El análisis de las apelaciones electorales es una tarea compleja debido a la confusión reinante no solo en la legislación, sino también en el mundo académico (por ejemplo, es frecuente que no se establezca una diferencia clara entre una simple apelación y un juicio completo). El proceso de denominación de las revisiones y las apelaciones puede resultar anárquico y estar lleno de imprecisiones (por ejemplo, a veces, las apelaciones que se emplean como referencia para resolver litigios similares tienen designaciones distintas; en otros casos, a las apelaciones no se les asigna un término concreto, y la expresión que en unos países se utiliza para referirse a una “revisión administrativa”, en otros alude a un proceso judicial). Además, la vaguedad de la regulación que se aplica a las apelaciones constituye otro punto débil desde el punto de vista conceptual, ya que muchos de sus aspectos se rigen por legislaciones electorales o procesales distintas.

Según una opinión extendida, las apelaciones electorales son instrumentos legales que deben utilizarse conforme a derecho para corregir, modificar, revocar o anular órdenes ejecutivas o resoluciones judiciales que sean deficientes, erróneas o ilegales. Con fines puramente ilustrativos, en la revisión de apelaciones y otras impugnaciones, y en la sección sobre la anulación de elecciones conexa, se empleará fundamentalmente un estudio de caso de América Latina. Este enfoque demostrará las tendencias, así como la enorme variedad de detalles y terminología que pueden aplicarse.

Las apelaciones pueden distinguirse según algunas características básicas, entre otras:

1. Los tipos

2. Las resoluciones revisables

3. Quién puede presentar apelaciones electorales

4. Los plazos

5. Las pruebas