Podría parecer que la actividad educativa dista bastante de las funciones tradicionales de los organismos electorales, a saber, preparar y ocuparse de los requisitos logísticos que conllevan unas elecciones. Sin embargo, se trata de una esfera que acapara cada vez más atención porque se reconoce la existencia de un nexo directo: “Para que unas elecciones sean democráticas y se desarrollen correctamente, los votantes deben entender sus derechos y responsabilidades, y deben contar con la información y los conocimientos necesarios para emitir votos que sean legalmente válidos y participar en el proceso electoral de manera significativa”[i]. Estos desafíos y oportunidades pueden agudizarse después de los conflictos. De hecho, no proporcionar la información necesaria para que la participación en las elecciones sea plena y oportuna, “podría constituir, por omisión, una limitación no razonable del ejercicio de los derechos electorales conexos”[ii].

Al hablar de la educación en el contexto de los procesos electorales, se ponen de relieve dos conceptos diferentes aunque estrechamente relacionados. En primer lugar, existe la noción de “educación electoral” más directamente relacionada con la información que los organismos de administración electoral facilitan a los votantes acerca de los aspectos técnicos de unas elecciones, como el modo de registrarse para votar o el de emitir el voto. La “educación cívica”, por otra parte, puede entenderse como un concepto más amplio que abarca la mejora del conocimiento del que dispone la población sobre de las características y los principios relacionados con el gobierno, por ejemplo el sistema político.

Con frecuencia, el propósito de las campañas de educación cívica y de educación electoral no es puramente informativo, sino que también se pretende incrementar la participación en las elecciones en general, y, más concretamente, la concurrencia de votantes, mediante el estímulo y el incentivo —no obstante, algunas leyes electorales prohíben este objetivo de manera específica—. Es fundamental que las campañas de educación cívica y de información a los votantes respeten los principios de objetividad, transparencia, igualdad, pluralismo y neutralidad de las autoridades electorales. Algunos ordenamientos jurídicos incluyen la prohibición explícita de utilizar las campañas de información a los votantes y de educación cívica para inclinar la balanza en favor de un candidato o partido político específico. En un marco jurídico de tales características, una de las funciones de los organismos de administración electoral es regular las campañas de información y educación cívica que lleva a cabo el gobierno, con el fin de evitar la parcialidad, y los actos que pudieran perjudicar el interés público o el funcionamiento habitual de los servicios públicos.

Dado que la institucionalización y reglamentación de los procesos electorales es cada vez mayor, la actividad de educación electoral está adquiriendo prominencia entre los organismos electorales. Aunque los programas de educación electoral se dirigen a todos los votantes, deberían prestar especial atención a los grupos históricamente marginados o desfavorecidos. “Es muy probable que cualquier medida especial no se considere discriminatoria, ya que respaldaría el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos de los grupos que sufren discriminación, o la han sufrido en el pasado”[iii]. Asimismo, se suelen concentrar esfuerzos en los grupos de baja participación, como los jóvenes.

A efectos de asegurar la participación libre de votantes cualificados en elecciones auténticas, es fundamental contar con un programa de educación electoral sólido. Esta iniciativa, no obstante, “es más eficaz cuando se vincula con un programa de educación cívica que pone las elecciones en contexto y proporciona a los votantes una explicación del propósito de las elecciones, los aspectos que abarca y la importancia que tienen”[iv]. El sistema escolar es una de las principales vías de educación cívica. La preparación de los jóvenes debe comenzar antes de que alcancen la edad para votar con el fin de que entiendan los conceptos que un día se plasmarán al ejercer su derecho de voto.

Informar y educar a los votantes implica, asimismo, una participación electoral más amplia en los procesos electorales, pero la participación de los votantes es un fenómeno complejo en el que entran en juego numerosas variables, como recoge el informe del organismo electoral del Canadá (Elections Canada) en el sitio web Canada’s Democracy Week 2012: “Los estudios realizados en el Canadá, los Estados Unidos y Australia revelan que la educación cívica repercute positivamente en los factores clave relacionados con la participación electoral, como los conocimientos sobre política, el interés, las actitudes, la participación cívica y la intención de voto”[v]. Así, la educación en el marco de una cultura democrática se vuelve cada vez más necesaria. Requiere el desarrollo de una cultura política en la que todos los miembros de una comunidad, desde una edad temprana, conozcan y asimilen los valores democráticos que los ciudadanos deben compartir y difundir. Por tanto, las autoridades electorales deben desempeñar un papel significativo en la educación, junto con las partes interesadas habituales, como la familia, los colegios y los lugares de reunión.

A medida que los organismos electorales adoptan un papel cada vez más activo en la educación electoral y cívica, es, sin duda, importante que se proporcionen fondos suficientes con objeto de ofrecer una programación adecuada que se mantenga a lo largo del tiempo. En algunas jurisdicciones del Canadá, por ejemplo, se financia la educación electoral de manera expresa mediante la disposición directa de la tesorería sin necesidad de contar con un voto de habilitación. Sin embargo, siempre que existan consideraciones presupuestarias, puede ser valioso complementar los esfuerzos de los organismos electorales con el apoyo de iniciativas afines del ámbito público y privado, los partidos políticos, y las organizaciones no gubernamentales e internacionales que desempeñan un papel fundamental[vi]. Los órganos de administración deben, no obstante, tomar la iniciativa, ya que son los únicos cualificados para brindar al votante información técnica, creíble e imparcial de manera oportuna, según se requiera.

Otro modo de estimular la eficiencia en este ámbito es divulgar las mejores prácticas y las lecciones extraídas. En este sentido, se está llevando a cabo un destacable estudio de carácter transnacional acerca de la educación cívica —Estudio sobre educación cívica (Civic Education Study, CIVICED)—, bajo el auspicio del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Universidad de Montreal (Canadá), que se espera que concluya en 2012. El estudio se basa en los cuestionarios completados por especialistas en educación cívica de más de 35 países con objeto de recopilar una base de datos que sirva como recurso para investigadores, encargados de la formulación de políticas, educadores y académicos de todo el mundo[vii].

Los marcos jurídicos están reconociendo cada vez más el papel que desempeñan los organismos de administración electoral en la educación electoral. Las autoridades electorales no solo disponen de las competencias técnicas para añadir valor a la educación electoral, sino que, además, tienen la obligación inherente de contribuir a una iniciativa tan relevante que puede terminar reflejándose en la participación política.

[i] Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Women & Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections [Las mujeres y las elecciones: Manual para promover la participación de las mujeres en las elecciones] (Naciones Unidas, 2005), p. 56

[ii] Merloe, Patrick, Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections: An NDI Guide for Developing Election Laws and Law Commentaries [Promoción de marcos jurídicos para las elecciones democráticas: Una guía del NDI para la formulación del derecho electoral y comentarios a la legislación] (Washington D. C.: National Democratic Institute for International Affairs [NDI], 2008), p. 15

[iii] Democracy Reporting International (DRI) y el Centro Carter. Strengthening International Law to Support Democratic Governance and Genuine Elections [La consolidación del derecho internacional en aras de la gobernabilidad democrática y las elecciones genuinas] (Berlín [Alemania] y Atlanta, Georgia [Estados Unidos], 2012), p. 39

[iv] ONU, Women & Elections [La mujer y las elecciones], p. 60

[v] Elections Canada, The Impact of Civic Education on Voter Turnout [La repercusión de la educación cívica en la participación electoral]. Disponible en el sitio web de Canada’s Democracy Week 2012

[vi] ONU, Women & Elections [La mujer y las elecciones], p. 59

[vii] Elections Canada, The Impact of Civic Education on Voter Turnout [La repercusión de la educación cívica en la participación electoral]