El financiamiento público se refiere a los fondos o recursos que el Estado o el gobierno otorga a los partidos políticos y/o a los candidatos. Las disposiciones legales normalmente establecen que los partidos y candidatos tengan un acceso equitativo a los fondos públicos. En ocasiones, las reglas relativas a la asignación del financiamiento público no se precisan en la ley, e incluso aunque así sea pueden producirse usos indebidos (reales o percibidos) de los recursos públicos por parte de los partidos o candidatos en el poder. El marco legal se puede estructurar de tal forma que fomente la configuración y sustentabilidad de un sistema multipartidista.

El financiamiento público se puede dividir en directo e indirecto, dependiendo de la forma en que se ponga al alcance de los partidos y candidatos. El financiamiento público se refiere a una asignación monetaria, usualmente a través de transferencias bancarias. El financiamiento público indirecto se refiere a los recursos con un valor monetario que el gobierno le provee a los partidos y candidatos.

Argumentos en contra del financiamiento público

Quienes se oponen al financiamiento público de partidos o candidatos a menudo recurren a los siguientes argumentos:

• El financiamiento público incrementa la distancia entre las élites políticas (líderes y candidatos) y los ciudadanos ordinarios (miembros, simpatizantes y electores).

Cuando los partidos y candidatos no dependen de las contribuciones monetarias (cuotas o donaciones) o del trabajo voluntario de sus miembros o simpatizantes, es menos probable que los involucren en decisiones partidistas o que les pidan su opinión sobre temas políticos.

• El financiamiento público preserva el status quo que mantiene a los partidos y candidatos establecidos en el poder.

Con frecuencia los fondos públicos se distribuyen entre los partidos políticos y los candidatos representados en la legislatura nacional. Esto hace más difícil que tengan representación nuevas fuerzas políticas. El marco legal puede limitar esta influencia negativa disponiendo la asignación de fondos especiales a los nuevos partidos políticos o candidatos.

• A través del financiamiento público los contribuyentes son obligados a financiar a partidos y candidatos que no comparten sus opiniones.

Muchos críticos consideran que los contribuyentes comunes no deben ser forzados a apoyar por medio de “las arcas públicas” a partidos políticos y candidatos por los que nunca votarían. Por el contrario, deben tener la posibilidad de decidir si quieren y en qué momento aportar dinero a un partido político o candidato.

• El financiamiento público a partidos políticos y candidatos priva de recursos a las escuelas y hospitales para dárselo a políticos ricos.

La decisión de otorgar financiamiento público a partidos y candidatos suele ser impopular entre el público. Los recursos públicos son escasos y se requieren para escuelas, hospitales, infraestructura y salarios de empleados. Para mucha gente el uso de fondos públicos para financiar a partidos y candidatos dista de ser una prioridad.

• Los partidos políticos y los candidatos son al mismo tiempo quienes toman las decisiones y reciben los recursos.

La decisión de asignar fondos públicos a partidos y candidatos la toma generalmente la legislatura nacional, o en algunos casos el gobierno. Esto significa que los partidos políticos y candidatos que reciben los fondos, son quienes toman la decisión de que así sea.

• Se corre el riesgo de que los partidos políticos se conviertan más en órganos del Estado que en parte de la sociedad civil.

Si una parte sustancial de los ingresos de un partido proviene directamente del Estado y  no de contribuciones voluntarias, se corre el riesgo de que los partidos políticos pierdan su independencia y se conviertan en órganos del Estado, perdiendo así sus vínculos con la sociedad civil.

Argumentos a favor del financiamiento público

La mayoría de los países del mundo conceden algún tipo de financiamiento público a los partidos políticos y/o los candidatos. Tan convincentes como los argumentos en contra hay también una buena cantidad a favor de ello.

• El financiamiento público es un costo natural y necesario de la democracia.

Los partidos políticos y los candidatos necesitan dinero para sus campañas electorales, para mantener relaciones con el electorado, para preparar decisiones sobre políticas públicas y para pagarle a sus cuadros. Si un país tiene el objetivo de tener partidos políticos o candidatos independientes y estables, por lo regular se argumenta que también necesitan recibir apoyo para pagar por ellos.

• El financiamiento público puede limitar la influencia de fuentes de financiamiento con intereses particulares y, por consiguiente, ayudar a combatir la corrupción.

Si los partidos políticos reciben al menos un monto básico de recursos del erario público, puede limitarse potencialmente la probabilidad de que los partidos acepten financiamiento de contribuyentes con intereses particulares que quieren influir en sus políticas, en su discurso o en su comportamiento en la legislatura.

• Al proveer de financiamiento público el Estado puede fomentar o exigir cambios en asuntos como las cuotas de género.

De la misma forma en que las contribuciones privadas pueden implicar demandas relacionadas con el comportamiento de los partidos o candidatos, el Estado puede utilizar la asignación de fondos públicos para garantizar condiciones de equidad en la competencia y fomentar (o forzar) que los partidos políticos lleven a cabo reformas, celebren elecciones internas o establezcan cuotas de género o de minorías para la postulación de candidatos.

• El financiamiento público puede incrementar la transparencia en las finanzas de los partidos y candidatos y ayudar a combatir la corrupción.

Si los partidos políticos reciben una parte sustancial de los ingresos a través del financiamiento público, es más fácil exigirles que rindan cuentas sobre sus ingresos y gastos. Si sus informes financieros se hacen públicos, los electores tienen la posibilidad de elegir cuáles fuentes de financiamiento les parecen más aceptables y contar con mejores oportunidades de exigir que los políticos rindan cuentas.

• Si los partidos y candidatos sólo se financian con fondos privados, las desigualdades económicas presentes en la sociedad se pueden traducir en desigualdades políticas en el gobierno.

En muchos países, las bases de apoyo de partidos políticos y candidatos se dividen por estratos socioeconómicos. Las bases de apoyo de los partidos laboristas suelen ser, por ejemplo, menos adineradas que las de otros partidos. Si los partidos reciben todos sus ingresos de fuentes privadas existe el riesgo de que las diferencias socioeconómicas que existen en la sociedad (generalmente aceptadas), se traduzcan en diferencias de representación y acceso en el poder político (generalmente no aceptadas).

• Los partidos políticos y los candidatos necesitan ayuda para hacer frente a los costos crecientes de las campañas.

La política y las campañas políticas son negocios cada vez más costosos. Los partidos políticos y candidatos solían depender en gran medida del trabajo voluntario para realizar proselitismo casa por casa, ahora necesitan pagar publicidad costosa en medios impresos, o comprar tiempos en radio y televisión para hacer llegar sus mensajes al electorado. Los costos de mantenimiento de los partidos políticos también se han incrementado significativamente en los últimos años.

• En sociedades con altos niveles de pobreza, no se puede esperar que los ciudadanos comunes contribuyan mucho al sostenimiento del los partidos políticos.

En sociedades donde una gran cantidad de ciudadanos viven en condiciones de pobreza, no se puede esperar que hagan grandes contribuciones al financiamiento de partidos o candidatos. Si los partidos y candidatos reciben al menos un monto básico de recursos del Estado, el país puede tener un sistema multipartidista funcional sin que la población tenga que aportar sus escasos recursos.