La norma
más aceptada para la delimitación se refiere a la relativa igualdad de los distritos
en términos poblacionales. La representación poblacional constituye un principio
básico de la democracia, y por tanto, en los países que se utilizan los
distritos uninominales, esta regla se traduce en el principio de igualdad de población
en los distritos. Los distritos con uniformidad de población son necesarios si
los electores pretenden tener igualdad de voz en las elecciones. Si, por
ejemplo, un representante es elegido desde un distrito que tiene el doble de cantidad
de electores que otro, los electores del distrito más grande, tendrán la mitad
de la influencia que tienen los electores del distrito más pequeño.
El grado en el que los países demandan “igualdad” poblacional
y otro principio de población que sea empleado para determinar la equidad (por ejemplo, total de la población,
población de ciudadanos, votantes inscritos), difieren de un país a otro.
Aproximadamente la mitad de los países que delimitan distritos utilizan a la
"población total", como base poblacional determinar la equidad en las
demarcaciones electorales. Una tercera
parte de los países, emplean el número de electores inscritos como la base. En
cambio, varios países de Europa utilizan el número de ciudadanos; mientras Lesotho,
sólo a la población en edad para votar. Por su parte, Bielorrusia lo hace con
el número de votantes de elecciones anteriores.
El grado en que los países requieran equidad de población
también varía. Muchos países no han establecido ningún límite de tolerancia a
pesar del grado al cual les está permitido a las demarcaciones divergir de la cuota
poblacional. Entre los que sí han establecido límites existe un rango desde los
que van desde "prácticamente ninguna variación permitida" (como Estados
Unidos), hasta un límite de tolerancia de 30 por ciento (como en Singapur).
Desviaciones de las Cuotas de
Población
Mínima
Estados Unidos es el único que se ha adherido a la
doctrina de la igualdad poblacional. Ningún otro país requiere variaciones tan
mínimas como el criterio de "una persona, un voto", impuesto por los
tribunales estadounidenses desde comienzos de los años 60. En 1983, en el caso
Karcher v. Daggett, la Suprema Corte determinó que no existe ningún punto en el
que las diferencias de población en un plan de redistritación puedan ser
consideradas intrascendentes: "no existen variaciones mínimas que puedan
ser eludidas, y menos, que no se apeguen al Artículo I, Sección 2 (de la
Constitución de los EE.UU), sin justificación alguna.” La Corte refutó un plan
de redistritación, del Congreso de Nueva Jersey, que tenía una variación
poblacional total de tan sólo el 0,7 por ciento. A raíz de esta decisión, la
mayoría de los estados interpretaron a Karcher como un requisito para la adopción de planes de distritación con
exactitud en la igualdad de población o, al menos con la menor variación. Aunque más tarde, los tribunales aceptaron la
legalidad de algunos planes de redistritación que tenían una variación mínima de
población posible, ninguno de estos llegó a tener una variación total del uno
por ciento.
Media
Macedonia, que emplea
un sistema electoral de Representación Proporcional por Listas y cuenta
con seis distritos electorales, es quien más se acerca a esta estricta norma,
con desviaciones admisibles de alrededor del tres por ciento de la cuota de
población. Nueva Zelandia, Albania y Yemen permiten variaciones de hasta el
cinco por ciento de la cuota; mientras Australia, Bielorrusia, Italia y Ucrania
especifican 10 por ciento como la desviación máxima permitida.
El requerimiento poblacional en Australia es de hecho más
complejo que el límite de tolerancia del 10 por ciento: la ley electoral australiana
demanda que los distritos no presenten variaciones de más de 3,5 por ciento, en
los tres años y seis meses posteriores al fin de la redistritación. Este criterio
se formuló para producir igualdad justo a la mitad de los siete años del ciclo
de distritación y para evitar grandes divergencias al final de éste. Para cumplir
con esto, la comisión australiana (referida como la Comisión de Redistribución)
debe emplear proyecciones poblacionales, así como datos actuales de población.
La especial atención que Australia ha puesto en la igualdad poblacional,
es relativamente reciente. Hace treinta años, era muy común la creación de distritos rurales con menor
población que en los distritos urbanos. (Para más información sobre la
redistritación en Australia, véase el estudio de caso sobre Australia: Empleo
de Proyecciones para Equilibrar la Población en los Distritos Electorales)
Grande
Armenia, Alemania, y la República Checa no permiten variaciones
de población de más de 15 por ciento. (En Alemania, los distritos electorales
propuestos no pueden variar en más de un 15 por ciento, y los distritos que varíen
en más de un 25 por ciento tienen que volverse a trazar). Zimbabwe y Papúa
Nueva Guinea han fijado la diferencia máxima permitida en 20 por ciento.
En
Canadá, a las comisiones independientes encargadas de la creación federal de
distritos electorales se les permite desviar hasta en un 25% las cuotas
provinciales. Pero, desde 1986, se les permite exceder este porcentaje bajo
"circunstancias extraordinarias". Esta estipulación fue utilizada
para crear cinco de los 295 asientos en la Cámara de los Comunes de Canadá en
1987, dos de los 301 asientos en 1996 y dos de los 308 asientos en 2003. En
2003, un distrito en Ontario estaba 43.7% debajo del promedio provincial y un
distrito en Newfoundland se creó con una población 61.9% debajo de éste. (Para
mayor información, véase el estudio de caso de la versión 1.0 de ACE sobre Representación en el Parlamento Canadiense.
El
Reino Unido, por su parte, permite variaciones aún más grandes. La norma
original fue establecida en 25% en 1944. Pero fue revocada dos años más tarde. Sin
embargo, la norma actual requiere que los distritos electorales estén “dentro
de más o menos el cinco por ciento de la cuota del Reino Unido” pero esta regla
debe ser equilibrada con otros factores como los límites locales y las consideraciones
geográficas especiales. En 1983, los
comisionados ingleses tomaron en cuenta las comunidades naturales, dejando a la
Isla de Wight con 95.000 electores como un solo distrito; mientras que,
respetando los límites locales de Londres, dejaron al suburbio Surbiton con
48,000 votantes solamente. La última redistribución le otorgó un distrito
adicional a la Isla de Wight: los dos distritos tienen 56.000 y 55.000
electores respectivamente. Del mismo modo, y reconociendo las dificultades para
viajar, los comisionados en Escocia asignaron sus propios representantes a las
Islas del Oeste (con una población de 22.000 en 2011) y, a Orkney y Shetland
(con 34.000 habitantes en 2011).
Conclusión
El
grado en el que un país se adhiere estrictamente al principio de igualdad poblacional
está relacionado con el significado implícito de la igualdad política
individual. Estados Unidos está muy comprometido con los derechos individuales,
y por tanto, no resulta sorprendente que haya desarrollado los estándares de
variación más estrictos que cualquier otro país con distritos uninominales. Otros
países, que reconocen la importancia de este principio, han optado por
balancear este factor con otros criterios igualmente percibidos como válidos.
En Reino Unido el respeto los límites locales administrativos, resulta preferente sobre la exactitud de números. En muchos
países africanos, la necesidad de conservar tribus intactas en un solo distrito
electoral, también puede preceder al principio de igualdad de la población. Por
tanto, cada Estado debe establecer el nivel de tolerancia permitido en la variación
poblacional para lograr otros objetivos de redistritación.
