La globalización de la vida política, personal y profesional, la expansión de la democracia en el mundo y el incremento en la migración internacional han contribuido a despertar un creciente interés en el derecho al voto de los refugiados, los diplomáticos, los miembros de las fuerzas armadas desplegadas en el extranjero y otras personas que se encuentran ausentes de su país de origen, ya sea temporal o permanentemente.
La capacidad de estas personas para ejercer su derecho al voto cuando una elección tiene verificativo en su propio país, ha sido desde hace mucho tiempo tema de discusión dentro de las áreas de diseño electoral y diseño administrativo. Conforme el número de países que celebran elecciones democráticas se ha incrementado, este tema ha cobrado mayor importancia.
El tema del voto en el extranjero va más allá del hecho de que una gran cantidad de gente viaja y trabaja por todo el mundo, también reconoce la importancia de que los refugiados y personas que viven fuera de su país de origen, en donde se vive un proceso de transición después de un gobierno autoritario y, más aún, después de violentas situaciones de conflicto, participen en la construcción de su futuro. Al mismo tiempo, algunos principios como, quién, exactamente, tiene el derecho a ser representado, y de qué manera, han sido cuestionados.
Si bien muchos países garantizan, en su Constitución política, el derecho al voto de todos sus ciudadanos, lo cierto es que es muy común que los electores que se encuentran fuera de su país de origen cuando se llevan a cabo las elecciones se vean privados de ese derecho debido a la carencia de procedimientos para ejercerlo.
Aunque el voto en el extranjero es un fenómeno bastante reciente, actualmente forma parte de la agenda política de muchos países. El voto universal en el extranjero —esto es, ilimitado e incondicional— es considerado, por muchos, como parte de los derechos de los ciudadanos en un mundo donde vivir o residir en un país distinto al propio es común en la vida de millones de personas, y donde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son, cada vez más, cuestiones trasnacionales.
