En muchos países, los tribunales han jugado un rol muy limitado o no han tenido ningún rol en la delimitación o establecimiento de los distritos electorales. La excepción más importante es Estados Unidos, en donde los tribunales han decidido cientos de casos llevados contra el Congreso y el plan de delimitación estatal. Los tribunales de Canadá se han aventurado recientemente, también dentro de la arena de la delimitación, aunque hasta la fecha ellos sólo han emitido opinión sobre los problemas de constitucionalidad de la legislación electoral provincial que establece los límites y los mapas. Esto de todas maneras, podría cambiar en un futuro cercano. El primer cuestionamiento al plan de distritación federal se registró en 1997. Gran Bretaña es otro país en el cual los tribunales han sido consultados para considerar la legalidad de un plan de delimitación. Pero, el único desafío fue un completo fracaso, y esto pudo haber desincentivado litigios posteriores sobre el problema de la imparcialidad de un plan de delimitación o el proceso de delimitación en Gran Bretaña.
Gran Bretaña
En 1982, el partido laborista, llevó contra la Comisión Inglesa de Límites, una demanda solicitando que se completara nuevamente el plan de redistribución distrital. El partido laborista argumentó que la Comisión había dado mucho peso a las "comunidades naturales" y que los límites de los distritos en el plan eran pequeños también para asegurar la igualdad de los electores. Hubo, en el hecho grandes disparidades entre la población y los distritos. Por ejemplo, la isla de Wight y el suburbio londinense de Surbiton fueron diseñados para un solo asiento, a pesar de que la isla de Wight tenía un electorado de 95.000 personas y Surbiton solamente contaba con 48.000 electores.
El tribunal, de cualquier modo, en su sentencia R. v. Boundary Commission for England ex parte Foot5, no encontró evidencia que la Comisión hubiera faltado a lo encomendado por su estatuto en el sentido de obligarse a asegurar la igualdad de números. El tribunal encontró que la Comisión de Límites necesariamente empleó un considerable grado de flexibilidad en la interpretación de las reglas de la redistribución. Por lo tanto, el tribunal mostró desgano para interferir en una esfera que claramente estaba dentro de la jurisdicción del Parlamento. Los tribunales en Bretaña no han sido requeridos para considerar la imparcialidad del plan de delimitación desde la decisión de 1983.
Estados Unidos
Los tribunales de Estados Unidos introdujeron el "political thicket" de la delimitación en 1962 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos regló en Baker v. Carr que los electores podían demandar los planes de distritación. Antes de esta decisión, los tribunales se habían negado a estar envueltos en el proceso de trazado de líneas de los distritos electorales. Los tribunales consideraron esta actividad como una cuestión política, que era resuelta mejor por los congresos estatales.
Desde la sentencia Baker los tribunales han llegado a ser participantes activos en el proceso de distritación en un grado o extensión que no es posible encontrar en cualquier otra parte. Los tribunales han establecido muchas de las reglas que gobiernan el proceso de delimitación en Estados Unidos. Esto incluye reglas sobre la igualdad de población, derechos políticos minoritarios, "guerrymandering" político y racial, y numerosas estipulaciones especiales de las leyes estatales sobre delimitación. Además, los tribunales son frecuentemente llamados hasta para trazar los límites de los distritos cuando los legisladores son incapaces de desarrollar un plan de delimitación que satisfaga los requisitos legales o constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se involucró inicialmente con el proceso de distritación relativo a la igualdad de población entre los distritos. Durante la primera parte del siglo XX, la población americana se transformó de una mayoría rural a una mayoría urbana. Los políticos de las áreas rurales, asustados por la desaparición de fuerzas y representación en el congreso, refutaron el rediseño de los distritos o rediseñaron distritos que claramente favorecían las minorías rurales. Como resultado, los distritos electorales fueron a menudo seriamente mal prorrateados. Aunque originalmente la Corte Suprema de Justicia titubeó para dirigir el problema, últimamente determinó, comenzando con Baker, que las grandes desigualdades en la población de los distritos violan la décimo cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En el caso de Wesberry v. Sanders (1964), la Corte Suprema estableció que la Constitución de Estados Unidos requirió de distritos para el Congreso para tener población que fuera " casi igual en la práctica". Este estándar fue nuevamente redefinido en Karcher v. Daggett (1983), en el cual la Corte rechazó un plan de distritación para el estado de New Jersey que contenía una desviación de población entre los distritos de menos de un 1%. Bajo Karcher, se estableció que a menos que un plan de redistritación del congreso contenga la menor desviación posible de población entre los distritos, un estado puede ser requerido para probar que esta desviación fue necesaria para lograr una meta legítima. El efecto práctico de esta reglamentación ha sido requerir a los estados para trazar los distritos para el congreso, con la misma cantidad de población o una cifra que sea lo más cercana posible.
La igualdad de población no es el único criterio de delimitación que los tribunales han establecido. La Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido también, el derecho de los electores para demandar en contra de los planes de distritación que buscan diluir la votación de la minoría bajo la ley de derechos políticos o en contra de un "gerrymandering" inconstitucional, partidista o racial, basándose la demanda en la décimo cuarta enmienda.
En Davis v. Bandemer (1986), los tribunales de Estados Unidos establecieron que un plan de delimitación que discrimina contra un grupo político identificable o un partido puede violar la Constitución de los Estados Unidos. La Corte, reconoció la naturaleza altamente partidista de los procesos de distritación e impuso una carga muy dificultosa sobre los electores que efectúen un reclamo. Para tener éxito los electores deben probar que a ellos les ha sido denegada cualquier influencia en el sistema electoral y que ellos están sustancialmente fuera del proceso político. A pesar del número de demandas, ningún plan de distritación del congreso o del legislativo estatal, ha sido invalidado por los tribunales en los territorios donde el plan constituye un partidista "gerrymandering".
Los electores buscan rectificar el plan de distritación que diluye la fuerza de la votación minoritaria que ha sido mucho más exitosa recientemente. La ley de derechos políticos de 1965 fue diseñada para prevenir la compresión de los derechos políticos de los electores minoritarios. La ley fue reformada en 1982 para hacer más claro que los planes de distritación que diluyan la fuerza de la votación de las minorías son ilegales. En Thornburg v. Gingles (1986), la Corte Suprema fue consultada para considerar la enmienda de 1982 a la ley. La Corte estableció en Gingles que para que los reclamos de las minorías electorales tengan éxito en la ley de derechos políticos deben considerarse tres factores:
- El grupo minoritario debe ser suficientemente grande y geográficamente compacto para constituir una mayoría en un distrito uninominal;
- El grupo minoritario debe ser políticamente cohesivo;
- La mayoría blanca debe votar como un bloque para derrotar a los candidatos preferidos del grupo minoritario.
La sentencia Gingles estableció un claro y objetivo estándar para satisfacer los reclamos de los grupos minoritarios, quienes se vieron alentados para realizar presentaciones contra los planes de delimitación que ellos sintieron fueron discriminatorios. Si los grupos minoritarios fueron capaces de satisfacer los tres factores Gingles los tribunales requirieron el rediseño de los límites de los distritos electorales. Esto condujo a un sustancial aumento en el número de distritos "mayoritario minoritario" y a un incremento en el número de representantes elegidos para cargo públicos. Esta ganancia en la representación minoritaria, de cualquier manera, se ha visto recientemente amenazada.
En una línea de casos de tribunales comenzando con Shaw v. Reno en 1993, la Corte Suprema estableció que los electores podrían demandar un plan de delimitación que contuviera distritos "mayoritarios minoritarios" trazados sobre la base de la raza. Si los electores podían probar que la raza fue el factor predominante que motivó la delimitación especial de un distrito, un estado puede mostrar que los distritos demandados fueron estrechamente hechos a la medida más allá de los intereses obligatorios del estado. Este estándar ha probado ser virtualmente imposible de satisfacer por los estados. El efecto de Shaw y su progenie ha sido ubicar un riesgoso número de mayoría negra e hispana en distritos que fueron trazados siguiendo el censo de 1990 y hace más difícil crear tales distritos en el futuro. Para una discusión más detallada del rol de los tribunales en la creación de distritos "mayoritarios minoritarios", ver Estados Unidos: Minorías Étnicas y Distritos Uninominales.)
En una sola generación, los tribunales norteamericanos han cambiado desde declinar el ejercicio de la jurisdicción en las disputas de la configuración de distritos a la participación en el proceso como uno de las jugadores claves. Hoy en los Estados Unidos, no es infrecuente que un plan de delimitación sea demandado ante un tribunal o aún más sea trazado por un tribunal.
Canadá
El rol de los tribunales en el proceso de delimitación ha sido pequeño comparado con el muy activo rol de los mismos en Estados Unidos6. De hecho, sólo recientemente los electores canadienses pueden requerir que los tribunales consideren la imparcialidad de un plan de límites electorales. Antes de la aprobación de la Carta de Derechos y Libertades en 1982, los opositores de un plan de delimitación no tenían recursos ante los tribunales. La Carta estableció el primer mecanismo constitucional para demandar los límites electorales y la legislación bajo la cual las comisiones electorales llevan a cabo su mandato.
El primer caso para aceptar que la justiciabilidad del problema de la imparcialidad de un mapa de límites electorales fue Dixon v. Attorney General of British Columbia. El caso Dixon decidió, en 1989, una demanda en contra del mapa electoral provincial del British Columbia. La Corte Suprema encontró que el distrito electoral provincial, variaba en población de un 5,511 a 68,347, violando así el derecho garantizado por la sección 3 de la Carta de Derechos y Libertades. La provincia ha usado un complejo sistema de cuota en vez de una regla de variación como el 25% que guió el diseño de los mapas electorales federales. La British Columbia Corte Suprema estableció que "la igualdad de la fuerza del voto es el único factor más importante para ser considerado en la determinación de los límites electorales". Estableció que debía ser creada una nueva serie de distritos con más equilibrio de la población.
Una segunda demanda a un mapa provincial ocurrió dos años más tarde en Saskatchewan. La Corte de Apelaciones de Saskatchewan encontró que los límites electorales eran inconstitucionales sobre los territorios en que el derecho a voto incluía el requisito de "una persona, un voto" debe ser el ideal en la evaluación de los esquemas de la distribución electoral. Se objetó a los distritos electorales cuyo rango de población iba de 6,309 a 12,567 electores y prescribió legislativamente la distribución de los distritos electorales entre asientos urbanos y rurales. La decisión fue apelada a la Corte Suprema de Canadá, la que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones en Reference Re Provincial Electoral Boundaries, Saskatchewan (1991), comúnmente conocida como la decisión Carter.
En Carter, la Corte Suprema de Canadá reinstauró el plan del distrito de Saskatchewan y sostuvo que "el propósito del derecho a voto conservado sagradamente en la sección 3 de la Carta, no es la igualdad de la fuerza del voto per se, pero sí el derecho a una efectiva representación". En el rechazo a un requisito de estricta igualdad de población, la Corte indicó que la representación efectiva debía ser llevada a cabo con "relativa paridad de fuerza del voto", modificada donde necesariamente se tomaran en cuenta otros factores válidos. En la opinión de la Corte, la geografía, la historia de la comunidad, los intereses de la comunidad y la representación minoritaria deben ser también considerados cuando se rediseñan los límites de los distritos " para asegurar que nuestras asambleas legislativas efectivamente representen la diversidad de nuestro mosaico social".
Los tribunales han sido llamados hasta ahora para dar opiniones sobre la constitucionalidad de los mapas electorales provinciales o de la legislación bajo la cual las comisiones llevan a cabo sus mandatos en otras dos provincias, Alberta y la Isla Príncipe Edward. En 1991, la Corte de Apelaciones de Alberta sostuvo que la legislación electoral sobre límites incluyó una variante de 25%, con algunas excepciones para las zonas esparcidas y pobladas. En un caso posterior que decidió en 1994, la Corte de Apelaciones de Alberta mantuvo un mapa electoral producido por un comité del Congreso que había emprendido su trabajo independientemente de las reglas de reajuste prescritas.
Más recientemente, el mapa electoral de la Isla del Príncipe Edward que reemplazó un prematuro, inconstitucional mapa fue mantenido en 1996. El mapa provincial original, el cual permaneció largamente sin cambio por 100 años y contuvo grandes diferencias de población sobre los distritos, fue derribado en Mackinnon v. Prince Edward Island en 1993. El sucesor de este mapa, mientras no contienen la desviación de la población en exceso de 25%, fue demandado en los territorios sobre representadas áreas rurales y registrada para conformar con los límites municipales de las ciudades tales como Charlottetown. La Isla del Príncipe Edward la Corte Suprema en City of Charlottetown et al. v. Prince Edward Island et al. (1996) sostuvo el mapa de cualquier modo.
El único problema de la delimitación en Canadá ha sido consultado a los tribunales canadienses para dirigir de esta manera más el problema de la igualdad del elector. Y los tribunales canadienses han escogido claramente no seguir el camino de los tribunales americanos y su muy estricta adherencia a la igualdad de la población. De todos modos, los tribunales canadienses pueden evitar la profusión de juicios sobre la distritación u otros problemas de redistritación que hayan sido experimentados en Estados Unidos y que esperan para ser vistos. Una explicación de la escasez de demandas en Canadá podría ser la historia relativamente corta de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
Alternativamente, otra explicación para el poco número de demandas ante los tribunales puede estar situada en el hecho que la Corte Suprema de Canadá ha aceptado el 25% en la desviación de los límites de la población y las "extraordinarias circunstancias" cláusula que permite desviaciones de población por sobre el 25 %. Esta aceptación puede proveer a una Comisión electoral independiente un margen suficiente de libertad para salvar sus propios mapas de demandas legales7.
Conclusión
En muchos países, las demandas ante tribunales por límites de los distritos electorales son muy pocas o no existen -- o no hay derecho a apelar al plan de configuración distrital ante los tribunales o los territorios para los cuales puede existir una apelación son muy limitados. Solamente en Estados Unidos los tribunales juegan un rol importante en el proceso de delimitación distrital. Pero, en Estados Unidos el proceso de delimitación tiende a ser muy partidista y el acceso al público muy limitado. A menudo el único recurso que tienen los electores para demandar un plan es a través de los tribunales. Los tribunales, a lo menos en teoría, sirven de salvaguarda contra flagrantes injusticias en los proyectos de redistritación en Estados Unidos.
