Los procedimientos de adquisición de equipo, servicios y suministros generalmente son prescritos por lineamientos y prácticas gubernamentales, a menudo complementadas por las regulaciones y prácticas del OE. Los lineamientos se han estandarizado cada vez más en todo el mundo desde los años 60s, en respuesta a regulaciones y presiones de las agencias internacionales que prestan apoyo financiero como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD.
Un caso interesante de adaptación de las disposiciones gubernamentales generales a las especificidades de los gastos electorales es España. Los procedimientos generales de la administración del Estado para el control de gastos son aplicados con algunas modificaciones: ciertos gastos requieren de la autorización financiera por parte del departamento general de control de gastos dentro de la rama ejecutiva del gobierno. Esto es para garantizar que los gastos sean manejados de acuerdo a las provisiones presupuestales y de contratación pública vigentes. Hasta mediados de los 80s, los gastos electorales siguieron procedimientos de autorización ordinarios, que hicieron la administración onerosa y disfuncional debido a lo limitado de los tiempos del proceso electoral. (De hecho, el procedimiento que se siguió para posibilitar la celebración de elecciones fue el de liberar los recursos con fecha posterior a la justificación de la erogación). Una posterior reforma legal introdujo la modalidad de control financiero permanente; en este sistema, la aprobación previa de cada gasto no es necesaria, pero la autoridad encargada del control conserva el derecho de revisar los gastos electorales en cualquier momento del proceso. Más aún, el Ministerio del Interior debe remitir un informe detallado sobre los gastos al Parlamento después de la elección. En cuanto a la administración de gastos por parte de los distintos departamentos involucrados en el proceso, cada departamento tiene la potestad de gastar la asignación anticipada en el presupuesto de sus propios fondos, en el entendido de que le será reembolsado por el Ministerio del Interior. Tales gastos pueden cubrir los relativos al registro de electores distintos a aquellos relativos al mantenimiento de la lista de electores del voto externo —y ciertamente, la logística de la votación a niveles inferiores, que son administrados por las autoridades locales.
La situación en Camboya, un contexto político administrativo completamente distinto, ilustra las dificultades para obtener fondos del presupuesto. En la práctica, las dificultades relacionadas con el financiamiento electoral proviene de las prácticas procedimentales y adminsitrativas del Ministerio de Finanzas, que no están dirigidas para una rápida respuesta en el contexto de los preparativos de la elección. Los procedimientos financieros normales aplicables a un departamento de gobierno ordinario no son capaces de responder ante las limitaciones excepcionales de tiempo del Comité Nacional de Elecciones en términos de la adquisición de materiales electorales y para garantizar el inevitable desembolso de efectivo durante la organización de las elecciones. Adicionalmente, el financiamiento directo de los donantes internacionales o a través del PNUD tiende a ser distribuido tardíamente en el proceso, en ocasiones incluso después de la elección, creando por tanto problemas adicionales de liquidez. En algunos casos, la especificidad excesiva al destinar la utilización de los recursos puede dificultar el que se haga de manera oportuna y se puede tornar necesario el hacer cambios de último momento para acordar financiamientos que cubran los gastos operativos con una mayor flexibilidad.
