A pesar de la existencia de estos convenios, los refugiados enfrentan una serie de obstáculos que deben superar antes de ejercer plenamente sus derechos políticos. Entre esos obstáculos figuran las amenazas de intimidación, que se puede ilustrar, entre otras cosas, mediante la utilización de las ayudas alimenticias para obtener la cooperación política de los grupos de refugiados; obstáculos físicos como la destrucción de puentes o el cruce de fronteras impenetrables; y dificultades para acceder tanto a la información electoral específica como a los reportes más generales sobre la vida cívica en su país.
Los refugiados tradicionalmente se ubican entre los grupos más marginados a los que se permite el ejercicio de su derecho al voto. Todavía no se han estandarizado las prácticas internacionales que promueven los derechos políticos de los refugiados, por lo que hay una falta de consistencia entre las distintas regiones en cuanto a la distribución de recursos, prácticas y liderazgo institucional. El margen de diferencia entre las políticas se ilustra con una comparación entre el ejemplo de Bosnia y Herzegovina en 1996, en donde el derecho al voto de los refugiados se incluyó en el Acuerdo General para la Paz (el Acuerdo de Dayton), que permitió que estos votaran en 55 países (ver estudio de caso), y el de Liberia en 1997, en donde no existieron facilidades para el registro fuera del país, ni una repatriación organizada.
Como lo señala el estudio del Grupo de Políticas para los Refugiados (Gallagher y Schowengerdt, octubre de 1997), se pueden identificar cuatro modelos de participación política en la práctica internacional:
- repatriación espontánea limitada;
- elecciones en asilos;
- organización de la repatriación completa; y
- facilidades para la repatriación completa y la espontánea limitada.
La aplicación de estándares internacionales consistentes adquiere especial importancia en el caso de los refugiados porque, por definición, los esfuerzos para el ejercicio del derecho al voto son de carácter internacional, involucran acuerdos transfronterizos entre países y organizaciones internacionales encargadas de responsabilidades administrativas o de la instrumentación de los acuerdos de paz. El reconocimiento de principios internacionales consistentes para el ejercicio de los derechos políticos de los refugiados también podría ayudar a erradicar la táctica de “limpiar” una región o comunidad para expulsar a la población y suprimir sus intereses políticos. Los motivos políticos que se tienen para desplazar a las personas se podrían disminuir si las poblaciones de refugiados generadas por regímenes duros conservaran sus derechos políticos y continuaran teniendo voz y voto a pesar de su reubicación temporal.
No sólo existen obstáculos para que los refugiados logren sus derechos políticos, sino que también las organizaciones internacionales encargadas de instrumentar los programas y de promover la participación de los refugiados enfrentan diversos problemas, como la existencia de opciones políticas divergentes y las limitaciones de tiempo y recursos.
Despite these covenants, the refugee faces an array of the obstacles which must be surmounted before his or her political rights can be fully realized. Such obstacles include intimidation, illustrated among other things by the use of food relief as a tool to gain the political cooperation of groups of refugees; physical obstacles such as destroyed bridges or remote or impenetrable border crossings; and difficulty in accessing both election-specific information and more general reporting on civic life at home.
Refugees traditionally have been among the last of marginalized groups to become enfranchised. International practice on the promotion of the political rights of refugees has not yet been standardized. There is a lack consistency from region to region in terms of resource allocation, practice and institutional leadership. The range of policy differences is illustrated by a comparison of the examples of Bosnia and Herzegovina in 1996, where refugee enfranchisement was written into the 1995 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (the Dayton Agreement) and balloting was conducted for refugees in 55 countries, and Liberia in 1997 where there were no out-of-country enfranchisement opportunities and no organized repatriation.
As the Refugee Policy Group study (Gallagher and Schowengerdt October 1997) points out, there are four models of political participation that can be identified in international practice. These models are:
- limited spontaneous repatriation;
- elections in asylum;
- full organized repatriation; and
- limited spontaneous and facilitated repatriation.
The application of consistent international standards takes on special significance in the case of refugees because, by definition, enfranchisement efforts are international: they involve cross-border agreements between the countries and international organizations charged with administrative responsibilities or the implementation of peace accords. The recognition of consistent international principles on refugee enfranchisement and participation would also act as a foil to the tactic of ‘cleansing’ a region or community to expel a population and eliminate its political interests. The political motives for displacing people would be reduced if the refugee populations produced by rogue regimes did not lose their political rights but continued to have a voice and to vote regardless of their temporary dislocation.
Not only are there obstacles for refugees to overcome in achieving their political rights, but the international organizations that are charged with implementing enfranchisement programmes and promoting participation by refugees face obstacles of their own. These include competing policy options, time constraints and resource limitations.
