Una diferencia
entre los países que tienen comisiones a cargo de la delimitación de los
distritos y los países en donde el Congreso o alguna dependencia gubernamentales
realizan ésta, es el acceso público al proceso. Muchos de los países que han
adoptado comisiones neutrales han incorporado
medidas de acceso público como parte de las reformas para limitar la influencia
de los legisladores y partidos políticos en los procesos de redistritación.
Uno de
los objetivos del Acta de Redistritación Electoral de Canadá de 1964, fue
incrementar la responsabilidad y la
participación pública en el proceso de delimitación. El Acta, basada en el modelo
australiano, copió la experiencia de garantizar al público la oportunidad de presentar
sugerencias u objeciones a las propuestas de la Comisión. Hoy en día en Canadá,
una vez que las comisiones electorales independientes hayan completado sus
propuestas y publicado el mapa en un periódico local, el público en general es
invitado a participar ya sea presentando escritos o en audiencias públicas realizadas
por la comisión. Las comisiones han recibido miles de comentarios
provenientes de una amplia gama de fuentes: partidos políticos, miembros del
parlamento (MPs), candidatos, activistas políticos y otros ciudadanos interesados,
que han hecho observaciones a los planes de redistribución federal propuestos. Los
planes han sido a menudo revisados después de estas audiencias.
A pesar
de que el proceso de redistribución haya sido modificado en Australia desde que
Canadá adoptó varias de sus prácticas, la participación pública continúa
constituyendo una parte muy importante. En 1983, por ejemplo, el proceso fue
modificado para dar al público dos oportunidades de emitir observaciones sobre
el plan de delimitación propuesto. Los cuatro miembros del Comité de
Distribución de Australia reciben sugerencias por parte de: partidos políticos,
candidatos y miembros del Parlamento antes de comenzar a bosquejar el plan. Una
vez completado, la Comisión Electoral escucha las objeciones emitidas por el
público, en el caso de que hubiera, y después produce un mapa final. La única
vía de los legisladores en Australia para debatir sobre un plan de
configuración es a través de las audiencias públicas. Para mayores detalles
sobre el proceso de la consulta pública de Australia, ver el estudio de caso de la versión 1.0 de ACE acerca de la Redistribución Federal en Australia.
En el
Reino Unido, el proceso de consulta pública es similar, aunque solamente se
recurre a él si las autoridades locales, o un mínimo de 100 electores, objetan
el mapa propuesto. A pesar de esta restricción, el proceso de consulta toma mucho más tiempo aquí
que en otros países. Una de las razones es, que se recurre a una segunda
consulta si el plan propuesto es modificado y existen nuevas objeciones. Este
proceso es descrito a detalle en el estudio de caso de la versión 1.0 de ACE sobre El Proceso de Redistritación en el Reino Unido.
En
países sin procedimientos estándares para la participación del público, el
litigio llega a ser la única vía para impugnar el plan de delimitación. En
Estados Unidos, las organizaciones de derechos civiles, los grupos de interés
público y los ciudadanos interesados regularmente recurren a juicios si estiman
que un plan distrital es injusto. Como consecuencia, el número de juicios en
esta materia es enorme, mucho más alto que en cualquier otro país. Incrementar el
acceso público en el proceso de configuración, no necesariamente influye en el
número de demandas en contra de éste, pues también existen otras razones para
la proliferación de juicios en el país norteamericano. Un mayor acceso público
al proceso definitivamente hace que éste sea visto como más abierto y
democrático.
Conclusión
La
principal ventaja, al garantizar acceso público al proceso de delimitación, es
la probabilidad de que los resultados se divisen de manera más justa si el
proceso es percibido como abierto y accesible. En países con sistemas de
pluralidad/mayoría, el garantizar el acceso del público puede ser especialmente
importante debido a la tendencia de los distritos uninominales a alterar las
relaciones entre el porcentaje de votos que un partido político recibe y el
número de asientos que el partido político gana.
