Las fuentes de financiamiento para los partidos políticos varían en todo el mundo en función de los precedentes culturales y los estándares legales. En la mayoría de los países de la Europa Continental, los partidos políticos están, al menos, parcialmente financiados por el presupuesto nacional a través de distintas modalidades de prestaciones, incluyendo aquellas que están enfocadas a la operación ordinaria de los partidos, el funcionamiento de los grupos parlamentarios de los representantes partidistas, y para los gastos de campaña en un año electoral1. En el Reino Unido y los Estados Unidos, el financiamiento privado de los partidos representa la parte más significativa de los gastos de campaña.
En las democracias emergentes, existen algunos ejemplos de los diferentes modelos legales, así como de su acatamiento en la práctica. Generalmente, se establece un modelo mixto con financiamiento público y privado, en donde los partidos tienen la obligación de revelar sus fuentes de financiamiento y con una autoridad electoral reguladora. Con más frecuencia que la imaginada, existe un vacío legal relacionado con el incumplimiento de las sanciones o con algún otro mecanismo de aplicación de que dispongan las autoridades ejecutoras.
En Australia, los partidos políticos y los candidatos independientes reciben financiamiento público para el desarrollo de sus campañas electorales, conforme a lo establecido en el Acta Electoral 1918 de la Mancomunidad (El Acta). Bajo ésta, los candidatos o grupos al senado son elegibles para el financiamiento electoral si reciben al menos un 4% de la primera preferencia de voto formal en la división (Cámara de Representantes) o del estado o territorio (Senado) en los que se postulan a la elección. El monto se calcula al multiplicar el número de votos elegibles por una tasa actualizada del financiamiento electoral, la cual se indexa para que coincida con el aumento en el índice de precios al consumidor cada seis meses y que se estableció en $1.972 por voto para la elección de 2004. El monto total de esa elección ascendió a $42 millones. Al término de la elección, se le solicita a los principales participantes en el proceso electoral informar a la Comisión Electoral Australiana (AEC) sobre ciertas transacciones efectuadas durante determinada campaña. Estas transacciones incluyen las donaciones recibidas y los gastos electorales realizados por los propios candidatos y grupos al senado: detalles sobre gastos electorales, donaciones recibidas, las donaciones de terceros hechas a candidatos y otros; propaganda electoral por radiodifusoras; y propaganda electoral en medios escritos.
Con relación al financiamiento de partidos políticos, las disposiciones contenidas en el Acta en materia de divulgación, están pensadas para mejorar la integridad del proceso electoral al permitir al electorado estar bien informado acerca de los donadores principales de los partidos políticos, los grupos y los candidatos, así como de algunos de los montos relativos a cierto tipo de gastos del proceso electoral. La AEC recibe y procesa las distintas declaraciones solicitadas por ley conforme a lo dispuesto en el Acta, las publica para su revisión (en la página web de la AEC) y conduce un programa de revisión del cumplimiento de presentación de informes de partidos políticos y entidades asociadas. Aún cuando la carga de trabajo administrativo de la AEC continúa creciendo, frecuentemente es objeto de críticas por parte de los partidos y miembros del Parlamento, quienes a menudo están interesados en exponer los ajustes financieros de sus oponentes políticos mientras buscan limitar la transparencia de sus propios ajustes.
Durante el periodo de 2003 y 2004, se procesaron 184 declaraciones anuales; se procesaron 1,190 declaraciones de donantes; y se condujeron 102 revisiones de acatamiento. De acuerdo a la Declaración del Presupuesto de la AEC, el costo asociado con el financiamiento y revelación de actividades durante 2004-2005 se estimó en $2.8 millones.
En España, se aplica un modelo mixto, con financiamiento público otorgado a los partidos políticos para sus operaciones cotidianas y electorales. El financiamiento público para campañas electorales no forma parte directamente del presupuesto electoral, y los partidos políticos pueden recibir financiamiento proveniente de fuentes privadas. Los subsidios para campañas son calculados en proporción al número de votos y escaños obtenidos. Los partidos políticos también reciben recursos de sus militantes, donadores privados, como resultado de sus inversiones y operaciones bancarias. El acceso a la radio y televisión estatal no tiene costo y es controlado por una Comisión especial supervisada por los comités electorales.
Suecia, tiene un modelo mixto un tanto peculiar basado en gran medida en acuerdos informales entre los partidos políticos. Por ejemplo, cualquier partido político, candidato u organización puede conducir una campaña electoral. Organizaciones distintas a los partidos políticos estuvieron involucrados en campañas antes del referéndum de 2003 sobre el reemplazo de la moneda sueca, la corona, por el euro. Cualquier negocio (firma, giro) podía financiar organizaciones de campaña antes de la votación, y muchos lo hicieron3. Con relación al financiamiento de los partidos políticos, no existe ningún sistema de regulación, aunque hay una ley que contiene reglas y lineamientos morales para los partidos políticos. No existen disposiciones que obliguen a los partidos políticos a revelar el origen de sus contribuciones; no obstante, los partidos políticos representados en el Parlamento alcanzaron un acuerdo común en la década de los 60s para compartir entre ellos información acerca de las fuentes de contribución, pero no con el público en general. Igualmente, se obligan a elaborar un informe anual, aunque tampoco es para su consulta pública.
Existen cuatro fuentes principales de financiamiento en Suecia para los partidos políticos: financiamiento público directo, financiamiento público indirecto, aportaciones de su militancia, y recursos obtenidos a través de la celebración de concursos (lotería) conducidos por los partidos y las asociaciones afiliadas.
De estas cuatro, la fuente principal es el financiamiento público directo dado a los partidos políticos durante periodos electorales y no electorales, con un monto basado en el desempeño del partido en la elección previa y su actual representación en la legislatura. El financiamiento indirecto generalmente es otorgado por la prensa afiliada a un partido, que está subsidiada. Aunque la militancia de los partidos políticos ha decaído, los ingresos por este rubro continúan siendo importantes, representando entre el 5 y 10% del total del presupuesto de los dos principales partidos a finales de los 90s. Algunos partidos políticos o sus organizaciones afiliadas reciben ingresos por concepto de sorteos o loterías; el ala Social-Demócrata ha tenido particular éxito en este sentido. Aunque ninguna ley prohíbe a los partidos políticos recibir recursos de negocios privados, los dirigentes de los partidos políticos acordaron en los 70s el rechazo a tales contribuciones.
En Guatemala el financiamiento a los partidos políticos se establece por ley. Los partidos están habilitados para recibir servicio gratuito postal y de telecomunicaciones desde la convocatoria a una elección hasta pasado un mes de su conclusión. Por otra parte, los partidos políticos reciben financiamiento público en proporción al número de votos obtenidos en la primera ronda de una elección presidencial, a razón de 2 quetzales por voto, aunque sólo en el caso que dicho partido reciba al menos 4 por ciento del total de los votos válidos. Los desembolsos solamente se hacen bajo el control del organismo electoral nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cuatro entregas anuales entre elecciones.
Los partidos políticos pueden utilizar estos fondos públicos para cualquier operación ordinaria o como gastos de campaña. El TSE tiene la responsabilidad de auditar y controlar los recursos y gastos de los partidos políticos. Antes de que se haga la entrega anual de recursos, los partidos deben remitir un informe detallado de sus gastos. En caso de que un partido político no acate lo dispuesto en términos de su contabilidad y del informe de sus obligaciones, el TSE puede llevar el caso a los tribunales en un esfuerzo por forzar su cumplimiento. El financiamiento privado no se contempla ni tampoco se prohíbe, y no se establecen en la ley límites a los gastos de campaña. Se considera que sería extremadamente difícil estimar los gastos de campaña a excepción del componente de subsidios públicos, aún si todos los partidos cumplen con la obligación de publicación después de las elecciones.
En Camboya, la Ley sobre Partidos Políticos establece que los partidos deben financiarse a través de las contribuciones de sus miembros, de ingresos generados por actividades empresariales legales, de donaciones de empresas o personas privadas, y de activos y bienes propiedad del partido político. Las contribuciones de firmas extranjeras, instituciones públicas y de gobierno, y de ONGs están prohibidas. Sin tomar en cuenta su participación en el proceso electoral, a todos los partidos políticos se les solicita la entrega de un informe anual al Ministerio del Interior sobre sus ingresos y gastos, hojas de balance, declaraciones sobre sus cuentas bancarias y sus bienes. Estos documentos no están a la disposición del público. Con relación a las campañas electorales, la misma ley establece que el Estado deberproveer de financiamiento para efectos de campañas a los partidos políticos sobre una base igualitaria; a la fecha, sin embargo, esta disposición nunca ha sido aplicada. Las leyes vigentes exigen a los partidos informar sobre sus gastos de campaña y mantener un registro contable especial que dé cuenta de sus fuentes de ingresos y los gastos incurridos. Este registro debe permanecer disponible ante la Comisión de Elecciones para su revisión, si éste se solicita. La única contribución del gobierno a las campañas de los partidos políticos viene bajo una disposición sobre tiempo aire gratis en la radio y la televisión estatales. Las autoridades electorales realizan ajustes para el libre e igualitario acceso al tiempo aire de los partidos políticos para mensajes de campaña durante los 30 días que dura este periodo. Esto, sin embargo, no aplica para las elecciones locales comunales.
En Haití, pocas regulaciones o políticas se habían determinado con relación a las actividades de campaña de los partidos políticos al momento en que el presupuesto electoral se había elaborado y la asistencia internacional se había entregado para las elecciones de 2005. Este descuido ilustra la incertidumbre y los retos que son típicos de contextos post-conflicto.
En Afganistán, la situación es también desalentadora aunque las leyes con respecto a las contribuciones de los partidos políticos hayan sido aprobadas. Las entidades políticas registradas para tomar parte en una elección deben tener una cuenta bancaria específicamente dedicada para recibir el depósito de todas las contribuciones hechas a su campaña, tal y como se especifica en la Regulación sobre las Finanzas de las Campañas Políticas del Organismo Electoral Conjunto (JEMB). Cada ciudadano u organización afgana puede contribuir con hasta 2 millones de afganis ($47,000 dólares) a un candidato por periodo de campaña.
Cualquier contribución mayor a los 1,000 afganis debe registrarse e informarse a la JEMB. El único género de contribución de campaña proveniente de una fuente pública que puede aceptarse son los servicios de seguridad. Por tanto, bajo las circunstancias actuales ningún dinero público está disponible para los partidos políticos, sus candidatos o candidatos independientes que contienden por un cargo público. Aún cuando a las entidades políticas no se les permite recibir financiamiento del exterior, las ONGs internacionales han estado ofreciendo cursos y consejos sobre cómo organizar un partido político, cómo desarrollar un programa político y sobre la mejor forma de instrumentar una campaña electoral en un contexto democrático.
Notas:
1 El financiamiento privado en la mayoría de estos países está permitido, pero tiende a ser secundario.
2 Todas las referencias a los costos electorales en Australia están dólares australianos.
3 La gran mayoría de las compañías de negocios apoyaron el reemplazo de la corona con el euro, inclinando la balanza a favor del “sí”. Algunos analistas atribuyen el rechazo de los electores hacia el euro, al menos en parte, a una reacción en contra del elevado monto de dinero gastado por quienes apoyaban al euro.
