En Australia, las listas de electores son actualizadas automáticamente con la información obtenida del registro civil. Personal de la Comisión Electoral Australiana (AEC) permanentemente procesa información relativa al registro y la introduce dentro del Sistema de Administración del Registro (RMANS, por sus siglas en inglés) a efecto de asegurar la actualización del padrón electoral. En este sistema se incluye información acerca de las personas que recientemente alcanzan la elegibilidad, las que cambiaron su domicilio y las bajas o eliminaciones de electores que han abandonado su lugar de registro, o que han fallecido. El personal asimismo, procesa la información recibida como resultado de las actividades derivadas de la actualización continua del padrón (CRU, Continuous Roll Update).
Los programas de conciliación de datos instrumentados conjuntamente con otros países de la mancomunidad, y con autoridades estatales y territoriales, han apoyado los trabajos de la AEC para confirmar la información detallada sobre el registro de aproximadamente el 43% de las direcciones ocupadas que se pueden registrar sin necesidad de entrar en contacto directo con los residentes.
Asimismo, la AEC proporciona los productos derivados del padrón a los socios que participaron en su elaboración (organismos electorales estatales y territoriales), senadores y miembros del Parlamento, partidos políticos registrados, investigadores médicos, agencias y autoridades de gobierno, y el público. Los costos asociados con las actividades administrativas relativas al registro de electores en 2003-2004 fueron de 58 millones de dólares (en el periodo inmediato anterior a la elección nacional), y el estimado para el ejercicio financiero de 2004-2005 fue de 46 millones.
En Suecia, el registro de electores se compila sobre la base de un registro civil, el cual es actualizado de manera continua por la Agencia Nacional de Impuestos, el organismo que desde 1971 ha sido responsable de mantenerlo actualizado. Previo a cada elección, el OE central adquiere de esta agencia un registro electoral completo, que se genera de la base de datos contenida en el registro civil. El OE central paga a la agencia una cuota por esta información; el monto para el referendo sobre el Euro en 2003 fue de 500,000 coronas ($64,000 dólares). Este monto se calcula sobre la base del número de personas existentes en el registro, con aproximadamente 2-5 öre por persona (1 Corona=100 öre). El OE central recibe el registro de electores en formato electrónico y produce versiones impresas para cada centro de votación. Esto se lleva a cabo mediante el uso de estadísticas y mapas proporcionados por la oficina de Inspección de tierras. El costo derivado de la división e impresión del registro para los centros de votación es equivalente a las 300,000 coronas. Los costos adicionales (casi 13.5 millones de coronas) se deben a la impresión y difusión de las credenciales para votar de los electores aptos.
En España, las listas de electores tienen un carácter automático permanente. Son elaboradas y actualizadas, en lo sustancial, con información basada en los registros civiles y listas de residentes proporcionadas a nivel municipal. Las listas son manejadas en la oficina provincial de la Oficina para el Registro de Electores y posteriormente compiladas a nivel nacional. Las listas fueron actualizadas sobre una base anual hasta 1998, cuando se establecieron las actualizaciones de carácter mensual. Antes de cada elección, las listas de electores se distribuyen a las municipalidades para un periodo de revisión que dura cinco días. Seguido de esta revisión, la Oficina para el Registro de Electores distribuye los listados organizados para cada sitio de votación. Asimismo, las listas son distribuidas entre los partidos políticos, no así para el Ministerio del Interior, quien recibe sólo las cifras agregadas de electores a distintos niveles de gobierno.
Los costos relacionados con la producción y las actualizaciones mensuales de la lista de electores forman parte del presupuesto ordinario del Instituto Nacional de Estadística, el cual ascendió a 200 millones de euros en 2004. Los costos no son oficialmente cuantificados en forma separada dentro de la organización del presupuesto del Instituto, pero pueden ser mayores al 15%. En su momento, el Ministerio del Interior incluye todos los costos relacionados al uso de la lista de electores en periodos electorales (13 millones de euros en 2004).
Esta suma cubre los costos derivados de la reproducción de las listas que serán entregadas a los partidos políticos; los gastos por el envío postal con información a los electores sobre el periodo de revisión efectuado previo a cada elección y sobre sus sitios de votación específicos, y la administración del programa del voto en el exterior. Este exhaustivo esfuerzo explica el porqué los gastos relacionados con el registro de los electores han mostrado el crecimiento más significativo en los últimos cinco años. El Ministerio debe reembolsar estos costos a la Oficina para el Registro de Electores.
España permite el voto en el exterior vía correo postal, tanto dentro del territorio nacional como fuera de sus fronteras (la lista de electores en 2004 consistió de 34'557,370 personas, de los cuales 1.1 millones fueron electores residentes en el exterior). Los electores que residen en el exterior están incluidos en una lista separada de electores, elaborada por la Oficina para el Registro de Electores con información proporcionada por las oficinas consulares españolas. En periodos electorales, las oficinas consulares comparten las tareas administrativas relacionadas con el voto en el exterior con la Oficina para el Registro de Electores.
En primer término los electores solicitan su participación en el programa para el voto en el exterior en la oficina consular; a continuación, la mayoría de las papeletas son enviadas directamente a la comisión electoral local correspondiente, y un número menor es entregado directamente por la oficina consular para su envío en España. Todas las papeletas relativas al voto en el exterior —incluidas aquellas del interior del país— son entregadas a la Comisión Electoral dentro de los tres primeros días posteriores a la jornada electoral, en virtud de que el conteo de votos debe tener verificativo durante el tercer día. Las operaciones sobre el voto en el exterior recientemente han involucrado a más de 600 mil personas al interior del país y 295 mil del exterior, representando el 1.8 y el 0.8 por ciento, respectivamente, del electorado total. El voto en el exterior ha continuado creciendo conforme pasa el tiempo, mientras que el voto por correo dentro del país tiende a permanecer sin cambios (Ramos Vadillo, 2003, Brugarolas Massllorens, 2003).
En Guatemala, los costos del registro de electores representaron el 20 por ciento del total del presupuesto electoral en 2003. Los elevados costos se debieron al método particularmente complicado de actualización de la lista de electores, por el cual ésta y los sitios de votación fueron divididos en dos secciones: actualizados y no actualizados. El proceso de actualización del registro de electores que permitía a los electores votar en una ubicación más cercana a su lugar de residencia resultó en un registro dividido —electores no actualizados y electores actualizados. Esto hizo que la operación entera no sólo fuera más costosa, sino que también dio lugar a muchas confusiones entre el electorado.
Un problema técnico mientras se procesaba la información actualizada de los electores produjo un número desconocido de electores legalmente registrados a quienes no fue posible encontrar en el registro actualizado, y que permanecieron en la lista de no actualizados; el problema se derivó del hecho de que la ley electoral establece que los ciudadanos deben votar en la municipalidad en donde están registrados. La valoración que llevó a cabo la misión de observación electoral de la Unión Europea concluyó que uno de los principales problemas del proceso electoral fueron las deficiencias en la organización de la lista de electores al momento de asignarlos a su respectivo centro de votación conforme a los registros de identificación previamente dados a los casi 2 millones de electores que habían actualizado su registro o se habían registrado por primera vez.
Esta deficiencia fue reconocida como uno de los aspectos más importantes pocas semanas antes del día de la elección, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no pudo enfrentar el problema adecuadamente. En consecuencia, muchos de los electores no pudieron ejercer su derecho al voto, aún cuando el Tribunal decidió permitir el voto sujeto a validación en la primera ronda para los electores registrados cuyos nombres no aparecían en la lista de electores del correspondiente centro de votación (EU Reporte de la EOM, Febrero de 2004).
A pesar de los recientes esfuerzos para mejorar la tasa de registro de electores, se continúan recibiendo reportes reales, e inlcuso legales, sobre la privación del derecho a la emisión del voto en ciertas poblaciones (principalmente residentes rurales y poblaciones indígenas). (López-Pintor y Gratschew, 2002, 37).
En Camboya, los costos relativos al registro de electores fueron parte del presupuesto de las elecciones comunales que rondaron la cifra de $1.0 por elector registrado. En 2003, la actualización de la lista de electores formó parte del presupuesto electoral y representó $0.50 por elector registrado; la actualización del registro permanente en 2004 se estimó en $0.14.
Este es un caso muy representativo en donde los costos del registro fueron bajos comparados con el costo global de las elecciones, en buena medida debido al establecimiento de un registro permanente actualizado automáticamente. El costo de las operaciones de registro de electores para las elecciones comunales incluyó la producción de credenciales de identificación con fotografía para cada elector. El total de las operaciones de registro ascendió a 20 millones de riels ($4.9 millones de dls.), monto que fue incluido en el presupuesto electoral de las elecciones comunales.
Para el año de 2003, Camboya creó un registro de electores permanente basado en la lista de electores utilizada en el 2002 para las elecciones comunales. Las operaciones relativas al registro fueron delegadas a las administraciones comunales, aunque supervisadas muy de cerca por el Comité Nacional de Elecciones (NEC). La operación consistió en la actualización de la lista anterior de electores: aquellos que ya figuraban en la lista no necesitaban ser registrados de nueva cuenta. Sólo a aquellos electores que para ese entonces habían alcanzado la edad para votar o que se habían cambiado de una comuna a otra, se les pidió registrarse. Bajo este nuevo sistema, ninguna credencial fue entregada. Como resultado, el costo total del registro de electores alcanzó los 12 millones de riels ($2.9 millones) y fue incorporado en el presupuesto electoral de 2003.
Para el año de 2004, según lo estipulado por la Ley para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional (LEMNA), la actualización del registro permanente supuso un proceso de registro y revisión anual, aún sin tener elecciones en puerta. El proceso de registro de electores y la revisión de la lista son llevados a cabo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de cada año. Para estas operaciones en el año de 2004, el NEC preparó un presupuesto de 3.7 millones de riels que fue aprobado y proporcionado íntegramente por el gobierno.
Este monto no formó parte del presupuesto electoral. En el futuro, este gasto recurrente puede prepararse bajo una base específica, como sucedió en 2004, o eventualmente se puede integrar como parte del presupuesto ordinario de la NEC. El costo del registro de electores probablemente continuará decreciendo en función de que el procedimiento se vuelva una parte normal de las operaciones administrativas de la comuna. En 2004, se realizaron ahorros en las áreas de capacitación y asistencia directa a los funcionarios de las comunas.
En virtud de que las operaciones relacionadas con el registro ya no son conducidas por el NEC, parte de los costos ahora son directamente absorbidos por los concejos comunales, quienes proporcionan el personal. Aunque la responsabilidad financiera del registro de electores pareció ser “trasladada” a los concejos comunales, el NEC está obligado a proporcionar “una capacitación apropiada, construir capacidades, dotar de instalaciones, suministros y materiales y un presupuesto a la comuna y a sus funcionarios que les permita la instrumentación de estas responsabilidades”. Bajo cualquier circunstancia, estos costos son de por sí más bajos que los que se presentan en un registro periódico. Asimismo, el NEC también otorga incentivos en salarios a los funcionarios comunales por sus responsabilidades administrativas adicionales durante el periodo de actualización anual.
En Haití, al igual que como sucedió recientemente en Guatemala, las operaciones de registro de electores para el año de 2005 serán realizadas con la asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA). De un presupuesto electoral total cercano a los $49 millones, nueve millones se dedicarán a las tareas de registro de electores, entre las que en un contexto ideal se incluirá la posibilidad de crear las bases para un registro civil, hasta ahora inexistente en el país. El proceso global de registro de electores será automatizado, sin que exista ningún registro manual. Todos los electores recibirán una credencial digital que gradualmente reemplazará la credencial nacional de identificación. La OEA tiene planeado establecer 615 oficinas para las actividades de registro (400 centros de registro, 185 oficinas para el registro automatizado, y 30 unidades móviles de registro automatizado).
Los centros de registro serán ubicados en áreas rurales; las oficinas automatizadas en áreas urbanas, y las unidades móviles en las áreas semi-urbanas. El número de centros automatizados será ajustado tanto como sea necesario para llegar a grandes concentraciones de potenciales electores. Se estima que el proceso de registro les llevará cuatro meses (de marzo a junio de 2005). El concepto de operaciones también contempla el establecimiento de aproximadamente 3,200 centros de votación, para lo cual los electores serán informados y asesorados sobre el lugar que les corresponde durante el proceso de registro.
El Consejo Provisional Electoral de Haití y la comunidad internacional de donantes han aprobado este proyecto, y la OEA ya se encuentra en proceso de instrumentarlo.
El gobierno financiará directamente los costos operativos para las 82 personas en las oficinas centrales del consejo electoral. La provisión de $2'017,167 bajo este rubro reflejan la necesidad de contratar oficiales para el registro electoral. De acuerdo a la ley electoral de 1999, cada oficina de registro electoral debe contar con cinco oficiales: un presidente, un vicepresidente, un secretario, y dos oficiales de registro. El salario mensual de los directivos es de $111 aproximadamente, mientras que los oficiales reciben $97 por un periodo de dos meses.
El registro de electores en Afganistán, antes de la elección de 2004 fue particularmente complicado y peligroso. La magnitud del electorado en ese momento era desconocida, y la propiedad de la credencial de identificación estuvo muy limitada entre la población. Por tanto, se instrumentó un ejercicio de registro a nivel nacional, resultando en lo que se ha conocido como una de las más grandes y exitosas iniciativas de registro electoral. Debido a los problemas de seguridad, a todos los centros de registro se les pidió contar con medios adecuados de comunicaciones (teléfonos satelitales en la mayoría de los casos) estar bien protegidos y ser móviles. Se gastó mucho dinero en la adquisición de miles de vehículos, además de en la preparación y puesta en marcha de toda la organización del proceso de registro de una manera computarizada.
Con un presupuesto de $74 millones, el ejercicio del registro de electores fue la actividad más onerosa de todo el proceso electoral. Otros $7.4 millones adicionales se gastaron en el registro de ciudadanos refugiados en Pakistán la semana previa al día de la votación. Desafortunadamente, el registro de electores nunca fue utilizado en los centros de votación el día de la elección, debido a que a los electores se les permitió depositar su voto en cualquier centro de votación dentro del país. El OE tiene aún que decidir sobre la forma de convertir el registro de electores vigente en uno proceso de registro de electores permanente.
