En las democracias emergentes, el financiamiento total o parcial de un presupuesto electoral por parte de la comunidad internacional es un importante componente de la ayuda democrática. El monto varía de una situación a otra si, por ejemplo, se financia una elección en su totalidad en un escenario de post-conflicto, o si el apoyo se limita a financiar una fase específica de un proceso electoral, como el registro de electores, los programas de educación cívica, y la provisión de algunos materiales como papeletas y tinta indeleble. Los siguientes son casos muy ilustrativos.
En Afganistán, como en Kosovo desde 2000, las elecciones de 2004 fueron financiadas en su totalidad por donantes foráneos, con un costo global por voto registrado de más de $20. Un distintivo adicional fue la administración financiera de la elección. Aún cuando el JEMB fue responsable de la elección, no tuvo el control total sobre sus finanzas; esta responsabilidad descansó en el PNUD y en su Proyecto para el Registro de Electores y las Elecciones. Conforme a un estimado conservador efectuado por la unidad responsable del presupuesto electoral, más de $190 millones se gastaron para la recepción de 8’128,940 votos, dando un costo por voto de $23. Este cálculo excluye los costos relativos a las operaciones de seguridad conducidas por 18,000 efectivos del ejército de los Estados Unidos y 8,000 soldados más de las Fuerzas Internacionales de Apoyo a la Seguridad, ISAF. Otros costos que no están incluidos fueron los relacionados con las actividades de educación y logística electoral proporcionadas por ONGs internacionales, pero pagadas individualmente por otros países; el monto total de esta asistencia puede ser calculada en más de $30 millones. Más de 2,000 supervisores electorales locales fueron financiados separadamente por USAID. Los equipos especiales de apoyo a la elección de la Unión Europea ($2 millones) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) de igual forma fueron financiados por sus respectivas organizaciones.
El costo total estimado para la operación directa de la votación dentro del país fue de $55 millones. Adicionalmente, UNAMA gastó casi $21 millones, y el apoyo en materia de seguridad al Ministerio del Interior representó poco más de $10 millones. Estos últimos se invirtieron en primera instancia en salarios, nuevos vehículos dotados con el equipo de comunicación, y demás suministros (a excepción de armas y municiones) necesarios para el efectivo desarrollo de las tareas de la policía nacional. No se incluyen en estos montos totales los $23 millones por concepto de contratación de Estrategias Globales de Riesgos (Global Risk Strategies, GRS) para seleccionar 96 personas de otros países que se encargaran de conducir el programa de coordinación de seguridad y la planeación logística del OE en campo. De hecho, en muy buena medida, el GRS se convirtió en la estructura de campo del JEMB.
Hubo además el tema del financiamiento del proceso de votación en el exterior para los ciudadanos afganos que residen fuera del país, particularmente los refugiados en los países vecinos de Irán y Pakistán. Se hicieron necesarios recursos para planear y poner en marcha, en menos de 80 días, los programas de registro de electores y la votación en sí, para estos dos países en donde se calculaba en conjunto más de un millón de potenciales electores. En Pakistán se efectuó un ejercicio de registro en persona conducido los días previos al día de la votación (esto no fue posible en Irán). El día de la elección, tanto Pakistán como Irán ofrecieron la realización del voto personal en un limitado número de centros de votación, ubicados fundamentalmente cerca de los centros de refugiados afganos. El costo, sin contemplar los recursos invertidos por los países anfitriones de estos programas (en particular, por medidas de seguridad), sumaron cerca de los $30 millones. Este ejercicio dio como resultado la emisión de 818,189 votos en el exterior.
No es de sorprender que las elecciones de 2004 en Afganistán hayan sido complicadas y muy costosas. La autoridad electoral que cargó con la responsabilidad de organizar la elección presidencial de 2004 se enfrentó con un electorado sin experiencia alguna en la celebración de elecciones democráticas en cuatro décadas. En lugar de esto, más de 25 años de violencia habían dominado el escenario político dándole un matiz especial al clima político del país. Por lo tanto, se necesitó de un monto significativo de recursos para recrear la infraestructura de las autoridades electorales, así como para los programas de educación cívica y electoral que facilitaran a los electores el entendimiento de un proceso electoral democrático. La administración electoral contó con un considerable grupo de personas de otras nacionalidades que enseñaron a los afganos la forma de llevar a cabo unas elecciones con programas de capacitación “sobre la marcha”, lo que afectó el costo de la elección. Las preocupaciones sobre la seguridad jugaron un papel importante. La preparación y la organización de elecciones es mucho más costosa en sociedades post-conflicto, dado que la infraestructura física del país ha sido destruida y que grandes segmentos de la población se han movido internamente o forman parte de una diáspora. La tardía decisión para permitir a los ciudadanos afganos refugiados en Pakistán e Irán tomar parte en la votación aumentó considerablemente los costos.
En Haití, es muy probable que el evento electoral de tres etapas de noviembre de 2005 sea financiado en su totalidad por la comunidad internacional. Al igual que en Afganistán e Iraq, el presupuesto electoral en Haití es ilustrativo de la excepcional forma en que se llevan a cabo elecciones en sociedades post-conflicto. Primero, hay un costo global aproximado a los $10.5 por elector registrado, que no incluye el financiamiento a partidos políticos y las misiones locales de observación electoral. Las operaciones para el registro de los electores en sí costarán cerca de los $2.10 por elector registrado. Característico de las situaciones post-conflicto, los costos de infraestructura y equipo técnico (por ejemplo, transporte, renta de espacios de oficina, comunicaciones y equipo de cómputo) requerirán aproximadamente de $2.30 por elector registrado. Se deberá tomar nota que el costo electoral por voto registrado en 2005 será mucho más elevado de lo que se tuvo 10 años atrás en 1995, el cual alcanzó los $4 (López-Pintor 2000, p.74).
Los recursos totales requeridos para el periodo octubre de 2004 a diciembre de 2005 alcanzan la cifra de $48'893,180, cantidad estimada para cubrir los costos derivados de la contratación de personal y gasto operativo de las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. El gobierno haitiano sufragará los costos de 82 oficinas centrales de oficiales electorales y también contribuirá con $2.9 millones al presupuesto electoral extraordinario, en el cual se cuenta con el apoyo de tres importantes donantes internacionales (Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos) quienes se comrometieron a cooperar con $41 millones. Los recursos financieros internacionales para aspectos operativos han sido vinculados a objetivos de resultados cuantitativos a través de un marco basado en resultados creado por la comisión electoral.
De los $41 millones entregados por estos donantes, administrados por el PNUD, $9 millones han sido adjudicados al programa de registro de electores que será conducido por la Organización de Estados Americanos (OEA). La comunidad internacional ha prometido financiamiento adicional para servicios de seguridad, programas de educación cívica y programas de observación electoral, incluidas las actividades de los partidos políticos. Los siguientes países y organizaciones regionales han comprometido o están considerando ofrecer oportunidades de asistencia técnica antes de las elecciones de 2005 en Haití: Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Japón, México, Venezuela, la comunidad de El Caribe (CARICOM), y la Organización de Países de Habla Francesa (OIF). La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) también se está preparando para establecer un Fondo Fiduciario orientado a la movilización de recursos adicionales para las elecciones en caso de ser requerido. La contribución sustancial de la comunidad internacional es la única esperanza para sustentar toda la operación del proceso electoral, ya que la contribución nacional al presupuesto total de la elección representa menos del 10%
El apoyo financiero internacional en Camboya ha disminuido consistentemente en cada elección desde 1993. En 1998, el apoyo internacional consistió en casi el 80% del costo total de la elección, sin embargo este porcentaje disminuyó a alrededor del 60% para el año de 2002 en las elecciones comunitarias y menos del 50% para las elecciones nacionales de 2003. El costo estimado para cada voto registrado fue de $45.50 en 1993, disminuyendo drásticamente a $4.40 en 1998, y continuando su línea descendente a $2.30 en 2002 y $1.70 en 2003.
Para las elecciones nacionales de 2003, el presupuesto fue de 24,334'723,000 riels ($5.68 millones de dólares) del Fondo Fiduciario para las Elecciones en el Tesoro Nacional y 24,931'681,000 riels provenientes de la comunidad internacional. Siete mil millones de riels fueron aportados al Comité Nacional de Elecciones (NEC) por el PNUD; seis mil millones de riels fueron abonados por un país donante a la NEC a través del Ministerio de Finanzas; y únicamente 536 millones de riels provinieron de donantes directamente a la NEC. El dinero de los aportantes cubrió, en su mayor parte, los costos distintos a salarios (costos ordinarios costos diferentes a los originados por una contingencia). El PNUD firmó acuerdos financieros de financiamiento con 12 países donantes y coordinó la entrega de los montos de financiamiento especificamente destinados para cubrir las distintas fases del proceso según lo pactado con cada uno de los países.
El dinero del gobierno camboyano fue utilizado exclusivamente para salarios. El NEC acreditó cerca de 1,000 observadores internacionales, destacando dos grandes misiones que fueron conducidas por la Fundación Asia (305 observadores) y la Unión Europea (cerca de 120 observadores). El costo aproximado fue de $1.5 millones para la misión de observación de la Unión Europea y de $240,000 para los trabajos de observación de la Fundación Asia. Estos costos ofrecen una prueba de que el financiamiento de las actividades de la sociedad civil en el monitoreo y vigilancia de elecciones algunas veces viene en montos relativamente masivos. Por ejemplo, en el año de 2003, en la elección general camboyana, el financiamiento internacional representó tanto como el presupuesto total de la NEC.
En Guatemala, el presupuesto electoral fue generosamente financiado por la comunidad internacional hasta alcanzar los $9 millones (sin incluir las misiones de observación electoral), con apoyo brindado principalmente por Canadá, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y los Estados Unidos. De estos $9 millones, $3.5 fluyeron a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) con propósitos específicos de asistencia técnica en el rubro de la lista de electores, y los $5.5 millones restantes fueron brindados directamente a la agencia electoral nacional. La distribución de esta ayuda por renglón fue aproximadamente como sigue: registro de electores, $2.5 millones; educación al votante, $2.5 millones; adquisición de equipo, $2 millones; y capacitación a oficiales electorales, $2 millones. En menor medida, se proporcionó ayuda externa a organizaciones de la sociedad civil en tareas de monitoreo de la elección. En conjunto, el total de gastos de la elección ascendió a cerca de $23 millones, el equivalente a $4.6 por elector registrado. Hubo también otras misiones internacionales de observación electoral, en la que destacan las misiones particularmente numerosas de la Organización de Estados Americanos y la de la Unión Europea, con un costo promedio de cerca de $1 millón cada una.
