El monitoreo del proceso por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales, que actúan como observadores independientes, es una herramienta esencial para promover la integridad electoral. Estos grupos abarcan un amplio espectro de organizaciones y otros grupos de la sociedad civil; incluyendo grupos de ciudadanos locales y nacionales, redes de ciudadanos, organizaciones de los derechos humanos, asociaciones estudiantiles, organismos profesionales y grupos religiosos.[1]

Normalmente, las organizaciones promotoras recolectan información de sus equipos de observadores, analizan el significado de sus hallazgos y evalúan la calidad de los procedimientos de la elección y del proceso electoral en general, y publican sus conclusiones y recomendaciones. Los observadores nacionales bien organizados pueden ser guardianes muy efectivos de la integridad de la elección, especialmente en países en transición. Las actividades de los observadores nacionales fomentan la transparencia y la responsabilidad por parte de la administración electoral, y pueden ayudar a infundir confianza pública en la integridad del proceso electoral. Los códigos de conducta para los observadores fijan estándares éticos y profesionales para la observación de las elecciones.

Un ejemplo importante del monitoreo nacional fue el de las elecciones de Kenia de 1997, para las cuales las organizaciones de la sociedad civil entrenaron a más de 28,000 observadores nacionales; y estuvieron en casi 12,600 centros de votación y en cada estación de conteo de votos. Su presencia generalizada también alentó la participación electoral.[2]

En Indonesia, más de 600,000 observadores nacionales cubrieron las elecciones de 1999 y contribuyeron a garantizar la integridad de los resultados electorales a través de su exhaustivo monitoreo del conteo. A pesar de esto, la Comisión General Electoral de Indonesia se rehusó a acreditar al Comité de Monitoreo Independiente de las Elecciones (KIIP) para las elecciones presidenciales del 2004; debido a la publicación de un reporte de observación sobre las elecciones legislativas previas sin contar con la aprobación de las autoridades electorales.[3] Algunos países impusieron severas restricciones al reconocimiento de la observación nacional organizada. En las elecciones presidenciales de 2004 en Ucrania, la ley limitó la observación nacional a los representantes de los candidatos. Aun así, el Comité de Electores de Ucrania desplegó miles de observadores acreditados como periodistas. No obstante, en dicha capacidad, los observadores no estaban autorizados a recibir copias de los documentos electorales o a pedir que estos documentos se hicieran públicos.[4]

En las elecciones parlamentarias de 2005 en Etiopía, el organismo electoral limitó el acceso de los observadores nacionales, acción que fue impugnada ante la Suprema Corte. La Corte falló contra el organismo electoral, pero la decisión no fue otorgada sino hasta el día antes de la elección, cuando ya era demasiado tarde para que los observadores nacionales llevaran a cabo sus actividades de monitoreo a gran escala.

En Rumania se evitaron cuestiones similares en 1996, durante las históricas primeras elecciones nacionales del periodo posterior a Ceausescu. Las denominadas ONG “fantasmas”, con frecuencia habían interferido en las actividades relacionadas con la legitimidad de las elecciones rumanas. (Se les denomina así, a las ONG que están registradas ante el Ministerio de Justicia pero que aparentemente están inactivas la mayor parte del tiempo – algunos creen que cuentan con el apoyo del antiguo servicio de seguridad, Securitate).

La Asociación Pro-Democracia (APD), una ONG bien establecida, había dedicado considerables esfuerzos organizacionales a los planes de desplegar alrededor de 10,000 observadores el día de la elección. De acuerdo con la ley electoral, sólo se podía admitir un observador independiente en cada sitio de votación, de ser necesario, por sorteo. Conforme se acercaba el día de la elección, varias ONG fantasmas buscaban la acreditación de sus “observadores”, los cuales desplazarían a los observadores reales y truncaban el proceso de obtener la acreditación para un gran número de observadores legítimos.   

Con la asistencia de IFES, la Oficina Central Electoral de Rumania (BEC, por sus siglas en inglés) encontró una solución para abordar las cuestiones logísticas y legales. Las organizaciones que pretendieran acreditar observadores, debían presentar sus nombres en una base de datos. En el Palacio de la Prensa, se llevó a cabo un sorteo informático en varias etapas, a través del cual el sistema combinaba las bases de datos y asignaba un observador a cada sitio de votación disponible. En caso de existir múltiples solicitudes para un solo centro, la acreditación del observador se trasladaba al siguiente sitio numéricamente disponible.  (Por fortuna, en Rumania, los números de los sitios de votación se asignan en serie geográficamente; de tal manera que un observador no estaría en mucha desventaja al tener que ir al siguiente sitio de votación).

En caso de que los “observadores” de las ONG fantasmas no se presentaran el día de la elección, como ocurría en el pasado, también se estableció que los observadores que no recibieran acreditación durante el sorteo se les asignara como “suplentes”. (Si el observador acreditado no se presentaba en el sitio de votación al momento en que tenían que llegar los oficiales de la elección, el suplente podría reclamar la acreditación).

El sistema – implementado por programadores voluntarios muy talentosos – funcionó sin problemas, a pesar de que las organizaciones fantasmas no presentaron datos precisos. Para el proceso, la APD pudo acreditar a más de 10,000 observadores en el último minuto utilizando la red ferroviaria del país. La imparcialidad de estas elecciones fue muy elogiada, en gran parte debido a la presencia de los observadores y a la cobertura de una prensa enérgica.[5]

Beneficios de la observación nacional

En algunos casos la presencia de observadores internacionales es indispensable - por ejemplo, en elecciones en países que requieren fuerzas de mantenimiento de la paz o que están pasando por una transición difícil, o donde los grupos apartidistas de la sociedad civil son virtualmente inexistentes o no funcionan. Sin embargo, a largo plazo, la formación de grupos nacionales que sean aptos para monitorear elecciones, sin asistencia externa, es una parte esencial del desarrollo democrático.

Los observadores electorales nacionales tienen ventajas importantes sobre los observadores internacionales: pueden acudir de manera masiva; conocen la cultura política, el idioma y el territorio. Por consiguiente, son capaces de ver muchas cosas que podrían pasar inadvertidas para los observadores extranjeros.[6]

Los grupos nacionales de monitoreo suelen estar mejor equipados que los observadores internacionales para llevar a cabo ciertos tipos de monitoreo especializado, de manera efectiva. Como por ejemplo, la verificación del registro electoral, el monitoreo de los procesos de quejas, la documentación de los casos de intimidación y violación de los derechos humanos, y el monitoreo de los medios de comunicación. Además, a diferencia de los observadores internacionales, las organizaciones cívicas nacionales tienen un rol importante que desempeñar al instrumentar los programas de educación cívica y promover la reforma de la ley electoral.[7]

Acreditación de los observadores

Los observadores y monitores pueden funcionar con más eficiencia si son acreditados oficialmente por los organismos electorales. La acreditación les otorga acceso a lugares electorales clave. Pueden crearse problemas de integridad si los procedimientos o requerimientos de la acreditación son usados para limitar el número de observadores o para negar el acceso a ciertos grupos de observadores y monitores. Si el procedimiento toma demasiado tiempo y no se puede completar antes del día de la elección, o si la acreditación es selectiva, el proceso perderá credibilidad y el organismo electoral será acusado de estar escondiendo algo.

La mayoría de los sistemas electorales establecen los requisitos de elegibilidad de los observadores y monitores en las leyes o procedimientos electorales. Por ejemplo, con frecuencia la ley exige que las ONG que proponen la acreditación de observadores, tengan plasmados como propósitos en sus estatutos a la democracia, los derechos humanos y/o las elecciones. Además, el OE puede tener la autoridad de evaluar a las organizaciones solicitantes en términos de su desempeño anterior, no sólo de su registro legal. Los requisitos objetivos y sencillos para las ONG que busquen su estatus de observadoras, pueden contribuir a minimizar problemas como la discriminación o el favoritismo.

En ocasiones, se incorporan condiciones de comportamiento a sus requisitos de elegibilidad. Estas se usan, generalmente, para excluir a las personas que se consideran antidemocráticas o a aquellas que puedan amenazar la paz. En Sudáfrica, por ejemplo, la acreditación se otorga sólo a los observadores que defenderán las condiciones propicias para una elección libre y justa; incluyendo la imparcialidad y la independencia sobre cualquier partido político o candidato que contienda en la elección, la observación competente y profesional, y el cumplimiento del código de conducta para los observadores.

Problemas de seguridad y observación nacional

En países que atraviesan por una transición difícil o que salen de un conflicto, los observadores nacionales pueden ser sujetos de intimidación y/o amenazas. Esta situación puede afectar la habilidad de los observadores de viajar, observar libremente y reportar sobre la información recolectada sin auto censurarse o temer a represalias. Por ejemplo, un reporte sobre las elecciones nacionales de 1998 en Camboya señalaba que “las amenazas, intimidación y violencia fueron desafíos abrumadores para los observadores de Camboya durante el proceso electoral de ese año. Ninguno de los grupos sugirió que su habilidad para hacer públicas las declaraciones estaba comprometida por el ambiente político. Ellos notaron, sin embargo, que la intimidación afectó su habilidad para recolectar información sobre el proceso y que las amenazas influían en los reportes...recibidos por los observadores".[8]