fotografías, o tener que presentarse en varias ocasiones en los centros de registro (IDEA, 2002, p.25). Estos estándares democráticos requieren que, independientemente de la forma en que se elabora la lista de electores (para una sola elección o como parte de un programa permanente de registro), la lista debe ser publicada por un periodo determinado a efecto de recibir adiciones, correcciones o eliminaciones que quedan a iniciativa de los ciudadanos.

Existen también estándares de eficiencia técnica, como los que se mencionan a continuación:

• Accesibilidad a los electores aptos (esto debe considerarse tanto como un aspecto técnico como un estándar de la democracia).
• Facilidad de uso el día de la jornada electoral. Esto se refiere a la forma en que el listado de electores es desagregado por centro de votación y la habilidad de los electores para encontrar sus nombres en la lista de electores adecuada.
• La actualización de la lista de electores a espacios regulares de tiempo o sobre una base permanente y continua; y
• Un registro limpio, que debería desalentar la doble votación y ayudar a producir estadísticas electorales más precisas. El principal aspecto en este punto son los procedimientos utilizados para la eliminación de registros por fallecimiento, la inclusión de modificaciones motivadas por un cambio de residencia a efecto de que los electores queden registrados en el distrito que les corresponde por el lugar en donde viven, y procesos de revisiones cruzadas para eliminar el registro múltiple de la misma persona.

En virtud de que el logro de la perfección absoluta en casi cualquiera de los registros de población es poco probable, el principio rector de los listados de electores, de acuerdo con IDEA, es que esos procedimientos de registro:

“necesitan encontrar el adecuado equilibrio entre la necesidad de ser riguroso para asegurar la integridad del registro, y la necesidad de ser flexible para proteger el derecho de la población a ser registrado y a emitir su voto” (IDEA, 2002, p. 34).

Administración del costo del registro civil/de electores: experiencias de algunos países

En Australia, las listas de electores son actualizadas automáticamente con la información obtenida del registro civil. Personal de la Comisión Electoral Australiana (AEC) permanentemente procesa información relativa al registro y la introduce dentro del Sistema de Administración del Registro (RMANS, por sus siglas en inglés) a efecto de asegurar la actualización del padrón electoral. En este sistema se incluye información acerca de las personas que recientemente alcanzan la elegibilidad, las que cambiaron su domicilio y las bajas o eliminaciones de electores que han abandonado su lugar de registro, o que han fallecido. El personal asimismo, procesa la información recibida como resultado de las actividades derivadas de la actualización continua del padrón (CRU, Continuous Roll Update).

Los programas de conciliación de datos instrumentados conjuntamente con otros países de la mancomunidad, y con autoridades estatales y territoriales, han apoyado los trabajos de la AEC para confirmar la información detallada sobre el registro de aproximadamente el 43% de las direcciones ocupadas que se pueden registrar sin necesidad de entrar en contacto directo con los residentes.

Asimismo, la AEC proporciona los productos derivados del padrón a los socios que participaron en su elaboración (organismos electorales estatales y territoriales), senadores y miembros del Parlamento, partidos políticos registrados, investigadores médicos, agencias y autoridades de gobierno, y el público. Los costos asociados con las actividades administrativas relativas al registro de electores en 2003-2004 fueron de 58 millones de dólares (en el periodo inmediato anterior a la elección nacional), y el estimado para el ejercicio financiero de 2004-2005 fue de 46 millones.

En Suecia, el registro de electores se compila sobre la base de un registro civil, el cual es actualizado de manera continua por la Agencia Nacional de Impuestos, el organismo que desde 1971 ha sido responsable de mantenerlo actualizado. Previo a cada elección, el OE central adquiere de esta agencia un registro electoral completo, que se genera de la base de datos contenida en el registro civil. El OE central paga a la agencia una cuota por esta información; el monto para el referendo sobre el Euro en 2003 fue de 500,000 coronas ($64,000 dólares). Este monto se calcula sobre la base del número de personas existentes en el registro, con aproximadamente 2-5 öre por persona (1 Corona=100 öre). El OE central recibe el registro de electores en formato electrónico y produce versiones impresas para cada centro de votación. Esto se lleva a cabo mediante el uso de estadísticas y mapas proporcionados por la oficina de Inspección de tierras. El costo derivado de la división e impresión del registro para los centros de votación es equivalente a las 300,000 coronas. Los costos adicionales (casi 13.5 millones de coronas) se deben a la impresión y difusión de las credenciales para votar de los electores aptos.

En España, las listas de electores tienen un carácter automático permanente. Son elaboradas y actualizadas, en lo sustancial, con información basada en los registros civiles y listas de residentes proporcionadas a nivel municipal. Las listas son manejadas en la oficina provincial de la Oficina para el Registro de Electores y posteriormente compiladas a nivel nacional. Las listas fueron actualizadas sobre una base anual hasta 1998, cuando se establecieron las actualizaciones de carácter mensual. Antes de cada elección, las listas de electores se distribuyen a las municipalidades para un periodo de revisión que dura cinco días. Seguido de esta revisión, la Oficina para el Registro de Electores distribuye los listados organizados para cada sitio de votación. Asimismo, las listas son distribuidas entre los partidos políticos, no así para el Ministerio del Interior, quien recibe sólo las cifras agregadas de electores a distintos niveles de gobierno.

Los costos relacionados con la producción y las actualizaciones mensuales de la lista de electores forman parte del presupuesto ordinario del Instituto Nacional de Estadística, el cual ascendió a 200 millones de euros en 2004. Los costos no son oficialmente cuantificados en forma separada dentro de la organización del presupuesto del Instituto, pero pueden ser mayores al 15%. En su momento, el Ministerio del Interior incluye todos los costos relacionados al uso de la lista de electores en periodos electorales (13 millones de euros en 2004).

Esta suma cubre los costos derivados de la reproducción de las listas que serán entregadas a los partidos políticos; los gastos por el envío postal con información a los electores sobre el periodo de revisión efectuado previo a cada elección y sobre sus sitios de votación específicos, y la administración del programa del voto en el exterior. Este exhaustivo esfuerzo explica el porqué los gastos relacionados con el registro de los electores han mostrado el crecimiento más significativo en los últimos cinco años. El Ministerio debe reembolsar estos costos a la Oficina para el Registro de Electores.

España permite el voto en el exterior vía correo postal, tanto dentro del territorio nacional como fuera de sus fronteras (la lista de electores en 2004 consistió de 34'557,370 personas, de los cuales 1.1 millones fueron electores residentes en el exterior). Los electores que residen en el exterior están incluidos en una lista separada de electores, elaborada por la Oficina para el Registro de Electores con información proporcionada por las oficinas consulares españolas. En periodos electorales, las oficinas consulares comparten las tareas administrativas relacionadas con el voto en el exterior con la Oficina para el Registro de Electores.

En primer término los electores solicitan su participación en el programa para el voto en el exterior en la oficina consular; a continuación, la mayoría de las papeletas son enviadas directamente a la comisión electoral local correspondiente, y un número menor es entregado directamente por la oficina consular para su envío en España. Todas las papeletas relativas al voto en el exterior —incluidas aquellas del interior del país— son entregadas a la Comisión Electoral dentro de los tres primeros días posteriores a la jornada electoral, en virtud de que el conteo de votos debe tener verificativo durante el tercer día. Las operaciones sobre el voto en el exterior recientemente han involucrado a más de 600 mil personas al interior del país y 295 mil del exterior, representando el 1.8 y el 0.8 por ciento, respectivamente, del electorado total. El voto en el exterior ha continuado creciendo conforme pasa el tiempo, mientras que el voto por correo dentro del país tiende a permanecer sin cambios (Ramos Vadillo, 2003, Brugarolas Massllorens, 2003).

En Guatemala, los costos del registro de electores representaron el 20 por ciento del total del presupuesto electoral en 2003. Los elevados costos se debieron al método particularmente complicado de actualización de la lista de electores, por el cual ésta y los sitios de votación fueron divididos en dos secciones: actualizados y no actualizados. El proceso de actualización del registro de electores que permitía a los electores votar en una ubicación más cercana a su lugar de residencia resultó en un registro dividido —electores no actualizados y electores actualizados. Esto hizo que la operación entera no sólo fuera más costosa, sino que también dio lugar a muchas confusiones entre el electorado.

Un problema técnico mientras se procesaba la información actualizada de los electores produjo un número desconocido de electores legalmente registrados a quienes no fue posible encontrar en el registro actualizado, y que permanecieron en la lista de no actualizados; el problema se derivó del hecho de que la ley electoral establece que los ciudadanos deben votar en la municipalidad en donde están registrados. La valoración que llevó a cabo la misión de observación electoral de la Unión Europea concluyó que uno de los principales problemas del proceso electoral fueron las deficiencias en la organización de la lista de electores al momento de asignarlos a su respectivo centro de votación conforme a los registros de identificación previamente dados a los casi 2 millones de electores que habían actualizado su registro o se habían registrado por primera vez.

Esta deficiencia fue reconocida como uno de los aspectos más importantes pocas semanas antes del día de la elección, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no pudo enfrentar el problema adecuadamente. En consecuencia, muchos de los electores no pudieron ejercer su derecho al voto, aún cuando el Tribunal decidió permitir el voto sujeto a validación en la primera ronda para los electores registrados cuyos nombres no aparecían en la lista de electores del correspondiente centro de votación (EU Reporte de la EOM, Febrero de 2004).

A pesar de los recientes esfuerzos para mejorar la tasa de registro de electores, se continúan recibiendo reportes reales, e inlcuso legales, sobre la privación del derecho a la emisión del voto en ciertas poblaciones (principalmente residentes rurales y poblaciones indígenas). (López-Pintor y Gratschew, 2002, 37).

En Camboya, los costos relativos al registro de electores fueron parte del presupuesto de las elecciones comunales que rondaron la cifra de $1.0 por elector registrado. En 2003, la actualización de la lista de electores formó parte del presupuesto electoral y representó $0.50 por elector registrado; la actualización del registro permanente en 2004 se estimó en $0.14.

Este es un caso muy representativo en donde los costos del registro fueron bajos comparados con el costo global de las elecciones, en buena medida debido al establecimiento de un registro permanente actualizado automáticamente. El costo de las operaciones de registro de electores para las elecciones comunales incluyó la producción de credenciales de identificación con fotografía para cada elector. El total de las operaciones de registro ascendió a 20 millones de riels ($4.9 millones de dls.), monto que fue incluido en el presupuesto electoral de las elecciones comunales.

Para el año de 2003, Camboya creó un registro de electores permanente basado en la lista de electores utilizada en el 2002 para las elecciones comunales. Las operaciones relativas al registro fueron delegadas a las administraciones comunales, aunque supervisadas muy de cerca por el Comité Nacional de Elecciones (NEC). La operación consistió en la actualización de la lista anterior de electores: aquellos que ya figuraban en la lista no necesitaban ser registrados de nueva cuenta. Sólo a aquellos electores que para ese entonces habían alcanzado la edad para votar o que se habían cambiado de una comuna a otra, se les pidió registrarse. Bajo este nuevo sistema, ninguna credencial fue entregada. Como resultado, el costo total del registro de electores alcanzó los 12 millones de riels ($2.9 millones) y fue incorporado en el presupuesto electoral de 2003.

Para el año de 2004, según lo estipulado por la Ley para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional (LEMNA), la actualización del registro permanente supuso un proceso de registro y revisión anual, aún sin tener elecciones en puerta. El proceso de registro de electores y la revisión de la lista son llevados a cabo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de cada año. Para estas operaciones en el año de 2004, el NEC preparó un presupuesto de 3.7 millones de riels que fue aprobado y proporcionado íntegramente por el gobierno.

Este monto no formó parte del presupuesto electoral. En el futuro, este gasto recurrente puede prepararse bajo una base específica, como sucedió en 2004, o eventualmente se puede integrar como parte del presupuesto ordinario de la NEC. El costo del registro de electores probablemente continuará decreciendo en función de que el procedimiento se vuelva una parte normal de las operaciones administrativas de la comuna. En 2004, se realizaron ahorros en las áreas de capacitación y asistencia directa a los funcionarios de las comunas.

En virtud de que las operaciones relacionadas con el registro ya no son conducidas por el NEC, parte de los costos ahora son directamente absorbidos por los concejos comunales, quienes proporcionan el personal. Aunque la responsabilidad financiera del registro de electores pareció ser “trasladada” a los concejos comunales, el NEC está obligado a proporcionar “una capacitación apropiada, construir capacidades, dotar de instalaciones, suministros y materiales y un presupuesto a la comuna y a sus funcionarios que les permita la instrumentación de estas responsabilidades”. Bajo cualquier circunstancia, estos costos son de por sí más bajos que los que se presentan en un registro periódico. Asimismo, el NEC también otorga incentivos en salarios a los funcionarios comunales por sus responsabilidades administrativas adicionales durante el periodo de actualización anual.

En Haití, al igual que como sucedió recientemente en Guatemala, las operaciones de registro de electores para el año de 2005 serán realizadas con la asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA). De un presupuesto electoral total cercano a los $49 millones, nueve millones se dedicarán a las tareas de registro de electores, entre las que en un contexto ideal se incluirá la posibilidad de crear las bases para un registro civil, hasta ahora inexistente en el país. El proceso global de registro de electores será automatizado, sin que exista ningún registro manual. Todos los electores recibirán una credencial digital que gradualmente reemplazará la credencial nacional de identificación. La OEA tiene planeado establecer 615 oficinas para las actividades de registro (400 centros de registro, 185 oficinas para el registro automatizado, y 30 unidades móviles de registro automatizado).

Los centros de registro serán ubicados en áreas rurales; las oficinas automatizadas en áreas urbanas, y las unidades móviles en las áreas semi-urbanas. El número de centros automatizados será ajustado tanto como sea necesario para llegar a grandes concentraciones de potenciales electores. Se estima que el proceso de registro les llevará cuatro meses (de marzo a junio de 2005). El concepto de operaciones también contempla el establecimiento de aproximadamente 3,200 centros de votación, para lo cual los electores serán informados y asesorados sobre el lugar que les corresponde durante el proceso de registro.

El Consejo Provisional Electoral de Haití y la comunidad internacional de donantes han aprobado este proyecto, y la OEA ya se encuentra en proceso de instrumentarlo.

El gobierno financiará directamente los costos operativos para las 82 personas en las oficinas centrales del consejo electoral. La provisión de $2'017,167 bajo este rubro reflejan la necesidad de contratar oficiales para el registro electoral. De acuerdo a la ley electoral de 1999, cada oficina de registro electoral debe contar con cinco oficiales: un presidente, un vicepresidente, un secretario, y dos oficiales de registro. El salario mensual de los directivos es de $111 aproximadamente, mientras que los oficiales reciben $97 por un periodo de dos meses.

El registro de electores en Afganistán, antes de la elección de 2004 fue particularmente complicado y peligroso. La magnitud del electorado en ese momento era desconocida, y la propiedad de la credencial de identificación estuvo muy limitada entre la población. Por tanto, se instrumentó un ejercicio de registro a nivel nacional, resultando en lo que se ha conocido como una de las más grandes y exitosas iniciativas de registro electoral. Debido a los problemas de seguridad, a todos los centros de registro se les pidió contar con medios adecuados de comunicaciones (teléfonos satelitales en la mayoría de los casos) estar bien protegidos y ser móviles. Se gastó mucho dinero en la adquisición de miles de vehículos, además de en la preparación y puesta en marcha de toda la organización del proceso de registro de una manera computarizada.

Con un presupuesto de $74 millones, el ejercicio del registro de electores fue la actividad más onerosa de todo el proceso electoral. Otros $7.4 millones adicionales se gastaron en el registro de ciudadanos refugiados en Pakistán la semana previa al día de la votación. Desafortunadamente, el registro de electores nunca fue utilizado en los centros de votación el día de la elección, debido a que a los electores se les permitió depositar su voto en cualquier centro de votación dentro del país. El OE tiene aún que decidir sobre la forma de convertir el registro de electores vigente en uno proceso de registro de electores permanente.