Cualquier esfuerzo para hacer que la asistencia
electoral sea más efectiva debe abordar aspectos referentes al creciente uso de
la tecnología en los procesos electorales. El desarrollo acelerado de
aplicaciones útiles para propósitos de índole electoral en el campo de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación (ICT), y el interés que las mismas despiertan en los
organismos electorales de los países receptores de asistencia, son factores que
deben ser considerados por todas las instancias que brindan asistencia
electoral, así como por los expertos electorales en general.
Las ICT ya han cambiado dramáticamente la forma
en que son conducidas las elecciones en muchos países desarrollados, y debe de
aceptarse que este proceso seguirá su curso 
y tendrá un impacto paulatino en
las democracias emergentes, incluso en los países que emergen de un conflicto,
sin importar qué tan preparados estén para utilizar este tipo de aplicaciones.
En términos generales, las aplicaciones de las ITC en los procesos electorales
se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) comunicaciones,
telecomunicaciones, radio, televisión e Internet; b) equipos de cómputo y programas
(hardware y software, respectivamente), procesadores de texto/hojas de cálculo,
sistemas para administrar bases de datos; c) aparatos electrónicos/mecánicos
especializados, materiales e innovaciones no electrónicas.
En este contexto, la pregunta básica para todos
aquellos que están involucrados en la administración de elecciones y en la
asistencia en materia electoral ya no es si los avances tecnológicos son
admisibles en los procesos electorales, sino qué clase de tecnología es la
apropiada para un país determinado, de acuerdo a su nivel de infraestructura y
a su sistema electoral. El mayor reto es cómo asegurar una sustentabilidad
apropiada, la relación costo-beneficio y la transparencia, al utilizar
tecnología en elecciones que siguen a un conflicto y en democracias frágiles o
emergentes. Obviamente, no existe una misma solución que pueda aplicarse en
cualquier parte del mundo, sino que cada situación requiere de diferentes
soluciones. Como regla general, el grado de actualización de la tecnología en
el país receptor de la asistencia debe estar directamente relacionado no sólo con
sus capacidades, sino con la confianza e independencia de las que goza su
autoridad electoral, siendo estos parámetros los que determinarán si el público
acepta los cambios y, en consecuencia, tiene mayor confianza en el proceso
electoral.
Sin embargo, en el proceso de toma de
decisiones existen otros factores que influyen en la selección de nuevas
soluciones de ITC a instrumentar, y no siempre son sensatas. En ocasiones
existe una influencia excesiva a favor de una determinada solución tecnológica
respecto de otra, ello debido a los intereses de los vendedores o incluso de
las propias agencias de cooperación para el desarrollo que desean introducir
tecnologías similares a las que usan en sus propios países. Otras veces,
podrían ser los propios grupos políticos en el poder quienes visualizan al uso
de la tecnología como el mejor y más efectivo método para controlar los
procesos electorales. Los avances en la tecnología no deben ser temidos como factor
principal de cambio, aunque han creado nuevas oportunidades para grupos de
interés, tanto políticos como económicos. En este marco, las agencias de cooperación para el
desarrollo, los profesionales en el tema, los académicos y las instancias que
prestan asistencia electoral juegan un papel importante e influyente en la
selección de las tecnologías que se utilizarán en cada proceso electoral.
La tecnología puede dar credibilidad
al proceso electoral al mejorar su rapidez y eficiencia. La forma en que su
aplicación se relaciona con las obligaciones fundamentales de los órganos
administradores de elecciones, tales como legalidad, neutralidad,
transparencia, precisión y vocación de servicio, es menos claro. Al poner
demasiada atención a las aplicaciones tecnológicas, los órganos administradores
de elecciones pueden dejar de atender otros aspectos importantes, e incluso
pueden llegar a agotar sus propios presupuestos, o los recursos que otorgan las
agencias de cooperación para el desarrollo. Las agencias de cooperación para el
desarrollo se pueden ver condenadas a correr con los gastos de los defectos de
los sistemas tecnológicos, los diseños de baja calidad y de probar las
tecnologías, a fin de salvar lo que ya han invertido.
Se vuelve necesario capacitar al
personal para instrumentar sistemas tecnológicos sustentables, lo cual puede no
ser sencillo dependiendo de si se tienen plazos cortos. Adicionalmente, la
tecnología impactará en los votantes y posiblemente en la comunidad, en
términos de la percepción de la 
integridad del proceso electoral. Por ejemplo,
cuando las cajas para depositar los votos, elaboradas localmente con materiales
primarios, sean reemplazadas por máquinas de votación electrónica enviadas
desde otras ciudades.
En el área temática Elecciones y Tecnología de la Enciclopedia ACE,
así como en el Capítulo 3.7 de la Guía Metodológica sobre
Asistencia Electoral de la Comisión Europea[*] y en los capítulos 3
y 6 de la Guía del PNUD para la
Instrumentación de Asistencia Electoral[*] se pueden
encontrar referencias para la implementación de las actualizaciones
tecnológicas, incluyendo las mejores prácticas respecto a cuándo y cómo
introducirlas en un proceso electoral dado, así como la manera de evitar caer
en posibles engaños de los vendedores de estos insumos. Incluso el documento
del PNUD, antes referido, ofrece a las agencias de cooperación para el
desarrollo una amplia perspectiva respecto de cuáles cambios tecnológicos son
susceptibles de recibir apoyo en los países receptores de asistencia electoral.
Entender bien el ciclo electoral ayuda a identificar las circunstancias más
propicias para que la autoridad electoral de un país determinado emprenda la actualización
de su tecnología. Una consideración importante debe ser que estas
circunstancias pueden no corresponderse con los típicos compromisos financieros
planeados por las agencias para el desarrollo poco antes de una elección.
Las actualizaciones tecnológicas
efectivas no pueden ser instauradas si no hay una evaluación honesta del grado
de conocimientos en materia de tecnología de la información y de la
infraestructura existente en el país que recibe el apoyo. Ahora bien, temas
ampliamente debatidos, como la viabilidad y la sustentabilidad técnica y
financiera a largo plazo, pueden ser abordados mediante procedimientos de
licitación abiertos y transparentes (en que se incluyan pruebas piloto y de
validación), y con la solicitud, como parte del servicio, de métodos serios de
capacitación y de fortalecimiento
institucional.
No obstante, continua abierto un
fascinante debate respecto de si es apropiado introducir un nivel tecnológico
similar a las capacidades que presenta el país receptor del apoyo, o si bien
estas capacidades deben ser incrementadas con el propósito de introducir
actualizaciones tecnológicas que puedan ayudar a la nación en cuestión más allá
de las necesidades inmediatas del evento electoral en curso. Este debate es
particularmente acalorado en cuanto a los aspectos cruciales del proceso
electoral, como el registro de votantes, la organización de la elección y la
tabulación y suma de los votos. Aunque también hay áreas menos controversiales
como las comunicaciones y logística, la educación cívica y al votante, e
incluso la capacitación, donde la tecnología puede ser introducida de manera
más flexible como una herramienta que coadyuva a la efectividad y a la entrega
de resultados, sin que haya injerencia del Poder Legislativo.
Todas las consideraciones arriba
señaladas, respecto del uso correcto y adecuado de las aplicaciones
tecnológicas, se aplican de manera específica a un área de interés que crece
rápidamente y con implicaciones financieras significativas: la introducción de
características biométricas en segmentos específicos del proceso electoral: el
registro de votantes y la organización de elecciones. De manera más específica,
la noción de Sistema Automático de Identificación por Huella Digital (AFIS, por
sus siglas en inglés), es utilizado para hacer referencia a programas de
computación capaces de establecer la identidad de una persona a través de sus
huellas dactilares, mediante el uso de funciones biométricas. Recientemente, se
han incluido requerimientos de AFIS en varios procesos de registro de votantes,
y en algunos casos estos requerimientos se han incluido en las disposiciones
legales relativas al propio registro. De hecho, se ha incrementado
considerablemente el uso de los sistemas AFIS, como una solución para prácticas
como la suplantación de votantes y que personas voten en más de una ocasión.
Estos sistemas son especialmente populares en países que emergen de conflictos y
en democracias emergentes, cuyos mecanismos de identificación o registro civil son
muy limitados o existentes, como en la República Democrática
del Congo, Togo, República de Guinea, Angola, Nigeria, Mozambique y Pakistán.
Estando también a consideración en un considerable número de países en
desarrollo.
La dimensión socio-cultural es
uno de los aspectos que ha sido fuertemente ignorado hasta la fecha al
introducir aplicaciones tecnológicas. Frecuentemente, las grandes inversiones
en tecnología no están apoyadas por una atención adecuada a las actividades
dirigidas a la construcción de confianza, cuyo propósito es explicar a los
grupos de interés y a los votantes el propósito de utilizar recursos
informáticos, así como los mecanismos de control y seguridad asociados con toda
actualización tecnológica. En ocasiones, la generación de esta nueva falta de
confianza puede ser el problema más difícil de superar durante la transición
hacia un nuevo sistema, y podría provocar una peligrosa pérdida de credibilidad
hacia la autoridad electoral. Las grandes expectativas generadas alrededor de
las actualizaciones tecnológicas (mejoras en la seguridad, transparencia y
eficiencia), y lo que el público espera podría ser poco realista.
La
Guía
del PNUD para la
Instrumentación de Asistencia Electoral expondrá con mayor
amplitud los aspectos arriba resaltados y ofrecerá recomendaciones prácticas acerca
de cómo las instancias que prestan asistencia electoral y los oficiales
electorales pueden propiciar que vendedores y grupos de interés participen en discusiones
para seleccionar los productos más apropiados, así como el establecimiento
eventual de sinergias entre las actividades relativas al registro civil y las de
tipo censal a mejores precios; lo anterior a través de procedimientos transparentes
de compra de insumos, que resistan una venta agresiva y que no vean forzados,
por cuestiones de tiempo, a obtener las opciones “menos malas”.
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[*] en inglés
