A principios del siglo XIX en todos los países que establecieron distritos electorales, la aprobación legislativa fue requerida antes de que el plan de redistritación pudiera ser implementado. Las reformas recientes determinaron la remoción de los "políticos" del proceso de redistritación y han revocado el poder de las legislaturas para aprobar los planes de redistritación. Hoy en la mayoría de los países las legislaturas tienen un rol muy limitado o simplemente no tienen ninguno. De cualquier forma, algunos países han de requerir la aprobación del ejecutivo, en vez de la aprobación legislativa, antes de que el plan de redistritación sea implementado.
Mientras esto elimina la decisión proveniente de los legisladores - a quienes directamente beneficia el plan de distritación-- el proceso de configuración queda abierto a las acusaciones de influencia política.
En muchos países con comisiones de configuración distrital, la legislatura no juega ningún rol en el proceso de distritación. El plan final producido por las comisiones tiene la fuerza de una ley. En Nueva Zelanda, por ejemplo el plan final del Comité de Representación una vez publicado, no puede ser cambiado o recurrido. Desde 1983, la comisión Australiana aumentada ha tenido el mismo poder. La Comisión escucha las objeciones al plan propuesto por el Comité de Redistribución y puede modificar el plan basado en estas objeciones. La adopción de este plan modificado por la Comisión Electoral aumentada completa el proceso; no es requerido el consentimiento del Congreso.
En otros países, la legislatura puede debatir, y posiblemente, aún postergar la promulgación del plan de la comisión, pero no puede modificarlo. En Canadá, por ejemplo, la ley de reajuste de límites electorales de 1964, tomó la responsabilidad para la redistritación lejos del Parlamento y se la dio a comisiones independientes dentro de cada provincia. Al Parlamento le es permitido considerar los planes producidos por las comisiones, pero no tiene votos en su implementación. De cualquier forma, el Parlamento ha usado esta estipulación para postergar la implementación de los planes. Esto ha inspirado un cambio en la legislación, hay ahora un límite de 60 días para el debate y consideración parlamentaria.
En el Reino Unido, el propósito final de las cuatro comisiones tiene efecto solamente después de un voto afirmativo por el Parlamento. Pero, el poder del Parlamento para aceptar o rechazar un plan es una formalidad. Esto tiene casi siempre un propósito firme; hacerlo de otro modo sería visto como "político". Las únicas dos excepciones fueron en 1948, cuando el Parlamento propuso el aumento de 17 asientos para las áreas urbanas sub- representadas, y en 1969, cuando el Parlamento postergó la implementación del plan de redistribución de las tierras que impidió los cambios en los límites de los gobiernos locales y debió representar el plan obsoleto. Los conservadores vieron ambas acciones del gobierno Laborista como políticas.
Estados Unidos es la anomalía cuando se mira a las legislaturas y la adopción de los planes de redistritación. Muchos estados asignan a la legislatura estatal, la tarea de la configuración distrital federal. Los menos asignan la tarea a una agencia o una comisión y todavía requieren un voto afirmativo de la legislatura estatal para promulgar dicho plan.
Conclusión
Permitir a la legislatura aceptar o rechazar un plan - dejándola sola en esta creación-- abre la posibilidad que el proceso de redistritación quede encomendado a tendencias políticas. En el hecho, muchos planes adoptados por la legislatura favorecen a un partido político sobre otro. Todavía, los planes de configuración de distrito dibujados por una comisión neutral pueden también, de todas formas, producir resultados electorales con una inclinación política, sin tener esa intención.
