La integridad electoral involucra un conjunto de estándares basados en los principios democráticos y en un sistema legal e institucional que fomente y respalde las elecciones justas y equitativas. Estos sistemas necesitan ser adaptados al contexto político y social de cada país, pero los objetivos principales son los mismos y provienen de la necesidad de asegurar unas elecciones justas y libres. Los principios guía esenciales para mantener la integridad electoral son:
- Respeto de los principios de la democracia electoral.
- Conducta ética.
- Exactitud.
- Protecciones institucionales (un sistema de pesos y contrapesos)
- Supervisión y aplicación, y
- Transparencia.
Respeto de las principios de la democracia electoral
Bajo los principios de la democracia electoral, todos los ciudadanos tienen igualdad de derecho para participar como electores y candidatos; todos los ciudadanos deben tener igualdad al voto; el secreto al voto debe estar asegurado, los electores deben tener acceso a la información política; la legislación debe estipular una administración electoral justa y no partidaria; y las elecciones se deben llevar a cabo regularmente y decididas por la libre votación de la mayoría.
Estos principios garantizan elecciones libres y justas como una condición esencial de la integridad electoral. Una elección libre depende de la libertad de discurso, reunión, asociación y movimiento, y de no tener miedo. Una elección justa depende de la transparencia del proceso electoral, equidad en la legislación y sistema electoral, igualdad de oportunidades para todos los participantes, una comisión electoral independiente e imparcial, falta de intimidación, procedimientos correctos, y la aceptación de los resultados electorales.1
La integridad electoral depende de un compromiso a cumplir con el sistema democrático de gobernabilidad y al estado de derecho; canales de participación y de reclamo; una apertura al cambio cuando sea necesario; una aprobación de los resultados oficiales de una elección libre y justa. El sistema protege los principios de la democracia electoral y las elecciones libres y justas, a través de su marco legal e institucional.
Conducta ética
La integridad electoral depende de la conducta ética de los funcionarios electorales, delegados electorales, candidatos, partidos políticos y todos los participantes en el proceso electoral. Implica que todos los participantes se deben comporta de tal forma que fomente el proceso libre y justo, y que desaliente la conducta que pone en peligro la integridad del proceso. Para lograr esto, todos los participantes deben llevar a cabo sus responsabilidades o funciones de una manera profesional, transparente e imparcial. Esto significa que los funcionarios públicos (incluyendo a los funcionarios electorales) no deben utilizar su posición para beneficios personales o partidarios. Esto quiere decir que los candidatos y partidos políticos no deben abusar de las contribuciones de campaña y, de igual modo, quiere decir que los miembros pertenecientes a un grupo de presión o lobby no deben utilizar dinero u otro incentivo para la influencia incorrecta de un administrador electoral u oficial público, y debe poner en evidencia su financiación y gastos como lo requiere la ley.
La conducta ética también depende del respeto de los derechos políticos y actividades de otros, de la aceptación de los ciudadanos y los administradores electorales que todos tienen derecho a debatir temas políticos libremente y promover diferentes puntos de vista políticos; y un entendimiento que nadie tiene el derecho de interferir en los intentos de los partidos políticos por difundir su mensaje o con actividades políticas de otros ciudadanos.
Exactitud
Generalmente se piensa que los problemas de integridad son el resultado de la deshonestidad o practicas fraudulentas, pero también pueden ser la consecuencia del error humano o un error honesto. Es fundamental para la administración electoral ser profesional y preciso. El trabajo descuidado o la inexactitud en el conteo de los votos t puede causar serias dudas sobre la integridad y poner en peligro la validez de una elección. El sistema de pesos y contrapesos diseñado para restringir el poder y garantizar la rendición de cuentas, puede también ayudar a identificar los errores. Aunque un intento deliberado de descarrilar el proceso o manipular los resultados de la elección sería tratado como un acto criminal, los problemas que resultan de los errores y de la inexactitud usualmente continúan un asunto administrativo o civil.
los problemas de integridad puede también originarse de la debilidad en la redacción de leyes o el diseño de sistemas. Por ejemplo, las leyes y regulaciones delegan a los funcionarios electorales algunas responsabilidades para administrar las elecciones. Provisiones mal redactadas otorga demasiada discreción a un funcionario que puede oportunidades para el abuso del poder. De la misma manera, un sistema de registro electoral mal diseñado puede permitir registros múltiples, realizado por personas deshonestas; o puede provocar impedimentos para el registro de amplios segmentos de la población elegible para votar. Leyes obsoletas pueden también causar problemas si no toman en cuenta la tecnología actual y no cubren el fraude por computadora.
La inexactitud en definición legal y marcos institucionales, así como la instrumentación y el cumplimiento de estos, pueden crear involuntariamente muchos problemas y fomentar el fraude deliberado.
Protecciones institucionales: sistema de pesos y contrapesos
Las protecciones institucionales basadas en el sistema de pesos y contrapesos son ampliamente usados hoy en día para proteger la integridad y mantener las elecciones libres y justas. Para ser efectivo, las protecciones institucionales deben ser parte de un marco legal e institucional; que garanticen que las autoridades diversas inherentes al proceso electoral están divididas entre diferentes entidades, que proveen un contrapeso a la administración electoral. La división de poderes da a los partidos políticos, sociedad civil y los medios de comunicación una función en la supervisión de elecciones y la presentación de informes públicos.
La separación y limitación de poderes usualmente están especificadas en el marco legal.
Por ejemplo, las provisiones legales pueden separar la administración y la aplicación de la ley. También pueden separar los poderes de las autoridades procesales y cortes que emiten resoluciones. El poder asociado con la responsabilidad de vigilancia puede ser delegado a una división del departamento general de inspección o a una corte electoral. Estas protecciones pueden también delegar autoridades que se encarguen de la aplicación de la ley electoral, a través el sistema judicial. Las regulaciones administrativas deben especificar claramente la delegación y limitación de las autoridades para cada división y la posición del personal dentro del sistema electoral.
Esto garantizará que las organizaciones electorales están concientes del alcance de su autoridad y que sepan que existe sistema que está en la posición de que hacer que los funcionarios no excedan sus responsabilidades.
Cuando existe una división de poderes electorales entre muchas entidades, es importante
desarrollar una buena coordinación de manera que las organizaciones trabajen juntas sin duplicar el esfuerzo o desarrollar enfoques contradictorios. También es importante asegurar que el público, políticos y partidos sean informados acerca de las funciones y responsabilidades de cada agencia, para evitar confusiones y malentendidos.
En Nueva Zelanda, por ejemplo, diferentes instituciones desarrollan y son responsables de tareas electorales específicas. . El Jefe de elecciones, un empleado del Ministerio de Justicia, es responsable para llevar a cabo las elecciones. El Centro de Registro Electoral (parte de la oficina de correos de Nueva Zelanda) se encarga del registro electoral y del mantenimiento de la lista de electores. La Comisión Electoral es una entidad independiente encargada de registrar a los partidos políticos y sus logotipos, informan al público acerca de los asuntos electorales, distribuye el financiamiento público para la difusión de campañas y reciben informes sobre el financiamiento de campañas. La policía se responsabiliza en investigar las infracciones a la ley electoral y procesar a los delincuentes. La Comisión de Representación es una entidad independiente que determina los distritos electorales. Un comité parlamentario analiza la administración electoral y recomienda las enmiendas a la legislación electoral.2
En los países que están en transición o donde no existe un sistema judicial confiable, la única forma de contrarrestar la influencia de instituciones existentes pueda ser por el establecimiento de una comisión electoral, con poderes muy diversos; semejante a la Comisión Electoral Australiana.3
El sistema electoral mexicano, el cual fue sometido a una serie de reformas entre 1990 y 1996, es un buen ejemplo de reforma electoral efectiva que utiliza la separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. Para restringir el poder de los administradores electorales, los reformadores establecieron un esquema de limitaciones institucionales concatenadas. Entre otras cosas, redactan una nueva legislación electoral, El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Otra de las reformas importantes fue que la administración de las elecciones ya no estaba en manos del Ministerio del Interior y establecieron una entidad de administración electoral permanente, no partidista y autónoma, el Instituto Electoral Federal (IFE). Establecieron un tribunal constitucional encargado específicamente en la contienda electoral. Elaboraron una lista de delintos electoral y de castigos severos; un fiscal especial es el responsable de hacer cumplir la ley.
Renovaron el registro electoraly emitieron documentos de identidad electoral de alta tecnología y de alta seguridad y establecieron un régimen de fiscalización de los partidos, permitiendo a los partidos políticos observar cada paso del proceso.4
Supervisión y aplicación
Para asegurar un proceso justo y libre, y hacer que los administradores y participantes rindieran cuentas, el marco legal e institucional debería proveer la supervisión y aplicación de las leyes electorales. La supervisión continúa del proceso, por mecanismos internos y externos, pueden localizar problemas en el sistema e identificar los grupos o individuos responsables.
La aplicación de las medidas legales y reguladoras es esencial para observar las acciones de los intereses personales y especiales, y para crear las condiciones para una elección libre y justa. La aplicación de la ley es un impedimento para aquellos que consideran el comportamiento ilegal y poco ético, y castigo para aquellos que han infringido la ley. Una atmósfera de impunidad y de falta de aplicación de la ley, fomente un clima de corrupción y de trabajo mediocre. En un clima como este, existe poco incentivo para los administradores electorales, los delegados electorales o los candidatos sigan las reglas o jueguen limpio.
La aplicación actual es una prioridad importante para sacar de raíz la corrupción del proceso electoral, trayendo a aquellos responsables de una justicia ágil y segura, y manteniendo un sentido de confianza en el sistema.
Transparencia
Por útlimo, un sistema con integridad es transparente. La transparencia hace que los sistemas institucionales y sus acciones-decisiones sean ampliamente accesibles y comprensibles. Es difícil mantener o justificar públicamente un sistema que permite abuso y corrupción. Los administradores y funcionarios electorales deben rendir cuentas de las decisiones de las decisiones que toman cuando administran las elecciones; los legisladores deben rendir cuentas por el contenido de las leyes que pasan y el nivel de fondos asignados a las elecciones, y los candidatos y los partidos políticos deben rendir cuentas por sus conducta y la de sus partidarios durante la campaña.
Los participantes deben tener acceso a toda la información de procedimiento para que puedan entender cómo funciona el proceso. La transparencia, junto con el escrutinio público que sigue, por lo general requiere de administradores y funcionarios electorales que cumplir con las normas y sean responsables de sus acciones.
Las consultas regulares entre las entidades tomadoras de decisiones, la autoridad electoral y los actores políticos pueden ayudar a construir una administración electoral transparente y un marco que sea aceptable para los participantes. La consulta es especialmente útil en los países que están en transición, en donde los procedimientos siguen aún en desarrollo y los candidatos tienen preocupaciones sobre la capacidad de la autoridad electoral y la entidad política para organizar y celebrar elecciones libres y justas.
La transparencia desarrolla la comprensión del proceso, de las dificultades encontradas y del por qué de ciertas decisiones de los administradores electorales y delegados electorales. La transparencia aumenta la credibilidad del proceso y la legitimidad de los resultados. Si el proceso electoral es libre y justo, preciso, transparente y supervisado, y si las leyes y reglamentos son aplicados, es difícil para los participantes y los electores no aceptar los resultados de las elecciones o la legitimidad de los representantes recién elegidos.
Notas
1 Para más información sobre las elecciones, libres y democráticas, vea Elklit, Jorgen y Palle Scensson, “ ¿qué hace a las elecciones libres y justas?” Revista de Democracia, 8(3), 1997; Beethman, David, “ Libre como la Fundación” Revista de Democracia, 15(4), 2004, Pág. 61-67; Unión interparlamentaria, Declaración sobre el criterio para unas Elecciones Justas y Libres, 1994; Comisión Europea para la Democracia a través de la ley ( Comisión de Venecia), Código de Buena Práctica en Asuntos Electorales: Pautas e Informe Explicativo, 2002.
2 Comisión Electoral de Nueva Zelanda, Todo lo que Necesita Saber sobre la Votación bajo la MMP, Wellington: Publicaciones GP, 1996.
3 Maley, Michael, Comisión Electoral Australiana, comunicación con Sue Nelson.
4 Schedler, Andreas, Burocracia que crea confianza: La Regulación Formal del Gobierno Electoral en México, Ciudad de México: FLACSO, 1999.
