Algunos programas de voto en el extranjero, particularmente aquellos en contextos de posconflicto, han sido financiados por mecanismos muy diferentes. En otro apartado de este eje temático, se abordan los aspectos generales de los costos de voto en el extranjero, pero los costos revisten problemas particulares cuando se involucran países anfitriones. Muchos consideran importante que si los países participan asumiendo costos, éstos deben ser mínimos por varias razones. Primero, porque de esta forma se evita que los costos sean un factor que pese en las decisiones de los países anfitriones sobre permitir o no a los extranjeros llevar a cabo elecciones en su territorio. Segundo, porque ayuda a proteger al propio proceso electoral de cualquier interferencia en el resultado de la elección.
Generalmente los países que tienen una larga historia de elecciones democráticas y procesos electorales más sólidos costean por sí mismos los programas de voto en el extranjero. En el caso de las sociedades en situaciones de posconflicto, la comunidad internacional suele asumir los costos, ya sea a través de ayuda directa a la comisión electoral, al gobierno que lleva a cabo la elección o por otros medios. Por ejemplo, las actividades electorales del voto en el extranjero de Bosnia fueron financiadas y administradas por los países anfitriones. Para la realización de esas elecciones en Estados Unidos, el Departamento de Estado de este país subvencionó a la Liga de Mujeres Votantes para llevar a cabo los operativos necesarios para su ejecución.
La mayoría de los costos los asume el país de origen o la comunidad internacional. Pero es común que el país anfitrión asuma los costos de la seguridad en las actividades de registro y votación. Un segundo costo que típicamente asume el país anfitrión es el aba stecimiento o préstamo de ciertos materiales electorales, como urnas. Los programas de voto en el extranjero pueden resultar más atractivos para los países anfitriones cuando las agencias ejecutoras acuerdan comprar algún material o equipo en el mercado local, siempre que esto resulte posible. Este punto fue parte del acuerdo de Siria con la OIM durante las elecciones de 2005 para la Asamblea Nacional de Iraq.
Para las elecciones de 2005 en Iraq, algunos de los países anfitriones asumieron los gastos de la seguridad, mientras que otros se solventaron con el apoyo financiero de la OIM. Por ejemplo, el acuerdo de Turquía con la OIM para el programa de voto en el extranjero estab leció que el gobierno de Turquía proveería lugares apropiados para estab lecer los centros de votación, pero el costo de estos sitios sería cubierto por la OIM. El acuerdo también especificaba que la OIM pagaría por adelantado a cada centro de votación un monto específico para seguridad (65 mil dólares) y daría un adelanto adicional para el trasporte de los materiales electorales (10 mil dólares).
Cuando los electores en el extranjero son refugiados bajo protección internacional, la ley internacional proporciona ciertas pautas sobre los costos de la asistencia para ellos. Esto comprende el principio de “cargas compartidas equitativamente”, el cual reconoce que todos los estados tienen el deber de dar asistencia a los refugiados. Este principio ha sido concebido para evitar que la “carga” que represente un número considerable de refugiados en los estados vecinos de un conflicto pueda causar que éstos cierren sus fronteras. El principio de “cargas compartidas equitativamente” también está diseñado para evitar que los refugiados se conviertan en una fuente de tensión entre los Estados. (El uso del término “cargas compartidas” es poco afortunado y existe cada vez más literatura que explora las contribuciones esenciales de los refugiados en los países anfitriones, pero el principio básico de que la comunidad internacional comparta responsabilidades para minimizar la tensión es algo muy importante. (Ver Bouchet-Saulnier 2002: 338–9.)
Desde el punto de vista del autor de este capítulo, los costos de la asistencia a refugiados deben ser considerados como parte del área de la participación política. La aplicación de este principio podría evitar que los costos del voto recaigan desproporcionadamente en los países menos desarrollados, que por lo general son aquellos con las poblaciones más grandes de refugiados que son electores potenciales en el extranjero. La aplicación del principio de “cargas compartidas equitativamente” entre la comunidad internacional puede evitar que los costos sean un obstáculo para hacer valer el derecho al voto, contribuir a un alto nivel de participación política en general y eliminar una gran carga financiera de algunos de los estados menos desarrollados.
