En el siglo XIX,
en casi todos los países que delimitaban distritos, la aprobación legislativa era
un requisito para que un plan redistrital pudiera ser implementado. Las recientes
reformas que determinaron la remoción de los políticos de este proceso han reducido
el poder de las legislaturas en el consentimiento de los planes de
redistritación. Actualmente en la mayoría de los países, las legislaturas desempeñan
un rol muy limitado o simplemente nulo. Sin embargo, algunos países requieren solamente
la aprobación del ejecutivo para la implementación de este plan. Aún cuando esto
excluye las decisiones de los legisladores – quienes directamente se benefician
del plan de distritación – el proceso de redistritación queda abierto a la
influencia política.
En la
mayoría de los países que dejan a los organismos electorales la tarea de
delimitar distritos, estos sirven como la autoridad final; y por tanto, no es
necesaria la aprobación de la legislatura o del ejecutivo para implementar el
plan. Es muy poco probable, casi imposible, que un plan distrital propuesto por
una comisión delimitadora deba ser ratificado por la legislatura (o firmado por
el ejecutivo) antes de que pueda ser implementado. En Nueva Zelandia, por
ejemplo, el plan final del Comité de Representación, una vez publicado, no
puede ser modificado o pugnado. Desde 1983, la Comisión Electoral de Australia ha tenido el mismo
poder, y los límites distritales creados por la Comisión de Delimitación en la
India también son definitivos.
En otros
países, la legislatura puede debatir, e inclusive postergar la promulgación del
plan de la comisión, pero no puede modificarlo. En Canadá, por ejemplo, el Acta
de Reajuste de los Límites Distritales de 1964, le quitó al Parlamento la
responsabilidad de redistritar y se la dio a las comisiones independientes de
cada provincia. Al Parlamento le es
permitido considerar los planes elaborados por las comisiones pero no tiene
voto sobre su implementación. El Parlamento ha usado esta condición para
postergar la ejecución de los planes, y ha incitado a un cambio en la
legislación – actualmente existe un límite de sesenta días para el debate y
consideraciones Parlamentarias.
En el Reino
Unido, las propuestas finales por parte de las cuatro comisiones delimitadoras tienen
efecto solamente después del voto afirmativo del Parlamento. Pero el poder del
Parlamento para aceptar o rechazar un plan es una formalidad. Casi siempre ha
ratificado las propuestas de la comisión; hacerlo de otra manera sería visto
como “político”. Las únicas dos excepciones fueron en 1948, cuando el
Parlamento propuso el aumento de 17 asientos para las áreas urbanas sub-
representadas, y en 1969, cuando el Parlamento postergó la implementación del
plan de redistribución justificando que los inminentes cambios a los límites de
los gobiernos locales convertirían este plan en obsoleto. Los conservadores
vieron ambas acciones del gobierno Laborista como políticas.
Algunos
países tienen provisiones que demandan a la legislatura aceptar o rechazar el
plan de delimitación propuesto, pero no otorgan al Parlamento la autoridad para
modificarlo. Como es el caso de Malasia, Mauricio y Papúa Nueva Guinea.
Estados Unidos
es la excepción con respecto a las legislaturas y la adopción de los planes de
redistritación. La mayoría de los estados confieren la tarea de redistritar a
la legislatura estatal. Y los pocos que
la delegan a una agencia o comisión incluso requieren de un voto afirmativo de
la legislatura estatal para promulgar dicho plan.
Conclusiones
Permitir a la legislatura aceptar o rechazar un
plan, abre el proceso de redistritación a tendencias políticas. De hecho, muchos
planes implementados por la legislatura favorecen a un partido político sobre
otros. Incluso, los planes trazados por una comisión neutral también pueden arrojar
resultados electorales con una tendencia política, aunque no sea de manera
intencional.
