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Mandato en materia educativa

¿Es necesaria la educación electoral?

Las elecciones son disputadas por los partidos políticos, y en algunos países por candidatos respaldados por organizaciones públicas o por grupos de votantes. Son administradas por las autoridades electorales.

¿Bajo qué circunstancias y con qué derecho se involucran los educadores en este proceso aparentemente simple? Después de todo, es un proceso que emprenden adultos que, presumiblemente, están seguros de lo que quieren, y tienen la sofisticación necesaria para sobrevivir en el contexto sociopolítico en el cual se llevan a cabo las elecciones.

Sin embargo, un argumento simple y obvio es el de diseminar información al público sobre la forma como se conducirán las elecciones. Aún en democracias establecidas con una tradición de elecciones periódicas, los votantes requieren de información.

Quienes votan por primera vez, los ancianos, los analfabetas y las personas con necesidades especiales estén entre los grupos prioritarios a recibir educación. Cambios en el uso de tecnología electoral, como por ejemplo, la introducción de las pantallas táctiles, o en los procedimientos electorales, como el voto por correo, necesitan un esfuerzo generalizado de educación electoral. Un aumento en el número de candidatos o partidos políticos que se presentan en una elección, así como un incremento en el número de iniciativas públicas sobre las cuales se pide a los votantes que tomen una decisión, pueden complicar el diseño de la papeleta de votación.

La confusión de la "papeleta mariposa" que se utilizó en Palm Springs, Florida, durante las elecciones de 2000 muestra la necesidad de llevar a cabo una educación electoral adecuada, incluso en las que podrían considerarse circunstancias idóneas.

La necesidad de educación electoral es aún mayor en entornos de transición y de post-conflicto que están pasando por procesos de cambios sistémicos, legales y de procedimiento radicales y donde el derecho al voto puede ser más extenso.

Pero cuál es el mandato para una educación más extensiva que recalque la importancia de las elecciones, no sólo en época electoral sino como una iniciativa duradera. Eso es más difícil de responder.

Hay personas que argumentan que la educación electoral puede importunar y ser objeto de abuso, de manera que debiera ser excluida por completo del proceso electoral.

Un creciente compromiso hacia la educación al votante

El creciente mandato para la educación electoral es consecuencia de gran variedad de fuentes. Los principios internacionales que están surgiendo apoyan la diseminación de la democracia y la extensión del sufragio universal a todas las personas. Las elecciones, por supuesto, son parte integral de este movimiento. De manera que, en este contexto, la educación al votante asegura que los ciudadanos comprendan sus derechos electorales y sean capaces de ejercitarlos.

Sumado a lo anterior, los mandatos legislativos establecen funciones claras para las autoridades electorales. Hay una creciente tendencia a creer que las autoridades electorales deberían proveer no sólo información pública sino también educación para asistir a los votantes a ejercitar su responsabilidad cívica al votar.

El mandato define las directrices de la educación electoral

Establecer un mandato permite que los educadores se centren en los objetivos apropiados para las sociedades particulares y los procesos electorales en los cuales están operando.

En algunos casos, el mandato para la educación electoral puede ser establecido a través de una legislación o por orden ejecutiva. Por lo general, los mandatos legislativos son conferidos a las autoridades electorales o entidades que reciben fondos públicos para la realización de la educación electoral. El mandato de la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia para participar en una amplia actividad de educación electoral y de formación, por ejemplo, fue concedido por una orden ejecutiva que ligó tales actividades con la instrumentación y cumplimiento de la legislación de derechos de voto aprobada en 1994.

Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, el mandato de llevar a cabo actividades de educación electoral es, por lo general, establecido a través de sus documentos de incorporación, estatutos y declaraciones de misión. La declaración de misión, en particular, articula las necesidades que la organización ha sido creada para atender, identifica la clientela a servir, y explica brevemente la forma en que la organización va a hacerlo.

Una institución pública u organización de la sociedad civil puede tener un mandato amplio o limitado. Puede limitarse a la sola realización de actividades de educación electoral, o llevarlas a cabo como parte de un mandato más amplio en educación cívica o de promoción pública.

Cuando se crea un mandato, ya sea como resultado de una legislación, orden ejecutiva, o por la aprobación de una declaración de misión, es necesario asegurar el conocimiento del público y su apoyo, así como de establecer la legitimidad de una educación electoral. La adopción de tales medidas aumenta las perspectivas de éxito de los esfuerzos de educación electoral.

Lo cierto es que una elección suscita una multitud de asuntos sobre quiénes pueden estar interesados en obtener educación y más información. Los educadores, por lo general, usan las elecciones como plataforma para ampliar la comprensión de las personas frente a temas sociales, económicos y políticos generales. Pueden incluso utilizar esta oportunidad para intentar mejorar las habilidades organizacionales de las personas. Todos estos son aspectos importantes de la educación para una democracia funcional.

No obstante, los educadores deben enfocarse. Necesitan operar en un ambiente claramente definido. El desarrollo de mandatos tanto generales como específicos, por lo tanto, es fundamental para definir el enfoque.