Elecciones y Medios de comunicación

Índice de Elecciones y Medios de comunicación

Cuestionario de Elecciones y Medios de comunicación

Los medios de comunicación son esenciales para las elecciones democráticas. Una elección libre y justa no se trata solamente de votar en las condiciones adecuadas, sino que también es necesario contar con información relevante sobre los partidos, las políticas, los candidatos y el propio proceso electoral, a efecto de que los electores estén en condiciones de hacer una selección informada. Por lo tanto, hablar de una elección democrática sin que exista libertad en los medios de comunicación sería una contradicción.

No obstante, la paradoja está en que, para asegurar esa libertad, es necesario cierto grado de regulación. Por ejemplo, habría que establecer que los medios gubernamentales, cuyos fondos provienen de los recursos públicos, estén en la obligación de brindar una cobertura justa y un acceso equitativo a los partidos de oposición. A los medios, con frecuencia, les estaría restringida la publicación de informes —sobre encuestas de opinión o resultados preliminares— antes de que todos los votos hubieran sido emitidos.

Cuando se habla de medios de comunicación masiva —a menudo denominados simplemente "los medios"—, en general se suele hacer referencia a la prensa escrita y a las emisoras de radio y televisión. Ahora bien, en los últimos años, esa definición puede haberse ampliado para abarcar la Internet en sus diversas formas y otras nuevas vías de distribución electrónica de noticias y entretenimiento, como el servicio de mensajes cortos a teléfonos móviles.

La principal preocupación es el derecho que tienen los electores a obtener información completa y exacta, aunque este no es el único derecho en cuestión. Los partidos y candidatos tienen derecho a utilizar los medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes al electorado, mientras que los medios tienen derecho a informar libremente y a indagar acerca de todo el proceso electoral. Este control es, en sí, una garantía adicional de gran importancia contra la interferencia o la corrupción en la gestión de la elección. El organismo electoral (OE), por su parte, tiene la necesidad crucial de brindar información a los electores —y a otros muchos grupos, incluidos los partidos políticos y los propios medios de comunicación.

La relación del OE con los medios de comunicación, por lo tanto, es bastante compleja. Existen, por tanto, tres tipos de relaciones que el OE puede llegar a establecer con los medios de comunicación:

• Como regulador: el OE podría, en ocasiones, ser responsable del desarrollo y/o aplicación de los reglamentos que rigen el comportamiento de los medios de comunicación durante las elecciones (en particular, en lo que se refiere al acceso directo de los partidos políticos y los candidatos a los medios de comunicación). También podría ser responsable de ocuparse de las denuncias contra los medios.
• Como comunicador: el OE, invariablemente, querrá utilizar los medios para hacer llegar sus propios mensajes al electorado.
• Como fuente de noticia: el OE atraerá la atención de los medios durante todo el proceso electoral, y estarán interesados en la información que pueda proporcionarles. Al mismo tiempo, es probable que analicen el desempeño del OE y la eficiencia e integridad de las elecciones.

 

Panorama general de Elecciones y Medios de comunicación

Resulta una obviedad decir que los medios de comunicación cumplen una función esencial para el debido funcionamiento de la democracia. Las discusiones sobre las funciones de los medios usualmente se enfocan en su papel de "vigías": por su indiscutible escrutinio y examen de los éxitos o fracasos de un gobierno, los medios pueden informar al público sobre el efectivo desempeño de sus representantes y ayudan a la rendición de cuentas de sus actos. Sin embargo, los medios de comunicación pueden cumplir una función más específica, como la de posibilitar una plena participación pública en las elecciones, no sólo informando sobre el desempeño del gobierno, sino de muchas otras formas:

• orientando a los electores sobre como ejercer sus derechos democráticos;
• informando sobre el desarrollo de las campañas;
• ofreciendo una plataforma para que los partidos políticos difundan su mensaje entre el electorado;
• permitiendo que los partidos debatan entre sí;
• supervisando el escrutinio de los votos y anunciando los resultados;
• Examinando el propio proceso electoral con el fin de evaluar su equidad, eficiencia y probidad.

Los medios no constituyen la única fuente de información de los electores, pero en un mundo dominado por las comunicaciones masivas, son ellos los que determinan la agenda política, incluso en los rincones del mundo menos desarrollados. Así, por ejemplo, el acceso a los medios y la cobertura de las elecciones se han convertido en un criterio básico para los grupos de observación electoral, para juzgar si las jornada electorales son o no. Al mismo tiempo, el monitoreo de los medios durante los períodos electorales se han convertido en una práctica cada vez más común, empleando una combinación de técnicas de  análisis estadísticos, del discurso y de estudios para medir la equidad de la cobertura de los medios.

A grandes rasgos hay tres áreas de cobertura electoral de las elecciones que realizan los medios de comunicación. Cada una opera de acuerdo con principios diferentes y requiere un rol distinto diferente del organismo de supervisión electoral.

Cobertura Editorial

 Esta área, en general, se refiere a la cobertura todos los aspectos de noticias, artículos, asuntos de actualidad y opiniones que se encuentran bajo el control editorial de los propios medios. Al margen de algunas áreas limitadas - como el  reporte prematuro de resultados o las restricciones para difundir encuestas de opinión antes del inicio de la votación, la función del organismo de supervisión reside exclusivamente en facilitar la libre operación de los medios.

Cobertura del Acceso Directo

Existe una enorme variedad de posibles para regular la propaganda política o la cobertura de acceso directo gratuito. Esto se refiere a la porción de la cobertura electoral que se encuentra bajo control de los partidos o candidatos mismos. Puede existir la obligación de que algunos sectores de los medios divulguen ese tipo de material, pero siempre habrá una serie de condiciones que tendrán que acatar si así lo hacen.

Los debates entre candidatos y las entrevistas en mesa redonda, que cada vez son más comunes en la cobertura de los medios, se ubican en un punto entre estas dos categorías, y en algunos casos pueden estar sujetos a ciertas regulaciones que no son aplicables al material editorial ordinario.

Educación electoral

Esta área temática no trata en detalle los asuntos relativos a la educación electoral, la cual es tratada  a detalle en otro apartado. Sin embargo, especialmente en nuevas democracias las jóvenes democracias, los medios masivos de comunicación pueden ser una herramienta vital no sólo para informar a los electores sobre temas y candidatos electorales, sino también para diseminar información básica sobre cómo votar y para qué sirve el voto. Al igual que el acceso directo, la educación electoral puede estar sujeta a estrictas normas para garantizar su imparcialidad.

Esta área temática está concentrada fundamentalmente en la responsabilidad de los  organismos electorales de desarrollar un marco normativo de las actividades de los medios de comunicación durante los períodos electorales y fomentar su libertad. Sin embargo,  lo anterior también puede ser de gran valor para otros actores, como los partidos políticos y los periodistas o comunicadores mismos.

Esta sección comienza con la revisión de los principios básicos: el papel de los medios en la democracia y el desarrollo de jurisprudencia internacional y comparada sobre medios de comunicación y elecciones. También examina como los distintos niveles de desarrollo económico y pluralismo en los medios y los diferentes estándares profesionales afectan la naturaleza y calidad de la cobertura electoral por los medios.

La parte central de este tema es el examen de los distintos modelos de marco normativo o regulador para los medios durante las elecciones, abarcando desde una comisión electoral independiente hasta una agencia reguladora especializada, como lo puede ser una comisión de telecomunicaciones, un consejo voluntario o una instancia para quejas y denuncias. Asimismo se repasan las distintas obligaciones de los medios impresos y de los medios electrónicos, así como las de los medios privados y las de los públicos.

El área temática examina las formas en que los organismos electorales pueden desarrollar sus propias estrategias de comunicación a fin de que puedan comunicar sus mensajes, a través de los medios de comunicación, entre otras vías. Se estudia el modo de definir los mensajes y las audiencias y, a continuación, identifica técnicas adecuadas de los medios para transmitir estos mensajes. En él se examinan las tareas de los organismos electorales en las distintas etapas del proceso electoral, desde el periodo de pre-campaña de la educación electoral, a través de la campaña en sí, hasta el día de votación, el escrutinio, y el anuncio de los resultados.

Asimismo, explora las técnicas básicas y las formas de monitoreo de los medios durante una campaña electoral. En él se esbozan metodologías cuantitativas y cualitativas y se examina cómo el monitoreo de los medios de comunicación ha sido utilizado por los organismos electorales, las organizaciones no gubernamentales, y misiones de observadores internacionales.

La sección final del tema examina  el reportaje de la campaña desde la perspectiva de los mismos medios de comunicación. Considera cuestiones de planificación y capacitación para cobertura de las elecciones y examina diversas cuestiones éticas y prácticas que la cobertura del proceso electoral planeta.

Principios guía de Elecciones y Medios de comunicación

El principio guía que mejor ilustra el papel de los medios de comunicación en las elecciones es aquel que postula que sin libertad y pluralismo en los medios la democracia no es posible. Este principio ha sido subrayado en las decisiones de diferentes tribunales internacionales. Recientemente, , dicho cambio ha sido afirmado categóricamente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, quien formuló una serie de medidas que los gobiernos deben poner en práctica para garantizar la libertad de los medios de comunicación durante las elecciones.

Existen diferentes dimensiones de la libertad de los medios que son relevantes en las elecciones:

• Libertad frente a la censura.
• Libertad frente a ataques o interferencias arbitrarias.
• Libertad de acceso a la información necesaria.
• Una pluralidad de voces en los medios.

La última de ellas es especialmente importante. Con frecuencia se interpreta  como que los medios deben poseer  una diversidad de intereses, que resulte en un "mercado de ideas". Esto es importante, pero sólo es un aspecto. Para los países que van dejando atrás un gobierno autoritario, caracterizado por un férreo control estatal sobre los medios, garantizar el pluralismo dentro de los medios estatales puede ser igualmente importante. Esto se debe a que con frecuencia es sólo una cadena nacional de telecomunicaciones controlada por el gobierno la que tiene la capacidad de llegar a todos los segmentos del electorado.

A fin de garantizar que los medios públicos o estatales no están, en la práctica, controlados por el gobierno, puede ser necesaria una clara disposición reglamentaria. Esto constituye la paradoja central de la administración de los medios durante las elecciones - la frecuente necesidad de establecer un complejo sistema regulador con el objetivo de permitir que los medios operen libremente y sin interferencias.

Existen tres conjuntos vinculados de derechos:

• el derecho de los electores a hacer una elección plenamente informada.
• el derecho de los candidatos de presentar sus políticas.
• el derecho de los medios de comunicación para informar y expresar sus puntos de vista sobre asuntos de interés público.

Por supuesto, estos derechos, que son esencialmente todos los aspectos del derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aplican en todo momento, y no sólo cuando hay una elección pendiente. Pero es la propia formalidad del proceso electoral - el hecho de que se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos claramente establecidos en la ley – lo que ha estimulado el interés de aquellos que se ocupan de cuestiones de libertad de prensa.  Hasta que punto el respeto a la libertad de prensa y el pluralismo durante un periodo electoral puede ser  un buen indicador del respeto de la libertad de expresión en general - en sí misma una condición previa esencial para una democracia que funcione. Por el contrario, una elección puede ser una oportunidad ideal para educar tanto a las autoridades sobre su obligación de respetar y fomentar la libertad de prensa,como a los medios de comunicación en su responsabilidad de apoyar el proceso democrático.

En cuanto a las relaciones con los medios de comunicación desde la perspectiva del organismo electoral, otros dos importantes principios entran en juego: la transparencia y la confidencialidad.

• La transparencia significa que las operaciones del organismo electoral está abierto al escrutinio público y, por tanto, a la rendición de cuentas.
• La confidencialidad significa que la seguridad de las operaciones del organismo electoral está protegida contra los que no tienen acceso a la información  confidencial y que pueden poner en peligro la integridad del proceso electoral.

Es evidente que, en la práctica, estos principios pueden entrar en conflicto. Una transparencia y confidencialidad total son claramente incompatibles. Sin embargo, establecer la prioridad de estos principios en un caso concreto puede ser menos difícil de lo que pueda parecer. Es casi siempre cierto que los planes y actividades del OE deben estar abiertos al escrutinio público. Será cierto, sin excepción, que la votación debe ser secreta. Los casos que quedan entre estos son probablemente pocos.

Contexto de Elecciones y Medios de comunicación

Desde que existen los medios de comunicación estos han reportado sucesos políticos, pero en la mayoría de las regiones del mundo su papel central en las elecciones constituye un desarrollo muy reciente.

En muchos países, las elecciones libres son en sí mismas un fenómeno novedoso. En varios países de África y Asia que alguna vez estuvieron bajo poder colonial, las elecciones libres y soberanas constituyen un acontecimiento que data de la segunda mitad del siglo XX, mientras que para algunos países del antiguo bloque soviético  son experiencias mucho más recientes. Incluso los países de Europa Occidental y América Latina se democratizaron plenamente pocos años antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando extendieron el derecho al voto a las mujeres. Estados Unidos terminó de derogar todas las limitaciones al derecho al voto en los años 60.. La tradición democrática de América Latina fue opacada por una historia de dictaduras militares, particularmente entre las décadas de 1960 y 1980, un acontecimiento que fue replicado en muchos países de África y Asia.  Algunos países, particularmente en Europa y Norte América, tuvieron una vigorosa libertad de prensa incluso cuando el sufragio estaba limitado. Otros Estados desarrollaron medios independientes solo a medida que lucharon por establecer un sistema de gobierno popularmente elegido.

Europa, América del Norte y América Latina desarrollaron una teoría de los medios como un "cuarto poder",  lo que les confirió un rol fiscalizador de las actividades de los gobiernos.  Este enfoque se ha ido incorporando de manera creciente a la legislación internacional, aunque en la práctica no se ha llegado a cumplir ese ideal. Generalmente, laprensa independiente evoluciona a la par del desarrollo más amplio de las libertades políticas.

Hasta un pasado relativamente reciente, la prensa escrita era el único medio masivo de comunicación Dicho medio de comunicación tenía un alcance limitado, debido a que el alfabetismo era privilegio de unos cuantos.. Por tanto, el desarrollo de las telecomunicaciones provocó una revolución en la comunicación de las ideas políticas a una audiencia masiva. Todavía en muchos casos el alto potencial de la radio y la televisión resultaba intimidante para muchos administradores de telecomunicaciones. La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) aplicó una "regla de 14 días" que prohibía la cobertura de cualquier asunto que fuera a ser debatido en el Parlamento durante las dos semanas previas. No fue sino hasta 1951 que se transmitieron las primeras imágenes de elecciones partidistas. Los bloqueos obligatorios en la cobertura de las elecciones durante los días previos a la votación que subsisten en países como Francia, constituyen una reliquia de aquellos tiempos, cuando los medios parecían hacer extraordinarios esfuerzos para no influir en los resultados de la elección.

Los tiempos han cambiado. Ahora  es aceptable que las elecciones contemporáneas  sean dominadas por la televisión, un acontecimiento que tiene sus orígenes alrededor de 1960, fecha del primer debate histórico por televisión entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Pero esta percepción sólo es parcialmente precisa. La mayoría de la población mundial no mira televisión, porque carece de electricidad o porque no cuenta con un aparato receptor.  Lo anterior no es un fenómeno característico de las dictaduras,  ya que la mayor democracia en el mundo es la India. En esos países la radio sigue siendo el medio de comunicación más importante.

Pero incluso en aquellos países en que la televisión domina el debate político, éste ha sido un fenómeno muy reciente. En muchas naciones de Europa Occidental, las transmisiones comerciales solo fueron legalizadas en la década de 1980 y la cobertura televisiva de las elecciones sigue estando altamente regulada, como un legado de los largos años de control estatal sobre las telecomunicaciones.

A pesar de la "globalización" y de los “especialistas políticos” mucho de lo que se transmite en los medios durante épocas electorales será fácilmente reconocible para una generación previa de electores, acostumbrados a un estilo de campaña política a través de reuniones y asambleas públicas. La tradición estadounidense de propaganda pagada en televisión, derivada de las técnicas más sofisticadas de publicidad (cuyas agencias se ubican en Madison Avenue, NY), es muy importante, pero no es la dominante a escala mundial. La tradición europea de transmisiones más reguladas todavía goza de muy amplia aceptación, sobre todo en épocas electorales. Esto tiende a favorecer a los mensajes y debates políticos más prolongados frente a los destellos de  breves eslogans políticos.

De acuerdo con un afamado teórico, "el medio es el mensaje". Pero no hay duda que durante las elecciones una variedad de diferentes tipos de mensajes son comunicados a través del mismo medio. Los debates más célebres en la historia electoral estadounidense fueron los sostenidos por Kennedy y Nixon en 1960 y entre Lincoln y Douglas un siglo antes. Aquel fue el precursor de la era de elecciones televisadas. Pero lo más sorprendente es que las similitudes entre ambos debates fueron mayores que sus diferencias.

Lo que queda por ver es el impacto a largo plazo de los acontecimientos más recientes en tecnología de medios. La Internet ha transformado la forma en que se informa sobre las elecciones. Se ha terminado, por ejemplo, la práctica de "suspensión de noticias" o "períodos de reflexión", ya que opera en gran medida fuera del alcance de los organismos reguladores. Pero si la mayoría de la población del mundo todavía no tiene aparatos de televisión, aún menos tienen computadoras personales. El impacto preciso sobre la cobertura de las elecciones está aun por verse.

Potencialmente aún más importante es el papel futuro de la telefonía móvil como un medio de información. En muchas partes del mundo, el acceso a los teléfonos ha saltado una generación tecnológica. Muchas personas relativamente pobres que no tienen una línea de teléfono tienen un teléfono móvil. Los mensajes de texto ya han sido utilizados en campañas políticas y para la distribución de noticias. La próxima etapa, que ya se está desarrollando rápidamente, es el uso de "Podcastingo dela radiodifusión de archivos audio y vídeo.

Probablemente ningún otro aspecto de la administración de elecciones esté más determinado por el contexto social y político como el funcionamiento de los medios de comunicación. Ésto, básicamente, se puede apreciar en dos dimensiones interrelacionadas:

• El nivel de desarrollo económico y social del país, con sus implicaciones para las estructuras, la propiedad y audiencia de los medios.
• La experiencia con que cuenten los medios en reportar elecciones democráticas - y con qué tanta libertad han contado en el pasado.

Se ha convertido en habitual el hablar de la globalización de la información. De igual forma, muchos lamentan la "americanización" de las campañas electorales, refiriéndose al uso de lustrosas imágenes televisivas con escaso contenido sustantivo. Pero aunque estas opiniones aparentemente proceden de distintas perspectivas, se basan en el mismo presupuesto: que ciertos tipos de medios y ciertos tipos de lenguajes de campaña prevalecen en todo el mundo, peroeso dista mucho de ser cierto. Debido a la pobreza, grandes grupos de electores no tienen acceso a la televisión. Muchos otros están imposibilitados de leer los diarios por una combinación de pobreza y falta de educación (aunque de manera sorprendente, la lectura de diarios es mayor que el acceso a la televisión en muchos países del sub-Sahara en África). Por lo que si bien no hay duda que el orden informativo esta más globalizado que en el pasado, más que cuando Marshall McLuhan acuñó el término de "aldea global" en los años 60, las particularidades nacionales todavía eran muy importantes, y en ningún momento lo son más que durante las elecciones, que son esencialmente eventos nacionales.

Los países con historias recientes de gobierno autoritario ha menudo tienen en común que los medios de comunicación con financiamiento público operan bajo estricto control gubernamental. En otros lugares, como en la mayoría de los países de Europa occidental, , hay un fuerte historial de que las transmisiones públicas son independientes del gobierno y fomentan el pluralismo. Empero, en los países con una débil cultura de pluralismo político, los periodistas estatales no suelen ser independientes y osados. Esto puede exigir un mayor grado de intervención del órgano regulador para asegurar que cumplan debidamente con sus funciones de servicio público.

Otra circunstancia análoga, en que puede ser necesario que la autoridad reguladora intervenga de manera más sistemática se produce cuando existe una historia de "mensajes de odio" y de  incitación a la violencia por parte de medios partidistas que representan a diferentes partidos políticos o grupos étnicos. En estas circunstancias, la función de la autoridad es garantizar una pluralidad de voces en los medios, no en silenciar a alguien.

Algunas cuestiones más prácticas pueden ser más difíciles de atender en las democracias emergentes que en las consolidadas.  Por ejemplo, ¿cómo decidir qué tiempo de transmisión gratuita debe asignarse a cada partido cuando no ha habido ninguna elección democrática previa que permita medir su nivel de respaldo popular?  Pero aun este tipo de dificultades - o diferencias- no deben ser sobreestimadas. Muchas democracias desarrolladas -Holanda, Dinamarca o Noruega, por ejemplo- no suelen tomar mucho en cuenta el desempeño electoral previo al momento de distribuir los tiempos de transmisión. Lo hacen sobre la base de igualdad entre los partidos. Por lo que para los administradores de las jóvenes democracias enfrentados al reto de diseñar un marco normativo, existen muchos ejemplos de donde escoger.

Principios legales

 

El papel de los medios de comunicación en las elecciones se rige por un cuerpo de leyes cada vez más vasto, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante comprender que la jurisprudencia está abrumadoramente dirigida a regular el comportamiento de los gobiernos en relación a los medios, más que en regulador a los medios mismos.

Los principios fundamentales consagrados en la legislación internacional comprenden dos aspectos:

• Los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información.
• El derecho a participar en el gobierno del país, mediante elecciones.

En su forma original, estos principios están consagrados en los Artículos 19 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Se reproducen en múltiples tratados regionales y de la propia ONU sobre derechos humanos que se han adoptado desde entonces. Las decisiones de diversas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte europea sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, han ido depurando estos principios convirtiéndolos en una invaluable guía de aplicación legal.

Otros tipos de instituciones internacionales, como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, que en 1999 fijó diversos principios importantes sobre el papel de los medios en las elecciones y la obligación del gobierno de garantizar el pluralismo de los medios  constituyen otra fuente en esta materia.

El enfoque de otros organismos internacionales - tales como los órganos de las Naciones Unidas encargados de la supervisión internacional de las elecciones- también constituyen una fuente de "leyes blandas", es decir, que sus declaraciones no poseen una vinculatoriedad sobre los estados miembros de la ONU, pero constituyen un importante indicador sobre las normas imperantes a nivel internacional.

Como complemento de las normas internacionales, muchas leyes y resoluciones de tribunales nacionales ofrecen una fuente de legislación comparada. En muchos países, especialmente aquellos con un sistema de leyes consuetudinarias, las decisiones de los tribunales de otros países pueden ser invocadas como precedente y guía de referencia. Tampoco estas tiene poder vinculante, pero dependiendo de la jerarquía del tribunal cuyas resoluciones se citan, los jueces pueden tomar debida nota de sus razonamientos, hallazgos y resultados.

 

Legislación internacional sobre Elecciones y Medios de comunicación

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948 es la base fundamental de los principios  de los derechos humanos. Los artículos 19 y 21 de dicha Declaración, hablan sobre las obligaciones de los gobiernos para con los medios y su papel en las elecciones. El primero de ellos garantiza el derecho a la libertad de expresión, mientas que el  segundo garantiza el derecho a ser parte de las elecciones, a través de la emisión del voto libre y secreto.

La Declaración Universal impone obligaciones a todos los miembros de la comunidad internacional. Pero, por se una declaración,  solo concierne a las leyes internacionales consuetudinarias. Con la adopción del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en 1966, esas mismas disposiciones fueron ampliadas y se les confirió  vinculatoriedad  para todos los estados que lo ratificaron. El Artículo 19 del Convenio Internacional afirma que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

A su vez, el Artículo 25 establece que:

“Todos los ciudadanos gozarán , sin ninguna de las distinciones mencionadas en el Artículo 2 distinciones de ninguna clase como raza, color, sexo, lengua, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento) y sin restricciones indebidas de:

(b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.”

Analizados en conjunto, se entiende que estas dos disposiciones imponen a los gobiernos la obligación de asegurar la diversidad y pluralidad de los medios durante los períodos electorales.

Los principales tratados regionales sobre derechos humanos - la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos- contienen una combinación similar de garantías a los derechos de libertad de expresión e información, así como al derecho  a la participación política sin discriminación.

Los documentos adoptados por la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea (CSCE) van un paso más allá. En el Documento de Copenhague de1990, los estados participantes de la Conferencia se comprometieron a garantizar que:

“[…] No hay obstáculos jurídicos o administrativos que impida el libre acceso a los grandes medios de información, sobre una base no discriminatoria, para todos los grupos políticos y personas que deseen participar en el proceso electoral.”

Los documentos de la CSCE no son tratados y, por tanto, no tienen  vinculatoriedad. Pero han sido aceptados como parte de la ley internacional consuetudinaria y, en consecuencia, imponen obligaciones a los estados participantes.

Las decisiones de los tribunales internacionales y nacionales le han conferido una mayor sustancia y han detallado mucho más estos principios generales sobre medios y elecciones. Se pueden sintetizar de la siguiente forma:

• Los medios juegan un papel crucial de vigía para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos y el funcionamiento efectivo de la democracia.
• Los gobiernos están obligados a asegurar una democracia que garantice el pluralismo de los medios, especialmente en las elecciones.
• La libertad de debate político es un derecho fundamental..
• Los partidos políticos y los individuos tienen derecho a acceder a los medios gubernamentales durante las campañas electorales.
• Los medios gubernamentales están obligados a publicar las opiniones opositoras.
• Existe el derecho de réplica, corrección o retracción en respuesta a declaraciones infundadas en los medios gubernamentales.
• Puede haber límites a la responsabilidad legal de los medios si reproducen declaraciones ilegales.
• La expresión política sólo se puede restringir por razones extraordinarias.
• Hay una protección garantizada a las críticas de los políticos y gobiernos.
• Hay una protección garantizada a las opiniones políticas.
• Existe el derecho a una reparación efectiva para aquellos cuyos derechos han sido violados.
• Los gobiernos están obligados a resguardar la seguridad del personal e instalaciones de los medios.

 

Medios y Democracia

 

Son los medios de comunicación los que hacen que el ejercicio de la libertad de expresión se convierta en una realidad.¹

Las palabras de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos afirman de manera sucinta un principio que hoy es universalmente reconocido en la legislación internacional: el  ejercicio de la libertad de expresión en una democracia tiene poco sentido si solo puede ser ejercida a nivel individual. La libertad de expresión no solo tiene que ver con lo que alguien le puede decir a su vecino, o escuchar de él. En esencia, tiene que ver con la expresión de hechos y opiniones y la recepción de información a través de los medios de comunicación.

El tribunal internacional que ha ido más lejos en el desarrollo de este enfoque es la Corte Europea de Derechos Humanos; ya que ha resuelto que la libertad de los medios es vital para mantener informados a los ciudadanos:

La libertad de expresión pone al alcance del público uno de los mejores medios para descubrir y formarse una opinión sobre las ideas y actitudes de sus líderes políticos. En particular, les brinda a los políticos la oportunidad de reflexionar y comentar sobre las preocupaciones de la opinión pública; por consiguiente, les permite a todos participar en un debate político libre, que constituye el núcleo central del concepto de sociedad democrática.²

Los medios informan al público sobre temas de interés general y actúan como vigilantes del gobierno:

Le corresponde (a la prensa) comunicar información e ideas sobre temas de interés público. No sólo tienen la tarea de comunicar dicha información e ideas; el público también tiene derecho de recibirlas. De otra forma, la prensa sería incapaz de desempeñar su función vital de "vigía público"³

Por tanto, de acuerdo con la Corte Europea, hay dos aspectos de esta función democrática de los medios: informar al público y actuar como fiscalizadores del gobierno. Ésta función no le impone responsabilidades particulares a ninguna estación o periódico. Más bien, le impone al gobierno el deber de asegurar que los medios son capaces de cumplir estas funciones. Este principio tiene claras implicaciones prácticas en el contexto electoral.

Los gobiernos pueden regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones, de acuerdo con la Corte Europea. Las frecuencias deben ser distribuidas de manera justa y no discriminatoria. Los medios están sujetos a las leyes vigentes -en cuestiones como la difamación o la sedición- pero, como regla general, los gobiernos no pueden restringir los contenidos de sus transmisiones.

¹Membresía Obligatoria en la Asociación Prescrita por Ley para la Práctica de Periodismo, Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, Adv. Opn. OC-5/83 de 13 de Noviembre de 1985, Series A no. 5, re-impreso en el Jornal 7 de Ley de Derechos Humanos (1986), 74 y en 8 EHRR 165.

² Castells v. España, Decisión de 23 de Abril 1992, Series A no. 236, párrafo 43.

³ Thorgeirson v. Islandia, Decisión de 25 de Junio 1992, Series A no. 239, párrafo 63.

 

Las obligaciones del pluralismo

 

Los medios juegan un papel clave en las elecciones, no sólo como fiscalizadores de las acciones del gobierno, sino como garantes de que el electorado cuente con toda la información necesaria para efectuar una elección democrática e informada. Los gobiernos tienen la importante obligación negativa de no impedir que los medios cumplan con estas funciones. Además, y no menos importante, los gobiernos tienen la obligación positiva de facilitar el pluralismo de los medios para ofrecer al público las más variadas fuentes de información. Por cierto, la obligación contenida en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que garantiza la libertad de expresión y la libertad de opinión, se aplica solo a los gobiernos y no a los medios en lo individual.

Como el Comité de Derechos Humanos afirma en su único comentario general al referido Artículo 19 del PIDCP:

”Debido al desarrollo de los modernos medios de comunicación, son necesarias medidas efectivas para prevenir que ese control sobre los medios interfiera con el derecho de todos y cada uno a la libertad de expresión...”¹

De manera similar, la Suprema Corte de Zimbabwe concluyó que el monopolio de que disfrutaba la empresa paraestatal Corporación de Correos y Telecomunicaciones era inconstitucional con fundamento en la libertad de expresión. La Corte determinó que la protección de la libertad de expresión aplica no solo al contenido de la información, sino también a los medios para su transmisión y recepción. Toda restricción que se impone a los medios de transmisión o recepción necesariamente interfiere con el derecho a recibir y distribuir información. Cualquier monopolio que tenga el efecto de trastocar el derecho a recibir y distribuir ideas e información, cualquiera que sea su propósito, viola la protección de ese derecho.²

La jurisprudencia de países tan diversos como Ghana, Sri Lanka, Belice, la India, Trinidad y Tobago y Zambia subraya los puntos gemelos de que los monopolios en los medios constituyen una interferencia inaceptable a la libertad de expresión y que los medios estatales o públicos tienen la obligación de difundir puntos de vista distintos a los del gobierno en turno. Algunos de estas decisiones (Zambia, Belice y Trinidad y Tobago), se refieren al derecho de los oponentes políticos del gobierno a dar a conocer sus opiniones en los medios públicos. Este derecho también se extiende a otros tipos de minorías. La siguiente recomendación corresponde a un reporte de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías:

Los miembros de distintos grupos deben disfrutar del derecho a participar, sobre la base de su propia cultura y lengua, en la vida cultural de la comunidad, a producir y gozar de las artes y las ciencias, a proteger su legado cultural y sus tradiciones, a poseer sus propios medios de comunicación y a tener acceso sobre la base de igualdad a los medios estatales o públicos.³

Es importante subrayar que el papel de los medios no es sólo el de ser un vehículo de expresión en un sentido restringido. Los medios también son importantes, por cierto y en primer término, como medios que permitan a la opinión pública ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los medios cumplen un papel de vigías sobre las actividades del gobierno y de otras instituciones poderosas. Evidentemente no pueden cumplir estas funciones si le deben lealtad al gobierno o partido dominante en turno. Las directrices más precisas que ha producido la ONU que reflejen las prácticas internacionales más recomendables sobre pluralismo y acceso a los medios son aquellas emitidas por  la Autoridad  de Transición de las Naciones Unidas en Camboya, la cual se afirma que:

Los medios de comunicación libres e independientes deben estar en manos de diferentes propietarios y deben promover y salvaguardar la democracia, así como abrir oportunidades y vías para el desarrollo económico, social y cultural.⁴

En la declaración más categórica de una autoridad de la ONU, el Relator Especial sobre las Libertades de Opinión y Expresión, Abid Hussein,  concluía en el reporte anual de 1999:

“Hay algunos principios fundamentales que, si son promovidos y respetados, fortalecerán el derecho a buscar, recibir y divulgar información. Estos principios son: se debe evitar el monopolio o concentración excesiva de la propiedad de los medios en unas pocas manos en aras de desarrollar una pluralidad de voces y puntos de vista; los medios de propiedad estatal tienen la responsabilidad de informar sobre todos los aspectos de la vida nacional y de brindar acceso a los diferentes puntos de vista; los medios de propiedad estatal no deben ser utilizados como un órgano de comunicación o propaganda de un solo partido o como defensores del gobierno excluyendo a todos los demás partidos o grupos...”⁵

Asimismo, el Relator Especial enumeró una serie de obligaciones del estado para asegurar que a "los medios se les ha concedido la mayor amplitud posible" a fin de lograr "que el electorado esté lo más informado posible":

• No debe haber sesgos o discriminaciones en la cobertura de los medios;
• No se debe permitir la censura de los programas electorales;
• Los medios deben de quedar exentos de responsabilidad legal por afirmaciones provocadoras y se debe brindar el derecho de réplica;
• Debe existir una clara distinción entre la cobertura de noticias de las funciones como oficiales de gobierno y las funciones como candidato partidista;
• La asignación de tiempos para programas de acceso directo se debe garantizar sobre bases de equidad y no de discriminación;
• Los programas deben brindar la oportunidad de que los candidatos debatan entre sí y que los periodistas los interroguen;
• Los medios se deben involucrar en los programas de educación electoral;
• Los programas deben atender a grupos tradicionalmente desfavorecidos, que pueden incluir a mujeres y a minorías étnicas y religiosas.

¹ Adoptado en la 461-ava reunión del Comité de Derechos Humanos en 27 Julio 1983, Doc. A/38/40, 109 de la ONU.

² Retrofit (Pty) Ltd vs. Posts and Telecommunications Corporation, Corte Suprema, 1995(9) BCLR 1262 (2).

³ Medios y formas positivas de facilitar la solución pacifica y constructiva de problemas que involucran minorías (Reporte Especial Asbjorn Eide), Addendum 4, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4, part II, paras 11 and 12 de la ONU.

⁴ Autoridad de Transición de la ONU en Camboya (UNTAC), Pautas para los Medios en Camboya (1992).

⁵ Reporte del Rapporteur Especial para la protección y promoción del derecho de libertad de opinión y expresión, Sr. Abid Hussain, Doc. E/CN.4/1999/64 de 29 de Enero de 1999 de la ONU.

 

Libertad de debate político

La libertad de debate político ha sido reconocida por tribunales internacionales, otros órganos internacionales y tribunales nacionales como un derecho fundamental. La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió en 1978 que " la libertad de debate político se ubica en el núcleo central de una sociedad democrática".¹

Una parte de la importancia del debate político reside en dar información al electorado que le permita ejercer su elección política. El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum de Malawi de 1993, que tenía que ver con la elección entre un sistema unipartidista y otro multipartidista, afirmo que "si los electores van a tomar una decisión informada en las urnas, entonces resulta esencial un ejercicio activo de la libertad [de expresión]".² La Suprema Corte Enugu de Nigeria hizo un pronunciamiento similar:

La libertad de expresión es, sin duda, el fundamento principal de toda sociedad democrática, porque sin libre discusión, particularmente sobre asuntos políticos, ninguna educación o  saber público, tan esencial para el debido funcionamiento y ejecución de los procesos de un gobierno responsable, es posible.³

A su vez, la Suprema Corte de Israel declaró:

La democracia genuina y la libertad de expresión son lo mismo. La libertad de expresión permite que cada individuo concrete su opinión independiente en el proceso de toma de decisiones, tan crucial en un estado democrático. La esencia de las elecciones democráticas está basada en la premisa de que todo ciudadano tenga la capacidad de lograr opiniones informadas, evaluarlas y someterlas a un debate abierto....⁴

¹ Lingens v. Austria, Decisión del 8 de Julio de 1986, Series A no. 103, en para. 42

² Reporte del Equipo Técnico de Naciones Unidas sobre la conducta de un referéndum libre y justo sobre la cuestión  de un sistema electoral partido único / multipartidario en Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 26.

³ El Estado v. Ivory Trumpet Publishing Co. 1984 5 NCLR 736, Tribunal Superior, Enugu, 31 Enero 1983.

⁴ Zeveli v. Comité Central para las elecciones del 13o Knesset, y Asociación de los Derechos Civiles en Israel v. la Autoridad de Radio Difusión de Israel, HC 869/92 y 931/92; 46(2) Piskei Din, 692.

 

El derecho de acceso a los medios públicos

Las decisiones de tribunales nacionales sobre el derecho de los partidos opositores de acceder a los medios públicos o estatales han adquirido un peso cada vez mayor. Hay una clara tendencia a reconocer que los gobiernos tienen la obligación de garantizar ese acceso. Esta  fue la medida adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Libertades de Opinión y Expresión en su reporte de 1999.

En el 2000, por ejemplo, la Suprema Corte de Zimbabwe emitió dos resoluciones en este sentido. En enero, instruyó a la Corporación de Radiodifusión de ese país para que transmitiera publicidad y materiales de campaña preparados para la campaña por el "No" en el referéndum nacional que proponía una nueva Constitución. La campaña por el "Si", apoyada por el gobierno, había logrado que sus materiales se transmitieran durante un tiempo considerable.¹

El 13 de junio, pocos días antes de las elecciones parlamentarias, la Suprema Corte, al resolver sobre una solicitud del grupo opositor, Movimiento por el Cambio Democrático, le ordenó a la Corporación de Radiodifusión que detuviera una transmisión políticamente sesgada y que cumpliera sus funciones de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones de transmitir los servicios de radio y televisión de manera imparcial, sin discriminación alguna basada en opiniones políticas y sin estorbar el derecho de las personas a difundir y recibir ideas e información.²

Pocos años antes, la Suprema Corte del país vecino del norte de Zimbabwe, Zambia, había tenido que resolver sobre un asunto similar. La materia de controversia era un mandato emitido por el Presidente Kenneth Kaunda pocas semanas antes de las primeras elecciones multipartidistas de 1991. El mandato ordenaba a los tres periódicos controlados por el gobierno no reportar las declaraciones de los líderes de los principales partidos opositores y no aceptar su publicidad. La Corte resolvió que el mandato violaba la garantía constitucional a la libertad de expresión.

“Toda vez que a los solicitantes no se les permitió publicar sus opiniones sobre asuntos políticos a través de los periódicos gubernamentales, y por las implicaciones de ello en la radio y la televisión, se les negó el disfrute de su libertad de expresión...”³

La Corte también formuló un comentario más general acerca de la función apropiada de los medios públicos:

“En el caso de los periódicos, se supone que deben ser operados sobre la base de los principios y la ética del periodismo relacionados con la libertad de cualquier interferencia. Estos principios dictan la cobertura de todos los eventos relevantes independiente de la fuente de información. Cualquier cosa menor a eso, y es muy fácil para la opinión pública evaluar si un periódico está funcionando de acuerdo con los principios y ética básicas del periodismo, no resulta aceptable para un medio de propiedad pública, impreso o de otro tipo.’ (ibid)

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago había emitido poco antes una resolución semejante en relación a la televisión. La estación de propiedad estatal se había rehusado a transmitir un discurso pre-grabado del líder opositor del Parlamento. La Corte dictaminó que esa acción violaba el derecho a la libertad de expresión:

”Siendo la televisión el medio de comunicación más poderoso en el mundo moderno, en nuestra opinión resulta absurdo sostener que la libertad de expresar las opiniones políticas significa que la Constitución se refiere a ello sin el agregado correlativo de expresar esas opiniones en la televisión. Los días de oratoria demagógica se han acabado, como también del panfletarismo político…”⁴

Las misiones de observación y los grupos de supervisión y asesoría internacionales han adoptado medidas similares en los últimos años. Por ejemplo, la misión de observación de la ONU en las elecciones nicaragüenses de 1989 sostuvo que era necesario que "todos los partidos políticos [tuvieran] un acceso equitativo a las estaciones estatales de radio y televisión en términos tanto de la oportunidad como de la duración de las transmisiones"⁵ El equipo técnico de la ONU para el referéndum de Malawi de 1993 hizo una recomendación semejante:

“En el caso de los medios gubernamentales, es costumbre que la igualdad de acceso, tanto en términos de oportunidad como de duración de las transmisiones, se les otorgue a los contendientes para que difundan sus argumentos.”⁶

De igual forma, en las elecciones camboyanas de 1993, la Autoridad de Transición de la ONU (UNTAC) estaba preocupada por asegurar un acceso equitativo a los medios, como lo estableció en sus lineamientos para las elecciones.

En el ejercicio de sus responsabilidades conforme al Acuerdo, la UNTAC  asegurará el "acceso equitativo a los medios incluyendo prensa, radio y televisión, para todos los partidos contendientes en la elección".⁷

¹ *Proyecto de Monitoreo de los Medios de Zimbabwe, Una cuestión de equilibrio: los medios de comunicación de Zimbabwe y el referéndum constitucional, Harare, Marzo 2000

² Proyecto de Monitoreo de los Medios de Zimbabwe, Elección 2000: La guerra de los medios, Harare, 2000, p.11.

³ Arthur Wina & Otros v. el Ministro de Justicia (1990) HP/1878 (Tribunal Superior: Lusaka).

⁴ Rambachan v. Trinidad and Tobago Television Co. Ltd y el Ministro de Justicia de Trinidad y Tobago, decisión de 17 de Julio de 1985 (sin reporte).

⁵ Creación y Términos de Referencia de la Misión de Observación para Verificar el Proceso Electoral de Nicaragua (ONUVEN), La Situación en América Central, ONU GAOR, 44-ava Sess., "Menazas a las iniciativas internacionales de Paz y Seguridad" Doc. A/44/375 (1989), Annexe 1, at 3 de la ONU.

⁶ Reporte del Equipo Técnico de Naciones Unidas sobre la conducta de un referéndum libre y justo sobre la cuestión  de un sistema electoral partido único / multipartidario en Malawi (15-21 Nov. 1992), para. 27.

⁷ Autoridad de Transición de la ONU en Camboya (UNTAC), Pautas para los Medios en Camboya (1992), pream. para. 4.

 

Publicar las opiniones de la oposición

La obligación de los medios públicos o controlados por el estado de publicar o transmitir las opiniones de la oposición deriva de la prohibición de hacer discriminaciones en el disfrute de derechos. Esto está afirmado categóricamente en el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados sobre derechos humanos. Significa que si el partido gobernante tiene la oportunidad de ejercer su derecho de libertad de expresión en los medios gubernamentales, a la oposición se le debe conceder la misma oportunidad. 

La Comisión Europea sobre Derechos Humanos rechazó la solicitud de una asociación a quien la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) le había negado tiempos de transmisión. La Comisión afirmó que si bien, en su opinión, no existía un derecho general de acceso a los medios de comunicación, a los partidos políticos se les debía otorgar ese acceso en condiciones de equidad:

Es evidente que la libertad de "comunicar información e ideas" incluida en el derecho a la libertad de expresión bajo el Artículo 10 del Pacto, no puede entenderse como un derecho general e incuestionable de cualquier ciudadano u organización a tener acceso a tiempos de transmisión en radio o televisión a fin de promover sus opiniones. Por otra parte, la Comisión considera que la negación de tiempo de transmisión a uno o más grupos o personas específicas puede, en circunstancias particulares, suscitar una controversia de acuerdo al Artículo 10 o en conjunto con lo dispuesto por el Artículo 14 de la Convención [que prohíbe la discriminación]. Una controversia de ese tipo podría, en principio, surgir por ejemplo sí un partido político fuera excluido de facilidades de transmisión durante un período electoral, mientras que a otros partidos se les concede tiempo de transmisión.¹

Esta es una opinión de sentido común que está reflejada en los comentarios del Rapporteur Especial de Naciones Unidas para la Libertad de expresión, así como en políticas y prácticas en muchos países.  Esto garantiza una independencia editorial continua de los medios, al mismo  tiempo que proporciona un estándar mínimo de acceso por parte de los partidos políticos.

¹ X y la Association of Z v. el Reino Unido, la Comisión Europea de Derechos Humanos, Decisión de admisibilidad de 12 de Julio de 1971, App. No. 4515/70, 38 Decisiones Recogidas 86 (1971).

 

Derecho de réplica a los reportes de los medios durante las elecciones

La idea de crear un derecho de réplica o corrección legalmente aplicable nunca ha encontrado mucho eco entre los defensores de la libertad de expresión, que temen que pueda asfixiar a una expresión libre y robusta, algo que es claramente necesario en el contexto de elecciones. Sin embargo, tanto algunos órganos consultivos internacionales como tribunales nacionales han favorecido ese mecanismo, especialmente cuando la réplica va hacia los medios controlados por el gobierno, a los que la oposición no tiene facilidad de acceso.

Esta es, por ejemplo, la directriz desarrollada por la Autoridad de Transición de la ONU en Camboya.

Los medios deben concederle a los partidos, grupos o individuos cuyas opiniones hayan sido tergiversadas o calumniadas por una publicación o transmisión, el "derecho de responder" en el mismo medio.¹

La Suprema Corte de la India reconoció un derecho de réplica específico para las publicaciones gubernamentales, aduciendo que "la equidad demanda que ambos puntos de vista sean planteados ante los electores, independientemente de lo limitado que sea su número, para permitirles extraer sus propias conclusiones".²

La Suprema Corte y el Tribunal de Apelaciones de Belice  deliberaron en favor del derecho de réplica en un caso especialmente relevante para las elecciones. La Autoridad de Radiodifusión de Belice (ARB) había rehusado a un político senior de la oposición y al director de un canal de televisión el permiso para que transmitieran una serie de programas que respondían a las declaraciones del gobierno sobre la economía. La Suprema Corte dictaminó que la ARB había actuado arbitrariamente, sosteniendo que:

”Hoy en día, la televisión es el medio más poderoso para comunicar ideas y diseminar información. Por consiguiente, el disfrute de la libertad de expresión incluye la libertad de usar ese medio.”³

El Tribunal de Apelaciones respaldó el dictamen de la Suprema Corte y sostuvo que la negativa de la ARB a transmitir esos programas violaba los derechos constitucionales de los demandantes, tanto a la libertad de expresión como a la protección contra la discriminación. A los partidos políticos se les debía de dar la oportunidad de replicar en televisión las declaraciones del gobierno que "brindaran información o explicaciones sobre eventos de primera importancia nacional o internacional o que (...) buscarán la cooperación del público en relación con esos eventos" Sólo cuando existiera un "consenso general de opinión" la oposición no tendría derecho de réplica.⁴

¹ Autoridad de Transición de la ONU en Camboya (UNTAC), Pautas para los Medios en Camboya (1992).

² Manubhai Shah v. Life Insurance Corp. de la India 1992 3 SCC 637

³ Autoridad de Radiodifusión de Belice v. Courtenay y Hoare, Corte d Apelación, 20 de junio de 1986; (1988) LRC (Const.) 276; 13 Common L Bull (1987), 1238.

⁴ Ibíd., citando Laws of England de Halsbury (4a edn, Vol. 8, párrafo 1134)

Límites a la responsabilidad legal de los medios durante las elecciones

Tanto los periodistas como los políticos están preocupados, y con buena razón, por el asunto de la difamación.  Específicamente, ¿cuál es la responsabilidad legal de los medios al reportar declaraciones hechas por políticos que  resulten ser difamatorias?

En su reporte de 1999, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Libertades de Opinión y Expresión se manifestó resueltamente en favor de eximir a los medios de la responsabilidad legal por publicar declaraciones ilegales de políticos en el contexto de las elecciones. El tipo de declaraciones consideradas podría incluir las que fueran difamatorias o incitaran al odio. Esto no significa que no deba haber responsabilidad legal por ese tipo de declaraciones -la persona que las hizo tendría responsabilidad legal-, sino que los medios tendrían libertad de reproducirlas sin tener, por ejemplo, que revisar cada transmisión o publicación electoral de un partido antes de transmitirla.

“El Relator Especial estaba ofreciendo una directriz objetiva en una materia que hasta entonces era poco clara y controversial. Así, por ejemplo, las Autoridades de Transición de la ONU en Camboya adoptaron, en sus directrices, una opinión totalmente contraria, al asumir que los medios deberían ser legalmente responsables por declaraciones que "incitaran la discriminación, hostilidad o violencia por medio de rencores nacionales, religiosos, raciales o étnicos".¹

El Relator Especial reflejaba una tendencia creciente en las cortes y legislaturas nacionales. El parlamento danés aprobó una ley eximiendo a los medios de responsabilidad legal por publicar declaraciones que incitaran al odio racial o nacional, esgrimiendo que los medios mismos no pretenden promover el odio. Esto derivó de la sentencia de un periodista que había sido arrestado y multado por transmitir una entrevista televisiva con los miembros de un grupo racista. El periodista apeló a la Comisión Europea de Derechos Humanos,  la cual determinó que su solicitud era procedente.²

De igual forma, la Corte Constitucional de España determinó que un periódico no podía tener responsabilidad legal por publicar la declaración de una organización terrorista:

Tanto el derecho del periodista a informar como el de los lectores a recibir información completa y precisa constituyen, en última instancia, una garantía institucional objetiva que efectivamente previene la imputación de cualquier voluntad criminal de parte de aquellos que solo transmiten información.³

Este razonamiento es importante, porque enfatiza que el argumento contra la aplicación de la responsabilidad legal a los medios, en esos casos, tiene que ver básicamente con la protección del derecho del público a recibir información.

¹ Autoridad de Transición de la ONU en Camboya (UNTAC), Pautas para los Medios en Camboya (1992).

² Jersild v. Dinamarca, App. No. 15890/89, decisión sobre admisibilidad publicada en 8 Septiembre. 1992.

³ Caso Egin, STC 159/86, Boletín de Jurisprudencia Constitucional 68, en 1447 párrafo 8.

Restricciones a la expresión política

La libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede ser limitado bajo ciertas circunstancias. Pero esas limitaciones deben ajustarse a normas claramente definidas. Casi nunca es legítimo restringir el discurso político antes que sea presentado. Así, mientras que una persona que es difamada puede tener una reposición del daño legal, no se puede aceptar aplicar una censura previa a las palabras de los políticos para asegurarse que no tengan contenido difamatorio.

El Artículo 19 del Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ofrece, en su párrafo tercero, varias razones por las que ese derecho se puede restringir.

“El ejercicio de los derechos establecidos en el párrafo 2 de este artículo conlleva deberes y responsabilidades especiales. Pueden, por tanto, estar sujetos a ciertas restricciones, pero estas solo deben ser aquellas que disponga la ley y sean necesarias: (a) por respeto a los derechos y reputación de otros; (b) para la protección de la seguridad nacional o el orden público, o de la salud o moral pública.”

La jurisprudencia ha establecido que la libertad de expresión bajo la legislación internacional sólo puede ser limitada por la aplicación de una prueba de tres partes a fin de establecer que la limitación:

• Está consagrada en la ley, es decir, que debe pre-existir en leyes nacionales o internacionales vinculantes;
• Debe servir a un propósito legítimo, es decir, uno de los propósitos consagrados en el Artículo 19 (3) del CIDCP;
•  Es necesaria en una sociedad democrática. Esto significa, entre otras cosas, que las restricciones deben resultar proporcionales a su propósito y que no se deben alejar de la esencia del derecho mismo.

El Artículo 20 del PIDCP también puede ser relevante en otras ocasiones. Prohíbe la propaganda en favor de la guerra y la defensa de un odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum en Malawi aplicó estos principios a la legislación nacional sobre campañas electorales. Afirmaba que una restricción a la libertad de expresión:

“No debe ser definida de manera tan vaga o genérica como para dejar un amplio margen de discreción a las autoridades responsables de aplicar la ley, ya que la incertidumbre acerca de los límites legales tiene un efecto nocivo en el ejercicio de este derecho [libertad de expresión] y puede fomentar la discriminación en .... la aplicación [de las restricciones].”¹

¹ Reporte del Equipo Técnico de Naciones Unidas sobre la conducta de un referéndum libre y justo sobre la cuestión de un sistema electoral partido único / multipartidario en Malawi (15-21 Nov. 1992), párrafo 29.

Críticas a los políticos y al gobierno

Los tribunales internacionales -y cada vez más los nacionales también- tienen claro que los políticos y los gobiernos pueden ser sujetos de un mayor grado de críticas e insultos que los individuos ordinarios y que, consecuentemente, la ley les ofrecerá menores protecciones. Esto es, por supuesto, lo opuesto a la situación que con frecuencia ha prevalecido, donde los oficiales de gobierno a menudo invocan cargos como el de difamación criminal contra sus críticos.

La Legislación internacional distingue entre alegaciones y opiniones de hecho. Las opiniones políticas solo pueden ser restringidas en las más extremas circunstancias. No pueden ser restringidas basado en “lo que no es verdad”; ya que, tal como observó la Corte Europea de Derechos Humanos, de requerir que  el acusado de difamación pruebe la verdad de una opinión “infringe la misma libertad de opinión”¹

La Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto unánimemente que debido a que "la libertad de debate político constituye el núcleo  central de una sociedad democrática (...) los límites aceptables para la crítica son, consecuentemente, más amplios en lo que concierne tanto a los políticos como tales como a los individuos particulares".  Además, "los límites de crítica permisible son más amplios en relación al gobierno que en relación a un ciudadano privado, o incluso que a un político". En esos casos, las sanciones por difamación sólo se aplicarán cuando las acusaciones "carezcan de fundamento o sean formuladas de mala fe". La Corte también sentenció que:

Si bien la libertad de expresión es importante para todos, lo es, aún más, para un representante elegido por el pueblo. Él representa a su electorado, llama la atención sobre sus preocupaciones y defiende sus intereses. Consecuentemente, las interferencias con la libertad de opinión de un miembro opositor del Parlamento (...) demandan el escrutinio más cercano por parte de la Corte.²

La legislación civil sobre difamación puede ser legítimamente utilizada para proteger la reputación contra alegatos mal intencionados y maliciosos. Pero las cortes nacionales han resuelto, cada vez con mayor frecuencia, que el ámbito de la ley sobre difamación debe ser tal que no impida a los medios llevar a cabo sus funciones propias - o sofocar un vigoroso debate político.

El histórico juicio de la Suprema Corte de Justicia los Estados Unidos en el caso del diario New York Times contra Sullivan (1964), estableció el principio de que debía de haber mayor laxitud para la crítica  hacia un oficial público, aún al punto de declaraciones inexactas o equivocadas, siempre y cuando no fueran hechas maliciosamente. La Corte destacó que las figuras públicas tenían un acceso mucho más expedito a los medios de comunicación para rebatir declaraciones falsas.³ En años recientes este enfoque ha sido adoptado, de diferentes formas, en muchos otros lugares, incluyendo el Reino Unido, Australia, Pakistán, India y Zambia.⁴

¹ Lingens v. Austria, Decisión del 8 de Julio de 1986, Series A no. 103

² Castells v. España, Decisión de 23 Abril 1992, Series A no. 236.

³ New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964).

⁴ Joanna Stevens, "Sullivan's Travels", Southern African Media Law Briefing, Vol.2 No. 1, Abril 1997.

Derecho a una reparación del daño efectiva

El Derecho internacional dispone que cualquier persona que crea que sus derechos hayan sido violados deba tener el derecho de una reparación efectiva en un tribunal nacional.  En relación con los medios de comunicación y las elecciones, esto significa que hay una expectativa de que los tribunales serán capaces de hacer frente a restricciones injustificadas en la cobertura de los medios de comunicación,  a la limitación al acceso a los medios de comunicación, a la negación del derecho de réplica, al material incendiario o difamatorio, o a cualquier otro asunto en el que  los medios de comunicación, partidos y candidatos, o los electores consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Inherentes a la noción de una compensación es la idea de ofrecer al demandante una verdadera solución oportuna y práctica. Esto es especialmente importante en el contexto de una elección. Si, por ejemplo, se  transmite información difamatoria o inexacta, la reparación requerida no será una corrección o incluso una compensación monetaria en algún futuro lejano. Lo importante es que debe corregirse mientras se mantenga en la mente colectiva del electorado (y, mientras es todavía pertinente para el resultado de la votación).

Así, mientras que los tribunales ordinarios seguirán siendo los árbitros de última instancia,  para los derechos que han sido infringidos, muchos países tendrán procedimientos administrativos capaces de tratar quejas con mayor rapidez. Éstos pueden ser mecanismos regulares de denuncia operados por un organismo regulador de radiodifusión o por un consejo de medios de comunicación. O pueden ser procedimientos especiales que sólo están en vigor durante los períodos electorales.

Cuando el órgano que  persigue una demanda es de naturaleza administrativa [no judicial], entonces debe estar separado del organismo que ha sido demandado. Esto se aplicaría, por ejemplo, en el caso de demandas en contra una televisora.

El Equipo Técnico de la ONU para el referéndum de Malawi recomendó que "debía existir un mecanismo de revisión para aquellos casos en que las restricciones a este derecho [el de libertad de expresión] hayan sido aplicadas"¹.

¹ Reporte del Equipo Técnico de Naciones Unidas sobre la conducta de un referéndum libre y justo sobre la cuestión de un sistema electoral partido único / multipartidario en Malawi (15-21 Nov. 1992), párrafo 29.

 

Protección de la seguridad de los medios

El periodismo es una profesión riesgosa. Las estadísticas recabadas por organizaciones dedicadas a la libertad de los medios muestran que cada año son asesinados o heridos decenas de profesionistas de los medios en el desarrollo de sus actividades. Las elecciones no son la parte más riesgosa de sus actividades -pero una campaña tensa o violenta implica un peligro para quienes tratan de  informar de manera honesta y precisa.

La responsabilidad de resguardar la seguridad física de todos aquellos que se encuentre en determinado territorio recae en el gobierno, quien tiene una obligación especial con los medios. Fue en reconocimiento a este hecho, que la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 resolvió:

La Conferencia Mundial alienta una participación creciente de los medios, cuya libertad y protección debe ser garantizada dentro del marco jurídico nacional.¹

Hay algunos pasos básicos que los gobiernos pueden adoptar para garantizar esta protección:

• Eliminar todas las leyes que restringen la libertad de prensa.
• Crear un delito específico en relación con la violencia o las amenazas contra los medios de comunicación.
• Asegurar que todos los informes de violencia o amenazas contra los medios de comunicación sean investigados con prontitud y los responsables llevados ante la justicia.

Además, un organismo electoral puede promover un código de conducta que subraye la importancia de que los partidos políticos y las fuerzas de seguridad  permitan a los periodistas hacer su trabajo sin trabas.

¹ Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Declaración de Viena, párrafo 26.

Contexto de los medios de comunicación

En una era de corporaciones multinacionales de medios de comunicación, uno es constantemente persuadido a creer que vivimos en una "aldea global"- en una sociedad de información indiferenciada. Indudablemente, los flujos de información a través de los medios son mayores y más rápidos que, digamos en  la década de 1960, cuando el término "aldea global" fue acuñado- y mucho más si se toman como referencia las épocas previas a los medios electrónicos. No obstante, el acceso a la información por el grueso de la gente, y de la masa de electores en particular, difiere enormemente de un contexto nacional a otro. Sin duda alguna, la globalización de la información afecta por igual a las zonas rurales de África, Asia, América Latina y Europa del Este. Pero eso no implica que todos tengan las mismas fuentes de información que Europa Occidental y América del Norte, o incluso que sus propios compatriotas de zonas urbanas.

El contexto  en que se encuentren los medios determinará en gran medida el papel que estos deben de fungir en una elección. El contexto a su vez, estará condicionado por una diversidad de factores. El primero de ellos es el nivel de desarrollo económico. En condiciones de extrema pobreza, la mayoría de la gente estará imposibilitada de comprar periódicos, y probablemente también de leerlos. En ocasiones, el costo de los televisores será prohibitivo y la posibilidad de adquirirlos será casi exclusivamente urbana. Algunos de los países más pobres, como Malawi o Tanzania, han introducido, muy recientemente, cadenas de televisión. Bajo estas circunstancias, es usual que la radio sea el medio de comunicación nacional más importante. Pero aún así, es probable que su alcance se vea constreñido por las limitaciones  a la  publicidad pagada. Es posible que un mayor nivel de desarrollo económico signifique un mayor número de medios. De manera creciente, este hecho supera los constreñimientos que pueda imponer un control político  sobre los medios.

A su vez, el desarrollo económico puede influir sobre la estructura de propiedad de los medios. Como patrón general, los países más pobres, incluidos la mayoría de los de África, tenderán a contar con un sector mayor de medios gubernamentales, debido a las limitaciones de publicidad. Es factible que los medios independientes en estos países sean propiedad de pequeñas corporaciones privadas. En las economías más grandes de regiones como América Latina, el sudeste asiático y Europa Central y del Este, es más probable que los medios estén bajo el control de grandes corporaciones nacionales (que también es probable que tengan intereses políticos). O bien las figuras políticas prominentes adquieren sus propios medios para promover sus propias carreras políticas; o personas ricas usan el control de medios de comunicación para  apoyar la carrera política de alguna persona.  El caso más conocido (y más extremo) del segundo fenómeno es en Italia, donde el empresario Silvio Berlusconi usó sus empresas de medios masivos para llegar a ser jefe de gobierno.  Sin embargo, lo que algunos teóricos en los medios de difusión denominan ‘el modelo italiano’ puede ser visto en variaciones menos extremas en muchos países.

Cada vez más frecuentemente en el mundo los medios, excepto en los países más pobres, caen bajo el control de consorcios multinacionales.   Las cuales, también, tiene sus propios intereses políticos. Esto puede manifestarse mediante el apoyo a partidos políticos o candidatos en particular., o puede ser que conlleve una tendencia más general de fijar los términos del debate político.

Pero la riqueza no es el único factor que determina la estructura de propiedad de los medios. Las tradiciones políticas y culturales juegan un papel importante. La mayoría de los países europeos, por ejemplo, tienen una larga tradición de propiedad estatal o pública de los medios. Por ejemplo, en Francia  se permitieron las emisoras privadas  hasta la década de 1980. En contraste, los Estados Unidos  no poseen un historial importante sobre la  propiedad pública de los medios. No es de sorprender que los países con historia de gobiernos militares o unipartidistas hayan desarrollado su propia tradición en materia de control estatal de los medios de comunicación. Es claro que en la medida en que los gobiernos o las autoridades públicas estén involucrados en la propiedad o control de los medios, esto tenga un impacto directo en su papel en las elecciones.  

Otra dimensión clave  para la configuración del contexto de los medios es la fuerza de las tradiciones de libertad política y respeto a la libertad de expresión. Los medios con una larga historia de pluralismo, libertad e independencia habrán desarrollado una mayor capacidad para abordar los asuntos políticos de una manera más franca y abierta. También es probable que hayan desarrollado estándares profesionales más elevados (a pesar de que la poca ética de algunos medios en las democracias avanzadas muestra que esta correlación no es exacta). Más importante aún, es probable que una historia reciente de censura o intimidación a los medios se proyecte como una amenaza constante sobre los periodistas y editores en su cobertura de las elecciones.

El contexto de los medios también tiene que ver con el marco legal. Ya que,  es preferible que los medios operen bajo la protección de fuertes garantías constitucionales y legales de libertad de expresión y acceso a la información.  En este sentido, las tradiciones jurídicas difieren  ampliamente de una región a otra. Los países de derecho consuetudinario tienden a un enfoque caracterizado por la ausencia de leyes explícitas para regular a los medios. La premisa es que los medios pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley.  En contraste, los países con  tradición de leyes civiles usualmente requieren de una regulación legal de las actividades de los medios. Hay ventajas y desventajas en  ambos contextos, aunque en la práctica ambas tienden a converger. La emisión por radio y TV es un área en que  distintas tradiciones jurídicas tratan de encontrar soluciones comunes. Asimismo, casi todos los países demandan alguna forma de regulación legal de los medios, incluso en los tradicionalmente no regulados Estados Unidos, como una forma de garantizar el pluralismo en las ondas aéreas. En la medida en que la distribución de frecuencias para transmisión sea un proceso justo y transparente, es probable que tenga un impacto significativo en como los medios ejerzan sus responsabilidades en períodos electorales.

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¿En dónde se informa la gente?

A menudo se considera que los medios de comunicación son la principal fuente de información de la mayoría de los electores. Pero esto no es necesariamente cierto. Incluso en una democracia avanzada y saturada de medios, como Gran Bretaña, se estima que entre un cuarto y un tercio de los telespectadores cambian de canal cuando aparecen transmisiones electorales de los partidos. En el pasado hubo un acuerdo para que todos los canales transmitieran estos programas simultáneamente para que la audiencia no tuviera escape, a no ser que optaran por retirarse a tomar una taza de té. Quizá como resultado de ello, una encuesta de 1969 reportaba que las transmisiones partidistas durante las elecciones eran la principal fuente de información para los electores indecisos. Sin embargo, desde 1987 se abandonó esa práctica y la audiencia ha declinado. Una encuesta de 1990 encontró que las transmisiones de los partidos constituían la fuente menos confiable de información política, después del diario Sun.¹

Antes del ascenso de los medios electrónicos modernos, la información política era difundida a través de dos vías: los medios impresos y el contacto personal directo. En aquellos tiempos, los lectores de periódicos eran muchos más que hoy, pero esto excluía a porciones muy grandes de la población, ya sea porque eran muy pobres para comprar un diario o simplemente no sabían leer. De ahí que la comunicación directa asumiera gran importancia. Esto comprendía mítines políticos, en donde los distintos candidatos podían debatir y ser cuestionados. También incluía visitas domiciliarias de los candidatos o de activistas políticos, así como la distribución de panfletos y carteles producidos por los partidos o candidatos.

En los países industrializados con grandes medios de comunicación electrónicos, la importancia de estos métodos ha declinado dramáticamente. Sin embargo, en otras regiones los mítines políticos y el contacto personal con los candidatos siguen siendo importantes. En el África rural, por ejemplo, la radio suele ser el único medio de penetración masiva. Las estaciones que transmiten en las zonas rurales son usualmente controladas por el gobierno y es muy poca la difusión que le dan a los partidos opositores, en caso de que lleguen a hacerlo. Algunas veces los obstáculos para la comunicación de la información son más elementales.  Por ejemplo, la mayoría de los aparatos de radio requieren baterías, las cuales son costosas y es poco probable que sea una prioridad en comunidades que están luchando por sobrevivir. Por lo que, el contacto personal sigue siendo importante.

Incluso en condiciones de pobreza extrema, los medios tienen una función que cumplir en la comunicación de información política. Aún en las comunidades rurales que no tienen un acceso directo a medios independientes, la información generada por, digamos, la prensa privada tendrá circulación general y en algún momento puede llegar a los electores rurales. Por lo que aunque comunicación oral personal puede ser la fuente de información política directa, los medios contribuirán de manera significativa a la circulación de la masa informativa.

En el África rural, generalmente considerada al igual que otras partes del mundo como de "pobreza informativa", los medios para circular la información de manera oral son muy sofisticados y fueron a menudo forjados en las difíciles condiciones del colonialismo o de dictaduras militares o de un solo partido. Las audiencias se volvieron muy hábiles para interpretar los mensajes altamente controlados que emitían los medios oficiales y para apoyarse en interpretaciones alternativas. Para lograr esto, recurrían a convencionalismos culturales que les permitían transmitir información u opiniones sensibles de manera disfrazada. Por ejemplo, los Ngoni de África Central tienen un lenguaje convencional denominado kukulawika - cantos estridentes de las mujeres que son capaces de transmitir mensajes sexuales explícitos, pero sin recurrir a obscenidades. Los Tonga tienen dispositivos similares. Bajo el imperio británico, el personal africano de la Corporación de Telecomunicaciones de África Central en Lusaka trasmitía una especie de kukulawika político, que les permitía difundir mensajes nacionalistas de manera oculta. Estos medios de comunicación encubiertos fueron especialmente útiles durante los subsecuentes regímenes unipartidistas de carácter restrictivo.²

La comunicación informal de noticias políticas a menudo es descrita, de manera despectiva y no del todo precisa, como rumor. Los administradores coloniales acostumbraban llamarle "telégrafo de matorral", mientras que los africanos francófonos han inventado un mejor término: radio trottoir o "radio pavimento". Independientemente del nombre que se prefiera, no hay duda de que millones de personas en todo el mundo forman sus opiniones políticas con base en su propia experiencia o de lo que aprenden personalmente de aquellas personas en las que confían. Buena parte de esa información puede originarse en los medios, pero es difícil determinar en qué medida.

El que tanto influyen los medios sobre los electores sigue siendo una gran interrogante. Por ejemplo, en las elecciones y el referéndum de Zimbabwe en el año 2000, la mayoría de los electores rechazaron los consejos ofrecidos por los medios más importantes. El estado disfrutaba de un virtual monopolio de todas las telecomunicaciones, que se encontraban bajo estricto control gubernamental. En el referéndum sobre una reforma constitucional, y posteriormente en las elecciones parlamentarias, la oposición tuvo un acceso mínimo a la radio y la televisión y la línea editorial de ambos fue abiertamente favorable al partido gobernante. En ambas ocasiones, el grueso del electorado favoreció a la oposición. Quizá influyó la información crítica que circuló en la prensa privada. Pero, en última instancia, parece que la elección de muchas personas fue determinada por otros factores. Un grupo de monitoreo independiente sugirió incluso que la propaganda de último minuto a favor del gobierno pudo haber influido para que algunos electores marginales votaran por la oposición en el referéndum. Desafortunadamente, la calidad de la investigación no es lo suficientemente buena como para permitir una respuesta clara.³

Algunos estudios de grupo de enfoque en Ucrania sugieren un escepticismo popular análogo hacia los medios, a los que se les consideró como "no libres" y, por tanto, no merecedores de confianza. Los estudios sostienen que los medios "carecen, en primer lugar, de artículos analíticos" y que desempeñan un papel "insuficiente" para dilucidar los temas centrales de la campaña y preparar al público para las elecciones. Los estudios de grupo  pusieron al descubierto que "los intentos de los medios masivos por arrojar luz sobre los acontecimientos políticos y económicos de manera oportuna y con calidad no fueron exitosos".⁴

Incluso en las democracias  industrializadas, donde los medios ocupan un lugar muy importante como fuentes de información política, la respuesta a la cuestión  sobre la influencia de los medios sobre las decisiones del electorado no es clara. En Gran Bretaña, el periódico de mayor circulación, el Sun, apoyó por muchos años al Partido Conservador, pero la mayoría de sus lectores, ubicados sobre todo entre los estratos trabajadores, apoyaban al Partido Laborista. Desde luego, que el periódico pudo haber influido para que un segmento marginal, pero potencialmente significativo de electores cambiara el sentido de su voto. En 1997, el Sun cambió sus preferencias a favor del Laborismo y demandó ese crédito cuando ese partido ganó,  a pesar de que las encuestas de opinión y la magnitud de la mayoría Laborista mostraron que fueron muchos los factores que habían entrado en juego. De hecho, es probable que ese diario tenga una mayor influencia en el nuevo gobierno que entre el electorado. Ya que  los líderes del Partido Laborista estaban ansiosos de congraciarse con el dueño del Sun, Rupert Murdoch, lo cual es un ejemplo del nuevo orden globalizado en donde los medios son también poderosas corporaciones transnacionales.

Más en general, Gran Bretaña ofrece un caso interesante de estudio sobre la influencia política de los medios. Una gran parte de los medios impresos apoyan al Partido Conservador. Si su influencia sobre el electorado fuese decisiva nunca  no existirían gobiernos Laboristas en la historia política británica. Es claro que las cosas no funcionan de manera tan simple. De ahí que la influencia indirecta de los medios sea mucho más difícil de evaluar. Como es lógico, esos medios influyen en la agenda política al destacar asuntos que son prioritarios para el ala conservadora, como la ley, el orden y la restricción de la inmigración. De ahí que un gobierno laborista pueda adoptar política más conservadora porque cree que los medios influyen sobre el electorado en esa dirección.

Notas:

¹ Margaret Scammell y Holli A. Semetko, " La publicidad política en televisión: la experiencia británica", en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Publicidad política en las democracias occidentales, Publicaciones Sage, Londres / Thousands Oaks, 1995.

² David Kerr, David Kerr, "La ideología, la resistencia y la transformación de las tradiciones de rendimiento en post-colonial Malawi" ("Ideology, resistance and the transformation of performance traditions in post-colonial Malawi"), Universidad de Botswana, Gaborone, 1993.

³ Proyecto de Monitoreo de los Medios de Zimbabwe, Una cuestión de equilibrio: los medios de comunicación de Zimbabwe y el referéndum constitucional, Harare, 2000

⁴ Gary A. Ferguson, Cuestiones políticas y grupos de enfoque de los medios de Urania: Sumario de conclusiones, International Foundation for Elections Systems, Washington DC, 1999.

Historia del respeto por la libertad de los medios

En la medida en que el gobierno de un país tenga un historial de respeto a la libertad de los medios, esto tendrá un gran impacto en la capacidad de éstos para informar sobre las elecciones. A menudo, un país con poco historial de respeto a la libertad de expresión, también tendrá poca experiencia en elecciones, o al menos en elecciones libres y democráticas.

El significado de ese historial es tal que, incluso cuando se han levantado restricciones -por ejemplo, en la transición de un gobierno autocrático a uno democrático-, los medios pueden estar todavía influenciados por  la memoria colectiva de la represión previa y tener reservas para informar de manera independiente y categórica. O puede que ocurra justo lo contrario: que los medios se solacen en un nuevo clima de libertad, pero se conduzcan de una manera poco profesional e irresponsable. El legado de restricciones a la libertad de los medios puede pervivir en una estación de propiedad estatal o controlada por el gobierno que, aún en el contexto de un nuevo sistema democrático, se muestre renuente a actuar con independencia del gobierno. Con frecuencia lo que entra en juego es una combinación de los anteriores elementos. Indudablemente, muchas veces los medios de comunicación pueden haber desarrollado sus propias normas profesionales y eficiencia en la adversidad. En ese sentido, pueden estar bien preparados para el reto de informar sobre las elecciones, pero es poco probable que tengan mucha experiencia práctica en la cobertura de las elecciones.

En cada uno de estos contextos, las autoridades encargadas de regular la operación de los medios tienen un papel importante en la creación de un ambiente más propicio para que los medios lleven a cabo las funciones, poco familiares, de  informar sobre las elecciones de manera libre y profesional.

Existen diversas acciones a través de las cuales los gobiernos pueden infringir la libertad de los medios. Entre las más comunes se pueden citar:

• Ataques físicos a los medios y periodistas. Los más serios ataques usualmente tienen como propósito silenciar a algunos críticos e intimidar a otros. Los periodistas son golpeados, asesinados o "desaparecidos". Las oficinas de los medios son atacadas, allanadas ilegalmente o incendiadas. El blanco pueden ser los vendedores de periódicos, a quienes se les pueden golpear o confiscar ilegalmente los periódicos.
• El uso de recursos legales extremos contra los medios. El más amenazante de todos ellos es la censura previa, es decir, que cada emisión de cualquier publicación esté sujeta a autorización oficial previa. El requisito de obtener licencia para las publicaciones o para ejercer la labor periodística, les confiere a las autoridades un fuerte control sobre los medios. Todo un arsenal de disposiciones legales puede ser utilizado para restringir la libertad de los medios, a menudo apelando a la seguridad nacional. Esas disposiciones pueden ser usadas como base para levantar cargos  penales contra los periodistas o propietarios de los medios, que pueden culminar en encarcelamientos prolongados. A veces se utilizan cargos de difamación o sedición, aún y cuando sea poco probable que los casos terminen en litigio judicial, con el propósito de intimidar a los periodistas o a sus fuentes de información. La imposición de medidas legales contra impresores y distribuidores es una forma muy efectiva de dañar la operación y la auto-orientación de los medios. Con frecuencia las restricciones de importación de insumos de impresión se ha usado como un mecanismo para restringir la libertad de los medios.
• Fuertes regulaciones sobre los medios. Un virtual o total monopolio estatal sobre los medios es una forma sumamente efectiva de evitar que se escuchen voces críticas. Aunque la máxima del periodismo es la de  morir en el cumplimiento de sus labores con tal de obtener un titular de ocho columnas, no hay duda que el control gubernamental de los medios ha sido - y sigue siendo-,  la forma más común para restringir lo que el público aprende.
• Aún cuando existen medios independientes y se encuentran exentos de constreñimientos legales, el control gubernamental de recursos vitales como la electricidad, los talleres gráficos, los transmisores o los equipos de computo puede ser utilizados para intimidar o silenciar a voces independientes.

Es en las nuevas democracias o en  aquellas en transición donde el legado de este tipo de restricciones tiene más incidencia. A veces siguen vigentes algunas leyes restrictivas, aún y cuando no son utilizadas tan a menudo como antes. Su simple existencia puede ejercer lo que convencionalmente se denomina un "efecto amenazador" en la libertad de los medios. Algunas veces, durante un período de transición, la violencia contra los medios puede efectivamente incrementarse, a medida que gobiernos represivos ya no pueden recurrir al mismo tipo de medidas de control legal de los medios y recurren a medidas secretas e informales de represión. Con mayor frecuencia, es probable que un tercer tipo de restricciones siga vigente, las relativas al control gubernamental de una gran parte de los medios. Los gobiernos también pueden ejercer un control estricto sobre el sistema de autorización de licencias o permisos para operar medios de comunicación, con el resultado de que incluso los medios "independientes" son de hecho controlados por sus aliados políticos.

Pero no sólo las dictaduras restringen a los medios. Aún en democracias muy bien establecidas existen tensiones entre el gobierno y los medios. Esto es inevitable y no del todo indeseable ya que, después de todo, se trata de que los medios actúen como vigías de los gobiernos. Sin embargo, estas tensiones no son absolutamente saludables. En las democracias desarrolladas es menos probable que los periodistas enfrenten amenazas al cumplir con sus deberes, pero pueden tener que hacer frente a demandas legales, por ejemplo, para forzarlos a revelar fuentes de información confidencial. Muchos de los juicios de la Corte Europea de derechos Humanos que han fijado normas sobre las obligaciones del gobierno respecto a la libertad de los medios han surgido de casos donde se han infringido derechos de los periodistas.

Importancia relativa de los distintos medios de comunicación

Un amplio abanico de factores económicos, políticos y culturales determinan cuáles son los medios de comunicación más importantes de cada país. Se dice con frecuencia que los medios de comunicación –y particularmente el rol que desempeñan en las campañas electorales- se han “americanizado”. Entre otras cosas, esto significa que la televisión juega un papel dominante como medio de información. Mientras esta creencia va en aumento, no es del todo universal. Asimismo, lo que puede ser verdad para un estrato de una sociedad en particular no lo es para todos. Por ejemplo, las personas de bajo nivel económico o bien que habitan en áreas geográficamente más remotas son menos susceptibles de tener acceso a la televisión que aquellas personas del ámbito urbano que cuentan con mayores recursos.

Estructura de la propiedad de los medios

 

Quien sea propietario de los medios, evidentemente tiene una enorme importancia en la forma en que se cubran las elecciones - o cualquier otro tema político. Los medios de propiedad estatal se encuentran a menudo bajo control directo del gobierno y, por tanto, tienden a favorecer al partido en el poder. Los medios de propiedad privada también pueden servir a los intereses políticos de sus propietarios, mientras que en algunos países los propios partidos pueden poseer medios de comunicación importantes.

También es probable que la estructura de propiedad de los medios gravite sobre cuestiones tales como el tipo de publicidad política que se permite durante las elecciones. Es bien sabido que en los Estados Unidos, donde los medios están casi exclusivamente en manos privadas, el acceso directo de los partidos a los medios se organiza a través de la publicidad pagada. Pero este no constituye un ejemplo aislado. En Finlandia, por ejemplo, las emisoras comerciales se desarrollaron antes que en la mayoría de los países europeos, impera un enfoque mucho más liberal acerca de la publicidad pagada que en el resto de la región. En países como Dinamarca y Gran Bretaña, con una tradición más fuerte de propiedad estatal de los medios, no se permite ningún tipo de publicidad pagada, pero a cambio se tiene un sistema gratuito de acceso directo a las emisoras. 

A veces se contempla a la propiedad de los medios como un simple reflejo de las condiciones políticas: los regímenes dictatoriales o autoritarios controlan directamente los medios, mientras que las democracias se caracterizan por la pluralidad. Hay un resabio de verdad en esto,  sin embargo la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las democracias de Europa Occidental, por ejemplo, contaron con un virtual monopolio estatal de las telecomunicaciones hasta fechas muy recientes. Gran Bretaña legalizó las emisoras comerciales privadas en los años 50, pero Francia, Alemania y Dinamarca, no lo hicieron hasta los años 80. Gran Bretaña y Francia son ejemplos especialmente relevantes debido a su amplio legado colonial que ha influenciado la organización de las emisoras y de los medios en muchos países. 

En gran Bretaña y Francia ha existido, históricamente, una fuerte distinción entre las actividades de las emisoras, con un fuerte componente público, y los medios impresos de propiedad privada. El fundamento para la participación del  Estado en las emisoras - o por lo menos en la asignación de permisos para operarlas-, ha sido que el espectro de frecuencias constituye un recurso público limitado. Por tanto, el acceso debe ser distribuido imparcialmente. Sin embargo, en algunas democracias consolidadas, como las escandinavas, existe una tradición de financiamiento público para los medios impresos, como un medio para asegurar el pluralismo.

Por lo contrario, los medios privados de América Latina estuvieron a menudo claramente identificados con las dictaduras militares de los años 60y 70. Lejos de promover el pluralismo, estos medios abogaron por su supresión.  De hecho, muchos podrían argumentar que las grandes corporaciones que dominan los medios en Estados Unidos no cumplen con la función de expresar opiniones políticas alternativas.  

Independientemente de cuál sea la certeza de esos argumentos, es claro que no existe una correlación directa entre la propiedad privada y el pluralismo de los medios.

La economía también desempeña un papel importante a la hora de determinar la estructura de propiedad de los medios. El tamaño del "pastel" que representa la publicidad varía de acuerdo con las condiciones económicas, pero generalmente no es mucho lo que cada medio en lo individual puede hacer al respecto. Todos los medios privados - y algunos públicos-, dependen de la publicidad para lograr que su negocio sea sustentable. Una de las razones del gran peso de los medios del sector público en los países pobres es el tamaño tan pequeño de ese pastel - y en particular el hecho de que la publicidad del gobierno represente la tajada más grande de él.

En los países africanos, por ejemplo, así como en algunas partes de América Latina y Asia, esto explica porque las cadenas nacionales de radio y las emisoras en frecuencias de onda media y larga sean casi por completo de propiedad pública. Los publicistas privados están básicamente interesados en llegar a una audiencia urbana con ingresos medios - el tipo de audiencia atendida por estaciones de FM (la mayoría de las cuales transmite mayormente música). Incluso cuando las regulaciones aplicables a las empresas emisoras lo permiten, aunque no siempre es así, ni las corporaciones ni los publicistas privados tienen mucho interés en contar con alcance nacional. En estas condiciones, el pluralismo en las transmisiones solo puede asegurarse desarrollando un claro mandato de servicio público para los medios estatales.

La emergencia de medios satelitales o de televisión por cable complica este panorama, pero contrario a lo que sostienen sus principales defensores, no lo altera sustancialmente. Obviamente, aquellos que pueden contratar un servicio de paga no están entre los más pobres - de cualquier forma, los propietarios de la televisión rara vez reparan en esa categoría. Los proveedores de cable y de transmisiones satelitales a nivel local están sujetos a las mismas restricciones políticas y económicas que los de las emisoras convencionales. Las cadenas multinacionales como la CNN o la BBC pueden ayudar de manera significativa a romper monopolios de radiodifusión. Es por ello que muchos países, especialmente en el Medio Oriente, han prohibido la propiedad de antenas parabólicas (prohibición que fue eludida en un muy memorable caso de África del Norte con su sustitución masiva por sartenes para hacer couscous). El Medio Oriente es un terreno fértil para la transmisión satelital porque comparte un lenguaje común, el árabe. Muy pocas regiones en el mundo comparten un lenguaje común, lo que significa que las transmisiones en inglés generadas en Londres o Atlanta tienen un impacto limitado.

Con el ánimo de simplificar al máximo las distintas formas de propiedad de los medios, tendríamos las siguientes:

• Medios de propiedad estatal o pública, básicamente en el área de las telecomunicaciones.
• Empresas de telecomunicación privadas. 
• Medios impresos predominantemente privados. 
• Medios comunitarios. 
• Medios de propiedad directa de los partidos políticos.

 

Medios públicos o estatales

 

Un porcentaje muy grande de los medios en todo el mundo -especialmente la radio y la televisión-, son propiedad pública o del estado. Se utilizan tres términos distintos que, al menos en principio, tienen un significado diferente:

• Medios públicos que utilizan fondos públicos para realizar transmisiones de interés para todo el público. No expresan opiniones partidistas, ni siquiera las del partido en el poder.
• Medios propiedad del estado (con fondos públicos) y directamente operados por él.
• Medios que son propiedad y son controlados por el gobierno en funciones (pero que también utilizan fondos públicos).

Existen dos modelos de telecomunicaciones públicas o estatales que se desarrollaron en paralelo. En Europa Occidental, la mayoría de las telecomunicaciones fueron originalmente de propiedad pública, pero operando normalmente bajo estrictas garantías legales de independencia respecto al gobierno en funciones. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética (y después en muchos países bajo su liderazgo), operó un modelo de telecomunicaciones bajo control gubernamental y orientado al logro de determinados objetivos estatales.

El modelo de servicio público europeo generalmente funcionó bien en sus países de origen pero no se difundió debidamente. Los medios coloniales basados en el modelo británico o en el francés disfrutaron de muy poca de la independencia de sus precursores metropolitanos, basándose más en prácticas convencionales que en fuertes garantías legales. Después de la independencia, los gobiernos poscoloniales continuaron con la tradición de las comunicaciones como propaganda gubernamental. De ahí que la clara distinción de origen entre el gobierno y los medios públicos se haya perdido por mucho en la práctica.

Pero la distinción sigue siendo importante. Las transmisoras de servicio público se fundaron en una convicción que sigue siendo válida en gran parte del mundo: el sector privado por sí mismo no puede ser garantía de pluralismo. El problema es que los medios gubernamentales también han fallado  en el cumplimiento de dicho objetivo. En muchos países, el advenimiento de las telecomunicaciones privadas terminó propiciando que el gobierno reforzara su control editorial sobre los medios públicos.

En algunos casos ha habido serios intentos por reavivar y modernizar el ideal de servicio público: en Sudáfrica, por ejemplo, donde desde 1993 las telecomunicaciones públicas gozan de independencia reconocida legalmente e incluso, en algún momento, sus juntas directivas fueron nombradas después de realizar audiencias públicas.

Los medios públicos o estatales suelen ser financiados de una de tres fuentes fundamentales:

• Una cuota para concederles licencia que es pagada por los televidentes.
• El presupuesto gubernamental
• Publicidad comercial.

En algunos casos este puede ser complementado por otros ingresos, como la venta de programas. Estas distintas fuentes de ingreso tienen implicaciones potenciales para la independencia cotidiana de los transmisores. Una tarifa de operación o la publicidad comercial puede hacer más fácil que el medio guarde distancia respecto al gobierno, aunque seguirá dependiendo de mecanismos gubernamentales (con frecuencia del servicio postal) para juntar la cuota.

Gran parte del debate acerca de la "regulación" de los medios durante las elecciones -un término que crea nerviosismo entre algunos defensores de la libertad de expresión-, tiene más que ver con el hecho de que los medios financiados públicamente operen con la debida independencia del gobierno en funciones, que con tratar de restringir las operaciones de los medios que ya disfrutan de plena independencia editorial.

Los medios de propiedad pública o estatal se ubican usualmente en el campo de las telecomunicaciones. Pero todavía existen muchos diarios o medios impresos de propiedad gubernamental, los cuales no gozan de la misma racionalidad económica que los medios de telecomunicación públicos y a menudo funcionan apenas como algo más que propagandistas del gobierno. Sin embargo, hay excepciones, el periódico del gobierno de Uganda, por ejemplo, es reconocido como una fuente informativa confiable e independiente. Pero con frecuencia, incluso, enfoques innovadores para la propiedad de los medios impresos desembocan en el mismo viejo patrón.

 

Los medios de comunicación corporativos

 

La división convencional de los medios de comunicación entre públicos y “privados”  se podría considerar anticuada en una era en donde los medios de comunicación son corporativos. Poseer un periódico o una estación de radiodifusión ha sido por mucho tiempo una empresa costosa. Sin embargo, para describir a un medio como “corporativo” no basta con decir que los medios son propiedad de grandes empresas. El notable desarrollo durante el último cuarto del siglo XX se concentró en la diversificación de las empresas dedicadas a los medios de comunicación en otros intereses comerciales, y en la adquisición de empresas de medios por corporaciones activas en otras modalidades de la actividad económica.

El segundo de estos desarrollos precedió ligeramente al primero, con firmas americanas como Westinghouse y General Electric comprando empresas de medios. La aceleración de una revolución en las comunicaciones favoreció el segundo desarrollo, con compañías dedicadas a los medios con distintas competencias en materia de comunicaciones, periódicos y revistas, publicación de líbros, cine grabaciones sonoras, desarrollo de programas de cómputo e Internet.

El resultado de estos desarrollos ha sido un panorama que está lejos de ser removido del ideal del “cuarto poder” –prensa independiente y separada del proceso político. Los dueños de los medios de comunicación tienen un interés partidista en el proceso político en el mismo sentido que cualquier compañía tiene.

 Muchos modelos teóricos han sido desarrollados para explicar el rol de las corporativas mediáticas en el proceso electoral. El modelo de propaganda desarrollado por Herman y Chomsky es influyente. [Edward S. Herman y Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, 1988]. En su libro explican la tendencia de los medios masivos de comunicación para ajustarse al consenso político en los países occidentales con relación a cinco “filtros” por los que pasan las noticias:

·         Propiedad: los medios masivos de comunicación tienden a ser propiedad de grandes intereses corporativos con intereses creados en el status quo político y económico.

·         Publicidad: la mayoría de los ingresos provienen de la publicidad, no de las ventas. Los publicistas son en si mismos intereses de grandes corporaciones que rechazan las voces disidentes.

·         Fuentes: prevalecen fuentes oficiales o “establecidas” para historias políticas y económicas.

·         Crítica: La cobertura crítica se enfrenta con una respuesta sistemáticamente hostil por parte del gobierno y de los funcionarios empresariales, entre los que se incluyen demandas, presiones informales, retiros de publicidad, o la publicación de historias perjudiciales.

·         Ideología: Herman and Chomsky describen el anticomunismo como un ideología genuina y compartida en los medios de comunicación ede la década de los 80s en los Estados Unidos. Esto podría actualizarse como una ideología anti-terrorista, anti-islámica o a favor de la globalización en las sociedades occidentales del año 2000. Por supuesto que hay otras sociedades que cuentan con sus propias ideologías oficiales.

Herman y Chomsky fueron fuertemente criticados por la supuesta naturaleza conspiratoria de su explicación. De hecho, en su momento se esforzaron en destacar que la suya fue una explicación estructura que operó independientemente de la decisión personal de los editores y periodistas involucrados. Aceptada o no esta explicación, queda claro que el papel político de las corporaciones dedicadas a los medios de comunicación es un hecho de la vida diaria en el siglo XXI.

 

Empresas de transmisión privadas

Existe una amplia variedad de empresas de transmisión privadas -que van desde gigantescas corporaciones transnacionales, operadas por algunos de los hombres más ricos y políticamente poderosos en el mundo, hasta pequeñas estaciones locales de radio. La categoría es artificial, puesto que lo que las une es tan grande como lo que las separa.

Sin embargo, lo que tienen en común es que son propiedad de intereses privados – que usualmente busca generar ganancias, aunque hay algunas compañías que no persiguen fines de lucro sino generar confianza. En la mayoría de los casos, su operación se regirá por los términos de una licencia garantizada periódicamente por una autoridad pública. Desde luego, hay variaciones en que tan restrictivos o normativos sean los términos de la licencia o permiso oficial. Algunas veces puede prohibir expresamente la transmisión de noticias. Este es el caso de la licencia otorgada a la transnacional sudafricana M-Net, por ejemplo. M-Net se dedica exclusivamente a ofrecer canales de entretenimiento, por lo que las elecciones, con el revuelo y controversia que generan, son totalmente ignoradas.¹

A menudo, la licencia de operación fijará ciertos términos bajo los cuales pueden transmitirse noticias o asuntos de actualidad. En ocasiones, esto incluye prescripciones en cuanto a como lo cobertura de las elecciones deben efectuarse. También puede haber un componente explícito de servicio público a la licencia - por ejemplo, que obliga al licenciatario a tener programas de educación pública.

Qué tan importante son las emisoras privadas como una fuente de información para los electores es una cuestión que tiene que ser respondida conjuntamente con el rol de la emisora pública. En un extremo se ubica Estados Unidos, donde las emisoras públicas desempeñan un papel marginal, por lo que los electores obtienen gran parte de la información electoral de medios privados. Paradójicamente, un país como Tanzania, donde la televisión fue introducida en fechas muy recientes, la televisión privada tiene mucho mayor peso que la pública. (Esto contrasta con la mayoría de los países africanos donde predomina la televisión estatal -e incluso con Zanzíbar, la región de Tanzania donde la televisión ha existido desde hace mucho tiempo).²

La televisión privada es el medio que experimenta un mayor crecimiento en muchas partes del mundo - no sólo en Europa Occidental, donde tuvo un inicio comparativamente tardío, sino también en África, América Latina, Asia y Europa Oriental. En muchos casos, los propietarios de los medios tienen ambiciones políticas y electorales explícitas. El ejemplo más evidente es el de Silvio Berlusconi en Italia, cuyas estaciones promovieron exitosamente sus ambiciones para convertirse en Primer Ministro de su país. Un fenómeno similar se observa en algunos países de América Latina y en Europa Central y del Leste.

¹ Richard Carver, África del Sur, en Richard Carver y Ann Naughton (eds) ¿Quién domina las ondas de radio? Radiodifusión en África, ARTICLE 19 y Índice de Censura, Londres 1995, p. 91

² Richard Carver, "Tendencias y Temas en la Radiodifusión Africana" en Richard Carver y Ann Naughton (eds) ¿Quién domina las ondas de radio? Radiodifusión en África, ARTICLE 19 y Índice de Censura, Londres 1995, p. 5

Medios impresos

 

Los medios impresos muestran la mayor diversidad de todos, en términos de propiedad y contenidos. Abarcan desde diarios hasta revistas semanales, desde periódicos noticiosos hasta publicaciones  especializadas. Para los efectos de las elecciones, el interés se centra en los diarios,  aunque muchas de las normas y observaciones también son aplicables a otro tipo de medios impresos.

Aún en situaciones en donde el gobierno controla una buena parte de los medios de telecomunicación, los medios impresos usualmente se ubican en manos privadas. Es posible que las principales excepciones sean los sistemas autoritarios o dictatoriales donde es poco probable que la celebración de elecciones libres figure en la agenda. Pero también hay países, como algunos del norte de Europa, donde se brinda un subsidio público a los periódicos para procurar la diversidad política de la prensa. En países que van saliendo de regímenes dictatoriales, los donantes de ayuda a menudo subsidian diarios privados con un propósito similar. Sin embargo, los periódicos obtienen, por mucho, sus principales ingresos de publicidad y ventas (siendo usualmente los de publicidad mucho más significativos).

El ideal de un "cuarto estado" o "cuarto poder" - los medios como fiscalizadores del gobierno-, es quizá más efectivo en los medios impresos que en las emisiones. Es probable que al menos algunos periódicos en cualquiera que sea el país conduzcan una investigación seria de la información o comenten de una forma relativamente profunda o sofisticada los acontecimientos políticos. Esto no siempre es cierto en el caso de la emisoras de radio o televisión.

Aún así, los periódicos suelen tener su propia agenda política, que no siempre es democrática. Un ejemplo notable fue el del diario chileno El Mercurio, que realizó una abierta campaña en contra del gobierno elegido en 1973 y a favor de un golpe militar -un caso evidente en que la prensa lamentablemente no promovió el pluralismo político. Sin embargo, el argumento usual es que la existencia de distintos diarios que reflejen las distintas opiniones asegurará un público mejor informado y un libre intercambio de las ideas políticas. El modelo de propaganda de los medios masivos de comunicación, enunciado por Herman y Chomsky, se aplica tanto a los diarios como a las emisoras...

Probablemente los diarios sean más propensos que las emisoras a apoyar explícitamente a un candidato o a un partido político. La cultura política varía de país a país. En muchos países sería impensable un apoyo editorial explícito; en otros esto sería visto como normal.  La conducta ética clásica requiere que el reportaje de noticias esté estrictamente separado de la expresión de un comentario editorial. Sin embargo,  la elección de una agenda política inevitablemente afectará la selección de noticias que serán cubiertas.

De una manera general, los diarios, conjuntamente con otros medios, seleccionarán aquellos asuntos legítimos que deben ser debatidos durante una campaña electoral. Lo deseable es que estos sean los asuntos que sean de la preocupación de los electores. Desafortunadamente, es frecuente que los medios y los partidos se confabulen en la selección de los asuntos prioritarios.

 

Medios comunitarios

Los medios de comunicación comunitarios son un fenómeno de rápida expansión en  varias partes del mundo.  La discusión se centra en quienes están exactamente facultados para autodenominarse como medios comunitarios. Convencionalmente, la denominación incluye algo que es producido por y para la comunidad. En otras palabras, no solo se trata de que esté enfocado a una pequeña área local, sino que debe ser producido con el concurso de la comunidad.

Pero entonces ¿qué es una comunidad? Usualmente se asume que el término se refiere a una comunidad geográfica. Pero en Sudáfrica, por ejemplo, que cuenta con una de las cadenas comunitarias más grandes en el mundo, el término también se refiere a una comunidad de intereses, especialmente entre sectores desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, puede haber una "comunidad de mujeres", una "comunidad de homosexuales", o una comunidad de "personas con discapacidades". También podría haber medios dirigidos a gente con cierto credo religioso.¹

Los medios mismos también difieren. Los periódicos comunitarios cuentan con un largo historial, pero en los últimos 20 años se ha registrado la emergencia de tecnologías de menor costo para las telecomunicaciones, acompañada de una liberalización en el régimen de permisos o autorizaciones de operación. En algunos países, esto ha facilitado el surgimiento de un robusto sector en la radio comunitaria (y, en menor medida, en la televisión).

En algunos países, las emisoras nacionales públicas, también tienen un papel comunitario, presentando materiales producidos por, (o dirigidos a), determinadas comunidades locales, o comunidades de intereses. 

El significado de esto para las elecciones es  inmediatamente evidente. Los medios comunitarios, casi por definición, tienen una audiencia pequeña pero muy leal. Para efectos de educación electoral, los medios comunitarios serían muy importantes, sobre todo en la medida que pueden atender a segmentos de la sociedad que son obviados por medios más tradicionales.

Con frecuencia, los términos de las licencias de operación de emisoras comunitarias prohíben expresamente su intervención en campañas políticas. Sería especialmente importante para la autoridad encargada de su regulación monitorear el cumplimiento de los términos de su licencia durante los períodos electorales.

¹ Richard Carver, África del Sur, en Richard Carver y Ann Naughton (eds) ¿Quién domina las ondas de radio? Radiodifusión en África, ARTICLE 19 y Índice de Censura, Londres 1995, p. 93. Ver también http://www.amarc.org (World Association of Community Radio Broadcasters).

Medios de los partidos políticos

 

Es una paradoja que aquellos medios que son de propiedad y bajo control directo de partidos políticos – los cuales  parecieran ser los más interesados en el resultado de una elección se ubiquen al margen de la mayoría de los sistemas de regulación. Si un diario es simplemente una hoja de campaña del partido que lo posee, no está efectivamente limitado por ninguna de las normas profesionales o legales que rigen la operación de los medios de comunicación. 

En muchos países no se permite que los partidos posean estaciones de radio o televisión, ya que ello se considera una distribución injusta de un recurso nacional - el campo de frecuencias-, a favor de un interés político específico.

En esencia, los medios partidistas se ubican en tres grandes categorías y corresponde a la autoridad decidir entre ellas:

• Páginas de propaganda que no caen dentro de los medios regulados, pero pueden ser monitoreadas si, por ejemplo, representan gastos de campaña, que pueden estar limitados por la ley.
• Medios privados convencionales que resultan ser propiedad de un partido. En este caso, tienen que avenirse a las normas o regulaciones aplicables a los medios privados.
• Medios gubernamentales, en una situación en la que el gobierno y el partido en el poder estén interrelacionados. En ese caso, los medios que utilicen recursos públicos deben observar las mismas normas que cualquier otro medio público -lo que en la práctica probablemente signifique que no pueden realizar campaña partidista alguna.

Rápidamente, está surgiendo un tipo de medio de comunicación  que obvia la distinción entre los medios partidarios y privados. Políticos individuales o líderes de negocios con ambiciones políticas, poseen medios de difusión que parecer ser emisoras regulares. Para fines prácticos, estos son medios privados convencionales, sujetos a las mismas leyes y reglamentos como cualquier otro.

 

Los “nuevos” medios de comunicación

 

Las prácticas y principios  en el comportamiento de os medios de comunicación en las elecciones fueron desarrollados por los que llamamos los “viejos” medios de comunicación: periódicos, radio y televisión. Aún los nuevos formatos de medios de comunicación son desarrollados a una gran velocidad. Internet es el ejemplo natural, aunque hay otras tecnologías de gran relevancia para las elecciones: los mensajes cortos o SMS, transmitidos vía teléfono celular, por ejemplo.

¿Las prácticas y estilos que regulan las modalidades de  cobertura que se han desarrollado al paso del tiempo, para los medios ordinarios de comunicación aplican de igual forma a los “nuevos”?

Es pertinente aclara que existe una potencial confusión para aclarar este punto. Ya que, hay muchos usos posibles para las tecnologías de comunicación electrónica en el proceso electoral en si. Estas incluyen el registro y proceso de votación en línea a través de internet o mediante el envío de mensajes SMS. No obstante, éstas son muy específicas y necesitan distinguirse del rol que estas tecnologías pueden jugar como medios noticiosos o de campaña. Mas, tales medios no se discuten en este documento.

Muchas de las suposiciones que subyacen bajo las regulaciones a los medios de comunicación convencionales sencillamente no aplican para los nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, el espacio para publicar materiales en Internet es literalmente infinita, comparada con la suposición que hay detrás de las regulaciones de transmisión  en el sentido de que el espectro de frecuencia es un recurso finito que debe ser compartido.

Las nuevas tecnologías pueden, hasta cierto punto, retar el dominio de las poderosas voces corporativas o gubernamentales. Es mucho más fácil para personas o grupos pequeños poner en marcha sitios en internet o campañas para el uso de mensajes MSN, que lo que es en otro sentido lanzar un periódico o una estación de televisión. En última instancia, sin embargo,  internet y otras tecnologías son incorporadas sobre medios (las líneas telefónicas por ejemplo) que son propiedad del gobierno o de grandes corporativos.

El desafío regulatorio que plantean los nuevos medios, hasta ahora, es el siguiente: Los medios de comunicación anteriores han estado regulados de tal forma que no constituyen una censura y alientan en lugar restringir, la libertad de expresión. Estas regulaciones en el caso de los nuevos medios han probado ser imposibles. Los nuevos medios pueden ser reglamentados, aunque el contenido en internet, por ejemplo, es tan diverso y difundido que las regulaciones han sido torpes y ha ascendido hasta la censura: intercepción de correo electrónico, cierre de sitios de internet, y acciones legales de presión en contra de los proveedores de servicios de internet.

Internet en lo particular, representa un reto a los puntos de vista tradicionales sobre el comportamiento de los medios de comunicación en las elecciones. Por ejemplo, los bloqueos informativos electorales, se han vuelto virtualmente obsoletos por las actividades de los sitios en internet no regulados.  La característica del internet que lo sitúa más allá de las regulaciones es su naturaleza internacional. Los intentos de los reguladores nacionales para cerrar sitios en internet se enfrentan con la creación de sitios espejos (réplicas) fuera de las fronteras del país.

Es probable que este desafío regulatorio se extienda más allá del mundo escrito, con el desarrollo de la radio en internet y, con el tiempo, de la televisión. Otras variantes, como el  “podcast” o transmisión de archivos de audio por la red –RSS (Really Simple Sindication) y las redes entre pares, únicamente incrementan este reto.

 

Internet

Internet ha sido aclamado como la siguiente revolución en las comunicaciones electorales; ya que, se afirma que ha revolucionado los flujos globales de información. Ya se llevan a cabo sondeos de opinión a través de Internet (aunque uno espera que sus resultados se traten con extremo cuidado). Manejar ese tipo de afirmaciones con algún escepticismo no significa descalificarlas de antemano; simplemente, se trata de tomar una medida prudente sobre el lugar que ocupa Internet en la estructura general de los medios.

El primer punto es que Internet depende de las telecomunicaciones –todavía,  su dependencia a las líneas terrestres  es mayor a la de la telefonía celular. Otros dos factores de inmediato resaltan el significado de esto. Primero, hay más teléfonos en Manhattan que en toda África. Segundo, en Sudáfrica, que ocupa la décima octava posición mundial en términos de conectividad a Internet, más de la mitad de la población jamás ha realizado una llamada celular.¹ Dicho simplemente, Internet es un medio de comunicación para la población relativamente adinerada, no para la gran masa de electores en el mundo. En ello se distingue del radio, incluso de la televisión, y es probable que se mantenga así en el futuro previsible.

Sin embargo, Internet se ha convertido rápidamente en un medio de comunicación política muy importante -como lo constatan los esfuerzos de países como China a fin de limitar el acceso a sitios  de Internet "subversivos". En circunstancias en que los medios convencionales operan con muchas censuras, Internet puede ser un medio importante para que un pequeño grupo de personas reciban información  política importante que luego puede ser diseminada más ampliamente. En otras palabras, para la mayor parte del orbe, el significado es que, Internet permitirá poner en circulación un mayor número de ideas distintas, en vez de servir como un medio de comunicación masiva para partidos, candidatos o autoridades electorales.

También es posible que la "convergencia" entre la tecnología de la radiodifusión y de las telecomunicaciones más modernas conlleve a una vinculación más estrecha entre los medios tradicionales  e Internet. Por supuesto, los principales proveedores en uno de esos campos pueden fácilmente desplazarse a otro. La telefonía ha pasado al uso de satélites, mientras que las emisiones de radio y televisión se han movido al uso de la fibra óptica. Una probable consecuencia económica y social reside en el crecimiento de los monopolios privados en la radio, la televisión e Internet.

Incluso en los Estados Unidos, donde el uso de Internet está más extendido, es sorprendente que los partidos políticos hayan hecho un uso tan limitado y poco sofisticado de  dicho recurso. Quizá esto se explique por la resistencia de los políticos modernos en involucrarse en interrelaciones espontáneas con el electorado. Los sitios o páginas de Internet de los políticos tienden a presentar o reproducir los mismos materiales que están disponibles en medios o formatos más tradicionales.

En el terreno electoral donde Internet se ha desarrollado más rápido es el relacionado con la colocación de materiales por parte de organizaciones no gubernamentales. En Estados Unidos esto ha incluido bases de datos con búsqueda en línea que le permitan a todo el público acceder a información sobre las contribuciones de campaña de diferentes candidatos – o investigar el historial de votación de un político - una aplicación que solo puede contribuir a fortalecer la democracia.

Sin embargo, una aplicación más problemática consiste en el uso de Internet para subvertir estándares convencionales que han sido ampliamente aceptados por todos los medios "tradicionales" - por ejemplo, informar sobre los resultados de sondeos de opinión o encuestas a boca de urna antes de que concluya la votación.

Una importante característica de Internet – mala o buena según el punto de vista de uno – es la facilidad de acceso por parte de individuos y pequeñas organizaciones. Internet no presenta ninguna de las restricciones tradicionales de publicación: ni gastos ni control de calidad. Esto ha conducido, por ejemplo, a la aparición de “blogging” (una abreviatura de “Web log”). Estos diarios políticos independientes, y a veces desmedidos, han sido elogiados y condenados en igual medida.  Pero son un fenómeno político que  llegaron para quedarse.

Otros acontecimientos tecnológicos dentro de Internet también tendrán ramificaciones políticas. “Really Simple Syndication” (RSS)  es un modo de diseminar noticias rápida y virtualmente sin costo. Redes inter pares (“peer to peer”) permiten la transferencia de grandes  archivos (de audio o video) a una amplia audiencia, de una manera simple y a bajo costo. “Podcasting” es un término acuñado para describir la emisión de materiales de audio a través de la Internet (y en teoría para su descarga a dispositivos personales de reproducción estéreo).

La combinación de estas tecnologías –tal como la redifusión de “podcasts” - tiene una enorme importancia potencial. Estos son medios con audiencias masivas que están fuera del alcance de cualquier autoridad reguladora. Esto es un acontecimiento en gran parte beneficioso, algo que evade censura e incrementa la libertad de expresión. Por ejemplo, en Singapur, donde los medios principales están bajo control oficial, el líder de la oposición ha usado podcasts para distribuir sus mensajes políticos.

Junto con los medios convencionales, el uso de Internet va a adquirir una importancia cada vez mayor. Después de todo, muchos periodistas utilizan hoy en día Internet como una fuente importante para sus reportajes. Las autoridades electorales utilizan la Web con una frecuencia cada vez mayor, para divulgar información. Esta información después puede ser recuperada por los medios convencionales y difundirla de manera más amplia. Esto es particularmente importante para cuestiones como la difusión de resultados, por citar un ejemplo. Si un sitio de Internet puede ser ligado al sistema automatizado que contiene la base de datos de la autoridad es posible que los resultados sean transmitidos públicamente de manera inmediata.

Internet también puede ser un medio importante para distribuir materiales tales como paquetes para emisiones radiales. Este es un medio particularmente efectivo para hacer llegar este tipo de programaciones a estaciones de radio locales o regionales en países de gran tamaño - Indonesia, por ejemplo, ha ensayado esta medida. Esto reviste una utilidad potencial para distribuir materiales de educación electoral u ofrecer acceso directo a él.

¹ Sally Burnheim, The Right to Communicate: The Internet in Africa, ARTICLE 19, London, 1999. (http://www.article19.org.)

La telefonía móvil y las campañas electorales

 

Los teléfonos celulares son potencialmente un medio muy importante para  la comunicación electoral, por dos razones:

• La propiedad y acceso a los teléfonos móviles (celulares, móviles, teléfono de mano…) supera por mucho el acceso a las líneas de comunicación terrestres. Esta disparidad es especialmente visible en los países pobres, aunque es un fenómeno general.
• Los teléfonos celulares tienen un potencial como medios de “transmisión” que no es comparable con las líneas de comunicación terrestre. Mientras que éstas podrían ser utilizadas para mensajes de voz y la transmisión de documentos, el teléfono celular puede enviar y recibir archivos con mensaje de texto, audio y video.

El uso de teléfonos celulares en los periodos de campaña o de transmisión aún no está bien desarrollado, aunque su potencial es obvio. Hasta ahora, ha estado orientado al uso de texto o mensajes cortos (SMS). Existen dos ejemplos bien documentados en Filipinas. En 2001 el Presidente Joseph Estrada fue obligado a dimitir después de una campaña popular en contra de su gobierno orquestada vía el sistema de mensajes SMS. Posteriormente, en las elecciones presidenciales de 2004, el servicio SMS se convirtió en una útil herramienta de campaña para los principales candidatos.

Es difícil ver cómo el servicio de mensajería SMS podría fácilmente ser llevado al ámbito regulatorio sin recurrir a la mano dura en el terreno de la censura. Asimismo, el SMS, como el correo electrónico, puede ser “burlado”. Esto significa que los mensajes pueden ser enviados de una dirección falsa o  disfrazada (como sucede con los correos “spam”), haciendo aún más difícil la tarea de los reguladores.

Lo que hasta ahora se ha visto limitado a SMS podría desarrollarse rápidamente a través de archivos de audio y vídeo, con el desarrollo de teléfonos de "tercera generación" (3G), capaces de intercambiar estos archivos fácilmente. Este es un punto en el que las técnicas basadas en Internet (tales como el podcasting) y la telefonía celular se superponen. Las transmisiones políticas podrían ser distribuidas por una combinación de medios de comunicación, para ser visto o escuchado en los teléfonos o reproductores personales de música.

Estas tecnologías están potencialmente disponibles para todos los actores de las campañas electorales. Los partidos pueden utilizarlos para distribuir material de campaña, los medios de comunicación pueden mejorar la audiencia de sus emisiones, y los administradores electorales pueden utilizarlos para educar al público y aumentar la participación política, especialmente entre los jóvenes votantes.

 

Nivel de profesionalismo de los medios de comunicación

 

Un elemento importante en el ambiente de los medios de comunicación es el grado de profesionalismo y experiencia de los reporteros y de otros profesionales del ramo. Es común que los periodistas en un país que recientemente ha emergido de un sistema político altamente restringido carezcan de las habilidades y estándares profesionales de sus homólogos en  países que cuenta con una larga tradición en términos de libertad de prensa.

En ocasiones, los medios de comunicación emergen de una situación en la que los periodistas no se desempeñan en un marco de libertad. En estos casos, puede haber una tendencia a abusar de estas nuevas libertades, a través de historias mal investigadas o incorrectas. De igual forma, los periodistas que están en esta situación simplemente no saben el grado de profesionalismo que se espera de ellos: no cuentan con órganos o sindicatos profesionales con códigos de conducta. Carecen de las habilidades básicas para investigar, verificar y escribir historias para su publicación o emisión. Específicamente, es probable que a los periodistas que están cubriendo su primera elección libre ésta les resulte poco familiar, aún en los más elementales aspectos del proceso. En muchas ocasiones, no  existen facilidades para capacitar a los periodistas o al menos ninguna que les brinde las habilidades necesarias para  fungir como “vigía”  en una democracia. 

Sin embargo, la experiencia de un régimen autoritario no será enteramente negativa. En muchos casos, periodistas independientes han jugado importantes roles al presionar dictadores para abrir el espacio político. Los periodistas que realizan una buena investigación, publicando historias útiles en un contexto autoritario, habrán  desarrollado habilidades profesionales que sus colegas en circunstancias más amistosas difícilmente adquirirán. En el contexto de un proceso electoral, el reto profesional será el de llevar estas habilidades a enfrentar un nuevo y poco familiar conjunto de historias a publicar.

 

Capacitación periodística

 

Los estándares  del periodismo  están determinados en parte, por la existencia de instituciones de capacitación. Esto a su vez será influenciado principalmente por dos factores: el contexto político y el contexto económico.

En situaciones en donde el ambiente periodístico es altamente restringido, hay pocas probabilidades de que haya instituciones o centros académicos de capacitación para los periodistas que les proporcione las habilidades necesarias. Es poco probable asimismo que los órganos profesionales tengan la voluntad, o estén facultados para proporcionar tal capacitación. En países de escasos recursos, la capacitación de periodistas pocas veces es vista como una prioridad. A menudo esto es el resultado del bajo nivel social concedido a los periodistas. 

En cualquier circunstancia, esta actividad puede ayudar a desarrollar programas de capacitación a nivel regional o inclusive internacional. Las organizaciones internacionales de periodistas, como la "Federación Internacional de Periodistas", cuentan con gran experiencia (inclusive en el área de cobertura electoral) y están en condiciones de brindar capacitación, especialmente en las jóvenes democracias o en las que se encuentran en transición. Las instituciones regionales de capacitación pueden proporcionar cierto tipo de capacitación que encaje muy bien con la experiencia de los periodistas locales, sin las limitaciones políticas y económicas. Con el acceso a Internet, los que aspiran a ser periodistas pueden aprender considerablemente de varios sitios Web.

 

Marco legal para los medios de comunicación

 

Un factor importante para  determinar el pluralismo,  la independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual  realicen sus actividades. Los periodistas a menudo tienen la visión de que todo irá mejor, entre menos tengan que lidiar con la legislación. Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en que se desenvuelvan los periodistas esté enfocado a crear un ambiente en donde prevalezca el periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos que intervienen en su desempeño.

El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación deriva en primera instancia de la legislación internacional. Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las demás. En su Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR):

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Este es un tratado vinculante  todo Estado que lo haya ratificado.

Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de medios.

A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por leyes a distintos niveles:

• La Constitución - ley suprema o básica de la nación.
• Estatutos, aprobados por la legislatura.
• Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria.

Por supuesto que en principio, todas estas áreas de la ley  deben estar ligadas a otras de distinta manera. Si un país ha ratificado el ICCPR o algún tratado regional de derechos humanos; en consecuencia, su contenido se verá reflejado en la Constitución, la cual a su tiempo determinará el contenido de la ley subsidiaria. No obstante, la vida rara vez es así de simple.

En un gran número de sistemas legales, la ratificación de tratados no encuentra automáticamente su camino dentro del cumplimiento de la legislación nacional. Las constituciones quizá tuvieron que ser diseñadas con mucho tiempo de anticipación, previo a su ratificación. O bien, las Constituciones pueden reflejar los progresivos desarrollos en la ley de libertad de expresión; no obstante, que otros estatutos no hayan sido reformados. En un principio, la ratificación de los tratados puede sentar precedencia sobre la Constitución y proporcionar los medios para interpretarla. O pueden considerar ser del mismo estatus. O pueden formar parte de la legislación local, pero en un nivel inferior a la Constitución. De la misma forma, la Constitución usualmente será soberana en relación a los estatutos, los cuales serán considerados inefectivos si entre ambos entran en conflicto.

Todo lo anterior, a su turno, está en función del grado en que los gobiernos respetan el estado de derecho en la práctica. Aún en democracias estables, esto no es algo que pueda darse por hecho. Un gobierno, fácilmente se puede sentir ofendido por lo que a su juicio es una prensa curiosa y entrometida y toma medidas ilegales para frenar sus investigaciones -confiscar ilícitamente las notas de los periodistas para organizar escuadrones de la muerte. En esta área, como en muchas otras, es de suma importancia que la vigilancia del sistema judicial esté preparada para confrontar al gobierno.

 

Protección constitucional para la libertad de los medios de comunicación

La tendencia en años recientes ha sido el fortalecer el papel y supremacía de la Constitución en la ley y el gobierno. Cada vez en mayor medida, nociones como la "soberanía del parlamento" están siendo reemplazadas por la idea de que debe haber una única ley suprema que gobierne a todos por igual. Aún la Gran Bretaña, cuna del concepto de "soberanía del parlamento", la cual se supone es una "constitución no escrita” ", ha incorporado la Convención Europea de Derechos Humanos dentro de su ley local como un tipo de declaración de derechos. Los Estados Unidos, por el contrario, cuentan con una larga tradición en reglas constitucionales. La primera enmienda a la Constitución de este país establecía que "el Congreso no debería elaborar ninguna ley que recortara la libertad de expresión, o de prensa" en otras palabras la ley suprema está por encima de la legislatura.

Más generalmente, las constituciones antiguas que brindan una protección general a la libertad de expresión ahora se interpretan para abarcar la libertad de los medios y el derecho a la libertad de información: dos de los aspectos más relevantes que concierne a los medios y las elecciones. 

La Constitución de Sudáfrica (1996), en su sección 16 de la libertad de expresión, representa algunos de los pensamientos constitucionales modernos más progresivos sobre la libertad de los medios:

(1) Cualquier persona goza del derecho de libertad de expresión,  lo cual incluye - (a) libertad de prensa y de otros medios; (b) libertad para recibir o compartir información e ideas; (c) libertad de creación artística, y (d) libertad académica y libertad de investigación científica.

(2) El derecho en la subsección (1) no es extensible a- (a) propaganda con fines bélicos; (b) incitación a la violencia; o (c) defensa del odio que esté basado en la raza, etnicidad, género o religión, y que constituya una incitación a causar daño.

Las excepciones en la sección 16(2) reflejan aquellas contenidas en el Art. 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cuando se introduce una protección constitucional a la libertad de expresión, el gobierno puede conducir y auditar las leyes existentes para determinar su conformidad con la Constitución. Cualquiera que no lo haga debe ser rechazada o corregida para que esté de conformidad con la Constitución

No obstante en muchas instancias, tal auditoria no se lleva a cabo. La constitucionalidad de las leyes existentes sólo se comprueba  a través de un litigio, cuando el gobierno intenta aplicar una ley obsoleta. Es en estas circunstancias que cobra especial importancia la existencia de un órgano judicial independiente que esté preparado para hacer respetar la protección constitucional de los derechos.

Bajo la mayoría de las constituciones el derecho a la libertad de expresión puede ser suspendido o "derogado" en ciertas circunstancias excepcionales. De conformidad a los estándares internacionales, esto únicamente puede pasar cuando se declara un estado de emergencia. La suspensión de los derechos únicamente se presenta durante el tiempo que dure una amenaza real de emergencia en la nación.

Estatutos que afectan a los medios de comunicación

 

Distintas tradiciones legales tienen enfoques muy diferentes sobre el papel de la ley regulatoria con relación a los medios de comunicación (u otros aspectos de la vida nacional). Los países que cuentan con una legislación civil o tradición legal socialista tienden a tener un estatuto completo que regula el desempeño de los medios de comunicación. Los países con un derecho consuetudinario no tienden a hacerlo, en su lugar asumen que los medios son sujetos a la legislación general del país, a excepción de áreas muy específicas.

La amplia variedad de sistemas hace muy difícil generalizar acerca de las leyes vigentes aplicables a los medios. La siguiente, sin embargo, es una lista de principios derivados de distintos estándares internacionales que nos dan alguna indicación sobre las leyes que en apariencia permiten un grado saludable de libertad de los medios:

• Cualquier persona es libre de poner en funcionamiento un medio de comunicación, siempre y cuando acate lo establecido en la legislación básica administrativa del país. No habrá procedimientos para otorgar licencias a los medios impresos. Las emisoras pueden ser autorizadas a través de un órgano regulador de la publicidad, de conformidad con los estándares disponibles en la materia.
• Cualquier persona es libre para desempeñarse como periodista. No habrá calificación legalmente prescrita o proceso de registro.
• La ley sobre difamación proporcionará un recurso civil en caso de daño intencionado - pero esto no será una ofensa criminal. La ley de difamación ofrecerá menos protección a políticos y otras figuras públicas que a personas y entidades privadas.
• Las leyes sobre sedición no castigarán a periodistas y otras personas sobre la base de la difusión de hechos o por la expresión de opiniones. Las disposiciones sobre "seguridad nacional' serán definidas con precisión y únicamente se aplicarán en el caso de considerarse una seria amenaza a la vida de la nación y no para proteger a organismos políticos o agencias gubernamentales de un escrutinio legítimo.
• Existirá la presunción de que la información oficial pertenece al público. Únicamente se protegerá para salvaguardar los intereses legítimos de seguridad nacional o por una serie de razones claramente definidas. De otra manera, deberá haber mecanismos para asegurar el acceso público a la información oficial.
• Los periodistas no podrán ser obligados a revelar las fuentes confidenciales de información, excepto en muy limitadas circunstancias, en la práctica, solo, cuando el mantener confidencialidad interfiera con una investigación  que persigue un delito  y cuando la información no se puede conseguir de otras fuentes.

 

Otros instrumentos regulatorios que afectan a los medios de comunicación

 

A fin de darle fuerza a muchos de los estatutos aprobados por la legislatura, éstos necesitan la promulgación de regulaciones detalladas. Por ejemplo, la legislatura puede aprobar un estatuto para las emisoras, pero se necesita establecer un reglamento para definir el procedimiento de concesión de licencias exacto. Este reglamento tiene efectivamente fuerza legal, pero es inferior a un estatuto aprobado por la legislatura. En caso de presentarse un conflicto entre ambos, prevalecerá el estatuto.

Otro tipo de modalidad de instrumento regulatorio es más problemático. Los gobiernos autoritarios a menudo gobiernan por decreto.  Un decreto es también una ley. Aunque la mayoría de los sistemas legales podrían ser considerados como inferiores a una legislación aprobada por el Parlamento, algunas veces un decreto puede auto declararse como superior a otras leyes, incluso que a la propia Constitución. (La dictadura militar en Nigeria, por ejemplo, promulgó muchos decretos de esta naturaleza). En tan difíciles circunstancias, será responsabilidad del poder judicial confirmar la superioridad de las leyes establecidas sobre los pronunciamientos dictatoriales.

 

Impacto de la jurisprudencia en los medios de comunicación

 

La importancia de los casos anteriores al interpretar una ley, difiere de acuerdo a diferentes sistemas legales. Generalmente, los sistemas de derecho consuetudinario funcionan sobre la base de jurisprudencia ya que el “derecho consuetudinario” no está escrito y depende de que jueces “lo encuentre”.  Un juez ante un caso en particular se basará en gran medida en decisiones judiciales previas similares o que hayan involucrado asuntos parecidos. Aunque naturalmente se da precedencia a casos de jueces del mismo país (y de tribunales superiores), esta medida permite considerar también precedentes legales de otros países con un sistema legal parecido.

Históricamente, países con legislación civil no comparten este enfoque. No obstante, el desarrollo de la legislación internacional en muchos casos ha proporcionado nuevos estándares de interpretación. De este modo, por ejemplo, la legislación española requiere del cumplimiento de la Convención Europea de los Derechos Humanos al interpretar la propia Constitución de España. La jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, tales como el interamericano y el europeo, trasciende las distinciones que señalan las jurisdicciones del derecho civil y el consuetudinario y se tiende a invocar bajo cualquiera de estos sistemas.

En la práctica, los sistemas de derecho consuetudinario cuentan con un creciente cuerpo de leyes estatutarias, mientras que los sistemas con legislación civil han aprovechado las medidas adoptadas en casos anteriores -incluidos en ambos sistemas con relación a los medios y las elecciones. Los dos sistemas indudablemente están creciendo estrechamente juntos.

 

Marcos reguladores existentes de los medios de comunicación

 

Una parte fundamental en el contexto de los medios, y de particular relevancia durante una elección, es el sistema regulatorio vigente. Este se presenta en todas las formas y magnitudes; sin embargo, por conveniencia, puede ser dividido en tres tipos principales:

• Regulador de las radiodifusiones: Existen en donde hay transmisiones. Su función básica es asignar frecuencias a los transmisores. Hasta cierto punto esto conllevará tomar la decisión sobre quien consigue un permiso para transmitir y quién no. Asimismo, puede involucrar la configuración de los términos de la licencia para prescribir los tipos de contenido que el titular del permiso puede o no puede transmitir, y también puede incluir un mecanismo de impugnación.
• Consejo Voluntario de Medios: esta es una forma de autorregulación que es muy común entre los medios impresos. Los consejos de medios pueden elaborar códigos de conducta, considerar mecanismos para la presentación de quejas y conducir programas de capacitación para periodistas. Esto no es, sin embargo, un mecanismo para acreditar a los periodistas o para determinar quien puede practicar esta actividad.  
• Otro regulador estatutario: una gran variedad de instituciones se concentran en este apartado. Estos van desde organismos constitucionales diseñados para asegurar la independencia de los medios, hasta autoridades legisladoras que controlan a todo aquel que pueda publicar un diario o ejercer como periodista.

·         El sistema regulador tendrá en muchos de los casos una considerable influencia sobre la independencia y profesionalismo de los medios. Un sistema ceñido al control gubernamental posiblemente no es capaz de promover el pluralismo y la diversidad entre los medios. Un sistema voluntario, o uno, con fuertes garantías de independencia constitucional, puede salvaguardar el pluralismo en los medios de la interferencia gubernamental y puede ayudar a desarrollar habilidades y estándares profesionales.

Un órgano regulador independiente y confiable puede ser muy importante en una elección, en tanto pueda tomar parte en ciertas o todas las funciones especializadas involucradas en la regulación de los medios durante una campaña electoral.

 

Regulador de transmisiones

 

La palabra 'regulación' es una de las que ponen nerviosos a los periodistas y a los emisores, aunque en la realidad en casi todos los países alguien decide quién puede transmitir y en qué frecuencia. El principal argumento a favor de contar con un órgano de esta naturaleza es que las frecuencias y canales de radio y TV  son recursos limitados. Es materia de política nacional la forma en que están distribuidos a diferencia, por ejemplo, de la publicación de diarios, que en gran medida puede ser determinado sobre la base de qué es lo que el público escoge para leer. Si no hubiera una adjudicación estatutaria de frecuencias, entonces cualquier persona con un potente transmisor, puede silenciar a otra transmisora cuya señal es más débil, simplemente transmitiendo desde una frecuencia adyacente. De ahí que la regulación de transmisión, cuando es instrumentada adecuadamente, no es un medio de censura, sino uno que asegure la transmisión de las distintas opiniones.

Existe un creciente argumento de que en la era de las emisiones vía satélite y la tecnología digital, así como de la convergencia entre las emisiones y telecomunicaciones, los viejos razonamientos para la regulación de estos medios se hayan vuelto superfluos. Ahora, se dice, que hay suficientes canales para que la gente exprese su opinión. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte del auditorio, aún utiliza las viejas tecnologías -a menudo desde una pila eléctrica, un radio de transistores con mecanismo de reloj, o hasta un equipo de ordinario de TV. Actualmente, puede haber una mayor y más amplia disponibilidad de tecnología satelital que antes, pero las transmisoras privadas pequeñas o las comunitarias (sin mencionar a las transmisoras públicas nacionales) aún dependen de las prácticas antiguas.

Las frecuencias disponibles dentro de un país serán adjudicadas, después de un proceso de negociación, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La forma en que están distribuidas a las transmisoras dentro del país, variará enormemente. Un ejemplo del pensamiento moderno sobre este problema se refiere al de Sudáfrica, donde la constitución contempla la existencia de un órgano regulador independiente. La Autoridad Reguladora de Comunicaciones en Sudáfrica (formalmente la Autoridad Independiente de Transmisiones) tiene responsabilidad para regular a las transmisoras en tres sectores: público, privado y comunitario. Es inusual que un órgano regulador tenga autoridad sobre las transmisiones públicas, sin embargo tiene la ventaja de que debería permitir el desarrollo de una política nacional de transmisiones coherente. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos también cuenta con la responsabilidad global de la adjudicación de frecuencias, pero en una situación donde hay una transmisión pública limitada. En Canadá, la Corporación de Transmisiones Canadiense rinde cuentas al Parlamento, mientras que un organismo independiente, la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense, es responsable de regular las transmisiones privadas.

Actualmente se reconoce que las licencias de transmisión deben ser adjudicadas por una organismo público responsable e independiente, de acuerdo a un criterio predeterminado. Un órgano regulador a menudo incorpora un procedimiento para quejas, el cual dará lugar a la imposición de multas a emisoras por atentar con los términos de la licencia. En casos extremos, la sanción podría ser la negativa a renovar las licencias después de haber expirado, e inclusive revocarla antes del plazo originalmente pactado para su vencimiento.

Todo lo anterior es muy importante en un contexto electoral, ya que la regulación de las transmisiones conlleva algunas de las funciones asumidas por el órgano de supervisión electoral con relación a los medios. Será más práctico, por tanto, que el regulador de las transmisiones juegue ese papel.

 

Consejo voluntario de los medios

Muchos países cuentan con un consejo voluntario para medios o prensa, conformado por los medios de comunicación profesionales. Se le puede denominar órgano regulador, únicamente en el sentido que puede actuar como un mecanismo para solucionar quejas presentadas por el público que tenga motivos acerca de la forma en que los periódicos y las transmisoras han cubierto algunos temas específicos. Se entiende claramente que un órgano voluntario de esta naturaleza no puede cumplir funciones tales como la concesión de licencias de transmisión.

El valor de estas entidades es que pueden percibirse como una alternativa para lidiar con problemas -como las quejas públicas- sin recurrir a un litigio. Una solución informal, como la publicación de una disculpa o retracción, reemplaza un largo y costoso proceso legal. Los medios con frecuencia adoptan mecanismos de esta naturaleza como una forma para pre-desahogar las regulaciones estatutarias que pueden interferir con su propia independencia.

El papel de un consejo voluntario de los medios puede ser de mayor alcance. Por ejemplo, puede instrumentar programas de capacitación para periodistas o formular códigos de conducta. Estas son actividades que pueden ser de mucha utilidad al cubrir una elección. La capacitación de un organismo profesional de medios ofrece varias ventajas, mientras que un código de conducta voluntario puede ser de mucha utilidad, para introducir los estándares de profesionalismo necesarios a los periodistas con poca experiencia en la cobertura de elecciones. Los mecanismos de queja del propio Consejo de Medios serían capaces de abordar cuestiones de este tipo, si los periodistas no cumplen con las normas requeridas.

 

Reguladores legales o constitucionales

 

Algunos países cuentan con instituciones nombrados legal o constitucionalmente, con atribuciones para regular a los medios, o alguna parte de ellos. Es un tipo de estructura que es más típica del orden civil que de los sistemas legales comunes. Generalmente, lo que esto involucra es la puesta en marcha de algunos sistemas de registro de publicaciones, así como de radiodifusoras, y en ocasiones también de periodistas. Este tipo de enfoque generalmente es la postura de los profesionales de la comunicación, quienes que consideran que sólo la profesión en sí es capaz de decidir quién puede ejercerla. Es un paso corto del registro de publicaciones o de profesionales para licenciarlos - con todas las implicaciones negativas que ello tendría para la independencia de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, los organismos constitucionales pueden ser acusados en ocasiones de proteger la independencia de los medios, incluidos los medios de propiedad pública, del gobierno en funciones. Este, por ejemplo es el papel que juega la Comisión Nacional de Medios de Comunicación en Ghana, donde un organismo regulador que genuinamente juega este rol, puede ser posicionado para ayudar a supervisar a los medios en las elecciones.

 

Legislación o regulaciones sobre los medios durante elecciones

En muchos países, la legislación no contempla ninguna previsión que regule el comportamiento de los medios de comunicación durante elecciones y no observa ninguna razón por la cual deberían hacerlo. Otros observan algunas medidas de regulación especial a los medios durante una elección, para ser parte del proceso de "nivelación del campo de juego". Algunos se ubican en el medio, con un sistema de auto-regulación voluntaria, por medio de los cuales los medios acuerdan la adopción de series de regulaciones auto-limitantes originadas por las demandas especiales de un periodo electoral.

Aún en las democracias ya establecidas existen perspectivas divergentes sobre en que medida los medios deben ser sujeto de la regulación legal en periodos electorales. La tradición de los Estados Unidos requiere de mínima regulación; mientras que la europea es de las que tienden hacia el establecimiento de reglas aplicables. Una de las razones de esta diferencia está en que Europa, a diferencia de los Estados Unidos, tiene un antecedente de fuerte regulación estatal en las transmisiones locales. Lo anterior  implica que los preciados recursos de transmisión y del espectro de frecuencias deben ser utilizados equitativamente, para que refleje los puntos de vista de los distintos candidatos y no inapropiadamente aquellos a favor del partido gobernante. En su sentido más amplio, con relación a los problemas inherentes a la libertad de los medios, la visión de los Estados Unidos es que el 'mercado de ideas' es más fácil de obtener si se recurre al mercado económico. De este modo el pluralismo de un gran número de medios privados es asumido como tal para asegurar el espectro completo de puntos de vista político.

Sin embargo, cualquiera que sea la discrepancia entre la cultura política y la regulación de los medios, es bien sabido que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la transmisión de información a los electores. Esto hace más sorprendente el hecho de que algunas leyes electorales interactúen en gran medida con los medios. La ausencia de regulaciones o estatutos formales puede significar que los medios se desenvuelven en un ambiente desarrollado, en donde se permite el libre intercambio de ideas políticas en la prensa y en los medios electrónicos y en donde cada partido tiene libre acceso a los medios para dar a conocer sus ideas. O quizás no.

La ley electoral de Zimbabwe, por ejemplo, no hace mención alguna de los medios. Históricamente en cada elección, el Estado ha tenido el monopolio en las transmisiones (el cual está bajo estricto control del gobierno) y, la mayoría de las veces, en los periódicos de circulación diaria. La ausencia de una regulación específica de los medios en periodos electorales ha permitido al gobierno "ajustar los objetivos a sus necesidades". Por ejemplo, la renuencia de la Corporación de Transmisiones de Zimbabwe para publicar propaganda de la oposición durante un referendo en Febrero de 2000, orilló a la oposición a buscar una orden judicial en contra de esta transmisora, quien finalmente accedió a la publicación, pero argumentando que no era necesario llegar a esas instancias.  En las elecciones parlamentarias siguientes la ZBC decidió no publicar propaganda política alguna -hasta el día de la elección cuando transmitió propaganda política del partido gobernante, demasiado tarde para que respondieran los otros partidos. Bajo la legislación electoral (aunque posiblemente no bajo la Ley de Transmisiones de Zimbabwe) la ZBC fue habilitada para llevar a cabo esto.¹

Cuando grandes secciones de los medios son, o de propiedad pública o están bajo el control de un grupo de interés específico (en la práctica, puede ser lo mismo), probablemente le otorgue cierto sentido a la ley para determinar algunas reglas básicas en la cobertura de elecciones. Ocasionalmente, éstas difieren en sus contenidos con relación a los medios públicos y privados. Las áreas que la ley (o regulaciones subsidiarias) puede cubrir son las siguientes:

• ¿Qué cantidad de tiempo o espacio se asignará a los candidatos y a los partidos políticos?
• ¿En qué situaciones se permite la propaganda política?
• ¿Qué actividades deben realizar los medios para elaborar materiales de educación electoral?
• ¿Cuándo debe haber derecho de respuesta a una malinterpretación de hechos en los medios?

Adicionalmente, las regulaciones pueden enfrentar otras situaciones en temas más específicos como por ejemplo:

• Bloqueo informativo o "periodos de reflexión"
• Restricciones en el informe de encuestas de opinión
• Políticas sobre “discursos de odio” y difamación

¹ Proyecto de Monitoreo de los Medios de Comunicación de Zimbabwe, Elección 2000: The Media War (La Guerra de los Medios de Comunicación), Harare, 2000, p.11.

 

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¿Quién debe estar involucrado en el proceso de preparación?

Las leyes son elaboradas por la legislatura, por lo que en principio la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. En la práctica no lo es tanto. Cualquier ley que "regula" a los medios de comunicación es profundamente sensible, aún cuando el propósito de esta regulación es asegurar el pluralismo en los medios y el derecho a voz de distintas perspectivas políticas.

En cualquier evento, la buena práctica legislativa involucra un proceso de consulta y las siguientes son los principales aspectos a consultar en el diseño de leyes o regulaciones sobre los medios y las elecciones:

• Los propios medios - directamente, y a través de organismos profesionales y sindicatos.
• Los partidos políticos - ya que una parte de los propósitos de regulación están orientados a asegurar que tengan acceso justo a los medios.
• Cualquier órgano regulador existente, ya sea un organismo regulador de transmisiones involucrado en la distribución de frecuencias o un consejo de medios responsable del desarrollo y cumplimiento de los estándares profesionales.
• Administradores electorales - muchos aspectos del trabajo de los medios durante elecciones dependen de una cercana relación laboral con los responsables de la supervisión y administración de la elección.
• El electorado - desde que es su información la que a final de cuentas está en juego. Consultar al "electorado" en conjunto es claramente problemático, pero sería posible identificar organizaciones representativas, por ejemplo aquellas que pueden tener requerimientos especiales de información. Estas pueden incluir minorías nacionales o étnicas, mujeres, personas analfabetas o con discapacidades.

¿Debe haber un periodo específico de campaña?

Si tiene que haber cierta regulación sobre lo que los medios pueden y no hacer durante una elección, entonces es probable que sólo aplique a un periodo de campaña específico. Habrá un periodo dado de campaña oficial durante la cual las regulaciones entrarán en efecto, mientras que en otro momento prevalecerá la práctica normal.  Esto es lógico, quizás, pero sigue siendo problemático. 

Un problema es la educación al votante. Es necesario que al electorado se le comunique con anticipación a las campañas electorales, información sobre temas como el registro de electores. Por ello, las regulaciones deben estar orientadas a asegurar que esta información esté siendo distribuida de forma precisa e imparcial.

Los electores se pueden ver fuertemente influenciados por lo que los medios previamente transmiten. Los equipos de monitoreo de los medios, por ejemplo,  pueden comenzar su trabajo con anterioridad al inicio oficial del periodo de campaña.

El saber político (y la experiencia previa a las elecciones del 2000) en los Estados Unidos, indica que el candidato que lleva la delantera el Día del Trabajo (en septiembre) ganará la elección presidencial (en noviembre). Por lo que, nada de lo que suceda en los últimos dos meses de campaña (uno de los periodos oficiales de campaña más largo del mundo) influenciará significativamente. El enfoque americano es no contar con un periodo de campaña determinado - en efecto, casi dos años de cada periodo presidencial son dedicados a campaña electoral. Sin embargo, esto no aplica a la mayoría de los países.

El extremo opuesto es representado por Israel, en donde la ley electoral con relación a la cobertura de los medios, abarca hasta 150 días previos a la elección – es decir, cerca de 5 meses. Durante los 30 días previos a la elección no se permite ningún tipo de campaña en cines o en televisión, aunque no existen tales limitaciones para la radio.¹

Pocos países tienen periodos electorales lo suficientemente definidos como en Estonia, donde la legislación relacionada a las obligaciones de las emisoras en las elecciones, crean una clara separación entre el periodo pre-electoral y el electoral, con una división de éste en cuatro periodos más, cada uno de ellos con su propias reglas de información: el periodo de aplicación, la campaña electoral, el periodo de votación y el periodo para determinar y publicar los resultados electorales. 

Sin embargo, la aplicación de tal estricta regulación presupone que debe haber una fecha determinada para la elección. En muchos países, particularmente en aquellos con un sistema electoral basado en el modelo inglés, la fecha de la elección es una decisión del jefe de gobierno en oficio. Alternativamente, en la mayoría de los sistemas una elección puede precipitarse por varias motivos, como por ejemplo un voto de no confianza del Parlamento. En tales casos, es imposible aplicar regulaciones a los medios que se extiendan más allá de un período de campaña limitado. 

La mejor opción, quizás, es que el sistema de regulación electoral esté bien combinado con el sistema general de regulación de los medios – asegurando que los medios sean plurales, vibrantes, profesionales y libres de censura en todo tiempo, no solo durante periodos de campaña.

¹ Akiba A. Cohen y Gadi Wolfsfeld, "Overcoming Adversity and Diversity: The Utility of Television Political Advertising in Israel" ("Superando Adversidad y Diversidad: La Utilidad de la Propaganda Politica en la TV de Israel"), en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies (Propaganda Política en las Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres / Thousands Oaks, 1995.

Distintas obligaciones de los medios públicos y los privados

Lo que se refiere como “los medios de comunicación públicos” cubren una amplia variedad de fenómenos distintos: desde aquellos medios cuyo contenido editorial está bajo estricto control gubernamental, hasta los que están financiados con dinero obtenido por impuestos o prestación de licencias con una garantía estatutaria de su total independencia del gobierno actual. Sin embargo, comparten el hecho de que la legislación electoral, con relación a los medios de comunicación, los trata de igual manera - y de muy distinta a los medios privados, los que tienen a su vez distintas obligaciones.

Los medios públicos, en virtud de su fuente de financiamiento, son un recurso para todo el electorado. Generalmente se acepta que no deben manifestar ningún tipo de inclinación partidista en su cobertura editorial. Este fue el punto de vista exteriorizado por el Vocero Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en su informe para el año de 1999, cuando habló de la obligación de los medios propiedad del Estado para dar salida a una gran variedad de opiniones y no servir a un solo partido político en particular. Asimismo, tienen obligaciones particulares para brindar educación cívica, así como proporcionar una plataforma a los distintos partidos políticos.

Este punto es fundamental. El uso de una fuente pública para las campañas políticas partidistas trae consigo una serie de implicaciones legales y éticas, en función de si el recurso es un fondo, un vehículo, un edificio o una estación de radio. A esto se debe que a menudo existan leyes o regulaciones que protegen a los medios públicos en contra de la interferencia gubernamental.

Las obligaciones de los medios privados son un poco más limitadas. La esencia de un contexto de libre accionar para los medios es que a las transmisoras y los periodistas no se les imponga lo que pueden o no pueden decir o escribir. La mejor garantía de que el amplio espectro de ideas políticas son comunicadas libremente y con precisión es, en gran parte, entendido por los medios como una libertad para que se les permita hacerlo sin restricción a su trabajo. Sin embargo, esto no significa que los medios privados no tengan obligación alguna. Los estándares periodísticos profesionales demandarán un informe preciso y equilibrado, así como una clara división del hecho y de los comentarios.

Las estaciones de transmisión generalmente cuentan con una licencia otorgada por un organismo público. A menudo, las licencias están acompañadas de términos que especifican si se les está permitido o no, apoyar a un partido político específico, o sobre la cobertura noticiosa que les está permitido transmitir, y otras condiciones, tales como si cuentan con la responsabilidad, por ejemplo, para transmitir anuncios de servicio público como los espacios informativos de educación electoral.

De manera similar, toda ley o regulación relacionada con los reportajes de los medios probablemente se aplicará igualmente tanto a los medios públicos o privados: por ejemplo, las provisiones relacionadas con la "suspensión de noticias" antes de la votación, o sobre la cobertura de encuestas de opinión. Similarmente, provisiones legales generales tales como la legislación relativa a la difamación - aunque se puede modificar durante el período de campaña - todavía se aplicará en igual medida tanto a los medios públicos como privados.

Disposiciones que afectan tanto a los medios privados como a los públicos

 

Aunque el sistema de regulación hace algunas distinciones entre los medios de comunicación públicos y privados, ciertos aspectos de la legislación y regulaciones que rigen a los medios en las elecciones impactan en ambos sectores. Estos pueden incluir:

• Un procedimiento expedito para escuchar las quejas del público o de los partidos políticos en contra de los medios.
• Cualquier regulación relacionada a la presentación de informes sobre encuestas de opinión.
• Políticas relacionadas con “incitación al odio”, difamación, responsabilidad de los medios con respecto a declaraciones vertidas por políticos y otros temas relacionados. 
• Cualquier política sobre bloqueos informativos antes o durante la elección.
• Derecho de los periodistas para acceder a los eventos electorales. 
• Acreditación de periodistas.
• Disposiciones para garantizar la seguridad de los periodistas. 

La instancia reguladora puede establecer distintas obligaciones sobre los medios públicos y privados en materias tales como la viabilidad para elaborar materiales sobre educación electoral o de acceso directo. Sin embargo, la práctica común es que las actividades de cobertura informativa que los medios privados llevan a cabo -aún cuando no estén obligados - deben apegarse a los mismos estándares de equidad e imparcialidad determinados para los medios públicos.

 

Mecanismos de instrumentación para los medios y las regulaciones electorales

Uno de los aspectos prácticos más importantes de las leyes o regulaciones sobre los medios en periodos electorales es aquel que se refiere al responsable de su instrumentación. A menudo habrá un contacto día-a-día mucho mayor entre editores y la autoridad reguladora responsable de los medios durante las elecciones, que lo que habría con, por ejemplo, un regulador de emisoras. Esta relación debe ser (o debería ser) una relación de colaboración.

Hay varios enfoques que se pueden tomar:

• Un órgano regulador vigente se puede ser el responsable de algunos aspectos específicos que se presentan en periodos electorales.
• Los medios pueden establecer su propio órgano regulador, posiblemente en colaboración con los propios partidos políticos.
• El órgano electoral de supervisión existente, tal como una comisión electoral, puede asumir esta responsabilidad, en ocasiones a través de un subcomité especializado. Se puede establecer un órgano especializado para regular a los medios durante periodos electorales -una solución poco común que fue adoptada, por ejemplo, en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994.
• La responsabilidad puede asignarse al poder judicial.

Inevitablemente, esta presentación es un poco esquemática. Es bastante común que distintos aspectos de la cobertura electoral estén regulados por distintos organismos. En Polonia, por ejemplo, la regulación de la emisión de espacios informativos de acceso directo es responsabilidad de la Comisión Electoral Estatal, mientras que la responsabilidad de la cobertura de campaña descansa en el común regulador de radiodifusiones, el Consejo Nacional de Radiodifusión.¹ La ventaja de tal enfoques que se separan las áreas en donde el órgano regulador tiene que establecer y hacer cumplir una serie de reglas estrictas y obligatorias, de aquellas materias sobre prácticas profesionales en donde es conveniente dejar que sean los propios medios quienes las determinen. La desventaja es que dos órganos reguladores operan en dos áreas estrechamente relacionadas, con el peligro de que cada uno de ellos pueda invadir el espacio del otro.

Cualquiera que sea el sistema adoptado, los medios (y cualquier otro afectado, como en el caso de reclamantes individuales) tendrán el derecho de apelar ante un órgano independiente de mayor jerarquía, normalmente un tribunal legal.

¹ Karol Jakubowicz, "Poland and the 1993 Election Campaign: Following the Line of Least Resistance" (“Polonia y la Campaña Electoral de 1993: Siguiendo el Camino de Menor Resistencia"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

Mecanismo de instrumentación: organismo regulador existente para los medios de comunicación

 

Con frecuencia a un organismo regulador existente se le atribuye la función de supervisar los aspectos relacionados con la cobertura de las elecciones, ya sea a por si solo  o conjuntamente con el organismo administrador de elecciones.

Este fue el enfoque tomado, por ejemplo, en las elecciones de 1999 en Sudáfrica. La Autoridad Independiente de radiodifusión (IBA), órgano constitucionalmente instrumentado para regular las emisiones públicas, privadas y comunitarias, emitió regulaciones que rigen una serie de asuntos, entre los que destacan:

• Radiodifusión de propaganda y elecciones
• Programación de emisiones electorales.
• Una fórmula para asignar tiempo de radiodifusión electoral a distintos partidos
• Observaciones generales sobre la calidad esperada de la cobertura

Esta última sección incluye esta observación en lo general:

Toda emisora que transmita noticias sobre asuntos de actualidad con relación a las elecciones debe hacerlo de manera imparcial y objetiva y de tal forma que trate a todos los partidos de forma justa e igualitaria.

En un anexo a las regulaciones, la autoridad construyó las responsabilidades de las radiodifusoras (y el papel de la IBA):

La autoridad no interviene en las operaciones de noticias y de programación de las emisoras. El papel de estas últimas, en periodo electoral, no difiere del rol periodístico ordinario durante periodos no electorales. Las consideraciones éticas normales se continúan aplicando. Una característica distintiva del periodo electoral es la obligación para conseguir una cobertura equitativa de los partidos políticos sin renunciar a juicios de valor de las noticias.

Italia es otro país en donde los organismos reguladores existentes de los medios de comunicación tienen la responsabilidad fundamental de supervisar la cobertura de elecciones por parte de los medios de difusión. En este caso, hay dos órganos claramente definidos: una comisión parlamentaria responsable de las radiodifusoras públicas y un Garante para radio, televisión y prensa, quien es responsable de los medios privados. Ambas instituciones elaboran regulaciones que rigen la cobertura de los respectivos medios en periodos electorales. 

 

Mecanismos de instrumentación: autorregulación de los medios

Una buena parte de las personas relacionadas con los medios de comunicación podrían ver como una solución ideal un sistema de autorregulación en elecciones. Esto funciona mejor cuando hay medios de comunicación independientes, bien afianzados y con una larga tradición en elecciones democráticas, por lo que las soluciones adoptadas sobre problemas de cobertura en elecciones están consagradas por una práctica largamente establecida.

Es probable que el ejemplo más conocido de este enfoque sea el de Gran Bretaña, en donde las transmisiones electorales partidistas de acceso directo, son adjudicadas por un comité conjunto de radiodifusoras y representantes de partidos políticos. Esta es una solución híbrida muy extraña, ya que el requisito para las transmisiones electorales está establecido en la ley. Las radiodifusoras hacen uso de esta división de acceso directo como una guía para medir su propia asignación de tiempo a los distintos partidos en el curso de los nuevos programas.

Dinamarca también, cuenta con un sistema de autorregulación. La ley prohíbe el pago por propaganda política; no obstante, no estipula que otras modalidades de transmisiones de acceso directo deben adjudicarse. En la práctica, la radio en Dinamarca ha adjudicado espacios de acceso directo igualitario entre todos los partidos que contienden para el Parlamento. Este enfoque ha sido reforzado por decisiones del Ombudsman de la Suprema Corte, pero es fundamentalmente voluntario. De igual manera, la radio danesa, tradicionalmente, transmite un debate entre todos los partidos políticos. Asimismo, el día previo a la elección, la televisión se mantiene libre de transmisiones electorales. Sin embargo, el advenimiento de la televisión privada independiente ha dado lugar a algunos cambios en esta tradición: la nueva TV2 también lleva a cabo un debate pre-electoral, pero excluyendo a algunos de los partidos más pequeños, además lleva a cabo una cobertura electoral el día previo a la votación.¹

Sin embargo, no solamente las democracias ya establecidas son quienes han adoptado un mecanismo de autorregulación. Previo a las elecciones independientes de Namibia en 1989, La Corporación Radiodifusora del Sudeste de África bajo el control del estado (como entonces era conocida) invitó a los partidos políticos a unirse en un comité para consultar la cobertura de las elecciones. Este comité llegó a un acuerdo sobre un programa de espacios de acceso directo, aunque no estaba habilitado para enfrentar un problema sobre una tendenciosa cobertura noticiosa.²

La radiodifusora estatal en otro país del sur de África, Zimbabwe, también intentó adoptar este enfoque de autorregulación orientado a los espacios de acceso directo. Esto dio origen a una serie de anuncios altamente controversiales por parte del partido gobernante en la elección de 1990, que muchos consideraron de mal gusto. La Corporación de Radiodifusión de Zimbabwe estableció un comité especial antes de las elecciones de 1995 en un intento para evitar la recurrencia del problema. Sin embargo, como en Namibia, no estuvo preparada para brindar una seria solución al problema de la cobertura de noticias tendenciosas.

En 1990, Hungría también adoptó el sistema de autorregulación. La televisión nacional y las agencias noticiosas, en colaboración con representantes de 12 partidos políticos y el Foro Independiente de Abogados, elaboraron una Código Electoral de Ética. Todos los partidos políticos principales adoptaron el código, así como las principales organizaciones noticiosas.³

La radio y televisión, propiedad del Estado Polaco, han adoptado un sistema que es similar al de la BBC. La adjudicación de las transmisiones de acceso directo es responsabilidad de la Comisión Electoral Estatal, sin embargo para efectos de su cobertura sobre campañas electorales la radio y la televisión son responsables sólo ante el Consejo Nacional de Radiodifusión, el órgano general de regulación. La administración de la Radio y Televisión polaca han emitido lineamientos detallados al personal, que incluyen lo siguiente:

[La radio y televisión polacas deben] proveer coberturas exhaustivas de las campañas e información acerca de los candidatos. Las noticias y los programas con asuntos de actualidad deben proveer de información extensa acerca de los partidos, sus plataformas electorales y los candidatos, sin ningún sesgo a favor o en contra de un partido político y sin promover un conjunto de puntos de vista político. El principio fundamental debe ser el de la igualdad de acceso por parte de los controladores de los canales, departamentos de programación y estaciones regionales, con la obligación de mantener un registro del monto de tiempo aire dedicado a partidos o candidatos específicos y garantizar el principio de igualdad.

¹ Yasha Lange and Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: un Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995, pp. 38-9

² Karen Siune, "Political Advertising in Denmark" (“Propaganda Política en Dinamarca”), en Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

³ ARTÍCULO 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracias (Pautas para la Radiodifusión Electoral en Democracias de Transición), Londres, 1994, p. 38.

Mecanismo de instrumentación: comisión electoral

En muchos ejemplos, la responsabilidad para instrumentar regulaciones sobre los medios durante periodos de campaña descansa en el propio órgano de supervisión electoral. Con frecuencia esto es visto como adecuado, siempre y cuando el órgano de supervisión electoral cuenta con las garantías de independencia suficientes y con la experiencia de conducir trabajos especializados de la regulación de los medios.

En Francia la Comisión Nacional de Control de la Campaña Presidencial (CNCCP) fue responsable de regular las transmisiones en la campaña electoral presidencial. Sin embargo, esta responsabilidad se modificó con el advenimiento de las estaciones privadas de televisión. Se estableció una nueva Comisión Nacional para las Comunicaciones y las Libertades para asegurar un continuo servicio público, durante la contienda, de las transmisiones privadas y este organismo se encargó de la regulación de las transmisiones. No obstante, la CNCCP mantuvo la responsabilidad de regular las campañas electorales en los medios impresos.¹

Malawi ofrece un ejemplo extremadamente positivo de una comisión electoral en una nueva democracia que, a través de una efectiva demostración de independencia, fue capaz de asegurar que los distintos partidos y candidatos recibieran un reparto equitativo de cobertura de la radiodifusora controlada por el gobierno. Pero fue capaz de hacerlo, no solo a través de un despliegue de voluntad política, sino que también había establecido un sub-comité especializado que contaba con la experiencia y habilidad para tratar con las radiodifusoras.

El uso del órgano de supervisión electoral es una mejor opción en un país pequeño donde un abundante número de instituciones traslapadas no resulta atractivo como opción de rentabilidad. En barbados, por ejemplo, la Comisión Electoral y Límites, instancia con responsabilidad general para la elección, también es responsable de regular la cobertura de los medios de comunicación.

La Constitución de Nicaragua de 1987 estableció un Consejo Supremo Electoral como una agencia independiente del Gobierno -separada de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su responsabilidad incluía la aplicación de la legislación sobre medios masivos durante elecciones y la administración de un procedimiento de quejas e impugnaciones. Estableció un departamento especializado sobre medios masivos para tratar asuntos relacionados con las radiodifusoras, en particular llevando a la mesa de negociaciones los cambios en la práctica que son sujetos de impugnación.²

¹ Anne Johnston y Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts in Promoting French Television Candidates" (" El Papel de las Emisiones de Televisión en la Promoción de Candidatos de la Televisión Francesa", en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

² ARTÍCULO 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracias (Pautas para la Radiodifusión Electoral en Democracias de Transición), Londres, 1994, p. 38.

Mecanismo de instrumentación: organismo especializado

Muchos países han optado por crear un organismo especializado cuya responsabilidad sea la de regular la participación de los medios de comunicación durante periodos electorales, es decir que no es un organismo de administración general electoral,  ni un organismo regulador de medios de comunicación. Esta opción se ha visto más frecuentemente en procesos electorales de transición en donde regularmente, por alguna razón, se espera que el papel de los medios sea particularmente problemático.

De esta forma, en 1994 se estableció en Sudáfrica una Comisión Independiente de Medios de Comunicación (IMC, por sus siglas en inglés), adicionalmente a la Comisión Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés). La ley que estableció el IMC se esforzó por asegurar la independencia y competencia de la comisión a través de su membresía. El Director tenía que ser juez o abogado de alto rango, mientras que al menos dos comisionados adicionales (de un máximo de siete) tenía que tener experiencia en los medios de comunicación - uno en impresos y otro en radiodifusión. Los comisionados tenían que ser personas de alta jerarquía quienes vistos en conjunto "representasen  una amplia sección de la población de la República)". Varias categorías de personas fueron descalificadas para ser comisionados, incluyendo empleados estatales, oficiales de partidos políticos y aquellos que tenían un interés de carácter financiero en los medios de comunicación.¹ Sin embargo, fue una solución que únicamente fuera adoptada y aplicada en una sola elección. En las elecciones subsecuentes en Sudáfrica, las responsabilidades descansaron en una combinación de la Comisión Electoral Independiente y de la autoridad independiente de regulación de emisiones. 

La Comisión de Expertos de Medios de Comunicación (MEC por sus siglas en inglés) en Bosnia-Herzegovina fue también un órgano especializado para regular a los medios en las elecciones. Al igual que en Sudáfrica, solo existió durante un breve período de transición. Parte de la justificación fue que materiales alarmantes en los medios en la ex-Yugoslavia incitaron a la violencia, lo que dio como resultado la guerra civil y el rompimiento de la república federal. La MEC era de carácter único debido a que era un organismo internacional, operando bajo la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en vez de ser parte y supeditado a una estructura Bosniaca. La MEC estuvo en funciones durante dos años, de 1996 a 1998. 

La Federación Rusa cuenta con un "tribunal de información" especializado - la Cámara Judicial para Disputas de Información. Esto no se refiere estrictamente a un organismo confinado para tratar con los medios y temas electorales, ya que funciona también fuera de periodos electorales. No obstante, fue establecida en 1993 específicamente por la necesidad de un órgano que resolviera las disputas presentadas durante campañas electorales.

¹ Artículos 4-6, Independent Media Commission Act (Acta de la Comisión Independiente de los Medios de Comunicación).

Mecanismo de instrumentación: poder judicial

 

En algunos países la responsabilidad de administrar las elecciones puede recaer en una rama especializada del Poder Judicial. Uruguay, por ejemplo, cuenta con un Tribunal Electoral que administra el proceso de votación, puede regir sobre disputas entre partidos y puede investigar impugnaciones a los resultados de una elección. Puede asimismo, considerar las quejas relacionadas con campañas electorales en los medios de comunicación, incluyendo los intentos de presión para una cobertura tendenciosa de una campaña electoral.

Esto es un modelo común en países de América Latina. En Costa Rica, por ejemplo, las elecciones son conducidas por el Tribunal Supremo Electoral, que también tiene la responsabilidad de regular la cobertura electoral por parte de los medios de comunicación. El tribunal es un órgano independiente constitucional compuesto por jueces y su presupuesto es aprobado por la legislatura. Es completamente independiente del poder ejecutivo. La imposición de su autoridad sobre los medios no ha sido sin controversia. En 1999, el Tribunal Supremo Electoral, ordenó a una estación privada de televisión, Teletica Canal 7, a invitar a debate a los 13 candidatos presidenciales, en vez de tan solo los cuatro primeros como la estación había planeado. El Tribunal Supremo Electoral se rehusó a contemplar la apelación de la estación; basándose en que eso era un asunto electoral.

En muchas instancias, cualquiera que sea el mecanismo que tenga la responsabilidad de regular a los medios en un proceso electoral, existirá el derecho de apelar ante un organismo judicial en contra de las decisiones del organismo regulador. La apelación puede provenir de los propios medios de comunicación, de los partidos políticos o ser parte de una impugnación personal. Como cualquier otro procedimiento durante periodos electorales, esto es más parecido a un proceso expedito. Una decisión judicial bien sopesada no será de mucha utilidad si es dada a conocer después de terminado el proceso electoral.

 

Procedimientos de impugnación en la cobertura por los medios de comunicación

Un elemento fundamental en la mayoría de los organismos reguladores de los medios de comunicación, durante y fuera de periodos electorales, son los procedimientos de impugnación. Esto es el medio por el cual el público, los partidos políticos y los medios de comunicación por sí mismos, pueden buscar la adjudicación de presuntas violaciones a la ley sobre la cobertura de la elección. Partiendo del hecho de que el periodo electoral es reducido, los mecanismos de impugnación necesitan ser orientados hacia una pronta resolución de la impugnación. Si, por ejemplo, la impugnación se refiere a una inexactitud de los hechos que puede afectar la intención de los votantes, de poco sirve corregir el error una vez terminado el proceso electoral.

Los denunciantes siempre tendrán el derecho de recurrir a cualquier procedimiento legal que sea parte de la legislación del país  - por ejemplo, una demanda civil por difamación. Y siempre debe haber incorporado un proceso de apelación que permita a los impugnantes denegados el recudir  un fallo más elevado de un tribunal independiente. Sin embargo en general, el énfasis probablemente será en obtener una resolución de disputas rápida, sin costo y sin confrontación. Esto puede ser particularmente importante en una situación en donde existan  hostilidades entre partidos o comunidades. Por ejemplo, el mecanismo para resolver impugnaciones en Bosnia-Herzegovina, la Subcomisión Electoral de Apelaciones (EASC por sus siglas en inglés), estuvo facultada para tratar rápidamente una totalidad de impugnaciones referidas por la Comisión de Expertos en Medios de Comunicación (MEC) para la elección presidencial de 1998. Esto sirvió de gran ayuda para reducir tensiones entre las distintas comunidades, al evitar el escalamiento de las disputas entre los distintos partidos y medios de comunicación. Esto fue especialmente importante en vista del importante papel jugado por los medios para instigar la violencia política en la ex-Yugoslavia.

La variedad de los procesos de impugnación es tan grande como el número de diferentes de organismos reguladores. Probablemente no exista un procedimiento único y uniforme. La Gran Bretaña, por ejemplo, cuenta con una Autoridad de Quejas de Radiodifusión estatutaria para tratar temas relacionados con los medios electrónicos y con un Consejo de Quejas de Prensa de carácter voluntario, cuya responsabilidad son los medios impresos. En su mandato, ninguno de éstos está confinado a elecciones. La ventaja de contar con un organismo electoral especializado en controversias electorales radica en que está orientado a resolver lo más pronto posible cualquier tipo de controversia o disputa. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, por ejemplo, recibe las quejas y, por medio de su departamento de medios masivos de comunicación, emite  resoluciones privadas para los medios de comunicación de quienes se hagan hallazgos judiciales. Únicamente se publican las resoluciones en caso de que el medio de comunicación no cumpla las resoluciones tomadas.¹ En Montenegro, por el contrario, los medios financiados por el estado, están obligados a publicar cualquier conclusión de la autoridad competente "acerca de cualquier situación que infrinja los principios de igualdad y objetividad relacionados con la información a los ciudadanos de las campañas y los candidatos..."

Pocos sistemas para la resolución de controversias son tan detallados como el ruso. La Cámara Judicial para Disputas de Información no es un órgano electoral especializado en la resolución de quejas electorales, aunque surgió de la necesidad de contar con un organismo que tratara de resolver las disputas presentadas durante las elecciones parlamentarias y el referéndum constitucional de 1993. Su predecesor fue el Tribunal de Arbitraje en Asuntos de Información que fue instalado específicamente para enfrentar las disputas electorales.²

¹ ARTÍCULO 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracias (Guía para la radiodifusión electoral en democracias de transición), Londres, 1994, p. 38.

² Viktor Monakhov, "Information Disputes Relating to Election Campaigning Via the Mass Media: The Experience of the Judicial Chamber in the 1999 Election Campaign” (Disputes sobre información relacionada con la campaña electoral vía los medios de comunicación masivos: La experiencia de la cámara judicial en la campaña electoral de 1999), en IFES, The Media and the Presidential Elections in Rusia 2000 (Los medios de comunicación y las elecciones presidenciales de 2000 en Rusia), Human Rights Publishers, Moscú, 2000.

Suspensión de noticias

Algunos países imponen una ‘suspensión de noticias’ antes o durante una votación. Generalmente esto es un acuerdo voluntario. Esto siempre es preferible, ya que la alternativa sería que el órgano de regulación interviniera para prohibir la cobertura informativa si se viola tal regla - un resultado menos satisfactorio. Sin embargo, en estos casos -el más famoso es el caso de Francia - en que se decreta por ley un "periodo de reflexión", entonces el órgano regulador probablemente tendrá alguna responsabilidad para hacerlo cumplir. En Israel, por ejemplo, que cuenta con la prohibición más extensa de noticias de campañas electorales, la Autoridad Independiente de Radiodifusión (IBA) supervisa el cumplimiento de dicha prohibición. La instrumentación de esta prohibición ilustra los peligros inherentes en tales restricciones: la IBA tiende a interpretar la aplicación de la ley de una manera particularmente estricta, para evitar ser responsable de su violación.¹

La ley en Estonia divide sus campañas electorales en cuatro periodos, con suspensión de campañas electorales en tres de ellos. El periodo de solicitud (o nominación), el periodo de votación y el periodo de escrutinio y publicación de resultados son los periodos cuando se prohíben las campañas electorales. En Barbados, la ley especifica que no haya emisiones directas de noticias en la víspera o el mismo día de la elección.

La Comisión de Expertos en Medios de Comunicación (MEC) en Bosnia-Herzegovina  fue un ejemplo de un órgano regulador que en forma vigorosa hizo cumplir una suspensión de 24 horas previo a la apertura de la votación en las elecciones presidenciales de 1998 y hasta el cierre de la votación. Esto lo hizo a través de la emisión de declaraciones antes del período de suspensión y después confiando en las conclusiones de su propia unidad de monitoreo de los medios. Concluyó que la mayoría de las violaciones a la suspensión fueron consecuencia de la incertidumbre en la aplicación de las reglas. Un canal de televisión, por ejemplo, cuando transmitió una grabación de candidatos en los sitios de votación mencionó los nombres de sus partidos - lo cual no estaba permitido de hacer. En un caso considerado más serio por la MEC, una estación transmitió entrevistas con dos líderes políticos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea refirió el caso a la Sub-comisión de Apelaciones Electorales (EASC), la instancia de reclamaciones, quien suprimió a nueve candidatos de sus listas partidistas. La misma MEC comentó que la mayoría de países, en la mayoría de condiciones, probablemente considerarían tal medida como  draconiana, innecesaria y una interferencia con la libertad de los medios.²

¹ Akiba A. Cohen y Gadi Wolfsfeld, "Overcoming Adversity and Diversity: The Utility of Television Political Advertising in Israel" ("Superando Adversidad y Diversidad: La Utilidad de la Propaganda Politica en la TV de Israel"), en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies (Propaganda Política en las Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres / Thousands Oaks, 1995.

² Media Experts Commission (Comisión de expertos de los medios de comunicación), Final Report: Media in Elections (Reporte final de los medios de comunicación en las elecciones de 1998), 1998, pp. 33-34.

Regulación de la cobertura de las encuestas de opinión

La publicación de las conclusiones derivadas de las encuestas de opinión es motivo de fuertes controversias. La postura de las democracias consolidadas, sobre este punto, es completamente contraria; por ejemplo, Francia prohíbe la publicación en el periodo inmediato a la elección, mientras que en los Estados Unidos la cobertura de los medios respecto a éstas, es considerada como una parte integral de la libertad de prensa en elecciones. El problema está en que los resultados de las encuestas de opinión- como cualquier otra forma de expresión- no son solamente el reflejo del punto de vista de la población, sino que también pueden conformar otros puntos de vista. Esto significa que la gente puede verse influenciada sobre la forma en que deben votar considerando las enseñanzas de las encuestas de opinión... o lo que creen haber aprendido.

Por esta razón, las leyes y regulaciones sobre la cobertura de las elecciones que hacen los medios de comunicación, intentan controlar la forma en que se dan a conocer los resultados de estas encuestas. En Montenegro, por ejemplo, a los medios públicos se les prohíbe difundir estas encuestas o cualquier otra proyección de los resultados de la elección. El día de la jornada electoral, incluso está prohibido publicar el resultado de elecciones previas.

No obstante, sea o no deseable, es poco práctico instrumentar una total prohibición sobre el informe de los resultados arrojados por las encuestas de opinión. Francia cuenta con una larga tradición al prohibir la publicación de las encuestas de opinión durante elecciones (aunque no todas las veces). En las elecciones legislativas de 1997, algunos diarios quebrantaron esta regulación. Le Parisien, La République des Pyrénées y Libération fueron algunos de los periódicos que haciendo caso omiso de esta prohibición, publicaron las conclusiones derivadas de una encuesta de opinión en sus sitios en Internet, el cual está vinculado a Tribune de Genève en Suiza. France Soir siguió esta tendencia al publicar una encuesta previa a la celebración de la segunda ronda electoral.¹

Esto parece representar un caso muy claro de cómo la ley se vuelve inefectiva una vez que ha caído en el descrédito - a pesar del hecho de haber sido respetada por muchos años. En el Reino Unido, en donde existe la práctica voluntaria de no publicar encuestas de opinión el día de la elección, está restricción es ampliamente respetada.

En el caso de las encuestas de opinión, más que en muchos otros aspectos,  mucho depende del grado de profesionalismo con que son reportadas. La postura Montenegrina sobre imponer una total prohibición a los informes de los medios públicos con relación a las encuestas de opinión, puede presentar ciertas ventajas en una situación donde la información distorsionada podría afectar sustancialmente los resultados de la elección. Generalmente, sin embargo, este es un problema que se maneja mejor si se amina a los medios para que mejoren sus propios estándares al informar. La Corporación Británica de Radiodifusión, por ejemplo, cuenta con claros lineamientos internos para la elaboración de informes sobre encuestas de opinión, que han sido efectivamente aplicados desde hace muchos años.

¹ Helen Darbishire, "Media and the Electoral Process" ("Medios de Comunicación y el Proceso Electoral") en Media and democracy (Medios de comunicación y democracia), Consejo de Europa, Estrasburgo, 1998, p. 96.

Políticas sobre discursos de odio y difamación

 

Ningún tema es más problemático para las personas preocupadas por la libertad de los medios de comunicación que el tema de "discursos de odio". El término es utilizado generalmente para referirse al incentivo al odio por razones de nacionalidad, de raza, de religión u otras. El tema, en esencia, es que tan apropiado o aceptable es limitar el derecho de la libertad de expresión, cuando los puntos de vista vertidos apoyan la limitación o la infracción de los derechos de los demás.

Uno de los problemas radica en que esto puede ser simplemente un caso de punto de vista. El “discurso de odio” de una persona puede ser la opinión legítima de otra. Por eso hay una renuencia generalizada de imponer restricciones sobre lo que puede o no decirse.

• Una elección es precisamente cuando se deben expresar una amplia variedad de puntos de vista. Limitar la expresión de algunos de estos puntos de vista restringe no solamente los derechos de libertad de expresión, sino también el derecho de una participación democrática.
• Por otra parte, la altamente cargada atmósfera de una campaña electoral puede ser el momento preciso para que las declaraciones exaltadas inciten a la población a la violencia - infringiendo, de este modo, el derecho democrático y de libre discurso de otros.

Estos problemas son más difíciles de tratar en un país con antecedentes históricos de violencia comunal o étnica, donde los medios de comunicación son reconocidos por haber jugado un importante papel en las hostilidades. Esta es la razón, por ejemplo, de porque a los asuntos relacionados con los "discursos de odio” recibieron mucha atención en las elecciones de Bosnia en 1998 -los medios de comunicación en todas partes jugaron un considerable papel al incitar a las guerras que dieron lugar al rompimiento de Yugoslavia.

El tema de la difamación es un problema similar al de los “discursos de odio”; ya que, es un área donde la libertad de expresión puede legítimamente ser limitada para la protección de los derechos de otros. Aún así no tiene las mismas implicaciones en el contexto de una campaña electoral. El debate vigoroso y algunas veces insultante, forma parte de la sustancia de las campañas democráticas. La jurisprudencia internacional y comparativa ha establecido claramente que los políticos -especialmente los del gobierno- deben tener la piel muy gruesa. Deberían tener menos protección que los demás ciudadanos, no más.  Desde el punto de vista de los medios de comunicación en una campaña electoral, la clara similitud entre la difamación y discursos de odio yace en la cuestión de quien será responsable de cualquier declaración ilegal: los medios de comunicación o la persona cuyas palabras están reportando.

Legislación internacional y comparativa

Ni la legislación internacional ni la experiencia de los distintos tribunales nacionales ofrecen una respuesta definitiva sobre la forma de equilibrar la libertad de expresión y la protección de otros derechos. Precisamente porque es un equilibrio, la respuesta será determinada por circunstancias de carácter nacional y local; así como, por el contexto en particular.

Los tratados internacionales brindan un sustento claro para la criminalización de la promoción de odio o discriminación. En circunstancias muy extremas, tal y como sucedió en el caso de Radio Télévision libre des mille collines en Ruanda, donde una estación de radio incitó al genocidio, los periodistas habían sido declarados culpables por un tribunal internacional para crímenes en contra de la humanidad.

No obstante, la tendencia general en la interpretación de este equilibrio ha sido el promover otras voces que contrarresten el efecto de los discursos de odio, más que prohibir las voces que se expresan con discursos reprobables o con puntos de vista poco populares. La experiencia ha demostrado que la legislación que prohíbe el discurso de odio, a menudo es utilizada con un mayor alcance que el propósito ostensible. El país con el más grande número de leyes que prohíben la promoción de hostilidad racial fue Sudáfrica durante el Apartheid (segregación racial). Invariablemente las víctimas de esta legislación fueron de raza negra.

La práctica más común en la mayoría de las jurisdicciones donde este problema ha sido considerado, es la de prohibir los discursos de odio únicamente cuando constituyan una incitación directa a la actividad violenta. Quizá este concepto en sí mismo no sea fácil de definir, pero conlleva la idea de que en una campaña electoral nadie será castigado por la expresión de sus opiniones -únicamente si interfiere con los derechos de los demás.

Responsabilidad de los medios de comunicación.

La discusión presentada entre los discursos de odio y los medios de comunicación en una elección se refiere básicamente a dos temas claramente separados:

• cuando los medios informan sobre la defensa del odio por parte de políticos durante una campaña electoral;
• cuando los medios mismos abogan el odio directamente.

En el tema anterior, el consenso general recae firmemente en el sentido de absolver a los medios de comunicación de su responsabilidad al informar sobre los comentarios de los políticos, dentro del período limitado  de una campaña electoral.  Esto significa que un periodista o casa editorial no podrá ser objeto abierto a ninguna demanda de juicio de carácter civil o criminal por comentarios efectuados por un político que abogue por el odio. Sin embargo, esto no absuelve al periodista de una responsabilidad profesional de equilibrar tales declaraciones con hechos u opiniones compensatorias.

Intentos de regulación

Cuando los medios por si mismos directamente abogan por el odio especialmente en circunstancias que pueden constituirse como una incitación - claramente no pueden esperar ser absueltos de su responsabilidad. En estas circunstancias se espera que la instancia reguladora vigile de cerca los medios de comunicación. Pero esta situación por si misma, genera problemas de carácter práctico y ético. Por ejemplo, ¿cómo es posible distinguir entre los informes irresponsables o limitados sobre declaraciones violentas y el activo apoyo de los mismos?

Como en muchos otros casos, la distinción entre el contenido editorial y el no editorial es importante. Este último –ante todo, el acceso directo a materiales de diversos tipos - está fuera del control de los propios medios, ya que son generados por los partidos políticos. La instancia reguladora tendrá que determinar que cantidad, si así fuese, se elige para examinar el contenido de los elementos de acceso directo.

Derecho de Réplica

Conceder un derecho a réplica a quienes han sido ofendidos o tergiversado no es una opción muy popular entre los periodistas o los defensores de la libertad de expresión. Sus argumentos se orientan en el sentido de que en un entorno de libertad de los medios de comunicación, estos elementos se equilibrarán solos con el tiempo. Desafortunadamente dentro de los confines de una campaña electoral, quizá no haya tiempo para que este proceso natural de equilibrio tenga lugar. De ahí que la mayoría de los sistemas reguladores cuenten con ciertas provisiones para el equilibrio o corrección, aún sobre una base voluntaria.  El proceso para equilibrar puntos de vista de conflicto, junto con la oportunidad para responder o corregir errores o distorsión de hechos, a menudo pueden ser la forma más efectiva para neutralizar los efectos de los discursos de odio sin tener que recurrir a su prohibición.

 

Legislación internacional y comparativa sobre discursos de odio

International standards on the issue of "hate speech" are determined by a balance of Articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The former guarantees:

the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers...

Article 19 then outlines possible restrictions to this right, including "for respect of the rights or reputations of others".

Article 20 states: 

1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

 

The American Convention on Human Rights requires states to declare advocacy of hatred on national, racial, or religious grounds a criminal offence. The European Convention on Human Rights and the African Charter on Human and Peoples' Rights do not require hate speech to be prohibited by law, but they allow that it may be.

The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) has an even broader prohibition. Article 4 requires all states who are party to the treaty to declare as a criminal offence "all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination,... the provision of any assistance to racial activities", and participation in "organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination."

In a case that related to participation in elections (but not to the media), the European Commission declared inadmissible an application from a Dutch right-wing political leader who had been imprisoned for two weeks and had his name removed from the electoral lists for advocating the repatriation of non-white guest workers.¹ However, in a case that did relate to the role of the media, the Commission admitted an application from a Danish journalist who had been convicted for broadcasting a television interview with members of a white supremacist youth gang. Danish law was changed as a consequence to exclude liability for journalists unless, by publishing racist ideas, they intended to "threaten, insult or degrade".²

This distinction is an important one: the attitude of the law (and the regulatory authorities) will be different depending on whether the media are actively advocating hatred or violence or they are simply reporting the advocacy of hatred or violence by politicians and others. The point is fundamental, although this does not avoid the problem of grey areas.

Decisions of International Courts

The principle that incitement to carry out crimes against humanity is itself a crime against humanity dates from decisions of the Nuremberg trials of Nazi leaders in the 1940s. Much more recently, the International Criminal Tribunal for Rwanda has found four journalists or media executives, as well as the former Minister of Information, guilty of incitement to genocide through broadcasts or newspaper articles.

Decisions of National Courts

The Israeli Supreme Court has found that freedom of expression may be infringed only when there is an imminent probability that the statement will cause damage to public order. It ruled, as a consequence, that the Broadcasting Authority had violated the rights of the leader of an extreme anti-Arab political party by reviewing his statements before broadcasting them.³

In Sweden, the Freedom of the Press Act prohibits the expression of threats or contempt against racial, ethnic, or religious groups. The provision is rarely used, but in 1991, a newspaper editor was prosecuted for publishing a letter from a reader expressing racist opinions. The editor's argument was that such views should be allowed to surface, in order that they could be debated. The jury acquitted the editor.⁴

The Hungarian Constitutional Court ruled unconstitutional a provision of the law on incitement to hatred. The provision made it an offence to

insult or humiliate the Hungarian nation, or a group of the population based on religion, race or similar features.

The court observed:

Freedom to express ideas and opinions, including freedom to express unpopular or unconventional ideas, is the fundamental condition for the existence of a truly vital society which is capable of self-improvement...

Freedom of expression protects statements of opinion regardless of their implicit value or truth.⁵

 

 

 

 

¹ Glimmerveen and Others v. The Netherlands, App. Nos. D 8348/78 and 8406/78, 4 EHRR 260 (1982).

² Jersild v. Denmark, App. No. 15890?89, Decision of 8 September 1992.

³ Meir Kahane and Others v. Board of Directors of the Broadcasting Authority, Israeli Supreme Court, 41(3) PD 255 (1987).

⁴ H-G Axberger, "Freedom of the Press in Sweden", in ARTICLE 19, Press Law and Practice, 1993.

⁵ Constitutional Court, AB Hatarozat, No. 30/1992 (26 May)

 

Responsabilidad de los medios de comunicación sobre reportes de declaraciones ilegales

 

El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión ha establecido enfáticamente que los medios de comunicación no deben ser legalmente responsables por declaraciones ilegales que publican en el curso de las campañas electorales. Este tema ha sido muy controversial en el pasado, con otras autoridades internacionales; tales como, la Autoridad de Transición e las Naciones Unidas en Camboya, quien tienen un punto de vista totalmente divergente. Asumir que los medios de comunicación no puedan ser procesados civil o penalmente por verter información de actores políticos, refuerza una tendencia que fue rechazada, entre otros, por el Tribunal Constitucional Español. Esta aproximación tensiona al máximo el derecho del público a ser informado acerca de lo que dicen los actores políticos -aunque sea ilegal y que potencialmente incite a la violencia. Puede ser agotador ya que esto es completamente diferente a una situación en donde los medios de comunicación deliberadamente incitan a la violencia.

Esta remoción de responsabilidad ha tenido implicaciones tanto para la cobertura de noticias como para el acceso directo de los programas. Significa, por ejemplo, que los diarios o radiodifusores no pueden rehusarse a transmitir acceso directo o material propagandístico de un partido, sobre la base de que pueden exponerse a enfrentar un proceso legal. El Tribunal Constitucional en Alemania, por ejemplo, decidió que esta era asunto que los Tribunales debían decidir, no los medios  Sin embargo, lo anterior es razonable, únicamente, si se coloca a los medios de comunicación como no responsables. Si un radiodifusor es susceptible de ser procesado por el contenido de sus programas, debe tener el derecho de rehusarse a transmitirlo.

 

Discursos de odio - operaciones del organismo regulador

 

Existen varias formas a través de las cuales la instancia reguladora puede abordar el problema del discurso de odio. 

Previa aprobación de materiales de difusión directa.

El órgano regulador puede pedir que todos los materiales de difusión sean remitidos con anticipación para asegurar que los discursos políticos cumplen con ciertos parámetros de carácter legal o voluntario. Para que se lleva a cabo el enfoque anterior, el país de de contar con un antecedente histórico sobre discursos difamatorios o un serio problema político. La desventaja en principio se refiere a que tal aproximación puede ser vista como una interferencia en el discurso político y punto central de la censura previa. La dificultad en la práctica es que impone una carga administrativa adicional en el órgano regulador

Códigos de Conducta

No obstante, ninguna posibilidad se presenta en relación a la cobertura de noticias: la legislación internacional rechaza totalmente la "restricción anticipada" o la censura en la pre-publicación. El problema de los discursos difamatorios tendrá, por tanto, que ser dirigido primeramente a la fuente -esto es, con los propios partidos políticos y candidatos.  Esto se podría lograr plenamente si, antes del periodo de campaña electoral, los partidos políticos acuerden un código de conducta. Algunas ocasiones, como en Sudáfrica y en Camboya, este código de conducta funcionará como una ley.

Quejas

El problema de los informes poco profesionales o tendenciosos sobre las declaraciones de los actores políticos tendrá que abordarse, primeramente, por la instancia reguladora, a través de los mecanismos establecidos para la recepción de quejas -ya sea un regulador de los medios de comunicación o una autoridad electoral. El remedio más efectivo será el de permitir la corrección de los materiales difamatorios a través del derecho de réplica  Existen algunos ejemplos de este tema en Bosnia y el Reino Unido.

Promoción de los Parámetros Profesionales

La medida más significativa que la instancia reguladora puede llevar a cabo para promover un equilibrio en los informes con declaraciones difamatorias es asegurar la adhesión de los medios de comunicación a estándares de profesionalización. Para llevar a cabo esto, será de vital importancia la colaboración con los periodistas independientes y los acuerdos con organismos de unión mediática. El órgano regulador puede comprometerse en la capacitación de periodistas para la elaboración de informes de las campañas políticas y de las elecciones en general.

 

Derecho de réplica a las críticas o declaraciones desfavorables

El derecho de réplica no tiene mucha aceptación entre los medios de comunicación, pero los tribunales y otros organismos internacionales han incentivado el incremento del uso de dicho derecho. Los periodistas tendrán que aceptar que esta opción es la menos desfavorable. La alternativa para encontrar un balance entre las diferentes posturas puede ser la de designar un responsable que se encargue de avalar las opiniones de un candidato o del otro.

La mejor forma de evitar que no se cumpla el derecho f de réplica es, claramente, a través de asegurar el equilibrio en la cobertura. Incluso los medios de comunicación en los Estados Unidos (generalmente no cuentan con algún tipo de regulación) han sido obligados a cumplir con una Doctrina de Equidad con respecto a los informes en elecciones, Los medios de comunicación deben de asegurar que los principales partidos consigan un lugar en los espacios noticiosos y en los programas actuales. Las estaciones de radiodifusión son obligadas a ofrecer una "razonable oportunidad para la discusión de puntos de vista contrastantes".¹ La redacción es importante: "racional" más que igualitaria. La cobertura no se debe medir en términos de tiempo, sino en términos de que todas las partes involucradas puedan ser escuchadas.

En algunas ocasiones este enfoque de equidad no es el más adecuado. Debido a que, por ejemplo, los ataque personales en los Estados Unidos se rigen por el Acta de Comunicaciones que específica que si se lleva a cabo un ataque sobre las cualidades o el carácter de un individuo, esta persona deberá ser informada y se le debe brindar una oportunidad para responder.²

En las elecciones de 1994 en Sudáfrica se contempló una provisión, un poco más amplia que el Acta de Comunicaciones de Estados Unidos, pero basada en el mismo principio. Ésta es una regla común en las legislaciones y regulaciones electorales y brinda una oportunidad para alcanzar el equilibrio en el debate. La legislación sudafricana establece que si una crítica fue presentada contra un partido político sin brindarle la oportunidad para responder en el tiempo determinado, o sin que su punto de vista haya sido considerado, entonces la radiodifusora era obligada a brindarle una oportunidad razonable a este partido para responder a las críticas.

Si dentro de las 48 horas después del inicio de la votación la radiodifusora tiende a difundir un programa en donde un determinado partido político sea criticado, el titular de la estación deberá darle una oportunidad al partido para responder dentro del programa, o tan pronto como sea posible en el corto plazo. Estas provisiones únicamente aplican para coberturas durante el control editorial de la estación y no para una transmisión de un determinado partido o para efectos de propaganda política.³

Brasil cuenta con una provisión para el derecho de réplica que aplica, específicamente, a sabiendas de que se hacen declaraciones falsas en el curso de las transmisiones directas. En este caso, la parte ofendida puede apelar a un juicio. Si la solicitud es aceptada el reclamante gana un monto de tiempo libre para rebatir las declaraciones falsas, el cual deviene del tiempo libre otorgado al partido ofensor.

 

 

 

 

 

¹ Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice" ("Los Medios de Comunicación y las Elecciones en los EUA: Política Publica y Práctica Periodista"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook  (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

² Ibid.

³ Articulo 21, Acta de la Comisión de los Medios de Comunicación Independientes, 1994.

El derecho de los periodistas a obtener acceso a los eventos electorales

 

Los medios de comunicación no pueden cubrir adecuadamente un proceso electoral si no se les faculta el acceso a los eventos y lugares más importantes. Esto es suficientemente obvio, pero desafortunadamente muchos países que se encuentran inmersos en la organización de elecciones democráticas por primera vez, pueden tener la mínima experiencia en el manejo de la cultura de la libertad de acción de los medios. El propósito de las leyes y las regulaciones de los medios en el contexto de una elección -y las funciones del órgano regulador- es crear un ambiente en donde los medios puedan llevar a cabo sus actividades libremente. Las campañas electorales no se perciben como un secreto de Estado que tenga que ser sacado a la luz por periodistas investigadores; en su lugar, deben ser conducidas ante los ojos de la opinión pública. Es, por tanto, una cuestión de principio que a los periodistas se les deben brindar todas las facilidades de acceso a los eventos que conforman un proceso electoral. Para el organismo encargado de la organización existe, también, una consideración pragmática: si los medios de comunicación están presentes en la totalidad de los eventos relevantes, tales como sesiones informativas y conferencias de prensa, entonces será mucho más fácil para el administrador electoral dar a conocer sus mensajes y preocupaciones al público. 

A efecto de asegurar el acceso a algunos aspectos de una elección - por ejemplo, el escrutinio - será necesario que el órgano de administración electoral establezca algún proceso de acreditación. Sin embargo, en principio no será necesario para todos los eventos, partiendo del hecho de que la responsabilidad para determinar si es o no periodista, debe recaer en las respectivas asociaciones profesionales, no en el Estado.

Es muy importante que el acceso no sea discriminatorio. Sería inaceptable, por ejemplo, que los periodistas provenientes de ciertos organismos de comunicación fueran excluidos de algunas reuniones por un determinado partido político. El libre acceso de los medios de comunicación a la totalidad de los eventos públicos, debe ser un elemento explícito del código de conducta de los partidos políticos  Sería mucho peor, sin embargo, que las autoridades electorales ejercieran cualquier tipo de medidas discriminatorias al determinar cuáles medios de comunicación  reciban materiales informativos o sean invitados a las conferencias de prensa.

El derecho de acceso de los periodistas deviene directamente de los principios de libertad de información que subyacen en el papel que juegan los medios en una democracia. Los procedimientos de acreditación no pueden ser utilizados para limitar este acceso, mucho menos cuando están siendo aplicados de una manera discriminatoria o cuando forman parte de una requisito universal para asistir a todos las actividades derivadas de la organización de una elección. A excepción de algunas circunstancias bien delimitadas, como cuando la seguridad del proceso electoral está en riesgo, el proceso de acreditación es una herramienta administrativa, y esto no debe significar la determinación de quien está o no facultado para informar sobre las actividades del proceso electoral.

La libertad de expresión significa, entre otras cosas, que los medios de comunicación están facultados para investigar e informar de manera crítica sobre la eficiencia y probidad de la administración electoral. Los administradores electorales no siempre aceptan esta postura, pero, básicamente, no tienen otra opción sobre esta materia. Este escrutinio no representa una interferencia con la organización de la elección sino que facilita y promueve su eficiencia. Esto es cierto como un asunto de amplia responsabilidad, pero, para los administradores electorales, también es una forma práctica para comunicar sus mensajes.  Si los medios de comunicación cuentan con un adecuado acceso a los organismos encargados de la elección, pueden llevar rápidamente  sus preocupaciones al público. Esto funciona como un método  efectivo y de bajo costo de educación electoral.

 

Acreditación de periodistas

 

La pregunta acerca de quién es o no un periodista practicante queda bajo la responsabilidad de sus propias organizaciones -aunque muchos gobiernos, a través del Ministerio de Información o instancia similar, cuentan con un sistema de acreditación de periodistas. Cualquiera que sean las bondades de los distintos sistemas, no obstante, es necesaria la instrumentación de algunos sistemas de acreditación en cualquier proceso electoral. Esto se debe a que los medios serán facultados para asistir a los distintos eventos -tales como la propia votación o el escrutinio de los votos- que en primera instancia no estarán abiertos al público ordinario.

El sistema más adecuado en la acreditación de periodistas en el marco de una elección es el conducido conjuntamente por el órgano de supervisión electoral y por el órgano regulador de medios de comunicación. El proceso de acreditación debe estar disponible para los representantes de organizaciones de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. La autoridad encargada de la acreditación no podrá rehusar la entrega de credenciales a ningún representante de estas organizaciones.

La naturaleza de las credenciales emitidas deberá ser acordada entre la policía o cualquier otro organismo responsable de la seguridad en la elección, así como con el personal del organismo electoral. Estas credenciales normalmente consistirán de una placa laminada con una fotografía donde se identifique claramente al portador como un representante de algún medio de comunicación. Estos preparativos deben hacerse del conocimiento de los partidos políticos, de quienes se espera que aseguren que sus miembros y personal de apoyo  faciliten (y no impidan) el acceso a cualquier persona que porte estas credenciales.

Cuando se conoce con anticipación la fecha en que se va a llevar a cabo una elección, la acreditación de la mayoría de los periodistas locales puede ser organizada con el debido tiempo para evitar apuros de última hora. No debe haber límites en el número de personal de medios de comunicación provistos con credenciales. Las organizaciones noticiosas no están obligadas a limitar el número de periodistas a acreditar, aunque resultará mucho más razonable para los organizadores de un evento, limitar el número de solicitantes de una organización periodística particular permitido en un determinado evento o local, en caso de ser necesario asegurar el acceso de un espectro más amplio de instituciones de comunicación.

Aunque una credencial con fotografía -evidencia visible de acreditación- es sin duda útil en muchos eventos públicos ligados a una elección, únicamente deberá ser solicitada como precondición de asistencia en dos circunstancias:

• Cuando la seguridad del proceso está en juego - como en la votación o el escrutinio.
• Cuando la logística de la organización determina que únicamente un número limitado de periodistas pueda tener acceso.

En este último caso, será preciso que los periodistas operen su propio sistema en donde puedan seleccionar por si mismos a sus representantes para asistir a los distintos eventos, con el propósito de compartir la información conseguida. Los funcionarios electorales también pueden establecer un sistema de rotación para asegurar que algunos periodistas están siempre presentes, permitiendo a los periodistas a decidir entre ellos quien se beneficiará de las distintas franjas horarias disponibles.

En otras palabras, el proceso de acreditación es entendido en gran medida como una herramienta administrativa que en pocas ocasiones tiene una dimensión de seguridad. Generalmente, el principio de que cualquiera pueda tener acceso al proceso electoral, escribir sobre él y difundirlo, es de suma importancia.

 

Medios de comunicación extranjeros

 

Todo lo que se ha dicho acerca del derecho de los periodistas a obtener acceso a los eventos electorales y del proceso de acreditación, aplica de igual forma a cualquier medio de comunicación extranjero que esté presente. Es importante enfatizar que esto es una cuestión de principios. Las fuentes fundamentales del derecho de libertad de expresión - La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- explícitamente definen este derecho como abarcando la comunicación y recepción de información "sin considerar fronteras".

En la mayoría de las veces, habrá corresponsales extranjeros que residan en el país - o al menos, acreditados - por periodos prolongados. Si partimos de la base de que estos periodistas invariablemente contarán con una forma de acreditación como condición para residir en ese país, la acreditación para cubrir una elección presentará pocos problemas en principio. Es más probable que se presenten problemas si la elección está sujeta a intereses internacionales (tal y como las elecciones tienden a ser), con la posibilidad implícita de que un gran número de representantes de medios extranjeros, esperando cubrir las elecciones, arriben al país a última hora.

Será necesario que el organismo que normalmente es responsable de la acreditación de los medios extranjeros coordine sus actividades con las los organizadores de la elección. Por motivos migratorios todos los periodistas extranjeros necesitarán estar acreditados, pero como pasa con el personal de los medios locales, tanto el gobierno como los oficiales electorales no deben tener ninguna facultad para decidir quién puede y quien no puede venir para reportar una elección. La acreditación es una medida administrativa, no una forma de hacer a un lado a la gente.

El sentido común sugiere que es necesaria una medida de planeación prioritaria, con una estimación del número de representantes de medios extranjeros que deseen cubrir las elecciones. No solamente se puede planear anticipadamente el proceso de acreditación, sino que también otras facilidades tales como las relativas al establecimiento de comunicaciones telefónicas y por computador desde la sala de prensa.

Se requiere una medida de paciencia y entendimiento mutuo. Las elecciones están organizadas para beneficiar al electorado, no a los medios internacionales (un hecho que finalmente y en algunas ocasiones tenemos que recordar). Los medios internacionales no benefician directamente al electorado al supervisar el proceso y a los contendientes políticos (aunque el crecimiento de las estaciones radiodifusoras y las noticias por Internet están cambiando esta percepción). No obstante la responsabilidad internacional es parte del proceso para organizar elecciones libres y justas, y hasta este punto, los medios internacionales juegan un papel parecido al de los observadores electorales internacionales. Es, por consiguiente, parte del interés de la democracia y del propio proceso electoral, que se les permita realizar su trabajo.

 

Medidas para la protección de los periodistas

 

Cuando las campañas electorales se tornan violentas, los periodistas parecen estar en el lugar más reñido de la misma. Desafortunadamente, el peligro a menudo forma parte del trabajo de los reporteros, sin embargo es responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones electorales asegurar que esto se mantenga en el nivel más bajo.

Cualquier ataque que atente contra la integridad física de los corresponsales o interfiera con su trabajo, está calificado como delito bajo la ley ordinaria del país. Sin embargo, en virtud de la particular importancia de los medios de comunicación en las elecciones, algunos países han definido algunas medidas relacionadas con ataques sobre periodistas en una elección. Por ejemplo, La sección 8 del Acta Electoral de Sudáfrica castiga las faltas contra periodistas con una multa de R200,000 (alrededor de US$ 30,000), prisión o descalificación de su participación en las demás actividades de la elección.

El corolario para esta situación es que leyes que restrinjan la libertad de los medios y el salvoconducto del periodismo deben ser derogadas con anticipación al desarrollo de la elección. Parte de la seguridad del periodista estriba en que no estén bajo riesgo de arresto al conducir sus actividades profesionales ordinarias. Esto podría incluir, por ejemplo, que la policía o el poder judicial obligaran al periodista a divulgar fuentes de información confidenciales.

Tan importante como lo que la ley dice s que el mensaje se comunique claramente a todas las partes involucradas en la elección. . Las organizaciones periodísticas, como la Federación Internacional de Periodistas, generalmente recomiendan que los gobiernos (y las autoridades electorales) hagan una clara declaración al inicio de la campaña electoral informando a todos los partidos políticos y las agencias del orden público que los medios de comunicación representan una parte esencial del proceso democrático - y cualquiera que los prevenga de realizar su trabajo serán objeto de todo el peso de la ley. Por supuesto que el peligro de los periodistas no viene únicamente de los activistas partidistas -a menudo están bajo riesgo de los agentes del orden público entrenados en un contexto dictatorial. De ahí la importancia de las instrucciones públicas claras con la esencial puesta en práctica de que todo ataque será investigado y sus perpetradores presentados ante la justicia.

Los códigos de conducta que rigen el accionar de los partidos a menudo son un dispositivo utilizado en situaciones presumiblemente violentas. En ellos se debe incluir declaraciones donde claramente se determine la importancia de los medios de comunicación en un proceso electoral y la necesidad de abstenerse de atacarlos.

La protección física de los periodistas puede implicar más dificultades debido a que la presencia policíaca puede interferir con la libertad de los medios para conseguir información. No obstante, las fuerzas policiales deben estar instruidas sobre la responsabilidad para proteger a los periodistas en contra de cualquier ataque, físicamente si es necesario.

 

Disposiciones que afectan a los medios de comunicación públicos

 

En la mayoría de los sistemas electorales aplicarán distintas regulaciones para los medios de comunicación públicos y privados. Además de los compromisos éticos que atañen a los periodistas y comunicadores, los medios públicos de comunicación se deben al electorado, quien finalmente los financia y de alguna forma es su propietario. De ahí que generalmente se asuma -basados en el derecho internacional - que los medios de comunicación públicos deben ser políticamente imparciales.

Existen otras obligaciones imputables a los medios de comunicación. En  varios sistemas no existe algún requisito legal para que los medios privados instrumenten estrategias de transmisión directa y propaganda de los partidos políticos durante una campaña electoral. Sin embargo, para los medios de comunicación de carácter público generalmente es un requisito. Una buena parte de esta sección está dedicada a los temas derivados de los siguientes cuestionamientos:

• El acceso directo debe ser a través del pago de propaganda política o una libre elección del partido para su transmisión
• ¿Cómo se determinarán los montos de tiempo entre partidos y candidatos?¿En qué horario del día serán transmitidos los anuncios publicitarios?

Asimismo, en esta sección se analiza lo apropiado que resulta para el órgano regulador de los medios de comunicaciones en elecciones regular si el contenido editorial de los medios de carácter público -esto significa que las secciones de salida de los medios de comunicación regularmente, cuenta con su propio control editorial.

Un aspecto adicional sobre la responsabilidad de los medios de comunicación públicos, se vinculan con la obligación del gobierno para informar y capacitar al electorado sobre la forma más adecuada para ejercer sus derechos en una elección -educación electoral.

La obligación de los medios de comunicación de carácter público ha sido resumida en una serie de lineamientos establecidos por el Grupo de Libertad de Expresión en su artículo 19. Elaborado por vez primera en 1994 para tratar el problema relacionado con la justa cobertura de transmisiones estatales, en los medios que no contaban con antecedentes de comportamiento imparcial, estos lineamientos han sido ampliamente distribuidos y adoptados desde entonces.

 

Distribución de tiempos de transmisión a candidatos y partidos

Almost invariably, the public media are thought to have a duty to publish or broadcast election statements by competing parties. It is generally accepted that the publicly funded media have some obligation to allow parties and candidates to communicate directly with the electorate.

Beyond that, however, there are many issues to be determined.

Paid Advertising, Free Access, or a Mixture of the Two?

It will have to be determined whether direct access by political parties will be free or paid or, as is often the case, a mixture of the two. Different rules are often adopted for print and broadcast media. Sometimes all parties are allocated free direct access but can top this up with paid advertising.

How Is the Time or Space Divided?

In a system of paid advertising, this may not be an issue - time is simply allocated to those who can pay. (Many would argue that this is why paid advertising is an unfair option.) But if direct access broadcasts are to be allocated by a regulatory body, how will this be done? What criteria have to be taken into account to divide up the available time? Is it to be done on the basis of equality - so that every party gets the same time - or equitability (fairness), whereby parties are allocated time according to the degree of popular support they enjoy. If the latter, then how is that determined? Should time be allocated on the basis of past electoral support (the number of seats currently held in parliament), opinion polls, the number of candidates standing - or some other criterion or a mixture of all of them? Different countries have adopted widely varying systems.

Timing of Slots

Will there be regulation about the times that slots are broadcast? If everyone is to get a chance to broadcast in peak time, how can slots be allocated? What order will the parties be allowed to broadcast in?

Who Pays - and Who Makes the Programme?

Will the party be responsible for making its own broadcast or will facilities be made available by the public broadcaster? And who foots the bill for the production of these spots?

Who Decides What is Broadcast?

Does the regulatory body have any say in the content of direct access broadcasts or political advertising? Can the parties say what they like? What are the limits?

Cobertura de acceso directo igualitaria o equitativa

 

Una de las decisiones fundamentales que deben tomar los partidos políticos en la organización de las transmisiones de acceso directo se refiere a si los espacios de transmisión se deben adjudicar sobre una base de igualdad o de equidad. Igualdad, claramente significa que cada partido o candidato consigue el mismo acceso. Equidad, significa que cada una de las partes consigue un acceso justo - un partido con un mayor apoyo debe contar con mayor tiempo aire, en contraste con otro partido que no lo tiene.

El argumento para que sea igualitario

Cualquier agrupación tiene la oportunidad de exponer su punto de vista al electorado. Será éste quien elija, y no el radiodifusor o el regulador electoral. Este es un sistema sencillo y todos lo pueden entender. Es particularmente atractivo en una primera elección democrática, cuando no hay una forma segura de saber el grado de apoyo con que cuentan los partidos.

El argumento para que no sea igualitario

La equidad proporciona una ventaja adicional al partido en el poder, quien tiene otras oportunidades para transmitir sus políticas a través de los medios. Lo que hace una base igualitaria es promover a los partidos de oposición con pocas probabilidades a expensas de aquellos que cuentan con genuinas probabilidades para desbancar al partido gobernante. Igualdad también significa que simplemente hay un exceso de material para el consumo del electorado. Llegará a ser aburrido y el proceso de acceso directo puede convertirse en una pérdida de tiempo. Nuevamente esto parece favorecer  al partido en el poder.

Otro argumento en contra del acceso igualitario automático es que alienta a los candidatos interesados únicamente en la publicidad gratuita.

El argumento para que sea equitativo

Este sistema es un obstáculo a la aparición de nuevos partidos, ya que siempre está basado en el apoyo conseguido en la última elección. ¿Y qué sucede si no hubo ocasión anterior? ¿Cómo se determina el apoyo popular en una primera elección democrática? El sistema, de este modo podría quedar abierto al abuso.

¿Y la Respuesta?

No hay una respuesta correcta o errónea a este problema, en tanto puede ser visto a través de una variedad de soluciones tanto en las democracias establecidas como en las emergentes. No obstante los distintos enfoques pueden aplicar a distintos sistemas políticos. A continuación, algunas consideraciones adicionales:

• La igualdad puede aplicarse de mejor forma cuando hay pocos partidos o candidatos. Cuando hay muchos, por consiguiente el 'pastel' tiene que ser cortado en porciones muy reducidas, o ser tan grandes, que haya muchas transmisiones electorales.
• La Igualdad puede aplicarse de mejor manera en una nueva o democracia en 'transición'. Esto quizá contradiga lo anteriormente expuesto, ya que en las nuevas democracias a menudo hay muchos partidos (y los partidos gobernantes en las nuevas democracias pueden alentar este hecho). Sin embargo, el punto es que si no ha habido una previa elección democrática, no habrá medidas comúnmente acordadas sobre el grado de apoyo popular que cada partido tiene.
• Por el contrario, la equidad tiene una mejor aplicación en una democracia establecida en donde existen medidas claras sobre el apoyo electoral recibido anteriormente. ¿O los defensores de la igualdad están correctos, y esto únicamente obstruye el nacimiento de nuevas alternativas políticas?

Sin embargo, estas consideraciones son sólo indicadores. Muchas democracias establecidas -Francia, Italia, Dinamarca - asignan transmisiones de acceso directo en los medios públicos sobre una base igualitaria (por lo menos en algunas elecciones). Y muchas democracias emergentes - han asignado tiempo sobre bases de equidad y proporcionalidad.

Cualquiera que sea el enfoque adoptado, su éxito dependerá en gran medida de la credibilidad e imparcialidad del órgano de regulación que adjudica los espacios de transmisión. Este es un poderoso argumento para involucrar a los partidos políticos en el diseño y elaboración de las regulaciones que rigen a los medios de comunicación en procesos electorales. Los partidos políticos están más comprometidos con un proceso en donde han sido consultados y donde han contribuido al diseño del sistema.

Todos estos argumentos aplican clara y primeramente a los criterios para la asignación de tiempo de acceso directo - esto significa, que las transmisiones de acceso directo están a la libre disposición de los partidos. El pago por propaganda política, cuando ésta es permitida, normalmente se hará sobre la base de que los partidos políticos pueden conseguir tanto tiempo de acceso directo como pueden pagar (o como les sea permitido dentro de los límites de los gastos de campaña). No obstante, no siempre es el caso. Y si se establecen límites para el pago por concepto de propaganda, las consideraciones de igualdad y equidad pueden aplicar.

 

¿Acceso igualitario a todos los partidos?

Muchos países han determinado el tiempo de transmisión directa sobre una base de igualdad entre los distintos partidos políticos y candidatos. Aún así, existen ciertas diferencias sobre la forma en que se aplican estos sistemas. Algunas veces, por ejemplo, puede haber un criterio de calificación o limite del nivel de apoyo que debe conocerse previo a la aplicación de este sistema.

Francia

La fórmula para determinar los tiempos de transmisión directa en las elecciones presidenciales francesas es de igualdad para todos los candidatos, quienes generalmente son unos 14. Si ningún ganador emerge de forma clara, se presenta una segunda ronda entre los dos candidatos que figuren al frente de la competencia, asignándose el tiempo aire de forma igualitaria entre ambos contendientes.¹

Dinamarca

Dinamarca adjudica tiempos iguales a todos los partidos políticos en elecciones parlamentarias, mientras estos satisfagan ciertos criterios básicos; deben haberse registrado ante el Ministerio del Interior, quien les solicita haber recolectados la firma de 1 por cada 175 de los votos emitidos en la última elección.²

Noruega

En Noruega, el tiempo es asignado en forma igualitaria, pero también se debe cumplir algunos criterios. Los partidos políticos deben haber estado representados en uno de los dos últimos parlamentos, contar con una organización a nivel nacional y presentar candidatos en la mayoría de los distritos electorales. Los partidos con menor representación que no cumplen con este criterio no obstante tienen acceso a una programación reducida.³

Italia

La difusora estatal, RAI proporciona tiempos iguales a todos los partidos contendientes en una elección. Sin embargo, las difusoras comerciales no tienen esta obligación.⁴

República Checa

Para la primera elección democrática en la República Checa, a todos los partidos se les concedió el mismo tiempo de transmisión - un total de cuatro horas sobre el periodo de campaña estimado en 40 días. Los espacios de tiempos fueron entonces divididos en distintos periodos. El horario exacto fue determinado por sorteo.⁵

Armenia

En este país se proporciona acceso igualitario a todos los partidos, sin embargo hay un límite de cinco minutos para cada candidato o partido. Esto evitó el problema de demasiada información, pero quizás dio origen a un problema alterno. ¿Realmente hubo suficiente información para el elector?

Japón

Japón cuenta con un sistema de acceso igualitario pero con un umbral de calificación mínimo. A efecto de recibir igual tiempo de transmisión un partido debe presentar al menos 12 candidatos. En la Cámara Alta, sin embargo, todos los candidatos reciben cinco minutos y medio de tiempo gratuito de transmisión. 

Los Países Bajos

Los Países Bajos, al igual que Japón, cuenta con un sistema que es una especie de igualdad modificada. En principio todos los partidos cuentan con tiempos iguales de transmisión, Sin embargo, el órgano regulador, El Comisariato de Medios de Comunicación, puede asignar tiempo extra a los partidos que tienen candidatos en todos los distritos electorales.⁶

 

 

 

 

¹ Anne Johnston y Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts in Promoting French Television Candidates" (" El Papel de las Emisiones de Televisión en la Promoción de Candidatos de la Televisión Francesa", en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

² Karen Siune, "Political Advertising in Denmark" (“Propaganda Política en Dinamarca”), en Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracies (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

³ Ibíd.

⁴ Gianpiero Gamaleri "Italy and the 1994 Elections: Media, Politics and the Concentration of Power" (“Italia y las elecciones de 1994: Medios de Comunicación, Política y Concentración de Poder”), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

⁵ Biblioteca del Congreso, Biblioteca de Leyes, Reporte para el Congreso: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries (Financiamiento de Campañas de Elecciones Nacionales en Países  Extranjeros Seleccionados), Washington, DC: Julio 1995, LL95-4, 95-1354: 58.

⁶ Kees Brants, "The Blank Spot: Political Advertising in the Netherlands" (Espacios Blancos: Propaganda Política en los Países Bajos), en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

¿Acceso equitativo a todos los partidos políticos?

Si el principio de igualdad es rechazado, existe un amplio rango de alternativas que pueden adoptarse a efecto de alcanzar una justa y equitativa distribución de los tiempos de transmisión entre los partidos o candidatos. Se pueden tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• La fortaleza de un partido político en la elección precedente.
• El número de candidatos contendientes

Normalmente hay un mínimo de distribución de tiempo para todos los partidos, o al menos hacia aquellos que presentan un cierto número de candidatos. Lo anterior es un intento por afrontar las críticas en el sentido de que un enfoque "equitativo" no es lo suficientemente justo para los nuevos partidos.

En una elección presidencial estos cálculos son más difíciles de realizar, cuando un candidato se presenta por primera vez. En Brasil, este efecto se minimiza al adjudicar tiempo de transmisión en la elección presidencial sobre la base de la fortaleza y representación del partido en el Parlamento. Para la segunda vuelta, el tiempo se adjudica igualitariamente.

Sudáfrica

El tiempo de transmisión se distribuye sobre la base de una combinación de criterios: un mínimo de tiempo a todos los partidos, una parte sobre la base del número de candidatos presentados y una más sobre la base del apoyo recibido en elecciones previas. Este último generalmente es medido sobre la base del número de asientos obtenidos en la previa legislatura a nivel nacional o provincial. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Radiodifusión puede tomar en cuenta las encuestas de opinión si así lo opta.

Grecia

A los tres partidos más representativos en el Parlamento anterior se les tenía permitidos al menos treinta y ocho minutos a la semana de programas televisados. A los partidos más pequeños que tenían miembros en parlamentos anteriores se les permitían hasta ocho minutos a la semana. A los partidos sin representación en el parlamento, pero que tenían una lista de candidatos en el 75% de los distritos electorales, se les permitían cinco minutos a la semana. Adicionalmente, a cada uno de los tres partidos con mayor representación se les permitía una transmisión de 45 minutos. 

España

Los partidos políticos que no obtuvieron ningún escaño en la elección precedente se les asigna un periodo de tiempo de 10 minutos de transmisión. Los partidos que ganaron menos del 5% de la votación tienen hasta 15 minutos. Los partidos que obtuvieron hasta el 20% se les proporciona hasta 30 minutos de transmisión y, finalmente, aquellos que obtuvieron más del 20% se les dan 45 minutos de tiempo de transmisión.

Reino Unido

La fórmula para la asignación de tiempos de transmisión es revisada por un Comité de Radiodifusores y partidos políticos en cada elección. Aproximadamente se entiende de la siguiente forma: todos los partidos que presentan 50 o más candidatos se les asigna una transmisión sin costo. Los dos principales partidos reciben el mismo tiempo de transmisión -usualmente cinco transmisiones de 10 minutos cada una. El tercer partido en la lista recibe un poco menos -usualmente cuatro espacios de transmisión de 10 minutos cada una.¹

Israel

A todos los partidos contendientes en una elección se les asignan 10 minutos de tiempo de transmisión. Los partidos que estuvieron representados en el Knesset (parlamento) anterior reciben tres minutos adicionales por cada uno de los escaños obtenidos.²

Turquía

Los partidos involucrados en la contienda electoral cuentan con 10 minutos de tiempo de transmisión. Los partidos con representación parlamentaria pueden recibir un periodo adicional de 10 minutos. Además, al partido gobernante se le permite un tiempo de 20 minutos, y al principal partido de oposición se le otorgan 10 minutos adicionales.³

 

 

 

 

¹ Brian Wenham "The United Kingdom: Impartial Broadcasters and a Partisan Press" (El Reino Unido: Radiodifusoras Imparciales y una Prensa Imparcial), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los medios de comunicación, Dusseldorf, 1995.

² Biblioteca del Congreso, Biblioteca de Leyes, Reporte para el Congreso: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries (Financiamiento de Campañas de Elecciones Nacionales en Países  Extranjeros Seleccionados), Washington, DC: Julio 1995, LL95-4, 95-1354: 58.

³ Biblioteca del Congreso, Biblioteca de Leyes, Reporte para el Congreso: Campaign Financing of National Elections in Selected Foreign Countries (Financiamiento de Campañas de Elecciones Nacionales en Países  Extranjeros Seleccionados), Washington, DC: Julio 1995, LL95-4, 95-1354: 194.

Criterios para la asignación de tiempo de acceso directo

 

La aplicación de criterios para la asignación de tiempos de transmisión de acceso directo es, en primera instancia, un problema cuando se aplican consideraciones de equidad, en lugar de la simple asignación de espacios sobre una base de igualdad. Sin embargo, en los sistemas con "igualdad modificada", como en el caso de los Países Bajos, el organismo regulador toma algunas providencias para asignar tiempo adicional a los partidos con mayor representatividad.

En cualquier sistema, el primer criterio a establecer se refiere a si existe un umbral de calificación. Aún ciertos sistemas basados en la igualdad (como el caso de Dinamarca, Noruega y Japón) requieren una forma de calificación -como el número de escaños obtenidos o un mínimo de firmas públicas.

Los sistemas equitativos también tienen que decidir sobre la pertinencia de un umbral de calificación. En las democracias emergentes es más probable que se establezca un umbral bajo, debido a la dificultad de conocer el nivel de apoyo popular de que disfruta cada uno de los partidos políticos. De este modo, en Sudáfrica por ejemplo, todos los partidos reciben un mínimo de asignación. En las democracias ya establecidas el umbral a menudo es muy alto. Generalmente, el umbral debe determinarse por el número de escaños que está en juego, más que por el número previamente obtenidos, debido a que éste último puede ser un gran obstáculo para la emergencia de nuevos partidos. De ahí que en el Reino Unido, por decir algo, el umbral se establece con 50 de la totalidad de los escaños que están en juego -aproximadamente un 7% del total.

Una vez establecidos los umbrales, los dos criterios que se deben tomar en consideración en la asignación de tiempo de transmisión de acceso directo son:

• ¿Por cuántos escaños contienden los partidos (o cuántos candidatos están presentando)?
• ¿Cuál fue el apoyo popular de que gozaron los partidos en el pasado?

Para contestar el primer cuestionamiento, de inmediato queda claro que esto será determinado en gran medida por la naturaleza de la elección y del sistema electoral. Una elección Presidencial, por ejemplo, parece estar más lejos de la igualdad en la asignación de tiempos de transmisión porque generalmente está basada en una competencia individual que en una simple diferencia de partidos. De ahí que Francia asigne el tiempo de transmisión en su elección presidencial sobre una base de igualdad, aunque Brasil lo ha llevado a cabo sobre la base del nivel del apoyo parlamentario a los partidos a que pertenecen los candidatos.

En elecciones parlamentarias, la naturaleza del sistema de votación determina claramente la forma en que los partidos con menos representación tienen probabilidades de obtener un buen resultado, lo que a su turno determinará la asignación de tiempo que pueden recibir. En un sistema de mayoría relativa, un partido que obtiene el 10% de la votación a nivel nacional es probable que sea completamente marginal (y posiblemente sin representación en el parlamento), mientras que el mismo partido en la gran mayoría de los sistemas de representación proporcional puede representar un importante contendiente. De este modo, la asignación de tiempo de transmisión bajo este último sistema parece encaminarse a una igualdad más declarada, o por lo menos a un umbral de calificación más bajo.

No obstante el modelo clásico de mayoría relativa, el del Reino Unido, extrañamente realiza un esfuerzo concienzudo para compensar las injusticias del sistema electoral en materia de adjudicación de tiempo. De este modo, el tercer partido a nivel nacional, el Liberal Demócrata, quien consistentemente recibe una representación parlamentaria mucho más baja que el que le corresponde por voto popular, recibe una asignación de tiempo que actualmente es más alta no solamente que su número de escaños en el parlamento, sino también de su voto.

Una reciente alternativa muy interesante es la desarrollada en Sudáfrica, una democracia de reciente emergencia donde el órgano regulador de los medios de comunicación ha concebido una fórmula que:

• Brinda cierto acceso a todos los partidos
• Distribuye tiempo de transmisión sobre la base de los escaños en juego y el presumible apoyo popular.
• Toma en cuenta el hecho de que las elecciones nacionales y provinciales se llevan a cabo simultáneamente.

 

Programación y extensión de los espacios de acceso directo

La programación de los espacios de acceso directo es de vital importancia. La transmisión de un programa cuando todo mundo está dormido o en el trabajo será de muy poca utilidad para cualquiera. Al igual que la propaganda comercial, todos apuntarán hacia los horarios de mayor audiencia.

A pesar de que lo anterior resulta obvio, todavía es sorprendente la frecuencia con la que es pasado por alto. En la campaña para el referéndum llevado a cabo en Zimbabwe el año anterior, la campaña para la promoción del voto "SI" (apoyada por el gobierno) casi invariablemente recibió espacios que rondaron el tiempo asignado a los principales programas de noticias vespertina. La campaña del "No" tuvo que ir a los tribunales para conseguir su propio tiempo de transmisión –pero el fallo no especificó cuándo debían ser transmitidas, por lo que recibieron horarios de transmisión menos ventajosos.¹

Este problema no considera únicamente el horario de transmisión de un espacio, sino que también tiene que tomar en cuenta lo que aparece en otros canales. En la elección presidencial del año 2000 en Serbia, la televisión intentó reducir los niveles de audiencia de la transmisión de los espacios del candidato de la oposición Vojislav Kostunica al programar simultáneamente la transmisión de una telenovela de gran audiencia.

Aún así el problema puede exagerarse. En el plebiscito llevado a cabo en Chile en 1988, las transmisiones fueron programadas en un horario de menor audiencia para desalentar el entusiasmo político. Sin embargo la población negada a verificar un debate político activo por un espacio de tiempo de 15 años no pudo ser disuadida y observó el hecho con mucho entusiasmo.²

El punto fundamental es la igualdad de acceso a los mejores espacios, cualquiera que estos sean. Una alternativa popular para alcanzar un marco de total igualdad es mediante sorteo - una alternativa muy común cuando se cuenta con un marco de igualdad en el monto de tiempo asignado.

Un mecanismo favorable encontrado en el pasado fue la transmisión simultánea de programas partidistas en todos los canales. Este enfoque conlleva algo que lo recomienda, sin embargo ha sido generalmente abandonado a favor de una filosofía en donde la opción del espectador es lo más importante. En la práctica la proliferación de los canales de televisión en muchos países hacen que esto sea muy difícil de cumplir.

Un segundo elemento a considerar es la duración de las transmisiones. Existen dos tendencias. Tradicionalmente el propósito de la ley y las regulaciones ha sido el de asegurar que los espacios sean lo suficientemente amplios para que los partidos puedan dar a conocer sus mensajes.

Pero en la época de propaganda llamativa y frases llamativas, se está incrementando la percepción de que 10 minutos de tiempo de transmisiones de programas con contenidos electorales o partidistas es cosa del pasado. En el Reino Unido, por ejemplo, los principales partidos tienen asignado cinco espacios de 10 minutos cada uno - pero solo transmiten cinco minutos de cada uno. Si la reglamentación lo permitiera no existiría duda de que los partidos tomarían los espacios de 10 minutos, pero no lo hace. Por el contrario los partidos prefieren privarse de la mitad del tiempo asignado a efecto de no ahuyentar a los electores al optar por un programa de mucha duración.

En los Estados Unidos se hacen algunos movimientos para asegurar un mínimo de duración de la propaganda política a efecto de forzar a los políticos a apelar a la razón de los electores más que a sus emociones.

Para la autoridad reguladora hay dos enfoques alternativos. Uno es especificar precisamente el espacio de tiempo disponible -digamos una transmisión de 5 minutos- y después se le turna al partido para su utilización. Si el partido decide no utilizarlo en su totalidad, pierde el tiempo no utilizado. El segundo se refiere a brindar una asignación global del tiempo que el partido pueda utilizar a su elección. El problema con este enfoque es que hace casi imposible la planeación por parte de la emisora. 

Un tercer enfoque puede representar un compromiso entre las anteriores. A los partidos se les podría proporcionar una asignación total de tiempo de transmisión de conformidad a un sistema previamente acordado. Esta asignación de tiempo luego se puede dividir en espacios distintos de duración, permitiendo a los partidos una combinación de discusiones extensas y razonadas por un lado y por el otro lado, ágiles mensajes propagandísticos.

 

 

 

¹ Proyecto de Monitoreo de los Medios de Comunicación de Zimbabwe, A question of balance: The Zimbabwean media and the constitucional referéndum (Una cuestión de equilibrio: Los medios de comunicación de Zimbabwe y el referéndum constitucional), Harare, 2000.

² ARTÍCULO 19, Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracias (Pautas para la Radiodifusión Electoral en Democracias de Transición), Londres, 1994, p. 16.

¿Quién cubre los costos de las transmisiones de acceso directo?

 

La transmisión de programas de partidos políticos, a diferencia de la propaganda política, usualmente es descrita como "libre". Sin embargo, todo esto significa que los partidos no pagan por el tiempo que les es asignado. Esto deja sin respuesta dos cuestionamientos:

• ¿Quién cubre el costo derivado de los tiempos de transmisión? y
• ¿Quién paga por hacer el programa en sí?

En la práctica, hay dos posibles respuestas a la primera pregunta; ya sea que la estación de radiodifusión sea quien proporcione el tiempo libre, o que el gobierno o la autoridad electoral pueda comprar el tiempo de a compañía de radiodifusión. Para las transmisiones de carácter público, la respuesta casi siempre será la primera. El contrato o regulaciones que rigen a las transmisiones públicas les solicitarán que proporcionen este servicio. En algunos casos la obligación de un servicio público similar puede existir para efectos de licencias de transmisión privadas. Sin embargo, en este último es más común que un órgano de supervisión compre el tiempo a nombre de los partidos. Esto es lo que sucede en México, por ejemplo, donde el Instituto Federal Electoral adquiere y distribuye15 minutos de tiempo al mes en televisión y radio para cada partido.

La segunda pregunta -quién paga por la elaboración del programa - es mucho más complejo. Normalmente, la respuesta es el partido, aunque esto en sí puede estar constreñido por límites legales en gastos de campaña. Los costos pueden mantenerse en un nivel bajo mediante la utilización de los simpatizante del partido -algunos de los más famosos directores de cine en Hollywood entre los que destacan John Schlesinger, Hugh Hudson and Mike Newell, han realizado propaganda políticas de los principales partidos en la Gran Bretaña (aunque en cada caso la tarifa del director fue, probablemente, más significativo que los altos costos de producción).

Si el partido político hace su propia propaganda electoral, esto claramente favorece a los partidos más ricos. Esto llevó a la Autoridad Independiente de Radiodifusión de Sudáfrica a prohibir los espacios de televisión destinados a estos efectos en 1999, sobre la base de que los partidos más pequeños no estaban en condiciones de hacerlo.

La solución alternativa es que las radiodifusoras pongan a disposición de los partidos políticos una serie de facilidades. Esta solución fue la tendencia en las primeras transmisiones de propaganda partidista, donde se crearon límites para la grabación en estudio y una verdadera extensión de la vieja forma de manejar la cámara. Lo anterior, ha sido traído a nuestros días por las democracias en transición; ya que, los nuevos partidos no poseen ni los recursos ni la experiencia como para producir sus propios programas propagandísticos.

 

¿Quién está a cargo de la producción de las transmisiones de acceso directo?

En determinadas circunstancias - sobre todo en las elecciones de transición en los países más pobres - los partidos políticos no poseen las facilidades para hacer sus propias emisiones electorales. Un sistema bien diseñado toma en cuenta lo anterior, asegurándose de que los partidos tengan fácil acceso a los estudios de radiodifusión privados o (más probable) públicos en el que puedan planificar y grabar su material.

En 1994 en Mozambique, algunos de partidos no contaban con las facilidades para realizar sus propios programas y parecían no conocer los procedimientos para el envío de videocasetes a las radiodifusoras. El resultado fue que sus espacios de transmisión fueron simplemente una pantalla en blanco, o cuando mucho un texto o leyenda exhortando a votar por su partido a los televidentes. ¹

En las elecciones en Polonia de 1990, por el contrario, la televisora polaca estatal facilidades a los partidos para producir sus programas de acuerdo a un criterio estrictamente definido. Puso a disposición de los partidos un estudio de grabación, o un equipo de video grabación conformado por tres técnicos y un periodista. (Los partidos podían decidir no contar con el periodista si creían que este podría comprometer el propio control editorial de la estación). El papel del equipo era puramente de carácter técnico.

Cualquier apoyo técnico prestado por el personal de la televisora polaca que conllevara un eventual retraso sobre los contenidos sustantivos de la transmisión podía tener lugar únicamente bajo la presencia de un miembro del personal del candidato. Se debía hacer una nota en el registro de la producción.

Al personal del candidato se le permitía estar presente a cualquier hora durante la grabación, edición o proceso de post-producción del programa.².

 

 

 

¹ Diana Cammack, Election reporting: a practical guide to media monitoring (Reporte sobre elecciones: un guía practico para monitoreo de los medios de comunicación), ARTICLE 19, Londres 1998, p. 4.

² Karol Jakubowicz, "Poland and the 1993 Election Campaign: Following the Line of Least Resistance" (“Polonia y la Campaña Electoral de 1993: Siguiendo el Camino de Menor Resistencia"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

Acceso directo en referendos

En un referendo o plebiscito, muchas de las complejas cuestiones relacionadas con la adjudicación de tiempos de transmisión pierden importancia o desaparecen. La opción es un simple si o no. Ya que la cuestión no se ha presentada antes, no se necesita tomar en cuenta la opinión previa del elector en el asunto. En este tipo de elección popular, la igualdad y la equidad coinciden; ya que, ambas partes involucradas (si o no) deberían contar con igual tiempo para dar a conocer sus argumentos

A esta conclusión llegó un Equipo Técnico de las Naciones Unidas durante un referéndum celebrado en Malawi en 1993:

En el caso de los medios de comunicación estatales es común que se proporcione acceso igualitario, tanto en términos de programación como en la duración de las transmisiones a las partes contendientes.¹

Al igual que en Malawi, esa fue la práctica en, por ejemplo, el plebiscito chileno de 1988 sobre la restauración de la democracia.

Sin embargo, las cosas pueden resultar ligeramente más complejas, Comúnmente, más de un partido se puede alinear a cada lado del debate del referéndum – de hecho, dentro de la misma facción, algunos partidos pueden estar divididos. ¿Quién, por tanto, tiene el derecho de hablar a nombre de una facción u otra?

En 1979, un tribunal escocés tuvo que solucionar un problema sobre la igualdad en la distribución del tiempo aire en un referéndum sobre la devolución del poder político. Los principales partidos políticos del Reino Unido estaban divididos, sus miembros hacían campaña por ambas partes del debate. Hablando en líneas generales, los tres principales partidos en Escocia estaban a favor de la devolución, y uno estaba en contra. El tribunal concluyó, a pesar de lo anterior, que ambos bandos deberían tener igual tiempo - el apoyo partidista fue irrelevante.²

Problemas más complejos se pueden presentar si distintos grupos apoyan la misma propuesta en un referendo, aunque desde una perspectiva distinta y organizada en distintas campañas. En este caso, ciertos criterios de distribución de tiempo aire utilizados en las elecciones tendrán que ser considerados para determinar el monto de tiempo de transmisión que será otorgado. No obstante, el principio global de igualdad entre ambas partes no se verá afectado.

 

 

 

 

¹ Report of the UN Technical Team on the Conduct of a Free and Fair Referendum on the Issue of a One Party/Multiparty System in Malawi (Reporte del equipo técnico de Naciones Unidas sobre la conducta de un referéndum libre y justo sobre la cuestión  de un sistema electoral partido único / multipartito en Malawi), 15-21 Nov. 1992, para. 27.

² Wilson v. Independent Broadcasting Authority (Wilson v. Autoridad Independiente de radiodifusión), 1979 SLT 279.

Propaganda política pagada

Ya sea que un país permita o no la propaganda política pagada en radiodifusión es probable que dependa, en gran medida, de las tradiciones en el estilo y en la propiedad de la radiodifusión; y, consecuentemente, de la modalidad del sistema regulador correspondiente.

Algunos pueden considerar lo anterior como algo curioso, por lo  que la cuestión  de propaganda política pagada por parte de partidos políticos y candidatos en periódicos es apenas controversial. La práctica a nivel mundial es básicamente la misma: se permite la propaganda, sujeta únicamente a algunas limitaciones como los limites de gastos de campaña y, algunas veces,  restricciones en su contenido.

No obstante, el hecho de que muchos países hayan seguido diferentes caminos en cuanto a la propaganda política en radio y televisión puede deberse a dos factores:

• Primero, el costo por propaganda en radio o, especialmente, en televisión generalmente es mucho más alto que el de los medios impresos.
• Segundo, las radiodifusoras son estatales, o reciben la parte que les corresponde del espectro de frecuencia de un organismo público.

Por supuesto que ninguno de estos dos factores automáticamente conllevan a prohibir la propaganda política en radio. Sin embargo, quizás, dichos factores expliquen el porqué de la diferencia en el enfoque seleccionado.

En términos generales, los países que tienen una larga tradición de radiodifusoras públicas, tales como Francia, Gran Bretaña y Dinamarca, tienden a mostrarse en contra de la propaganda política pagada. Los países que cuentan con una fuerte tradición relacionada con la propaganda comercial -Los Estados Unidos representan el extremo- tienden a considerar como natural la propaganda política pagada. Es importante destacar que el país europeo donde la propaganda comercial es la más dominante (Finlandia) debe ser el único país donde se permite que la propaganda política en los medios de comunicación no tenga límites.

Esta es más o menos la tendencia,  pero existen muchas excepciones. Canadá, por ejemplo, que tiene una tradición de radiodifusión pública parecida a la del Reino Unido, tiene un enfoque mucho más cercano al de su vecino del sur. Tampoco la cuestión tiene necesariamente que ver con el hecho de que la radiodifusora pública acepte propaganda comercial. La Corporación de Radiodifusión del Reino Unido (BBC), siempre ha mantenido una prohibición estricta de propaganda comercial, sin embargo la radiodifusora pública francesa la ha permitido desde 1960. Ambas mantienen  una prohibición igualmente estricta sobre propaganda política.

Un patrón común en las transmisiones públicas es dar libre acceso directo a espacios de transmisión de acuerdo a criterios predeterminados; mientras que, las transmisoras privadas venden espacios de publicidad a partidos y candidatos, a menudo bajo distintos parámetros. Este es el caso, por ejemplo, en Alemania, y lo fue también en Italia inmediatamente después de la legalización de la propaganda comercial privada.

El Argumento a favor de la Propaganda Política Pagada

El argumento a favor de la propaganda política pagada recae en el derecho a la libertad de expresión y encuentra su apogeo en los Estados Unidos. Generalmente se asume que la primera enmienda a la Constitución – que prohíbe que el Congreso apruebe leyes que acorten la libertad de expresión - protege la propaganda política pagada. En efecto, los límites para las contribuciones de campaña a menudo son criticados por ser una violación a la primera enmienda.

Bajo este argumento se asume que se permite el gasto de dinero en propaganda para equilibrar el debate entre los contendientes. Sin embargo, esto no toma en cuenta que poseer abundantes recursos financieros no necesariamente equivale a tener ideas políticas de gran valor. Un partido político que representa las aspiraciones de los pobres y los no privilegiados puede estar en desventaja bajo tal sistema. Esto es un argumento encontrado en los países más desarrollados, que no se aplica fácilmente a países donde la riqueza es generada primeramente por una oficina gubernamental o por patrocinio político. En muchos países, el partido en el poder es el más rico y puede sufragar mayores gastos de propaganda. 

El Argumento En Contra de la Propaganda Política Pagada

El argumento en contra de la propaganda política pagada está basado en la igualdad: todos los partidos o candidatos deben tener acceso igualitario o justo a programación directa sin importar el estado financiero de sus campañas. Los países que se pronuncian a favor de un sistema igualitario de acceso directo casi siempre tienen una prohibición relacionada con la propaganda política pagada. Pero hay mucho otros, como el del Reino Unido, que operan bajo sistemas de "equidad".

Otro argumento en contra de la propaganda política pagada es que incrementa la "degradación del nivel” del debate político. Es claro que la propaganda política pagada generalmente dura menos que los espacios de acceso directo y normalmente tienden a "vender" la idea o imagen de un candidato o partido (o denigrar al oponente) más que desarrollar un argumento. La diferencia en duración es sorprendente: el promedio del tiempo de transmisión de propaganda pagada en Finlandia es de 10 a 25 segundos y en los Estados Unidos es de 30 a 60 segundos. En Francia, Reino Unido y Dinamarca la duración de las transmisiones gratuitas varía entre los 5 y los 10 minutos. Lo que es aún más sorprendente, es el número de países que hacen una combinación de transmisiones de acceso directo pagadas y no pagadas. Generalmente, el enfoque es asignar a los partidos un mismo tiempo de acceso directo gratuito base, el cual puede ser complementado con propaganda pagada si el partido elige hacerlo y puede sufragar el costo.

 

 

 

¹ Nadine Strossen, "Freedom of Speech: Issues for a new election and a new century" (" Libertad de Expresión: Cuestiones para una nueva elección y un nuevo siglo”), Media Studies Journal, Invierno 2000, http://www.mediastudies.org/nq5.htm.

² Christina Holtz-Bacha y Lynda Lee Kaid, "A Comparative Perspective on Political Advertising: Media and Political System Characteristics" (" Una Perspectiva Comparativa sobre la Propaganda Política: Medios de Comunicación y Características de Sistemas Políticos”), en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

 

Países que permiten la propaganda política pagada

Las características generales de los sistemas en donde se permite la propaganda política pagada es que ésta es ilimitada -los partidos pueden adquirir tanto como les sea posible pagar- mientras que las transmisiones gratuitas de acceso directo son limitadas a una cuota predeterminada.

Pero este no siempre es el caso, y un número de países que operan bajo un sistema mixto de propaganda política pagada y acceso directo gratuito limitan la porción de la primera en relación a ésta última. Canadá cuenta con un sistema en donde se limita el tiempo publicitario que cada partido puede adquirir,  a sistemas en otros lugares para la distribución de tiempo de acceso directo gratuito.

Es de hecho, relativamente poco usual, encontrar un sistema que se caracterice  solamente por propaganda política pagada sin acceso directo gratuito. Por muchos años, Finlandia fue un caso único en Europa, muchos otros ejemplos se pueden encontrar en el Continente Americano.

Venezuela, por ejemplo, no permite la propaganda política en los dos canales gubernamentales, pero sí propaganda ilimitadas en los canales comerciales privados. Los partidos políticos, generalmente, parecen estar preparados para pagar las mismas tasas establecidas para otros publicistas. Hay un subsidio estatal para el pago de propaganda. La legislación electoral autoriza al Consejo Supremo Electoral el contribuir a las campañas propagandísticas de los partidos. La forma en que esto se lleva a cabo es que después de la elección el Consejo Supremo Electoral brinda subsidios a los partidos que obtengan al menos el 10% de la votación total emitida en las elecciones congresionales.

Una característica extraordinaria del sistema venezolano es que a la administración en turno también se le permite la adquisición de propaganda. La propaganda de la administración en turno tiene prohibido promover al partido gobernante -sin embargo la propaganda del gobierno y del partido en el poder pueden transmitirse una después de la otra,  creando un fuerte argumento a favor de la administración. En 1978, el gobierno invirtió casi la misma cantidad en publicidad por televisión que la hecha por los principales partidos políticos. Venezuela cuenta con un nivel extremadamente elevado de gastos en propaganda política- de acuerdo a algunas estimaciones el ingreso per cápita más elevado en el mundo.¹

Los Estados Unidos es el país conocido como el mejor ejemplo en el ámbito internacional de un sistema de propaganda política pagada. No obstante y contrario a la primera impresión, el sistema estadounidense está lejos de no estar regulado. La legislación sobre el financiamiento de las campañas tiene un particular impacto sobre la propaganda en televisión, la cual es el rubro más grande en el presupuesto de campaña.

Pero esto no es el alcance  completo de la regulación. La enmendada al Acta Federal de Comunicaciones de 1934 exige que las estaciones de radiodifusión pongan a la venta el mismo tiempo de transmisión a todos los candidatos que estén contendiendo para un puesto federal. Este debe estar disponible al costo más bajo que se le conceda a un publicista no político. La misma oportunidad significa que las estaciones que venden tiempo a un candidato deben brindar la misma oportunidad a otros.² Estos son principios muy importantes, que aseguran que la propaganda política no se convierta en un recurso único  de aquellos partidos o candidatos  con los  mayores fondos de campaña. Estos principios han sido emulados en materia de regulación sobre propaganda política a nivel mundial:

• Que la propaganda se ofrezca al más bajo costo.
• Si el espacio de propaganda es ofrecido a un candidato se debe ofrecer a todos por igual.

 

 

 

¹ Howard R. Penniman y Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies" ("La Regulación de la Propaganda Política por Televisión en Seis Democracias Seleccionadas"), Comité para el estudio del electorado americano, n.d.

² Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice" ("Los Medios de Comunicación y las Elecciones en los EUA: Política Publica y Práctica Periodista"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook  (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

Sistema mixto de publicidad y acceso gratuito

Cierto número de países proporcionan programas mixtos de acceso directo gratuito y de propaganda política pagada. Éste puede ser un efectivo compromiso entre el argumento de la "libertad de expresión", que no permite la prohibición de propaganda, y el argumento de "igualdad de oportunidades", que postula que todos los partidos y candidatos deben tener voz.

Barbados, por ejemplo, cuenta con un sistema mixto de esta naturaleza. A los candidatos partidistas e independientes se les permite comprar propaganda en radio y televisión, en adición de su asignación de transmisiones gratuitas. Sin embargo, únicamente pueden comprar espacios de tiempo hasta un número predeterminado, calculado sobre la base del número de candidatos que su partido presenta en la contienda. El sistema para determinar estos límites es de hecho distinto del utilizado para determinar las transmisiones gratuitas, pero tienen el mismo efecto. También hay un tiempo límite para cada espacio de publicidad (30 segundos en radio y 60 segundos en televisión).

En Montenegro las regulaciones para los medios de comunicación estatales en las elecciones estipulan una combinación de propaganda pagada y gratuita. A cada listado electoral se le concede cinco minutos de tiempo de acceso directo en total, de los cuales dos minutos son gratuitos y transmitidos en el horario especificado en las regulaciones. Los tres minutos restantes son comprados a las tasas del mercado y sus horarios de transmisión son acordados entre las listas de partido  y la estación de radiodifusión. Esto significa que se aplican tasas variables (como en el caso de la publicidad comercial) que dependen de cuándo la propaganda política sea transmitida.

El sistema canadiense es también, en efecto, mixto. Entre periodos electorales existe una asignación de tiempos gratuitos de transmisión: 60% para los partidos de oposición y el 40% para el partido en el poder. La asignación exacta de estas transmisiones generalmente es elaborada por los propios partidos (aunque la Corporación Canadiense de Radiodifusión tendrá a su cargo la asignación si los partidos no llegan a ningún acuerdo). Adicionalmente a estos "tiempos gratuitos de transmisión" existen transmisiones ministeriales ocasionales. También, existe un derecho de respuesta de la oposición a esto último, pero no al primero. En periodos electorales, sin embargo, este sistema está recubierto por un sistema de propaganda política pagada. Existe una determinada cuota de tiempo de publicidad disponible, el cual es asignada a los partidos de acuerdo a una fórmula acordada entre ellos. Después, se les permite que compren tiempo de publicidad hasta el límite de su cuota.¹

 

 

 

¹ Howard R. Penniman y Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies" ("La Regulación de la Propaganda Política por Televisión en Seis Democracias Seleccionadas"), Comité para el estudio del electorado americano, n.d.

Propaganda política y límites de gastos de campaña

En muchos países una forma indirecta de regular la propaganda política pagada es a través de la imposición de un límite a los gastos de campaña. Estos límites abarcan un espectro muy amplio y, desde que la propaganda por televisión se ha convertido en el elemento con mayor peso dentro del presupuesto para campañas, es en este medio de comunicación donde se va a sentir el mayor impacto. En Canadá, por ejemplo, entre los límites a los gastos de campaña se encuentra el hecho de que los partidos no pueden usar toda su cuota asignada de tiempo de propaganda. En ocasiones, estos límites se encuentran explícitos en la ley. En las elecciones de 1994 en Sudáfrica, por ejemplo, quedó establecido que la propaganda política estaba sujeta a cualquier limitación de carácter legal sobre gastos de campaña.

No es sorprendente que en Venezuela, en donde algunas estimaciones muestran que cuenta con el más alto gasto en propaganda política per cápita, no hayan límites a los gastos. Los Estados Unidos, generalmente considerado como el país de la propaganda política, cuenta con un complejo, y justo sistema para regular el financiamiento de campañas; especialmente en elecciones presidenciales. El Acta Federal de Campañas Electorales de 1971 (modificada en 1974 y en 1976) estableció un financiamiento federal igualitario en las elecciones presidenciales, y un financiamiento federal para las primarias. Asimismo, determinó el límite máximo que los candidatos podrían gastar en propaganda por televisión; aunque, lo anterior fue eliminado como resultado de las reformas al Acta. En un caso muy importante ocurrido en 1976 - Buckley v Valeo – La Corte Suprema mantuvo el principio de financiamiento público, pero derogó los límites de gastos hechos por "comités de acción política", si estos fuesen independientes de las campañas presidenciales. La corte, asimismo, decidió que no habría límites en los gastos efectuados por particulares.¹

El efecto de esto es la creación de rutas mediante las cuales los equipos de campañas presidenciales puedan evitar estas limitaciones. Los donantes pueden aportar dinero a los partidos o los comités de acción política y no a los candidatos. También significa que un individuo en particular que cuenta con grandes recursos monetarios, como el caso del independiente Ross Perot en 1992, se puede presentar sin tope de gastos alguno.

Toda propaganda política en los Estados Unidos debe llevar anexa una declaración indicando quien es responsable del pago.²

Japón es otro país que hace una distinción entre los partidos y los candidatos en el control de gastos de campaña. A los candidatos, por si mismos, no se les permite comprar tiempo de transmisión. Por otra parte, los partidos pueden comprar tiempo para propaganda, siempre y cuando sea para incentivar el apoyo a un partido, y no a candidatos específicos.

Los controles sobre financiamiento de campañas pueden ser utilizados como una forma de brindar oportunidades a partidos con recursos limitados en el contexto de propaganda pagada. En las primeras elecciones parlamentarias de Mongolia, por ejemplo, cada partido asignó el mismo monto para tiempo gratis y para tiempo pagado. No obstante lo anterior, el gobierno subsidia el pago de tiempo de los partidos pequeños.

Los controles sobre financiamiento de campañas pueden ser utilizados como una forma de brindar oportunidades a partidos con recursos limitados en el contexto de propaganda pagada. En las primeras elecciones parlamentarias de Mongolia, por ejemplo, cada partido asignó el mismo monto para tiempo gratis y para tiempo pagado. No obstante lo anterior, el gobierno subsidia el pago de tiempo de los partidos pequeños.

Los controles sobre financiamiento de campañas pueden ser utilizados como una forma de brindar oportunidades a partidos con recursos limitados en el contexto de propaganda pagada. En las primeras elecciones parlamentarias de Mongolia, por ejemplo, cada partido asignó el mismo monto para tiempo gratis y para tiempo pagado. No obstante lo anterior, el gobierno subsidia el pago de tiempo de los partidos pequeños.

 

 

 

¹ Howard R. Penniman y Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies" ("La Regulación de la Propaganda Política por Televisión en Seis Democracias Seleccionadas"), Comité para el estudio del electorado americano, n.d.

² Robert M. Entman, "The Media and U.S. Elections: Public Policy and Journalistic Practice" ("Los Medios de Comunicación y las Elecciones en los EUA: Política Publica y Práctica Periodista"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook  (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

Regulación sobre los contenidos de los materiales de acceso directo

Los cuestionamientos que se presentan se relacionan con la idea de si el órgano regulador puede o no, de cualquier forma, controlar el formato y el  contenido de los programas de acceso directo, sean estas transmisiones gratuitas de programas de partidos o propaganda política pagada. Existe una fuerte presunción en contra de tales regulaciones, dado el contexto general de hostilidad de la legislación internacional contra la censura previa de cualquier naturaleza. Los argumentos a favor de algún tipo de regulación recaen en dos categorías:

• Regulación del formato -normalmente a efecto de asegurar que se transmita un mensaje político serio.

• Regulación de contenidos - para prevenir la transmisión de material ilegal o inapropiado.

Este último argumento claramente se relaciona con el asunto de si la política adoptada en temas como los "discursos de odio".  También se refiere a la cuestión de cuál es la responsabilidad legal que tienen los medios de comunicación por el contenido de los mensajes políticos que transmiten. A menudo son los propios medios los que más se expresan a favor de las restricciones sobre los contenidos de las transmisiones políticas por temor a acciones legales a las cuales podrían estar sujetos como consecuencia. Favorecen a un sistema, tal como el instrumentado en Israel,  en el cual los anuncios propagandísticos de los partidos tienen que ser aprobadas por la Comisión Electoral antes de ser transmitidos.

En 1994, la Comisión Independiente de Medios de Comunicación de África, abordó este tema de una forma un tanto distinta. La ley establece que los programas de propaganda de un partido no deben contener material que, razonablemente, pueda poner en riesgo la licencia de transmisión a responsabilidad legal. En otras palabras, el peso recae en los partidos para asegurar que su material cumpla con lo establecido en la ley, a pesar de que la radiodifusora pueda ser responsable si se transmite material ilegal.¹

La legislación en Barbados (que es muy común en cierto número de países) determina un número de prohibiciones específicas:

• Cualquier materia que contravenga la ley de Barbados
• Cualquier comentario insultante sobre cualquier raza, credo o religión
• Cualquier tema obsceno, indecente o irreverente
• Cualquier tema escandaloso, malicioso o difamatorio

Esta última abre un área particularmente peligrosa. Intentar regular en terrenos del "buen gusto" es notoriamente difícil y, por supuesto, altamente específico desde un punto de vista cultural. Pocos países, por ejemplo, podrían compartir el enfoque Finlandés sobre las transmisiones de acceso directo, en donde los mensajes negativos de campaña están estrictamente prohibidos - aunque los representantes de partidos aparecen desnudos en la pantalla, dentro de las tradiciones de la sauna finlandesa.²

Claramente, la distinción entre la regulación de la forma y del contenido es ligeramente artificial. Algunos países proponen una duración mínima de las propagandas políticas para asegurar exístala existencia de un serio argumento en la transmisión y no únicamente de un mensaje propagandístico. Sin embargo, otros prescriben un límite máximo. Barbados, por ejemplo, limita la duración de estos mensajes a un máximo de 60 segundos.

Venezuela cuenta, en muchos aspectos, con un sistema extremadamente no regulado con relación a la propaganda política. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene la facultad de ordenar el retiro de un mensaje que no sea "de buen gusto" o que tergiverse significativamente la posición de un oponente. El CSE prohíbe asimismo, el uso de propaganda subliminal y otras formas de "persuasión psicológica oculta" en propaganda política transmitida por televisión (este tema se trata a su turno con una prohibición general sobre la propaganda subliminal en Venezuela.)³.

Francia, quien tiene un nivel más elevado de regulación en esta materia que la mayoría de las democracias más desarrolladas, contempla diversas restricciones legales que están orientadas a afectar la calidad del mensaje transmitido. En las elecciones presidenciales de 1988, por ejemplo, solo una de las transmisiones asignadas a cada candidato pudo filmarse fuera de un estudio de televisión y solamente el 40% de cada transmisión pudo contener secuencias de archivo fílmico. El objetivo de estas restricciones fue el de asegurar que existiera un elevado contenido de las políticas del candidato en las presentaciones frente a las cámaras. Esta regulación también contempla que las transmisiones del candidato no puedan utilizar secuencias de archivo sin el consentimiento de las personas que en él aparecen - evidentemente como una forma para prevenir ataques personales a los oponentes.⁴

Algunos países siguen el ejemplo finlandés y tienen una prohibición explícita sobre ataques personales. (Finlandia también prohíbe la publicidad de productos comerciales en transmisiones de naturaleza política.)⁵. En Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar el retiro del aire de una propaganda política negativa si ésta comprende un ataque personal o no verificable. En un caso de esta naturaleza presentado en 1990, un mensaje sugería que el título de abogado de un candidato había sido conseguido de manera ilegal. El Tribunal suspendió la transmisión de este mensaje después de su aparición.

Francia, también cuenta con regulaciones relacionadas al contenido y que se orientan a reducir la ventaja de titulares en búsqueda de reelección. Por mencionar un caso, en 1988 a los candidatos presidenciales no se les permitió utilizar la bandera o el himno nacional, o mostrar los lugares en donde ejecutaban sus obligaciones oficiales -en otras palabras, el Presidente tenía que transmitir desde un estudio al igual que sus oponentes y no desde el Palacio de Gobierno.⁶

Posiblemente, ningún país se ha sentido más angustiado sobre estas materias como Alemania, con un historial de "discursos de odio” y políticas extremistas y sus ceñidas restricciones sobre ciertos tipos de defensa política. Aún en términos de propaganda política se acepta la comunicación de cierto tipo de declaraciones falsas. La Corte Constitucional Federal ha determinado que éstas no se pueden tomar como base para rechazar la propaganda política.⁷

Ha habido estaciones de radiodifusión que han intentado rechazar materiales de algunos partidos, especialmente los neo-nazis. La Corte Constitucional Federal apoya parcialmente esta iniciativa:

“No está dentro de las facultades de la estación radiodifusora el negar un espacio electoral con el argumento de que su contenido aparentemente es anticonstitucional, ya que la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de un partido y sus anuncios recae únicamente en la Corte Constitucional Federal. No obstante, la estación tiene el derecho de esperar que el partido utilice legalmente el tiempo de aire asignado para su campaña política, y particularmente que no haya un incumplimiento relevante y evidente de la ley penal. La estación, por lo tanto, está facultada para controlar el contenido del espacio de transmisión y - en el caso de tal incumplimiento de la ley - rechazar la transmisión.⁸

 

 

 

¹ Articulo 29, Ley de la Comisión de los Medios de Comunicación Independientes, 1994.

² Tom Moring, "The North European Exception: Political Advertising on TV in Finland" ("La Excepción del Norte de Europa: La Propaganda Política en la Televisión de Finlandia”) en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

³ Howard R. Penniman y Austin Ranney, "The Regulation of Televised Political Advertising in Six Selected Democracies" ("La Regulación de la Propaganda Política por Televisión en Seis Democracias Seleccionadas"), Comité para el estudio del electorado americano, n.d.

⁴ Anne Johnston y Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts in Promoting French Television Candidates" (" El Papel de las Emisiones de Televisión en la Promoción de Candidatos de la Televisión Francesa", en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

⁵ Tom Moring, "The North European Exception: Political Advertising on TV in Finland" ("La Excepción del Norte de Europa: La Propaganda Política en la Televisión de Finlandia”) en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Propaganda Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

⁶ Anne Johnston y Jacques Gerstle, "The Role of Television Broadcasts in Promoting French Television Candidates" (" El Papel de las Emisiones de Televisión en la Promoción de Candidatos de la Televisión Francesa", en Lynda Lee Kaid y Christina Holtz-Bacha (eds.), Political Advertising in Western Democracias (Publicidad Política en Democracias Occidentales), Publicaciones Sage, Londres/Thousands Oaks, 1995.

⁷ Helmut Druck "Germany: Equality within the Constitution" (" Alemania: Igualdad en la Constitución"), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: Un Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995.

⁸ Citado en Ibíd.

Responsabilidad del gobierno para informar – información al votante

 

El Derecho y los estándares internacionales con más frecuencia reconocen la obligación de los gobiernos y los medios de comunicación estatales de capacitar e informar a los electores acerca de los aspectos fundamentales del proceso electoral.

Típicamente, se puede incluir dentro de estos:

• cómo, cuándo y dónde registrarse como elector
• cómo, cuándo y dónde verificar la lista de electores
• cómo presentar una queja sobre la lista de electores o cualquiera otro asunto de la elección
• cuál es el objeto de la elección -quién va a ser sujeto de elección
• cuáles son los límites de las circunscripciones electorales 
• dónde y cuándo puede votar
• cómo puede marcar la papeleta de forma que su voto sea considerado valido
•  que el voto es secreto

Es fundamental que todos los electores cuenten con la información mínima necesaria para ejercer sus derechos democráticos. La responsabilidad de los gobiernos para asegurar la participación en elecciones democráticas "sin discriminación" significa que están obligados a llevar a cabo un esfuerzo adicional para informar a aquellos que están en una situación desventajosa para ejercer sus derechos democráticos. Dentro de estos grupos se pueden incluir:

• mujeres
• minorías raciales, nacionales o étnicas
• estratos pobres de la población, especialmente analfabetas
• discapacitados

Uno de los argumentos mejor sustentados a favor de la propiedad pública de secciones de los medios de comunicación es que éstas brindan a las autoridades públicas los medios para conducir los programas de información y capacitación. La información y la capacitación al votante así como la educación cívica están entre los ejemplos más representativos del papel que juegan los servicios públicos. Las estaciones radiodifusoras nacionales, accesibles a población analfabeta y desventajados, juegan una parte especialmente importante en este sentido.

No obstante, importantes en este punto donde la obligación de los medios de comunicación públicos de ser imparciales se torna de vital importancia. Es un principio fundamental de la educación electoral que la información proporcionada sea imparcial y no favorezca a ninguno de los participantes en la elección.

 

Cobertura equilibrada de los espacios noticiosos

 

El Derecho Internacional establece como obligación general de los medios de comunicación públicos informar equitativamente sobre el proceso electoral. En muchos países esta obligación es determinada en una legislación específica, tal como la ley sobre transmisiones o la legislación electoral en sí. En otros lugares, puede haber una obligación general de equilibrio y equidad, establecida en la legislación sobre financiamiento de los medios de comunicación públicos; sin embargo, la forma en que esto funciona en la práctica se deja a la auto-regulación voluntaria.

La Corporación de Radiodifusión Británica (BBC) con su "norma cronómetro" es un ejemplo de este último enfoque. La corporación mantiene un registro del tiempo asignado en los boletines noticiosos a los distintos partidos políticos, con el objetivo de mantener el equilibrio en conformidad con la asignación proporcional de tiempo para las transmisiones de programas partidistas. El principio para el mantenimiento de un registro es uno de los más importantes. La estación de radiodifusión pública (o cualquier otra, para esta materia) debe conocer con exactitud lo que está transmitiendo, a efecto de ser capaz de responder a cualquier queja subsecuente.

Dos democracias en transición son ejemplos de países que han tomado un enfoque mucho más regulado sobre las transmisiones públicas. La base lógica de lo anterior es que la radiodifusora estatal en una democracia emergente tendrá poca experiencia para operar independientemente del gobierno y requerirá de reglas mejor definidas para ser capaz de informar de forma equilibrada.

Malawi

En 1994, la Comisión Electoral de Malawi determinó lineamientos bien detallados para tratar con; entre otras cosas, la cobertura noticiosa de los medios de comunicación públicos (y controlados por el gobierno)como la Comisión Radiodifusora de Malawi -(MBC por sus siglas en inglés). se pidió a la MBC brindar un informe justo y equilibrado de las campañas, políticas, reuniones, mítines y conferencias de prensa de todos los partidos políticos registrados durante el periodo de campaña y, posteriormente, proporcionar información sobre el proceso electoral después del cierre de la votación.

Los lineamientos extendieron los requisitos de balance a otras programaciones electorales especiales, tales como los debates y los programas de radio con participación telefónica del auditorio. Asimismo, los lineamientos especificaron provisiones extremadamente detalladas para el formato y la organización de tales programaciones especiales.

Los lineamientos impusieron una obligación a la MBC de asegurar que los partidos no utilizaran otros programas para efecto de campañas. (De hecho, esto sucedió ocasionalmente - por ejemplo, cuando los partidos de fútbol fueron utilizados como una ocasión para canciones de alabanza del Presidente en turno).

Los lineamientos contenían un estricto mandato legal para el personal de la radiodifusora:

El personal de la MBC, como transmisora de servicio público, no podía transmitir sus propias opiniones políticas. Cualquier comentario o declaración debe estar claramente identificada como tal y cuidadosamente balanceada para evitar una conducta parcial.

Montenegro

De la misma forma, la Asamblea montenegrina en 1988 acordó una resolución sobre el papel de los medios de comunicación estatales en campañas electorales, que estableció una obligación de carácter general para el personal de los medios de comunicación públicos:

Cada editor o locutor de los programas de noticias, con contenidos políticos, y programas o columnas especiales en los medios financiados por la República de Montenegro está obligado a presentar independiente y objetivamente a todos los partidos y sus candidatos, a través de la campaña electoral. Asimismo, está obligado a asegurar una postura imparcial con relación a todas las agendas políticas, sociales, étnicas/culturales presentadas allí.

Sin embargo, la resolución va más allá de una obligación general al prescribir, en ciertos detalles, la forma en que se alcanza este objetivo; así como, determina los estándares para un programa de debate e informes sobre encuestas de opinión. De igual manera, la resolución quita ciertos programas de discusión y de llamadas de la programación regular y obliga a los medios de comunicación públicos a respetar los principios de profesionalismo y ética periodística y a abstenerse de invitar a sus programas a líderes o personajes importantes de los partidos políticos.

La resolución establece con mucho detalle el número de reportes por televisión, radio y prensa escrita estatal que se deben elaborar. Por ejemplo:

Las redes de televisión y radio montenegrinos están obligadas a proporcionar 5 secuencias o registros de sonido, respectivamente, con pasajes tomados de discursos de participantes en mítines electorales o inspectores de la lista electoral, debiéndose incrementar en una secuencia o registro de sonido por cada cuatro mítines electorales celebrados.

Y más aún

Esta modalidad de regulación, de contenido altamente detallado, presenta un dilema verdadero. La necesidad de que estas prescripciones surgen debido a los antecedentes de actividades informativas tendenciosas y poco profesionales, por parte de los medios de comunicación estatales y aquellos controlados por el gobierno. Por otra parte, el impulso hacia la regulación microscópica de los contenidos forma parte, por sí misma, del legado de la dictadura política. Hasta qué punto las autoridades reguladoras pueden prescribir sobre la forma en que deben informar los medios de comunicación públicos -y hasta que punto los medios de comunicación aprenderán de sus propios errores- es un cuestionamiento cada nueva democracia deberá encontrar su propia respuesta.

 

Disposiciones para los medios privados de comunicación

La mayoría de países hace una clara distinción entre los medios de comunicación públicos y privados en sus sistemas regulatorios, y, de forma muy particular, en las obligaciones de que son sujetos en periodos electorales.

Existen distintas opciones y una variedad de temas que se deben de considerar en dicha distinción, así como una variedad de temas a considerar.

Sistemas diferentes para los medios de comunicación privados

Un enfoque se refiere a que los medios privados operan bajo reglas completamente diferentes durante periodos electorales. Esto se aplicará más frecuentemente en el área de acceso directo a transmisiones o a la propaganda política.  Por ejemplo, cuando en Italia se introdujeron por primera vez las emisiones privadas, la radiodifusora estatal, RAI, continuó con el sistema existente de transmisiones de acceso directo gratuitas; mientras, que a las emisoras privadas se les concedió transmitir propaganda pagada. Estos medios también operaban bajo un esquema de regulación distinto al de los medios públicos.

De manera similar, Venezuela opera un sistema en donde los medios de comunicación públicos no transmiten propaganda pagada, pero los privados sí lo hacen. De la misma forma, en los relativamente distintos sistemas públicos de radiodifusión escandinavos, los medios privados operan bajo distintas reglas para el acceso directo.

Responsabilidad del servicio público en determinadas áreas

Un enfoque más común se refiere a la imposición de ciertas responsabilidades de servicio público a los medios de transmisión privados, como una de las condiciones para otorgar la licencia de transmisión. Este sistema es el que opera en el Reino Unido, por ejemplo. Por consiguiente, el sistema de programación de acceso directo originado en la emisora de servicio público es aplicado, sin modificación, a las transmisiones privadas. En este país, dichas responsabilidades aplican a los canales más antiguos, los de vía terrestres, pero no a la televisión por cable o satelital.

Opción de Asumir Responsabilidades de Servicio Público

Asimismo, un enfoque más popular es el que no impone responsabilidad de ofrecer servicio público a los medios privados. No obstante, si las emisoras privadas optan por transmitir espacios de acceso directo, propaganda política pagada o espacios de educación electoral, deberán hacerlo bajo los mismos términos que los establecidos para los medios de comunicación públicos.

El Papel del Organismo Regulador

Cualquiera que sea la opción tomada,  existe una función para el órgano regulador en relación a cualquier material no editorial transmitido por los medios privados: propaganda, los espacios de acceso directo y los programas de educación electoral, etc. El órgano regulador será responsable tanto de supervisar la adhesión a cualquier regla especial que afecte a los medios privados -si eligen la primera opción - como a cualquier lineamiento general que regule a los medios (la segunda o tercera opción). No existe la misma base para regular el contenido en los medios privados como ocurre en los medios públicos. De ahí que la instancia reguladora no interferirá con los medios privados para asegurar una cobertura equilibrada de los espacios noticiosos. Sin embargo, los medios privados están obligados a adherirse a las mismas políticas sobre discursos que denoten odio y difamación, así como también son sujetos a procedimientos de quejas.

En principio, un pluralismo de ideas y de perspectivas políticas se mantiene de mejor manera al contar con medios de comunicación privados que no tienen restricción alguna y son capaces de desempeñar sus funciones sin interferencias de ningún tipo. La primera responsabilidad del órgano regulador es la de facilitar esta situación. Es solo cuando los medios privados se comportan de manera que, injustamente, obstruyen el flujo de información hacia el electorado que se faculta a la instancia reguladora para intervenir. Esto casi siempre se aplica en relación al contenido no-editorial y no al contenido editorial.

La importancia de la comunicación

 

El único gran obstáculo para la colaboración efectiva entre los directores electorales y los medios de comunicación es una cultura de desconfianza – y algunas veces una indiscutible hostilidad – por parte de ambas partes.

 

Un aspecto de esta desconfianza u hostilidad es la interrupción de las comunicaciones. La falta de comunicación entre  la Autoridad Electoral (AE) y los medios de comunicación es un serio problema. Es un obstáculo para lograr muchos de los objetivos discutidos en esta área temática. Una falla de comunicación hará que el rol normativo y político de la AE sea mucho más difícil de realizar. De igual manera, creará serios obstáculos para el reportaje preciso de los medios sobre el proceso electoral. La interrupción del reporte preciso por parte de los medios no llevará a un vacío – llevará a la realización de reportes sin precisión.

 

Sin embargo, mucho más seria que una interrupción de comunicaciones entre la Autoridad Electoral y los medios es el impacto que esto tiene en la capacidad de la AE de comunicarse con el electorado. Las relaciones con los medios, con la importancia que tienen, sólo son parte de una estrategia global de comunicaciones. El trabajo de una AE será más efectivo si se realiza con un buen enfoque a las comunicaciones.

 

Muchos organismos de gestión electoral minimizan la importancia de las comunicaciones; las cuales  proceden con base en la suposición de que todo lo requerido es para que ellos trabajen de manera eficiente y profesional. Sin embargo, ni el público, ni los partidos políticos ni los medios asumen su eficiencia y profesionalismo. Las Autoridades Electorales necesitan desarrollar estrategias y cualidades para proyectar lo que hacen y cómo lo hacen a una audiencia más grande.    

 

Mejor comunicación dará como resultado una mejora en la imagen pública de las autoridades electorales, lo cual trae obviamente ventajas en varios aspectos de su trabajo. Sin embargo, hay dos razones principales por las que las autoridades electorales tienen la obligación de comunicar: 

 

• Los electores tienen el derecho a la información sobre cómo deben ejercer su derecho a votar. Esto incluye información sobre el trabajo de la AE.
• La AE es responsable por todos los interesados en el proceso electoral, incluyendo a los electores y los candidatos o partidos políticos. Con la responsabilidad viene la obligación de ser transparentes en sus tareas.

 

Desarrollo de un plan de comunicaciones

 

La tentación a la hora de elaborar la planeación comunicacional es hacerlo al revés, comenzando con las técnicas probadas – notas de prensa, conferencias de noticias, etc. – en vez de con objetivos globales, mensajes y audiencia. Esto es tentador, pero peligroso. Las organizaciones (no solo las AE) se apegan a lo familiar y fácil para ellos y esto no necesariamente es el mejor medio de comunicar sus mensajes a la audiencia requerida. 

Por supuesto, hay distintos enfoques para el planeamiento de la comunicación. Y aquel desarrollado por el instituto para los medios de comunicación y la Sociedad Civil es particularmente uno bueno. Pero todos los enfoques efectivos tendrán los siguientes pasos en común (en este orden, más o menos):

 

• Analizar sus debilidades y destrezas.
• Definir su mensaje.
• Definir su audiencia.
• Desarrollo de una estrategia para los medios de comunicación.
• Desarrollar técnicas de relaciones con los medios.

 

Analice sus destrezas y debilidades

Un plan de comunicaciones  efectivo y creíble se puede basar en una valoración realista de  las destrezas y debilidades del organismo de gestión electoral.

Estas destrezas y debilidades obviamente incluirán los atributos y recursos de la Autoridad Electoral (AE). ¿Está bien fundado? ¿Cuenta con una oficina de prensa capacitada y con experiencia?

Sin embargo, es tan importante una evaluación de cómo la AE es percibido en otras partes del mundo. ¿Tiene un alto perfil público? ¿Es de confianza para el público? Para los medios de comunicación? ¿Se le percibe como profesional y competente? ¿Está siendo visto como independiente del gobierno actual? Todas estás son preguntas importantes que tienen que ser respondidas honestamente. Si existen percepciones negativas de la AE éstas necesitan ser tratadas. Cualquier plan de comunicaciones necesitará incluir estrategias para disipar la desconfianza.

 

Una técnica comúnmente utilizada en el planeamiento (que no es sólo para las comunicaciones) es el análisis FODA que quiere decir:

• Fortalezas
• Oportunidades
• Debilidades
• Amenazas

Defina su mensaje

Usualmente se le aconseja a la gente que planea una estrategia de comunicación definir un mensaje limpio y simple, y que pueda ser reducido a un lema. Esto funciona para muchas organizaciones, desde una compañía que vende un producto hasta un grupo de lobbistas que demandan un cambio en la política.

Los directores electorales, en contraste, tienen distintos mensajes que necesitan para comunicarse con las diferentes audiencias en distintos niveles de la campaña.

Aquí hay una lista genuina de mensajes formulados por una comisión electoral Africana en el curso de su planeamiento de comunicaciones:

• No venda su voto
• El lugar donde se registra es donde va a votar
• Quién tiene el derecho de votar
• El carné electoral no está a la venta/ni puede usarse para el soborno
• El voto es secreto
• No se registre más de una vez
• Respete las ideas de los otros
• Aliente a las mujeres a votar
• Cuándo votar
• Dónde votar
• Cómo votar
• ¿Ya está registrado?
• Fechas límite de la candidatura
• Tregua de Campaña
• Ejerza su derecho a votar
• ¿Cuáles fueron los resultados?

 

Es aparente que estos mensajes importantes son dirigidos hacia distintas audiencias y que asumen distinta importancia en diferentes niveles del proceso electoral. Por ejemplo, “No se registre más de una vez” esta destinado a aquellos que tienen el derecho de votar y es específica al periodo del registro. “Dónde votar” esta dirigida a la misma audiencia, pero es específica al periodo inmediato antes del día de la elección. “Fechas límite de la candidatura” está dirigida básicamente a candidatos potenciales y es específica al periodo anterior al cierre de las candidaturas. “¿Cuáles fueron los resultados?” se dirige a todo el mundo, pero igualmente es específica al periodo posterior al conteo de los votos.

Para propósitos prácticos, usualmente es útil eliminar el objetivo de las audiencias. Por lo tanto, aunque “¿Ya se ha registrado?” puede ser un mensaje de relevancia general, la Autoridad Electoral puede querer dirigirlo, en la práctica, a las personas que votan por primera vez, a los electores con incapacidad u otros quienes pueden no saber como registrarse o no son capaces de hacerlo.

 

Para un ejemplo en inglés de una matriz, vaya aquí

Podría ser útil desarrollar una matriz simple para definir esta relación entre mensajes, audiencia y tiempo adecuado.

Defina su audiencia

Definir la audiencia es un paso esencial en el desarrollo de un plan de comunicaciones.

Para una Autoridad Electoral, esto puede parecer demasiado obvio como para hacerlo: La audiencia, por supuesto, es el electorado. Sin embargo, en particular existen tres razones por qué definir la audiencia es indispensable:

• En la práctica muchas Autoridades Electorales no siguen la lógica de adaptar su estrategia de comunicaciones a su audiencia. En cambio aprovechan las oportunidades más fáciles para comunicar sus mensajes a través de los medios de comunicación sin considerar si realmente están llegando a las personas a las que quieren dirigirse.
• De igual modo, muchas Autoridades Electorales tienden a no dirigirse a su audiencia primaria sino a otras audiencias - partidos políticos y los mismos medios de comunicación- quienes son más exigentes y con frecuencia más fáciles de alcanzar.
• La audiencia no es una multitud única indiferenciada. Desagregarla ayudará a las autoridades electorales a idear los diferentes mensajes que se requieren por estas diferentes secciones e identificar los diferentes medios de comunicación que se deben utilizar.

 

Entonces, en términos generales, definir la audiencia no es difícil. Un organismo de gestión electoral debería desear comunicar la información a todo el electorado en distintos momentos durante el proceso electoral. Los mensajes variarán, así como los medios de comunicación de éstos, pero éste algo considera para el siguiente ciclo de planeamiento.

Sin embargo, sería útil dividir esta audiencia primaria en un número de sub categorías. Éstos están definidos por el hecho de que o requieren mensajes distintos o pueden sólo ser sólo alcanzados por los diferentes medios de comunicación y de la audiencia electoral principal como un conjunto. Ejemplos de importantes sub audiencias se pueden incluir:

 

• Electores en el extranjero.
• Electores con discapacidad.
• Electores analfabetos.
• Electores por primera vez.
• Miembros de minorías lingüísticas.

 

En cada uno de estos ejemplos es claro que probablemente haya un mensaje distinto, así como que se utilice un medio diferente. De ahí, por ejemplo, los electores en el extranjero necesitarán información acerca de cómo emitir un voto a través de una papeleta postal o una carta poder; los cuales no pueden llegar a través de los medios de comunicación nacional de sus propios países, entonces otros canales de comunicación se deben encontrar. Los electores por primera vez pueden requerir información detallada acerca  de la inscripción del elector, así como los mecanismos de votación. Es probable que sean alcanzados de manera más efectiva a través de aquellos medios de comunicación cuyo objetivo es la gente joven. Y así se aplican diferentes criterios en los otros casos.

Un claro ejemplo de una importante audiencia secundaria son los candidatos y los partidos políticos. Los mismos medios de comunicación son, a su vez, una audiencia secundaria para las autoridades electorales debido a que son un medio para obtener mensajes a través de la audiencia primaria y, además, porque existen mensajes específicos que la autoridad electoral puede desear comunicarles.

Desarrollo de una estrategia para los medios de comunicación

Cuando una Autoridad Electoral (AE) ha identificado sus audiencias primarias y secundarias, así como los mensajes que desea comunicar a cada uno de ellos; entonces, se encuentra listo para idear una estrategia para los medios de comunicación.

Una estrategia es algo concreto, y se determina por las habilidades y debilidades particulares de la AE, así como por las características particulares de los medios de comunicación y el entorno electoral. La estrategia basada en los medios de comunicación variará enormemente, por ejemplo, dependiendo de si existe una gran historia de elecciones democráticas, asimismo ésta será afectada por el grado de confianza pública que la AE posee y si la administración electoral llegue a ser tema de criticas.

Una Autoridad Electoral realizó un análisis de FODA (SWOT por sus siglas en inglés) identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una comisión electoral con recursos insuficientes en un país pobre. El resultado de su análisis es este.

Esto es probablemente típico de muchas Autoridades Electorales en circunstancias similares. Sus fortalezas residen en las cualidades de su personal, mientras que sus debilidades son causadas por la falta de recursos. Las oportunidades devienen de las posibilidades de colaboración: con los medios, los educadores cívicos y los patrocinadores externos. Las amenazas son el alto costo de la propaganda y el peligro de la interferencia gubernamental en el trabajo de la comisión.

Esta AE en particular involucró una estrategia que fue, en la medida de lo posible, proactiva. Esto significa que la AE procuraría comunicar sus mensajes a tiempo y a través de los medios de comunicación de su elección, en vez de reaccionar a eventos externos o a investigaciones de los medios de comunicación. Esto no sólo fue visto como una mejor manera de comunicar los mensajes seleccionados, sino que fue más rentable, ya que permitía que los materiales de los medios fueran preparados con tiempo. Estos materiales serían preparados en locaciones de producción privada – ver la columna de oportunidades – durante los periodos de descuido del ciclo electoral. Esto permitiría que la comisión use su reducido personal con más efectividad: preparando material proactivo durante los periodos de bajo interés por los medios y pudiendo reaccionar ante las preguntas de los medios durante los periodos ajetreados.

Esta estrategia toma ventaja de las destrezas y oportunidades disponibles para la AE. Sin embargo, no fue dictado por éstas. Fue dirigido hacia la comunicación de sus mensajes a una audiencia cuidadosamente identificada. En este caso, la mayoría de los electores no leían los periódicos ni podían costear una televisión. Por lo tanto, la oferta de columnas en los diarios fue menos importante para la estrategia que el uso de las facilidades de producción radial.

La estrategia no debe confundirse con las variadas técnicas o tácticas que la Autoridad Electoral podría usar para difundir sus mensajes. Este no es el mejor punto en el planeamiento del proceso para que la AE decida cuantos comunicados publicará, o quien hablará en las conferencias de prensa. Estas son preguntas que pueden resolverse cuando se decide la estrategia.

En resumen, una AE que desarrolla una estrategia basada en los medios de comunicación probablemente necesitará responder a las siguientes preguntas:

• ¿La estrategia es proactiva o reactiva?
• ¿Es de bajo o alto perfil?
• ¿Es local o nacional?
• ¿Cuáles son las oportunidades de comunicación más importantes?
• ¿Cuáles son los impedimentos comunicacionales más importantes?
• ¿Qué destrezas comunicacionales tiene la Autoridad Electoral?
• ¿Con qué otras organizaciones puede colaborar la AE (ONGs, grupos de comunidad y otros)?
• ¿Cuáles son las audiencias primarias y secundarias?
• ¿Cuáles son los mensajes clave que se comunicaran a dichas audiencias?
• ¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo para llegar a la audiencia primaria?
• ¿La AE usará la propaganda pagada a través de impresos, radio y/o TV?. Y ¿podrá costear hacerlo?
• ¿Quién será un probable crítico de la AE en las elecciones?
• ¿Cuál podría ser su mensaje clave?
  

Desarrollar técnicas de relaciones con los medios de comunicación

Las técnicas de relaciones con los medios de comunicación que una autoridad electoral puede utilizar son bastante conocidas: la información de los medios de comunicación, las notas de prensa, paquetes de información, páginas web y más. Sin embargo, es importante enfatizar tres puntos acerca del desarrollo y el uso de tales técnicas.

• Primero: las técnicas de las relaciones con- los medios de comunicación están subordinadas a las estrategias de comunicación  que la Autoridad Electoral ha desarrollado. Esta estrategia es diseñada para los mensajes que necesitan ser comunicados y las audiencias que necesita para recibir los mensajes. La estrategia puede ser seriamente alterada si se eligen técnicas inapropiadas.
• Segundo: mientras la AE necesita tener la capacidad para reaccionar rápidamente a los eventos, la mayoría de las técnicas  relativas a las relaciones con los medios de comunicación se pueden preparar con anticipación y planificadas cuidadosamente.
• Tercero: cualquier posible relación con los medios de comunicación debe ser afrontada por un departamento especializado. (o en su defecto, por un funcionario especializado en los medios de comunicación, de preferencia con experiencia en trabajos como periodista)

 

No hay tiempo en periodo electoral para que una autoridad electoral interrumpa sus relaciones con los medios de comunicación en conjunto, pero fuera dicho periodo la presión de los medios de comunicación será menor, dándoles oportunidad a las autoridades electorales de desarrollar sus propios materiales de prensa. Éste será el momento, para el desarrollo de las páginas web, la elaboración de materiales de educación electoral, que pueden ser diseminados a través de los medios masivos de comunicación o la información preliminar que se emite; como el sistema electoral o resultados de elecciones previas para que entren en los paquetes de información de los medios de comunicación.

Éste también es el tiempo para realizar tareas preparatorias básicas tales como reunir las listas de las empresas de los medios de comunicación, editores y periodistas con una responsabilidad en particular para cubrir las elecciones. La estación transmisora tendrá varios programas distintos que se interesarán en la cobertura de la contienda electoral. Cada uno de estos necesitará ser enumerados de forma separada.

La AE debe examinar por separado las existentes técnicas disponibles:

• Paquetes de información
• Material pregrabado de audio y video;
• Páginas web
• Información de los medios de comunicación
• Notas de prensa
• Centro de los medios de comunicación

Carpetas informativas

Preparar una carpeta o dossier con información básica para los medios puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, al mismo tiempo que contribuye a asegurar que sus reportes sean más precisos. Los periodistas necesitan contar con un gran volumen de información de referencia: el número de electores registrados (por distrito electoral, de ser el caso), los nombres de los candidatos, los cargos a elegir, los resultados previos, el número y horarios de las transmisiones partidistas de campaña, etc. Los periodistas extranjeros pueden requerir incluso información política, institucional y demográfica más elemental.

Además, todos los periodistas quieren saber que facilidades tendrán a su disposición: un centro de prensa, reuniones informativas periódicas, facilidades para el conteo o suministro de resultados.

Gran parte de esta información puede ser recabada antes de que se inicien las campañas. Todo  lo anterior se puede obtener fácilmente si la autoridad electoral se encuentra organizada y puede ser integrada por un oficial o un equipo de prensa competente sin un gran esfuerzo o inversión. Mucho del material puede ser complementado con información que se ha generado para otras audiencias, tales como los observadores electorales, por ejemplo.

Aquí está una lista típica de materiales que podrían incluirse en un carpeta informativa:

• Calendario Electoral
• Lista de candidatos
• Antecedentes del Organismo Electoral (la historia, el mandato, los perfiles de los miembros)
• Electores registrados - a nivel nacional y por circunscripción o división electoral si es pertinente
• Lista de las circunscripciones o divisiones electorales (si procede) y los lugares de votación
• Los resultados de las elecciones anteriores
• Lista de los miembros del poder legislativo (cuando proceda)
• Procedimientos del registro de electores
• Procedimientos de votación
• Recopilación de la legislación electoral, reglamentos y procedimientos relevantes
• Muestras de material electoral
• Código de conducta para las campañas partidistas
• Código de conducta para los periodistas
• Material de educación electoral producido por el organismo electoral
• Preguntas más frecuentes
• Datos de contacto
• Calendario de reuniones informativas y otra información sobre el Centro de Prensa

Material pregrabado de audio y video

 

Las autoridades electorales (AE) usualmente fallan al darle el mejor uso a las oportunidades de los medios debido a la falta de preparación. Especialmente, a través de los medios electrónicos, Las AEs pueden a menudo ser reactivos en vez de proactivos. Los funcionarios son entrevistados en noticieros pero a menudo fallan al difundir su mensaje entre el electorado, ya sea por falta de habilidades para sostener una entrevista o un conflicto entre las diferentes agendas del entrevistador y el entrevistado. La preparación anticipada del material de audio o video siempre será una forma de asegurar que la autoridad electoral difunda su propio mensaje exactamente como lo pretende. 

A las autoridades electorales se les pueden asignar espacios de información electoral en estaciones públicas de radio o TV (o algo como una licencia de condición para las estaciones de transmisión privadas). Alternativamente, ellos pueden comprar tiempo aire a las estaciones de transmisión (o incluso persuadirlos para que donen el tiempo sin costo alguno). En países donde la transmisión no está tan desarrollada y hay escasez de materiales disponibles para las transmisiones, las autoridades electorales podrían fácilmente conseguir que su material se difunda gratuitamente, especialmente si son vivos, creativos y entretenidos. 

Las ventajas de grabar con anticipación el material electoral son las siguientes:

• La autoridad electoral puede decidir exactamente cual es su mensaje y formularlo en sus propias palabras.
• La autoridad electoral puede proveer los materiales a las estaciones de transmisión con anticipación.
• La AE puede usar técnicas creativas para comunicar sus mensajes.

 

Los materiales pre grabados posiblemente cubrirán la educación electoral básica y los problemas de información. El hecho de que la información sea simple y básica no descarta el uso de medios creativos para comunicar los mensajes. Un medio popular y efectivo es usar telenovelas o canciones para comunicar los mensajes – emisiones que serán entretenidas y a la misma vez tendrán un significado serio.

Por ejemplo en Sierra Leona, una telenovela radial llamada Atunda Avenda (“perdido y encontrado”) afrontaba varios temas relacionados a la construcción de la paz después de la larga guerra civil del país. Parte de esto se enfocaba en la educación electoral. Un episodio trataba extravío de las tarjetas de identificación electoral, la interferencia de los jefes soberanos en el proceso electoral, el proceso de votación, y las campañas políticas no violentas.

De la misma manera, en las elecciones transitorias de 1995 en Tanzania, una telenovela transmitió e introdujo a los electores asuntos políticos y electorales. Incluso, hubo fábulas de animales. Una trataba de un león viejo sin dientes que no entendía porqué debía lanzarse a la candidatura: el siempre había sido líder. Finalmente, él es suplantado por una leona segura de sí misma que realiza toda la cacería. 

 

Proveer información en la página web de la autoridad electoral

El internet permite a las autoridades electorales  hacer muchas cosas que  hacen tradicionalmente  en sus relaciones  con los medios de comunicación  de un modo mucho más rápido, eficiente y de manera rentable. El potencial del internet es constantemente exaltado pero para los objetivos de la gestión de los medios de comunicación en las elecciones,  su utilidad es completamente franca.

A través del correo electrónico, la autoridad electoral  puede distribuir comunicados de prensa, declaraciones  y otros materiales a un bajo precio y con un relativo esfuerzo de parte de su personal. de hecho, a través del mantener una página web, la AE puede crear una carpeta informativa virtual. Además, se puede actualizar de  manera constante al añadir material nuevo para su posterior disponibilidad. De igual modo, será posible publicar los resultados electorales a través de la página web.

Si la autoridad electoral genera su propio material de difusión, tales como espacios de educación al elector, éste puede estar disponible en la página web en formato digital. Sin embargo, cualquier cosa que este disponible en el formato digital  debe estar disponible en copia impresa.

Una amplia variedad de técnicas se puede utilizar para crear materiales interesantes y accesibles para la página web, tales como concursos de preguntas y cuestionarios.

Reuniones con los medios de comunicación

Una conferencia es el medio para transmitir más información de la que se puede hacer mediante un simple comunicado de prensa. También es una forma de presentar ocasionalmente a los más altos funcionarios electorales ante la opinión pública (a través de los medios) para explicar aspectos relevantes del proceso electoral.

Es obvio que a las radiodifusoras les gustan las conferencias de prensa; ya que un boletín o comunicado de prensa solo les ofrece una "copia en blanco" -es decir, una historia sin imágenes ni sonido. En una conferencia de prensa, los medios de comunicación tienen oportunidad de grabar imágenes y sonidos. Si se cuenta con un centro de medios de comunicación personalizado será mucho más fácil atender a los requerimientos de los medios. De otra forma, los organizadores de la conferencia de prensa tendrán que lidiar con las necesidades del personal de radio y televisión, periodistas y fotógrafos.

El formato habitual de una conferencia de prensa, es que un representante de la autoridad electoral una declaración oficial que inmediatamente de paso a las preguntas de los periodistas. La conferencia de prensa debe ser presidida por alguien diferente al funcionario encargado de hacer la declaración. Es útil fijar una duración determinada para la conferencia de prensa (e iniciarla oportunamente, ya que los periodistas tienen tiempos límite). Quien la preside debe asegurarse que los periodistas de distintos medios, con diferentes opiniones políticas, tienen oportunidad de formular preguntas. Los periodistas o reporteros de los medios electrónicos insistirán en tener la oportunidad de plantear sus preguntas (porque querrán transmitirlas). Eso parece razonable, pero no es recomendable permitirle a nadie que se exceda o pretenda monopolizar las preguntas. Un manejo sensible y equilibrado de parte de quien presida o modere la conferencia genera la confianza necesaria entre los medios y la autoridad que hace la presentación.

Una reunión con los medios es, usualmente, algo distinto. Normalmente no es grabada y algunas veces es completamente "extra-oficial" ("off the record"). De tratarse de esto último, entonces aplica estrictamente su regla de oro: la persona que atiende la reunión u ofrece la información no debe ser identificada. Los políticos hacen este tipo de reuniones "extra-oficiales" todo el tiempo. Es difícil imaginar alguna circunstancia en la que resulte apropiado o debido que un funcionario electoral realice una reunión de este tipo. Para las reuniones más minuciosas o detalladas, como con cualquier otra información destinada a los medios, se deben turnar invitaciones a todos ellos, independientemente de quienes sean sus propietarios y de cuales sean sus simpatías políticas.

Comunicados de prensa

Los comunicados de prensa son vieja tecnología por excelencia, pero difícilmente pueden ser superados, aún en los tiempos de Internet. De hecho, con frecuencia la Internet (sea vía una página web o un servidor de correos electrónicos) no es nada más que un medio sofisticado para distribuir los viejos comunicados de prensa.

Desde el punto de vista de la autoridad electoral, el valor del comunicado de prensa reside en que tiene el control de lo que se está distribuyendo entre los medios y, por tanto, puede determinar su exactitud. Para los medios, desde luego, significa que la información es oficial y que no tienen pretexto para tergiversar la información. 

Obviamente, los comunicados de prensa son especialmente útiles para distribuir información tal como datos estadísticos, copia textual de declaraciones o listas de candidatos - información que sería muy tedioso transmitir de alguna otra forma y donde existe el riesgo de que se puedan cometer errores al momento de transmitirla oralmente.

Los comunicados de prensa pueden ser distribuidos por distintos medios: entrega personal, fax, vía postal o la colocación de un cartel o aviso en un centro de prensa y también por correo electrónico. A menudo pueden darse a la par de una conferencia de prensa como un medio de asegurar que una información detallada ha sido registrada con precisión.

La frecuencia de distribución de comunicados de prensa es cosa de un delicado equilibrio. El riesgo de hacerlo muy frecuentemente es que los medios pierdan interés. El riesgo de hacerlo muy esporádicamente es que el oficial de prensa tendrá que estar respondiendo preguntas constantemente. El equilibrio preciso dependerá del buen juicio del responsable de prensa.

Redactar un comunicado de prensa

Esto es la razón por la cual el organismo electoral necesita un encargado de prensa - y por lo que él o ella deben ser un periodista experimentado. La técnica de los comunicados de prensa es esencialmente la misma que se requiere para redactar las noticias en un diario. En la mayoría de los países, los periodistas son preparados para escribir historias de acuerdo al estilo de "pirámide invertida", empezando con un párrafo que sintetice la esencia y el hecho crucial de la historia, los cuales son desarrollados en detalle en los párrafos subsecuentes. Además de lograr que al lector le quede claro desde un inicio de que trata la historia (o el comunicado de prensa), este estilo también permite que el asunto sea reconstruido desde su origen sin perder su esencia. Así debe ocurrir con los comunicados de prensa.

Como una buena noticia, un comunicado de prensa debe ser presentado en lenguaje simple, sin tecnicismos. El periodista promedio no necesariamente dispone de un lapso de concentración mayor al del lector promedio de un diario, por lo que no es seguro asumir que leerá el comunicado de prensa, pase lo que pase.

Pero la principal razón para redactar un comunicado de prensa como una historia noticiosa es la de contar con un registro escrito. También existe la esperanza de que sea utilizado o reproducido directamente por el periódico. Por ello, es conveniente que el comunicado sea corto (e impreso a doble espacio para que el editor tenga facilidad para hacer anotaciones). En los países menos desarrollo, donde los editores ha menudo batallan para completar sus textos todos los días, quedan muy agradecidos si lo que reciben está bien escrito y está listo para utilizarse.

Por último, es necesario de que los comunicados sean revisados cuidadosamente por uno o más de los altos funcionarios responsables para asegurar que cada detalle sea absolutamente correcto.

Centro de prensa

La conveniencia de contar con un centro de prensa y las facilidades con las que cuente, dependerá totalmente de la disponibilidad de recursos por parte de la autoridad electoral. No hay duda de que si se dispone de los fondos necesarios para instalar un centro de ese tipo, se logrará una mejor calidad en la cobertura de los medios. Reunir a todos los medios en una sola sede facilita muchas de las funciones de manejo y relación con los medios -conferencias y comunicados de prensa, reuniones informativas. A veces, los donantes están dispuestos a proporcionar financiación para, al menos, un modesto centro de prensa, sobre todo si se considera que contribuye para la formación a largo plazo de la capacidad del organismo electoral. Aunque para muchas autoridades electorales,  esto está, simplemente, fuera de sus posibilidades.

Un centro de prensa podría incluir:

• Líneas telefónicas, fax y conexiones a la Internet.
• Computadoras para uso de los medios, pero también otras enlazadas a los programas de resultados.
• Pantallas de televisión
• Alimentación para équidos de audio y video de tal manera que los periodistas individuales no tengan que luchar para colocar sus micrófonos en la tribuna del orador o para  acceso al limitado espacio para las cámaras.
• Estudios de radio y televisión para conducir entrevistas.

En caso de que haya limitaciones de espacio, es razonable establecer límites de tiempo y procedimientos de inscripción para garantizar que todos los periodistas tengan acceso a estas instalaciones.

En países grandes o aquellos que tienen estructuras políticas federales, un único centro de prensa puede no ser suficiente. En la India, por ejemplo, la Comisión Electoral de la India exige que exista una sala de prensa en cada centro de conteo, así como un centro de prensa con toda clase de facilidades en cada estado.

Es útil contar con el Centro de prensa listo y en marcha más o menos una semana antes de la elección a fin de que los periodistas se puedan familiarizar con el lugar y con el calendario de las sesiones de información antes de la jornada electoral. Los contactos con los proveedores de servicios (por ejemplo, la compañía telefónica) deben llevarse a cabo con suficiente anticipación para garantizar que el Centro esté listo para funcionar en la fecha prevista. Es mejor mantener el Centro en funcionamiento al menos hasta los anuncios finales de los resultados oficiales.

Calendario de trabajo con los medios de comunicación

El trabajo de comunicaciones realizado por una Autoridad Electoral (así como cualquier responsabilidad regulatoria con relación a los medios) naturalmente recae en varias fases diferentes:

• Fase anterior a la elección: este periodo es preparatorio. Dependiendo exactamente de cómo funciona el sistema electoral, puede incluir la educación electoral general, el registro de electores y partidos, la delimitación de distritos, y la nominación de candidatos. La Autoridad Electoral necesitará comunicar al público a través de los medios, todos estos temas.
• Campaña electoral: éste periodo será más intenso, ya que involucra la preparación para las votaciones, junto con una variedad de asuntos de campaña. Si el Organismo Electoral tiene responsabilidades regulatorias con relación a los medios, esto se destacará de igual manera.
• Día de la Elección: inmediatamente antes y en el día de la votación, la Autoridad Electoral necesitará comunicar una variedad de mensajes sobre cómo votar y en dónde, así como el progreso de la votación. De igual manera necesitará asegurar que los medios comprendan con claridad sus derechos de acceso al proceso electoral y sus limitaciones.
• El conteo: la Autoridad Electoral será responsable de comunicar información regular y precisa del proceso de conteo, así como de regular el acceso de los medios al conteo.
• Fase posterior a la elección: el periodo posterior a la elección puede conllevar variados problemas y que la Autoridad Electoral sea el encargado de comunicarle al pueblo. Por ejemplo, este puede ser el caso si hay disputas sobre la integridad del proceso electoral o si se cuestionan los resultados. Pero en muchas instancias, el simple hecho de comunicar los resultados puede ser un proceso extenso.

 

Gran parte de la preparación para esta comunicación puede realizarse anticipadamente. Incluso cuando el contenido exacto de materiales mediáticos no puede predecirse, la agenda de comunicaciones puede estar incluida en un plan exhaustivo que puede desarrollarse en una etapa muy temprana del proceso electoral. Esto permitirá que todo el proceso avance sin problemas estableciendo, por ejemplo, el momento exacto en el que un comunicado de prensa necesita ser distribuido o si se debe llevar a cabo una sesión informativa.

Temas relativos a la pre-campaña

La noción de los temas de precampaña presupone que existe un periodo de campaña específico. Algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos, efectivamente no imponen algún límite sobre el tiempo de duración de la campaña. Por supuesto, en muchos sistemas puede haber poco tiempo entre las diferentes elecciones: presidenciales, legislativas, locales o provinciales - aún supranacional, como en el caso de la Unión Europea.

Sin embargo, bajo cualquier sistema electoral hay algunas cuestiones relacionadas con elecciones y los medios de comunicación, que ocurren, esencialmente, fuera de periodos electorales. Estos son en primera instancia los relacionados con:

• Educación electoral
• Discusión sobre el sistema electoral

En términos de cobertura de los medios de comunicación estos dos enfoques están claramente definidos. Un debate informado acerca del funcionamiento del sistema electoral puede tener lugar únicamente en el contexto de la educación pública sobre la forma en que funciona el sistema.

El contenido de la educación electoral no es el enfoque de esta área temática. Sin embargo, la educación electoral en precampaña se enfoca probablemente en diversos temas, dependiendo del sistema electoral y del contexto político:

• La composición y integridad del organismo electoral
• ¿Quién puede votar?
• ¿Por qué es importante estar incluido en la lista de electores?
• ¿Cómo registrarse para votar?
• ¿Dónde y cuando registrarse para votar?
• ¿Cómo están divididos los distritos electorales?

Otra pregunta importante se refiere a qué sistemas existen para asegurar la justa cobertura y acceso de los partidos políticos fuera de periodos de campaña. Un buen número de países cuenta con sistemas que da a los partidos políticos oportunidades para posicionar sus puntos de vista ante los ojos del electorado a través de programas de acceso directo. Muchas de estas consideraciones aplican en la elaboración de estos sistemas para asignar espacios de acceso directo durante las elecciones. Por supuesto que estos temas serán tratados con mayor detalle por los legisladores y reguladores de transmisiones que por los administradores electorales. Sin embargo tendrán una importante relación con la pregunta sobre si los candidatos contarán con condiciones de igualdad cuando se presente la elección.

Aún existe otro tema fundamental - nuevamente  para los legisladores y los reguladores de radiodifusión - relacionado con la cuestión sobre qué tan independientes son  los medios de comunicación públicos del gobierno en el poder y del partido gobernante. La oportunidad para el acceso directo durante una campaña electoral es de mucha ayuda hasta cierto punto, pero si el tenor general de las emisiones fuera de los periodos de campaña es significativamente tendencioso, resulta muy difícil considerar que haya condiciones equiparables para los candidatos.

Temas de campaña

Para los medios de comunicación el inicio de campaña es cuando la cobertura de la elección se lleva a cabo. En contraste la fluida operación del proceso de regulación dependerá en gran medida del sistema instrumentado previo a la elección. En esta etapa se tendrá que haber resuelto las cuestiones fundamentales, con el claro entendimiento del papel y responsabilidad que juegan los medios de comunicación y los partidos políticos:

• ¿Qué leyes y regulaciones se a aplican a la cobertura de la campaña electoral por parte de los medios de comunicación?
• ¿Quién es el responsable de su instrumentación?
• ¿Cuáles son las regulaciones que gobiernan las transmisiones de acceso directo?
• ¿Cuáles son las regulaciones que gobiernan la propaganda política pagada?
• ¿Cuáles son las políticas sobre discursos que denoten odio y difamación, y cualquiera disposición relacionada con temas tales como bloqueos de noticias Informativas o encuestas de opinión?
• ¿Cuál es el mecanismo que se sigue si algún ciudadano, partido político o los propios medios de comunicación, presenta una queja o impugnación?

 

En este momento el proceso de acreditación de periodistas puede iniciarse. No puede pedirse con demasiado rigor que estos temas sean determinados, previos al inicio del periodo de campaña. La determinación de estos cuestionamientos políticos sobre bases ad hoc reducirá la autoridad del órgano de supervisión con relación a los medios de comunicación y creará la impresión de que algunos de éstos no está recibiendo un trato igualitario.

El papel del órgano regulador – monitoreo del proceso

La función central del órgano de regulación  o de y supervisión, una vez iniciado el proceso de campaña, es el de asegurar el cumplimiento de las regulaciones o acuerdos instrumentados ya establecidas: en el corto plazo: que el tiempo de acceso directo se distribuya de acuerdo a las reglas establecidas; que los programas de educación electoral al votante sean imparciales y cumplan con los requisitos básicos; así como que los partidos y los medios de comunicación se adhieran a la práctica acordada con relación a los la incitación al odio, discursos ofensivos y difamatorios. 

Es de vital importancia que la autoridad electoral esté atenta de cualquier interferencia en la libertad de los medios de cubrir la campaña electoral, ya sea que dicha interferencia sea producida por el Estado o por algún partido político. Será necesario que el organismo electoral transmita información acerca de tales interferencias a las autoridades gubernamentales competentes, así como  realice una condena pública hacia el hecho cometido. Esta es una de las formas más concretas en la que el órgano regulador actúa como facilitador y guardián de la libertad de prensa en el proceso electoral.

También durante el proceso electoral es que los procedimientos de impugnación entran en juego. Es fundamental que el mecanismo instrumentado permita recibir, investigar, escuchar y resolver rápidamente los procedimientos de impugnación dentro del periodo electoral - las soluciones a largo plazo brindadas después del proceso electoral, no satisfarán a nadie.

No obstante, a efecto de solucionar adecuadamente las impugnaciones -así como las demás funciones- el órgano regulador necesitará contar con la capacidad para supervisar la cobertura que los medios hacen sobre la elección. Esto a su vez la facultará no solamente para resolver responder rápidamente las quejas presentadas con relación a su propia observación sobre esta cobertura, sino que dará lugar al inicio de sus propias acciones, en caso de que los partidos o los propios medios de comunicación quebranten las leyes o regulaciones establecidas.

En muchos casos, el órgano regulador no consigue llevar a cabo esta función de supervisión, que lo coloca en una gran desventaja cuando se trata de evaluar impugnaciones -sin embargo, al mismo tiempo les permite iniciar acciones si, por ejemplo, los espacios de acceso directo no están siendo transmitidos como previamente se había establecido. Una unidad de supervisión indudablemente cuesta dinero -principalmente en salarios, debido a que es una labor muy intensa. El presupuesto para un proyecto no gubernamental bastante importantes, sobre monitoreo de medios con una duración de tres meses en un país africano en el año 2000, fue cerca de 250 mil dólares.

Una alternativa común en las democracias bien establecidas es que los medios de comunicación remitan una copia de todo material relevante al órgano regulador. Asumiendo que este acuerdo se cumpla, esto satisface la necesidad de contar con material en mano para evaluar las impugnaciones, pero no permite al órgano de regulación que inicie con sus propias acciones, a menos que cuente con personal disponible para evaluar todo el material enviado.

Una tercera alternativa, que se está volviendo más bastante común, es que el órgano de regulación trabaje conjuntamente con los supervisores de medios no gubernamentales. (Ver Monitoreo de los Medios de Comunicación). Esta colaboración puede ser abierta e informal o ser sujeto de un contrato detallado. En Sudáfrica en 1999, por ejemplo, el proyecto no gubernamental de supervisión de los medios de comunicación fue contratado formalmente para trabajar con la Autoridad Independiente de Transmisiones. Muy frecuentemente, los supervisores no gubernamentales deben enviar sus conclusiones al órgano regulador quien entonces decidirá si se tomará alguna acción posterior. la acción o acciones a seguir.

Papel de los organismos no gubernamentales

Con mayor frecuencia los órganos de supervisión electoral trabajan en colaboración con los organismos no gubernamentales de distinta clases. Esta cooperación es una realización práctica derivada de la propuesta general de que una sociedad civil activa es necesaria para salvaguardar a la democracia. Con relación a la cobertura que hacen los medios de comunicación de un proceso electoral, existen tres áreas principales donde es probable que tenga lugar esta colaboración.

Capacitación de Periodistas

A menudo el órgano regulador no cuenta con la capacidad para organizar programas de capacitación de reportaje de elecciones para periodistas, sin embargo, les interés mucho que se impartan tales programas. En dichas circunstancias se puede trabajar en colaboración con instituciones especializadas en la capacitación de periodistas - y con las propias emisoras, cuando éstas cuenten con esquemas internos de capacitación. La Comisión Nacional de Elecciones de Tanzania, en el año 2000 fue más allá y contrató a la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) para  proveer capacitación a los periodistas.

Supervisión de los medios de comunicación

Los organismos no gubernamentales internacionales como el caso de ARTICULO 19 y el Instituto Europeo de los Medios de Comunicación, han alcanzado una considerable experiencia en el monitoreo de los medios. En varias elecciones nacionales, los organismos no gubernamentales locales han trabajado en sociedad con grupos internacionales y por si mismos han mejorado las habilidades que les permiten llevar a cabo de mejor manera sus actividades de supervisión. De ahí que en 1994 la Comisión Electoral de Malawi confiara en buena medida en el trabajo de sus medios de comunicación sobre las conclusiones del proyecto de monitoreo no-gubernamental lanzado por activistas pro-libertad de expresión en colaboración con ARTICULO 19. En 1994, la Autoridad Independiente de Radiodifusión de Sudáfrica contrató los servicios del Proyecto de Monitoreo de los Medios No Gubernamental para trabajar conjuntamente.

Monitoreo de la libertad de los medios

Los grupos no gubernamentales de derechos humanos, así como los organismos profesionales de medios de comunicación y las asociaciones profesionales de periodistas, supervisan, como algo cotidiano, el respeto a la libertad de expresión de los medios. El órgano regulador, a través del desarrollo de relaciones de trabajo e intercambio de información con tales grupos, puede dirigir su autoridad hacia la condena de violaciones a la libertad de los medios. También puede utilizar sus poderes sobre el gobierno y los partidos políticos para prevenir tales incidentes o para atrapar a los agresores.

Monitoreo de los medios

El monitoreo de los medios se reconoce cada vez más como parte esencial de la gestión electoral. Si las regulaciones que dirigen la conducta de los medios deben hacerse cumplir, entonces es necesario que el organismo responsable sepa que es lo que han estado haciendo los medios de comunicación. Esto se aplica si dicho organismo es la Autoridad Electoral u otro regulador de los medios.&

El monitoreo de los medios puede tener una función secundaria: la cual es una forma de determinar qué tan ha triunfado la Autoridad Electoral al comunicar sus mensajes a través de los medios.

El actual proceso del monitoreo puede variar en su alcance y sofisticación y puede llevarse a cabo de muchas maneras: por medio de una unidad de monitoreo dentro de la AE o entidad reguladora, por una organización no gubernamental contratada, por un organismo académico, o  por un una compañía comercial.

Los asuntos a los que se debe dirigir el monitoreo incluyen los siguientes:

• Si los medios han cumplido con las cuotas de tiempo para el acceso directo de los partidos.
• Si la repartición de los espacios de transmisión directa ha sido justa.
• La manera en la que se han reportado las declaraciones inflamatorias o difamatorias por parte de los candidatos.
• Si es que los medios han cumplido con los reglamentos de los organismos reguladores (por ejemplo exigir el derecho de contestación o corrección).

Emisión de informes sobre la jornada electoral

Una vez iniciada la votación, el papel de los medios sufre un cambio con relación al presentado en el periodo de campaña - se pueden concebir reglas específicas que regulen este cambio. En la práctica, el cambio puede tener lugar con anticipación mediante la imposición de una prohibición de los reportes sobre campañas electorales, encuestas de opinión, transmisiones de acceso directo y propaganda - o todos en conjunto.

Muchos países, por ley o costumbre, tienen un período en que los medios de comunicación no reportan ninguna noticia sobre la elección. Es muy común que sea así una vez que la votación se haya iniciado. Esto es análogo a las prohibiciones habituales sobre las campañas en las cercanías de las áreas de votación. En e Reino Unido, por ejemplo, hay una costumbre de abstención voluntaria de informes de la campaña electoral el día mismo de la votación, y muchos países de la Commonwealth observan una práctica similar.

Quizás Francia sea el ejemplo más conocido de un período obligatorio de reflexión, donde tiene una duración de siete días. Italia y Suecia son otros países donde esta suspensión de noticias es prescrita por la ley, en ambos casos durante un día antes de la votación. Dinamarca tiene también un día de suspensión de noticias antes del día de la votación, pero en ese caso, es tradicional y no forzada por la ley.

Sin duda, el país con la suspensión de noticias más amplia es Israel, donde la televisión (aunque no la radio) está prohibida de mostrar campañas políticas durante por lo menos 30 días antes de la elección.

Los temas planteados en una prohibición de reportajes durante la votación se vuelven proporcionalmente más complejos en función de la duración de la jornada electoral, así como de la extensión geográfica del país. En este último caso, si el electorado vota en distintas usos horarios, le imprime un tanto más de complejidad ya que se puede disponer de los resultados en una zona antes de que estén listos en alguna otra.

En esencia hay dos elementos a considerar:

La preservación de la integridad del proceso electoral y la seguridad del voto

Asegurar que la emisión extemporánea de información no influya de ninguna manera en la emisión del voto

La primera de ellas es mucho más directa que la segunda. Normalmente no resulta complicado conseguir un equilibrio entre permitir a los medios cierta difusión de la información sobre el proceso electoral, pero asegurando que no se atente contra el secreto y seguridad de los electores.

No obstante, asegurar la máxima transparencia y flujo de la información sin interferir con el proceso es muy difícil, por lo que se han adoptado una gran variedad de enfoques.

Acceso de los medios a las mesas de votación

El asunto del acceso de los medios a los sitios de votación puede en ocasiones ser causa de alguna tensión -con frecuencia innecesaria.

En buena medida, lo que los medios requieren son ciertas garantías o facilidades de acceso general -filmar o fotografiar las filas de electores, de votantes que estén colocando sus papeletas en las urnas o situaciones de ese tipo. A menudo se les confiere a los periodistas un nivel de acceso que no se extiende al público en general. Algunas veces los no votantes son excluidos completamente de las áreas de votación -en un intento por evitar actos de intimidación de último momento-, pero los periodistas y observadores que cuentan con acreditación  son exentos de esta medida. Sin embargo, siempre resulta aconsejable advertir claramente a los medios que, a pesar de ese tipo de privilegios, están sujetos a las mismas disposiciones legales que se aplican a todo el mundo. Por tanto, nada de lo que hagan dentro de una área de votación (o en cualquier otro sitio que tenga que ver con ella), puede constituir un acto de intimidación o influencia sobre el proceso electoral. También se debe dejar perfectamente en claro que el acceso de los periodistas a los sitios de votación debe ser estrictamente controlado y debe contar con la aprobación del funcionario competente.

Es de vital importancia asegurar que la política precisa acerca del acceso de los medios a los sitios de votación sea comunicada con anticipación a los presidentes o encargados de los recintos o mesas de votación, así como a los propios medios.

El Instituto Electoral de Sudáfrica (IESA) (http://www.eisa.org.za) elaboró una lista muy útil sobre "lo que pueden hacer y lo que no" los medios durante las elecciones de 1999. Los representantes de los medios podían:

• Mostrar su acreditación o identificación de prensa al encargado de las mesas de votación o escrutinio.
• Tomar fotografías y realizar entrevistas con el acuerdo del oficial electoral encargado.
• Formar parte de un "pool" en aquellos casos en que hubiera un gran número de periodistas presentes en un sitio y quisieran tomar fotografías o realizar una entrevista a una personalidad, de tal forma que se seleccionara a un pequeño grupo de ellos para efectuar estas actividades.

El documento también destacaba la existencia de zonas sensibles en donde algunos electores podrían rehusarse a que se les tomaran fotos o se les hicieran entrevistas.

A los representantes de los medios no se les permitía:

• Vulnerar el secreto del voto o el orden de la elección.
• Publicar información falsa con la intención de violentar o impedir la elección.
• Publicar información que causara hostilidad o miedo para influir en el resultado de la elección.
• Publicar información que pudiera influir en la conducta o resultado de la elección.
• Publicar los resultados de encuestas de salida durante el horario de votación.

Las pautas del documento guía de IESA también resaltaban la existencia de una serie de prohibiciones generales que también aplicaban a los representantes de los medios, quienes no podrían:

• Interferir con la independencia e imparcialidad de la Comisión Electoral Independiente.
• Forzar o persuadir a cualquier persona de que se registre o no para votar.
• Forzar a cualquier persona a votar o no votar por un determinado partido o candidato.
• Participar en una actividad política ilegal.
• Pretender ostentarse como representante de algún partido o candidato.
• Pretender ser colaborador de la Comisión Electoral Independiente.
• Ofrecer información sobre la votación o el escrutinio, romper los sellos o abrir las urnas en donde hayan materiales electorales.¹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¹ Raymond Louw, A Handbook on the Media and Electoral Law (Manual de los Medios de Comunicación y Ley Electoral), Electoral Institute of Southern Africa (Instituto Electoral de la África Austral), Johannesburgo, 1999

Información sobre la votación

 

Aparte de los asuntos relacionados con el acceso de los medios a las mesas de votación, se plantea la cuestión de cómo informar o reportar el desarrollo de la votación. Normalmente es aconsejable evitar cualquier programa directo -publicidad o transmisiones de los partidos-, antes de que se inicie la votación. De otra forma, se corre el riesgo de que se maneje cierta propaganda o publicidad de acuerdo con una evaluación de cómo se desarrolla la votación. Esto no seria justo y no ofrecería posibilidad de réplica.

Algunas leyes o regulaciones electorales imponen restricciones a la cobertura de noticias sobre la base de que un reporte tardío de asuntos relativos a las campañas puede ejercer una influencia indebida. Con frecuencia existen prohibiciones, obligatorias o voluntarias, sobre el reporte de los resultados de sondeos de opinión o encuestas de salida.

Las regulaciones relativas a la información electoral en la República de Montenegro prohíben a los medios subvencionados con recursos públicos publicar, ya sea resultados sobre elecciones previas o "cualquier otra predicción sobre el resultado de la elección antes del cierre de la votación".

Por supuesto, existen distintos factores que pueden influir sobre la votación mientras se desarrolla. El nivel de participación es un asunto importante, ya que usualmente se suele asociar una alta o una baja afluencia a favor de uno u otro partido. Informar sobre el nivel de participación en la votación puede ser en ocasiones objeto de algún tipo de restricción.

En la práctica, estas cuestiones pueden ser resueltas sin mayor problema por un ejercicio profesional y una útil auto-regulación. La BBC de Londres ofrece las siguientes pautas a sus productores sobre la cobertura de la jornada electoral:

El reportaje en el día de la votación en cualquier elección debe evitar cualquier referencia a cuestiones electorales y, hasta el cierre de las urnas, debemos restringirnos a noticias fácticas sobre la elección. Pueden incluirse sondeos de opinión pública y un repaso de las noticias de los periódicos de edición matutina del día de la elección. También se pueden incluir declaraciones noticiosas de importancia de los partidos, pero debemos asegurarnos de que las réplicas o contra-argumentos de los partidos opositores también sean transmitidos.

 

Promover una cobertura profesional de los resultados

En principio, el reporte de los resultados parece la parte menos complicada de todo el proceso de cobertura informativa de las elecciones. Pues, lo sorprendente es que con frecuencia sea una actividad ejecutada de manera muy deficiente. En el referéndum de Zimbabwe del año 2000, ¡ni un solo medio impreso o electrónico pudo reportar de manera correcta los resultados que fueron emitiendo la Oficina del Registro General!¹

Una buena parte del problema reside en los propios medios -si no son capaces de copiar correctamente una columna de resultados, es muy poco lo que la autoridad electoral puede hacer al respecto. Pero es mucho lo que se puede hacer para promover un reporte de resultados profesional y preciso.

El establecimiento de un centro de prensa puede facilitarles enormemente su acceso a los resultados. Los mecanismos de escrutinio varían significativamente entre un sistema centralizado y uno descentralizado. Para efectos del reporte de los medios, el meollo reside es sí los resultados son emitidos a nivel central o local. Si se hace a nivel local, entonces también es probable que el reporte de los medios sea descentralizado. En cualquier caso, los medios de comunicación deben ser informados - oralmente o por escrito - tan pronto como sea posible sobre el proceso de escrutinio: en donde tendrá lugar, la forma en que tendrá lugar, aproximadamente cuánto tiempo va a tomar, y dónde / cuándo / cómo los resultados serán anunciados.

Cuando prevalece el sistema de escrutinio local, como en el Reino Unido, los medios han creado un impresionante centro móvil para ir haciendo la proyección de los resultados finales a partir de las cifras que se van recibiendo e integrando. Ya que ningún resultado real o proyectado puede difundirse antes del cierre de la votación, este ejercicio constituye más bien una diversión inofensiva (aunque revestida con una gran seriedad estadística). Lo peor que se puede decir de ese ejercicio es que fomenta el tratamiento de la elección más como una carrera de caballos que como un proceso democrático de selección.

Sin embargo, lo que es especialmente relevante cuando los resultados van surgiendo gradualmente - especialmente en los sistemas de pluralidad o mayoría relativa - es que todos los resultados vayan reportándose de manera oportuna y precisa. Esto facilita el escrutinio público del proceso de conteo y disminuye la posibilidad de manipulación. Por tanto, puede tratarse de una función crucial de los medios.

La proyección de los resultados derivados de   SEQ CHAPTER \h \r 1Encuestas de Salida y Conteos Rápidos implica aspectos diferentes de la cobertura informativa de los medios.

 

 

 

 

 

 

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¹ Proyecto de Monitoreo de los Medios de Comunicación de Zimbabwe, A question of balance: The Zimbabwean media and the constitucional referéndum (Una cuestión de equilibrio: Los medios de comunicación de Zimbabwe y el referéndum constitucional), Harare, Marzo 2000

Encuesta a boca de urna

La encuesta de salida (más conocida como Encuesta a boca de urna) se desarrolló por la necesidad de los medios de tener información de último minuto sobre el día de las votaciones. Es una encuesta a la gente que acaba de votar – mientras “salen” del local de votación. La parte esencial de una encuesta a boca de urna es que aquellos encuestados dicen cómo votaron. Esto permite predecir los resultados globales. 

La información recolectada en las encuestas a boca de urna puede ser a menudo compleja. La  información demográfica detallada como el sexo, la edad, origen étnico, y los ingresos por ejemplo, permitirán predicciones más precisas. Algunas veces, los encuestadores recolectan información adicional sobre porqué los electores tomaron la decisión que tomaron.

Los obstáculos potenciales son obvios: electores que dan información errónea o que se rehúsan a participar, muestreo pobre, etc. Sin embargo, las encuestas a boca de urna bien construidas son a menudo un medio extremadamente preciso para la predicción de los resultados. De ahí viene su popularidad entre los medios.  

Al reportar las encuestas a boca de urna, se aplican todas las mismas consideraciones que se aplican con las encuestas de opinión, y sólo las encuestas realizadas por organizaciones acreditadas deben ser reportadas. El reporte debe incluir información sobre la locación del lugar de votación y el ejemplo de tamaño, junto con el margen de error. Sin embargo, ya que las encuestas a boca de urna no son, hablando estrictamente, predictivas, hay otros puntos variados que se deben tomar en cuenta:

• ¿El reportaje de las encuestas a boca de urna influenciarán a aquellos que todavía no han votado? Esta es una preocupación particular en países donde las votaciones se realizan en diferentes usos horarios.
• ¿Que conclusiones se deben sacar si el  resultado real de las votaciones no corresponde a lo que se proyecta en las encuesta a boca de urna? Algunos comentaristas influyentes han llegado a la conclusión que las encuestas a boca de urna no se deben reportar. Tres ejemplos ilustran algunos de los asuntos sobre cómo y si se debe reportar la información encontrada en las encuestas a boca de urna. 
• Parte del problema con las encuestas a boca de urna es si la gente dirá honestamente cómo ha votado. Posiblemente esto será un problema en particular para las democracias en transición o que están en situaciones donde ha habido intimidación general. La educación electoral debe  hacer hincapié en el hecho de que el voto de cada elector es secreto. En las elecciones de Zimbabwe del 2000, una organización sudafricana, la Fundación Helen Suzman (the Helen Suzman Foundation), designó un complejo cuestionario de salida para hacer tomar en cuenta el peligro de que la gente no diría honestamente cómo ha votado. Pero uno de los resultados de esta complejidad fue que la información encontrada no se publico hasta después. Su propósito principal, al final, fue proveer algunas evidencias de cómo la intimidación podría haber afectado el resultado. 
• En el referéndum de Venezuela del 2004, hubo una gran discrepancia entre las predicciones de las encuestas a boca de urna – las cuales predijeron una victoria sustancial de la oposición – y el resultado verdadero, que fue la victoria del gobierno por más o menos el mismo margen. Los críticos del gobierno tomaron esto como evidencia de que el resultado había sido manipulado. Los partidarios del gobierno dijeron que la compañía que realizó la encuesta fue contratada por la oposición y que usó una metodología predispuesta para desacreditar el resultado oficial.
• En las elecciones presidenciales de Los Estados Unidos en el 2004, las encuestas a boca de urna predijeron un estrecho margen de victoria para el no exitoso candidato democrático, John Kerry. El comentario dominante de los medios no vio esto como evidencia de irregularidades en la votación, sino que puso en cuestión la equivocación de los encuestadores. De hecho, CNN una de las compañías de televisión que patrocinaba las encuestas a boca de urna, alteró las predicciones de la encuesta en su página Web cuando se dio cuenta cuál iba a ser realmente el resultado.  

 

La atracción inicial de las encuestas a boca de urna para los nuevos medios fue saber un poco de los resultados, antes que los resultados reales estuvieran disponibles. Los periódicos que usualmente tienen éstos titulares antes de que los resultados reales salgan, usaran de igual manera esta información.

Sin embargo, estos tres ejemplos muestran la manera en la que las encuestas a boca de urna adquieren una importancia adicional, permitiendo a los medios explorar si la inconsistencia entre las encuestas a boca de urna y los resultados reales es un síntoma de un problema en el proceso electoral. Las encuestas bien diseñadas en Zimbabwe otorgaron un buen indicador de la mala práctica electoral.

Las inconsistencias entre las encuestas a boca de urna y los resultados son sólo indicativas y no prueban que hubo manipulación o mala práctica. Como en Venezuela, se necesito una investigación más exhaustiva para establecer la causa de las inconsistencias. Sin embargo habría preocupación si los nuevos medios no trataran de explorar y explicar estas inconsistencias, tal como pasó en los Estados Unidos en el 2004; de hecho, alterar la información encontrada en las encuestas a boca de urna es una seria falta de ética.

Reportaje sobre conteos rápidos

Los conteos rápidos no oficiales son un mecanismo de conteo paralelo que es necesario diferenciar de las encuestas de salida. Un conteo rápido es un conteo parcial de resultados reales (en tanto que las encuestas de salida son una simple variante de los sondeos de opinión),  utilizado para predecir el resultado final. Un conteo rápido puede ser utilizado con frecuencia para prevenir una potencial manipulación de los resultados. Para los medios, desde luego, el interés es similar al de una encuesta de salida en el sentido de que les permite anunciar resultados de manera anticipada.

Lo que tienen en común con las encuestas de salida es la necesidad de que los medios reporten con precisión lo que el conteo está realmente midiendo -en otros términos, en qué tamaño de muestra se basa y qué grado de confiabilidad se puede esperar.

Reportajes después de las elecciones

 

El interés de los medios en una elección no cesa con el anuncio de los resultados. Se trata de una historia continua, que se traslada a la toma de posesión de quienes resultaron electos, la formación de un nuevo gobierno y así sucesivamente.

Sin embargo, para la autoridad electoral cualquier regulación formal de los medios culmina con el anuncio de los resultados. Empero, hay un área donde la participación formal de los medios puede seguir adelante: si los resultados son impugnados, se abrirá una nueva historia que sin duda cubrirán los medios. Deben hacerlo de acuerdo con las normas profesionales que rigen la cobertura informativa de los procesos judiciales.

Sin embargo, se puede producir un giro importante si el comportamiento de los propios medios forma parte de la impugnación de los resultados. Lo anterior, se ha incrementado cada vez más, por ejemplo después de las elecciones de Kenia en 1997. El creciente interés en el papel de los medios de comunicación en las elecciones significa que un gran desequilibrio puede tomarse como prueba de que una elección es injusta.

Los resultados de los monitoreos de los medios pueden ser utilizados como evidencia y los métodos de regulación de la autoridad electoral pueden ser sometidos a escrutinio. Conclusiones de los monitoreos establecerán si la cobertura era desequilibrada o sesgada, pero esto en sí mismo no sería suficiente para demostrar irregularidades en la celebración de las elecciones. Para demostrar esto, un tribunal probablemente necesita estar convencido de que, ya sea el gobierno ha interferido directamente (y quizás consistentemente) con los contenidos de los medios, o que un organismo regulador falló en la aplicación de las normas que garantizan el acceso de los partidos a los medios de comunicación y a una cobertura de noticias equilibrada.

 

Monitoreo de los medios

El monitoreo de los medios de comunicación es, en un sentido, la condición previa de muchas cosas que han sido discutidas con respecto a la regulación de los medios de comunicación durante las elecciones y el desarrollo de las mejores prácticas.

Sin una imagen sistemática y seria de lo que los medios de comunicación actualmente producen, cualquier discusión acerca de los estándares o políticas pueden ser un poco más anecdóticas.

A pesar de la obvia importancia del monitoreo de los medios de comunicación, hasta hace poco se ha vuelto una práctica de común en la gestión de elecciones.

¿Quiénes monitorean los medios de comunicación?

Existen tres grupos principales de monitores de los medios de comunicación durante las elecciones.

• Autoridades electorales
• Misiones de observación electoral internacional.
• Organizaciones no gubernamentales y otras entidades cívicas.

El objetivo en cada instancia es diferente. Los administradores electorales normalmente monitorean los medios de comunicación con el fin de determinar si se están respetando las regulaciones o las leyes que gobiernan el comportamiento de los medios de comunicación durante las elecciones. Si la autoridad electoral tiene una función reguladora directa, utilizarán sus conclusiones del monitoreo para asegurarse que los medios de comunicación cumplen con los estándares requeridos.

Los observadores internacionales analizan que los medios de cumplan con las reglas y leyes locales. Sin embargo, en términos generales tienen que observar, a través del monitoreo, la contribución que los medios de comunicación hacen para que se lleve a cabo una elección libre y justa. De igual modo, no cuentan con poderes para hacer cumplir la ley y usualmente revelan las evidencias del monitoreo hasta después de que las elecciones se hayan realizado. El valor del monitoreo de los medios de comunicación que realizan las misiones de observación electoral internacional es que integra la cuestión de la cobertura equitativa de los medios de comunicación en todas las evaluaciones de si las elecciones fueron llevadas a cabo de manera equitativa.

Las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil pueden tener más libertad en la forma en que realicen su cobertura del monitoreo mediático. Dichas organizaciones pueden determinar diferentes métodos que ayuden a identificar los diversos tipos de sesgo político en los medios de comunicación. (Al contrario de las Autoridades Electorales y de los observadores internacionales que se limitan a un simple análisis de la asignación de tiempo para los partidos políticos y candidatos). Los monitores de la sociedad civil, a diferencia de los observadores internacionales, pueden hacer pública sus conclusiones donde quieran y no se restringen a un periodo posterior a la elección. Pueden comunicar sus conclusiones de manera directa a los medios de comunicación. Esto significa que el monitoreo de la sociedad civil con frecuencia se puede utilizar como parte de un esfuerzo para alcanzar los estándares periodísticos mientras la campaña electoral todavía se realiza.

Los esfuerzos de éstos grupos distintos de monitoreo pueden ser complementarios e incluso coordinados. En algunos casos, como ocurrió en la primer elección multipartidista en Malawi en 1994, la autoridad electoral puede hacer caso al monitoreo de los medios de comunicación en la sociedad civil y utiliza su poder para tratar de hacer la cobertura de los medios de comunicación más equitativa. En otras instancias, como en 1999 en Sudáfrica, la autoridad electoral puede contratar a un grupo de monitoreo no gubernamental para que sea sus ojos y oídos.

Asimismo, en las elecciones presidenciales de Ucrania del 2004 hubo monitoreo por parte de los medios de comunicación de los grupos intergubernamentales, derechos humanos locales y organizaciones de libre comunicación. Los grupos locales fueron capaces de publicar regularmente sus conclusiones (y en un conjunto amplio de temas), con sus conclusiones reforzadas por aquellos del monitoreo internacional.

¿Qué realizan los medios de comunicación?

Los orígenes intelectuales del monitoreo de los medios de comunicación se han encontrado en el desarrollo de estudios académicos de los medios de comunicación, tales como el trabajo del Grupo de Medios de Comunicación de Glasgow. El análisis académico de los medios de comunicación, que es ante todo adoptado por los medios de comunicación sofisticados de las sociedades industrializadas, trata de centrarse en varias medidas de lo que llaman “análisis del discurso”. Esto se refiere a los mensajes ocultos transmitidos por el idioma seleccionado o el idioma visual de la televisión y el impacto sutil o subliminal que pueden tener en el entendimiento del observador o en la interpretación del sujeto. El análisis del discurso es desde luego un elemento para el monitoreo de los medios de comunicación en las elecciones. Pero usualmente el énfasis estará en otros dos estándares que son fáciles de retener para su posterior medición. Éstos usualmente se describen como “análisis cuantitativo y cualitativo”. El primero es el más fácil, el último es el más controversial y con frecuencia tiene mayor impacto. Simplemente, implica contar y medir la cobertura electoral por parte de los medios de comunicación, como el número y la amplitud de los artículos dedicados a partidos políticos distintos, la amplitud de las columnas, el tiempo oportuno y el número de programas de acceso directo y más. La suma de la cobertura de cada partido político o candidato recibe, es con frecuencia el primer criterio que se observará con el fin de evaluar las alegaciones de las tendencias.

“El análisis cualitativo” es, como el nombre lo sugiere, un enfoque que mide la calidad de la cobertura que los partidos políticos y candidatos reciben. Ante todo se aplica a la cobertura de noticias, aunque también puede ser aplicado a la educación electoral. Una evaluación cualitativa observará el lenguaje que se utiliza y el mensaje comunicado – no los mensajes escondidos del análisis del discurso - y utilizarlo para “calificar” las medidas cuantitativas. No resultaría muy útil decir que el partido político x ha recibido un porcentaje seguro de la cobertura de las noticias, si una parte amplia de la cobertura se enfoca hace el contenido. Inevitablemente, la medición del sesgo político es más subjetiva que un conteo sencillo de minutos, segundos o columnas de acuerdo a cada candidato. Pero existen formas de minimizar la parcialidad potencial de una parte del monitoreo. Una es para contar y atribuir las fuentes de una historia.

El monitoreo de los medios de comunicación se ha vuelto una característica común en las elecciones desde mediados de los años 90. Ha habido una convergencia de metodología entre éstos grupos que llevaban a cabo el monitoreo de los medios de comunicación de manera regular; ya sea conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales nacionales, con equipos de observadores intergubernamentales o de parte de las autoridades electorales. Algunas organizaciones no gubernamentales internacionales, tales como el Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, junto con organizaciones nacionales, tales como el Osservatorio di Pavia (Italia), MEMO98 (Eslovaquia), the Media Monitoring Project (Sudáfrica) and the National Democratic Institute for International Affairs (United States), han popularizado las metodologías de monitoreo de una manera sorprendente, efectiva y fácil y creado un grupo amplio de personas familiarizado con éste uso.

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Monitoreo de los medios de comunicación por parte de las autoridades electorales

 

Las Autoridades Electorales deben monitorear la cobertura de los medios por varias razones:

 

• Para determinar si se están respetando las leyes o las normas sobre el acceso a los medios de comunicación – por ejemplo, en la designación y coordinación del acceso directo gratuito, de los espacios de publicidad, de la observación de los “periodos de reflexión”, del respeto por las normas sobre el contenido de la publicidad y el acceso directo, etc. 
• Para revisar más ampliamente si los partidos políticos y los candidatos están recibiendo acceso y cobertura equitativa, por ejemplo en la cobertura de las noticias.
• Para identificar cualquier asunto emergente relacionado a la gestión electoral o a la conducta de la campaña que la Autoridad Electoral debe dirigir.
• Para ver cómo se están reportando las actividades de la Autoridad Electoral.

 

Los primeros dos de estos objetivos implican la recolección extensiva de datos cuantitativos – en efecto, una escala completa de un proyecto de monitoreo de los medios. Los otros dos podrían ser logrados por medio de una revisión más casual y no sistemática de la cobertura de los medios, de manera que el Organismo de Gestión Electoral pueda de igual manera conducirla a manera de rutina. 

 

A medida que la experiencia sobre el monitoreo de los medios crece y las metodologías se expanden ampliamente, se ha vuelto más común para las Autoridades Electorales (u otros organismos normativos) contratar a expertos exteriores para que monitoreen a los medios. Éstos podrían ser estudios de medios de comunicación universitarios, otros departamentos de ciencias sociales u otras organizaciones no gubernamentales. 

 

El cambio puede ser observado, por ejemplo, en Sudáfrica. En 1994 el encargado del monitoreo de los medios fue la Comisión de los Medios Independientes, un organismo regulador especializado, establecido especialmente para la duración de la campaña electoral. Para las siguientes elecciones, en 1999, el regulador de transmisión contrató al Proyecto no gubernamental de Monitoreo de los Medios para hacerlo en su lugar.

 

La ventaja de contratar a un experto exterior es, claramente, la reducción de la carga administrativa para la Autoridad Electoral (en un momento donde otras presiones van a ser de mayor peso). Sin embargo, hay dos desventajas potenciales, las cuales variaran en su importancia dependiendo de las circunstancias.

 

La primera desventaja potencial de contratar a alguien es que los medios y los partidos políticos pueden no percibir como algo autentico de la Autoridad Electoral lo que se encuentra en el monitoreo. Si la Autoridad Electoral necesita actuar sobre ellos, la información encontrada puede considerarse como base para la negociación en vez de como algo autoritario. Algunas Autoridades Electorales han concluido que la creación de su propia unidad de monitoreo de los medios, con una duración igual a la del periodo electoral, es una mejor opción.    

 

La segunda desventaja potencial es que la Autoridad Electoral no desarrollará su propia experiencia con base en los asuntos mediáticos. Dado que muchas Autoridades Electorales tienden a encerrarse en si mismos y a ser conservadores en sus tratos con los medios, alentar la alfabetización mediática entre el personal de las instituciones podría tener mejores y más amplios beneficios. A largo plazo – dado que las elecciones son eventos recurrentes – el desarrollo de experiencia interna podría ser de igual manera más rentable.

 

Monitoreo de los medios de comunicación realizado por misiones de observación electoral internacional

 

Desde finales de los años 80, el monitoreo de los medios de comunicación se ha convertido en un componente común de las misiones observaciín electoral internacional. Éste es un reconocimiento de la importancia del acceso equitativo a los medios de comunicación, como un criterio para valorar el total de accesibilidad en un proceso electoral.

 

Algunas organizaciones, tales como la Organización para la Seguridad  y la  Cooperación en Europa (OSCE)  y la Unión Europea, invariablemente incluyen un equipo de medios de comunicación en sus misiones de observación internacional. Otros misiones de observación electoral intergubernamental, como los del Commonwealth, no pueden incluir su propio componente de monitoreo de medios de comunicación; pero se basa, cada vez más, en las conclusiones del monitoreo de otros. Las entidades del Commonwealth, como el Sindicato de prensa del Commonwealth, han asumido el monitoreo de los medios de comunicación de manera separada de las misiones de observación electoral internacional organizadas por el Secretariado del Commonwealth.

 

El trabajo asumido por los observadores electorales internacionales, en cuestiones mediáticas, debe ser descrita como el análisis de los medios de comunicación, más que el monitoreo de los medios de comunicación. Las organizaciones como  la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa  (OSCE) han mejorado su metodología, a tal punto que un miembro del equipo de observación es responsable de desarrollar un análisis global del escenario de los medios de comunicación y su potencial impacto en la elección. Este acuerdo general del entorno de los medios de comunicación, propiedad, leyes y la historia de las restricciones de la actividad de los medios de comunicación será vital en la interpretación de la información cuantitativa reunida durante el transcurso del monitoreo.

 

El analista de los medios de comunicación del equipo central es responsable de capacitar a un equipo de monitores, que deben ser ciudadanos del país en observación; debido al requerimiento del dominio del idioma local y del entendimiento del escenario político nacional. El monitoreo siempre tendrá un énfasis fuerte en la información cuantitativa, fundamentalmente en cuestiones de asignación de tiempo y espacio para candidatos y partidos políticos distintos.

 

El analista de los medios de comunicación del equipo central es responsable de capacitar a un equipo de monitores, que deben ser ciudadanos del país en observación; debido al requerimiento del dominio del idioma local y del entendimiento del escenario político nacional. El monitoreo siempre tendrá un énfasis fuerte en la información cuantitativa, fundamentalmente en cuestiones de asignación de tiempo y espacio para candidatos y partidos políticos distintos.

 

El monitoreo de las misiones de observación electoral internacional difiere del monitoreo que llevan a cabo organizaciones locales, en dos sentidos importantes.

 

• El monitoreo local, realizado por las organizaciones no gubernamentales o por la misma entidad de gestión electora, es entendido como una intervención constructiva en el proceso electoral. Si la cobertura de los medios de comunicación es inequitativa, el objetivo del monitoreo es señalar tal problema antes de la elección y promover medidas correctivas. Los observadores internacionales no pueden intervenir en un proceso electoral y, la mayor parte, no presenta detalles de las conclusiones del monitoreo hasta que la elección se haya terminado. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa  (OSCE) publica un resumen ejecutivo del monitoreo de los medios de comunicación en un informe interno, pero no revela su conclusión final hasta después de un tiempo.
• El monitoreo internacional se limita una lectura muy estrecha de los estándares internacionales o nacionales sobre el acceso de los partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación. El monitoreo local  que realizan especialmente las organizaciones no gubernamentales pueden centrarse en varias áreas, ya sea en el ámbito más amplio de indicadores cualitativos y en medidas cuantitativas que enfrentan cuestiones tales como la inequidad de género y grupos étnicos, o la manera amplia de como los medios de comunicación reflejan las agendas de las campañas electorales de los diferentes candidatos.

 

El valor de incorporar el análisis mediático de las misiones de observación electoral internacional reside en la evaluación completa y plenamente desarrollada de la validez de una elección.  Para ambos, los medios de comunicación y las autoridades electorales del país, los resultados del monitoreo internacional de los medios de comunicación se pueden utilizar de forma comparada con las conclusiones del monitoreo nacional de los medios de comunicación, así como  proveer puntos de referencia para la cobertura de los medios de comunicación en elecciones futuras.

 

Los monitores locales de medios de comunicación también pueden aprender de las metodologías utilizadas por las misiones internacionales de observación electoral. La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) ha desarrollado  un manual para sus analistas de medios de comunicación que describen los estándares internacionales y regionales que sustentan su trabajo, las técnicas de análisis de los medios de comunicación y las bases de su metodología de monitoreo de los medios de comunicación.

 

Monitoreo de los medios de comunicación por parte de las organizaciones no-gubernamentales

 

Las Organizaciones No-Gubernamentales tienen un amplio rango de razones para monitorear la cobertura de los medios en una elección. Su principal propósito posiblemente es el mismo que el de la Autoridad Electoral o el de una Misión Internacional de Observación: asegurar que la cobertura de las noticias sea equitativa y profesional y que los diferentes partidos y candidatos tengan acceso a los medios.

 

Además de éste propósito, los de la Autoridad Electoral (o de otros monitores no gubernamentales) pueden ser más complejos. Ellos pueden preocuparse, por ejemplo, del contenido de la cobertura electoral. ¿Qué temas cubren los reportes de los medios? ¿El debate electoral está representado de manera profesional y desapasionada? O ¿Los medios inflaman los sentimientos partidistas por su lenguaje o el estilo de su cobertura? ¿Qué tanto estos reflejan las particularidades de las agendas de los partidos políticos o de los candidatos?

 

¿Los medios cumplen con la información que los electores necesitan (una pregunta obvia pero que se pregunta con frecuencia)? ¿Las posiciones de los partidos y candidatos se evalúan desde el punto de vista del elector – ver “Reportaje de la Voz de los Electores” – o por la complicidad de los medios con los candidatos en la presentación poco crítica de sus políticas? ¿Los medios están jugando un rol efectivo con los candidatos? Y ¿Les dicen (a los electores) por qué necesitan saber dónde, cómo y por qué votar?

 

¿Que tanto se reflejan los intereses y las voces de las minorías o de los grupos marginados en los medios de comunicación? ¿Se están escuchando las voces de las mujeres adecuadamente en la campaña electoral a través de los medios? Y si no es así, ¿Por qué? ¿Los medios de comunicación están reflejando las tendencias sociales sin criticarlas, o están haciendo un esfuerzo por cuestionarlas?

 

La gama de asuntos a que los monitores de los medios de comunicación no gubernamentales se han enfocada es amplia. Raramente, una operación de monitoreo de los medios podrá encargarse de todos los problemas. Sin embargo, lo que pueden hacer es tener una habilidad particular para usarla en algún aspecto de la cobertura de los medios de comunicación.

 

A menudo esta área de habilidad estará en el área de los mismos medios de comunicación. Las Organizaciones No Gubernamentales que se preocupan por la libertad y los estándares profesionales están más a menudo dedicados al monitoreo. El propósito puede ser defender a los medios de comunicación contra la interferencia política, ya sea por parte de gobiernos o propietarios privados; o puede ser promover el profesionalismo a la cobertura. 

 

En el mejor de los casos, la información publicada por el grupo de monitoreo de los medios podría influenciar la calidad de la cobertura mediática. Algunas veces, como en Mozambique en 1994, el diálogo entre monitores y periodistas puede ir un paso más allá. La sala de redacción de Radio Mozambique sostenía una reunión semanal para discutir las observaciones de los monitores, decidir si acordaban con ellas o no y discutir planes para las mejoras. La mejora en el balance de la cobertura de la radio – fuera de las fuertes tendencias del partido mayoritario – fue verificable a lo largo del periodo de campaña.

 

En las elecciones de 2000 en Tanzania, el proyecto de monitoreo de los medios se inició por el Concejo de los Medios de Comunicación, que es un organismo profesional voluntario, en conjunción con otros Organismo No Gubernamentales preocupados por la libertad de los medios y el profesionalismo. El proyecto comenzó con una conferencia, a la cual asistieron representantes de los medios más importantes, quienes redactaron un código de conducta para la cobertura electoral. El propósito del monitoreo fue explícitamente examinar si la cobertura cumplía con los estándares que los medios mismos habían acordado. Pero ellos probaron estar listos para comprometerse en el dialogo, lo cual fue benéfico para la calidad de la cobertura.

 

En otras ocasiones, la relación entre los monitores no gubernamentales y los medios ha sido más difícil. La hostilidad entre los medios gubernamentales y los monitores no gubernamentales es común. Los últimos son acusados de promover su propia cuasi agenda política. Algunas veces, las casas privadas de medios de comunicación presentan una reacción similar, por ejemplo, en Moldova, en 2005, cuestionando la competencia y la buena fe de un grupo de monitoreo, lo cual produce resultados críticos.

 

En algunas ocasiones, el monitoreo de los grupos se encargara también de otros temas.

Un buen ejemplo de este enfoque más amplio es el monitoreo de los medios en las elecciones presidenciales de Ucrania en el año 2004. Un grupo no gubernamental llamado Equal Access (Acceso Igual), llevo a cabo un largo y exhaustivo monitoreo que se encargo particularmente del asunto de la distribución del acceso a los medios a los distintos candidatos. Paralelamente, otras dos organizaciones, El Instituto de Medios Masivos de Comunicación y el Grupo de Derechos Humanos Kharkiv, llevaron a cabo un proyecto de monitoreo que se encargo de otros temas aunados a la asignación de tiempo y espacio de los candidatos. Estudiaron la cobertura de asuntos de particular preocupación para los grupos étnicos minoritarios – incluyendo Crimean Tatars – y la representación de las mujeres en la cobertura electoral. La información que encontraron fue casi sorprendente – reportando las preocupaciones de las minorías y la poca frecuencia de la voz de las mujeres como nuevas fuentes- pero otorgaron bases de información importantes en el caso de que estos temas vallan a ser afrontados en el futuro. 

 

Metodología para el monitoreo de los medios

 

Los encargados de monitorear a los medios, ya sean administradores electorales, observadores internacionales, activistas cívicos o académicos, necesitarán establecer diversos aspectos metodológicos antes de emprender el proyecto. 

 

• ¿Qué medios serán monitoreados? ¿Sólo habrán medios públicos, o estarán todos los medios? ¿Sólo serán los tiempos aire de radio y televisión o también la prensa escrita? ¿Habrá una selección de medios o estarán todos los medios nacionales de comunicación más importantes?
• ¿Qué partes de la información que se emite por parte de los medios será monitoreada? ¿Serán específicamente boletines de noticias, toda la información emitida durante momentos particulares del día, o toda la información emitida?
• ¿Qué contenidos serán monitoreados (y con qué propósito): noticias, propaganda, espacios de acceso libre y directo, programaciones especiales, educación electoral, o todas las anteriores?
• ¿El monitoreo buscará recolectar sólo información sobre la cantidad de tiempo que se otorgó a los diferentes partidos o candidatos o analizará otros aspectos de la cobertura, tales como el uso del lenguaje, la selección de las noticias, etc.?
• ¿El monitoreo es entendido como parte de una intervención en la campaña electoral,  por ejemplo, al requerir que los medios se apeguen a los estándares profesionales, o simplemente se enfoca en la documentación de si la cobertura de los medios fue justa y balanceada?

 

La respuesta a cada una de estas preguntas tiene un importante impacto en la metodología del monitoreo que se adopta.

 

La mayoría de las metodologías solían monitorear la cobertura mediática de las elecciones basadas en una técnica llamada análisis de contenido, la cual es una metodología esencialmente cuantitativa. Lo anterior significa, que se ocupa de algunos elementos informativos que puedan ser medidos y contabilizados. El análisis de contenido ha sido criticado por reducir la cobertura de los medios a lo que puede ser medido, dejando de lado aspectos importantes, tales como el tono y la comunicación no verbal y la visual. El criterio podría ser válido, ya que  muchas cosas que el análisis de contenido no puede hacer – simple y obviamente no puede revelar si la nueva cobertura fue precisa o imprecisa. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones que han llevado a cabo un monitoreo de los medios de comunicaciones en las usan el análisis de contenido, enfoque cuantitativo, al menos como una parte de su trabajo. 

 

Normalmente, el monitoreo cuantitativo de la cobertura mediática electoral se enfoca en la cantidad de tiempo designado a los partidos y candidatos. Esto, puede ser calificado como una evaluación de si es que la cobertura es favorable o no. A pesar de que estas medidas son cuantitativas, en esencia poseen valores cualitativos.

 

Algunas metodologías de monitoreo introducen otros tipos de medidas cuantitativas en un intento por evitar la dependencia hacia la evaluación de los monitores sobre si la cobertura es positiva o negativa. Por ejemplo, estos pueden contar las fuentes que usan los periodistas, designándoles distintas categorías políticas y sociales. Esta puede ser una medida de balance más objetiva. Además pueden clasificar artículos mediáticos por temas. Esto puede ser útil debido a que, en una campaña electoral los partidos políticos a menudo realizan sus campañas no sólo con distintas posiciones sino que con base en distintos asuntos. Por lo tanto, la selección de los temas de los medios puede ser un indicador sensible de sus simpatías políticas.    

 

Otro objetivo del monitoreo cuantitativo puede simplemente ser medir la cantidad, y tal vez el tiempo, de las propagandas potenciales o programas libres de acceso directo. Esto puede ser para asegurar que lo que se publica o se transmite esta conforme las leyes o reglamentos que rigen el acceso directo.

 

Cuando se reporta la información encontrada a través el monitoreo de los medios, la mayor atención va dirigida a la distribución de la cobertura a los partidos y candidatos (juntos con una evaluación de quien es favorecido o desfavorecido por dicha cobertura). Será esencial al momento de reportar la información encontrada distinguir con claridad, entre la asignación de tiempo a la cobertura de las noticias y entre la cobertura a otros recursos informáticos – propaganda pagada, libre acceso directo, artículos de opinión, etc.

 

Monitoreo y análisis a los medios de comunicación

 

Monitorear los productos de los medios de comunicación nunca contará la historia completa acerca de en qué medida están haciendo un trabajo profesional para mantener informado al electorado. El monitoreo se centra en lo que produce los medios de comunicación. Analizar únicamente el contenido de la cobertura de los medios de comunicación no responde a preguntas importantes sobre el entorno jurídico y político en el cual operan los medios de comunicación.

 

Monitorear a los medios - ya sea por los administradores electorales, las misiones de observadores u organizaciones no gubernamentales - debe ser siempre parte de un proceso más amplio de análisis mediático. De hecho, muchas conclusiones del monitoreo serán inexplicables sin o se ponen en contexto. ¿Quién es propietario de los diferentes medios de comunicación? ¿Qué leyes restringen las operaciones de los periodistas? ¿Ha habido ataques físicos en los medios de comunicación? Sin respuestas a estas y otras preguntas los resultados cualitativos y cuantitativos del monitoreo de los medios de comunicación carecerán de sentido.

 

El análisis del rol de los medios de comunicación en las elecciones debe tener en cuenta una serie de factores, que pueden agruparse bajo los siguientes enunciados:

 

• Entorno de los medios de comunicación: ¿A quién le pertenece los medios de comunicación? ¿Cuáles son sus tendencias políticas? ¿Cuál es la estructura de cualquier medio de comunicación público? ¿Cómo se financian los medios de comunicación? ¿Cuál es el público para los diferentes medios de comunicación?

 

• Ley mediática: ¿Cuál es el entorno legal en el que operan los medios de comunicación? ¿Existen restricciones generalizadas sobre la libertad de los medios de comunicación? ¿La ley relativa a los  medios de comunicación y las elecciones permiten que los medios de comunicación  informen de manera libre o existe una restricción para ellos? ¿Existen leyes restrictivas en el uso regular?

 

• Los estándares profesionales y las tradiciones: ¿Cuenta el país con una tradición de libertad para los medios de comunicación? ¿Existe una larga historia de periodismo profesional independiente? ¿Existe una regulación profesional de los medios de comunicación (por ejemplo, a través de un código de conducta y de procedimientos de autorregulación y de denuncias? ¿La mayoría de los periodistas han recibido formación profesional?

 

• Ataques a los medios de comunicación: ¿Se le autoriza a los periodistas a realizar su trabajo libremente? ¿Ha habido ataques a periodistas por agentes del Gobierno o por los integrantes de diferentes partidos políticos? ¿Los periodistas han sido detenidos y encarcelados?

 

• Controles informales sobre los medios de comunicación: ¿el gobierno o importantes figuras políticas ejercen control político informal sobre lo que aparece en algunos medios de comunicación? ¿Esto ocurrirá a través de sobornos, incentivos, amenazas, sanciones, autocensura o una combinación de todos éstos?

 

Métodos cuantitativos de monitoreo de los medios de comunicación

La metodología cuantitativa del monitoreo de los medios de comunicación es a menudo descrita como un análisis de contenido. Esta ha sido un acercamiento muy utilizado para, pero no universalmente aceptado, los estudios de los medios de comunicación durante más de medio siglo.

Las diversas críticas del análisis de contenido se reducen al  cargo común que acarrea la arbitraria imposición y rígidas categorías sobre textos que pueden, en realidad, ser abiertos a interpretaciones más sutiles. Por lo tanto, el análisis de contenido no tiene en cuenta como una audiencia comprenden un mensaje transmitido a través de los medios de comunicación. Simplemente lleva a cabo un análisis cuantitativo de dicho mensaje. El análisis cuantitativo implica la selección de elementos de contenido de los medios que pueden ser contados. En muchos ejemplos de análisis de contenido académico los indicadores seleccionados pueden ser palabras. Los investigadores medirán la frecuencia con que ciertas palabras o combinaciones de palabras, aparecen.

 

Sea cual sea la validez de las críticas del análisis de contenido, el hecho es que a menudo es utilizado en el monitoreo de los medios de comunicación en el contexto de las elecciones. El análisis se centra muy rara vez en la selección de palabras. Por el contrario, los supervisores  identificarán y contarán  una o varias de las siguientes variables:

• Frecuencia con la que los partidos o candidatos  se mencionan.
• Duración del tiempo asignado a los partidos o candidatos.
• Frecuencia con la que otras políticas o actores sociales se mencionan.
• Frecuencia o el tiempo dedicado a temas diferentes.

 

Existen una  serie de otras variables que los monitores  probablemente quieran identificar. Estos podrían incluir: el género de las fuentes citadas, la procedencia geográfica de la historia, el momento en que un tema es emitido, la posición de un elemento en un boletín de noticias y así sucesivamente.

 

Distintas metodologías  incorporarán diferentes indicadores. Sin embargo, las características comunes de cualquier  indicador bien elegido serán que sean confiables y válidos.

 

Fiabilidad significa que cualquiera que sea el método de monitoreo elegido, el resultado será el mismo. En otras palabras, habrá un sistema de clasificación científica que puede ser repetido en la mayoría de los casos. Por ejemplo, medir la cantidad de tiempo hablado por un candidato en particular  es confiable. Clasificar los temas de acuerdo con un conjunto predeterminado de códigos también es confiable, siempre que los monitores se capaciten en la forma de aplicar ese sistema de clasificación y por lo general- 95 veces de cada 100-  se obtendrá el mismo resultado.

 

Validez significa que los datos recogidos muestran en realidad lo que se supone que deben mostrar. Por ejemplo, un simple conteo de cuota de género de comunicadores  que citan los medios de comunicación es poco probable que sea una medida válida para identificar la tendencia de género. Se debe tener en cuenta muchos otros factores: las actitudes sociales generales hacia las mujeres, la distribución por género de candidaturas en los diferentes partidos políticos, y así sucesivamente. Del mismo modo, la cantidad de tiempo asignado a un candidato en particular no sería un indicador válido sobre el sesgo por parte de un medio de comunicación. (Otras consideraciones se deben tener en cuenta, como el contenido de la cobertura.)

 

Monitoreo cuantitativo - algunos de los posibles enfoques

La cobertura mediática cuantitativa de la elección es probable que se centre en el tiempo asignado a los diferentes partidos políticos o candidatos. Exactamente, cómo esto se calculará es un asunto de elección, con diversas ventajas o desventajas para los diferentes enfoques.

Muchas organizaciones europeas de monitoreo de los medios de comunicación incluyendo el Instituto Europeo de Medios de Comunicación, el Osservatorio di Pavia y MEMO98 - utilizan un enfoque que se basa en la frecuencia de mención de un número predeterminado de "temas políticos". Cada mención de estos temas dentro del período de monitoreo se registrarán por separado y la suma de  las veces de  los discurso directos repartidos serán registrados. Cada mención también suelen ser clasificada como positiva, negativa o neutral hacia el " tema".

 

Un enfoque ligeramente diferente es aquel que no cuenta con la frecuencia, sino que separa la difusión de boletines y publicaciones en "temas". Un tema normalmente corresponderá a una historia en un boletín de noticias o un periódico, o a una propaganda política. Todas las fuentes identificadas por el tema serán registradas, tanto por nombre como por categoría (como partido político). También se tendrá en cuenta la intervención directa. Todo el tema será evaluado para determinar si favorece y / o se opone a cualquier candidato o partido. La ventaja de este método es  que el contar el número de fuentes para cada tema y evaluar su diversidad da una medida objetiva del  profesionalismo en la cobertura de los medios de comunicación. La desventaja es que no se debe contar la frecuencia de menciones de un partido o candidato. Este tipo de metodologías son utilizadas por organizaciones como los Proyectos de Monitoreo de los Medios de Comunicación en Sudáfrica y Zimbabue, así como el ARTÍCULO 19, que  realiza el monitoreo de los medios en África y Europa oriental.

 

Cada una de estas metodologías tiene que abordar el problema común de cómo determinar si una mención de un tema político o toda una noticia (en función de la metodología exacta) está a favor o se opone a un candidato o partido. Algunas metodologías utilizan una escala de evaluación, en la que el monitoreo hace que el tema en alguna parte de una medida se de entre +2 (muy positiva) y -2 (muy negativa), pasando a través de medidas positivas, neutrales y negativas.

 

Es evidente que siempre va a existir un problema de confiabilidad. ¿Cómo será posible garantizar que los monitores apliquen la misma evaluación? Esto sólo se puede lograr a través de capacitación y práctica. Esto determinará el margen de error en la evaluación de los elementos en la escala.

 

Determinación de la cobertura positiva y negativa

Sin embargo, el problema fundamental es la manera de aplicar criterios objetivos. En primer lugar, es importante comprender que evaluar si un elemento o discurso de un determinado partido o candidato es positivo o negativo no es lo mismo que determinar si es parcial. La medición de la tendencia sólo se lleva a cabo  cuando es posible evaluar la totalidad de las medidas de la cobertura positivo o negativo.

 

Un enfoque eficaz es utilizar dos conjuntos de criterios para determinar si un artículo es positivo o negativo: contexto y contenido.

 

El primero de ellos, el contenido, se refiere a la forma en que el relato se enmarca. Por ejemplo, si una historia se trata de un político en los tribunales por cargos de fraude, el marco es claramente negativo. (Téngase en cuenta que esto no tiene nada que ver con la historia si es correcta o justa.) Si el político recibe el Premio Nobel de la Paz, el marco es positivo. Si el político se dirige a un mitin político, es más probable que el marco sea neutral.

 

El segundo criterio, el contenido, se refiere a los hechos declarados y al tono de la historia. Si el político acusado de fraude se pronuncia de una manera especialmente eficaz desde el banquillo, esto puede ser positivo (a pesar del marco negativo de la historia). Si el periodista dice que el político no merece recibir el Premio Nobel, esto es negativo, a pesar del marco positivo. De manera más común el marco y el contenido coinciden.

 

Si  el contexto y el contenido coinciden, entonces es evidente como se clasificará el artículo. Si el contexto y el contenido conllevan a conclusiones opuestas (uno positivo y otro negativo), entonces, se cancelará el uno al otro y el tema se clasificará como neutral. Si el contenido o el contexto son neutrales, mientras que el otro es positivo o negativo, entonces el segundo determinará la forma en que el tema es clasificado.

 

Otros métodos cuantitativos para la evaluación de la cobertura

En la segunda familia de las metodologías ya descritas, hay una serie de otros indicadores cuantitativos que se pueden utilizar:

• El número de fuentes es un indicador del profesionalismo periodístico. La distribución y el equilibrio de las fuentes pueden indicar la parcialidad política.
• El género de las fuentes puede ser un indicador útil si se interpreta con cuidado.
• La distribución geográfica de las historias pueden ser importantes en algunos casos.
• La selección de temas es probable que sea importante.

 

El último punto - la selección de temas- a menudo puede ser un indicador cuantitativo y útil de las inclinaciones políticas de los medios de comunicación. Los partidos políticos usualmente hacen campaña sobre temas distintos de los que realizan sus oponentes. La selección de historias cubiertas por los medios de comunicación a menudo  sugieren en qué medida suscriben la agenda política a un partido o a otro.

 

Las estadísticas sobre las fuentes dicen algo sobre el balance, pero no automáticamente sobre los sesgos. Una historia con una sola fuente es desequilibrada, pero no tiene por qué ser parcial. Si el gobernador del banco central anuncia un aumento en las tasas de interés, ninguna otra voz se necesita porque se trata de una  noticia. (Sería útil una buena práctica periodística que puede sugerir  comentarios de los partidos políticos y los expertos independientes.) Por otra parte, la cobertura de la violencia política que sólo cita una parte sería probablemente predispuesta.

 

Métodos cualitativo de monitoreo de los medios

 

El análisis cuantitativo por sí solo no explicará adecuadamente las fortalezas y debilidades de la cobertura de los medios. No es suficiente quejarse de que el partido mayoritario este recibiendo más cobertura de los medios que la oposición – podrían haber buenas razones para esto, por ejemplo en términos de apoyo público. Pero de igual manera, el simple hecho de contar el número de elementos podría ocultar el hecho de que la “cuota” para la cobertura de los partidos podría incluir artículos que los haga ver mal. Por ejemplo, en Sudáfrica antes de las elecciones de 1994 la estación transmisora del estado mantuvo su propio registro estadístico de la cobertura de los partidos, lo cual mostró que el Congreso Nacional Africano, en ese momento de la oposición, estaba recibiendo una cobertura extensa. Sin embargo, esta proporción incluyó mucha cobertura negativa, como el reporte del juicio  por secuestro de Winnie Mandela. Por lo tanto, las estadísticas al descubierto no dicen todo.

 

Los aspectos extremadamente importantes de la cobertura de una elección no son fácilmente susceptibles al monitoreo cuantitativo. Por ejemplo, el reporte de discursos de odio requerirá de un análisis textual exhaustivo del enfoque que usa el medio de comunicación.

 

De igual manera, los monitores analizarán el contenido del material de educación electoral para asegurar que ningún mensaje de un partido político se esté comunicando. A menudo ellos desearán comparar el trato de las mismas historias en diferentes idiomas. Usualmente hay una diferencia entre el contenido transmitido en una lengua universal – Inglés, Francés, Español o Portugués – y en lenguas autóctonas. Los primeros serán para consumo externo. Los radiodifusores y políticos a menudo asumen que ningún monitor independiente está prestando atención a lo que dicen en su propio idioma.

 

Una consideración muy importante es que tan preciso es el reporte de los medios. Los monitores de los medios medirán la parcialidad comparando el reporte de los medios con su propio entendimiento de los eventos derivados de una serie de fuentes. Una manera de hacer esto es a través del “monitoreo de la fuente”: los monitores mediáticos asisten a eventos importantes de interés periodístico, tal como un mitin político o una conferencia de prensa, para ver como se comprara la cobertura de los medios con su propia percepción. Internet les ha facilitado a los monitores la comparación de la cobertura doméstica con el reporte internacional sobre su país. Muy pocas veces ambos reportes tienen una relación entre sí.

 

Evaluar los mensajes implícitos contenidos en la cobertura mediática es importante, difícil y altamente polémico. Bajo este encabezado vienen todos los subtítulos de lenguaje y visualizaciones que comunican un mensaje entendido por la audiencia, pero algunas veces no de manera consciente. Esto puede mostrarse con más claridad en el uso de las palabras, ya sean impresas o transmitidas. Por ejemplo, los medios de comunicación pro-gubernamentales podrían hacer declarar al presidente algo, mientras que su oponente simplemente “alega”. El reportaje no tiene que ser incorrecto para ser una mala influencia para la percepción de la audiencia. Por ejemplo, en Sudáfrica, antes de las elecciones de 1994, los monitores se dieron cuenta que los reportes de la las manifestaciones de la ANC siempre mencionaban la cantidad de basura que dejaban los participantes. El mensaje fue que la ANC era problemática e irresponsable. Los artículos de noticias extranjeras pueden usarse para alentar una particular interpretación de noticias domésticas. En 1994 en Malawi, la cobertura de los partidos de la oposición por parte de la estación de transmisión estatal se realizó a la par con las noticias del genocidio de Ruanda. El mensaje subliminal fue que ponerle fin a la “estabilidad” que el unipartidismo había creado llevaría al derrame de sangre.    

 

La televisión tiene un complejo vocabulario visual. Figuras que son vistas como autoridades – tales como políticos titulares – deben ser retratadas de abajo para arriba, mientras que otros son filmados en un ángulo de frente o desde arriba. Las figuras con autoridad se dirigirán con frecuencia directamente a la cámara, mientras que otros se dirigirán a un entrevistador, a un lado de la cámara, que no se ve y por lo tanto no se dirigirán al televidente directamente. Los entrevistados ordinarios - como los miembros de la oposición, sindicalistas, y el público- serán a menudo entrevistados al aire libre. Los miembros del gobierno serán visitados en sus oficinas, usualmente revisando papeles y aparentemente comprometidos en alguna actividad urgente e importante. El fondo de oficina tiene a enfatizar la autoridad y la experiencia del entrevistado. Y así sucesivamente.

 

Incluso los gráficos y logotipos que acompañan la transmisión de una noticia puede comunicar un mensaje. El gráfico de la televisión en Sudáfrica para las negociaciones políticas en 1993 mostraba dos hombres blancos y un hombre negro. Esto, luego fue cambiado a un hombre blanco, una mujer de color de piel atezada y un hombre negro. Ninguno de estos reflejó la real composición de las negociaciones. Más descaradamente, en las elecciones del 2000 en Zimbabue, se realizó un programa de sucesos de actualidad durante el periodo de la campaña electoral que tuvo como su logotipo la torre que se encuentra en La Gran Ruina de Zimbabue – exactamente igual al símbolo del partido mayoritario.

 

Informar las conclusiones obtenidas del monitoreo de los medios

 

La manera en la que se dan a conocer las conclusiones del monitoreo de los medios es un aspecto crucial de la metodología del monitoreo de los medios, y la manera exacta en cómo se enfoque variará dependiendo del tipo de monitoreo realizado y de quien la conduce. 

 

Por ejemplo, las misiones de observación electoral internacional usualmente no reportan sus conclusiones, sino hasta que la elección haya terminado (o al menos hasta que la campaña este completada) con excepción tal vez de un reporte intermedio. Una Autoridad Electoral  o un organismo nacional no gubernamental es más probable que quieran reportar la información encontrada de manera regular – como una vez por semana, o incluso diariamente en las últimas etapas de una campaña electoral - . La razón es que su propósito en reportar es tener un impacto en la cobertura de los medios, ya sea como entidad reguladora o como grupo de presión.

 

Todos los informes, incluso los pequeños reportes semanales, necesitarán contar con ciertos elementos estándares, incluso si son muy breves en un reporte pequeño:

• Un  sumario de la información encontrada.
• Una descripción del proyecto y la metodología.
• Una presentación de la información y de la evidencia.
• Conclusiones y recomendaciones.

 

Los reportes más amplios tendrán que incluir información sobre el entorno global de los medios (incluyendo cualquier violación a la libertad de los medios).

 

Todos los reportes serios de monitoreo de los medios tendrán ciertos elementos comunes en su estilo y presentación. El lenguaje usado siempre debe ser neutral y políticamente no partidista. Las conclusiones y observaciones se presentarán clara y sustancialmente por medio de la información estadística y otras evidencias presentadas. Las limitaciones y posibles debilidades de la información pueden ser explicadas de igual manera.

 

La información podrá entenderse con más claridad si es presentada gráficamente, por ejemplo en gráficos de barras u otros gráficos. Sin embargo, se debe tener cuidado con esto. Los datos duros pueden ser mostrados como porcentajes para ayudar a los lectores a entender su importancia. Pero los porcentajes deben, de igual manera, mostrar la información absoluta en la que se basan. Lo anterior es tan fácil como escribir: “Hubo 100 por ciento más cobertura del partido A que del partido B” Pero tal vez hubieron sólo dos historias sobre un partido y otra sobre el otro.

 

Las recomendaciones también son importantes. Si el informe es reflexivo y cubre todo el periodo electoral, éstas apuntarán a los futuros cambios en las prácticas mediáticas y tal vez a las leyes y normas que rigen a los medios en los periodos electorales. Para los informes provisionales, las recomendaciones serán más específicas y enfocadas con la intención de alentar a los medios de comunicación a que sea más justo.

 

Distribución de los informes

 

En la mayoría de casos, hoy en día, es más fácil distribuir los informes regulares de monitoreo de los medios a través del correo electrónico. Pero al hacerlo no se debe ignorar las audiencias importantes que no pueden acceder fácilmente a este medio. A continuación se presenta  un listado de las posible audiencias para el reporte del monitoreo de los medios, las cuales variarán dependiendo de las circunstancias locales así como de la naturaleza del ejercicio de monitoreo. 

• Las corporaciones y/o consorcios de comunicación
• La Autoridad Electoral
• Partidos políticos
• Entidades Reguladoras de los Medios
• Organizaciones no gubernamentales relevantes
• Organismos de medios profesionales (tales como sindicatos de periodistas, consejo de medios voluntarios, etc.)
• Organizaciones cívicas y comunitarios
• Grupos y misiones de observadores y monitoreo
• Entidades diplomáticas y de donantes.

 

Cobertura de la campaña electoral

 

Esta sección del área temática de elecciones y medios de comunicación está dirigida principalmente a los periodistas y editores.

La discusión del área temática se centra en el tan importante papel que los medios de comunicación desempeñan en las elecciones democráticas, es decir, la responsabilidad política y social que poseen. Sin embargo, en el día a día los editores y periodistas  no se preocupan tanto por su rol en la sociedad; al contrario de la gran preocupación que les genera el dar las noticias  de una manera más rápida  e interesante que sus colegas. Este tema es bastante legítimo, ya que el hecho de ser los primeros y mejores en dar las noticias no es incompatible con la responsabilidad profesional. Efectivamente, la planificación y capacitación apropiada, combinados con estándares éticos, harán que se lleve a cabo una mejor cobertura electoral.

• Con frecuencia se evidencia  una escasez de capacitación en materia electoral en los informes periodísticos sobre elecciones. Este es un área que típicamente es ignorada en la currícula de  las instituciones que capacitan periodistas. Los editores necesitarán acercarse a otras instituciones  para asegurarse que sus periodistas reciban una capacitación correcta. Incluso estas instituciones de capacitación pueden colaborar con las entidades de gestión electoral para que  provean dicha capacitación.
• Los editores necesitan planificar la cobertura electoral. Las elecciones son historias masivas que requieren una reorganización a fondo de los recursos humanos y financieros. Mucho de lo que se necesita hacer para la cobertura electoral se puede prever antes de iniciar una campaña electoral.
• Los periodistas y editores necesitan mantenerse al tanto de los problemas éticos específicos que pueden presentarse en una elección. Idealmente, formularán un código voluntario de conducta para la cobertura de la elección, en consulta con otros actores electorales- en particular, la autoridad electoral y los partidos políticos.
• Los periodistas necesitan  entender  las estrategias de los medios de comunicación adoptados por los partidos políticos para comunicar sus mensajes. Deben asegurarse que no se vuelvan servidores involuntarios de las campañas mediáticas de los partidos políticos, así como de tener la capacidad para explicar al público el comportamiento de los partidos políticos.
• Un informe electoral bueno e innovador toma como punto de partida las necesidades de los electores. Esto, desde luego abarca la necesidad para informar  sobre lo que los partidos políticos y candidatos dicen, pero se debe centrar más en lo que quieren los electores- que es diferente de lo que los candidatos ofrecen. Este “informe de los electores” no es sólo socialmente responsable, sino más popular entre el público.

 

Capacitación a los periodistas para el reporte de las elecciones

 

Queda claro que los periodistas que tienen que informar de manera profesional a la sociedad sobre el desarrollo de las elecciones tienen que ser capacitados para el cumplimiento de dicha actividad. La necesidad es evidente pero con frecuencia no se satisface.

Fundamentalmente, los requerimientos profesionales para informar sobre elecciones no difieren enormemente de cualquier otro tipo de informe. En particular, los imperativos éticos de veracidad, imparcialidad, responsabilidad e integridad asumen gran importancia en la cobertura de las elecciones, pero esto debería estar en el cimiento de un método de trabajo periodístico en cualquier caso.

Sin embargo, existen otras áreas de conocimiento que los periodistas necesitarán si quieren informar eficazmente las elecciones. Estas incluyen:

• Entender el sistema político y electoral del país o la región.
• Entender el proceso electoral total.
• Familiarización con la ley electoral, especialmente si ésta afecta el informe de los medios de comunicación.
• Comprender el rol de los medios de comunicación en la cobertura de las elecciones,
• Conocimiento de la historia electoral del país.
• Conocimiento detallado de los mecanismos del registro electoral, delimitación de distritos, el voto, el escrutinio y cualquier otro tema relevante (tales como el uso  de la tecnología en el proceso de votación o el uso del voto postal, si son temas potenciales de controversia)
• Tipo de informe que es sumamente específico para las elecciones (tales como el informe sobre la encuesta a boca de urna)

Muchos de estos temas se pueden incluir en la currícula de una institución de capacitación periodística. Sin embargo, en la práctica rara vez se imparten dichos cursos. Algunos tipos de cobertura especializada, tales como el informe de una corte, se incluyen de manera rutinaria como parte de una capacitación básica para los periodistas (sin embargo, muchos periodistas nunca emplearán éstas habilidades). En la práctica la mayoría de los periodistas terminarán cubriendo las elecciones, pero muchos no están preparados para realizarlo.

Las consecuencias de esta escasez de conocimientos pueden ser serias. No sólo existe la probabilidad que los medios de comunicación informen erróneamente o de un modo inadecuado, sino que no podrán monitorear el proceso electoral y la participación de las autoridades electorales, para informar sobre cualquier deficiencia.

La frecuente escasez de capacitación en los periodistas es parte de un problema más general de acceso a la capacitación. Muchos países pobres no cuentan con establecimientos de capacitación periodística.

La escasez de capacitación de periodistas para cubrir las elecciones es con frecuencia  solucionada a través de cursos de capacitación ad hoc desarrollados por una amplia variedad de instituciones. Esto puede ocurrir en cualquier país, incluso en el país concerniente (con la ventaja que más periodistas puedan asistir) o en la institución que brinda la capacitación.

Hay un número de problemas potenciales que se deben superar cuando instituciones en el extranjero organizan capacitaciones:

• ¿Cómo puede ser relevante y específico a las condiciones del país afectado?
• ¿Cómo se puede lograr contactar suficientes periodistas para tener un impacto?
• ¿Cuándo los periodistas pueden ser capacitados para obtener los máximos beneficios sin interferir con sus actuales responsabilidades?

No existen respuestas simples a estas interrogantes. Sin embargo, pueden estar mejor dirigidas si la capacitación es organizada en consulta con los actores electorales más importantes: la autoridad electoral, reguladores de los medios de comunicación, propietarios de los medios de comunicación y entidades profesionales de periodismo, además del sindicato.

 

Planeación de la cobertura electoral

 

Todos los medios necesitarán planear su forma de cubrir una elección. Ya sea que la planeación implique el despliegue masivo de recursos o la habilidosa maximización de los materiales escasos, la cobertura electoral no trabajará debidamente sin una planeación previa.

Un buen plan de cobertura electoral tendrá que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• ¿Qué recursos están disponibles? ¿Existe un presupuesto especial para la cobertura electoral, o tendrá que ser sacado del presupuesto editorial normal? ¿Qué personal esta disponible? ¿Existe un presupuesto para contratar personal adicional o trabajadores independientes?
• ¿Cuál es el horario de la campaña? ¿Cuándo son los momentos cruciales y con cuanta anticipación será posible preparar la cobertura para ellos?
• ¿Cuáles son los problemas particulares en esta campaña y que tanto influenciarán la manera en la que un medio de comunicación en particular organiza su cobertura?
• ¿Que innovaciones en la cobertura mediática puede realizar la transmisora? ¿Cuáles serán las características distintivas de esta cobertura?

Las respuestas a estas preguntas diferirán enormemente dependiendo de si el medio de comunicación encargado es una cadena de televisión satelital internacional o si es un diario local. La escala de operaciones diferirá enormemente, pero los asuntos planeados serán esencialmente los mismos.

La siguiente lista resalta los asuntos que los editores deben solucionar antes del comienzo de una campaña electoral:

• Checar las fechas claves de los procesos electorales: registro, postulación, periodo de campaña, día de la votación, anuncio de los resultados, etc.
• Checar las normas y leyes que afectan la cobertura electoral.
• Establecer un presupuesto para la cobertura electoral.
• Identificar el equipo que cubrirá la elección – como los comentaristas o críticos políticos, reporteros especializados que se necesitarán para cubrir aspectos particulares de la campaña.
• Identificar al equipo a cargo de la cobertura electoral – editores en jefe que decidirán sobre cualquier asunto de gran importancia que surja en transcurso de la campaña. 
• Planear arreglos técnicos y operacionales.
• Reclutar personal adicional
• Contactar a gente extra que proporcionen recursos distintos, como expertos en elecciones quienes puedan dar consejos sobre los asuntos electorales.
• Contratar una compañía respetable para que realice encuestas de opinión.
• Revisar archivos de fotografías y videograbaciones.
• Realizar planes para emergencias.

Esta lista ha sido extraída del Manual de Reporte Electoral de la Federación Internacional de Periodistas. Lea el documento completo aquí.

Tan importante como los arreglos prácticos es pensar en como cubrir la elección. Encontrar nuevos ángulos es una manera de competir efectivamente con los medios de comunicación rivales y de realizar la elección de una manera fresca e interesante para la audiencia. En particular, los medios de comunicación deberían tratar de identificar lo que consideran temas cruciales de una campaña electoral. Una vez que la campaña comienza, los partidos políticos tratarán de establecer una agenda que se amolde a sus propios intereses. Los medios deben considerar cuales son los temas más importantes para los electores y tratar de ponderar estos sobre las agendas propias de los candidatos.  

Una manera efectiva de hacer esto es a través de los informes referidos a la “voz del elector”.

 

Cuestiones éticas y profesionales de los medios en las elecciones

La mayoría de las cuestiones éticas y profesionales que los periodistas deben afrontan cuando cubren las elecciones son variantes de lo que enfrentan diariamente en sus trabajos. Sin embargo, estos asuntos y dilemas pueden presentarse en formas particulares durante las elecciones.

Estos son algunos ejemplos de dichos dilemas profesionales:

• Interés Periodístico vs. Una cobertura balanceada: la cobertura de noticias es típicamente conducida por consideraciones de qué es distinto y, por lo tanto, de interés particular en un evento. Sin embargo, los electores requieren una presentación justa y balanceada del proceso electoral y de las agendas de los distintos partidos (lo cual pueden estar lejos de ser distintivo o interesante). ¿Cómo pueden los medios conciliar sus funciones de información periodística con su función de servicio público?
• Transparencia vs. La integridad del proceso electoral: Una de las razones por la cual los medios de comunicación juegan un papel esencial en las elecciones democráticas es que pueden someter el proceso electoral a escrutinio y exponer cualquier negligencia. Sin embargo, una apropiada administración de una elección depende igualmente de la seguridad y de la confidencialidad. El balance de estos dos elementos es un problema para los legisladores y aquellos responsables de delinear las normas electorales. Pero, igualmente, es un asunto práctico del día a día para los periodistas.
• Reporte de discursos de odio: La paradoja es que las campañas electorales son los momentos en los que los políticos pueden expresar posicionamientos extremistas y agresivos – con la oportunidad de que todo esto llega a grandes audiencias. De la misma manera, estos son los momentos en los que probablemente dichos posicionamientos tendrán un impacto negativo – pero también es el momento en el que las expresiones de las distintas visiones políticas son muy importantes. Las regulaciones e implicaciones legales de este dilema las resolverán los tomadores de decisiones y/o los creadores de las leyes. El reto para los periodistas es reportar el discurso de odio de manera precisa y que no provoque violencia o temor. 

El periodismo es a veces descrito como una profesión y muchos periodistas están orgullosos de ser considerados profesionales. Otros periodistas consideran su labor como un oficio en vez de una profesión como medicina o derecho. Sin embargo, cualquier que sea la conclusión sobre este punto, debe acordarse que la práctica del periodismo debe ser regulada por un código de conducta ético o profesional.

Los códigos de conducta pueden ser promulgados por asociaciones o sindicatos de periodistas, por casas mediáticas, individualmente o colectivamente, o por entidades reguladoras. Dichos códigos son más efectivos si son el resultado de un proceso colectivo en el que participan los periodistas y editores. 

• Precision.
• Imparcialidad.
• Honestidad y resistencia a la corrupción.
• Evitar el uso de lenguaje o sentimientos que promuevan la violencia o la discriminación.
• Corrección de los informes basados en hechos inexactos.

A menudo es una buena práctica el desarrollo de un código de conducta que cubra los problemas específicos de las elecciones. Estos pueden incluir:

• Reportar la información encontrada en las encuestas de opinión.
• Reportar los mítines políticos y otros eventos de campaña.
• Uso de las encuestas a boca de urna.
• Informar sobre el conteo.

Códigos de conducta para los medios de comunicación durante las elecciones

 

Muchos países cuentan con códigos de conducta para guiar (o regular) a los periodistas en su trabajo. Esto puede ser promulgado por un órgano profesional de periodistas o un sindicato, por las casas de los medios de comunicación o por autoridades reguladoras. También existen códigos de conducta internacionales que son adoptados por la Federación Internacional de Periodismo.

Los principios generales contenidos en estos códigos de ética tienen igual aplicabilidad durante los periodos electorales y forman las bases de los estándares profesionales que los periodistas y los editores deben aplicar todo el tiempo. Sin embargo, con frecuencia resulta útil  desarrollar un código de conducta específico para tratar, de una manera mejor detallada, los dilemas profesionales que puedan surgir durante las elecciones.

Los códigos de conducta para periodistas y editores son más efectivos cuando los mismos profesionales de los medios de comunicación están involucrados en su elaboración. Los estándares de los códigos de conducta son vistos como ayuda para el periodismo efectivo y no como restricciones. Algunas veces se realizados exclusivamente por los medios de comunicación, en otras ocasiones se pueden realizar en consulta con otros actores principales, que pueden ser la autoridad electoral y los partidos políticos.

Elementos de un código de conducta

Un código de conducta para informar las elecciones incluirá una mezcla de estándares éticos generales, aplicables en todas las circunstancias, y aquellos específicos a los periodos electorales. Esta es una posible lista de estándares, derivada de la propuesta de códigos de conducta de IDEA internacional (que se basa en muchos códigos existentes de varios países):

• El primer deber de un periodista es informar imparcialmente y con exactitud.
• Un periodista debe informar de acuerdo a los hechos del cual ella/él conozcan su origen. Un periodista no debe suprimir información esencial.
• Un periodista debe guardar el secreto profesional con respecto a la fuente de información obtenida en confidencia.
• Un periodista debe informar de una manera equilibrada. Si un candidato hace una declaración contra otro candidato, el periodista debe buscar comentarios de ambos lados donde le sea posible.
• Un periodista debe hacer todo lo posible  para corregir cualquier información publicada que pueda resultar perjudicialmente inexacta.
• En la medida de lo posible, un periodista debe informar las opiniones de los candidatos y de los partidos políticos de manera directa y con sus propias palabras, en vez de como es informado por otros.
• Un periodista debe evitar  frases o expresar sentimientos que pueden discriminar o promover la violencia en cualquier ámbito que incluyen raza, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, y orígenes nacionales o sociales.
• Cuando informen las opiniones de aquellos quienes apoyan la discriminación o violencia, un periodista debe hacer todo lo posible para expresar tales opiniones en un contexto claro y de informar las opiniones de aquellos que son atacados con dichas declaraciones.
• Un periodista no debe aceptar ningún tipo de incentivo de parte de un político o candidato.
• Un periodista no debe hacer ninguna promesa a un político acerca del contenido de un informe de noticias.
• Un periodista debe tener cuidado al informar las conclusiones del sondeo de opinión. Cualquier reporte debe incluir, en la medida de lo posible, la siguiente información:
1. Quién comisionó la encuesta y cuándo se llevó a cabo.
2. A cuántas personas se entrevistó, dónde y cómo se llevó a cabo la entrevista y cuál es el margen de error.
3. Cuál fue la redacción exacta de las preguntas.
• Un periodista debe considerar las siguientes palabras como ofensas profesionales graves:
1. Plagio
2. Interpretación maliciosa
3. Calumnia, difamación, o acusaciones sin fundamento.
4. El aceptar un soborno de cualquier forma a favor de cualquier publicación o represión.

Muchos de estos estándares son examinados detalladamente en páginas separadas.

 

Exactitud de la información de los medios de comunicación

 

Se puede ver como algo evidente que los periodistas deben informar de una manera precisa. Sin embargo, la gran cantidad de informes inexactos, particularmente perceptible en épocas electorales, sugiere que vale la pena revisar este punto.

El requerimiento de exactitud se entiende en muchos niveles distintos. Al nivel más simple significa que los periodistas informen los nombres de los candidatos de una manera exacta, que den números precisos para aquellos que participan en los eventos electorales, que informen lo que dicen los candidatos de manera exacta, etc.

Los periodistas tienen una amplia responsabilidad de colocar las palabras y eventos que informan en un contexto claro y preciso. Un reporte de noticias puede fácilmente sesgarse a favor o en contra de un candidato en particular, si el contexto de una afirmación no es dado de modo preciso. Muy a menudo esto requiere que el periodista o editor coloque el comentario de un candidato en su correcta relación con la posición declarada de otros candidatos.

Los medios de comunicación siempre competirán por obtener rápidamente la noticia o el relato. Sin embargo, existe la responsabilidad ética de no sólo ser rápido, sino preciso - o al menos lo más preciso posible de acuerdo a las circunstancias. Existen razones pragmáticas para esto, así como de principios. Los medios de comunicación y los periodistas que son descuidados con los hechos serán menos confiables y les será más difícil reunir información.

 

Imparcialidad

 

Una de las medidas de los buenos reportes mediáticos sobre las elecciones es su imparcialidad. El informar imparcialmente está estrechamente relacionado con el  tema de la precisión. Informar en forma precisa es una precondición de la imparcialidad, pero no es suficiente por sí misma.

La medida cuantitativa que los monitores de los medios de comunicación utilizan para evaluar la imparcialidad es el equilibrio. Los monitores observan la variedad de las fuentes que un periodista  utiliza en un artículo en particular, o que una publicación o emisora que transmite noticias, entretenimiento e información al público utiliza en un determinado periodo. A pesar de que esta medida no es infalible, normalmente sirve como un indicador confiable. La cobertura de las elecciones está plagada de problemas si sólo expresa la posición de un partido favorito o candidato sin informar las posiciones alternativas. Una noticia que incluye diferentes puntos de vista siempre será la más fuerte y balanceada.

Con frecuencia será difícil para los medios de comunicación establecer un balance en una noticia en particular, ya que, normalmente se asigna un periodista para que cubra la campaña de un partido político en particular y dicho periodista no tendrá la oportunidad  de buscar el comentario de otros partidos políticos. En ese caso, la responsabilidad recae a nivel editorial, ya que el editor en jefe debe asegurar que las diferentes posiciones de los partidos políticos sobre el mismo tema sean informadas, ya sea al recopilar artículos compuestas o llevar a cabo noticias paralelas que describen las distintas posiciones.

Uno de los elementos de la imparcialidad en la cobertura electorales es la separación del hecho y del comentario. Este se considera como uno de los principios fundamentales del periodismo profesional. Incluso se aplica desde los comentarios mediáticos, hasta el reporte de las campañas. En las elecciones esto será especialmente importante. Un medio de comunicación puede tener una posición política a favor de determinado partido político o candidato. Pero existe la obligación ética que la cobertura de las noticias debe ser objetiva, incluso cuando el informe preciso se pueda ver socavado ante la postura que la editorial ha tomado. Esta obligación ética recae en cada uno de los periodistas, así como en los editores y en los altos mandos de los medios de comunicación.

Finalmente, una medida importante de la imparcialidad de un periodista es que ellos no dirijan una oficina importante en cualquier partido político o movimiento. Los periodistas tienen derecho, como cualquier otro, a sus opiniones y lealtades políticas, pero la exposición de las creencias políticas individuales comprometerá la credibilidad del periodista como un analista imparcial del evento.

 

Responsabilidad

 

Los periodistas tienen varias obligaciones éticas, con la sociedad como un todo y con los distintos individuos con los que tiene contacto profesional. Una obligación obvia es la promesa que los periodistas hacen a las fuentes de información confidenciales de mantener su identidad en secreto. De igual manera, los periodistas se comprometen a usar métodos honestos y legales para recolectar las noticias. 

La idea de que los periodistas tengan una responsabilidad social tan amplia va más allá de la noción de que es sólo un trabajo, sino que es un ejercicio del derecho a la libertad de expresión – un derecho humano crucial que es esencial para el funcionamiento de la democracia. Otras obligaciones salen de esta responsabilidad social.

Por ejemplo, es crucial que el periodismo sea original y no derivativo. Muy a menudo observaciones inexactas se vuelven ampliamente diseminadas a través de la repetición. Esto es algo donde los medios de comunicación bien establecidos y respetables son a menudo tan culpables como los pequeños y de pocos recursos. Los periodistas a menudo usan recortes de archivo o recientemente Internet, y reproducen reclamos que no pueden corroborar.

Los buenos periodistas son responsables cuando reportan declaraciones perjudiciales contra individuos o grupos sociales, y dan a aquellos afectados la oportunidad de responder, creando un balance y un reportaje que no incentive al odio. Ellos están al tanto del potencial impacto de sus informes. El peor informe de odio de un medio puede causar protestas o violencia. La información inexacta puede cambiar el resultado de una elección. 

Los periodistas son honestos. Ellos no aceptan sobornos u otros incentivos a cambio de escribir algo favorable sobre un político u otro individuo prominente. Cuando se informa una elección, ellos cuidan la manera de aceptar, por ejemplo, ofertas de transporte por parte de los partidos políticos. Un buen periodista siempre dejará en claro que él o ella no se encuentran alineados a ningún partido político.

 

Consideraciones legales en el reporte de las elecciones

 

Un conocimiento riguroso de las leyes que rigen las elecciones es una condición previa de la planeación y el informe de las elecciones.

Los editores en jefe y altos ejecutivos involucrados en la planeación de la cobertura mediática electoral necesitarán saber cuáles son sus obligaciones legales. Por ejemplo, ¿están obligados o se les permite llevar a cabo una publicidad política en forma pagada o gratuita?; ¿cómo se pueden difundir los programas para que se acomoden a estos requerimientos?; ¿qué tarifas se pueden aplicar para publicidad?

¿Existe alguna ley o regulación que se relaciona al contenido de cualquier programa de acceso directo o cobertura de noticias? De ser así, ¿qué sistemas pueden colocar los medios de comunicación para que conozcan sus obligaciones?

¿Existen restricciones para informar en cualquier momento en particular durante la campaña o en el día de votación? ¿Qué acceso tendrán los periodistas en el conteo de votos  y si existe alguna restricción para informar los resultados?

Los editores responsables de la planificación necesitarán respuestas a todas estas preguntas y a otras más. En algunos casos – aquellos que involucren informar - los periodistas ordinarios necesitarán esta información también.

Sin embargo, existe otro sentido en el cual los periodistas necesitan familiarizarse con la ley en las elecciones. Si los periodistas están para informar de un manera precisa - y sobre todo si intentarán tomar en cuenta a las autoridades electorales - necesitan saber la manera exacta de cómo el sistema fue ideado. Si esto parece obvio, la realidad es que con frecuencia los reporteros no entienden el funcionamiento básico del sistema electoral. Son incapaces de analizar si la delimitación de las circunscripciones electorales se ha llevado a cabo cuidadosamente y de una manera justa, puesto que no están al tanto del criterio que se utiliza para delimitar los distritos. No saben si existe una seguridad adecuada para las ánforas o urnas de votación, porque no saben lo que la ley determina en este tema.

En gran medida estos temas se pueden afrontar a través de la capacitación. Un buen programa de capacitación, seguramente, cubrirá al menos los rudimentos de la ley electoral. Sin embargo, es poco probable que un solo taller de capacitación pueda responder todas las preguntas que surjan sobre las cuestiones legales. Los directivos de las editoriales necesitarán garantizar que el material de referencia este disponible para todos los periodistas - preferentemente en la forma de un manual personalizado sobre la ley electoral. La colaboración con la autoridad electoral para elaborar tal información será de interés para todas las personas interesadas.

 

Reporte de las encuestas de opinión

 

Si se utilizan de manera apropiada, las encuestas o sondeos de opinión pueden ser un método útil para determinar lo que los electores piensan acerca de temas electorales específicos, los partidos y candidatos. Los diarios y las cadenas de radio y televisión suelen realizar sus propias encuestas para obtener información sobre las preferencias de los electores. Una encuesta también puede ser una forma de averiguar lo que los electores piensan sobre cuestiones específicas, o sobre qué asuntos consideran que son los importantes. Puede ser que estos asuntos no sean los mismos que les parecen importantes a los políticos. Podría decirse que, las encuestas ayudan a mejorar las decisiones democráticas. Por ejemplo, en un sistema electoral de mayoría relativa pueden ayudar a quienes desean votar tácticamente para asegurar que determinado candidato no resulte triunfador.

El peligro con las encuestas de opinión es que pueden ser manipuladas de distintas formas: al seleccionar las preguntas, la muestra, el momento de aplicarlas, etcétera. Lo anterior, independiente al margen de error natural que comporta toda encuesta, que en una elección muy reñida puede ser mayor que la diferencia que separa a los partidos. Una encuesta bien diseñada y aplicada suele ser muy confiable. Se estima que una muestra de mil personas puede reflejar con cierta precisión las opiniones de más de 200 millones de adultos de los Estados Unidos. Pero sus limitaciones también deben ser claramente advertidas. Es por ello que los reportes mediáticos sobre los resultados de los sondeos exige los más altos estándares profesionales. También es por ello que se puede deducir que, los reportes sobre encuestas de opinión deben ser regulados por el organismo electoral para garantizar que no están comunicando falsedades de manera deliberada.

En el Reino Unido, la BBC cuenta con lineamientos internos con los que se le recuerda a su personal sobre la importancia de ubicar en su justa dimensión el significado de los resultados de las encuestas y enfatizar que sólo representan una muestra fotográfica de la opinión en un momento determinado. Se logra una mayor precisión si los medios informan sobre el resultado de todos los sondeos, en especial si después sacan un promedio de los resultados, minimizando así el impacto de encuestas "falseadas", que pueden ocurrir aún con las técnicas más profesionales de sondeo.

Una cobertura profesional de las encuestas de opinión implica plantear un conjunto de preguntas clave acerca de ellas, y ofrecerle al público las respuestas:

• ¿Quién la conduce? ¿Es una empresa reconocida e independiente?
• ¿Cuál fue el tamaño de la muestra (cuántas personas fueron entrevistadas)?
• ¿Cómo fueron seleccionadas?
• ¿Los resultados publicados se basan en las respuestas de todas las personas entrevistadas?
• ¿Cuándo se aplicó la encuesta?
• ¿Cuál es el margen de error?
• ¿Qué preguntas se hicieron, y cómo fueron formuladas? ¿En qué orden fueron presentadas?
• ¿Cómo se comparan los resultados de esta muestra con los de otras?

 

Reporte de las encuestas a boca de urna

 

Las encuestas a boca de urna se han convertido en un mecanismo extremadamente popular en la cobertura mediática de las elecciones.

Una encuesta de salida es realmente sólo una especie de encuesta de opinión (al compararse con los conteos rápidos, en los cuales se cuentan muestran de votos reales). Se les pregunta a los votantes por quién votaron cuando dejan el lugar de votación. Las encuestas a boca de urna bien conducidas tienen un gran nivel de precisión, pero muchas de ellas no son bien conducidas.

El informe sobre las encuestas a boca de urna debe estar sujeto a las mismas restricciones que el informe de las encuestas de opinión: quién condujo la encuesta, cuántas personas fueron encuestadas, en qué lugar, etc., etc. Sin embargo, hay consideraciones adicionales para informar sobre las encuestas a boca de urna. Estas están relacionadas a los dos propósitos principales por los que los medios están interesados en las encuestas a boca de urna:   

• Tratar de predecir el resultado real de una elección.
• Tratar de ver si las discrepancias entre las encuestas a boca de urna y los resultados reales indican fallas en el proceso electoral.

Desde que se ha empezado a informar sobre las encuestas a boca de urna, estas, generalmente, se llevan a cabo una vez la votación haya finalizado. Los “resultados” de las encuestas a boca de urna llenan los espacios en la cobertura de las noticias, mientras que los diarios y cadenas televisivas esperan a que llegue el resultado real. El uso de las encuestas a boca de urna es poco nocivo y apenas controversial.

Lo que se ha vuelto materia de controversia es informar sobre las encuestas a boca de urna antes de que la votación haya terminado. Este es particularmente un problema en países grandes que tienen distintos husos horarios. Han sido los informes en Internet y no los informes de los medios tradicionales los que han acrecentado esta controversia.

El país donde esto ha sido particularmente un problema es en los Estados Unidos, país que tiene muchos husos horarios y con un amplio acceso a Internet. El principal argumento contra el informe de las encuestas a boca de urna antes del final de la votación es que éstas pueden influir en la decisión de la gente que todavía no ha votado.

Por el contrario, los periodistas de Internet han argumentado que el detener el informe de las encuestas a boca de urna en este momento, es una restricción a la libertad de expresión. La élite política considera que todo lo que Internet está haciendo es colocar la información al alcance de una mayor audiencia. De igual manera, se discute también que la naturaleza de Internet requiere que un elector busque dicha información, en vez de oírla en la radio o verla en la televisión. Sin embargo, el desarrollo de noticias sindicadas alimenta el último argumento, mientras que una lista de correo electrónico sirve en vez de socavarlo.

Los periodistas tradicionales de la prensa escrita y los de los medios de emisión afirman que sólo porque han adquirido alguna información (como el resultado de una encuesta a boca de urna) no significa que la tengan que publicar. Algunas veces ellos pueden considerar que hay una obligación ética de no hacerlo. Esto es un debate que no tiene una resolución definitiva.

El uso de las encuestas a boca de urna como indicador de la negligencia electoral es problemática, aunque depende de la calidad de la metodología de las encuestas a boca de urna. En algunos casos, como en Ucrania en 2004, los informes de las encuestas a boca de urna dan una prueba prima facie para sostener la negligencia electoral. Por supuesto que estos alegatos debían ser sustentados con una investigación detallada a la conducción real de la elección. En otros casos, del que el referéndum de Venezuela en 2004 fue un buen ejemplo, la metodología de la encuesta fue tan dudosa que la información no creó dudas serias sobre el resultado real de la votación.

 

Informe sobre los discursos de odio

 

Uno de los desafíos profesionales más grandes para los periodistas que cubren una campaña electoral es cómo reportar o informar sobre las noticias que incluyen un lenguaje y sentimientos ofensivos y violentos, que fue utilizado durante una reunión política como parte de la cobertura de la campaña electoral. Desde el punto de vista del periodista, el desafió es cómo balancear dos obligaciones éticas potencialmente en conflicto: por un lado, informar de una manera veraz y, por el otro, no realizar informes que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa, nacional, de género o de otros ámbitos.

Sin embargo, en la práctica, a pesar de que se haga uso de prácticas profesionales de comunicación, el dilema puede ser más imaginario que real. De la misma manera que el periodista tiene la obligación de informar de manera precisa, también debe ser objetivo. La objetividad involucra citar diferentes opiniones u aquellas que sean opuestas. También implica plasmar las palabras de los políticos en un contexto preciso.

Algunas veces, informar de manera acertada noticias que involucren un lenguaje difamatorio o mal intencionado puede servir para socavar las intenciones de los políticos al utilizar dichas palabras. Con frecuencia los políticos extremistas se presentan al electorado como “moderados” que simplemente expresan sentimientos generalizados (acerca de inmigrantes, una minoría nacional, etc.). Al exponer las palabras que los políticos utilizan cuando se dirigen a sus partidarios en los mítines pueden socavar su amplia credibilidad. También será responsabilidad de los medios de comunicación documentar las consecuencias de tal discurso. Si los políticos abandonan un mitin e incitan a la violencia en contra de los oponentes o miembros de comunidades demonizadas. Este es un contexto vital que debe ser informado.

Incluso cuando éste no es el caso, equilibrar el discurso de odio a través de las voces de aquellos que han sido difamadas resulta un propósito positivo y útil. No sólo proporciona la oportunidad para que el contenido del discurso de odio sea impugnado, sino que al dar voz a aquellos que están siendo calumniados, se les humaniza – la deshumanización es el propósito inmediato de la mayoría de los discursos de odio – y crea la posibilidad de simpatía.

En términos más generales, la exactitud de los informes sobre los discursos de odio es una valiosa herramienta de prevención, que indica potenciales serios conflictos sociales o de violaciones de los derechos humanos que se podrían presentar. Uno de los argumentos más importantes en contra de la censura de la transmisión de los discursos de odio es que proporciona una oportunidad para abordar las causas de los prejuicios y el odio, en lugar de ponerlos de lado. Los medios de comunicación responsables desempeñan un papel fundamental en este sentido.

 

Reporte de la campaña electoral

 

La mayoría de los materiales de capacitación relacionados a la cobertura de las elecciones se enfoca, sin sorpresa alguna, en informar sobre la campaña electoral en sí. Esta es la parte más larga del proceso electoral, y en la cual se destinan los más grandes recursos de los medios, y en la cual los medios usualmente ejercen mayor influencia sobre el electorado.

A pesar de que el repote sobre la campaña electoral pueda ser visto como una extensión de las habilidades normales de un reportero o periodista, existen muchos aspectos que deben ser considerados de forma separada:

• Estrategias de comunicación de los partidos políticos: ¿Cómo los dirigentes de los partidos tratan de manipular la cobertura de los medios para que sus candidatos sean presentados de la mejor manera posible e influyan en los votantes para que voten por ellos?
• ¿Cómo los eventos políticos, tales como reuniones y mítines, pueden ser informados de tal manera que resulten interesante, informativos, justos y de valor noticioso?
• ¿Cómo pueden los periodistas enfrentar el problema de informar discursos de odio o difamatorios?
• ¿Cuáles son los temas profesionales y prácticos involucrados en el informe de los resultados de las encuestas de opinión?
• ¿Existen formas alternativas de informar sobre las elecciones a través de las cuales se reflejen más adecuadamente las preocupaciones y prioridades de los electorales comunes?

 

Estrategias mediática de los partidos políticos

 

Los periodistas necesitan entender las estrategias que usan los partidos políticos para comunicar sus mensajes a través de los medios. Esto es importante por dos razones, la primera para asegurar que no están siendo  manipulados, y la segunda para que puedan revelar y explicar estas estrategias a sus audiencias.

Actualmente se habla mucho sobre los “portavoces o asesores de la comunicación” de los partidos políticos o candidatos y otras armas mediáticas supuestamente innovadoras. Pero aunque las técnicas precisas puedan haber evolucionado en la era del teléfono celular y la computadora de mano, los enfoques que adoptan los partidos para las campañas electorales no han cambiado mucho a través de los años. Esto podría ser resumido como a continuación se describe:

• Establecer la agenda. Muy a menudo los partidos políticos o candidatos que compiten, contienden en territorios – intelectuales y físicos – escogidos por ellos mismos. Un partido puede pelear la elección tomando como tema, digamos, el manejo de la economía, mientras que otro podría hacerlo desde la perspectiva de  la seguridad nacional. El éxito de la estrategia de su campaña yace en qué tanto hacen que los medios hablen sobre el tema central de su campaña y del partido y eviten que se hable del tema que el rival maneja. Los periodistas necesitan estar atentos a estas intenciones y tratar de enfocarse en lo que ven como un asunto de genuina prioridad para los electores.  
• Usar noticias blandas para obtener votos. Esta táctica es tan antigua como la política. Los políticos estrechan manos, besan a bebés, toman una cerveza, juegan fútbol o cualquiera que sea una manera culturalmente apropiada de mostrar que ellos son, en su totalidad, miembros de la raza humana. Los electores saben que estas oportunidades de noticias blandas son creadas, sin embargo funcionan para darles a los políticos un rostro más humano. Mejor aún, ellos pasan mucho tiempo evitando asuntos que pueden ser potencialmente dañinos. Los periodistas enfrentan un dilema; ya que, éstas noticias no son propiamente noticias, pero se arriesgan a que sean la primicia de los medios rivales si no se encargan de ellas. Esta es una razón porque gran parte de la cobertura electoral es superficial y no informativa.
• Cambia el tema. Este asunto está relacionado a los dos anteriores. Cuando hay eventos que pueden perjudicar al candidato de un partido, ellos rápidamente buscaran cambiar el enfoque de los medios a otro tema: al besar bebés, destacando los defectos del otro partido o resaltando las promesas electorales; en general, pueden hacer cualquier cosa para evitar noticias negativas. Los partidos interesados están especialmente preparados para hacer esto, ya que pueden crear eventos oficiales o anuncios que crearán distracción.
• Mantener su nombre en las noticias. Pero a pesar del punto anterior, todos los directores de comunicación trabajan bajo el supuesto que no hay peor cosa como la mala publicidad. Hay un elemento de verdad en esta proposición durante las elecciones. Nadie nunca ha votado por un candidato del que no haya oído hablar. 
• Poner noticias negativas sobre la oposición. La actitud hacia las campañas políticas negativas varía enormemente dependiendo de la cultura política. Sin embargo, en muchos casos las agresiones frontales a un candidato rival son mucho menos efectivas que poner, inteligentemente, noticias negativas sobre un partido o candidato rival. Este es el arte de alimentar a los medios, y  consecuentemente a las masas, con noticias negativas, el cual se ha venido desarrollando velozmente a partir del surgimiento de los “portavoces o asesores de comunicación”. La responsabilidad del periodista, cuando se enfrenta a noticias negativas, es preguntarse: ¿Quién me está diciendo esto, y por qué? 

 

Reporte de los eventos políticos electorales

 

En la mayoría de los países y de las campañas electorales, la organización  de los eventos políticos sigue siendo una parte extremadamente importante de las estrategias mediáticas de los partidos políticos.

En muchos países, los mítines políticos son, por sí mismos, importantes. Para los candidatos los mítines son una forma para hablar directamente con los votantes. Existe un eco de los mítines, donde los candidatos rivales proponen sus propuestas, las debaten y cuestionan. Sin embargo, ante todo, el mitin político y cualquier otro evento dentro de la campaña electoral tienen dos fines:

• Mantener a los candidatos ante el público.
• Permitirles comunicar sus posiciones políticas sin ser cuestionados.

Los mítines políticos actuales pueden realizar otras cosas. Por ejemplo, el apoyo de las celebridades es un elemento importante para la campaña política. Los mítines políticos con frecuencia se utilizan para mostrar el apoyo de un cantante conocido, actor o personalidad de la televisión.

Todos estos objetivos requieren, en alguna medida, de la complicidad de los mismos medios de comunicación. Los candidatos están en el centro de la noticia sólo si los medios de comunicación informan los acontecimientos. Las posturas son sólo incuestionables si los medios de comunicación fracasan al citar otros puntos de vista alternativos. El apoyo de las celebridades son más efectivas, como generalmente lo son, si los medios de comunicación se centran en éstas (y continúan promocionando la canción de moda de las celebridades, película o programa de televisión).

Lo anterior, presenta un genuino dilema para los periodistas y editores. Los mítines son eventos grandes que son de interés periodístico. Por otro lado, el contenido de tales mítines usualmente son altamente previsibles y lo opuesto del interés periodístico. La mentalidad de las masas tiende a gobernar, siempre bajo el supuesto que otros medios de comunicación reportarán una situación determinada, y por ello todos los demás lo deben hacer.

Sin embargo, someter las declaraciones de políticos a un escrutinio crítico es una parte esencial del informe mediático electoral. Una simple repetición estenográfica de las declaraciones de los políticos no es un buen periodismo. Se necesita buscar un equilibrio a través de citar las reacciones sobre las declaraciones de los políticos y garantizar que los acontecimientos políticos de los diferentes partidos políticos y candidatos sean reportados de manera equitativa y adecuada.

Lo que los políticos dicen es parte importante y esencial de la manera en que un evento político electoral es informado a la audiencia. Pero no es lo único. Un buen informe sobre un mítin político u otro acontecimiento es probable que incluya los siguientes elementos:

• ¿Cuántas personas asisten al evento – la cantidad debe ser con base en la estimación del periodista, no del partido organizador, los oponentes o la policía?
• ¿Cuál fue la reacción de la audiencia ante los discursos, de la audiencia como un grupo y como individuos?
• ¿Cuál fue la reacción de los otros partidos políticos o candidatos?
• ¿Se suscitó algún percance en el mítin, tales como un intento de irrupción, abucheo a los oradores, violencia por parte de la audiencia, etc.?

 

Reporte de las opiniones de los electores

Tradicionalmente, las elecciones se informan de una manera controlada. Los medios de comunicación las transmiten, y quizá comentan algo sobre las elecciones, tal como los programas, las promesas y discursos electorales de los partidos políticos y candidatos informan a sus seguidores. El electorado consume los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y  hacen su elección política de acuerdo a la información que recibieron.

Un enfoque más constructivo es lo que se ha llamado el “reporte de las opiniones de los electores”. Se toma como punto de partida las preocupaciones que los votantes poseen con respecto a las elecciones, en vez de las promesas electorales de los políticos. Desde éste punto se pretende realizar dos cosas:

• Informar a los electores si los políticos están tomando en cuenta sus preocupaciones de manera efectiva.
• Informar a los políticos acerca de cuáles son las verdaderas preocupaciones de los electores.

El concepto de informar sobre las opiniones de los electores ha sido desarrollado por el  Instituto de las Políticas de los Medios de Comunicación y de la Sociedad Civil (IMPACS, por sus siglas en inglés). El IMPACS argumenta que los periodistas necesitan pensar como la gente y no como los políticos. Necesitan descubrir las inquietudes de los electores, que con frecuencia son preocupaciones locales y de no interés público; juzgadas bajo los criterios de la noticia tradicional. El IMPACS señala que es un trabajo difícil de realizar para los periodistas, que involucra salir y entrevistar a los electores; así como, asistir a las conferencias de prensa y mítines. Asimismo, requiere una investigación amplia sobre el tema.

Diseño y evaluación de políticas

 

Las relaciones con los medios de comunicación son una parte importante de la estrategia de comunicación de la autoridad electoral, pero no es la única parte.

El punto central es que  la autoridad electoral no trabaja aislada. Comunicar sus planes y decisiones es una parte esencial de lo que realiza una efectiva autoridad electoral. Es posible organizar el mejor proceso electoral en el mundo, pero de igual modo es necesario ser capaces de comunicarlo. Ahora bien, para ponerlo de una manera más precisa, si una autoridad electoral no puede comunicar entonces no podrá organizar el mejor proceso electoral del mundo.

La autoridad electoral trabaja en un ciclo constante. Una vez que un país ha iniciado una elección democrática de transición, sería un avance dentro del proceso continuo de una organización electoral: el legislativo (dos cámaras quizás), presidencial, regional y local, e incluso, en el caso de Europa, a nivel internacional. Puede haber plebiscitos o referendos. Puede haber votos sobre leyes particulares propuestas. La democracia en sus detalles prácticos es un trabajo duro y el trabajo no se detiene.

Las fases tradicionales de gestión de proyectos no se establecen con facilidad en una Autoridad Electoral. Será difícil separar la planeación, la instrumentación y la evaluación cuando la siguiente elección empiece casi antes de la que acaba de terminar. Sin embargo, la instrumentación y la evaluación son partes esenciales del proceso para organizar las elecciones. La comunicación es, sucesivamente, crucial para ambas.

Planificar los trabajos es mucho más efectivo si otros actores principales están involucrados. Un claro ejemplo relacionado a los medios de comunicación y elecciones, concierne al desarrollo de las regulaciones y los códigos de conducta. Esto marchará mejor cuando a todos los involucrados, particularmente en éste ejemplo los medios de comunicación y los partidos políticos, estén inmiscuidos en el proceso de planeación u otros asuntos de agenda. Es importante para ambos, los medios de comunicación y la autoridad electoral, entender las diferentes prioridades y fechas límites del otro.

La comunicación es de igual modo importante en la evaluación. Existe el peligro en la evaluación organizacional de que se centre sobre los indicadores de gestión en lugar del impacto. Esto es en parte porque es mucho más fácil de hacer. Existe una pequeña dificultad en el uso, por ejemplo, del número de comunicados de prensa emitidos por el departamento de comunicación de una Autoridad Electoral como un indicador de efectividad. El problema es que el número de comunicados por sí mismo sólo muestra lo que se ha publicado, no lo que se ha utilizado y entendido. Los indicadores de efectividad real son difíciles de desarrollar y requieren que se comuniquen y se consulten con los afectados. En este caso en particular, una encuesta a los medios de comunicación donde se pregunte a los interesados las maneras más efectivas para emitir los comunicados de prensa, sería una herramienta útil de evaluación. Monitorear los medios de comunicación para ver si utilizaron los materiales emitidos por la Autoridad Electoral puede incluso ser más efectivo.

 

Proceso de consulta

Organizar una elección implica un proceso constante de comunicación. Una de las formas de comunicación más útiles y efectiva es la consulta entre el órgano electoral y los otros actores principales.

Algunos de los actores principales en relación directa con el papel de los medios son:

• El organismo electoral.
• Los medios de comunicación, incluyendo tanto a los editores como a los gerentes y a los periodistas.
• Partidos políticos y candidatos.
• Organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas responsables de defender la libertad de prensa y el monitoreo de los productos de los medios de comunicación.
• Representantes de los electores, tales como una organización comunal.

 

A continuación se presentan dos ejemplos de cómo funciona la consulta con los actores principales en la práctica.

Antes de las elecciones parlamentarias de 2000 en Tanzania, el Consejo Mediático convocó a una reunión con los medios de comunicación, los periodistas, las ONGs con relaciones a los medios y la Comisión Nacional Electoral. Esta junta logró elaborar un Código de conducta para la cobertura mediática de las elecciones. El Consejo mediático y las ONGs, posteriormente, organizaron un proyecto de monitoreo de los medios, el cual ayudaría a determinar qué tanto los medios de comunicación estaban cumpliendo con el Código de conducta. Lo anterior se informó regularmente a lo largo de la campaña, antes de emitir un informe final posterior a las elecciones.

El reporte final fue publicado después de una nueva consulta, que involucraba a los mismos actores que la anterior; junto con los partidos políticos y los candidatos. Los resultados del monitoreo fueron ampliamente debatidos y también se evaluó el Código de conducta, apuntando las lecciones para futuros comicios.

Antes de las elecciones de Zimbabwe de 2002, el Proyecto de Monitoreo Mediático de Zimbabwe convocó a una consulta con actores principales, con el objetivo de desarrollar propuestas de un sistema de acceso directo a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos. Los medios de comunicaciones, los partidos políticos, el organismo electoral y las ONGs estuvieron invitados, junto con muchas organizaciones de la comunidad como asociaciones de residentes y uniones sindicales. A la reunión fueron muchos asistentes – pero desafortunadamente no estuvieron el organismo electoral o el partido en el poder. El PMMZ desarrolló un documento en donde se  ofrecía una serie de opciones de diferentes sistemas de acceso directo. Sin embargo, en este caso la ausencia del organismo electoral y de uno de los partidos políticos principales significó que la propuesta no pudiera ser adoptada.

Estudios de caso de Elecciones y Medios de comunicación

Bosnia: las operaciones del organismo regulador sobre la incitación al odio

Canadá: propaganda política pagada

Canadá prohíbe que los blogueros reporten los resultados de las elecciones

Gambia: la Comisión Electoral Independiente desarrolla un plan de comunicaciones

Italia: un organismo regulador existente

Rusia: procedimiento de quejas (1993)

Reino Unido: las operaciones del regulador de discursos de odio

Estados Unidos: ¿traer a los blogueros al orden?

Zimbabwe: ejemplo de una cobertura desbalanceada (2006)

Bosnia: las operaciones del organismo regulador sobre la incitación al odio

Las normas y reglamentos de la Comisión Electoral Provisional para las elecciones de 1998 requerían, sin ninguna ambigüedad:

"Los medios de comunicación y los periodistas no podrán utilizar lenguaje incendiario, inflamatorio o de incitación al odio o la violencia."¹

La Comisión de Expertos en Medios (MEC) estaba facultada para imponer sanciones "apropiadas" por reiteradas violaciones a esta disposición. Estaba también facultada a referir violaciones al organismo regulador de los medios de comunicación, la Comisión Independiente de Medios de Comunicación.

El MEC y sus Sub-Comisiones locales de Expertos de Medios de Comunicación trataron con un gran número de denuncias durante la campaña electoral, muchas de ellas relacionadas con el uso de lenguaje ofensivo o agresivo. El remedio previsto en la mayoría de los casos era un requerimiento de que fuese difundida o publicada una respuesta, retracción o corrección. El informe del MEC sobre sus actividades sugiere que estas recomendaciones se cumplieron en gran medida.

Sin embargo, en la medida en que el MEC tuvo éxito en reducir al mínimo la incidencia de los discursos de odio en las elecciones de 1998, fue probablemente a causa de la fijación generalizada de normas antes de las elecciones. El hecho de que el MEC fue también visto como un defensor de la libertad de expresión de los periodistas ayudó en su credibilidad. La evaluación del propio MEC fue la siguiente:

"Más se esperaba de los periodistas y más se proporcionó a los periodistas. Consistentemente, los periodistas mostraron una mejor precisión en sus reportajes y una mayor moderación, especialmente en lo que respecta a reportajes difamatorios y calumniosos. Los reportajes en todos los medios de comunicación durante el período electoral mostraron una alta profesionalidad. Igualmente digno de mención, los periodistas reconocieron que el MEC aumentó el nivel de los estándares profesionales para los periodistas. El MEC también hizo progresos sustanciales en la documentación de violaciones de los derechos de los periodistas y en el establecimiento de esto como una prioridad importante para la acción futura en Bosnia y Herzegovina."²

 

 

 

¹ Provisional Electoral Commission, Rules and Regulations (Comisión Electoral Provisional, Normas y Reglamentos), artículo 9.35.a, en la Comisión de Expertos en Medios de Comunicaron, Informe Final: Medios de Comunicación en las Elecciones de 1998, 1998.

¹ Ibid., p.14

Canadá: propaganda política pagada

La Comisión de Radio-Televisión y de Telecomunicaciones ha concebido las siguientes reglas para asignar espacios de tiempo para propaganda política pagada:

• Hay un espacio de tiempo limitado a la venta – fijado en seis horas y media en 1990.
• Sólo los partidos propiamente registrados ante las autoridades electorales pueden comprar tiempo en radio y televisión.
• La CRTC (por sus siglas en inglés) convocará a una cita con los representantes de todos los partidos políticos para dividir el tiempo entre ellos. Si los representantes de los partidos no pueden llegar a un acuerdo, la CRTC hará la distribución de los espacios. En las elecciones generales de 1979 y 1980 la fórmula acordada por los representantes de los partidos consistía de tres componentes: la proporción de votos que cada partido recibió en la elección general anterior; el número de escaños que tenían en la Cámara de los Comunes a nivel nacional antes de su disolución; y el número de candidatos nominados en las elecciones anteriores, asignando un doble peso a los dos primeros factores. Este método permite flexibilidad entre elecciones, de tal manera que, por ejemplo, se pudiera usar una fórmula distinta en el caso que un nuevo partido presentara sus candidatos en cualquiera elección en particular.
• Una vez que todo el tiempo ha sido distribuido, cada partido puede comprar tanto espacio asignado como desee y puede usarlo como quiera. Sin embargo, debido a los límites impuestos en los gastos en elecciones generalmente ninguno de los partidos puede comprar todo el tiempo que se le asigno.^[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Howard R. Penniman y Austin Ranney, "La Regulación de la Propaganda Política Televisiva en Seis Democracias Seleccionadas ", Comité para el Estudio del Electorado Americano, citación

Canadá prohíbe que los blogueros reporten los resultados de las elecciones

La Suprema Corte de Canadá dictaminó, en enero de 2006, que los medios de comunicación no pueden reportar los resultados electorales, sino hasta que todos los centros de votación hayan sido cerrados. Los sitios de Internet, incluyendo los registros webs (blogs), están incluidos en la prohibición.

Mucho del debate sobre la regulación del Internet en las elecciones se centra en si éste puede ser considerado parte de los medios de comunicación, como se entiende convencionalmente. Muchos argumentan que el carácter descentralizado de Internet lo hace cualitativamente diferente de los medios convencionales, como el periódico o la radiodifusión. También se argumenta que es más un debate que una emisión – que es la postura adoptada por el creciente número de blogueros políticos. Sin embargo, para las elecciones generales de 2006, la Suprema Corte de Canadá asumió la postura contraria.

El problema del reporte de los resultados es particularmente grave en países como Canadá, que abarca varios husos horarios. Los centros de votación del Oeste siguen abiertos mientras que el conteo de votos en el Este ha sido completado.

En 2000, Paul Bryan, un bloguero de Columbia Británica, en la costa Oeste, violó deliberadamente la ley al publicar los resultados de la elección en su sitio web www.electionresultscanada.com. Lo anterior fue un delito, bajo la sección 329 del Acta de Elecciones de Canadá, la cual estipula:

“Ninguna persona puede transmitir el resultado o el supuesto resultado de la votación de un distrito electoral al público de otro distrito electoral, antes de que todos los centros de votación hayan sido cerrados, en el otro distrito electoral”

Bryan fue acusado y se le impuso la multa máxima de $25,000 dólares canadienses, lo que él respondió impugnando la constitucionalidad de la provisión, argumentando que estaba infringiendo la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. En febrero de 2003, la Corte Provincial de Columbia Británica dictaminó que aunque la sección 329 del Acta limitara la libertad de expresión, era una medida claramente justificable en una sociedad democrática y libre. Bryan fue, subsecuentemente, condenado por violación de la provisión y multado con $1,000 dólares canadienses.

En octubre de 2003, la Suprema Corte de Columbia Británica encontró que la sección 329, en efecto, infringía la Carta de Derechos y Libertades. Bryan fue absuelto en la apelación. Elecciones Canadá y el Fiscal General apelaron la decisión, pero las elecciones de 2004 fueron llevadas a cabo antes que el caso pudiese ser presentado en una audiencia. Elecciones Canadá no aplicó la sección 329 para mantener la aplicación uniforme del Acta en todo el país. Consecuentemente, los medios de comunicación dieron a conocer los resultados preliminares de las provincias del Este conforme eran anunciados.

En mayo de 2005, la Corte de Apelaciones de Columbia Británica dio marcha atrás a la decisión de la Suprema Corte y encontró que la sección 329 era constitucional. Sin embargo, la Suprema Corte de Canadá aceptó la apelación de Bryan, que para las elecciones de enero de 2006 aún no había sido llevada a la corte. En todo caso, como la sección 329 estaba nuevamente en vigor en Columbia Británica, Elecciones Canadá anunció que la provisión sería aplicada en todo el país.

Un grupo de organizaciones de medios de comunicación solicitó a la Suprema Corte que suspendiera la prohibición, con el recurso de Bryan aún pendiente, con el argumento que el impacto del reporte de los resultados sería mínimo y “no debería justificar la violación a la expresión de los resultados de, literalmente, varios millones de canadienses”. Sin embargo, la Suprema Corte declaró que la ley existente sería aplicada.

Las principales organizaciones de medios de comunicación tuvieron que acatar la ley. La mayoría de los blogueros también lo hicieron, pero al mismo tiempo señalaron los problemas potenciales:

“Redactar en los blogs el día de la elección se convertirá en un asunto espinoso. En estas elecciones, a diferencia de las pasadas, la sección 329 del Acta de Elecciones en Canadá será aplicada, lo que significa que colocar los resultados electorales antes de las 10:00 ET en blogs significará, efectivamente, ir en contra de la ley; ya que, lo que se publica en los blogs es considerado una transmisión para el “publico”.¹

Escribir un e-mail o enviar un mensaje por mensajería instantánea o hablar por teléfono sobre los resultados electorales está bien, ya que todos los anteriores no son transmisiones públicas.

Pero ¿qué sucede si una persona común y corriente comenta algo sobre los resultados electorales en su diario personal online y protege sus publicaciones, permitiendo que sólo sus amigos cercanos las puedan leer? ¿Qué tan amplia tiene que ser tu lista de amigos para que lo anteriormente descrito sea considerado una transmisión pública?

El último comentario subraya cómo las leyes realizadas para los medios de comunicación tradicional, no toman en cuenta las características específicas de los nuevos medios de comunicación. Otro de los aspectos peculiares de Internet es su carácter global. Los blogueros que se encuentra fuera del país – canadienses expatriados o estadounidenses – publicaron comentarios o resultados electorales.

 

 

 

¹ http://www.cbc.ca/canadavotes/analysiscommentary/blogreport.html, accessed 23 February 2006.]

Gambia: la Comisión Electoral Independiente desarrolla un plan de comunicaciones

A principios de 2004 la Comisión Electoral Independiente (CEI) de Gambia decidió que necesitaba desarrollar un plan de comunicaciones. De esta manera, identificó cinco razones centrales por las que un plan de comunicaciones era importante.

• La CEI poseía recursos limitados, tanto en comunicaciones como en todas sus actividades. Un plan de comunicaciones le permitiría enfocar los recursos, humanos y materiales, en las áreas de mayor importancia. También le ayudaría a ordenar sus recursos a través de la preparación de materiales a distribuir entre los medios de comunicación. En la medida de lo posible, la CEI podría ser proactiva en sus relaciones con los medios, en lugar de reaccionar ante sus solicitudes. Asimismo, le permitiría trabajar en la preparación de estos materiales en el tiempo que a la Comisión más le conviniera, en lugar de que se prepararan en el periodo más ocupado: justo antes de las elecciones.
• La planeación impone disciplina, lo cual ayudaría a la CEI a pensar claramente sobre sus objetivos, los mensajes que querría enviar y las diferentes audiencias que recibirían tales mensajes. A partir de allí podría determinar los medios más convenientes para transmitir esos mensajes.
• Un plan de comunicaciones permitiría a la CEI integrar todas sus actividades de comunicaciones – no sólo las relacionadas con los medios, sino las que tengan que ver con educación electoral, contacto con los partidos políticos, etc.
• La planeación de las comunicaciones puede garantizar que todo el personal y los comisionados comuniquen el mismo mensaje al exterior.
• Un plan de comunicación podría ayudar a la CEI a desarrollar un conjunto de herramientas técnicas y medidas que se pudieran usar en la relación con los medios.

 

La CEI ya había pasado por un proceso de planeación estratégica, lo que la colocó en una posición fortalecida desde dónde poder observar sus necesidades de comunicación. Se adhirió a la siguiente secuencia en el proceso de planeación, adaptando el material producido por la organización canadiense denominada Instituto para los Medios de comunicación, la Política y la Sociedad Civil (IMPSC):

• Análisis de la situación: antecedentes organizacionales.
• Análisis de la situación: ambiente externo.
• Objetivos de la CEI.
• Objetivos de comunicación.
• Audiencias meta.
• Mensajes claves.
• Estrategias.
• Tácticas.
• Momento oportuno.
• Cronogramas.
• Vocero.

 

La esencia de este enfoque es que buscaba las fortalezas y debilidades de la CEI, junto con sus objetivos de comunicación, antes de examinar un mensaje específico y una audiencia en particular. Sólo cuando todo esto hubiera sido establecido, la CEI decidiría sobre las técnicas específicas que podrían ser adoptadas.

Análisis de la situación: antecedentes organizacionales

En este punto la CEI enfrentó tres preguntas:

• ¿Cuál es la misión de la CEI?
• ¿Cómo se puede evaluar el éxito pasado de la CEI al llevar a cabo esta misión?
• ¿Qué indicadores se tienen sobre el desempeño?

 

La misión de la CEI era organizar elecciones libres y equitativas. El balance general fue extremadamente positivo de acuerdo a indicadores tales como la participación electoral, la reacción de los observadores internacionales y la reacción de los partidos políticos.

Análisis de la situación: ambiente externo

La CEI, posteriormente, intentó contestar las preguntas sobre cómo se le percibía fuera de la organización:

• ¿La CEI es percibida como efectiva y competente?
• ¿La CEI es percibida como un órgano confiable y seguro?
• ¿La CEI es percibida como un órgano independiente?
• ¿La CEI es percibida como accesible?
• ¿Alguien ha comunicado mensajes hostiles a la CEI?

 

La CEI trató de dar respuesta a dichas dudas desde los diferentes puntos de vista del público en general, los medios de comunicación y los partidos políticos. La conclusión fue que los votantes perciben a la CEI, en lo general, de una manera positiva y que la mayoría de las percepciones negativas devenían de los partidos políticos. La opinión de los medios de comunicación fue mixta.

Metas de organización y objetivos claves

El paso siguiente consistió en situar la cobertura mediática que la CEI buscaba dentro del marco de sus objetivos y metas generales. Esto identificó su meta principal como la de organizar elecciones libres y equitativas. También, existía un número de objetivos intermedios o pasos en el camino para logar la meta:

• Registro justo e integral.
• Nivelar el campo de juego para la campaña.
• Acceso a medios equitativo para todos los partidos políticos.
• Electores informados.
• Campañas pacíficas y tolerantes.
• Alta participación electoral.
• Secrecía del voto.
• Votación ordenada.
• Conteo transparente, exacto y creíble.
• Divulgación efectiva de los resultados.

 

Objetivos de la comunicación

Posteriormente, la CEI hizo frente a una serie de preguntas sobre cómo sus herramientas de comunicación podrían servir para realizar sus objetivos:

• ¿Qué pretende lograr la CEI a través de su campaña de comunicación?
• ¿Qué desea que la gente haga con la información que le proporciona?
• ¿Cómo mediría la CEI su éxito?

 

Audiencia meta

Luego la CEI evaluó la naturaleza de las audiencias de sus comunicaciones:

• ¿Cuál es la audiencia primaria de la campaña de comunicación? ¿Puede ser subdividida?
• ¿Existen audiencias secundarias de los mensajes de la CEI? Si es ese el caso, ¿quiénes?

 

A lo que concluyó que la audiencia primaria era todo el electorado, pero que podía ser subdividido entre votantes urbanos y rurales, a quienes habría necesidad de dirigirse de diferentes maneras; quizá con mensajes diferentes. También, deberían existir mensajes diferentes para las mujeres votantes y para los jóvenes o los primeros votantes.

Las audiencias secundarias incluían a los partidos políticos, los propios medios de comunicación (por ejemplo, en cuanto a las normas para presentar la información), los observadores internacionales y los gobiernos locales.

Mensajes claves

La planeación de la comunicación para las empresas comerciales, las organizaciones no gubernamentales o, incluso, los partidos políticos usualmente requiere del establecimiento rígido de prioridades en el mensaje. Sin embargo, para los organismos electorales existe una multiplicidad de mensajes, algunos de los cuales necesitan ser reiterados constantemente; mientras que otros son específicos para un periodo determinado del ciclo electoral. La CEI de Gambia identificó los siguientes mensajes como importantes:

• No vendas tu voto.
• Donde te registras es donde votas.
• Quiénes pueden votar.
• Las credenciales no están a la venta / no a los sobornos.
• El voto es secreto.
• No te registres más de una vez.
• Respeta el punto de vista de los demás.
• Alienta a las mujeres a votar.
• Cuándo votar.
• Dónde votar.
• Cómo votar.
• ¿Ya te registraste?
• Fecha límite para las nominaciones.
• Terminación de campaña.
• Ejerce tu derecho al voto.
• Resultados.

 

Estrategias

Para elaborar la mejor estrategia de comunicación de los mensajes anteriores a las audiencias a quienes estaban dirigidos los mensajes, la CEI llevó a cabo un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Para conocer las conclusiones, puedes consultar la tabla FODA. Se concluyó que la estrategia de comunicación debería ser proactiva, y para ello era necesario preparar mensajes claros con anticipación a que fueran usados, y así reducir el tiempo en que se le daba una respuesta a los medios.

La prioridad se le debería dar a la radio y medios convencionales, incluyendo comunicadores sociales en las áreas rurales; ya que son los medios que llegan a toda la población. La televisión y los periódicos, con una abrumadora audiencia urbana, poseían una prioridad menor.

Tácticas

Antes de determinar las técnicas precisas que usaría, la CEI consideró:

• ¿Cuál era el presupuesto destinado a comunicación?
• ¿Sería posible complementarlo?
• ¿Qué recursos de personal estarían disponibles?
• ¿Cuáles otras responsabilidades tenían que atender en el mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo podrían dedicar a la comunicación externa?

 

Las siguientes técnicas fueron identificadas como prioritarias:

• Preproducción de programas información para ser transmitidos a través de la radio (incluyendo mini-dramas). Esto podía ser preparado de antemano y ser usado de nuevo varias veces en el futuro.
• Un juego completo de información para los medios de comunicación. Estos serían preparados con anterioridad, distribuidos y actualizados antes de las elecciones. Esto minimizaría las consultas de los medios.
• El sitio web también aprovecharía los juegos de materiales preparados para los medios de comunicación, los códigos de conducta, los lineamientos, etc.
• Lista completa actualizada de los medios de comunicación.

 

Otras técnicas que también podrían ser utilizadas, aunque de baja prioridad, eran:

• Comunicados de prensa.
• Conferencias de prensa.
• Anuncios pagados en los periódicos.
• Columnas en los periódicos.
• Cartas, replicas y aclaraciones.
• Respuesta a consultas.

 

Momento oportuno

Posteriormente, la CEI desarrolló un calendario de fechas que determinarían cuándo un mensaje necesitaba ser comunicado. Esto no aplicaba únicamente para esa elección nacional, sino para el registro, elecciones intermedias y otros eventos.

Cronogramas

Después, la CEI reunió la información sobre el momento oportuno, los mensajes y las técnicas para crear un plan específico que indicara qué se necesitaba hacer, cuándo y por quién.

Vocero

Finalmente, la CEI consideró quién debería ser responsable de la comunicación con los medios. En ocasiones anteriores, el Jefe de la CEI había sido el vocero principal, y a menudo el único, de la Comisión. Esto parecía ser problemático y derivar en el retraso de las respuestas. Si bien el Jefe de la CEI continuó siendo el vocero principal, el contacto diario estuvo a cargo de personal dedicado a dicha actividad. Tanto el staff de comunicación como otros comisionados recibieron una capacitación en las técnicas de entrevistas utilizadas por los medios de comunicación.

Italia: un organismo regulador existente

El Parlamento italiano en 1993 aprobó una ley (No. 515) relativa a la "Disciplina en las campañas electorales para la elección de la Cámara de Diputados y el Senado de la República". Dicha ley regula el acceso de los candidatos a los medios de comunicación, creando procedimientos diferentes para los medios de comunicación públicos y privados.

 

Servicio público de radiodifusión

 

El organismo de radiodifusión pública, RAI, responde ante la Comisión Parlamentaria de Correos y Telecomunicaciones, que está compuesta de 20 miembros de cada Cámara del Parlamento. En 1994 la Comisión publicó las directrices para la RAI que garanticen "la igualdad de oportunidades para las presentaciones de todos los partidos y movimientos que participan en la campaña electoral". Se estableció un centro de observación que permitiera controlar todos los productos de la RAI durante el período de campaña. La comisión también ha formulado reglas para el acceso directo a emisiones de elecciones por los partidos en la RAI.

 

Medios de comunicación privados

Un organismo regulador conocido como el garante de la Radio, Televisión y Prensa fue creado por la ley de prensa italiana. Su mandato se extendió a la radio y a la televisión en 1990. El Garante es nombrado por el Presidente de la República (no ejecutivo), sobre la base de las recomendaciones parlamentarias. La ley No. 515 dio al Garante poderes adicionales en relación a las elecciones. En resumen estos son:

• Asegurar la igualdad de acceso de los partidos políticos a la prensa y las cadenas de radiodifusión privadas.
• Determinar las tarifas máximas y mínimas para la publicidad política.

 

Él o ella están obligados a emitir un reglamento que rija la cobertura electoral.

El Garante cuenta con la asistencia de comités regionales de Radio y Televisión. Una vez más, estos son organismos reguladores pre-existentes. Ellos desempeñan esencialmente una función de monitoreo, informando al Garante dónde se han cumplido las normas y la Ley n º 515.¹

 

 

 

 

 

 

 

¹ Gianpiero Gamaleri "Italy and the 1994 Elections: Media, Politics and the Concentration of Power" (“Italia y las Elecciones de 1994: Medios de Comunicación, Política y Concentración de Poder”), en Yasha Lange y Andrew Palmer (eds), Media and Elections: a Handbook (Medios de Comunicación y Elecciones: Manual), Instituto Europeo para los Medios de Comunicación, Dusseldorf, 1995. 

Rusia: procedimiento de quejas (1993)

La Cámara Judicial Rusa de Disputas de la Información se originó en una institución llamada el Tribunal de Arbitraje en Asuntos de Información, una organización ad hoc creada específicamente para las elecciones parlamentarias de 1993. El organismo temporal resultó razonablemente exitoso como un árbitro imparcial de las disputas durante un período controvertido. En consecuencia, se decidió reemplazarlo por un organismo permanente de quejas.

La Judicial Rusa de Disputas de la Información es un organismo independiente del Estado "bajo el mando del Presidente de la Federación Rusa". Sus funciones se llevan a cabo sin injerencia de ningún otro organismo. Un número de estas funciones se refieren al papel de los medios de comunicación en las elecciones, incluyendo:

• Ayudar a asegurar una cobertura no partidista y veraz de asuntos de interés público por parte de los medios de comunicación;
• Garantizar el principio de paridad en los medios de comunicación masivos;
• Ayudar a aplicar el principio de pluralismo político a través de noticias en radio y televisión, y en programas de entrevistas políticas;
• Emitir pautas para la corrección de errores en reportajes de los medios sobre asuntos de interés público.

 

La cláusula 8 de los reglamentos que dieron origen a la Cámara dispone que ella debe pronunciarse sobre "las disputas y otros casos que involucran a los medios masivos de comunicación”. Son "los principios universalmente aceptados y las normas del derecho internacional; así como, las obligaciones de la Federación Rusa prescritas en sus tratados internacionales" el fundamento jurídico para la solución de estas disputas, además de la legislación rusa y las normas de ética periodística.

A pesar de que el cuerpo se describe como una "Cámara Judicial", su jurisdicción está explícitamente separada de la de los tribunales ordinarios. Puede examinar cualquier asunto de su competencia "salvo los asuntos formalmente referidos a la jurisdicción de los tribunales de la Federación de Rusia". En la práctica, esto significa que una decisión de la Cámara puede ser apelada en un tribunal de justicia. Pero también significa que un demandante puede llevar su asunto a los tribunales en vez de a la Cámara —un derecho garantizado por la Constitución— o puede presentar separadamente un caso judicial después de que la Cámara haya visto la demanda.¹

 

 

 

 

 

¹ Viktor Monakhov, "Information Disputes Relating to Election Campaigning Via the Mass Media: The Experience of the Judicial Chamber in the 1999 Election Campaign” ("Disputas de Información Relacionadas con la Campaña Electoral a través de los Medios Masivos de Comunicación : la Experiencia de la Cámara Judicial en la Campaña Electoral de 1999), en IFES, The Media and the Presidential Elections in Russia 2000 (Los Medios de Comunicación y las Elecciones Presidenciales en Rusia de 2000), Human Rights Publishers, Moscú, 2000

Reino Unido: las operaciones del regulador de discursos de odio

En 1997 la Comisión de Normas de Radiodifusión en el Reino Unido - el organismo que analiza las denuncias contra los organismos de radiodifusión, incluyendo cuestiones electorales - recibió 76 quejas sobre emisiones electorales por parte del Partido Nacional Británico (BNP), un grupo de extrema derecha.

Las denuncias describían las emisiones como racistas y "susceptibles de fomentar el odio racial o la violencia, en parte debido a la naturaleza de los materiales ilustrativos utilizados en la versión de televisión, y la utilización de titulares sensacionalistas en los periódicos".

Las respuestas de los organismos de radiodifusión son una ilustración interesante de las dificultades que enfrentan los medios de comunicación cuando transmiten declaraciones extremistas. Los organismos de radiodifusión buscaron asesoramiento jurídico previo sobre si las emisiones constituían incitación a la violencia y les aseguraron que no. Las pautas voluntarias para las radiodifusoras sobre emisiones electorales de partidos (PEBs, por sus siglas en inglés) señalaban que el contenido de la emisión era un asunto de competencia del partido, que no asumía sería imparcial. La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés) indicó que las emisiones promovían un partido cuyas opiniones eran "consideradas ofensivas por muchos, pero no era la función del organismo de radiodifusión sustituir su opinión por la de los electores".

La radiodifusora independiente “London Weekend Television” dijo que había sido colocada en una posición injusta:

"Era inapropiado y poco razonable esperar o prever que los organismos de radiodifusión debiesen tomar lo que son, esencialmente, decisiones de política pública con respecto a la probidad de quienes tienen opiniones racistas, y a quienes les fueron otorgados PEBs. Más aún, el actual uso legítimo de PEBs por grupos de presión, de un solo tema, y con apoyo insignificante, propagando opiniones chocantes para muchos disminuye la estima con que los espectadores ven la ITV [Televisión Independiente]. Sin embargo, el reusarse a la transmisión de las emisiones del BNP no era una opción válida si la sociedad permite que el BNP funcione como un partido político."

Otro canal de televisión independiente, el Canal 5, había requerido que el BNP asegurase que ninguna imagen de una persona fuera mostrada sin su consentimiento para que fuera incluida en la emisión.

La Comisión elogió a los organismos de radiodifusión por actuar de manera responsable y no sostuvo las demandas. Llegó a la conclusión:

“Los requisitos de la democracia y los derechos de libertad de expresión, especialmente en un período electoral, indican que los PEBs no son programas en el sentido convencional del término. Es un elemento inevitable de una campaña electoral el que se emitan declaraciones que resulten ofensivas, así como que den origen a desacuerdos. La Comisión entiende plenamente la preocupación de aquellos que resultaron indignados o temerosos debido a la emisión, pero considera que en un período electoral el equilibrio de derechos se inclina a favor de la libertad de expresión. En última instancia, el electorado emite su opinión sobre la política del partido en las urnas.”

Estados Unidos: ¿traer a los blogueros al orden?

Las sucesivas elecciones presidenciales estadounidenses han sido aclamadas como una marca del advenimiento de la “elección vía Internet”. De hecho, las elecciones de 2004 fueron el escenario del arribo de un fenómeno que pocos habían escuchado cuatro años atrás: el blog.  Los blogs - una contracción de web logs¹ (en inglés) o diarios online – fueron considerados por muchos comentaristas como algo que había influido de manera considerable. Muchos de los más célebres blogueros fueron políticos republicanos, que se cree influyeron considerablemente en la reelección del republicano en el poder, George W. Bush.

Sin embargo, incluso antes de las elecciones de 2004, un juez de una corte distrital de los Estados Unidos pronunció que la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) debería aplicar la ley del financiamiento de campaña a las actividades por Internet. Empero, cuando en 2002 se aprobó el Acta de Reforma de la Campaña Bipartidista (BCRA – popularmente conocida como la Ley McCain-Feingold) la FEC decidió que el Internet debería estar exento de esta provisión. La ley McCain-Feingold tenía la intensión de confrontar los problemas que ocasionaba el “dinero suave” – gastos que son aparentemente ajenos a la campaña – y los “asuntos de anuncios falsos”, que aparentemente no están conectados con la campaña, pero que ayudan a impulsar a un candidato en particular.

El caso Shays contra la FEC fue presentado por los promotores de la BCRA,  Christopher Shays y Martin Meehan, ante la Cámara de Representantes. Por su parte, los senadores John McCain y Russell Feingold presentaron propuestas de amicus curiae apoyando a Shays y Meehan. Los congresistas argumentaban que las regulaciones de la Comisión sobre el Acta de Reforma de Campaña Bipartidista socavaban la ley y eran inconsistentes. Asimismo, Shays y Meehan argumentaban que como candidatos estaban obligados a buscar la reelección en una contienda electoral ilegalmente constituida. La Corte distrital falló a favor de Shays y Meehan, derribando 15 regulaciones de la FEC; decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte de apelaciones del Distrito de Columbia.

El BCRA definió “comunicaciones públicas” como: “cualquier […] forma de publicidad política pública en general”. La jueza Colleen Kollar-Kotelly, de la Corte distrital de Estados Unidos, fue particularmente crítica en la regulación de la FEC, al excluir de la siguiente definición al Internet:

“Permitir que tales gastos sean realizados sin regulación alguna, permitiría una evasión rampante de las leyes de financiamiento de campañas y fomentaría la corrupción o la aparición de la corrupción […] Permitir que una clase entera de comunicaciones políticas estén completamente desreguladas, independientemente del nivel de coordinación que exista entre los publicistas y el partido político o los candidatos federales; permitiría una evasión de las leyes de financiamiento de la campaña, lo que indebidamente comprometería los propósitos del Acta y crearía el potencial para un abuso grave”.

El problema reside en las “comunicaciones coordinadas”. En el contexto de Internet esto pude significar, por ejemplo, que el hipervínculo a la página web de un candidato constituya un elemento de coordinación.

La oposición a la decisión de la Corte, por parte de la comunidad bloguera, se centra en el argumento de que de alguna manera se requeriría que la FEC regulara el contenido de los blogs. Sin embargo, hasta ahora se ha asumido que los blogueros están exentos de la regulación, debido a una extensión de la “exención de la prensa”. Esto significa que al ser, en cierto sentido, periodistas son libres de expresar sus opiniones. En todo caso, podrían estar sujetos a la regulación en cuanto a la obligación de divulgar si recibieron dinero de algún comité de campaña o candidato. Lo anterior es relativamente sencillo, en principio, como es la probabilidad de que los anuncios políticos pagados en Internet tengan que declarar quién pagó por la propaganda, lo cual es una práctica con los espacios de radiodifusión.

Sin embargo, algunos aspectos de la regulación plantean grandes dificultades. Por ejemplo, el valor de un hipervínculo es muy difícil, sino es que imposible, de cuantificar. Si una corporación hace una contribución en especie a una campaña (ya que no está permitido que se haga en efectivo) las prácticas de la Comisión Electoral Federal, generalmente, han ido en el sentido de valuarlo con base en el dinero recaudado más que en los recursos erogados (el costo de gastos de envío, sobres o los honorarios de una secretaria). ¿Podría el mismo enfoque ser aplicado para los vínculos de Internet? Y si así fuera, ¿cómo sería cuantificado el beneficio para la campaña?

 

 

 

Zimbabwe: ejemplo de una cobertura desbalanceada (2006)

Zimbabwe provee un interesante estudio de caso sobre cobertura mediática de las elecciones, debido a que dicha cobertura ha sido extensamente monitoreada los últimos años. El Proyecto de Monitoreo Mediático de Zimbabwe (MMPZ), una organización no gubernamental, fue establecido en 1999 y ha monitoreado una serie de elecciones controversiales, iniciando con el referendo constitucional de 2000.

A pesar que varias elecciones subsecuentes estuvieron marcadas por una cobertura fuertemente desequilibrada en los medios de comunicación bajo el control gubernamental, el referendo de 2000 provee un ejemplo particularmente limpio debido a los estándares internacionales utilizados para distribuir los tiempos de transmisión. Cada propuesta – aceptación o rechazo de una nueva constitución auspiciada por el gobierno – debería haber recibido el mismo acceso directo a tiempo aire. La cobertura de noticias de parte de los medios bajo control gubernamental también debía haber informado sobre las posiciones de cada campaña de manera equitativa.

En 2000 la radiodifusión en Zimbabwe era un monopolio estatal. Tanto la televisión como la radio estaban bajo la dirección de la Corporación de Radiodifusión de Zimbabwe (ZBC, por sus siglas en inglés), que formalmente era una corporación pública independiente. El diario principal, el Heraldo, propiedad de la compañía Zimpapers, era notoriamente controlado por un fideicomiso público. En realidad, está bien documentado el que los editores eran contratados o despedidos por el Ministerio de Información. En 1999, el monopolio del que disfrutaban el Heraldo y su periódico hermano, La Crónica, por sobre los demás periódicos fue vulnerado debido al lanzamiento del Daily News, de propiedad privada, pues adquirió rápidamente una gran cantidad de lectores. También existían una serie de periódicos privados semanales de gran calidad con un número menor de lectores, predominantemente urbanos.

El análisis cuantitativo de la cobertura que realizaba la ZBC y Zimpapers – medios de comunicaciones que directa o indirectamente utilizaban fondos públicos – proveía pruebas fehacientes del abrumador sesgo a favor de la propuesta del “Sí”, la aceptación del proyecto de Constitución. Por ejemplo, los programas de televisión sobre asuntos actuales dedicaban 16.12 horas de cobertura a la campaña del “Sí” y sus argumentos; y en a la campaña en contra se le dedicaba solamente 1.33 horas (y 1.28 horas a la información en general). Hubieron 17 artículos de opinión o editoriales en el Heraldo a favor del "Sí" y ninguno sobre el "No". Los 38 artículos de opinión de Zimpapers eran a favor del “Sí”.

La metodología del MMPZ también hace especial énfasis en la importancia de las fuentes de información utilizadas por los medios de comunicación. A continuación se presenta el desglose (típico de los medios de control gubernamental) de las fuentes de la información en el periodo previo al referendo constitucional. Se refiere a dos de las estaciones de radio de la ZBC:

• Partido y gobierno en el poder: 53%
• Comisarios constitucionales: 18%
• Otras voces por el Sí: 18%
• Lectores: 6%
• Miembros del público: 4%
• Partidos políticos de oposición: 1%

 

Existen ejemplos de métodos puramente cuantitativos, los cuales evidencian el claro desequilibrio en las noticias de los medios de comunicación. Sin embargo, incluso el análisis cuantitativo requiere de mayores explicaciones. Por ejemplo, se puede tomar esta estadística sorprendente, en el mes anterior al referendo la televisión transmitió 139 anuncios de la campaña del “Sí” y sólo 14 de la campaña del “No”. Sin embargo, no son prueba definitiva de sesgo. Las cifras sólo pueden tener algún significado si las razones del desequilibrio son conocidas. A continuación se presentan algunas posibles explicaciones:

• La campaña por el No pudo haber decidido no publicar muchos anuncios por televisión.
• La campaña por el No pudo haber tenido poco dinero para gastar en anuncios.
• La ZBC pudo haber aplicado diferentes tarifas de anuncios para las dos campañas.
• La ZBC pudo haberse rehusado a aceptar los anuncios de la campaña por el No.

 

En la práctica, la primera de las explicaciones no era verdad. La segunda era verdad, pero irrelevante – no era la verdadera razón del porqué tan pocos anuncios de la campaña del No fueron transmitidos. El tercero de los factos podría haber sido verdad, pero no era relevante. (Es incierto que la Comisión Constitucional, aún haciendo campaña por el Sí, de hecho hubiera pagado por anuncios). La verdadera razón fue el cuarto factor: la negación de la ZBC de transmitir material de la campaña del No. La Asamblea Nacional Constitucional, el principal defensor de la campaña del No, obtuvo una orden de la Suprema Corte que requería que la ZBC transmitiera los anuncios publicitarios, pero la corporación se siguió rehusando a cumplir con tal actividad. De hecho, los programas de noticias de la ZBC ni siquiera reportaron el fallo de la Corte. La ZBC declaró que los materiales de la campaña del No estaban “desequilibrados” y de muy baja calidad técnica. (No existía un requisito de balance – ya que eran anuncios de campaña). Posteriormente, la ZBC publicó una declaración sobre que era legal prohibir materiales que presentaran “escenas pornográficas”. Nunca se presentó evidencia alguna sobre el supuesto “material pornográfico” de los anuncios de la ANC.

El punto metodológico es el siguiente: cualquier resultado cuantitativo sólo tiene sentido si se le provee un contexto y explicación. En otras palabras, se requiere no sólo el monitoreo mediático sino el análisis también.

Otro defecto de la cobertura de la ZBC no puede ser explicado en término cuantitativos. Por ejemplo, los radiodifusores y Zimpapers repetidamente reportaron el caso de un joven en Harare que se suponía había sido golpeado hasta la muerte por simpatizantes de la campaña por el No. Lo anterior se adujo como evidencia de las malas intenciones de los que hacían campaña en contra del proyecto de Constitución. Asimismo, fue claramente documentado (en un comunicado de la policía) que el hombre había muerto en un accidente de tráfico. La educación electoral es otra área en que los medios de comunicación controlados por el gobierno fallaron de acuerdo a los estándares del caso. Uno de las deficiencias más elementales fue que prácticamente no explicaron cuál sería el resultado del referendo. Se asumía que el voto sería vinculante – que si la campaña por el Sí ganaba, la nueva Constitución se convertiría automáticamente en ley. Pero ese no era el caso. El efecto del voto positivo simplemente habría sido que el proyecto de Constitución de Zimbabwe habría sido llevado ante el Parlamento para su votación.

Sin embargo, existió una falla aún mayor en los materiales de “educación electoral” realizados por la Comisión Constitucional. En un material hecho con animación supuestamente se le decía los electores cómo debían llenar la papeleta, se mostraba el recuadro junto al Sí siendo marcado con una palomita. Lo que fue una flagrante violación a los principios de que los materiales de educación electoral deben ser imparciales. Pero pareciera que la campaña por el No ganaría al final, pues se requería que los electores llenaran el cuadrito con una tache y una palomita habría sido considerado como un voto inválido.

Empero, existe una cierta ironía en todo esto. Cuando los votos fueron emitidos el 12 y 13 de febrero de 2000, los votantes rechazaron el proyecto de Constitución por una amplia mayoría. El MMPZ, en su reporte sobre el referendo, hizo hincapié en la propia ironía y especuló respecto del efecto de la cobertura mediática. Quizá los electores ignoraron el sesgo de los medios o quizá lo rechazaron y votaron en contra del proyecto. Probablemente, redujo el tamaño de la victoria de la campaña por el No o quizá fue irrelevante para que los electores tomaran una decisión. El MMPZ aceptó que su metodología de monitoreo no proporcionó fundamentos para alcanzar cualquiera de estas conclusiones. La pregunta simplemente quedó abierta. Por lo que el MMPZ cerró con una conclusión más modesta, que el proyecto de Constitución por el cual la gente votó no fue ampliamente distribuido: “Así, en la medida que la gente votó sobre el proyecto y no de acuerdo con cualquier otro factor, lo habrían hecho sobre la base de la información de los medios. Dicha información fue, lamentablemente, inexacta y parcial.”¹

 

 

 

¹ Media Monitoring Project Zimbabwe, A Question of Balance: The Zimbabwean Media and the Constitutional Referendum, Harare, 2000.

Colaboradores para Elecciones y Medios de comunicación

El área temática sobre  medios de comunicación y elecciones se colocó por primera vez  en la página web de ACE en el 2001. El escritor  principal de dicha área temática fue Richard Carver de Oxford Media Research Limited, y estuvo supervisado por IFES.

IDEA Internacional dirigió la revisión del área temática  sobre  medios de comunicación y elecciones para esta versión actual de ACE. Richard Carver fue de nuevo el escritor principal, laborando bajo la supervisión de Virginia Beramendi Heine. Linda Ederberg y Maiko Shimizu de IDEA brindaron un servicio de corrección de estilo y de administración y, además, cargaron el material en la página web.