Como regla general, los presupuestos electorales tienden a formar parte de un presupuesto consolidado de una nación en un ciclo anual. En un año no electoral, el presupuesto de la autoridad electoral —cualquiera que sea su forma— generalmente es un rubro más del presupuesto nacional o está incluido dentro del presupuesto de una instancia gubernamental de mayor alcance o de la cual la administración electoral forma parte (por ejemplo, el Ministerio del Interior). En un año electoral, el presupuesto correspondiente se toma del presupuesto nacional siguiendo procedimientos ordinarios y extraordinarios, dependiendo de si las elecciones pueden ser anticipadas o se convoca a ellas inesperadamente. Es particularmente necesario ser muy flexible en los sistemas parlamentarios, en donde los gobiernos pueden colapsarse repentinamente o que se dé el caso en donde el Primer Ministro convoca a elecciones en cualquier momento, dentro del periodo establecido para la ocupación de un cargo público.1
Casi invariablemente, los presupuestos electorales son elaborados por la autoridad electoral y procesados a través del Ministerio de Finanzas para su aprobación por parte de la legislatura. La mayoría de estas instancias no cuentan con la autoridad, al menos no formalmente, para manipular o modificar el presupuesto electoral preparado por la autoridad electoral. No obstante, se puede presentar cierto intercambio o periodo de negociación entre el Ministerio y los oficiales electorales. En Australia, por ejemplo, la Comisión Electoral Australiana (AEC) recibe la mayor parte de su financiamiento a través de asignaciones del gobierno, que son actos del Parlamento que autorizan gastos y asignación de dinero del Fondo Consolidado de Ingresos para otorgar los recursos presupuestales a las instituciones gubernamentales. Los montos de estos recursos son acordados para el año presupuestal y los tres años subsecuentes, conforme a las etapas del ciclo electoral. Los ajustes a este financiamiento orientados a cubrir cambios en los requerimientos operativos y legislativos se llevan a cabo a través de un proceso formal de Propuestas de Nuevas Políticas que involucran a algunos ministerios y al Comité Revisor de Gastos formado por ministros del Gabinete. Las asignaciones se realizan sobre la base de los resultados obtenidos, por lo que la institución tiene que presentar un reporte anual conforme a lo dispuesto en el marco de resultados, que incluye una serie de indicadores y objetivos de desempeño contra los cuales se puede contrastar el trabajo verificado por la institución. Las asignaciones presupuestales y toda la serie de reportes se dan sobre una base acumulada, por lo que los gastos que no representan efectivo (como la depreciación) forman parte del financiamiento anual.
En los últimos cinco años, las plataformas mejoradas de la tecnología de la información (IT) han apoyado a limitar el incremento en los costos del registro y las elecciones en Australia —el costo operativo en un año no electoral se ha incrementado aproximadamente en un 0.8%, y en un año electoral ha alcanzado el 1.3%. El gobierno y el Parlamento ponen mucha presión en la AEC (y en otras agencias que gozan de financiamiento público) para revisar continuamente su desempeño operativo y limitar los costos. La AEC actualizará sus capacidades tecnológicas en los siguientes tres años para beneficiarse de las tecnologías de escaneo y reconocimiento de características ópticas que pueden llevar aún más lejos sus sistemas de administración y su manejo y control de la elección.
Esta práctica presupuestal está mejor establecida en países donde la administración estatal ha alcanzado cierto grado de madurez organizativa y donde el sistema legal es estable. Es prácticamente generalizado que todos los niveles de gobierno (después de recibir la influencia de parte de agencias internacionales financieras y monetarias como requisito para la prestación de ayuda y firma de acuerdos comerciales) sigan con total formalidad los estándares para las prácticas de presupuestación. De otra forma, el presupuesto para una elección después de un conflicto civil, o para su celebración en medio de un contexto de inestabilidad, se realiza ajustándose a las condiciones en ese país, con la participación de agencias internacionales (como en Haití y Afganistán). Una suerte de situación transitoria puede ser la de Camboya, en donde las elecciones son financiadas a través de una cuenta especial en el Tesoro Nacional llamado Fondo Fiduciario para las Elecciones. Prácticamente todas las contribuciones para las elecciones —privadas y públicas, nacionales e internacionales— son depositadas en este Fondo. Guatemala ofrece un caso interesante, en donde un porcentaje fijo del presupuesto nacional (0.5%) es asignado por ley para el funcionamiento ordinario de la Comisión Electoral. En un año electoral, la Comisión se ajusta a un estándar de procedimientos presupuestales para la definición y solicitud de los fondos necesarios para la elección.
Afganistán representa un ejemplo reciente de cómo las elecciones son organizadas en un escenario de post-conflicto. La elección presidencial de octubre de 2004 tuvo muchas similitudes a otros procesos electorales en donde la comunidad internacional había estado fuertemente involucrada tanto con el proceso político como con los aspectos prácticos de organizar el proceso electoral. Esos procesos tienden a elegir soluciones de alta tecnología en lugar de alternativas de tecnología ordinaria, con una burocracia administrativa electoral centralizada, con un componente internacional inconfundible —los que en conjunto contribuyen a elevar sorprendentemente el costo del proceso electoral. Una característica única de las elecciones en Afganistán fue la rapidez con la que el gobierno asumió la responsabilidad relativa a la planeación y la instrumentación de la elección, al menos en el papel. Esto significó la primera ocasión en que una autoridad electoral a nivel nacional sin experiencia previa en la organización electoral fue encargada de instrumentar su primera elección —aún cuando las Naciones Unidas tenían un personal de 100 empleados en campo encargados de trabajar en el proceso electoral y tenían el mandato explícito de conducir las tareas relacionadas con el registro de los electores previo al proceso electoral. La repentina y temprana transferencia de responsabilidad para organizar las elecciones de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) al gobierno nacional llegó a conocerse como la “Afganización” del proceso electoral.
Notas:
1 Una notable excepción es Suiza, en donde el presupuesto electoral se otorga sobre una base igualitaria en año electoral y en año no electoral. Esto debido al hecho de que casi siempre se celebran de tres a cuatro referendos a nivel nacional en un año no electoral y dos o tres en un año electoral.
