Desde una perspectiva general, los servicios de seguridad se pueden dividir en tres tipos principales: estáticos (por ejemplo, la protección de los centros de almacenamiento, de los centros de recepción de votos o de las oficinas electorales) móviles (por ejemplo, la protección del equipo de trabajo encargado del registro electoral y los sitios de concentración pública de las campañas) y reservados (por ejemplo, las fuerzas de contingencia que apoyan a las fuerzas estáticas o móviles, en la medida en que se requiere).
Dentro de estas tres categorías generales, hay una gran variedad de tareas a realizar por las fuerzas de seguridad y dependen de capacidades significativamente diferentes (en términos de habilidades y cantidad de elementos necesarios) así como de varias autoridades legales. En varios casos, la designación de estas tareas se realiza pensando en el “mejor capacitado” para cada función (esto implica una división laborar entre varias instituciones de seguridad o
empresas contratadas), aunque pueden estar limitados por condiciones legales, financieras y políticas.
Legalmente, la designación de las responsabilidades de seguridad de una elección a las instituciones varía significativamente en cada país del mundo. En varios casos, las fuerzas policíacas tienen la responsabilidad principal de la seguridad de la elección, debido a las limitaciones constitucionales impuestas para el despliegue de fuerzas a nivel interno y el uso de las fuerzas militares.
En algunos países, utilizar a las fuerzas militares está rotundamente prohibido y se requiere que el personal uniformado permanezca en su cuartel el día de las elecciones. En otros países, los militares están involucrados totalmente, pero deben hacerlo bajo circunstancias especiales, como en el caso de que el director del organismo electoral asuma temporalmente la responsabilidad del cargo de Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. En otras partes, las fuerzas policíacas pueden tener la capacidad de utilizar personal y equipo militar a través de provisiones legales regulares (tales como la creación de comisiones).
Los acuerdos financieros para llevar a cabo los servicios de seguridad pueden llegar a ser objeto de controversia entre las autoridades encargadas de la seguridad y las electorales. Este tipo de controversias (que en algunos casos tienden a crecer) se originan principalmente por los altos costos asociados con la gran escala de operaciones necesarias, por los costos que incurren debido a correcciones tardías, y por el dilema de quién debe asumirlos, si los costos son parte del proceso electoral (y entonces deben ser asumidos por el organismo electoral) o si es una función de las fuerzas de seguridad (y entonces deben ser parte del presupuesto de las fuerzas de seguridad).
La solución a este problema depende de los acuerdos formales del gobierno en un país en particular, pero también influye la habilidad de parte de las instituciones de seguridad y las electorales de identificar en forma oportuna el problema, dentro de la etapa de planeación estratégica, y para encontrar una solución mutuamente satisfactoria.
Las limitaciones políticas pueden afectar la designación de las tareas particulares de las fuerzas de seguridad durante el periodo electoral. Si un actor determinado de las fuerzas de seguridad ha sigo objeto de controversias por su actuación sesgada y parcial, utilizarlo en algunos aspectos del proceso electoral puede ser contraproducente en el objetivo de ganar la confianza de los participantes. Por ejemplo, en circunstancias posteriores a conflictos, involucrar a las fuerzas de seguridad estatales que participaron en el conflicto puede crear un nivel de desconfianza tal que puede ser mejor obtener planes de seguridad alternativos.
Particularmente, en escenarios posteriores a conflictos, especialmente si los militares y las fuerzas policíacas están sufriendo reformas muy importantes, paralelamente a los procesos electorales, el despliegue de estas fuerzas puede actuar en detrimento no sólo de la elección, sino de las reformas institucionales.
Los actores que brindan seguridad en un proceso electoral no se limitan a las instituciones de seguridad formales. Los partidos políticos, los grupos de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los medios de comunicación y los grupos de observadores electorales pueden tener influencia para crear un medio ambiente seguro a través de varios mecanismos.
Los partidos políticos pueden acordar entre ellos Códigos de Conducta que guíen el comportamiento de sus partidarios y candidatos. Los grupos de la sociedad civil y las Organizaciones No Gubernamentales (nacionales e internacionales) pueden llevar a cabo campañas de información, debates públicos o utilizar otro tipo de estrategias para contribuir a la disminución de las tensiones políticas.
El trabajo de los medios de comunicación también puede seguir un Código de Conducta que los disuada de realizar reportes especulativos innecesarios, que pueden incrementar las tensiones políticas. Finalmente, los observadores electorales también pueden ayudar mitigando la intimidación y otro tipo de amenazas al proceso, con la sola virtud de su presencia y el escrutinio del proceso.
