Cualquier esfuerzo para hacer que la asistencia electoral sea más efectiva debe abordar aspectos referentes al creciente uso de la tecnología en los procesos electorales. El desarrollo acelerado de aplicaciones útiles para propósitos de índole electoral en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT), y el interés que las mismas despiertan en los organismos electorales de los países receptores de asistencia, son factores que deben ser considerados por todas las instancias que brindan asistencia electoral, así como por los expertos electorales en general.

Las ICT ya han cambiado dramáticamente la forma en que son conducidas las elecciones en muchos países desarrollados, y debe de aceptarse que este proceso seguirá su curso y tendrá un impacto paulatino en las democracias emergentes, incluso en los países que emergen de un conflicto, sin importar qué tan preparados estén para utilizar este tipo de aplicaciones. En términos generales, las aplicaciones de las ITC en los procesos electorales se pueden clasificar en tres grandes grupos: a) comunicaciones, telecomunicaciones, radio, televisión e Internet; b) equipos de cómputo y programas (hardware y software, respectivamente), procesadores de texto/hojas de cálculo, sistemas para administrar bases de datos; c) aparatos electrónicos/mecánicos especializados, materiales e innovaciones no electrónicas. 

En este contexto, la pregunta básica para todos aquellos que están involucrados en la administración de elecciones y en la asistencia en materia electoral ya no es si los avances tecnológicos son admisibles en los procesos electorales, sino qué clase de tecnología es la apropiada para un país determinado, de acuerdo a su nivel de infraestructura y a su sistema electoral. El mayor reto es cómo asegurar una sustentabilidad apropiada, la relación costo-beneficio y la transparencia, al utilizar tecnología en elecciones que siguen a un conflicto y en democracias frágiles o emergentes. Obviamente, no existe una misma solución que pueda aplicarse en cualquier parte del mundo, sino que cada situación requiere de diferentes soluciones. Como regla general, el grado de actualización de la tecnología en el país receptor de la asistencia debe estar directamente relacionado no sólo con sus capacidades, sino con la confianza e independencia de las que goza su autoridad electoral, siendo estos parámetros los que determinarán si el público acepta los cambios y, en consecuencia, tiene mayor confianza en el proceso electoral.

Sin embargo, en el proceso de toma de decisiones existen otros factores que influyen en la selección de nuevas soluciones de ITC a instrumentar, y no siempre son sensatas. En ocasiones existe una influencia excesiva a favor de una determinada solución tecnológica respecto de otra, ello debido a los intereses de los vendedores o incluso de las propias agencias de cooperación para el desarrollo que desean introducir tecnologías similares a las que usan en sus propios países. Otras veces, podrían ser los propios grupos políticos en el poder quienes visualizan al uso de la tecnología como el mejor y más efectivo método para controlar los procesos electorales. Los avances en la tecnología no deben ser temidos como factor principal de cambio, aunque han creado nuevas oportunidades para grupos de interés, tanto políticos como económicos. En este  marco, las agencias de cooperación para el desarrollo, los profesionales en el tema, los académicos y las instancias que prestan asistencia electoral juegan un papel importante e influyente en la selección de las tecnologías que se utilizarán en cada proceso electoral.

La tecnología puede dar credibilidad al proceso electoral al mejorar su rapidez y eficiencia. La forma en que su aplicación se relaciona con las obligaciones fundamentales de los órganos administradores de elecciones, tales como legalidad, neutralidad, transparencia, precisión y vocación de servicio, es menos claro. Al poner demasiada atención a las aplicaciones tecnológicas, los órganos administradores de elecciones pueden dejar de atender otros aspectos importantes, e incluso pueden llegar a agotar sus propios presupuestos, o los recursos que otorgan las agencias de cooperación para el desarrollo. Las agencias de cooperación para el desarrollo se pueden ver condenadas a correr con los gastos de los defectos de los sistemas tecnológicos, los diseños de baja calidad y de probar las tecnologías, a fin de salvar lo que ya han invertido.

Se vuelve necesario capacitar al personal para instrumentar sistemas tecnológicos sustentables, lo cual puede no ser sencillo dependiendo de si se tienen plazos cortos. Adicionalmente, la tecnología impactará en los votantes y posiblemente en la comunidad, en términos de la percepción de la integridad del proceso electoral. Por ejemplo, cuando las cajas para depositar los votos, elaboradas localmente con materiales primarios, sean reemplazadas por máquinas de votación electrónica enviadas desde otras ciudades.

En el área temática Elecciones y Tecnología de la Enciclopedia ACE, así como en el Capítulo 3.7 de la Guía Metodológica sobre Asistencia Electoral de la Comisión Europea[*]  y en los capítulos 3 y 6 de la Guía del PNUD para la Instrumentación de Asistencia Electoral[*] se pueden encontrar referencias para la implementación de las actualizaciones tecnológicas, incluyendo las mejores prácticas respecto a cuándo y cómo introducirlas en un proceso electoral dado, así como la manera de evitar caer en posibles engaños de los vendedores de estos insumos. Incluso el documento del PNUD, antes referido, ofrece a las agencias de cooperación para el desarrollo una amplia perspectiva respecto de cuáles cambios tecnológicos son susceptibles de recibir apoyo en los países receptores de asistencia electoral. Entender bien el ciclo electoral ayuda a identificar las circunstancias más propicias para que la autoridad electoral de un país determinado emprenda la actualización de su tecnología. Una consideración importante debe ser que estas circunstancias pueden no corresponderse con los típicos compromisos financieros planeados por las agencias para el desarrollo poco antes de una elección.

Las actualizaciones tecnológicas efectivas no pueden ser instauradas si no hay una evaluación honesta del grado de conocimientos en materia de tecnología de la información y de la infraestructura existente en el país que recibe el apoyo. Ahora bien, temas ampliamente debatidos, como la viabilidad y la sustentabilidad técnica y financiera a largo plazo, pueden ser abordados mediante procedimientos de licitación abiertos y transparentes (en que se incluyan pruebas piloto y de validación), y con la solicitud, como parte del servicio, de métodos serios de capacitación y de fortalecimiento institucional.

No obstante, continua abierto un fascinante debate respecto de si es apropiado introducir un nivel tecnológico similar a las capacidades que presenta el país receptor del apoyo, o si bien estas capacidades deben ser incrementadas con el propósito de introducir actualizaciones tecnológicas que puedan ayudar a la nación en cuestión más allá de las necesidades inmediatas del evento electoral en curso. Este debate es particularmente acalorado en cuanto a los aspectos cruciales del proceso electoral, como el registro de votantes, la organización de la elección y la tabulación y suma de los votos. Aunque también hay áreas menos controversiales como las comunicaciones y logística, la educación cívica y al votante, e incluso la capacitación, donde la tecnología puede ser introducida de manera más flexible como una herramienta que coadyuva a la efectividad y a la entrega de resultados, sin que haya injerencia del Poder Legislativo.

Todas las consideraciones arriba señaladas, respecto del uso correcto y adecuado de las aplicaciones tecnológicas, se aplican de manera específica a un área de interés que crece rápidamente y con implicaciones financieras significativas: la introducción de características biométricas en segmentos específicos del proceso electoral: el registro de votantes y la organización de elecciones. De manera más específica, la noción de Sistema Automático de Identificación por Huella Digital (AFIS, por sus siglas en inglés), es utilizado para hacer referencia a programas de computación capaces de establecer la identidad de una persona a través de sus huellas dactilares, mediante el uso de funciones biométricas. Recientemente, se han incluido requerimientos de AFIS en varios procesos de registro de votantes, y en algunos casos estos requerimientos se han incluido en las disposiciones legales relativas al propio registro. De hecho, se ha incrementado considerablemente el uso de los sistemas AFIS, como una solución para prácticas como la suplantación de votantes y que personas voten en más de una ocasión. Estos sistemas son especialmente populares en países que emergen de conflictos y en democracias emergentes, cuyos mecanismos de identificación o registro civil son muy limitados o existentes, como en la República Democrática del Congo, Togo, República de Guinea, Angola, Nigeria, Mozambique y Pakistán. Estando también a consideración en un considerable número de países en desarrollo.

La dimensión socio-cultural es uno de los aspectos que ha sido fuertemente ignorado hasta la fecha al introducir aplicaciones tecnológicas. Frecuentemente, las grandes inversiones en tecnología no están apoyadas por una atención adecuada a las actividades dirigidas a la construcción de confianza, cuyo propósito es explicar a los grupos de interés y a los votantes el propósito de utilizar recursos informáticos, así como los mecanismos de control y seguridad asociados con toda actualización tecnológica. En ocasiones, la generación de esta nueva falta de confianza puede ser el problema más difícil de superar durante la transición hacia un nuevo sistema, y podría provocar una peligrosa pérdida de credibilidad hacia la autoridad electoral. Las grandes expectativas generadas alrededor de las actualizaciones tecnológicas (mejoras en la seguridad, transparencia y eficiencia), y lo que el público espera podría ser poco realista.

La Guía del PNUD para la Instrumentación de Asistencia Electoral expondrá con mayor amplitud los aspectos arriba resaltados y ofrecerá recomendaciones prácticas acerca de cómo las instancias que prestan asistencia electoral y los oficiales electorales pueden propiciar que vendedores y grupos de interés participen en discusiones para seleccionar los productos más apropiados, así como el establecimiento eventual de sinergias entre las actividades relativas al registro civil y las de tipo censal a mejores precios; lo anterior a través de procedimientos transparentes de compra de insumos, que resistan una venta agresiva y que no vean forzados, por cuestiones de tiempo, a obtener las opciones “menos malas”.

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[*] en inglés