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Elecciones y SeguridadIntroducción
Una elección es una competencia por el poder legítimo que puede ser descrita como no violenta y dirimida dentro de un foro político. En este contexto, es importante reconocer que las elecciones no evitan la confrontación, sino que implican su administración y contención dentro de límites aceptados.
En la práctica, la garantía de condiciones de seguridad durante el proceso electoral es esencial para preservar la confianza y el compromiso de los contendientes con la elección. Consecuentemente, la seguridad es tanto parte integral del objetivo de una elección como una parte inseparable del proceso electoral mismo. No hay modelo único de democracia o de elecciones que sea aplicable a todos los países. Cada elección es única y está determinada no sólo por las reglas electorales, sino además por los valores sociales, la política, la religión, la historia y la cultura. De la misma forma, la seguridad de una elección es única en lo que concierne a las circunstancias bajo las que se desarrolla. Lo que está en juego es diferente para cada elección –incluso si se celebra periódicamente en el mismo país- debido a las fuerzas cambiantes que definen el interés nacional y la correspondiente agenda política. Al igual que en una competencia deportiva, la rivalidad entre los adversarios implica su competencia dentro de un conjunto de reglas convenidas, en las que no se permite el uso de la violencia para buscar el triunfo. Siguiendo con esta comparación, el brote de la violencia puede provocar la descalificación de los jugadores (candidatos), de los equipos (partidos políticos), la modificación de los resultados o el abandono de la competencia. En tal virtud, el surgimiento de violencia electoral no es resultado del desarrollo del proceso, sino señal de una desviación grave de las reglas aceptadas que lo rigen.
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Principios de Elecciones y SeguridadLa organización y conducción de unas elecciones creíbles demandan el apego a ciertos principios y derechos, que en la práctica, imponen retos significativos para lograr una seguridad efectiva, estos incluyen:
Para operar efectivamente dentro de estos requerimientos electorales, las fuerzas de seguridad necesitan guiarse por sus propios principios, como: Basarse en los derechos y la equidad Los participantes de las elecciones deben ser tratados en forma equitativa tanto por las fuerzas de seguridad como por los funcionarios electorales. La respuesta que se tenga ante cualquier acción debe ser consistentemente razonable y proporcionada, no puede estar influenciada por factores arbitrarios, tales como la afiliación política. Las elecciones son un mecanismo por medio del cual las personas tienen la posibilidad de ejercer sus derechos humanos, civiles y políticos. Los protocolos de seguridad deben reconocer y tomar en cuenta estos derechos, así como la gran sensibilidad y estricta vigilancia que se debe ejercer para el respeto de estos derechos durante un periodo electoral. Soberanía nacional Las elecciones son un proceso soberano. Sin embargo, en algunas circunstancias, como cuando se acaba de salir de un conflicto o en elecciones de transición, las fuerzas de seguridad nacionales pueden necesitar fortalecerse mediante el apoyo de fuerzas internacionales. Así, en la medida de lo posible la seguridad de las elecciones debe descansar en el manejo y control de una autoridad nacional, esto con el objetivo de reflejar el cuidado de la soberanía y evitar acusaciones de injerencia internacional. Además se cuenta con la ventaja de que las fuerzas de seguridad locales son más sensibles a los usos y costumbres y por consiguiente pueden estar mejor preparadas para interpretar y responder a las amenazas que surjan. Estrategia Las elecciones se planean normalmente con 18 ó 24 meses de anticipación al día de las votaciones, su planeación es un ejercicio muy amplio que requiere de varias actividades de organización y preparación. Las fuerzas de seguridad (policías y/o militares) rara vez poseen suficientes recursos fijos para garantizar la seguridad de una elección y realizar simultáneamente sus actividades regulares. Es esencial una planeación integral y estratégica entre las instituciones electorales y las de seguridad para dar prioridad a la asignación y coordinación de los recursos necesarios. Actuación imparcial y no partidista Para ser efectivas, las fuerzas de seguridad deben evitar cualquier situación que pueda provocar reclamos de actuación partidista. Si se detecta que las fuerzas de seguridad actúan a favor de alguna de las partes, en vez de evitar tensiones pueden aumentarlas y debilitar su función en el proceso. Durante el periodo electoral (especialmente durante el periodo de campaña) las acciones de seguridad normales pueden llegar a ser objeto de un análisis que adquiera dimensiones políticas. En la política en general, y en las elecciones en particular, la percepción es tan importante como la realidad. Por ello, los encargados de administrar la seguridad deben considerar activamente las dimensiones políticas y preservar la imparcialidad no sólo en términos reales sino también en la percepción pública. Flexibilidad y eficiencia Los procesos electorales pueden enfrentar cambios de última hora para afrontar condiciones políticas, operacionales o legales que se presenten en el camino. En primera instancia, la planeación de la seguridad debe incluir una variedad de planes de contingencia así como recursos que aseguren cierta flexibilidad. Un ejercicio eficiente de planeación puede permitir que se identifiquen con claridad las restricciones que se tiene en términos de recursos y capacidades para hacer frente a los desafíos de seguridad y así informar oportunamente a los tomadores de decisiones sobre las alternativas disponibles para responder ante las circunstancias que pueden presentarse. La eficiencia de estas operaciones, tanto la provisión oportuna de los servicios de seguridad requeridos como la capacidad de respuesta ante los cambios, es un importante indicador para crear confianza en los electores. Transparencia y rendición de cuentas En los operativos de seguridad siempre existe una tensión entre lo que “se necesita dar a conocer” de las políticas de seguridad y lo que es de interés público. En periodos electorales, la publicidad de esas políticas siempre favorece el interés público, permite reconocer la importancia y el valor de la transparencia. En casos en los que sea necesario proteger la información, se pueden adoptar medidas extraordinarias de rendición de cuentas que otorguen las pruebas y justificación necesarias después del evento. En este contexto, la transparencia también se refiere a la expansión de los mecanismos de consulta con los grupos políticos, la sociedad civil y otras organizaciones, para asegurar que el papel y las funciones de las fuerzas de seguridad son bien conocidos durante el proceso. Una cita favorita de este autor es ‘La mejor solución operativa rara vez es políticamente viable’. En varios casos, las dimensiones políticas de una elección pueden crear obstáculos para tomar decisiones sencillas de seguridad. Esta característica de los procesos electorales subraya la potencial frustración que puede surgir en la relación entre los oficiales de las elecciones y los de seguridad. Finalmente, una solución operativa no puede considerarse deseable si no responde a las condiciones políticas. Esta discordancia enfatiza la fuerte necesidad de tener buena comunicación entre las fuerzas de seguridad y las instituciones electorales. Análisis de las amenazas a la seguridad de una elecciónLa naturaleza misma de las elecciones vulnera una serie de amenazas a la seguridad en contra de participantes, infraestructura, información y materiales. Es importante realizar un análisis efectivo de la seguridad de una elección que aborde información y experiencia en varios campos. Lograr un alto nivel de comunicación y coordinación entre los organismos responsables de la administración y la seguridad en una elección es una ventaja significativa. Ni el análisis de la seguridad y la planeación pueden ser efectivas si la comunicación y coordinación se dan sólo en el periodo inmediato que antecede al inicio del proceso electoral, ni depende solamente de estrategias reactivas. Anticipar y prevenir los riesgos a la seguridad mitigando su impacto o probabilidad de incidir, es un esfuerzo estratégico tanto de las autoridades electorales como de las encargadas de la seguridad. Los procesos electorales están constituidos por una serie compleja de subprocesos interdependientes, que por lo general incluyen: la delimitación de distritos, la educación cívica, la educación al votante, el registro de electores, el registro de partidos políticos, la designación de candidatos, el período de campaña, la conducción de las mesas de votación, el escrutinio de los votos, la resolución de disputas y el anuncio oficial de los resultados. Con excepción de la delimitación de distritos (que generalmente tiene lugar como parte del censo de población de cada diez años), estos subprocesos suceden de alguna forma dentro de cada ciclo electoral. Cada subproceso puede tener diferentes tipos de amenazas, influenciadas por: la forma particular de llevarse a cabo, la influencia de la intersección entre el subproceso y las circunstancias específicas de cada elección. Además, las condiciones circunstanciales de una elección pueden alterar rápidamente el proceso, esto puede requerir que en forma expedita se vuelvan a priorizar o se invaliden los supuestos de seguridad iniciales. En consecuencia, el análisis de las amenazas y los riesgos es una tarea continua a lo largo del proceso electoral y no una simple acción ya realizada. Los tipos de amenazas a la seguridad probablemente se incrementan en una elección en particular debido a la influencia de aspectos, tanto circunstanciales como estructurales, del proceso electoral. El diseño estructural del proceso electoral, tal como el tipo de sistema electoral, puede fomentar o determinar ciertas amenazas. Por ejemplo, un sistema electoral que utiliza un solo distrito a nivel nacional (en el que las fronteras nacionales forman la única circunscripción electoral) y que permite a los electores emitir su voto en cualquier mesa de votación, no tiene incentivos directos para que los electores se vean obligados a moverse dentro del territorio –debido a que independientemente del lugar en el que se emite el voto, éste se cuenta en el resultado final. Por otro lado, este tipo de sistemas puede promover que los electores elegibles en el extranjero se vean obligados a cruzar las fronteras nacionales, pues de otra forma no pueden participar. En términos de seguridad, este escenario refleja el incremento de un riesgo estructural, por las operaciones del control de las fronteras durante el registro electoral y las etapas de la participación en la elección. Los aspectos circunstanciales de cada elección, y de cada etapa del proceso electoral, determinan el nivel y prioridad del riesgo relacionado con cada una de las diferentes amenazas. Por ejemplo, en la segunda ronda de votaciones para elegir a un presidente (la final entre dos candidatos en competencia), el peligro de asesinato político representa un riesgo significativamente mayor que en una elección de cientos de parlamentarios para una asamblea. De igual forma, si una elección se lleva a cabo como parte de un acuerdo de paz después de un conflicto, se tiene un perfil de riesgos distintos que el de una elección en un país con una historia intacta de elecciones democráticas. Una metodología para investigar el perfil de riesgos de una elección radica en identificar los activos críticos de la misión (personal, infraestructura, información y materiales), sin los cuales ésta no podría llevarse a cabo en bueno términos. Además, la estructura específica y los aspectos circunstanciales de una elección determinan en qué fase del proceso un activo se vuelve crítico, y destacan, si éste puede cambiar entre los subprocesos. Algunos procesos electorales, por su naturaleza, pueden estar mejor capacitados para adaptarse a cierto tipo de ataques. Por ejemplo, la destrucción de las cajas que contienen las papeletas, en las mesas de votación después de llevarse a cabo la votación, puede o no inhabilitar a las autoridades electorales para producir los resultados de la elección. El impacto de este tipo de ataques puede variar significativamente dependiendo de un rango de factores tanto estructurales como circunstanciales. Distinguir las ‘misiones críticas’ de las amenazas ‘recuperables’ es un paso clave en la construcción del perfil de riesgos de una elección y en la determinación de prioridades. Como telón de fondo de los retos a la seguridad regulares, hay varias amenazas nuevas que han surgido en los últimos años. Entre éstas se incluyen el terrorismo internacional y el crimen organizado. Terrorismo internacional Es bien conocido en el ritual la democracia que las elecciones despiertan amenazas de parte de diferentes grupos, cuyas motivaciones pueden no tener conexión con los objetivos nacionales de una elección. Como lo han demostrado sucesos recientes, el terrorismo internacional tiene la capacidad y motivación para llevar a cabo “ataques espectaculares” con el objetivo de impulsar sus propias agendas. La intensificación de la cobertura en los medios durante una elección hace de este periodo algo altamente visible, por lo que se vuelve una oportunidad atractiva para que ocurran este tipo de ataques. Crimen organizado Las tensiones políticas que crecen durante una elección ofrecen a los grupos del crimen organizado una oportunidad atractiva – al mismo tiempo que se dificulta enormemente la habilidad de las autoridades para diferenciar entre la violencia motivada por razones políticas y la promovida criminalmente. Paradójicamente, un grupo que comete ofensas con motivos políticos puede intentar que sus acciones sean interpretadas como meramente criminales, mientras que los grupos con motivaciones criminales pueden tratar de esconder sus acciones detrás de una fachada política. O algo de mayor preocupación, los intereses políticos y criminales pueden llegar a convergir sobre lo que puede resultar de un conflicto, por ejemplo, en países donde los grupos criminales organizados secuestran individuos, pueden intercambian algún rehén a cambio de una cantidad de dinero con el objetivo predefinido de que algún grupo político consiga propaganda pública. Es necesario que en cualquier parte del análisis de las amenazas a la seguridad se subrayen las precauciones en la forma de procurar la seguridad. Como se anotó anteriormente en los principios, tanto la imparcialidad y la acción no partidista como la transparencia y la rendición de cuentas son guías importantes de la seguridad electoral. Elegir métodos y temas guía para la recopilación de información, durante un periodo electoral, puede ser sensible de interpretarse como algo con intención política y generar reacciones violentas. Tal como, poner mayor énfasis en los procedimientos de control y balance puede representar una importante salvaguardia del proceso analítico durante las elecciones. Actores de la seguridadDesde una perspectiva general, los servicios de seguridad se pueden dividir en tres tipos principales: estáticos (por ejemplo, la protección de los centros de almacenamiento, de los centros de recepción de votos o de las oficinas electorales) móviles (por ejemplo, la protección del equipo de trabajo encargado del registro electoral y los sitios de concentración pública de las campañas) y reservados (por ejemplo, las fuerzas de contingencia que apoyan a las fuerzas estáticas o móviles, en la medida en que se requiere). Dentro de estas tres categorías generales, hay una gran variedad de tareas a realizar por las fuerzas de seguridad y dependen de capacidades significativamente diferentes (en términos de habilidades y cantidad de elementos necesarios) así como de varias autoridades legales. En varios casos, la designación de estas tareas se realiza pensando en el “mejor capacitado” para cada función (esto implica una división laborar entre varias instituciones de seguridad o empresas contratadas), aunque pueden estar limitados por condiciones legales, financieras y políticas.  Legalmente, la designación de las responsabilidades de seguridad de una elección a las instituciones varía significativamente en cada país del mundo. En varios casos, las fuerzas policíacas tienen la responsabilidad principal de la seguridad de la elección, debido a las limitaciones constitucionales impuestas para el despliegue de fuerzas a nivel interno y el uso de las fuerzas militares. En algunos países, utilizar a las fuerzas militares está rotundamente prohibido y se requiere que el personal uniformado permanezca en su cuartel el día de las elecciones. En otros países, los militares están involucrados totalmente, pero deben hacerlo bajo circunstancias especiales, como en el caso de que el director del organismo electoral asuma temporalmente la responsabilidad del cargo de Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. En otras partes, las fuerzas policíacas pueden tener la capacidad de utilizar personal y equipo militar a través de provisiones legales regulares (tales como la creación de comisiones). Los acuerdos financieros para llevar a cabo los servicios de seguridad pueden llegar a ser objeto de controversia entre las autoridades encargadas de la seguridad y las electorales. Este tipo de controversias (que en algunos casos tienden a crecer) se originan principalmente por los altos costos asociados con la gran escala de operaciones necesarias, por los costos que incurren debido a correcciones tardías, y por el dilema de quién debe asumirlos, si los costos son parte del proceso electoral (y entonces deben ser asumidos por el organismo electoral) o si es una función de las fuerzas de seguridad (y entonces deben ser parte del presupuesto de las fuerzas de seguridad). La solución a este problema depende de los acuerdos formales del gobierno en un país en particular, pero también influye la habilidad de parte de las instituciones de seguridad y las electorales de identificar en forma oportuna el problema, dentro de la etapa de planeación estratégica, y para encontrar una solución mutuamente satisfactoria. Las limitaciones políticas pueden afectar la designación de las tareas particulares de las fuerzas de seguridad durante el periodo electoral. Si un actor determinado de las fuerzas de seguridad ha sigo objeto de controversias por su actuación sesgada y parcial, utilizarlo en algunos aspectos del proceso electoral puede ser contraproducente en el objetivo de ganar la confianza de los participantes. Por ejemplo, en circunstancias posteriores a conflictos, involucrar a las fuerzas de seguridad estatales que participaron en el conflicto puede crear un nivel de desconfianza tal que puede ser mejor obtener planes de seguridad alternativos. Particularmente, en escenarios posteriores a conflictos, especialmente si los militares y las fuerzas policíacas están sufriendo reformas muy importantes, paralelamente a los procesos electorales, el despliegue de estas fuerzas puede actuar en detrimento no sólo de la elección, sino de las reformas institucionales. Los actores que brindan seguridad en un proceso electoral no se limitan a las instituciones de seguridad formales. Los partidos políticos, los grupos de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los medios de comunicación y los grupos de observadores electorales pueden tener influencia para crear un medio ambiente seguro a través de varios mecanismos. Los partidos políticos pueden acordar entre ellos Códigos de Conducta que guíen el comportamiento de sus partidarios y candidatos. Los grupos de la sociedad civil y las Organizaciones No Gubernamentales (nacionales e internacionales) pueden llevar a cabo campañas de información, debates públicos o utilizar otro tipo de estrategias para contribuir a la disminución de las tensiones políticas. El trabajo de los medios de comunicación también puede seguir un Código de Conducta que los disuada de realizar reportes especulativos innecesarios, que pueden incrementar las tensiones políticas. Finalmente, los observadores electorales también pueden ayudar mitigando la intimidación y otro tipo de amenazas al proceso, con la sola virtud de su presencia y el escrutinio del proceso. Medidas especiales de seguridad electoralPara incrementar la seguridad durante una elección han evolucionado varias medidas en diferentes países. La aplicación de estas medidas varía dependiendo de las circunstancias particulares de cada región. A continuación se muestra una lista no exhaustiva de las medidas o aspectos especiales que deben considerar los funcionarios encargados de la seguridad y las elecciones: Centro coordinador de operaciones El establecimiento de un centro coordinador de operaciones ha llegado a ser de las características comunes de los esfuerzos de organización de las operaciones electorales y las de seguridad. Normalmente, este centro se establece algunos meses antes de la elección, está compuesto por representantes de varias instituciones y actúa como un nexo para actividades tales como intercambio de información, planeación, dirección y monitoreo del proceso electoral. Capacitación especializada en la seguridad Se refiere al desarrollo y puesta en marcha de un programa de capacitación para los funcionarios encargados de la seguridad de una elección. Normalmente, este paso se refuerza con la distribución de ‘Manuales Electorales’ al personal de las fuerzas de seguridad – donde se esbozan los puntos centrales del proceso, las expectativas que se tienen sobre su comportamiento en él y las autoridades legales encargadas. De igual forma, se brinda capacitación al personal electoral, en ésta se recomienda hacer hincapié en el papel y la integración del personal de seguridad en sus actividades. Zonas libres de armas Durante el registro, las campañas, el día de las votaciones y el escrutinio, deben entrar en vigor provisiones legales especiales para crear “zonas libres de armas”, en y alrededor de los sitios en los que se llevan a cabo dichas actividades. Por lo general, las únicas personas que pueden portar armas dentro de estas zonas son parte del equipo de seguridad debidamente autorizado. Coordinación de los mítines políticos
“Periodo de reflexión” después de la campaña Varios países establecen un “periodo de reflexión” entre el final del periodo de campaña y el día de las elecciones. Este periodo de reflexión tiene la intención de reducir la retórica política y las tensiones entre los partidos opositores, para que sus respectivos partidarios vayan a votar tranquilamente a los mismos centros de votación. Componentes de seguridad en los medios de comunicación Durante el transcurso de una elección, las fuerzas de seguridad pueden llegar a ser objeto de campañas de desinformación. Estas campañas tienen el objetivo de mal informar a los electores sobre el papel, comportamiento o credibilidad de las fuerzas de seguridad. En primera instancia, una campaña proactiva de información puede orientarse a dejar claro el papel de las fuerzas de seguridad en el proceso, esto disminuye los intentos de emprender campañas de desinformación. En circunstancias reactivas, se recomienda que las fuerzas de seguridad tengan la capacidad de responder con rapidez y efectividad ante los cuestionamientos de los periodistas y la desinformación en los medios de comunicación. Expansión de las redes de comunicación Los sistemas de comunicación efectiva se reconocen como una “fuerza multiplicadora” de la funcionalidad. Para una elección, esto asegura que tanto los funcionarios de seguridad como los electorales tengan equipo de comunicación apropiado e interoperabilidad en los puntos centrales –incrementa significativamente la responsabilidad y eficiencia, y evita los malos entendidos. Coordinación y reuniones consultivas de seguridad En ciertas circunstancias, puede ser necesario que los oficiales de seguridad se coordinen y consulten con las comunidades locales para explicar su papel en las elecciones. Las reuniones pueden ser muy productivas con respecto a aliviar las preocupaciones que pudieran surgir pues ofrecen la oportunidad de intercambio de expectativas. Si posteriormente es necesario, un punto central de seguridad fiable (o equipo) puede ser nombrado como el canal para atender los temas relacionados con la seguridad de la elección. Se recomienda enormemente que si este tipo de iniciativas se realizan, los representantes de las autoridades electorales estén directamente involucrados para evitar mensajes inconsistentes. Reglas de responsabilidad o uso de las fuerzas policiales Las fuerzas de seguridad por lo regular cuentan con una política marco que contiene las ‘Reglas de responsabilidad” o “Política del uso de las fuerzas” para guiar las acciones del personal en circunstancias específicas. Por lo regular, estas políticas guían a las fuerzas de seguridad sobre qué acciones son consideradas como respuestas confiables y proporcionales ante ciertos tipos de amenazas. Durante una elección, puede ser necesaria una revisión a estas políticas para enfatizar las situaciones en donde las fuerzas de seguridad pueden caer en la trampa de cometer acciones que posteriormente pueden ser politizadas. En caso de que la institución electoral contrate proveedores de seguridad, el modelo sobre el uso de la fuerza debe estar claramente esbozado en el contrato. Código de conducta Como se ha mencionado anteriormente, varios tipos de grupos, como los partidos políticos y los medios de comunicación pueden contar con un Código de Conducta que guíe su comportamiento durante las elecciones. Las fuerzas de seguridad también pueden contar con un Código de Conducta para administrar el comportamiento de su personal durante las elecciones. Equipo de investigación Independientemente del foro en el que una disputa electoral puede tener lugar, la habilidad para investigar rápida y efectivamente los hechos ocurridos es esencial para disminuir la incertidumbre. El nivel de conocimiento que se adquiera a través de investigar competitivamente para cualquier alegato, puede en sí mismo, detener el aumento de disputas maliciosas o frívolas. Reunir a un equipo de investigación competente, imparcial y creíble puede despejar y desactivar previamente disputas innecesarias. Las medidas aquí esbozadas ofrecen un ejemplo del rango de soluciones a la seguridad que puede considerarse durante un proceso electoral. La conveniencia o pertinencia de ciertas medidas, o su combinación, debe evaluarse través del análisis de las amenazas y durante la etapa estratégica de planeación. ConclusiónLas elecciones son una potente herramienta para disminuir los conflictos y crear los medios para encontrar soluciones negociadas. En tanto que una elección es un medio pacífico que busca resolver entre otras cosas las divisiones sociales, políticas, étnicas, religiosas y económicas, es un periodo en el que aumentan las tensiones. La seguridad es dominante en este proceso y pueden afectar tanto la legitimidad real como la percepción de los resultados de las elecciones. Un ambiente seguro con bases equitativas para los participantes en las elecciones es fundamental para asegurar su compromiso en el proceso, y por extensión, es el objetivo de una elección en sí misma. Si una elección motiva o no que un conflicto salga de la violencia, o genera conflicto, está fuertemente influenciado por la integración de prácticas y políticas de seguridad efectivas, dentro del proceso electoral. ColaboradoresEste Tema complementario fue escrito por Sean Dunne en diciembre de 2006. Sean Dunne realizó la licenciatura en Tecnologías de la información en la Universidad Central de Queensland, Australia, y la Maestría en Política en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Dunne tienen experiencia en responsabilidades legales y militares, y desde 1999 ha sido Oficial de Asuntos Políticos de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas. Ha estado involucrado en los procesos electorales de más de 20 países alrededor del mundo, varios de ellos en contextos posteriores a conflictos o en circunstancias de transición. Los puntos de vista expresados en este artículo pertenecen únicamente al autor. Estos no necesariamente reflejan la posición de las Naciones Unidas, ni implican la aprobación de la organización. |
Bajo las provisiones relevantes de la Ley y el Orden Público, los encargados de la seguridad y de las elecciones pueden requerir que los partidos políticos registren la fecha, horario y lugar de sus mítines de campaña. Bajo estas condiciones los funcionarios pueden organizar los horarios y asegurar que no surjan conflictos derivados del empalme o proximidad de dos mítines opositores. Probablemente, esto en algunas circunstancias puede interpretarse como una restricción al derecho de libertad de asociación, sin embargo, estos límites pueden justificarse si la ley y el orden público se encuentran en riesgo.
